María Fernanda Silva será la nueva embajadora argentina en el Vaticano, por Washington Uranga (para "Página 12" del 30-01-20)

Es la primera mujer afrodescendiente incorporada al servicio exterior

Es diplomática de carrera y será la primera mujer al frente de la embajada ante la Santa Sede.

Por Washington Uranga

Poco antes de que el presidente Alberto Fernández inicie su viaje a Europa, que tendrá su primera escala en el Vaticano para un encuentro personal con el papa Francisco, trascendió en Buenos Aires que María Fernanda Silva, diplomática de carrera, la primera mujer argentina afrodescendiente incorporada al servicio exterior del país, será la persona propuesta para ocupar la embajada de nuestro país ante la Santa Sede. El pliego de Silva será presentado en las próximas horas en la Nunciatura Apostólica para recibir el placet correspondiente.

De esta manera se dejan de lado todas las especulaciones respecto de que el presidente Fernández consultaría con el Papa acerca del nombre del o la representante de Argentina ante el Vaticano, algo que nunca estuvo previsto ni en el procedimiento ni en el temario de la agenda con Francisco.

De confirmarse la designación, María Fernanda Silva será la primera mujer en ocupar la titularidad de la embajada argentina ante el Vaticano, un lugar que ya conoce porque fue la segunda en esa delegación hasta el 2015.

María Fernanda Silva es católica, la primera afrodescendiente en el servicio exterior argentino al que ingresó hace tres décadas. Entre otros destinos acompañó también a Alicia Castro cuando la dirigente política estuvo al frente de la embajada en Venezuela, y fue ministra de la embajada en Ecuador, país en el que también cumplió funciones ante la secretaría de UNASUR.

Entre los criterios que habrían llevado a la cancillería a proponer su nombre, además de tomar en cuenta la paridad de género que se ha impuesto como línea de trabajo para todo el gobierno, se consideró también que Silva se destaca por su militancia en las vertientes populares del catolicismo y por su defensa de los derechos de los migrantes, una de las banderas del papa Francisco desde que asumió su pontificado.

María Fernanda Silva es descendiente de caboverdianos por parte de padre y madre. Estaba casada y tuvo una hija, pero su matrimonio obtuvo una nulidad canónica por parte de la Iglesia Católica debido a que quien fue su esposo decidió inclinarse por el sacerdocio. Siendo obispo de Buenos Aires, el propio Jorge Bergoglio acompañó el proceso que culminó con la declaración de nulidad matrimonial para la pareja, que actuó de común acuerdo en el tema, y la ordenación sacerdotal del varón. Según el derecho canónico, la ley eclesiástica, la mujer es soltera.

Debido a la intervención que Bergoglio tuvo en el proceso eclesiástico legal y al acompañamiento que hizo de la pareja, y por las funciones anteriores de Silva en la Santa Sede, Francisco conoce personalmente a quien sería la nueva embajadora argentina ante el Vaticano.

Con la designación de la nueva embajadora se estaría cerrando un capítulo que aparejó algunos debates en el interior del propio gobierno, a partir del trascendido inicial del nombre de Luis Bellando como representante argentino ante la Santa Sede. La propuesta había recibido objeciones de diversa índole, incluso algunas adjudicadas a la Iglesia, algo que fue directamente desmentido por las fuentes eclesiásticas que señalaron que dicha postulación ni siquiera llegó a considerarse.

Otro de los nombres que se había barajado y que ahora parece finalmente descartado fue el de María del Carmen Squeff, una diplomática de carrera, embajadora ante Francia desde febrero de 2014 hasta principios de 2016, cuando fue relevada por Mauricio Macri.

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Un 25 de mayo con reclamos para Macri y una plaza vacía, por Washington Uranga (para "Página 12" del 25-05-19)

Imagen: Télam

El crítico discurso del Cardenal Mario Poli

En el Tedeum celebrado hoy en la Catedral por la efeméride patria, el arzobispo porteño pidió un “gran pacto nacional” y afirmó también que “una buena política” debe promover “la paz” y “los Derechos Humanos”. Mauricio Macri llegó a la celebración religiosa después de recorrer una Plaza de Mayo desierta y vallada.

Por Washington Uranga


"Es el momento de ir hacia un gran pacto nacional con mirada amplia y generosa, que no sea funcional ni coyuntural", que sea "un gran pacto de honor, que deje de lado las mezquindades personales" dijo el cardenal Mario Poli desde el púlpito de la catedral católica de Buenos Aires al presidir el tedeum (acto de acción de gracias) con motivo del 25 de mayo y ante el presidente Mauricio Macri y sus ministros. Afuera se veía la Plaza de Mayo vallada y vacía de actores populares, solo habitada por las fuerzas desplegadas para el operativo de seguridad que impidió el acceso de la ciudadanía y por los periodistas a los que también se les negó el ingreso al templo.


Poli valoró la alternancia democrática en el poder como una "nota distintiva" de la sociedad actual pero, para dar pie a su llamado al pacto nacional, recordó que aún  permanecen en el tiempo cuestiones de Estado sin resolver". Y entonces argumentó que "se trata de una propuesta superadora de todo partidismo y fracción, con la conciencia de que la unidad prevalece sobre el conflicto". Dijo además que debe ser una iniciativa "que convoque a los principales actores de la política, que sean capaces de generar una cultura del encuentro con inteligencia, creatividad e imaginación, reunidos en una mesa de diálogo que acentúe las coincidencias y no tanto las diferencias".

Según Poli es "una magna aspiración" que "es posible que encuentre piedras en un camino no conocido ni transitado, pero pertenece a la vocación de los hombres y mujeres aspirantes a la cosa pública extender con audacia el límite de lo posible, siguiendo legitimas utopías fundamentadas en la libertad y la dignidad del hombre". Debe hacerse, siguió diciendo, "por el bien colectivo de la Nación, con proyectos reales y mirando a la Argentina profunda y sus realidades, con una clara opción por la tercera parte de pobres que nos duele a todos".

