RECLAMO EN EL CONGRESO POR LA DESAPARICIÓN DE ARSHAK KARHANYAN, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 24-02-23)

La familia del policía estuvo con legisladores del Frente de Todos

La familia del desaparecido Arshak Karhanyan estuvo en el Congreso con legisladores del Frente de Todos

Victoria Montenegro: "No estamos dispuestos a naturalizar que el Estado desaparezca personas y no las busque"

Por Adriana Meyer
25 de febrero de 2023

"Quiero encontrarlo, quiero saber todo. A veces no tengo fuerzas para estar todo el día esperando alguna novedad. Pido ayuda porque alguien sabe dónde está. Mi hijo no se fue, lo hicieron desaparecer". Al decir esto a Vardush Datyvian --la madre del joven policía de la Ciudad Arshak Karhanyan desaparecido el 24 de febrero de 2019-- le tembló la voz. Fue ayer durante la conferencia de prensa en el Congreso donde legisladores del Frente de Todos y funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamaron por el esclarecimiento del caso. "Cumplimos 40 años de democracia, dijimos que nunca más van a desaparecer personas en nuestro país. No estamos dispuestos y dispuestas a naturalizar que el Estado desaparezca personas y que nadie las busque, vamos a seguir acompañando a esta familia pasa saber dónde está Arshak y por qué lo desaparecieron", dijo la diputada de la Ciudad Victoria Montenegro en nombre de su bloque, luego de abrazar a Rosita, como le dicen a la mamá de Karhanyan.

"Desde el minuto cero borraron pruebas, su teléfono, su computadora, ocho meses tardó la familia en acceder a la causa. Desaparecieron las cámaras el día que él desaparece, es sumamente grave que el Jefe de Gobierno no haya tenido un minuto para recibir a la madre de un policía desaparecido", cuestionó la legisladora. "El resto de los policías involucrados siguen en funciones. Hay escuchas donde los propios agentes hablan de una doble investigación. Denunciamos que en estos cuatro años trabajaron en borrar todo para ocultar qué pasó con Arshak", agregó.

"A cuatro años de la desaparición de Arshak seguimos reclamando la acción que debería haber tomado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la acción de la justicia para encontrarlo", dijo la diputada Paula Penacca, y saludó a los presentes, integrantes de la comunidad armenia, los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdés y Claudio Morresi , el senador Mariano Recalde y legisladores porteños de ese espacio político. "Esto es de una gravedad institucional enorme, otra desaparición en democracia", agregó. Al lado de Vardush estuvo el abogado Mariano Przybylski, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y abogado de la familia Karhanyan desde agosto de 2022.

Ante la consulta sobre si no debería investigar la Gendarmería en la causa judicial, Przybylski respondió que sí porque así lo establece el Código Procesal Penal. "Frente a la mera sospecha de que haya habido intervención de algún miembro de una fuerza de seguridad, el juez está obligado a investigar con otra fuerza distinta, es una obligación legal y además tiene que ver con protocolos internacionales de Naciones Unidas", contestó. "El juez Alberto Baños debió haberlo hecho desde el primer momento, pero por el contrario encomendó todas las medidas a la Policía de la Ciudad que estaba sospechada, e intervino el mismo sector del que se sospecha tuvo que ver o está encubriendo, de hecho la última persona que lo vio es un policía de la Ciudad", agregó. La solicitud de apartarla fue hecha por escrito muchas veces, mientras se iban perdiendo pruebas. La respuesta de Baños fue que él tiene mucha confianza en la persona a quien él encarga las medidas dentro de esa fuerza.

Cuando le consultaron por qué no recusaron a este magistrado, el funcionario explicó que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó en 2021 para ser querellante institucionalmente, y por la prueba que había en la causa dijo que debía investigarse como desaparición forzada, lo que implicaba un cambio de fuero y de juez. Pero Baños rechazó ambas solicitudes, y tanto la Cámara como Casación lo respaldaron. "Insistir ahora con ese aspecto sería no poder avanzar en algunas diligencias que apuntan a encontrar a Arshak. Encaramos la búsqueda, aún con este juez, pero ratificamos que esto es una desaparición forzada", declaró Przybylski.

Al enumerar el cúmulo de irregularidades, mencionó que "lo primero que debió haber hecho la Policía de la Ciudad de Buenos Aires era preservar las cámaras de seguridad 500 metros a la redonda de la vereda del Easy donde fue visto por última vez, sobre la avenida Rivadavia. Había 49, solo aportaron 4 que no servían. Las otras 45 cámaras fueron pedidas con un error en la fecha, un año después el fiscal les dijo qué hicieron porque acá no tenemos nada, estamos siendo filmados en cada rincón de la ciudad pero de Arshak no hay nada". Y completó: "La Policía respondió que las cámaras que no habían remitido estaban en un servidor del Ministerio de Seguridad que tuvo un problema y se borraron, no están".

El teléfono celular del policía quedó en su departamento, y su hermano Tigran lo entregó para el peritaje. "El área de Ciberdelitos lo reseteó de fábrica y borró todo el contenido, una junta de peritos externos dictaminó que se manipuló con imprudencia y fuera de los protocolos, luego accedieron al contenido en la nube de los mensajes de WhatsApp pero le informaron al fiscal que no había nada de interés para la causa", relató el abogado Przybylski. Y aunque suene increíble, cuando el fiscal Santiago Vismara les pidió ese contenido, respondieron que también lo habían borrado.

En otro paso de la "cadena de encubrimiento", el fiscal Vismara describió que cuando solicitó una serie de allanamientos altos jefes de la Policía de la Ciudad fueron a verlo, al mismo tiempo que el ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro visitó al juez Baños, que tenía que habilitar esas medidas. "El fiscal consideró que fueron movidas para frustrar los allanamientos, y finalmente lo lograron, el juez no los ordenó y no se hicieron", recordó Przybylski. "Todo esto para la secretaría y para la fiscalía son elementos para investigar el caso como desaparición forzada de persona", agregó. Para el funcionario, "tenemos una obligación internacional, Argentina es modelo en respeto a los derechos humanos. No puede tener desapariciones en democracia".
Sin hipótesis

"No tenemos una hipótesis por todas las irregularidades que hubo, el paso de Arshak en peritajes del caso Nisman no lo vemos como disparador de una posible hipótesis", dijo Przybylski. Respecto a lo que está sucediendo en el expediente, el funcionario explicó que se solicitó al juez, y accedió, pedir a todas las fiscalías y juzgados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires si tienen algún expediente con algún muerto NN que haya aparecido después del 24 de febrero de 2019, y ya hay cincuenta respuestas. "El juez ordenó a Gendarmería cotejar con huellas y ADN con los registros de Arshak. Encontrarlo sería un primer paso, recién ahí podríamos empezar a evaluar hipótesis y el contexto de su desaparición", indicó.

