ESTO TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN

Hugo Alconada Mon

@halconada

Cada vez que cargás nafta, una parte va a un fondo que por ley sólo puede tocar el asfalto.

El Gobierno recaudó $1,5 billón. Ejecutó el 26%.

Más de $1 billón quedó en plazos fijos y títulos públicos.

Con eso se arreglaban dos tercios de las rutas del país.

Cada vez que cargás nafta, una parte va a un fondo que por ley sólo puede tocar el asfalto.
El Gobierno recaudó $1,5 billón. Ejecutó el 26%.
Más de $1 billón quedó en plazos fijos y títulos públicos.
Con eso se arreglaban dos tercios de las rutas del país.…

— Hugo Alconada Mon (@halconada) August 9, 2026

EL SENADO SE PONE LOS PANTALONES LARGOS

 

Los Senadores rechazaron cinco decretos que desregulaban organismos públicos: 

🔹 Con 9 votos positivos, 60 negativos y 2 abstenciones, se rechazó el decreto por facultades delegadas que reorganizaba el INTI y INTA.

🔹 Con 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, se rechazó el decreto que disolvía Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial.

🔹 Con 13 votos positivos, 55 negativos y 3 abstenciones, se rechazó el DNU que reformaba a la Marina Mercante.

🔹 Con 12 votos positivos, 58 negativos y 1 abstención, se rechazó el decreto que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos.

🔹 Con 13 votos positivos, 57 negativos y 1 abstención, se rechazó el decreto que intervenía a organismos culturales.

ABAJO LA DECRETOCRACIA!!!

VLLC!!!

12 a 0: el Congreso le aplicó otra derrota histórica a los Milei, por Nicolás Lantos (para "El Destapè" del 07-08-25

 

El gobierno nacional recibió un duro golpe de la Cámara de Diputados que rechazó seis proyectos, aumentó el presupuesto para universidades y garantizó los fondos para el Garrahan.

07 DE AGOSTO, 2025 

Por

Nicolás Lantos

Doce a cero. El gobierno sufrió otra paliza legislativa, esta vez en la Cámara de Diputados, donde los números, a priori, le resultaban menos adversos que en el Senado. Sin embargo, con todos los puentes de diálogo detonados no hubo alianzas que le permitieran quebrar la mayoría opositora, que durante toda la sesión se ubicó peligrosamente cerca de los dos tercios que pueden echar por tierra la táctica de Javier Milei de gobernar a decreto y veto, reduciendo al Poder Legislativo a una mera función ornamental. Resta por verse si puede reconducir algunos vínculos para blindarse; de lo contrario entrará a la campaña electoral con un cronograma de sesiones por delante que puede seguir costándole derrotas caras.

Mientras afuera del Palacio Patricia Bullrich volvía a montar, como cada miércoles, su espectáculo macabro de violencia policial, dentro del recinto Martín Menem volvió a intentar varias veces que el clima de hostilidad entre los legisladores brindara una excusa para levantar la sesión, preservando al oficialismo de las derrotas. Durante la mañana, él y otros operadores políticos que responden a Karina Milei habían intentado apretar al radicalismo y a los gobernadores para dejar a la sesión sin quórum, pero no tuvo éxito. Los 133 lugares ocupados que prometía en las horas previas la oposición para comenzar la jornada estuvieron puntualmente en sus bancas. Zanjado ese obstáculo, no hubo forma de detener la avalancha.

Se le dio media sanción a los proyectos de ley que declaran la emergencia pediátrica y garantizar los fondos del Garrahan (159 votos afirmativos) y que fijan el presupuesto universitario (158 votos afirmativos). Pasarán al Senado, que planea completar la tarea antes de fin de mes; los números están para hacerlo. La Cámara Alta recibirá también cinco decretos delegados que fueron rechazados ayer por los diputados: la disolución de Vialidad Nacional (138 votos), la restricción del derecho a huelga (118 votos), la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos (133 votos), la reestructuración de organismos culturales (134 votos) y la disolución del INTA e INTI (141 votos). También están los votos para completar el rechazo.

La oposición también pudo destrabar la comisión investigadora del caso Libra, que el oficialismo venía frenando en el Congreso desde hace tres meses con excusas reglamentarias. El martes que viene un plenario dictaminará cambios en el reglamento para destrabar el empate que viene sosteniendo La Libertad Avanza para resistir el funcionamiento de la comisión. A partir de entonces podrá empezar a funcionar y tiene previsto pedir la comparecencia de figuras como Mauricio Novelli, Karina Milei y otros involucrados en el criptoescándalo, cuya investigación en los tribunales de Estados Unidos avanza y compromete cada vez más al presidente argentino y a su hermana. Un revés duro que la Casa Rosada hizo todo por evitar.

Otros emplazamientos aprobados ayer llevarán a comisión los dictámenes por el reparto de ATN y del impuesto a los combustibles, impulsados por los gobernadores, la emergencia en ciencia y técnica y la ley de lucha contra el Alzheimer. Ayer en el recinto ya se hablaba de una nueva sesión en dos semanas en la que se traten estos proyectos, con un resultado que difícilmente sea distinto al de hoy, sobre todo si los jefes provinciales están alineados para que salgan los proyectos que ellos mismos presentaron. En esa sesión, si están los votos, podría tratarse también el rechazo a los vetos presidenciales en materia de jubilaciones y discapacidad. Ayer el número no estaba pero por momento pareció demasiado cerca.

Publicado en:

https://www.eldestapeweb.com/politica/12-a-0-el-congreso-le-aplico-otra-derrota-historica-a-los-milei-20258774540

CÉSAR BIONDINI: "Cerrar Vialidad Nacional es un crimen contra el futuro"

Ahora los baches de las rutas se van a tapar con los cadáveres de los accidentados

 

No existe ningún país del mundo donde todas las rutas sean privadas y no tengan un organismo estatal de planificación y mantenimiento. Ni EEUU funciona así. Sin Vialidad Pública, no hay Nación que funcione. Cerrar Vialidad Nacional es un crimen contra el futuro.

— César Biondini (@BiondiniCesar) July 7, 2025

¡HOLA, FLORENCIO RANDAZZO!

Con un estado ausente, las rutas se desintegran día a día

 

Hola @RandazzoF

¿por qué votó a favor de que el gobierno pudiera eliminar todo esto y poner, como bien dice, en riesgo nuestras vidas? https://t.co/kBGNBfNAgt pic.twitter.com/ihBHN2POR2

— ari lijalad (@arilijalad) July 8, 2025

 

Javier Milei disolvió Vialidad Nacional, por "Pägina 12" del 97-97-25

Se anunció el cierre, por decreto, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.. Imagen: NA

 Sigue el desguace del Estado

El cierre definitivo afectará a más 5500 trabajadores que podrían quedar sin empleo. Sin mantenimiento ni cobertura para 118 rutas nacionales que suman más de 40 mil kilómetros. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines desmintió los dichos de Adorni. 

7 de julio de 2025 

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. La medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación mediante la Ley Bases, cuya finalización opera el próximo 8 de julio de 2025.