Para el arzobispo "nuestra sociedad no está hecha para la división y no se acostumbra a vivir en la confrontación, sino que aspira a una convivencia en paz, en justicia, con educación y trabajo y quiere recuperar la alegría de sentirse en su tierra".

Recordó también que "el cardenal Bergoglio, cuando estaba entre nosotros para una de estas fechas, nos decía que el poder solo tiene sentido si está al servicio del bien común". Y subrayó que el Papa "sigue pensando que la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía" porque cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción".

Apoyándose en una cita del Evangelio de Marcos sobre los enfrentamientos entre los apóstoles, Poli hizo una alusión directa a la situación de los políticos y sus enfrentamientos. Recordó que mientras Jesús "por su voluntad (decide) dar la vida por sus amigos" sus discípulos, tras haber escuchado la voz del Maestro, "sin haber comprendido una palabra de la misma, discuten entre sí sobre quién es el más grande, o el más importante". Frente a esto "la imagen de los apóstoles es triste y mezquina", sentenció Poli.

En otro pasaje el cardenal porteño señaló que “cada cita electoral es una oportunidad para volver a las fuentes y a los puntos de referencia que incitan a la justicia y el derecho, y estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz, que respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son deberes recíprocos”.

A propósito de los comicios Poli sostuvo que "el ciudadano de a pie no resigna su derecho", y aprovechó para retomar palabras del obispo mártir Enrique Angelelli, recientemente beatificado, quien enseñaba que "votar es hacer y construir nuestra propia historia; es poner el hombro para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas sino el gran protagonista y actor en la patria".

En la misma línea agregó el arzobispo porteño que "como dijo el papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz, cada cita electoral es una oportunidad para volver a las fuentes y a los puntos de referencia que incitan a la justicia y el derecho, y estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz, que respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son deberes recíprocos".

Hubo también una referencia a la acción de los encuestadores, de los medios de comunicación y su influencia sobre las votantes. "En este cuadro de situación aparecen las empresas que miden intenciones de votos", dijo Poli. "Otras comunican y crean subjetividades, denostando y descalificando a las mujeres y hombres públicos de un lado y del otro, sembrando dudas sobre su moralidad y capacidad para el cargo que aspiran. No pocas veces sus impactos mediáticos logran instalar confusión y desaliento", agregó.

El cardenal finalizó diciendo que "a nuestro pueblo lo asiste la virtud de la esperanza" y que "siempre, y a pesar de todo, apuesta a un mañana mejor".



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Ahora o nunca, por Washington Uranga (para "Página 12" del 30-10-17)

Imagen: DyN
El acto protagonizado hoy por el gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, fue ni más ni menos que una puesta en escena del poder ejercido con impunidad. El argumento: los resultados electorales. A favor del macrismo: los lineamientos de los anuncios habían sido adelantados por los voceros oficialistas, por medios y voceros oficiosos antes de las elecciones y, según todos los indicios, no le restaron votos ni siquiera entre aquellos sectores que seguramente resultarán perjudicados por las determinaciones. "Ahora o nunca", dijo el Presidente.

Si bien habrá que analizar con detenimiento la letra chica y los detalles de los anuncios, nada puede llamar a sorpresa. Se ratifica el rumbo trazado por el actual gobierno desde el primer día de su gestión. La orientación de las medidas apunta a dar continuidad a la concentración de la riqueza y del poder. Los recortes afectarán el poder adquisitivo de los sectores más postergados: jubilados, pensionados, trabajadores. Pero también se crean condiciones político institucionales para reducir a la mínima expresión los intentos de resistencia al "cambio".



De esta manera el gobierno ratifica también que llegó para modificar de manera sustancial el rumbo diseñado por la anterior administración. Su "clientela" son los grupos de poder que lo sostienen y a ellos se debe.

Sin embargo, no cabe el análisis simplista.

Para hacerlo la alianza gobernante ha recurrido a un discurso que -aún cargado de cinismo- sigue cautivando a grandes sectores populares y de la clase media, que continúan brindándole su apoyo. Pero además lo hecho y lo anunciado, cuenta también con la complicidad y la aquiescencia de un importante arco formalmente opositor. El gobernador Juan Manuel Urtubey se congratuló, "desde la oposición", que el gobierno haya salido fortalecido de las elecciones. Es apenas una muestra. Sin esos avales el oficialismo no podría haber avanzado hasta aquí y tener, como ahora ocurre, el camino despejado para seguir arrasando con derechos que parecían conquistados y consolidados no sólo durante los gobiernos inmediatamente precedentes, sino desde el restablecimiento de la democracia.

El plan anunciado hoy está claramente anclado en la economía, a pesar del maquillaje discursivo que se apoya en lo social. Pero para hacerlo posible requiere del avasallamiento de la institucionalidad y el atropello a la división de poderes, cuyo último capítulo es la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, hostigada y arrinconada hasta el límite de la resistencia humana. Y del retroceso que implica la revisión de los juicios de lesa humanidad propuesto impúdicamente por Elisa Carrió, la diputada más votada por los ciudadanos de la Capital Federal.

 Lo que estamos viviendo en la Argentina hoy no es ni más ni menos que una regresión en materia de derechos. Es grave. Pero más grave aún es que lo que ocurre se hace frente a la incapacidad, la inercia y la complicidad de gran parte del sistema político que está entumecido, insensible, amedrentado o es sencillamente cómplice.

 Entre otros motivos esto es lo que hoy le permite al Presidente hablar de "la verdad", la "buena fe" y el "diálogo" cuando cualquier observador con cierto criterio y equidistancia podría sostener fácilmente que esos calificativos no aplican de ninguna manera a la acción del gobierno que encabeza.

 "Ya no hay excusas para no animarse. Es ahora o nunca", dijo Macri. Es el momento preciso para avanzar, con el rédito de la victoria electoral, la oposición envuelta en su falta de ideas y en sus propias contradicciones y mientras los actores populares están o atrapados por las urgencias de la sobrevivencia o desconcertados en búsqueda de respuestas que no aparecen a la vista.