Przybylski destacó que luego de encontrarlo volverían a recusar al juez Baños, porque "es fundamental la trama del encubrimiento". En este sentido, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla dijo a este diario que aunque no hay un protocolo específico unificado "están las recomendaciones de Naciones Unidas para la desaparición de personas. Son principios básicos que fiscales y jueces respetan, pero en la causa de Arshak la actuación del juez Baños es lamentable, muy mala".

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Santiago Maldonado: el testimonio que "conecta todas las piezas" de un crimen no resuelto, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 19-05-22)

Santiago Maldonado: el testimonio que "conecta todas las piezas" de un crimen no resuelto.. Imagen: NA

Página/12 accedió a la declaración que involucra a Gendarmería con la muerte 

Una testigo que formaba parte de la Gendarmería cuando murió Santiago Maldonado aportó un nuevo testimonio sobre lo ocurrido basado en lo que escuchó y vio durante esos días. Está incorporado a la causa y compromete a esa fuerza. La familia de Maldonado exige que sea investigado.

Por Adriana Meyer

19 de mayo de 2022 

El fiscal federal de Esquel, Federico Baquioni Zingaretti, solicitó al juez del mismo fuero, Gustavo Lleral, que reserve la declaración de una testigo que aportó su testimonio en su fiscalía, hasta que la Corte Suprema resuelva el recurso planteado por la familia de Santiago Maldonado en la causa por su desaparición y muerte. Se trata de una profesional civil de Gendarmería que declaró que en su consultorio varios gendarmes comentaron el operativo del 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof de Cushamen, y dijeron que "había un detenido, se referían a él como el 'hippie', lo habían detenido en la zona del campo de (Luciano) Benetton", según el dictamen al que accedió Página/12. 

La nueva canción de Trueno que homenajea a Santiago Maldonado y las víctimas de la dictadura

De acuerdo al relato, la testigo afirmó que al día siguiente el comandante Juan Pablo Escola, jefe del escuadrón 36 de Esquel, Chubut, le pidió que escondiera una caja donde había un arma, celulares y un trapo sucio. Para las fuentes judiciales que hablaron con este diario el testimonio resulta verosímil. Para la familia del joven Maldonado esta declaración "conecta todas las piezas".

A pesar del valor probatorio del testimonio, éste quedará "reservado" hasta que el máximo tribunal se expida sobre la recusación de Lleral --quien ya se pronunció por el cierre del caso-- para que un juez investigue todas las hipótesis, incluida la desaparición forzada. Es decir que no habría en lo inmediato movimientos en el vapuleado expediente del caso que conmovió a casi toda la sociedad.

Hace exactamente un mes, en la fiscalía de Baquioni en Esquel, la mujer --cuya identidad figura en el expediente pero que las fuentes judiciales solicitaron preservar-- explicó que pertenece al Escuadrón 36 de esa localidad, forma parte de Sanidad y actualmente se encuentra en disponibilidad. La testigo dijo que el 2 de agosto de 2017 "asistieron a su consultorio F.D y E.J. y manifestaron que en la estancia Leleque, propiedad del magnate italiano, había una unidad, una sección Gendarmería. Lo que referenciaban era que había detenido, una persona y la habían llevado ahí porque había mucho alboroto, situaciones de violencia". 

La "gauchada" del comandante Escola

En el transcurso de esa semana se presentó en su consultorio el segundo comandante Juan Pablo Escola, quien requería habitualmente de sus servicios. "Llegó con teléfonos en la mano, le dijo que lo atendiera rápido. Él recibía llamados donde lo felicitaban por el accionar que había llevado a cabo. En ese momento golpeó la puerta el Comandante Pablo Badié, quien le transmitió a Escola que salga de fisioterapia porque tenía un llamado especial del Director Nacional de Gendarmería. Escola a modo de broma le dijo que le interesaban más los llamados del Ministerio de Seguridad. A Badié no le gustó mucho y le dijo que se vistiera que la llamada estaba en espera", dijo la testigo. 

Días después, el comandante Escola le pidió "una gauchada": que guardara una caja y le advirtió que se realizaría un allanamiento en la base. Ella expresó que no entendía qué estaba sucediendo, pero cuando quiso saber el superior le dijo que "se callara la boca, que ella sabía lo que tenía que hacer, que era una orden y que no preguntara más nada". Ella dejó la caja arriba de la mesa y fue a trabajar. El día 10 a la mañana comenzó el allanamiento en el escuadrón (N.d.R: en el marco de las primeras medidas para dar con Santiago Maldonado). Un agente de la Policía Federal les dijo a todos los que estaban en la base que no se podían retirar, que siguieran trabajando con normalidad. La testigo no estuvo todo el tiempo en que se realizó el operativo porque tuvo que retirarse  y el consultorio quedó a cargo de una enfermera. 

Según el relato de la mujer, al día siguiente se presentó nuevamente a trabajar y vio que en algunos sectores continuaba el allanamiento. Dijo que los efectivos de la Federal no habían entrado a la zona de odontología ni de fisioterapia, solo se habían abocado a la zona de los médicos. La enfermera le aseguró que éstos no habían visto la caja, pero le confesó que ella vio en su interior y que contenía una pistola, celulares y un par de trapos sucios. Ese mismo día se hizo presente la esposa de Escola y le pidió la caja. Luego dijo que el propio Escola la regañaría. "La increpó diciéndole que era poco inteligente, que cómo se le había ocurrido traer la caja al Escuadrón habiendo un allanamiento, que le había dicho que a esa caja había que guardarla bajo siete llaves", relató.

Los relatos de los gendarmes

Al momento de las preguntas, la testigo describió la caja como del tamaño de una de zapatos. La mujer relató también que pocos días después del allanamiento llegó al consultorio un sargento: "Estaba mal, le transpiraban las manos y le temblaba la voz. Le comentó que se sentía mal, que vio cosas que nunca antes había visto, que tenía miedo y que no sabía con quién hablar. Y le dijo que había material que no se llevaron, que no sabía qué hacer con ese material". Las personas que pasaron en esos días por su consultorio no iban a atenderse sino a hablar, "a contar situaciones muy puntuales". 

Uno de ellos fue B.F. que integraba el área de inteligencia y le manifestó que acababa de ordenar los paquetes que Escola le había dado, que eran todo tipo de pruebas. También le dijo que él tenía un sótano en la casa y que guardaba recuerditos de todos los jefes que habían pasado por el Escuadrón 36 de Esquel. En otro tramo de la declaración testimonial, la testigo dijo que el marido de la enfermera era también gendarme, trabaja en comunicaciones y que le había comentado que "había recibido un radio encriptado que decía qué hacer con el cuerpo". Es más, la testigo sostiene que la enfermera le aseguró que escuchó a Badié decir, en una reunión de jefes, que “este tipo (haciendo referencia Escola) lo mató, tenemos toda la prensa afuera, está todo un movimiento y yo me tengo que fumar esta situación”. 