Según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión será publicada en el Boletín Oficial de este martes y dispondrá la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Cabe destacar que la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo que se ocupa del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.500 trabajadores en todo el país. Su desguace fue justificado por el vocero presidencial, que afirmó que "La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”. Adorni  aseguró que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”. Cabe destacar que debido a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno, no se realizó ningún tipo de inversión en obra pública desde diciembre de 2023.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien también participó de la conferencia, aseguró que el Gobierno no buscará “prorrogar las facultades delegadas como hacía el kirchnerismo”. Es de destacar con la vigencia de la Ley Bases y el DNU 70/2023, las políticas de desregulación implementadas desde esta cartera ministerial afectaron al empleo público, los derechos del Trabajo a partir de la reforma laboral, así como los precios en alquileres, entre otros.

Una letal advertencia 

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Milei y al ministro Sturzenegger, del impacto de la medida anunciada que generará “rutas nacionales de la muerte”.

Según señaló la dirigente, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armando este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la referente sindical, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.

Por otra parte, alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”. Asimismo, agregó: “Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme” y sentenció: “son los responsables del genocidio en las rutas”.

Aleñá explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Asimismo, desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

La referente gremial también criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía ya que "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.

“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.

Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/840200-javier-milei-disolvio-vialidad-nacional

ALERTA CLIMÁTICA EN LA PATAGONIA

🚨 Hay alerta roja en Tierra del Fuego y alerta naranja en Chubut y Santa Cruz por el frío. En toda la región patagónica las rutas están gravemente afectadas por las nevadas. Los gobernadores reclaman ayuda de la Casa Rosada, pero Milei anda de paseo por España. Mucha bronca… pic.twitter.com/0YmpynE4zN

— César Biondini (@BiondiniCesar) June 21, 2024

 

ESTAMOS A LA DERIVA

"Estamos a la deriva"

Gobierno irresponsable que elimina lo público y pone en peligro a la gente, como bien dice el intendente de Funes @SantacroceRoly, que indignado comenta el peligroso abandono que sufre la autopista Rosario - Córdoba, y las consecuencias... pic.twitter.com/M9fC5Kqeoq

— Editor✍ (@Editor_76) June 10, 2024

 

Juicio a Cristina Kirchner: un defensor oficial apuntó contra los fiscales por ignorar a los testigos y falsear los hechos. por Raúl Kollmann (para "Página 12" del 07-09-22)

“Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad", dijo Luis Alonso Martínez.

El abogado de un exfuncionario cuestionó duramente la acusación formulada por Luciani y Mola

En defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, el abogado Luis Alonso Martínez explicó que la gran mayoría de las obras (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades. 

Por Raúl Kollmann

7 de septiembre de 2022 

Un defensor oficial, Luis Alonso Martínez, hizo un enorme esfuerzo este martes por no denostar demasiado a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Esquivó los epítetos porque unos y otros son funcionarios públicos de estructuras que son como parientes. Aún así, en su defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito 23 de Vialidad Nacional, el distrito de Santa Cruz, el abogado acusó a los fiscales de usar pruebas falsas, de ignorar lo que dijeron los testigos en el juicio y de tergiversar los hechos.

Causa Vialidad: un alegato que demolió la acusación de los fiscales Luciani y Mola

Un ministro de la Corte Suprema de Santa Fe destrozó todo lo actuado en la Causa Vialidad

Pocas veces se vio que un funcionario le pegara tan duro a otros funcionarios, casi pares. La base de su alegato es que las licitaciones las hizo la Provincia de Santa Cruz, también las adjudicaciones y el control de las obras y que su misión, como delegado de Vialidad Nacional, era enviar la documentación a Buenos Aires y hacer una mínima supervisión. “Ese papel lo cumplió Collareda, como quedó demostrado por la auditoría que ordenó la administración ya en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Esa auditoría concluyó que ‘no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse’. Es decir, Collareda, lo que tenía que hacer, lo hizo", remató Martínez.

El defensor oficial recurrió a lo que corresponde: lo que dijeron los testigos a lo largo de tres años, incluyendo los convocados por la fiscalía. Collareda era el titular del distrito 23 y tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas —o sea, no sólo la construcción—, los talleres, el mantenimiento de los equipos, la relación con intendentes y la administración del poco personal que tenía Vialidad en Santa Cruz. Del total de las 51 obras cuestionadas, 47 directamente las hizo Vialidad Provincial. En sólo cuatro casos las constructoras trabajaron bajo la órbita de Vialidad Nacional. Para supervisar todo —argumentó el defensor—  sólo había tres inspectores. “Por esa razón, las obras las hizo Vialidad Provincial. No había ninguna estructura nacional para la construcción de las rutas. Todo se hizo por convenio. Santa Cruz licitaba, adjudicaba, controlaba y yo recibía la documentación”, explicó Martínez.

Por lo tanto, Collareda no participó en la redacción de los pliegos ni en ponerle valor a las obras ni en resolver sobre plazos ni en realizar el control ni en certificar lo hecho ni en que se pagaran los tramos o las obras que se iban terminando. Su tarea —que ni siquiera estaba bien especificada— consistía en recibir la documentación de Vialidad Provincial y remitirla a Vialidad en Buenos Aires. “¿Cómo pudo haber Collareda perjudicado al erario público con esas tareas?”, se preguntó Martínez.

El defensor fue repitiendo numerosos testimonios según los cuales Collareda no tenía ningún favoritismo con Lázaro Báez, que no había relación personal y que el trato a su gestor era como el trato a los demás gestores de las constructoras. En 2013 se hizo una auditoría de cómo funcionaban los distritos. Se hizo respecto de Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Chaco y Formosa. La conclusión fue que había cosas por mejorar, pero que todas las delegaciones hacían el mismo trabajo y que hubiera sido bueno que tuvieran más personal para supervisar mejor las obras. Pero no se trató de cuestionamientos de fondo y, sobre todo, no fueron cuestionamientos a Vialidad en los distritos, sino al centro, en Buenos Aires.

También fue impactante la lectura del testimonio de Leandro García, que fue titular de Vialidad Nacional en Tierra del Fuego, y el macrismo lo designó como interventor en Vialidad Nacional de Santa Cruz. García declaró que “no vio nada anómalo. Todo era como en el resto de los distritos”.

Pero lo decisivo fue la auditoría hecha en 2016, ordenada por el macrismo, que fue categórica en sus conclusiones. En lo central, afirma que “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que nos fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento”.

“Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad. El pedido de 6 años de la Fiscalía es un ensañamiento contra mi asistido. Es escandaloso e inaceptable”, dijo el abogado. En base a los testimonios y las auditorías, Martínez pidió la absolución de Collareda tras casi tres horas de alegato. Tal vez su intervención quedó algo debilitada porque planteó que, en caso de una condena, la misma sea a una pena baja y en suspenso, porque el pedido de los fiscales —6 años de prisión— carecía de todo fundamento. Pero es posible que esos pedidos sean una especie de costumbre de los defensores oficiales, una forma de no aplastar tanto a lo fiscales. Todos funcionarios públicos, al fin. 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/479903-causa-vialidad-un-defensor-oficial-apunto-contra-los-fiscale

Por "apuro" de Iguacel el Estado tendría que pagar millones por caso Vialidad, por Sofía Caram (para "Ámbito" del 11-11-20)

 

11 Noviembre 2020 

Para acelerar juicio oral a Cristina de Kirchner, se desistió de demanda civil por $22.500 millones. Eso habilita pago de costas y tasas por más $5.000 M

Por Sofía Caram

Por una maniobra de Javier Iguacel el Estado deberá pagar millones de pesos en honorarios. Sentar a Cristina de Kirchner en el banquillo de los acusados antes de las elecciones presidenciales de 2019 le terminará costando a las arcas públicas una cifra proyectada en hasta un 18% del total de la demanda (que ya se encuentra desistida). Algo más de 5 mil millones de pesos.