 El "ahora o nunca" de Macri apunta claramente a cambiar de raíz algunas bases de la Argentina que fue hasta aquí, antes de que los dormidos despierten de su letargo o los damnificados se recuperen de sus heridas.  Se trata de dejar una herencia política que cohabite con fuerzas sindicales genuflexas, un sistema electoral más dúctil al poder y un Poder Judicial afín a los mismos intereses. Y, por cierto, un sistema hegemónico de medios que solo informe sobre lo que interesa al poder, blinde sus errores y sus atropellos y siga construyendo un relato que lo justifique.

 Son todas piezas de la misma estrategia. Por eso livianamente el Presidente  afirma que su propuesta apunta a generar "consensos básicos para reducir la pobreza" e interpreta que dado que "los argentinos maduramos" es "ahora o nunca". Podría decirse que este es el momento elegido por el gobierno para ejercer toda la presión y pegar el golpe de timón para cambiar el rumbo. Antes de que las consecuencias del plan alimenten la reacción de aquellos y de aquellas que, siendo víctimas, no están ahora en situación de rebelarse.

 Hoy el problema sigue siendo la política y los métodos de la política. Por desconcierto de muchos, temores de otros y mal fe de aquellos que por intereses mezquinos solo piensan en su propia sobrevivencia, como sea y con quien sea. Por eso, con el perdón del Sr. Presidente y plagiando su propia frase, no solo para los suyos este es el momento. También lo es para el amplio espectro de quienes aún aletargados y adormecidos no acuerdan con el rumbo impuesto por Cambiemos. La defensa de lo logrado también es "ahora o nunca". Después puede ser tarde.

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Límites comunicacionales a la democracia, por Washington Uranga (para "Página 12" del 11-10-17)

Medios y comunicación

Washington Uranga señala las relaciones entre democracia y comunicación y advierte que menos comunicación democrática implica también menos democracia política.
Por Washington Uranga
Resulta impensable pensar la sociedad contemporánea al margen de la comunicación en su acepción más amplia, porque al esencial encuentro entre personas diversas en el ámbito público es necesario sumar todo la potencia y los alcances que los desarrollos tecnológicos han aportado para multiplicar el impacto de los procesos comunicacionales.

Nadie pondría en duda –aun al margen de las diferentes miradas que coexisten en la académico y en lo político– que la democracia política está íntimamente vinculada –cuando no supeditada– al sistema de medios de comunicación. Dicho de manera más contundente: democracia y comunicación son interdependientes y están mutuamente condicionados. Es inimaginable pensar en medios democráticos si no es en el marco de una democracia política. No menos cierto y comprobable es que sin comunicación democrática no existen tampoco posibilidades de una democracia que legítimamente lo sea.

En síntesis podría decirse que en una sociedad democrática entre las funciones esenciales del sistema de medios se incluye la de producir información, favorecer la educación, ser medio de visibilización de las culturas y fuente de entretenimiento. Debe agregarse la tarea de colaborar en la supervisión de la gestión del poder político, como parte de la responsabilidad y del servicio ciudadano. Al menos éstas son tareas insoslayables para los medios de comunicación en nuestras sociedades actuales.

Para que ello sea posible se necesita un sistema de medios que refleje también en la estructura de propiedad la diversidad de perspectivas políticas, sociales y culturales que existen en la sociedad. Pero, dada la lógica del capitalismo, la única manera de encuadrar esta realidad dentro de una perspectiva plural y diversa es mediante el establecimiento de normas surgidas de la democracia misma que garanticen la pluralidad y pongan límite a los abusos del poder económico.

Este fue, sin duda, uno de los propósitos fundamentales de la ley de servicios de comunicación audiovisual (26.522) hoy prácticamente desguazada por decisión del Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri con inocultable propósito político y económico y para favorecer a quienes hoy son sus principales aliados. 

Pero al margen del debate sobre la ley y de la incumplida promesa del oficialismo de discutir una nueva norma para regular las llamadas “comunicaciones convergentes” resulta preocupante para la democracia que la alianza gobernante, además de contar con la incondicionalidad, la complicidad y el blindaje informativo mediático de un sistema de medios altamente concentrado en su propiedad, continúe propiciando –por los medios a su alcance y usando el poder que le da el ejercicio del gobierno– la aniquilación de todas las manifestaciones disonantes del escenario comunicacional. No conforme con el coro de las voces amigas, el objetivo es acallar toda disidencia, controlar la información, invisibilizar a los actores que piensan diferente. Y para ello se usa el Poder Judicial, potestades discrecionales del Ejecutivo y, por supuesto, la capacidad de ahogo económico del Estado mediante el uso discriminatorio de la pauta oficial. Para destruir empresas, perseguir comunicadores y privar de posibilidades a la comunicación alternativa en general.

En este escenario el debate trasciende lo comunicacional. Si la ciudadanía no tiene la posibilidad de acceder a fuentes diversas y alternativas de información, si quienes piensan de manera distinta al oficialismo no encuentran medios para expresarse sin condicionamientos, lo que está en juego no es solamente el derecho a la comunicación, sino la democracia misma. Riesgo quizás no advertido por buena parte de la ciudadanía que, sin embargo, sufrirá las consecuencias con fuerte impacto en sus condiciones de vida.

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https://www.pagina12.com.ar/68345-limites-comunicacionales-a-la-democracia

¿Por qué?, por Washington Uranga (para "Página 12" del 06-05-17)

(Imagen: Adrián Pérez)

Por Washington Uranga

El tiempo que vivimos en la Argentina suele estar plagado de situaciones que pueden resultar absurdas o sencillamente incomprensibles. Frente a muchas de ellas solo cabe el asombro o la indignación. Pero en búsqueda de un esclarecimiento así sea ante lo inexplicable, quizás valga la pena formular algunas preguntas a quienes tienen responsabilidades o están en condiciones de dar respuesta.

La jerarquía de la Iglesia Católica anunció esta semana que inicia un “itinerario de reflexión” sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar.

Más allá de las evaluaciones que cada uno y cada una pueda hacer frente a esa decisión cabe presentar ciertos interrogantes. Es muy probable que los obispos no quieran responderlos (están en su derecho de no hacerlo). Pero aún así las preguntas, por sí mismas, quizás ayuden a ordenar la reflexión.