En otro tramo de su testimonio la testigo citó a otro de sus pacientes, al que identificó como G.M., que le contó que "en su sección se sabía quién le quitó la vida a Santiago Maldonado", dijo y señaló a un tal "Ahumadita" que no identificó pero que afirmó que "se había mandado la cagada del siglo. Al parecer “Chuqui” (apodo con el que identificaba a Juan Pablo Escola) había dado la orden, y Ahumada la había ejecutado". En el testimonio se afirma que G.M. también decía que había un puesto de Gendarmería Nacional en la estancia Benetton y que a Santiago lo tenían ahí.

En su relato ante el fiscal Baquioni Zingaretti, la testigo señaló que "cuando uno hilvanaba los testimonios daban a entender que habían detenido a una persona, que la tenían en la estancia de Benetton, y que se lo tenía detenido para sacarle información sobre sus compañeros. Todos daban a entender que lo tenían detenido, que lo presionaban para sacarle información, que se les había ido la mano, que estaba Escola y que el que ejerce el disparo era Ahumada por orden de Escola". Al preguntarle si conocía en qué tiempo había ocurrido eso, dijo que "todo era separado, los primeros días le dijeron fue detenido, pasaron otros días e iban con el comentario de que había un muerto, fue cronológicamente hasta octubre, dejó de ser una persona detenida para ser fallecida". 

Y no era el único. Según la testigo, un gendarme del área de inteligencia le había dicho que había un cuerpo y que se había remplazado por otro cuerpo. Para el mes de octubre de 2017 estaba todo sabido.

La mujer también dijo ante el fiscal que se enteró que la habían comenzado a nombrar como la “zurdita” y que le advirtieron "que era una testigo clave porque estaba sabiendo mucho, que le tenían que cerrar la boca, y que se cuidara". A mediados de octubre de 2017 detectó seguimientos. Cuatro años más tarde se mudó de provincia y fue pasada a disponibilidad. También tomó la iniciativa de hacer la denuncia ante el Ministerio de Justicia, como víctima de violencia institucional, pero no la quisieron escuchar. Ante el peligro que implicaba el seguimiento de personal de Inteligencia de Gendarmería sobre la testigo, el fiscal dispuso que eso sea investigado y a la par gestionó que sea protegida por algún programa del Estado.

"Conecta todas las piezas"

Fuentes judiciales del caso explicaron a este diario que las condiciones en que surgió esta nueva testigo no responden a ninguna interna política sino a los tiempos de esa persona y a la seguridad de que tendrá protección por las consecuencias que pudieran producirse dado que está involucrando a una fuerza de seguridad del Estado. 

También la calificaron como verosímil dado que proviene del interior de esa fuerza y relata lo que vivió, vio y escuchó. Además, sus dichos encajan en el rompecabezas de declaraciones de los testigos mapuches, los primeros en señalar la responsabilidad de los gendarmes en la desaparición y muerte de Maldonado, y también coinciden con lo expresado en aquel momento por los periodistas Ricardo Bustos y Jorge Asís. Incluso, la existencia de una base informal de Gendarmería dentro del casco de la estancia de Benetton, en un artículo en Tiempo Argentino del 27 de agosto de 2017.

"El juez Lleral ya dijo que Gendarmería no tuvo nada que ver y cuando cerró la causa dijo que Santiago ingresó por propia voluntad a las heladas aguas del río Chubut y la muerte lo estaba esperando; romantizó una desaparición y un asesinato. Ahora aparece una persona que indica lo contrario, aporta datos específicos, nombres, apellidos, horarios", destacó Sergio Maldonado. "Hay operetas todo el tiempo, nunca dejo de escuchar todo. Pero esto trae tranquilidad y cuadra en todo el contexto, por eso es importante no separar las causas ni abrir por separado nuevas, debería unificarse en lo sucedido en agosto de 2017. Esta persona conecta todas las piezas", apuntó. 

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https://www.pagina12.com.ar/422679-santiago-maldonado-el-testimonio-que-conecta-todas-las-pieza

Acusan penalmente al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 03-08-20)

El Gobierno denunció a Pablo Noceti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado

Noceti dio las órdenes "ineficaces e ilegales" el día de la represión a la Pu Lof de Cushamen, cuando desapareció Maldonado, y luego los funcionarios armaron la "ingeniería jurídica de la impunidad", es la conclusión a la que llegó la investigación interna ordenada por la actual conducción del Ministerio de Seguridad. Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves de los jefes a cargo de los operativos Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola pero afirma que sobre ellos hay "cosa juzgada".

Por Adriana Meyer

"Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos", dicen que dijo Pablo Noceti cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Quien fuera la mano ultraderecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich nunca estuvo imputado pero ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera. Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al exjefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo. 

El equipo de la ministra de Seguridad Sabina Frederic llegó a la conclusión de que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. La denuncia presentada esta mañana por los abogados del Ministerio es contra Pablo Noceti, Gerardo Otero ex Director de Gendarmería y su segundo, Ernesto Oscar Robino ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina. Recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y los acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la gendarmería de 2017, y los procedimientos internos de la fuerza realizados en aquel momento, constituyeron una "ingeniería jurídica de la impunidad" destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, según indica la investigación ordenada por Frederic al inicio de su gestión. "El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional", indicaron desde la cartera.

El ministerio aclaró que "la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada". Al mismo tiempo destacó que "es diferente es la situación de la entonces conducción del Ministerio, es esta dimensión del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado la que ahora es objeto de denuncia ante los juzgados Federales, que deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.

Órdenes ineficaces e ilegales

La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, "atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”. 

Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”. 

La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó "un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016".

Desde el ministerio manifestaron que "tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos".

¿Libres de culpa?

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que "la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017".

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna "liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado". La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa "ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada". Y en tal sentido concluyó que:

* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.

* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.

* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, "además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados".

* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

* "Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza".

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola. 

A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último "por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes".

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Luis D'Elía sigue en libertad, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 22-02-19)

Luis D'Elía no será detenido. 

La Justicia le negó un recurso, pero no irá preso

Por Adriana Meyer


 "Es viernes, aumenta el dólar", responde el abogado del dirigente social Luis D'Elia consultado por Página/12 sobre las razones de la difusión de una noticia que acababa de desmentir. "No hay orden de detención", indica tajante Adrián Albor, representante legal del líder de la agrupación Miles por Tierra, Trabajo y Techo en varias causas, y niega el inminente encarcelamiento del referente kirchnerista por supuesta “instigación al delito”. D’Elía había sido condenado a tres años y nueve meses de prisión por los hechos ocurridos en la comisaría 24º durante una protesta por el asesinato del militante social Martín “Oso” Cisneros, ocurrida en La Boca, y al enterarse de la versión dijo que meterlo preso sería como "asesinarlo", por los problemas de salud que padece. En los hechos, la novedad en su situación procesal es que la Cámara de Casación rechazó un recurso de su defensa.