La historia se remonta al año 2018, cuando la gestión de Mauricio Macri apuró una estrategia para llevar a juicio a la expresidenta antes de la campaña electoral. Entre las variopintas denuncias impulsadas por los diferentes organismos del Poder Ejecutivo, Vialidad Nacional -con Iguacel como su flamante administrador- inició además de la causa penal por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, una demanda civil contra todos los imputados en la causa. La DNV le reclamaba a los trece acusados, incluida la expresidenta, la cifra de $22.500.000.000 por daños y perjuicios, de manera solidaria.

El testigo rompió en llanto al describir que sintió “miedo” a quedarse sin trabajo cuando asumió la gestión de Javier Iguacel.

En el marco de todo proceso penal existe la posibilidad de abrir también una demanda civil para reclamar un resarcimiento económico por los presuntos daños que podrían haber ocasionado los autores de los delitos investigados. Eso fue lo que hizo el 31 de enero de 2018 la Dirección Nacional de Vialidad, principal denunciante del juicio que hoy está en curso. Sin embargo, el 28 de mayo de 2018 el Tribunal Oral se declaró incompetente en la demanda civil y, entonces, la gestión macrista apeló esa decisión a la Cámara de Casación. El trámite judicial siguió su curso y la resolución sobre la competencia de la demanda civil llegó a la Corte Suprema. El punto es que sin esa definición el juicio no podría empezar. Para que se inicie un debate oral deben estar sentadas todas las partes del proceso, entre ellos, en este caso, los actores de la causa civil. Los tiempos se acortaban y comenzaba el año electoral. La foto de Cristina de Kirchner en el banquillo de los acusados antes de los comicios no iba a ser posible. Salvo que Vialidad desistiera de la demanda civil para destrabar el comienzo del proceso penal. Precisamente, eso fue lo que sucedió. Vialidad no avanzó con la demanda y, pese a numerosas denuncias por irregularidades en la investigación y planteos que quedaron pendientes en el Máximo Tribunal, el juicio tuvo su primera audiencia el 21 de mayo de 2019.

La consecuencia de esa jugada será inevitable. Un costo millonario para el Estado que, al haber desistido de la denuncia civil, deberá afrontar el pago de las “costas” del proceso civil trunco. El Código establece que cuando se desiste de una demanda, se deben regular los honorarios de las partes. Entre honorarios para los veintidós abogados intervinientes y la tasa de justicia, Vialidad deberá desembolsar un total estimado en hasta 4.500 millones de pesos.

La cifra que Iguacel buscaba cobrar de los acusados representaba casi el mismo monto que habría cobrado Lázaro Báez por las obras en la provincia patagónica. Según la acusación, durante doce años Austral Construcciones recibió “a enero de 2016, $21.269.045.836,54”. Consultados por Ámbito, casi todos los defensores coincidieron en que los exfuncionarios de Cambiemos en Vialidad incurrieron en una “conducta temeraria”, por lo que podrían, incluso, afrontar una causa penal por el perjuicio que le provocaría al Estado el inicio y la marcha atrás en la demanda civil.

Algunos de los reclamos para cobrar por parte de los abogados de los imputados ya ingresaron en Tribunales. Algunos de ellos, como el caso del defensor de Jorge Chueco, Mariano Fraguerio Frías, pedirán que las costas también se hagan extensivas a los exfuncionarios de Mauricio Macri. Todo indicaría que la mayoría de los defensores buscará cobrar lo que se les adeuda, con la excepción, quizá, del abogado de Cristina de Kirchner, Carlos Beraldi, quien –si bien tendría el mismo derecho que sus colegas- podría desistir del reclamo por tratarse del representante de la actual Vicepresidenta.

Pero, además, a pesar de contar con una dirección de Jurídicos en Vialidad -a cargo del exabogado de las empresas de autopistas, Ricardo Stoddart- Iguacel contrató a abogados externos a Vialidad para actuar en la causa civil de la que luego desistió. Ahora, ellos también podrán ponerse en la cola para cobrar. De todas maneras, como el conflicto de competencia no está resuelto, aún no queda claro quién deberá fijar las costas. Podría ser la justicia civil y comercial o el propio TOF2, a cargo del juicio penal que está en curso.

En concreto, los gastos constan de las tasas de justicia y los honorarios, que se estipulan conforme a la ley, entre un diez y un quince por ciento sobre el monto del reclamo. Vialidad pedía 22 mil 500 millones de pesos. El 10% equivale a $2.250 millones. Y, si fuera el 15%, treparía a 3.375 millones de pesos. Solo en “costas” reguladas. Todo esto, sin contar el 3% de la tasa de justicia, de $675 millones para este caso.

Los resultados del camino elegido por el Gobierno de Macri para derrotar a Cristina de Kirchner ya son conocidos, tanto en las urnas cuanto en la Justicia: fue electa Vicepresidenta en octubre del año pasado y el juicio penal no cosechó hasta el momento un solo testigo que ratifique la hipótesis delictiva en su contra. Lo que no se sabía -hasta ahora- era que la gesta infructuosa de la gestión macrista le costaría también al Estado miles de millones de pesos.

Publicado en:

https://www.ambito.com/politica/vialidad-nacional/por-apuro-iguacel-el-estado-tendria-que-pagar-millones-caso-vialidad-n5147277?__twitter_impression=true&s=08

Testigo declaró que exfuncionarios macristas la forzaron a iniciar la causa Vialidad contra Cristina, por Sofía Caram (para "Ámbito" del 27-10-20)

 

27 Octubre 2020

Iguacel y Stoddart intimidaron a la ex jefa de legales de Vialidad Santa Cruz para que firmara un documento que dio pie al inicio a la causa. 

Por Sofía Caram

Una testigo dijo que se sintió intimidada por el ex Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex jefe de Jurídicos de esa dependencia e imputado por el negociado de los peajes, Ricardo Stoddart. Según relató bajo juramento la actual diputada Laura Hindie, los ex funcionario macristas llegaron en un patrullero de la Policía Federal para pedirle que firme un documento. “Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, reconoció.