    ¿Por qué la jerarquía católica decide iniciar un “itinerario de reflexión” sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar apenas 41 años después del golpe criminal del que algunos obispos fueron cómplices?
     ¿Por qué no habría que pensar que lo anterior guarda alguna relación con la nueva política de derechos humanos instaurada por el macrismo y con decisiones como la adoptada esta semana por la Corte Suprema en favor de los genocidas condenados?
     ¿Por qué para iniciar estos diálogos y estas reflexiones el episcopado cita ahora a personas claramente nfrentadas con la política de derechos humanos edificada por los gobiernos anteriores?
    n ¿Por qué hay obispos que en nombre de la “reconciliación” visitan en las cárceles a condenados por delitos de lesa humanidad?
     ¿Por qué, existiendo tantas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Conferencia Episcopal no las convocó (ni ahora ni antes) a dialogar sobre sus experiencias, sus sufrimientos, sus perspectivas, sus luchas?
     ¿Por qué durante años la jerarquía católica se negó, a pesar de los demandas realizados, a solidarizarse con el pedido de memoria, verdad y justicia?
     ¿Por qué los obispos guardaron silencio encubridor durante  la dictadura y en los años posteriores sus reflexiones han sido sobre todo autojustificativas de las propias conductas personales e institucionales?
     ¿Por qué la Iglesia Católica en Argentina, de modo institucional, no ha tenido un compromiso firme en favor del esclarecimiento de los hechos del terrorismo de Estado, colaborando con la memoria, en favor de la verdad y la justicia?
     ¿Por qué apenas ahora se harán públicos los archivos de la Iglesia sobre los años de la dictadura?
     ¿Por qué aún no se les quita el estado clerical a un genocida condenado como es el sacerdote Christian von Wernich y a un abusador como Julio Grassi?
     ¿Por qué ahora, la Conferencia Episcopal reunida en asamblea y habiendo incluido en su agenda la reflexión sobre las consecuencias de la dictadura militar guarda silencio y no se pronuncia contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia habilitando el 2x1 para los genocidas?
     ¿Por qué, siendo que Jesucristo fue preso, torturado y finalmente asesinado por su prédica, los obispos carecen de una actitud pastoral solidaria con las mujeres y los hombres que padecieron los mismos sufrimientos que El Salvador?
     ¿Por qué gran parte de los obispos prefieren sentarse cómodamente en las mesas del poder y cuando lo hacen no son ellos voceros de los padecimientos de los más pobres?
     ¿Por qué muchos obispos siguen hablando de “reconciliación” sin tomar en cuenta que la más ortodoxa tradición cristiana demanda que para arribar a este objetivo tiene que haber justicia, reconocimiento del error (léase: pecado) y reparación del daño causado?
     ¿Por qué la jerarquía católica elude asumir las responsabilidades institucionales y apenas admite que “algunos católicos” pudieron estar involucrados en hechos condenables?
     ¿Por qué la Conferencia Episcopal no explica ante la sociedad y ante sus fieles los motivos por los cuales en el seno del propio episcopado fueron acalladas las voces disidentes y proféticas de los también obispos Jaime de Nevares, Miguel Hesayne y Jorge Novak?
     ¿Por qué la jerarquía de la Iglesia tardó tanto en reconocer el asesinato del obispo Enrique Angelelli por parte de los militares?
     ¿Por qué, en un momento en que el Vaticano insiste en “fabricar” santos aún no es santo ni Angelelli, ni el obispo Carlos Ponce de León, ni el sacerdote Carlos Mugica, ni las religiosas francesas y otros laicos cristianos mártires de la dictadura?
     ¿Por qué los obispos –salvo muy honrosas excepciones– guardan silencio cómplice frente a las violaciones que son consecuencia de la aplicación de un plan económico de exterminio de derechos?
     ¿Por qué los obispos no explican de manera concreta y traducen en su propia vida lo que significa la opción evangélica por los pobres?

No son todas. Pueden ser estas y muchas otras. Agregue, saque, modifique. Y si tiene las respuestas... ni siquiera espere la de los obispos. Es muy probable que nunca lleguen.


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Mucho más que libertad de expresión, por Washington Uranga (para "Página 12" del 08-04-16)

Las miradas de muchos observadores de la situación de derechos humanos y de la comunicación de todo el mundo estarán centradas en la mañana de hoy en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habilitó en Washington para tratar el caso argentino. Los peticionantes encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) junto a la Defensoría del Público, argumentarán que el derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos están siendo violados por el gobierno macrista, que pretende revertir las cuestiones centrales de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, 26522/2009) y de Argentina digital (LAD,27078/2014).

Ante la inminencia de la audiencia en la CIDH el gobierno, aceleró esta semana el trámite en la Cámara de Diputados donde consiguió la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por los cuales se modificó la ley de ministerios e intervino la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). Sin embargo, la maniobra política no librará a los representantes oficiales de dar explicaciones en Washington. Seguramente usará a su favor la victoria parlamentaria y apoyará sus argumentos en la inaplicabilidad de las normas y en la necesidad de “modernizar” las leyes para adecuar la tecnología.

Por su parte los peticionantes buscarán demostrar ante los miembros de la CIDH que en la Argentina existen graves “vulneraciones a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de regulación de servicios audiovisuales” y no solo desde el punto de vista la legislación argentina, sino porque se están transgrediendo los criterios establecidos por el propio Sistema Interamericano, al cual el país adhiere.

¿Qué se discute y cuál es la importancia de lo que se debate hoy en Washington?

La discusión parece ser lejana a la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, hoy realmente más preocupados por temas acuciantes como la inflación o los despidos masivos en el Estado, aunque tampoco estas cuestiones aparecen en los principales titulares de los medios privados que forman parte de la cadena oficial. Este es precisamente uno de los temas centrales de la cuestión.