"Nos negaron un recurso, pero está firme desde diciembre que sigue en libertad hasta que se resuelva el incidente de prisión domiciliaria", resumió Albor en diálogo con este diario. La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, rechazó una presentación de la defensa de Luis Ángel D´Elía contra la condena a tres años y nueve meses de prisión dictada a su respecto por instigación a cometer delitos, tal como lo establece el artículo 209 del Código Penal. "Asimismo, ordenó devolver las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 para que se cumpla de inmediato la pena impuesta", resumió el CIJ (Centro de Información Judicial). En la causa se investigaron hechos ocurridos en la toma de aquel destacamento policial del 25 de junio de 2004, protagonizados por unas cincuenta personas, integrantes del Comedor Los Pibes. Un testigo había visto al asesino –-Juan Carlos Duarte, un narco del barrio-– disparar contra Martín Cisneros, y a pesar de que la policía fue informada sobre el autor del crimen, y de que le indicaron incluso dónde estaba escondido, las horas pasaron sin que fuera arrestado. En la organización social siempre creyeron además que Duarte tuvo una zona liberada para actuar. 


Para D'Elia los informes sobre su salud son contundentes. "Montaron un show que no tiene asidero, donde se perjudica permanentemente a todos los que somos opositores en Argentina, todo esto es a propósito, hoy estaba todo montado para meter presa a Florencia (Kirchner) y como no pudieron porque las declaraciones no daban se montaron conmigo, eso no puede ser", dijo el dirigente. "Tenemos que vivir todos los días estos operativos como si la justicia fuera una unidad básica de ellos, la tienen que cortar", agregó.

Sobre la toma de la comisaría en 2004, D'Elia recordó de Martín Cisneros fue asesinado de siete balazos, "el asesino Juan Carlos Duarte, que sigue vendiendo droga para la comisaría 24, está en libertad, y los que encabezamos la protesta hace quince años tenemos que ir presos". También cuestionó que la causa no haya prescripto después de quince años. "Prescribió para cuarenta personas menos para mí, después dicen que no hay política", se quejó.

"Acá persiguen a los que somos opositores a este régimen oligárquico, pro norteamericano, esta Argentina que nos duele tanto y nos toca vivir en el régimen macrista. Soy de carácter fuerte pero tengo el corazón al 70 por ciento, tres by pass, soy insulinodependiente, pero si es necesario moriremos peleando en la trinchera, rendirse nunca, retroceder jamás", manifestó en declaraciones periodísticas. "Se me persigue por mi filiacion kirchnerista, por mi ideología. Y le digo a Macri que el que mal anda, mal acaba, yo en cambio voy a terminar bien, no busco dañar ni la vida, ni la libertad, ni los bienes de nadie", agregó.

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https://www.pagina12.com.ar/176645-luis-d-elia-sigue-en-libertad

Un PROvocador apto para todo servicio, por Adriana Meyer (por "Página 12" del 10-03-17)

 Ignacio Montagut con la bandera del Vaticano en la Plaza de Mayo, tras la marcha del 8M. 

EL JOVEN QUE ENFRENTÓ A LAS MUJERES EN EL 8M ES MILITANTE MACRISTA E INTEGRÓ UN PARTIDO NEONAZI

Tras la marcha del 8M, apareció frente a la Catedral con una bandera del Vaticano y se lanzó a provocar. Es cercano a Patricia Bullrich, militó en la neonazi Bandera Vecinal y participó en timbreos de campaña para Cambiemos.



Por Adriana Meyer

Las imágenes lo mostraban como un joven indefenso que pretendía hacer un solitario acto de desa- gravio a la fe cristiana frente a la Catedral metropolitana, cuando la feminista voz de Liliana Daunes ya había leído el documento de cierre del masivo acto y paro internacional de mujeres, mientras un grupo de manifestantes exaltadas quería impedírselo y correrlo del lugar. Sin embargo, el muchacho que mostró la televisión agitando la bandera del Vaticano cuando las mujeres pintaban sus habituales consignas contra la Iglesia Católica y a favor del aborto no habría llegado en ese momento por casualidad o devoción religiosa. Ignacio Agustín Montagut integra el equipo de comunicación del joven PRO Yamil Santoro, el coordinador de Emprendimientos Sociales Inclusivos del Gobierno de la CABA, según publicó el propio funcionario macrista en su cuenta de la red Instagram. Además, Montagut supo revistar en las filas de Bandera Vecinal, el partido de Alejandro Biondini, y trabajó en el partido que creó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Unión por Todos, como asesor en comunicación.

Más específicamente, el propio Montagut expone en su perfil en LinkedIn que fue “parte del equipo de Comunicación, coordinador de la producción gráfica y la disposición de la información correspondientes a la Secretaría de Formación” de esa agrupación entre octubre de 2016 y febrero de este año.

Junto a su militancia en la organización neonazi de Biondini, y sus vínculos con la alianza oficialista Cambiemos, este “activista” de peinado con jopo dice ser estudiante de la UADE y se define a sí mismo como “católico y liberal”. Y participó de los timbreos con la agrupación Convocar en julio de 2016, haciendo campaña a favor de Cambiemos, como queda en evidencia en la foto publicada por esa ONG en la red Twitter, donde aparece junto al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y al titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

“Esto no ocurrió de casualidad, estuvo preparado por funcionarios del Gobierno nacional”, denunció el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), sobre el episodio frente a la Catedral y la posterior razzia policial. Fue durante la conferencia de prensa del Colectivo NiUnaenos que Verbitsky señaló al joven que desplegó la bandera del Vaticano como “empleado de Patricia Bullrich y miembro de Bandera Vecinal”.

El activismo de Montagut no se limita a sus participaciones partidarias, también agita en las redes sociales con información de primera mano policial, como cuando publicó la foto y el nombre de la joven que pintó con témpera un patrullero, tras la manifestación denominada “tetazo” en repudio a la intimidación de uniformados a mujeres que hicieron topless en Necochea. “Es ésta, le gusta vandalizar la propiedad pública, se caga en la policía que te protege, en los impuestos que pagás y en vos. Es una cobarde que hace destrozos con las tetas descubiertas pero la cara tapada, es una delincuente, no dejes que se salga con la suya”, instó el 8 de febrero en su cuenta de Facebook, donde se presenta como “amigo de la gorra”. Ayer en su muro recibía más de mil comentarios en el posteo “eso es violencia” en alusión a los incidentes de la Catedral. Allí sus amigos, entre quienes hay alguien que dice llamarse Clara Petacci como la amante de Benito Mussollini, polemizaron toda la jornada con hombres y mujeres indignados por el prontuario de Montagut, a quien coincidían en calificar como provocador. “Stop feminazis” o “Papá no mates a mamá porque sino nadie va a cocinar”, eran algunas de las frases de los adherentes a Montagut, mientras que quienes lo atacaban lo insultaban y le decían “nazi y facho”. Para mostrar su apoyo también linkearon un video de Youtube titulado “joven héroe contras las hordas del lesbianismo”.

Montagut ostenta haber realizado un seminario sobre pensadores de la libertad” en la Fundación Atlas, un think tank de ultraderecha que promueve el “liberalismo, la economía de mercado y la propiedad privada, y que cobró notoriedad haciendo campaña contra Raúl Zaffaroni.