Durante una extensa declaración, la abogada dejó al desnudo el interés deliberado y la maniobra protagonizada por Iguacel y Stoddart, para justificar el supuesto direccionamiento de la obra pública y abrir el proceso contra Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

A los pocos días de asumir el Gobierno de Mauricio Macri, ambos ex funcionarios –que aún no tenían mandato legal, ya que no había concluido el proceso administrativo de sus nombramientos- “llegaron en un patrullero de la Federal, lo que no es habitual”, a la sede de Vialidad Santa Cruz. Según relató la testigo ingresaron, se presentaron como las nuevas autoridades y le dieron un documento para que firmara. Se trataba de una respuesta a un requerimiento de la Secretaría de Trabajo en la que se reclamaba la nulidad de una audiencia que había tenido lugar en en esa dependencia entre Vialidad, Austral Construcciones y la Uocra. Los trabajadores reclamaban la falta de pago de salarios y Trabajo había buscado un espacio de diálogo para encausar el conflicto. En esa audiencia, quien se arrogó la representación de Vialidad -enviado por el ex funcionario imputado Mauricio Collareda- fue Miguel Salazar, quien dijo que el organismo le debía algunos pagos a la empresa de Báez. El punto es que ese detalle no le permitía a las autoridades macristas acusar a la gestión anterior de beneficiar al empresario. Si se le debía dinero por las obras ya adjudicadas cómo se explica el presunto favoritismo.

Según Hindie, el interés de Iguacel y Stoddart era anular esa audiencia y el documento que tuvo que firmar se manifestaba a favor de esa nulidad, lo que finalmente sucedió: esa mediación quedó sin efecto y no estableció consecuencia jurídica alguna. ¿Se sintió intimidada?, preguntó uno de los defensores. “Si. No solamente yo. Todos los empleados del Distrito 23 también”. “¿Y corroboró algo de lo que decía el acta antes de firmar?” Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, lanzó.

Precisamente, la denuncia que originó este juicio se basó en los cuestionamientos a esa audiencia por el conflicto con los trabajadores. El argumento fue que Salazar ya no era integrante de Vialidad al momento de la audiencia en cuestión y que su papel en aquella mediación debía ser nulo. Además, porque la Secretaría de Trabajo no tenía competencia en la materia, lo que fue ratificado por la testigo. Pero la realidad –afirman las defensas- es que la deuda que Vialidad mantenía con Austral Construcciones no daba margen para acusar al kirchnerismo de beneficiar a Báez.

El relato sobre la vistia en patrullero quedó resonando en la audiencia y el impacto pudo verse a través de las caras de cada una de las más de cuarenta ventanitas del Zoom.

Otros de los puntos que aclaró la testigo estuvo centrado en la demora de algunas de las obras investigadas y las supuestas sospechas por las redeterminaciones de precios. Según explicó –en sintonía con lo que declaró en su indagatoria el ex Administrador de Vialidad, Nelson Periotti– primero se licitaba y luego se iniciaba el proceso de liberación de la traza, que implica las expropiaciones de los inmuebles que estén en el terreno donde debía construirse la ruta. Hindie detalló que el proceso de expropiación en varios casos tardó entre cinco o seis años, “inclusos algunos siguen en juicio”. Ese tiempo transcurrido –explicó- provocaba las lógicas redeterminaciones de precios que se le otorgaba a las empresas en cada caso. Para la acusación, dicho mecanismo fue utilizado para pagar por arriba del valor de mercado. Otra de las hipótesis que fue derribada por la testigo en la audiencia de este martes.

Publicado en:

https://www.ambito.com/politica/vialidad-nacional/testigo-declaro-que-exfuncionarios-macristas-la-forzaron-iniciar-la-causa-vialidad-contra-cristina-n5143512?__twitter_impression=true&s=08

Piden indagar a extitular de Vialidad por armar causas contra exfuncionarios kirchneristas. por "Telam" del 28-10-20

28/10/2020 

Lo hizo el fiscal federal Federico Delgado, que solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti la indagatoria de Javier Iguacel y otros exdirectivos de Vialidad por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Pidieron indagatoria de Javier Iguacel acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Pidieron indagatoria de Javier Iguacel acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El fiscal federal Federico Delgado solicitó que el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) durante el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, sea citado a prestar declaración indagatoria, acusado de haber armado una causa falsa contra exfuncionarios kirchneristas vinculada a la construcción de la “Autopista Presidente Perón”.

El requerimiento fue presentado ante el juzgado federal 6, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, y alcanza también a otros exfuncionarios de Vialidad que según la fiscalía habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público.

El fiscal sostuvo en su dictamen -presentado el 23 de octubre, pero conocido hoy- que las denuncias presentadas en su momento por la Oficina Anticorrupción (OA), con información suministrada por Vialidad Nacional, contra los ex funcionarios kirchneristas se hicieron con documentación intencionalmente recortada por la cuñada de Iguacel, Agustina Morán, durante su paso por la DNV durante el gobierno de Cambiemos.

El dictamen detalló, además, que durante el gobierno de Mauricio Macri la DNV recurrió, en algunas oportunidades, a los mismos procedimientos de relocalización de vecinos para permitir el trazado de una autopista que antes Iguacel había denunciado como irregular.

“Alcanza con confrontar la denuncia efectuada en la causa madre y los términos de la resolución 1197/17 para afirmar que las mismas autoridades de la DNV que detectaron e impulsaron la denuncia por irregularidades en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15, luego utilizaron esas mismas herramientas legales y argumentos para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”, enfatizó el fiscal.

Por esos motivos, el fiscal Delgado sostuvo que la denuncia presentada por Iguacel en su momento “fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal”.

“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que el ingeniero Javier Iguacel como Administrador General de la DNV, Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia y la Dra. Agustina Moran, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”, sostuvo Delgado en su dictamen.

Este expediente surge de uno anterior iniciado luego de que Iguacel denunciara ante la OA que los anteriores funcionarios de la DNV, entre ellos su ex titular Nelson Periotti y Claudio y Manuel Keumurdji, habían firmado resoluciones irregulares entre los años 2012 y 2015 vinculados con la construcción de la Autopista Presidente Perón entre los que había alguno relacionado a la relocalización de vecinos de Ezeiza que ocupaban parte del terreno por donde iba a pasar la traza del camino.

La resolución 1649/12 aprobó un procedimiento general para la tramitación y gestión de aquellos “casos de titulares de terrenos con títulos imperfectos, contemplando el pago de indemnizaciones a los poseedores acreditados mediante una ficha censal, información sumaria y la suscripción de un convenio de cesión onerosa de posesión de inmueble a favor de la DNV”, según se recordó en el dictamen.

La denuncia de Iguacel

La denuncia que luego formuló la OA conducida por Laura Alonso recayó en el juzgado que estaba todavía a cargo del juez Claudio Bonadio (ya fallecido) que, tras una serie de medidas de prueba, procesó a siete de los catorce denunciados.

Los principales elementos tomados en cuenta por Bonadio para formular estos procesamientos fueron la denuncia, la declaración testimonial Stoddart y un informe de Martínez.

Sin embargo, los procesamientos dispuestos por el magistrado fueron revocados en septiembre de 2019 por la Sala I de la Cámara Federal porteña que dictó la falta de mérito para los acusados.

La Cámara señaló que los denunciados habían recurrido al dictado de “una normativa con el fin de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin título” y que ello “no contradice lo establecido en la ley de expropiación, sino que lo complementa, en tanto se regularon casos que no habían sido contemplados”.

Al pedir las indagatorias, el fiscal Delgado consideró, además, “que los comportamientos llevados a cabo por Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia de la DNV encuentran recepción jurídica en el delito de falso testimonio”.

