El doctor León Carlos Arslanian es una de las figuras clave
dentro del tema seguridad. Referencia imprescindible para debatir sobre
esta álgida cuestión. Sobre todo, luego de escuchar en estos días un
informe del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en
el que se decía que bajó el índice de algunos delitos importantes. Sin
embargo, algunas voces pretenden restarle valor a esos dichos porque las
estadísticas sobre los delitos más graves no se miden mes a mes.
“El tema estadístico hay que tomarlo con pinzas. Se discontinuó el
suministro de información a partir de 2008 de modo que no pudimos tener
la referencia de lo que estaba sucediendo hasta diciembre de 2007 –dice
Arslanián–. Uno mide cuando se trata de evaluar la evolución del delito a
través de índices que suministran registros oficiales. Pero son
necesarias algunas condiciones, para empezar, tomar series, períodos más
o menos prolongados, que marquen las tendencias hacia dónde van y que
permita un análisis cuantitativo y cualitativo. No basta con saber que
el delito baja si yo no se cuál es ese delito ni en qué modalidad. En
segundo lugar, es necesario saber cómo está compilada la información
para otorgarle el grado de confiabilidad que ella tiene”.
–Esa discontinuidad se produjo justo cuando terminó su
gestión. ¿Por qué se discontinuó el trabajo estadístico que hacían
ustedes en el ministerio?
–Hay un grave error: suponer que cualquier incremento que se
registre, que se dé a publicidad, genera un cierto grado de conmoción o
produce una alerta social exagerada. No dar esta información impide que,
cuando hay una gestión buena, se la pueda ponderar o sacar provecho
político de ello. No debería haber reparos en decir o en mostrar los
índices y poder poner en valor políticas que estemos experimentando.
"El problema que se le plantea hoy a la Argentina,
desde el año 2008 aproximadamente, es un fuerte deslizamiento de los
carteles de la droga".
–Es una coincidencia que el valor de estas estadísticas
arranca con el decreto de emergencia en seguridad del gobernador Scioli,
que para muchos fue un decreto para evitar un debate en la legislatura
bonaerense: cómo deben organizarse otras agencias de seguridad o
policías locales. Lo que sí hubo fue una determinación de sacar más
efectivos a la calle, preparar brevemente a algunos efectivos nuevos e
incorporar a policías que estaban fuera de servicio. ¿Cuál es su opinión
al respecto?
–Tomamos, en su momento, una decisión acerca de cómo utilizar los
recursos humanos policiales con un elevado grado de racionalidad,
tratando de que quienes cumplen funciones administrativas quedasen
reducidas a su máxima expresión. Potenciamos mucho la presencia del
personal policial en la calle. Si se hubiese sostenido esa línea y ese
criterio de utilización de los recursos policiales yo creo que no habría
necesidad de volver sobre lo mismo. La política que auspiciamos
nosotros y que construimos en la provincia tuvo dos notas
características, la multiagencialidad y la multiactoralidad. Nosotros
tuvimos una mirada que no fue la del policiamiento de la seguridad.
Reconstruimos una policía dándole el mayor grado de eficacia posible y
dotándola de instrumentos, de logística. Y trabajamos mucho sobre las
causas de la violencia haciendo prevención social del delito más que una
actitud reactiva. La prevención social nos llevó a investigar, a
diagnosticar y a saber a qué obedecía el fenómeno de la violencia que
luego se criminalizaba. Hicimos trabajos en villas, en lugares
carenciados, investigaciones de campo, encuestas de victimización y
urbanizamos donde pudimos hacerlo, atendimos los fenómenos críticos de
la salud pública, nos ocupamos de los jóvenes que estaban sin
escolaridad, tratamos de resignificar el sentido de la escuela y la
recuperación de la educación de los docentes. Si nosotros miramos las
estadísticas del crimen, en particular de los homicidios, nos vamos a
llevar una sorpresa, en la que lejos de ser producidos en ocasión de
robo resulta que tienen que ver con conflictos personales, problemas de
género y relaciones familiares. Entonces de lo que se trata es de tener
un plan holístico muy comprensivo que se haga cargo de las causas que
generan el delito y que opere con la totalidad de los instrumentos del
Estado. Ésta es la multiagencialidad. Por su parte, la multiactoralidad
significa que nosotros le dimos y le seguimos concediendo una
importancia superlativa al ciudadano como tal en un proceso de
reconocimiento de derechos y de legitimación de su intervención en
esferas públicas, permitiéndoles ser gestores de sus propios conflictos
en el sentido de poder ser interlocutores legítimos de las autoridades a
la hora de diseñar políticas: la opinión de la comunidad organizada
para atender fenómenos críticos y bajar la cuota de violencia en la
sociedad es esencial para nosotros.