El historial de provocaciones de Montagut incluye haber sido uno de los impulsores del fallido “chotazo”, en contrapartida al “tetazo”, con otro “referente” del machismo local, acusado de abuso sexual.

La conexión del Gobierno de Mauricio Macri con Bandera Vecinal también registra antecedentes. En julio de 2016 Peter Robledo llevó a un acto en la Rosada a jóvenes neonazis de esa agrupación, aunque esto luego fue desmentido por el joven PRO, quien dijo que los miembros del partido de Biondini “se filtraron” en Casa de Gobierno. Bandera Vecinal reafirmó que fueron invitados.

“Monta”, como le dicen sus seguidores, afirma haber ido a la Catedral para “expresar mi posición, mi fe y mis valores, sin que me digan ´militante de Facebook´, y en el momento y lugar justos en los que realmente tendría relevancia”. Este “buen cristiano” tiene demasiadas conexiones con el oficialismo como para que sus nobles intenciones sean creíbles.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/24858-un-pr-ovocador-todo-servicio

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En busca de los libros de SUMA, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 08-09-16)

ORDENARON SECUESTRAR LOS LIBROS CONTABLES DE LA FUNDACION DE MICHETTI

La Justicia puso primera en la causa que investiga el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti. El juez federal Ariel Lijo ordenó, en el marco de una serie de medidas de prueba, secuestrar los libros de la fundación SUMA, que preside Michetti, porque detectó que recibió donaciones por 4 millones de pesos. Pero los funcionarios judiciales no pudieron acceder a los registros contables porque no se encontraban en el lugar. Además, el magistrado requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que, “con carácter de urgente, comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero con relación a la actividad financiera” de esa fundación. Y también solicitó el levantamiento del secreto bancario sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad o transferencias que haya realizado, según consta en las órdenes a las que accedió Página/12.

Estas iniciativas indicarían que el magistrado está dispuesto a profundizar, aunque las fuentes consultadas fueron cautas. “Veremos si mantiene este rumbo pero igualmente todo puede terminar en un delito simple, como omisión maliciosa, que tiene una pena de 15 días a 2 años, o terminar siendo lavado de dinero, que lleva pena de prisión, como le fue aplicada a Lázaro Báez”, graficó la fuente.

Durante el procedimiento, voceros de la fundación explicaron a los funcionarios judiciales que los libros contables estaban bajo la custodia del contador y se comprometieron a llevarlos hoy a primera hora al juzgado. “Vinieron con una orden, sacaron fotos, recavaron datos y elaboraron un informe, estamos a disposición de la justicia, hay un contador, un abogado y nuestra directora Ejecutiva trabajando en el tema”, informaron fuentes de la fundación. Los investigadores señalaron que esto es irregular, porque queda abierta la posibilidad de que hoy entreguen la documentación pero habiendo tenido la oportunidad de alterar su contenido. “Sería una más de las tantas irregularidades de esa fundación, que nunca presentó balances y es un sello de goma, un lugar para lavar dinero de la campaña”, comentaron fuentes del caso.

El juez Lijo recibió, además, una serie de declaraciones juradas que le proveyó la AFIP de las que se desprende que la fundación SUMA recibió 4 millones 100 mil pesos en donaciones durante el 2015 por lo que ahora intentará determinar si fueron movimientos bancarizados.

La investigación se inició luego de que el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandié denunciaron a la vicepresidenta con el objetivo de que se indague sobre el origen del dinero que le fue robado en noviembre. El robo ocurrió la noche en la que se consagró vicepresidenta cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa, y por el hecho fue procesado y enviado a juicio David Cruzado, un policía de su custodia. Michetti afirmó que, de lo robado, 200 mil pesos que estaban en una bolsa de cartón provenían de donaciones a la Fundación SUMA, que 45 mil eran para el pago de refacciones en la vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestría de su hijo.

En las próximas horas Lijo pedirá las declaraciones juradas de la pareja de la vicepresidenta para determinar si el relato de la funcionaria se condice con los bienes y activos declarados por Tonelli Banfi.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-308910-2016-09-08.html

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Camino a la incomunicación de Milagro Sala, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 13-08-16)

A SIETE MESES DE SU DETENCION, LA LIDER DE LA TUPAC AMARU INICIO UNA HUELGA DE HAMBRE

Sin notificarles los motivos ni a ella ni a su defensa, en la cárcel de Alto Comedero ordenaron la restricción de visitas a Sala. La Tupac presentó un hábeas corpus y responsabilizó al gobernador Morales por “el castigo”.

 Por Adriana Meyer

“Mi mamá está sancionada, la pusieron en una celda de castigo. Empezó con una medida de fuerza que es no comer ni tomar medicamentos porque le quieren restringir las visitas, solamente quieren que la veamos jueves y viernes una hora, ella no acepta eso y va a seguir con la medida hasta que se levante su sanción. Está mal, no entiende todo esto, ahora la pasaron a su pieza”. La que habla, con voz firme aunque angustiada, es Claudia Chorolque, hija de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida en el penal de Alto Comedero desde enero y ahora incomunicada. Esta medida, que no fue notificada ni a la dirigente ni a sus abogados, motivó que Sala iniciara una huelga de hambre en protesta. Mientras en Jujuy intentan revertir la situación mediante un habeas corpus, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala hicieron “directamente responsable de esta medida al Poder Ejecutivo provincial a cargo del contador Gerardo Morales” y exigieron “la inmediata suspensión del castigo que agrava las condiciones de detención de la dirigente social”.

La decisión de mantener incomunicada a la diputada del Parlasur es un escalón más en un creciente e inusitado ensañamiento por parte de los poderes político y judicial jujeños respecto de esta agrupación, al mismo tiempo que el gobierno de Morales profundiza una escalada criminalizadora de la protesta y en contra de derechos elementales en la provincia, en particular contra la Tupac, los obreros azucareros y los estatales, entre otros afectados.

La “sanción” no fue notificada lo cual implica la negación del legítimo derecho a su defensa. Desde la Tupac Amaru y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, exigieron que en forma inmediata se suspenda la medida e hicieron directamente responsables a Morales y a su ministro de Seguridad, Ekel Meyer por el castigo contra la dirigente social.

En tanto, el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Víctor Carlos Morales, dijo que la medida consistía en un “aislamiento” de diez días por “inconducta” y que Sala permanecerá durante ese lapso “sola en una celda con todas las comodidades que le corresponden a una interna”, y sólo podrá “recibir la visita de los familiares directos” pero “está privada de las visitas multitudinarias que solía recibir, que alcanzaban a las 30 personas”. En realidad, la familia sólo podría verla en los días de la semana que mencionó su hija Claudia, y además la decisión de castigarla ayer de cara a un feriado largo dejó con poco margen de maniobra para que su defensa pueda revertir la sanción.