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https://www.telam.com.ar/notas/202010/529716-piden-indagar-a-extitular-de-vialidad-por-armar-causas-contra-exfuncionarios-kirchneristas.html?s=08

Katopodis cargó contra Iguacel, Dietrich y Dujovne por el curro con las autopistas, por "Portal de Noticias" del 16-09-20

"Si hay un interés del Estado que está comprometido, el Estado tiene la responsabilidad de actuar y defenderlo", dijo el ministro de Obras Públicas

16/09/2020

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó esta mañana que el Gobierno quiere «llegar a una sentencia» en la causa en la que se investiga a exfuncionarios de Cambiemos por presuntas irregularidades en la concesión de peajes en las autopistas Del Oeste y Panamericana, ya que remarcó que hubo «maniobras de fraude».

«Tenemos el convencimiento de que Vialidad es la principal afectada por estas maniobras de fraude y queremos llegar a una sentencia», sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con la Agencia NA, el integrante del Gabinete destacó la decisión de la Dirección Nacional de Vialidad de presentarse como querellante en el expediente en el que están involucrados los exministros de Transporte Guillermo Dietrich y de Hacienda Nicolás Dujovne; el extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel; y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

«Queremos representar al Estado en el seguimiento de la causa y que se ajuste a Derecho», remarcó Katopodis sobre el expediente que investiga un posible perjuicio a las arcas públicas tras la renegociación de los contratos sin licitación hasta 2030 de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.


Al ser consultado sobre cómo se gestó la presentación judicial, el ministro de Obras Públicas negó haber recibido órdenes del presidente Alberto Fernándezy remarcó: «Es una decisión que tomé yo».

Asimismo, el exintendente de San Martín desestimó que la decisión de que Vialidad se presente como querellante en la causa peajes tenga que ver con una persecución hacia el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios y remarcó que la presentación judicial realizada el pasado lunes «es algo lógico y que sabría cualquier estudiante de derecho: si hay un interés del Estado que está comprometido, el Estado tiene la responsabilidad de actuar y defenderlo».


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La Ruta Nacional 18, parada por falta de "interés", por Raúl Kollmann (para "Página 12" del 24-02-20)

El caso de una obra en la provincia de Entre Ríos


Por Raúl Kollmann

Un claro ejemplo de la administración macrista es lo que ocurrió con un provincia que no era manejada por Cambiemos y una ruta en la que aparecía una empresa "sospechada de kirchnerismo". Ocurrió con la Ruta Nacional 18, que atraviesa Entre Ríos, desde Paraná hasta Concordia. Es una ruta esencial y la licitación consistía en construir dos vías en cada sentido, algo fundamental.



Los trabajos estaban adjudicados a la Unión Transitoria de Empresas integrada por CPC y Rovella Carranza, con un presupuesto aprobado de 1.380 millones de pesos. En febrero de 2016 la obra tenía un avance del 40 por ciento.

CPC es la constructora que encabezan Cristóbal López y Fabián De Sousa, de manera que por esa sola razón suspendieron las obras. Los trabajos no sólo se paralizaron, sino que se cajonearon los trámites pendientes y nunca se resolvieron. Pasaron casi cuatro años. Quienes estuvieron cerca del caso afirman que las autoridades simplemente dijeron "no está en nuestro interés" y levantaron hasta las inspecciones, o sea que sacaron a la persona encargada de evaluar los avances.

El informe de Vialidad dice: "obras paralizadas sin ningún trámite técnico asociado". O sea, sin ninguna justificación de ninguna naturaleza. Ni siquiera se adujeron sobreprecios o maniobras de alguna índole. Tampoco se hizo una presentación judicial ni se cuestionó nada de la licitación o los contratos. Desde febrero de 2016, nada de nada.

Lo asombroso es que CPC-Rovella Carranza tenía un tramo de un total de tres, pero la administración macrista --sin la menor explicación-- también frenó los otros dos tramos, incluyendo uno más chico de Iecsa, la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra.

La paralización no es neutra. No significa que se frena y las cosas quedan como en 2015, con el 40 por ciento construido, y listo para retomarse. El paso del tiempo, en este caso cuatro años, produce un verdadero desastre ya que va deteriorando los terraplenes, alcantarillas y cualquiera de las construcciones iniciales. Para preparar la capa de asfalto, hay que compactar la tierra con maquinaria, porque caso contrario, sin una base firme, en el asfalto se marca la huella y se requebraja. Poner la obra en marcha significa un nuevo proyecto y los especialistas evalúan que la hecatombe producida por Cambiemos termina suman un 70 por ciento al costo de la base.


En Entre Ríos sólo hubo otra obra adicional: el acceso a localidades como Hernandarias, un puente sobre el arroyo y la pavimentación de algunos caminos rurales. Esa obra se continuó un tiempo porque, según dijeron, "nos importa construir cerca de las poblaciones". Eso hizo que se concretaran obras cerca de las ciudades, pero no en el trayecto completo. Aun así, desde hace un año y medio que no se hace nada y el argumento es que "está pendiente de aprobación una modificación de la obra".

No se explica por qué no pudieron resolver la modificación en un año y medio y de inmediato surge que o bien se trata de un argumento mentiroso --lo más probable, no querían poner ni un peso por el acuerdo con el FMI-- o la ineficiencia fue descomunal.  

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https://www.pagina12.com.ar/249251-la-ruta-nacional-18-parada-por-falta-de-interes


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Gerentes macristas se robaron celulares, computadoras y autos de la Dirección Nacional de Vialidad, por Carla Pelliza (para "El Destape" del 23-01-20)

Fueron desafectados, pero se quedaron con materiales de trabajo del organismo nacional y dejaron cuantiosas multas de tránsito impagas.

Por
Carla Pelliza

Amigos de los escándalos, gerentes macristas fueron desafectados de la Dirección Nacional de Vialidad pero se llevaron varios bienes correspondientes a ese organismo, entre los que están discos rígidos, celulares, computadoras e incluso autos. Además, utilizaron los vehículos oficiales para uso personal, algo no permitido por la legislación, y acumulan cuantiosas deudas por infracciones de tránsito.

Formalmente, quienes se desempeñaron como directivos del PRO durante la última gestión, fueron desafectados del organismo a partir del 1 de enero del corriente año. Sin embargo, lejos de tomárselo con agrado, enviaron cartas documento denunciando que no pudieron entrar a la Dirección que depende de Obras Públicas y quieren ser indemnizados.

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Según pudo saber El Destape, los exfuncionarios se quedaron con varios de los bienes correspondientes a Vialidad y el organismo busca su restitución. Todos ellos percibieron, hasta diciembre, sueldos superiores a los $155.000, los más altos llegaron a casi $250.000, y aún así decidieron dejar en sus manos "souvenirs".

Puntualmente, según se detalla en el sistema de gestión del Estado, Roger Botto, quien se desempeñó como coordinador General de Licitaciones y Contrataciones con un sueldo de $220.946, tiene en su poder un disco rígido externo de 2TB. Él se desempeñó como gerente del Grupo Abertis, socio de Ausol, la sociedad concesionaria de la autopista Panamericana. Incluso fue director suplente de esta empresa investigada por la Justicia por sus negociados con Cambiemos.