Sin dejar pasar por alto la gravedad que implica derogar mediante decretos presidenciales leyes que han tenido largos procesos de debate y consenso en la sociedad, es evidente que las decisiones adoptadas por el macrismo en materia de comunicación atentan de manera directa contra el derecho humano a la comunicación porque promueven la concentración de la propiedad de los medios y limitan gravemente la posibilidad de que en el escenario mediático exista diversidad de voces y pluralidad de opiniones. Nadie podrá argumentar que se trata de una jugada ingenua o meramente técnica de la alianza Cambiemos. No hace falta ser analista de la política. Todo ciudadano medianamente informado puede percibir hoy a simple vista que en las sociedades modernas se ha producido un traslado de escenarios de la política a la comunicación. El ámbito de la comunicación es esencial para la política y generar condiciones que atenten contra el derecho a la comunicación es, al mismo tiempo que vulnerar derechos humanos, atentar contra la democracia misma. No hay democracia política sin comunicación democrática.

Una rápida mirada a los acontecimientos de la semana en la Argentina deja en evidencia que existe en el país un engranaje que hace funcionar de manera coordinada a importantes actores de la Justicia, con periodistas y empresas de medios, para obturar la política, ejecutar revanchas, desacreditar todo el pasado reciente e instaurar en el país otro modelo de Estado con hegemonía de grupos económicos que habían sido desplazados. No se trata de defender a nadie que haya cometido delitos. Pero sí de garantizar para todos y de similar manera la igualdad de tratamiento ante la Justicia que incluye también evitar el “linchamiento mediático” con la complicidad evidente de funcionarios judiciales y la complaciente “neutralidad” del gobierno.

Lo que se reclama hoy en Washington en la CIDH, más allá del marco formal que impone la audiencia, es la posibilidad misma de que el país conserve estándares democráticos mínimos que garanticen una democracia plural con comunicación plural. Algo que no se logra derogando leyes por decreto, sustituyendo organismos reguladores con amplia representatividad por un Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que no tendrá ninguna independencia del gobierno ni de Cambiemos, eliminando todos los límites legales a la concentración de la propiedad o creando una comisión para elaborar una nueva ley integrada exclusivamente por detractores de la LSCA y sin ninguna representación de actores plurales de la comunicación en el país.

Más allá de sus resultados concretos, la audiencia de hoy en la CIDH permitirá visibilizar ante el mundo que la estrategia de Cambiemos está directamente orientada a echar por tierra de manera drástica el derecho a la comunicación. Este es también el camino para, como han propuesto varios de los voceros oficiales y oficiosos del oficialismo, vaciar de sentido la lucha por los derechos humanos y hasta cambiar los organismos que los defienden y a quienes los representan. En Washington hoy no se debate tan solo sobre estándares de libertad de expresión. Lo que se denuncia y cuestiona es que en la Argentina se está avasallando el derecho a la comunicación y por esa vía poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia. Y para muestra es suficiente analizar lo sucedido en la materia desde el 10 de diciembre hasta la fecha: cada día menos información diversa y pluralidad de voces, mientras se refuerza el coro mediático de aplaudidores del oficialismo. No se trata solo del derecho a la comunicación como si este fuese un capítulo autónomo de los derechos democráticos. Cuando se debate sobre estándares de la comunicación hoy lo que se discute es el sentido profundo de la democracia que queremos.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296473-2016-04-08.html

EL LENGUAJE DE LOS GESTOS, por Washington Uranga (para "Página 12" del 28-02-16)

 Por Washington Uranga

A Francisco se lo ha denominado “el Papa de los gestos”. No porque sus palabras carezcan de peso o no tengan profundidad. Todo lo contrario. Desde que asumió el pontificado Jorge Bergoglio ha sido cada vez más claro en sus manifestaciones, tanto sobre los asuntos estrictamente eclesiales como cuando decide hablar sobre la realidad social, especialmente sobre los pobres y excluidos, o sobre su preocupación por la paz en el mundo, las migraciones o los temas de medio ambiente. Pero es imposible comprender a Francisco papa sin leer también el mensaje de sus gestos cargados siempre de significados.

No es válido periodísticamente y tampoco sería justo con los protagonistas hacer una lectura libre –alguno podría decir también tendenciosa o antojadiza– de lo ocurrido en la mañana del sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano cuando el Papa recibió al presidente Mauricio Macri. Sin embargo, teniendo esta limitación a la vista y a la luz de los antecedentes inmediatos, pueden aventurarse algunas interpretaciones.

La canciller Susana Malcorra había adelantado el carácter “protocolar” de la relación entre Francisco y Macri, dejando de lado todo aquello que no se inscriba en la formalidad de la relación institucional entre los jefes de Estado del Vaticano y de la Argentina. Al acoger a Macri, el papa Bergoglio decidió ajustarse a esa misma regla de juego. El Presidente recibió el mismo trato protocolar que se le dispensa a cualquier Jefe de Estado, casi no hubo sonrisas, la duración del encuentro estuvo dentro de los límites formales y el Papa no invitó a Macri a “su casa” (Santa Marta) sino que le dio una audiencia en “la oficina” (el Palacio Apostólico). Todo lo contrario de lo que ocurrió en su momento con Cristina Fernández en las dos veces que estuvo en Roma, ocasiones en las que las entrevistas se extendieron, no faltó la cordialidad, hubo sonrisas y hasta bromas entre ambos interlocutores. Y el Papa recibió a Cristina en su casa.

Bergoglio sigue de cerca la realidad argentina. No hará manifestaciones públicas por dos motivos: su condición de jefe de Estado del Vaticano y su decisión de no interferir en la realidad política y social argentina. Pero no deja de preocuparse por la situación que se vive en su país. Lo conversa con las personas de mayor confianza, particularmente con los argentinos que lo visitan. Y habla por los gestos, como el envío del rosario bendecido a Milagro Sala.

El Gobierno lee la situación de manera similar. Sabe que no hay sintonía con la mirada política del Papa, ni en lo nacional ni en lo internacional. Designó a Rogelio Pfirter, un diplomático de carrera, en la embajada en la Santa Sede. Todo dentro de la formalidad institucional. Pero Macri necesitaba, como Presidente, una foto con el papa. Bergoglio no podía negarla, como tampoco lo hace con ninguno de los jefes de Estado con los que el Vaticano mantiene relaciones. La foto llegó. Pero Francisco no abandonó en ningún momento el gesto adusto aunque sin dejar de lado la ceremonial gentileza. Los medios y los periodistas cercanos al Gobierno son los primeros en reconocerlo.