–Usted fue un académico durante muchos años y en la
actualidad sigue trabajando en materia de derecho penal con una
actividad que organizó hace ya varios años...
–Sí, hace ya tres años estoy en el post-grado en Políticas Públicas
de Seguridad. Logramos que estas ideas pudieran ser impartidas a
efectivos de fuerzas de seguridad, pero también a los gestores civiles
de la seguridad. Yo propicié en su momento, y logré junto al CELS,
generar el acuerdo para la seguridad democrática.
–Fue en diciembre de 2009, una foto extraordinaria que la democracia tendrá entre sus imágenes más preciadas...
–Allí nosotros plasmamos el ideario fundamental que comienza por el
gobierno civil de la conducción de las fuerzas policiales, recuperando
entonces para la democracia esta función esencial que es la de tratar
las estrategias fundamentales en materia de seguridad a través de la
organización de las fuerzas armadas, de fuerzas policiales democráticas.
Esas mismas ideas son las que tratamos de impartir en el post-grado que
estamos llevando adelante.
–¿Está pensando diseños de políticas de seguridad para el próximo período?
–Lo que estamos haciendo, junto a Marta Arriola, es trabajar en estas
cosas, en el post-grado y en distintas manifestaciones, donde podamos.
Que Julián Domínguez haya decidido aspirar a una función política
importante y haya mostrado un elevadísimo grado de interés en la
temática de la seguridad es suficiente, dado nuestra afinidad política,
como para que le prestemos colaboración o encontremos en ese ámbito la
posibilidad de seguir desarrollando nuestras ideas. En ese sentido,
tenemos el esbozo, y algo más que eso, de un plan nacional de seguridad
porque de lo que se trata aquí es terminar con una segmentación
inexplicable en la materia en la Argentina. Creemos que la Argentina
después de 1994, de la reforma de la Constitución y la suscripción en
particular del Pacto de San José de Costa Rica, responde
internacionalmente frente a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos por las violaciones que se puedan producir en cualquier Estado
federal respondiendo al Gobierno Nacional.
–Parece inevitable hablar de narcotráfico, de lo que pasa en
Santa Fe, en Córdoba, donde hubo delitos y la justicia federal detectó
casos de altos jefes policiales y, también, la inquietud que siempre
impera en la sociedad respecto de si en estos momentos el narcotráfico
es simplemente un fenómeno de consumo creciente o es un fenómeno de
creciente participación en materia de delito.
–El problema que se le plantea hoy a la Argentina, desde el año 2008
aproximadamente, es un fuerte deslizamiento de los carteles de la droga,
perseguidos con mayor o menor eficacia, mejor dicho con alguna eficacia
en algunos distritos.
–“Con alguna eficacia.” ¿Quiere decir que en algunos distritos percibe que no se hicieron las cosas bien?
–Hay distritos en los que el desmantelamiento o el debilitamiento
profundo contra los carteles de la droga, como en Colombia y, en menor
medida, en México, tuvieron como resultado una fuerte dispersión de los
componentes, de los miembros de esos carteles y una irrupción en la
Argentina y en algún otro país de América latina. Los fenómenos que
estamos viendo en Rosario, de muertes recientes, son básicamente entre
miembros que se disputan el territorio. Y dan cuenta de que el problema
tiene otros ribetes de seriedad: la instalación de un cartel significa
muchas cosas. La primera de ellas es un incremento de la incorporación
de jóvenes fuera de todo control social que viven en un estado de
marginalidad a la actividad delictiva de los carteles. Hay estudios muy
interesantes, como el que hizo Bergman, en distintas cárceles, quién es
la clientela carcelaria...
–¿Bergman?