Guillermo Fernández Vidal, quien se retiró de las oficinas de Vialidad dejándolas bajo llave, se quedó con un celular marca Samsung, una notebook Dell y un auto Ford Focus. Este hombre ocupó el cargo de coordinador de Procesos y Actos Administrativos con un ingreso de $172776.08 a diciembre de 2019.


La Justicia ordenó que el Gobierno informe sobre contratos de Vialidad
Similar es el caso de Ricardo Stoddart, quien fuera jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos con un sueldo de $245796.38, que se llevó dos celulares Samsung Galaxy S6. Este funcionario fue socio en el estudio jurídico Marval, O'Farrel & Mayral, que representó a Ausol en la renegociación de la concesión de la autopista.

En la lista de funcionarios M desafectados de Vialidad y que no devolvieron bienes están Martín Pourrain, exasesor Legal Técnico Administrativo con ingresos de $158834.69, se llevó un Ipad, otro teléfono y dos notebooks y Mariano López, que tiene en su poder un disco rígido externo, un celular, una notebook y un teléfono Ip. Este último supo ser coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que fue de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. 

También figuran Alejandro Bissio, que se llevó otro aparato de telefonía móvil y un disco duro de 1TB, y Alejandro Mon, que dejó el organismo sin devolver un Samsung Galaxy S8.

Según denunciaron desde Vialidad Nacional, las gerencias aumentaron considerablemente durante el macrismo al pasar de ser 49 en 2015 a 134 el año pasado. Los puestos, sin embargo, fueron ocupados por jerárquicos que hicieron sus carreras en empresas que fueron contratistas del Estado. 


Infracciones M
Si bien la legislación vigente deja en claro que los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Vialidad no pueden utilizar los vehículos oficiales para uso particular, los gerentes PRO lo hicieron y dejaron cuantiosas deudas en concepto de infracciones de tránsito por más de $600.000.

Los autos del organismo deben estar destinados a la inspección de obras, control de pesos y dimensiones, supervisión de convenios, entre otros asuntos oficiales, pero los gerentes M los utilizaron para trasladarse a sus domicilios particulares y como medio de movilidad para los feriados, fines de semana e incluso vacaciones.

Ya se investiga quiénes hicieron uso de estos vehículos de alta gama y, si se toman sólo 13 casos, el perjuicio al Estado podría ser superior a los $40.000.000 en un período de dos años. 

Según la documentación a la que accedió El Destape, la Dirección Nacional reconoció una suma mensual de $156529.45 por cada auto puesto a disposición del organismo. Este monto, mensual, arroja un total anual de $1.920.000, o sea unos $3.840.000 por cada funcionario en dos años. La multiplicación es sencilla y el costo al Estado podría superar ampliamente los cuarenta millones de pesos en 24 meses. El titular de Vialidad durante ese lapso de tiempo fue Javier Iguacel.

Pero no sólo hicieron uso de los autos oficiales para uso personal, sino que también cometieron infracciones de tránsito y dejaron una deuda importante. Los funcionarios M implicados son también quienes se quedaron con varios de los bienes del organismo. Pourrain, por ejemplo, tiene al menos tres multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires y otras dos en la provincia. Ambas jurisdicciones suman una deuda de $23008.98. Las contravenciones fueron en horario de trabajo pero también se pudo constatar que utilizó el vehículo para viajar a la costa Atlántica en 2017.


Stoddart, que ingresó en diciembre de 2015, acumula cuatro multas impagas en la Ciudad y 14 en la provincia - algunas sobre traslados durante el fin de semana - por un total acumulado de $120403. Jorge Del Pup, quien ingresó en 2016 y se desempeñó como gerente Ejecutivo de Administración de Finanzas, responsable del pago de certificados de obras, utilizó uno de los autos que las empresas contratistas ponen al servicio de la Dirección, con al menos siete multas no canceladas en CABA y otras tres en PBA - también durante fines de semana - por un monto de $64018.47. 

El nombre de Roger Botto también se repite en este apartado ya que, desde 2016, utilizó uno de los vehículos oficiales para uso personal y acumula la deuda más baja de todas, por $2140 correspondiente al 22 de septiembre del año pasado a una hora poco razonable, las 03:12 de la madrugada.

La investigación incluye a quien fuera gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones, ingresado en 2017, Cristie Newbery, con multas por $5796.50. Silvia Rodríguez, por su parte, designada como gerente Ejecutiva de Recursos Humanos, acumula dos infracciones por $4280 y, además de pedir una millonaria indemnización pese a tener tres años en el organismo, elude su cancelación.

El gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Lucas Logaldo, también tuvo el beneficio de utilizar autos oficiales en beneficio propio, entre ellos el de una de las empresas contratistas. Con viajes e infracciones también durante varios fines de semana, contabiliza una deuda acumulada de $168030.

Dentro de la investigación está el uso que Eduardo Plasencia, gerente de Planeamiento, hizo de los vehículos, uno de ellos también de una contratista de Vialidad, con infracciones que sumaron una deuda de $13910. Similar es el caso de Sergio Morilla, quien se desempeñó en Sistemas, con un monto no pago por $40990, la mayoría en plena jornada laboral pero también durante sábados y domingos. Finalmente, quien estuvo en Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Federico Schaer, acumuló multas por $168030.

En total, son más de $600.000 en concepto de infracciones no canceladas que pesan sobre los vehículos oficiales y que se registraron tanto en días laborales como francos. Este monto se suma al indicado para el costo fijo mensual de cada uno de los autos usados por la Dirección Nacional de Vialidad.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/nota/gerentes-macristas-se-llevaron-celulares-computadoras-y-autos-de-la-direccion-nacional-de-vialidad-202012317430

“Macri estuvo en todos lados, todo el negocio confluyó en su persona”, por Sofía Caram (para "Página 12" del 02-08-19)

Ripoli detalló cómo sacaron el beneficio de levantar las barreras de los peajes cuando se excedía el tiempo de espera. 
Imagen: Dafne Gentinetta

La ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional Julieta Lucila Ripoli reveló el escándalo de la renegociación de los peajes

El entramado del negocio que habilitó la prórroga de las concesiones por 500 millones de dólares fue direccionado en beneficio de las empresas de la familia del Presidente. Ripoli espera ser citada como testigo de la causa que investiga Canicoba Corral.

Por Sofía Caram


La ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional cuenta cómo fueron las maniobras para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo Socma. Tras la imputación por parte de la Justicia al presidente Mauricio Macri, al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Julieta Lucila Ripoli habló con Página 12 y detalló cómo se vivió por dentro uno de los negociados multimillonarios que podría convertirse en la causa de corrupción más emblemática del Gobierno de Cambiemos.