“Hablamos de la gran preocupación por unir a los argentinos, de dejar atrás los rencores, de la importancia de que los argentinos depongamos posiciones extremas, y también del narcotráfico y el daño que le ha hecho a la Argentina”, relató el Presidente tras el encuentro tratando de llevar agua para su molino. “Durante el transcurso de los cordiales coloquios, que manifiestan el buen estado de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la República Argentina, han sido abordados temas de mutuo interés, tales como la ayuda al desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos, la lucha a la pobreza y al narcotráfico, la justicia, la paz y la reconciliación social”, se puede leer en el comunicado de la Santa Sede tras el encuentro.

Con el correr de los días seguramente trascenderán algunos detalles del diálogo privado. Pero es evidente que la sintonía entre Roma y Buenos Aires pasa hoy por la formalidad que, en términos diplomáticos, se define como “institucionalidad”. La circunstancia de que el Papa sea Francisco, un argentino, permite ver con más claridad la diferencia de perspectivas existentes. Francisco es un hombre que predica la misericordia y la práctica. Está abierto al diálogo, pero no abandona sus convicciones y no oculta su molestia cuando entiende que los pobres y los excluidos pueden resultar perjudicados. Y no tiene rencor pero sí memoria para recordar cuando no se lo atiende o se lo trata con poca consideración como ha hecho el macrismo en varias ocasiones. No habrá que esperar nunca manifestaciones altisonantes que perjudiquen la relación con el Gobierno. Pero será necesario seguir leyendo los gestos e interpretarlos. Ayer, en Roma, Bergoglio le confirmó a Macri que por el momento no tiene previsto visitar a la Argentina.



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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293434-2016-02-28.html

Carta al Papa por la liberación de Sala, por Washington Uranga (para "Página 12" del 06-02-16)

PIDEN A FRANCISCO QUE INTERVENGA EN FAVOR DE LA LIDER DE LA TUPAC AMARU


La nota remitida al Vaticano advierte que “estamos viviendo un clima de discordia, persecución laboral y despidos” y que la detención de Sala “busca intimidar” la protesta social. Al texto adhirieron más de 1700 dirigentes políticos, sociales y académicos.

 Por Washington Uranga

Pocos días antes de la anunciada reunión entre el presidente Mauricio Macri y el papa Francisco, prevista para el 27 de febrero, una carta con más de 1700 adhesiones de dirigentes políticos, sociales y académicos fue enviada al pontífice a través de la embajada del Vaticano en Buenos Aires solicitando la “intervención” de Bergoglio “para que Milagro (Sala) obtenga sus derechos y libertades”. La misiva fue entregada al nuncio (embajador vaticano) Emil Paul Tscherring, por una delegación integrada por el ex secretario de Culto Guillermo Oliveri, la ex diputada Irma Parentella, el ex vicepresidente del Banco Nación Lorenzo Donohe y el ex embajador ante la Santa Sede Juan Pablo Cafiero.

La gestión ante el Papa se hizo el pasado jueves, mientras en forma simultánea se realizaba una reunión en la Casa Rosada con el mismo motivo, facilitada por la intervención del obispo Jorge Lozano, presidente de la Pastoral Social. De ese encuentro participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Culto, Santiago de Estrada; junto al coordinador de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. De la entrevista no hubo resultados concretos pero todas las partes la calificaron de “positiva” y dijeron que “el diálogo quedó abierto”.

Los firmantes de la carta al Papa, entre quienes se cuentan también Carlos Tomada, Daniel Filmus, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Fortunato Mallimaci, Tati Almeyda (Madres de Plaza de Mayo), los diputados Guillermo Carmona y Liliana Mazure y el senador Ruperto Godoy, señalan que “no escapará a Ud., y al trabajo de la Iglesia, que en Argentina –luego del cambio de gobierno– estamos viviendo un clima de discordia, persecución laboral, despidos y que, en particular, la dirigente y parlamentaria Sra. Milagro Sala hoy se encuentra presa por cuestiones puramente políticas”. Por ese motivo, aseguran, “quienes adherimos a este petitorio para pedir su intervención para que Milagro obtenga sus derechos y libertades somos militantes políticos y sociales que vemos, con gran preocupación, este entorpecimiento a las libertades que debilitan la democracia y violan los derechos humanos”.

Califican de “acoso criminal y mediático” la situación a la que se encuentra sometida Milagro Sala, señalando que con ello “se busca intimidar la genuina protesta de los movimientos sociales que son la expresión más directa y espontánea del sufrimiento de las personas más pobres y vulnerables”. Y agregan que “no obstante, por la experiencia histórica de nuestro pueblo, urge advertir que el miedo no prosperará y que habrá resistencia frente a la arbitrariedad”. Dicen además que “sin esa fortaleza de los grupos sociales, una democracia de partidos sólo quedaría estrechada a los márgenes institucionales del debate parlamentario o de los procesos electorales. Pero la vida de la gente tiene urgencias que no pueden sujetarse a esos calendarios y, por ello, los movimientos sociales son el motor de la democracia cotidiana”.

Tras la reunión en la Casa Rosada, el obispo Lozano había destacado también el “importante rol de los movimientos sociales en la Argentina” y se alegró del “canal de diálogo abierto”, si bien negó que la Iglesia estuviera embarcada en una “mediación” ni que desde el Episcopado se haya pedido la libertad de Milagro Sala. Desde la Conferencia Episcopal se insistió en que la función de Lozano fue la de “facilitador del encuentro”.