Respecto de la huelga de hambre, el jefe penitenciario dijo que “una medida de este tipo se debe formalizar a través de un escrito, lo que aún no sucedió”. Lo que tampoco sucedió, contrariamente a lo que afirmó el funcionario, es la correspondiente notificación de la sanción a Sala.

Su abogado defensor Luis Paz había presentado un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención. Luego de haber denunciado públicamente las condiciones inhumanas en que está presa y de la presentación de un habeas corpus colectivo, después de tres meses en los que las internas se bañaron con agua fría en pleno invierno, las autoridades del penal accedieron a colocar un calefón y a permitir el ingreso de ropa de abrigo. Hace pocas semanas, Sala fue trasladada a una celda de un tamaño no superior a 2 metros por tres.
El equipo de abogados pudo saber, a nivel extraoficial por fuentes del penal de Alto Comedero, que “la sanción se debe a reiterados sumarios por mala conducta”. Sin embargo, desde la defensa de Sala, indicaron que un sumario no es una sanción.
La líder de la Tupac Amaru comentó a sus visitas en reiteradas oportunidades sobre el inicio de estos informes negativos por parte de la guardia, por ejemplo, por defender a otras internas cuando eran llevadas a la celda de castigo, conocidas como “chanchos”. De hecho, tras la denuncia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional sobre la existencia de esas celdas en Villa Devoto, el Servicio Penitenciario las clausuró, porque incumplen las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas respecto a las condiciones de detención.

En relación a los informes contra Sala, sus letrados destacaron que son elaborados sin posibilidad del interno de defenderse frente a lo establecido por las celadoras. En este sentido, denunciaron “el permanente hostigamiento a los 11 presos políticos por orden del contador Gerardo Morales”, que “se traduce en sanciones ilegítimas y arbitrarias como la aplicada en este caso a Milagro”.

La dirigente fue detenida el 16 de enero acusada de “instigación” de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la casa de Gobierno de Jujuy, y aunque en esa causa fue excarcelada nunca recuperó la libertad ya que a partir de ese momento se acumularon otros procesos en su contra. En uno de esos expedientes, Sala está imputada por fraude y asociación ilícita para desviar fondos destinados a la construcción de viviendas por parte de algunas de las cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales impulsada por la Tupac. La mayoría de estos casos fueron abiertos por denuncias del gobernador Morales; del fiscal de Estado, Mariano Miranda y de ex compañeros de Sala imputados en algunas de esas causas, como Jorge Rafael Páez, sobreseído por el juez Pablo Pullen Llermanos. En relación a este caso, El Tribuno informó que fue baleada la vivienda de Alberto “Beto” Cardozo, dirigente de la organización Tekuré detenido por su presunta participación en un tiroteo de 2007, causa en la que Pullen Llermanos imputó en abril a Sala por “homicidio en grado de tentativa”. Sin embargo, la esposa de Cardozo, Analía Tolaba, dijo que “desde que liberaron a Jorge Paéz sufrimos hechos intimidatorios, es un apriete para que ‘Beto’ declare en contra de Milagro Sala” y responsabilizó por los mismos al juez Pullen Llermanos y al gobernador Morales.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306789-2016-08-13.html

“Sólo en dictadura”, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 15-12-15)

EL ANALISIS DE ESPECIALISTAS


Entre estupor e indignación mostraron los expertos consultados por Página/12 sobre la decisión de Mauricio Macri de designar por decreto a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Sólo hay dos alternativas, busca armar un escándalo para luego negociar con el Senado las aprobaciones o, si no, estamos ante una locura institucional total”, expresó Sergio Wischñevsky, historiador y profesor universitario. Aunque el mecanismo elegido por el nuevo gobierno figura en la Constitución, es la primera vez que lo aplica un gobierno elegido en forma democrática. En cambio, hay varios casos bajo dictaduras.

“Esto no tiene antecedentes, citan al gobierno de Bartolomé Mitre pero es falso, los cuatro jueces que designó para integrar lo que fue la primera Corte Suprema asumieron después de su confirmación por parte del Senado, que el 18 de octubre de 1862 prestó acuerdo”, detalló Wischñevsky en diálogo con este diario. “El presidente Juan Domingo Perón puso en comisión a todos los jueces pero para que el Senado aprobara uno por uno, los únicos gobiernos que integraron la Corte por decreto fueron las dictaduras, por eso esta situación es inédita”, precisó. La Corte Suprema posee un mecanismo interno para designar jueces suplentes por sorteo, pero sobre candidatos posibles establecidos previamente, y, en todo caso, se trata de un dispositivo del Poder Judicial nunca del Ejecutivo. “Este problema ya existió cuando eran siete miembros, y ya entonces Ricardo Lorenzetti decía que no nombren nuevos jueces porque así podían trabajar igual. En realidad de lo que se trata es de que una Corte Suprema tiene que tener coherencia de criterio, no se la puede integrar de cualquier manera”, opinó Wischñevsky.

Desde el punto de vista histórico, recordó que “el presidente Arturo Frondizi también llamó a comisión a los jueces, que significa ponerlos entre signos de pregunta hasta que el Senado los vuelva a ratificar”. Sin excepciones todos los presidentes intentaron modificar la conformación del máximo tribunal, incluso Arturo Illia, salvo que el radical no lo logró. Por definición, entonces, los jueces en comisión “no ejercen, y cualquier decisión que tomen será considerada inválida, no tienen legitimidad de origen, es gravísimo”, expresó el historiador. “Creo que sería muy raro que este terrible mamarracho prospere, parece más una amenaza para luego negociar con el Senado”, dijo Wishñevsky.

El jurista Eduardo Barcesat admitió que el mecanismo “está previsto en la Constitución pero no es lo que establece la ley regulatoria, que fija un período de publicación previa de antecedentes y la intervención de la sociedad civil. Macri sigue la misma política de hechos consumados como hizo con el DNU que cambió la Ley de Ministerios, en lugar de llamar a sesiones extraordinarias y mandar los pliegos una vez cumplido ese período”. Para el diputado Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FpV, “Macri debe dar marcha atrás porque está arrasando con la Constitución”, y se preguntó “¿Qué quieren sacar durante el receso de verano, qué favores necesitan?”.

Arriba: Hay realidades que superan a la ficción... México puede cambiar... Argentina también...

PUBLICADO EN:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288292-2015-12-15.html

“No existe una sola prueba”, por Adriana Meyer (para "Página 12" del 20-03-15)

 Imagen: Luciana Granovsky & EFE.

