Hay estudios, muchos, opiniones serias, análisis de estructura que
separan la paja del trigo, que explican qué es un narcotraficante y las
diferencias en una estructura nacional, provincial o municipal
controlada por los narcos. En su momento, el Observatorio Geopolítico de
las Drogas de Francia llegó a caracterizar la relación entre el Estado y
el mundo narco en una escala ascendente que arrancaba en el “Estado
sensible al tráfico”, subía hacia el más concreto “Estado bajo
influencia”, hasta llevar al “Estado Traficante” y al definitivo
“Estado-Narco”.
Desde los primeros intentos por entender el fenómeno, que arrancaron con
la observación de las relaciones entre las fuerzas de seguridad y las
mafias, muchas veces con el soporte de grupos fascistas, se avanzó hacia
la comprensión de una situación mucho más grave, en la que los
gobiernos –federal, departamental o provincial o del nivel de alcaldías o
municipios– establecen un mismo cuerpo de gestión con los grupos
criminales o rinden sus propios procesos al mandato de ellos. Dentro del
aparato estatal, se destacan, siempre, a los cuerpos de seguridad, como
la primera intersección entre las partes.
El negocio mueve, sólo en México, incalculables ingresos anuales que
estarían entre los u$s 35.000 y los 45.000 millones, en una actividad
con un margen de beneficio aproximado del 80% y, al cálculo de las
Naciones Unidas, una cifra global superior a los 320.000 millones de la
moneda estadounidense en 2011.
Llama la atención la liviandad de las comparaciones, la negación de las
condiciones estructurales existentes en países que, tomando el informe
coloreado de cualquier signo, está a años luz de las tasas de
desocupación, pobreza, indigencia, seguridad, que los territorios
sufrientes donde hoy reinan los capos. Tampoco es proyectable la
situación, como muchos mensajes pretenden. No es el caso de entrar en la
estadística de tráfico y consumo, el tema es ver cuáles son las
características de uno y otro Estado y, claro, de sus fuerzas de
seguridad que, en el caso argentino son seguramente deficitarias, uno de
los temas en los que, todavía, no se entró hasta el hueso para producir
la democratización necesaria que termine con tantos casos de violencia
institucional como de corrupción, complicidad y hasta logística, en
temas como la prostitución, el juego y, por supuesto, el narcotráfico.
Los responsables de la política de cualquier país, gobernantes u
opositores, ejecutivos, legisladores o jueces tienen la obligación de
explicar cada una de las situaciones que consideren conflictivas,
perniciosas para los ciudadanos. Y deben hacerlo con seriedad basados en
los estudios que van al fondo de los problemas y no sólo al maquillaje
de las elecciones, a la descalificación.
Cuando se habla de México, el Senado francés no tuvo tapujos a la hora
de considerar públicamente que, por ejemplo, el Tratado de Libre
Comercio de los Estados Unidos con México, el mismo que Bush tuvo que
llevarse de regreso de la Mar del Plata de Kirchner, Chávez, Lula y Evo
Morales,
fue una de las herramientas que permitió a los narcotraficantes
mexicanos convertir a su país en “una de las plazas mundiales del
lavado de dinero sucio y de las narco-inversiones…”. Esas son las
aristas más destacadas de la situación y no el abrazo rápido con ex
presidentes colombianos que desarrollaron políticas que potenciaron la
situación o el conchabar a los mismos asesores que potenciaron el
desastre que vive México, casos de los que se habla por aparte.
Del mismo modo que no debe homologarse la política de las policías
locales en México con las propuestas existentes en la Argentina, hay que
determinar si existen en el país territorios provinciales en los que el
narcotráfico constituye un actor político que le disputa el poder al
Estado, una de las consideraciones que el profesor canadiense Peter Dale
Scott utiliza para hablar de Narco-Estado. La Justicia debe actuar
implacable, y este es otro asunto, para detectar dirigentes partidarios o
gubernamentales que desempeñan sus cargos y forman parte o son
cómplices de las redes del tráfico de drogas, amparados en fueros o
influencias o simpatías mediáticas, para demostrar o desmentir que haya
zonas ricas en la que puede alojarse cualquier Don que se escape de los
textos de Mario Puzo y termine aterrizando pegado a una autopista o en
un puerto de frutos. El coro de las voces de este informe pretende
contribuir a eso.
Publicado en:
http://sur.infonews.com/nota/10145/narcoque
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