499 millones de dólares reconocidos por el Estado. Casi 20 millones por la venta de las acciones. Renegociación de un contrato con múltiples privilegios sin llamado a licitación ni autorización del Congreso. El negocio, que fue redondo para las empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, sólo pudo ser posible gracias al copamiento de todas las dependencias de Vialidad Nacional –un ente autárquico– por parte del Poder Ejecutivo. No sólo fueron desplazados todos los funcionarios de carrera del organismo sino que, más grave aún, los cargos fueron copados en su mayoría por empresarios o ex abogados de Ausol, la firma del presidente Macri. “Claramente lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública, a socias de las empresas del Presidente”, dijo Ripoli casi sin respirar. 34 años, abogada especialista en Asesoramiento Jurídico del Estado, Julieta habla muy rápido y en el tono más bajo que la voz le permite, por miedo a que alguien en el bar la pueda escuchar. No es para menos. En las casi dos horas de entrevista que le quedaban por delante daría un pormenorizado detalle de cómo todo estuvo calculado, armado y pensado en pos de los intereses de las empresas concesionarias y en detrimento del Estado, es decir, del bolsillo de todos los argentinos.

Las maniobras de las que Julieta fue testigo directa incluyeron la instauración de “un estado de terror dentro de Vialidad” –como ella lo describió– con persecución ideológica y despidos para quienes podían llegar a oponerse al gran negocio. Entre ellas, la propia Ripoli. Abogada recibida en la UBA, trabajó 15 años en Vialidad. Entró como pasante en 2004, cuando tenía sólo 19 años. Pasó por varios cargos hasta llegar a la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos, puesto clave para el lineamiento de los contratos de obra pública. Tras haber participado en las primeras reuniones de renegociación de las concesiones de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste) sugestivamente Ripoli fue despedida. “Se dieron cuenta que yo no iba a aceptar lo que estaban proponiendo”, afirmó.   

La denuncia

Según una denuncia presentada por los Diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau e impulsada recientemente por el fiscal Carlos Stornelli, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por presuntos retrasos tarifarios. El objetivo habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó luego en el arreglo de 499 millones de dólares, sin un dictamen, informe o auditoría alguna sobre la operación de la compañía por parte de las autoridades. Socma era accionista mayoritario de Ausol y se fue desprendiendo de las acciones hasta mayo de 2017, cuando vendió la totalidad de su participación, que para ese entonces era del 7%. Si bien parece un nivel de injerencia menor respecto del total del paquete accionario, teniendo en cuenta los montos que se manejan en la obra pública implicó una ganancia millonaria.

“La estafa tuvo tres patas fundamentales”, explicó Ripoli. “En 2015, después del resultado de las PASO, Ausol, hace un reclamo administrativo pidiendo la renegociación integral del contrato, que vencía recién en 2020. Ahí comenzaron a preparar el terreno. Lo tenían todo premeditado. Después Macri gana el balotaje y ahí ya tenían todo armado. El 7 de diciembre de 2015 –tres días antes de la asunción presidencial– Abertis, socia principal y controlante extranjera de Ausol, presenta un reclamo millonario ante el Ciadi. El 17 de diciembre el organismo recepta la denuncia formalmente. Ni bien asume Dietrich sale a decir que se renegociaban los contratos porque se estaba tramitando una demanda ante el Ciadi que nos iba a salir una fortuna a los argentinos. Según ellos era un negoción bárbaro para la Argentina, porque la demanda internacional era por 1100 millones de dólares y ellos iban a renegociar por 500 millones. Todo eso fue la primera puesta en escena de lo que fue la simulación, el fraude y la estafa”. “La segunda estafa está  cuando Macri vende sus acciones”, siguió la abogada.

 “Como ya se descontaba la renegociación integral con la prórroga del plazo de concesión, el precio de las acciones se disparó. Si la concesión se está por vencer las acciones van a valer dos mangos con cincuenta”, pero como ya se sabía que iban a renegociar y además aumentaron antes las tarifas de los peajes, las acciones subieron notablemente”. Las acciones de Ausol valían cuatro pesos en enero de 2015. Cuando asumió Macri, la acción trepó a 14,50. Luego aumentó la tarifa de peajes entre un 200 y 270 por ciento y la acción llegó a 75,50. En ese momento, Socma vendió el siete por ciento que tenía de participación a un valor de 19,7 millones de dólares.

–¿Y la tercera pata de la estafa? –preguntó Página/12.

–Fue la frutilla de la torta: la tercera estafa estuvo en la renegociación integral del contrato y en los términos en los que se hizo. Conclusión: En la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos. Todo confluyó en su persona; negociación incompatible, fraude y estafa. 

–¿Y en calidad de qué el Estado le reconoce esos 500 millones de dólares a Ausol? 

–Se lo reconocieron como monto no amortizado desde la salida de la convertibilidad. Lo que nos quieren hacer creer es que en 24 años -con los aumentos de las renegociaciones parciales de todos los años, los incumplimientos de la empresa, la fuga de capitales, la estafa denunciada por los propios accionistas minoritarios- es que Ausol no logró recuperar los 500 millones de inversión que figuraban en el contrato anterior. Y las empresas lograron prorrogar por una década el contrato sin tener que ir a una nueva licitación, con ventajas económicas mucho mayores a las del contrato anterior. Les dolarizaron las tarifas; les garantizaron el flujo de tránsito pasante; les dieron al menos dos aumentos por año ajustados por inflación y quitaron la obligación de levantar las barreras si pasa una determinada cantidad de tiempo de espera de los usuarios. 

–¿Cómo fueron las reuniones para renegociar los contratos?

–Viví situaciones que fueron tremendas. Me iba de esas reuniones descompuesta y con ganas de vomitar. Veía todo lo que estaba pasando y no lo podía creer. 

Tal vez, el de los peajes sea el ejemplo más claro, concreto y visible del copamiento del Estado en manos de las empresas en la era Macri, con el agravante de que el propio Presidente de la Nación es dueño del grupo empresario que se benefició.

Ripoli participó de unas cinco reuniones en total. En condiciones normales su tarea habría sido la de redactar los términos de los contratos velando por los intereses del Estado. Sin embargo, en este caso sólo podía redactar en la computadora lo que los abogados de las empresas le dictaban o le llevaban ya escrito en un pendrive. El bosquejo de lo pactado lo aprobó Dietrich y después se prorrogaron las concesiones por los decretos de Macri en el caso del Acceso Oeste y de Gabriela Michetti en el de Ausol, por lo que “también debería estar imputada”, dijo la ex funcionaria. 

–¿Y quiénes participaron de esos encuentros?

–Estaba Ricardo Stodart, nombrado como nuevo titular de Jurídicos de Vialidad, quien había trabajado en el estudio que representaba a las empresas. Era increíble ¡Estaba renegociando el contrato en nombre del Estado con sus ex colegas! En representación de los concesionarios participaba Enrique Veramendi, abogado del estudio Marval, que representa a Ausol y Jorge Moratorio, del estudio Farrel, por GCO. Los dos estudios son socios. Ellos y yo. Imaginate el peso para mí. Era una renegociación contractual que interesaba directamente al poder político de turno.

–¿Qué es lo que le resultó más llamativo de esas reuniones? 