EL PEDIDO DE LARROQUE Y TIMERMAN A LA CAMARA

“No existe una sola prueba”

Por Adriana Meyer

“No existe una sola prueba, un solo indicio que conduzca a sostener la hipótesis fiscal, ciertamente agraviante y mortificante, de que Héctor Timerman haya siquiera instigado o preparado el camino tendiente a la configuración de un encubrimiento en el atentado a la AMIA.” Con esta frase cerraron su escrito en representación del canciller los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, quienes junto a la ex jueza Lucila Larrandart, abogada del diputado nacional Andrés Larroque (FpV), pidieron a la Cámara Federal que confirme la desestimación de la denuncia del fallecido Alberto Nisman. Ese fiscal los había acusado –así como a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner– de encubrir a los sospechosos de haber perpetrado el atentado contra la mutual judía. Peñafort y Rúa calificaron la imputación de Nisman como “temeraria” y endeble como un “castillo de naipes”.
Fue muy temprano que solicitaron la ratificación del fallo del juez federal Daniel Rafecas, junto a los demás imputados: el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; los dirigentes Jorge Khalil y Luis D’Elía y el ex juez Héctor Yrimia, además del presunto agente Ramón “Allan” Bogado, todos mencionados en la denuncia de Nisman.
“El escrito llamado ‘denuncia’ presentado por el fiscal Nisman tiene una historia de fracasos desde sus comienzos”, expuso Larrandart ante los jueces que integran la Sala I de la Cámara, a cargo de la intervención en el recurso de apelación contra el fallo de Rafecas.
Timerman, a través de Peñafort y Rúa, explicó en su escrito de 40 carillas las razones para la celebración del Memorándum de Entendimiento firmado con las autoridades iraníes. Los abogados del canciller señalaron que ese documento que creaba una Comisión de la Verdad –que Nisman intentó mostrar como una actividad para favorecer a los imputados en la causa– fue la “opción” a numerosas tratativas anteriores que no habían logrado avances. “En el texto del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso, ni que contemple la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral.” Y destacaron que “tanto las autoridades del gobierno argentino como las del organismo internacional tuvieron en claro que el status de las notificaciones rojas –órdenes de captura de iraníes implicados en la causa sobre el atentado– permanecería inmodificable”. En coincidencia con el enfoque que tuvo el juez Rafecas, los abogados que representan a Timerman marcaron el carácter “temerario” de la acusación, a la que compararon con “un castillo de naipes”, sin “ninguna prueba”.
En tanto, la abogada de Larroque calificó de “magnífica” la resolución de Rafecas que desestimó la denuncia impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y ponderó la parte del fallo que descartó que el encuentro entre cancilleres de Argentina e Irán para firmar el Memorándum fuera el punto de partida de un plan de impunidad. “¿Con qué sustento (Nisman) presenta una denuncia de tal gravedad y presupone una finalidad delictiva en el ejercicio de un acto de gobierno?”, inquirió Larrandart en su escrito. La defensora recalcó que del expediente no surge “ninguna conducta concreta” delictiva de Larroque, “excepto que la cercanía o relación que un diputado pudiera tener con la Presidenta pueda dar sustento a sospechar que comete un ilícito”. La jurista concluyó que “toda la denuncia consiste en una serie de repeticiones, suposiciones y afirmaciones del fiscal sin sustento alguno”, por lo que pidió a la Sala I de la Cámara que rechace la apelación “sin más trámite".

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268596-2015-03-20.html

ALEJANDRO SLOKAR: "EL FALLO NO CLAUSURA EL DEBATE", por Adriana Meyer (para "Página 12" del 23-06-13)

EL JUEZ ALEJANDRO SLOKAR HABLA DE LA DECISION DE LA CORTE ACERCA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

 

El magistrado, integrante de la Cámara de Casación y uno de los referentes de “Justicia legítima”, asegura que la Corte podría haber hecho sugerencias sobre la reforma judicial, pero que “lo único que le importó fue la caja”.

 

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 Por Adriana Meyer

 

“La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo”, es la conclusión a la que llegó el jurista Alejandro Slokar sobre la declaración de inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura. En diálogo con Página/12, el juez de la Cámara de Casación y miembro de “Justicia legítima” afirmó que la posibilidad de modificar el Consejo y de elegir con el voto popular a sus integrantes “es un debate clausurado” por la reciente decisión del máximo tribunal, que sólo podría revertirse con una reforma de la Constitución. Sin embargo, Slokar enfatiza que “la ruptura adentro del Poder Judicial está planteada, y aunque no será inmediata es una transformación, casi un choque cultural, que no se detiene más”.