En la carta enviada al Papa, que también firman el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el padre Domingo Bresci; el Grupo de Curas Monseñor Enrique Angelelli (Córdoba); Artemio López y Analía del Franco, se subraya el hecho de que en sus mensajes Bergoglio “alienta a la solidaridad y a la acción política como expresión de la caridad”. Y en vista de ello “queremos solicitarle que intermedie para que la Justicia jujeña; el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y el gobierno nacional de Mauricio Macri sientan su voz y que en ella se los aliente a respetar las libertades públicas y la democracia”. Pero adelantándose a un posible respuesta del Gobierno advierten también que desde el oficialismo “dirán que es un tema de la Justicia y que el Gobierno no puede interceder pero es una falacia”.

“A Milagro Sala se la tenían jurada y no descartamos que sea la primera de una larga lista de personas que sufrirán persecución”, aventuran los firmantes y cierran la nota al Papa señalando que “estamos a tiempo de parar esta metodología de revanchismo, injusticia y persecución”.

Los promotores de la carta al Papa aspiran a que el tema de Milagro Sala y, en general, la situación social que se vive en la Argentina sean incluidos en la agenda del diálogo entre Bergoglio y Macri en el Vaticano. Mientras tanto la canciller Susana Malcorra, en diálogo con radio La Red, dijo ayer que “con el Papa tenemos una agenda rica en sustancia, no en fotos para las revistas del corazón” y dado que “Bergoglio es el jefe de un Estado las relaciones tienden a ser más protocolares”, dando una clara idea del tono del diálogo que mantiene el actual gobierno con la Santa Sede.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291904-2016-02-06.html

Burla a la democracia, por Washington Uranga (para "Página 12" del 31-12-15)

 Por Washington Uranga

La medida anunciada ayer por el gobierno del PRO –parcialmente bloqueada por una acción judicial– respecto de Afsca y Aftic no hace sino confirmar la decisión de las nuevas autoridades en el sentido de no reparar en las formas, tampoco en la institucionalidad, con tal de avanzar en los objetivos que se proponen. Un análisis más pormenorizado de todas las consecuencias habrá que hacerlo una vez que se conozcan en detalle las normas y haya tiempo suficiente para una mirada en profundidad. Sin embargo, desde ya caben algunas consideraciones.

- Legalidad: tal como lo advirtieron reconocidos constitucionalistas y abogados expertos en derecho a la comunicación, lo que se está pretendiendo hacer con las dos leyes en cuestión es ilegal en términos formales pero, sobre todo, es ilegítimo porque –más allá de los argumentos que se aducen– lo que se está avasallando son los mecanismos de la democracia en favor de intereses privados de grandes grupos económicos.

- Atropello a la democracia: aunque el discurso oficial diga lo contrario, la LSCA ha sido una de las normas más discutidas y consensuadas en la historia argentina. De sus debates, también de su aprobación legislativa, participaron hasta muchos de los que hoy militan en las filas de Cambiemos, varios de los mismos que ahora arremeten contra lo que en su momento apoyaron, o por lo menos guardan silencio cómplice. Anular por decreto leyes a las que se arribó mediante consenso y movilización social es, cuando menos, una burla a la democracia.

- Cinismo: se miente sistemáticamente cuando se usa como argumento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se ha puesto en práctica y que por dicho motivo el Gobierno intenta ahora dar pasos para mejorar el servicio. El planteo, además de mentiroso, es decididamente cínico porque lo que ahora se pretende es favorecer a quienes desde el momento en que la LSCA fue sancionada –y aun antes– hicieron todo para trabar su puesta en marcha mediante chicanas judiciales. Resulta por lo menos ridículo que quienes fueron causantes y cómplices de la no aplicación ahora usen esto como argumento par voltearla.

- La competencia: con el mismo cinismo se niega lo evidente, la concentración monopólica de medios. Se dice que el derecho a la comunicación de los argentinos tiene que quedar sometido a las leyes del mercado y de la competencia. Es un argumento insostenible desde cualquier punto de vista. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, que tiene que estar garantizado por el Estado en el marco de una política pública en la materia. Esto es así no en la Argentina por el capricho de alguien, sino que se trata de un principio ampliamente aceptado en todo el mundo y por la comunidad internacional.

- Complicidades y favores: nadie debería perder de vista que con estas medidas el macrismo está pagando la cuenta de los favores que las corporaciones mediáticas le hicieron para alcanzar el poder. Y que nada de esto se podría hacer sin la connivencia o el silencio cómplice de parte de la Justicia.

La suma de lo expuesto, a lo que deben agregarse otros argumentos no menos relevantes pero no incluidos en estas pocas líneas, constituye por sí mismo una burla a la inteligencia ciudadana y un nuevo atropello a la democracia. Una realidad a la que en pocos días de gobierno el macrismo quiere acostumbrarnos y para la que habrá que encontrar la manera de ponerle coto dentro del marco de la institucionalidad. Ello en salvaguarda de la democracia que tanto nos costó construir.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289340-2015-12-31.html

¿Qué más hay que esperar?, por Washington Uranga (para "Página 12" del 25-12-15)

Arriba: 236 decretos sin pasar por el Poder Legislativo del 10 a 22 de diciembre... 20 promedio por día... Feliz Navidad

El decreto 236/2015 por el cual se interviene la Afsca y la Aftic y el contenido de la conferencia de prensa ofrecida ayer por el ministro Oscar Aguad son dos manifestaciones de cómo traduce el gobierno de Mauricio Macri el respeto a la “institucionalidad” y el “diálogo”. Si para el discurso del PRO la aceleración de la inflación se llama “sinceramiento de precios” y “estar con vos” se transcribe en la represión a trabajadores que reclaman por sus derechos en el espacio público, la pretensión de acabar por decreto con leyes aprobadas democráticamente por mayorías legislativas es una clara manifestación de abuso de poder, aunque esto surja de un gobierno elegido democráticamente.

Está claro que Macri y su equipo –como le gusta decir– han decidido gobernar por decreto y amparados en el hecho (circunstancial para la cuestión fundamental de la democracia) de que el Congreso se encuentra en receso.