–Una vez Stodart (ex Ausol, hoy Vialidad) le dijo a los empresarios: “Yo se que a ustedes lo que les interesa es esta torta, esta torta y esta torta”. Como diciendo “estamos acá para ver cómo nos dividimos económicamente el contrato”. Ése era el abogado que supuestamente defendía los intereses del Estado. Yo no lo podía creer. Una vez, estaban por cerrar una reunión y Veramendi dijo –mientras agarraba sus cosas y se paraba como para irse–: “Ah! Yo lo que me olvidé de agregar, que lo podemos agregar ahora, es el tema de las barreras”.  Así fue que se sacó el tiempo límite que regía de espera para los usuarios. Después, en esa misma reunión, Veramendi agregó: “Ah y lo que podríamos sacar también es lo del subsidio a los discapacitados”. Ya eso me pareció mucho. No lo podía creer. No lo pensé pero en ese momento me paré y dije “¡No, eso no!”. Se quedaron todos mirándome. Respiré hondo y busqué argumentos en ese momento… les expliqué que eran derechos humanos con cobertura de tratados internacionales y con jerarquía constitucional. Que no se podían eliminar. Finalmente por suerte creo que no lo sacaron. Al menos eso me da satisfacción. 

Terror en Vialidad y un desayuno con Iguacel

Las maniobras para direccionar las concesiones de los peajes incluyeron la instauración de “un estado de terror dentro de Vialidad”, como lo describió Julieta Ripoli. Hubo “persecución ideológica, sindical y laboral” y despidos para quienes podían llegar a oponerse al gran negocio o tuvieran algo que ver con el kirchnerismo. “Sentí que nos avasallaban. Instalaron un estado de policía permanente”, dijo Julieta, mientras le daba vueltas a la cucharita una y otra vez, en el café en jarrito que había pedido. Y casi como si se hubiera acordado mientras miraba su taza, disparó: “Incluso instauraron una cosa marquetinera que llamaron “Un desayuno con Iguacel”. 

–¿Cómo? ¿Y en qué consistía?

–Para sacar información y ver a quién echaban, a quién perseguían y a quién no, hacían como una especie de desayunos. Entonces, todos los días vos te podías anotar para ir a desayunar con Iguacel. La gente, como estaba asustada, iba. Ahí te preguntaban sobre tus compañeros. Quién era quién, qué ideología tenían. Así es como fueron despidiendo gente. Y a los gerentes directamente los apretaban: “o me decís algún nombre o vos vas en cana”. Así es como inventaron sumarios administrativos y hasta fabricaron causas judiciales para extorsionar. En mi caso me cesantearon sin sumario y después intentaron fabricarme dos, en base a declaraciones de mis propios compañeros, que los obligaron a decir tal o cual cosa. Los que “colaboraron” fueron retribuidos con ascensos, premios o beneficios. 

Vialidad Nacional es un organismo autárquico, de carácter técnico y que no forma parte de la estructura central del Poder Ejecutivo. Tiene ochenta y nueve años de historia y con agentes de carrera. Los cargos políticos autorizados por ley son sólo dos: el Administrador General y el Subadministrador. Todos los demás cargos son de carrera. O eran.

–Imagino que Vialidad siempre fue un botín preciado para todos los gobiernos ¿Cómo fue la situación en las gestiones anteriores?

–Nunca pasó algo así. Según cuentan los trabajadores con más antigüedad, en el único momento que sintieron ese nivel de copamiento en el organismo fue durante la dictadura militar. Todos los gobiernos suelen intentar centralizar los organismos descentralizados, meter mano, meter gente. Pero esto nunca se vio. Entraron quince funcionarios juntos el mismo 10 de diciembre y coparon todas las áreas y hasta inventaron cargos nuevos para meter gente. 

De los dos lados del mostrador 

Unos quince ex empleados o abogados de Ausol y GCO pasaron a formar parte del directorio de Vialidad a partir del 10 de diciembre de 2016. Los casos más resonantes y que figuran en la denuncia son: Roger Emmanuel Botto, fue director de Ausol y gerente del Grupo Abertis S.A. (la controlante española de Ausol y GCO), fue designado en Vialidad como “Gerente Ejecutivo de Licitaciones y Compras”. Alejandro Caviglia, ex empleado de Socma, recayó en Vialidad como gerente ejecutivo de Recursos Humanos, según la denuncia que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral, trabajó con anterioridad en Belenky y Piazza, una consultora proveedora de servicios de Ausol. Ricardo José Stoddart, fue socio de Marval Ofarrel Mayral, estudio que representó a Ausol y GCO y desginado como “Gerente Ejecutivo de Jurídicos”.

Peajes: un negocio redondo 

Los acuerdos de renegociación de las concesiones en la Argentina pueden ser parciales o integrales. En el caso de los peajes, tras la crisis cambiaria de 2001 el Estado se hizo cargo del riesgo asumido por las empresas y aceptó renegociar integralmente los contratos en el año 2003, aunque aún no habían vencido los plazos. Lo que las firmas sostenían era que se había roto la ecuación financiera producto de la crisis, luego de la salida de la convertibilidad. Las concesiones se habían iniciado en 1994 y tras la debacle los holdings consiguieron cambiar las condiciones. Así fue que, en el marco de la ley de Emergencia Económica y con una delegación que le había hecho el Congreso, empresas y Estado iban a rediseñar los acuerdos de manera integral en el término de seis meses. Ese plazo nunca se cumplió y los contratos se fueron modificando año a año en forma parcial. Hasta que, con el cambio de gobierno y ante los inminentes vencimientos de los contratos (Ausol en 2020 y GCO en 2018) las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones. El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogaron las concesiones hasta el año 2030, por diez y doce años, respectivamente. El punto central es que esa prórroga fue ilegal, ya que no sólo fue sin intervención del Congreso y por decreto, sino que debería haberse llamado a una nueva licitación. 

Los accesos a la ciudad de Buenos Aires que actualmente están en manos de consorcios de empresas son tres: Acceso Norte, Acceso Oeste y Autopista Riccheri. Las dos primeras están vinculadas por la firma española Abertis S.A., que es la controlante y principal accionista de ambas. A su vez Abertis está controlada en la actualidad por el Grupo Benetton. El Acceso Ricchieri, en tanto, estaba en manos de la empresa Aecsa, de la cual uno de los dueños era Cristóbal López. Una de las primeras medidas de la gestión macrista fue la intervención de la firma del Grupo Indalo, también dueño del canal C5N. López denunció aprietes y extorsiones para desprenderse de sus empresas a precio vil. El macrismo terminó por rescindirle la concesión. Le aplicaron multas y la ahogaron económicamente. En paralelo, dispusieron el levantamiento de la intervención de Ausol que había sido dispuesta por la gestión anterior, por inclumplimientos contractuales y por sospecha de fraude y fuga de capitales a España. La maniobra del Gobierno de Macri fue clara y sin rodeos: mientras se le sacó la concesión a un empresario dueño –entre otras cosas– de un medio de comunicación opositor, se levantó la intervención y se benefició directamente a la firma del Presidente.

En el inicio de la feria judicial, el fiscal Stornelli sorprendió con la apertura de la investigación y ordenó una batería de pruebas para determinar la responsabilidad del presidente Mauricio Macri; del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y del ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en las maniobras que beneficiaron a Ausol y a GCO. Entre las medidas propuestas por los denunciantes está el llamado a declaración testimonial de Julieta Ripoli, quien está dispuesta a contar todo lo que sabe en sede judicial. Tras el receso invernal, la incógnita es si habrá nuevos movimientos en un expediente de alta sensibilidad para los intereses del Gobierno, en pleno proceso electoral.


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