–¿Cuál es el destino de la reforma del Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema?
–Acá está en juego la relación del Poder Judicial con la sociedad y con el poder político. La sociedad lo ve como un poder no igualitario, autoritario, con privilegios, como estar eximido del pago del Impuesto a las Ganancias, y poco abierto a escuchar. En ese contexto, el fallo no contribuye a achicar ese aislamiento, va en contra de una democracia expansiva, y revela una vocación contrademocrática. Al interior del Poder Judicial pone en evidencia la fractura que existe, no sólo dentro de la propia Corte, sino también dentro de ese propio poder. Y pone en evidencia la pérdida del liderazgo de la Corte para las transformaciones en el orden interno. La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo, pero también marca un quiebre. No quiero hablar de fin de ciclo, pero sí de otro punto de análisis de la apreciación que se tenía desde afuera respecto de la capacidad de la Corte de liderar esas transformaciones. Lo que llama a la reflexión es que durante todo el proceso legislativo hubo un diálogo interpoderes, y la Corte sólo reaccionó para recuperar los fondos y administración de esos fondos, pero nunca puso en consideración la posibilidad de algún ajuste que diera lugar a un cambio de lo que se modifica en las leyes, por ejemplo, respecto de la conformación de la Magistratura. No hay gestos, no hay apertura en favor a alguna transformación. Lo único que les preocupó fue el control de la caja.
–¿Era una ocasión para que el Poder Judicial aportara su impronta al cambio?
–En un diálogo interinstitucional de poderes, en una relación seria, era el momento para ofrecer una opción superadora, si acaso esto era decididamente inconstitucional. No lo hicieron, lo único que hicieron fue recuperar la caja. El fallo no evaluó la implicancia institucional de lo que estaba en juego, o si se evaluó, optaron por mantener este estado de cosas donde nada cambia, todo se consolida y parece que la Justicia funcionara fantásticamente.
–Entonces, ¿el debate sobre el Consejo quedó clausurado?
–El debate quedó clausurado con la decisión de la Corte, al menos desde el punto de vista interno tal como había sido pensada la reforma. El Judicial pudo haber ofrecido alternativas posibles y no lo hizo. Hay reformas que están vigentes que lamentablemente no se materializan, no entiendo por qué no se hizo efectivo hasta ahora el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, falta la reglamentación de la Corte a una ley vigente. Las designaciones siguen siendo a dedo y sin concurso. Otros aspectos tienen que ver con la transparencia en las declaraciones juradas patrimoniales, y aún en eso hay demoras. Fíjese lo que revelan las formas y los modos: esto se resolvió en tiempo record. No hubo audiencias públicas como se implementan en otras causas, no hubo apertura en favor de la incorporación de los amicus curiae, frente a un tema trascendente porque está en juego la condición democrática de un Poder Judicial, que es el derecho a sufragio. En Brasil se transmiten las deliberaciones del Tribunal por un canal de televisión, debaten de cara al público. Si no querés la reforma del sufragio, al menos consolidá hacia adentro algunas formas democráticas que impliquen una modificación del estado de cosas.
–Si el debate está cerrado, ¿por qué la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama a dar la gran batalla por la reforma judicial?
–En los otros aspectos sólo puede haber un retroceso en un caso concreto de algún expediente que alguien plantee en Casación, que la creación de una nueva instancia produce una afectación al derecho a un juicio en los plazos razonables. Y que la Corte termine transformando eso en un caso. Lo mismo respecto de las cautelares, donde tenés que tener un caso para que se expidan si es inconstitucional o no. Pero en relación con la modificación del Consejo y con el sufragio universal de los integrantes ya está zanjado, lo único que cabe es cambiar la Constitución.
–¿No se estará refiriendo a eso la Presidenta?
–No lo creo, porque en su discurso aclaró que lo que enviaba era constitucionalmente posible, sin necesidad de modificar la Constitución. El valor de la disidencia en este fallo es que se trató de un constituyente que fue parte de la redacción del artículo 114, que creó el Consejo. Siete jueces le dicen a él que el planteo es inconstitucional. Algo hace ruido ahí. Rescato el valor de la disidencia porque dice “a mí no me gusta pero no puedo decir que todo lo que no me gusta sea inconstitucional”. La mayoría le dice que sí, él con razón replica que no, que como redactor del 114 sabe lo que representa y el debate que lo precedió. El otro punto de vista tiene que ver con el problema propio de la declaración de inconstitucionalidad, que es un recurso extremo, sólo se da cuando es evidente la colisión con la Constitución, por eso Zaffaroni salió a decir “tengamos cuidado”. Me parece que banalizar la declaración de inconstitucionalidad es un problema, porque por más que los ministros digan que tienen las facultades para hacerlo, la banalizan cuando la aplican a un caso como éste, que comprometen al propio cuerpo. Para fundar su facultad invocaron el antecedente de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y nadie puede trazar un parangón entre eso y esta ley, porque hacerlo implica bastardear toda la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. En el plano local eso está clausurado, el reclamo internacional no tiene sentido para producir consecuencias en lo inmediato. No queda otro camino que desafiar todo esto con una reforma constitucional, que dependerá de coyunturas electorales con resultados que deben superar el 60 por ciento, con el tema del tercer senador. Es una cuenta que debe hacer un político.
–Así las cosas, la fiscalización de la elección de los miembros del Consejo seguirá en manos de la Asociación de Magistrados.
–Sí, pero se ha producido un cisma, hay un antes y un después que ya se venía insinuando. Hay sectores que seguirán conservando su poder, la elección se va a plantear dentro del diseño actual, que habilita que sólo la Asociación de Magistrados tiene la facultad y el poder de fiscalización. Es un reglamento que dictó el Consejo. Se debería modificar por otro reglamento, pero como eso es poco probable, quizá haya algún amparo que lo propicie. Quedan puntos de tensión, hay una disposición final en la ley del Consejo que dice que la Corte y la jefatura de Gabinete tienen que reglamentar la ley respecto del manejo presupuestario. Esta co-reglamentación es un escenario complicado a la hora de sentarse en un diálogo interpoder.
–¿Es acertada la estrategia de la Presidenta de confrontar tan abiertamente con la Corte?
–Sí, definitivamente. Porque se da un escenario como el de la Resolución 125 (de las retenciones agropecuarias) donde la tensión entre el poder político y corporación es evidente y esto va a llevar a redoblar la apuesta. Adentro del Poder Judicial está planteada una ruptura evidente, la transformación no será inmediata, pero no se detiene jamás. Es casi un choque cultural en términos de entender el derecho, del control de constitucionalidad, de la relación con la sociedad.
–¿La familia judicial entró en crisis, dejó de ser intocable?
–Claro, y eso cambió por la presión del afuera, si no la tuvieras enfrente a Estela de Carlotto, a Susana Trimarco, a Pablo Ferreyra la situación sería distinta, más allá del diseño y la estrategia política del Poder Ejecutivo. Desde el adentro esto no tiene retorno. Hay un punto en que más allá de las relaciones puntuales que se dieron ahora, a la larga el escenario es de reforma. Lo otro es aceptar definitivamente que el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular del Consejo de la Magistratura es óptimo, lo cual es moralmente inaceptable.
–En este contexto, ¿cómo evalúa las amenazas que el ministro Juan Carlos Maqueda denunció haber recibido por parte de La Cámpora?
–No sé qué entidad tuvo el episodio, si fue un grupo de personas o si se trata de un transeúnte que envuelto en una camiseta de La Cámpora le inquirió acerca de lo que iba a votar. Desde la función publica uno tiene que tener la capacidad de soportar hasta ese tipo de presiones. La situación que vivió (Axel) Kicillof en Buquebús, nadie la comparó, pero lo que para un sector fue un escándalo, para el otro era válido. Es condición del funcionario resistir a ese tipo de presiones. Además, estamos muy lejos del escenario que dejó la crisis del 2001, cuando los caceroleros se desplazaban hasta la casa de (Antonio) Boggiano y a la de (Julio) Nazareno, reclamándoles la renuncia. La pancarta decía “menú justicia, hoy suprema a la cacerola”. Tampoco creo que, como algunos suponen, el fallo de la Corte vaya a dar lugar a una caza de brujas hacia adentro respecto de quienes piensan diferente de lo que votó la mayoría. Esto es así porque el Poder Judicial hoy es algo heterogéneo, con infinidad de variantes y actores, y hay que respetar el margen de diferencias internas. El fallo no clausura el debate interno en el Poder Judicial.
–¿En cuánto cambia la modificación del número de miembros del Consejo la eficiencia o independencia del organismo?
–La historia del cuerpo demuestra que no cambió nada, que el número de integrantes no garantiza nada, que las mayorías se conforman según las circunstancias. Pero no siempre responden al Poder Ejecutivo, hoy el Consejo está bloqueado por la corporación judicial. Y así no puede funcionar, los sectores corporativos se suman a la oposición. Lo que define la tendencia es la política de alianzas y los entramados que se conforman.
–¿Y acaso el sistema electoral hubiera garantizado que el votante eligiera a conciencia a su representante en el Consejo?
–Eso es otra cuestión. Acá lo valioso es el protagonismo y la participación ciudadana en todos los estamentos de gobierno. La Constitución dejó abierta la posibilidad del voto popular para la elección de los diferentes estamentos del Consejo. La Corte pudo haber evitado la confrontación con la corporación, pero habilitar al menos el sufragio para los cargos de científicos y académicos, pero tampoco abrió esa puerta. Hubo la vocación de estrellarse, de confrontar. Lo que sí es cierto es que el tema no mueve la aguja del interés electoral. No hubo un trabajo previo en la sociedad para la búsqueda de consenso como se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esto sigue, el debate político no se clausura con esta sentencia porque la fractura está planteada.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-222899-2013-06-23.html