–Marcelo Bergman, un criminólogo que trabaja para la Universidad de
Tres de Febrero. Ese examen advierte que la clientela carcelaria está
constituida por personas muy jóvenes, entre 18 y 34 años, todos ellos
provenientes de hogares o ámbitos de mucha marginalidad. Casi todos
ellos son peones o alfiles de entramados mafiosos o de organizaciones
ilícitas que son los que utilizan esa mano de obra para poder operar.
–Siguiendo esta lógica, parecería que estas personas tienen
una gran tranquilidad para eludir la actividad política o logran algún
tipo de convivencia con los actores del poder, es decir, las fiscalías,
los jueces...
–Ahí esta el problema y el error de esa estrategia con que se vino
encarando esto. En realidad, lo que se hizo fue tratar de ver a la
persona que delinque y la estadística. Y se dejó de mirar el fenómeno
global de los mercados ilegales, que es donde hay que operar. Durante
nuestra gestión, uno de los problemas más graves, aparte del secuestro
extorsivo, era el robo de los cables de cobre que eran los que llevaban
energía eléctrica o telefonía. Se robaban en localidades del conurbano
al favor que da lugares desolados para poder operar, y una organización
buena es cortar el cable y llevárselo. Las empresas proveedoras de
servicio amenazaban con dejar de tratarlo porque no podían reponer y los
daños iban creciendo. Entonces empezamos a trabajar nosotros, no
poniendo un policía en cada poste de tendido en las vías ferroviarias,
sino estudiando cuál era el mercado, para quiénes trabajaban, dónde se
reducía, quién hacía el aprovechamiento económico. Cuando advertimos que
habían montado un negocio que tendía a la exportación de ese material
logramos, con el ministro de Economía, que se prohibiese la exportación
del cobre. Con la prohibición logramos desarticular la actividad de esa
mafia y terminar con el robo de los cables.
–Cuando uno dice Rosario puede pensar una ciudad compleja
como Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano, pero con un
puerto. Se dice, y mucho, “que el problema es que llevan la droga al
puerto y tienen una cantidad de socios, ciertos comisarios que tienen
que ver con sus vínculos con esos socios”.
–Es cierto, esto está a la vista. La circunstancia de convivencia
policial en los delitos de extrema gravedad está a la vista
particularmente en Rosario, donde hay una gran cantidad de policías
envueltos en el problema del tráfico. El problema policial es que las
organizaciones los cooptan, los asocian o el personal policial termina
apropiándose del negocio, según la cantidad y potencia que tengan, y
explotándolo para sí. Esto ocurrió en México con los Zeta, originados en
la conformación de un grupo especial de fuerzas militares, policías
para luchar contra el tema del tráfico de drogas. Terminó en que,
conociendo el negocio e involucrándose de esa manera en el tema quienes
habían ido para combatirlo, se lo apropiaron y lo terminaron por
explotar.
–Hace poco, en Formosa, efectivos del Ejército hicieron un
operativo de entrenamiento. En ese momento, tuve un diálogo reservado
con un alto jefe de Gendarmería: “Nosotros necesitamos hacer mucho
seguimiento e inteligencia criminal por vía de los teléfonos. Tenemos el
sistema para pinchar teléfonos comunes, sin embargo, para los teléfonos
satelitales, los que tienen la tecnología adecuada son los de la DEA y,
en este momento, la cooperación entre la DEA y las autoridades de
seguridad no esta funcionando”. ¿Esto es algo que se puede resolver con
los recursos nacionales?
–No, cuando se trata de un delito transnacional, se demanda la
cooperación internacional o interjuridiccional y está bien que la
Argentina opere con una agencia norteamericana, francesa, alemana o
italiana. La presencia de esas fuerzas en la Argentina tiene que ver con
la preocupación que esos países tienen acerca del ingreso de sustancias
a un territorio exportador.
–El plan que usted menciona, ¿está en proceso de elaboración, en algún momento podremos ver un adelanto?
–No depende esto tanto de nosotros, sino de quines tomen decisiones.
Nosotros trabajamos de un modo consensuado, con conversaciones previas,
intercambio de información permanente. La decisión final es suya.
Nosotros trabajamos desde nuestra perspectiva, con una mirada que es la
que venimos desarrollando todos los años y que suponemos útil para quien
fuere.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/11/30/politica-174704-seguridad-a-las-estadisticas-hay-que-tomarlas-con-pinzas.php