El “decretazo” puede analizarse desde diferentes perspectivas. Sin pretender agotarlas en estas pocas líneas puede decirse, en primer lugar, que la determinación del Poder Ejecutivo va en línea con lo antes señalado. Macri y los suyos están dispuestos a cambiar la orientación política del país “a como sea”, sin respetar ni las normas ni atender a que casi la mitad del país que no acompañó su propuesta. Quienes se llenaron la boca con la institucionalidad y la seguridad jurídica proceden de manera impune contra la misma contando, en muchos casos, con la connivencia de una Justicia que es cómplice o se hace la “distraída” y con medios de comunicación dominantes que actúan como secuaces del poder, omitiendo información o brindando sólo aquella que favorece a las acciones del PRO gobernante.

El avance contra la Afsca y la Aftic es un pago de favores a los medios de comunicación concentrados que trabaron durante años con chicanas judiciales la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y es la apertura al negocio de las transnacionales de la comunicación bajo el pretexto de la actualización tecnológica y la convergencia.

La medida es también un ataque a los medios chicos, comunitarios, alternativos, a las cooperativas de los pueblos medianos y pequeños, porque todos ellos serán marginados del negocio de las comunicaciones pero, lo que es más grave, de la posibilidad de ofrecer miradas alternativas y voces plurales en el escenario de la comunicación. Esa es la manera como el ministro Aguad entiende que apoya a los medios pequeños. Y todo ello... “por ahora”... dijo el ministro. Parece que hay más noticias para este boletín...

Justicia cómplice o distraída y medios de comunicación que ocultan información y niegan la pluralidad mientras se silencian voces opositoras son también condiciones para garantizar el ajuste económico social que ya comenzó a ejecutar el macrismo.

Todo en la misma línea. Se designan por decreto jueces de la Corte Suprema y por decreto se atenta contra el derecho a la comunicación por el cual la sociedad argentina luchó durante años, por el cual se movilizaron organizaciones sociales, comunitarias, políticas, de derechos humanos. Nada de eso importa porque lo esencial es favorecer a los “amigos” y “socios” del poder.

Lo descripto es parte de la “revolución de la alegría” prometida por el PRO. Así es como el gobierno de Mauricio Macri y la nueva derecha argentina nos estás diciendo a los argentinos como entienden la democracia, el republicanismo, el diálogo, la participación y la seguridad jurídica. Esta parece ser la concreción de “gobernar para todos” anunciada por el Presidente. ¿Qué otras cosas debemos esperar?

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288978-2015-12-24.html

DIFERENTES LECTURAS, por Washington Uranga (para "Página 12" del 22-07-15)

El discurso de Mauricio Macri en la noche de las elecciones porteñas, contradiciendo gran parte de sus posiciones anteriores y mostrándose casi como un candidato del oficialismo, ha dado lugar a muchas lecturas e interpretaciones. También a las críticas que advierten sobre el oportunismo y el cinismo, sin descartar la mentira. Se hace difícil creerle al jefe de Gobierno: por sus afirmaciones anteriores, pero sobre todo por sus prácticas actuales en el ejercicio de la gestión. Sin embargo, es saludable escuchar de boca de su delfín Horacio Rodríguez Larreta que “hemos aprendido”, palabras pronunciadas como justificación para el cambio de postura. Ojalá así sea, porque sería bueno para el país. Sobre todo porque llevaría a pensar que ante un eventual triunfo electoral del Frente para la Victoria, el PRO podría colaborar, desde el Congreso y desde la oposición, a profundizar y no a obstaculizar como ha hecho hasta ahora, las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno y que, sin duda, son perfectibles. En este sentido y siempre y cuando Macri haya hablado con verdad, estaríamos ante una Argentina más madura en sus procesos políticos. En campaña electoral se podría preguntar a los candidatos de Cambiemos si estarían dispuestos, desde el gobierno o desde la oposición, a seguir mejorando y profundizando las políticas del actual gobierno.

También en términos de especulación podría pensarse que Macri se corrió de la extrema derecha neoliberal porque ese espacio está agotado y ahora intenta pescar en el río revuelto de los electores que en algún momento abrevaron en la aguas de Sergio Massa. El discurso actual de Macri se parece más al utilizado por el ex intendente de Tigre para posicionarse tiempo atrás. Lo contradictorio puede ser que, buscando la polarización con Daniel Scioli y con el FpV, Mauricio Macri lo haga acercándose y tratando de capitalizar las banderas del oficialismo gobernante. Curiosidades de los “estrategas” de las campañas políticas. Pero sobre eso debe responder Jaime Durán Barba.

Más allá de todo lo anterior, hay también una lectura que no debe dejar de hacerse. Que Macri tenga que apelar a un discurso que contradice sus dichos anteriores para rescatar ejes centrales de las políticas del gobierno significa una victoria político cultural de la gestión actual y de la sociedad en general. Algunos podrían decir lo mismo respecto de Daniel Scioli, que hoy defiende quizá como nunca antes los postulados de Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia es que el candidato oficialista siempre estuvo –aun con discrepancias– dentro del agrupamiento político que hoy lo propone.

Todo demuestra, sin duda, que hay avances que se han logrado en la Argentina en materia de políticas públicas y de restitución de derechos humanos y ciudadanos, que están instalados en la sociedad y en la conciencia de los ciudadanos. Y que por este motivo será muy difícil volver a atrás. Las condiciones son bien distintas de las que se registraban en los años noventa. El discurso privatizador no tiene consenso y si bien puede estar impulsado por interesados grupos de poder, no será fácil para nadie desandar el camino recorrido. Lo mismo respecto de los derechos recuperados por los sectores populares y por otros actores diversos de la sociedad.

La mayoría de la sociedad registra y valora sus propias victorias político-culturales, que se reflejan en mejoras en su calidad de vida. Y no está dispuesta a ceder en ese plano. Los políticos lo saben y, en campaña, aun aquellos que son difícilmente creíbles intentan ajustar sus discursos a las expectativas ciudadanas. No menos cierto es que nada está ganado de una vez y para siempre. Las urnas darán un veredicto. Pero aun más allá de los resultados electorales está claro que la sociedad argentina ha crecido en madurez y está en capacidad de desarrollar mecanismos sociales y de participación para garantizar sus conquistas y consolidar sus avances político-culturales.

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