Primer acto: Clarín extorsiona a la Corte Suprema: le pone fecha al fallo a través de sus voceros radiales y televisivos, con la amenaza de meter presa a CFK.
— Vanesa Siley (@Vsiley) June 7, 2025
Segundo acto: El juez encargado de ejecutar la maniobra, en un claro adelantamiento de criterio, ya "visita" el posible… pic.twitter.com/TXOCbPKL2F
Vanesa Siley EXPUSO COMO NUNCA a Bullrich y Milman en el atentado a Cristina Kirchner
#JuicioPolíticoALaCorte
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 20, 2023
Informe de #MinutoUno en @C5N sobre las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial: lo que algunos esconden y otros no quieren ver...👇https://t.co/0yT3efN8iu
Y para seguir restando a la situación... la obra social TAMPOCO tenía manuales de procedimiento. pic.twitter.com/tAZ3xpIBsj
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023
¿Los estados contables tenían la legalización del Consejo Profesional de Ciencias Económicas? NO 😬👇 pic.twitter.com/152EY8swcw
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023
Explica la FALTA de CONTROL en los estados contables 🧮😬 por la inexistencia de un sistema de contabilidad pic.twitter.com/8H6AOqNikX
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023
Afirma que el sistema informático contable de la obra social es VULNERABLE y puede ser modificada su información pic.twitter.com/A3e4g10gTP
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023
Oscar Fernández, contador, docente, tesorero del Cjo de Cs económicas y auditor designado por la Corte. ➡️ Farmandat SA, el mayor proveedor de la obra social, que debe garantizar provisión de medicamentos en todo el país, no ha sido auditada su contratación por NADIE 👇 pic.twitter.com/GIpT7KRIrQ
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023
Interlandi: no hay registros Informáticos ni oficiales sobre medicamentos vencidos! 👇 pic.twitter.com/jAmokASYQc
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María Cristina Interlandi, médica legista y Perito de la CSJN 👉 no hay sistema unificado para controlar stock en medicamentos pic.twitter.com/OfNyryi479
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023
El tenso encontronazo tuvo lugar en pleno debate en comisión por el juicio político a la Corte Suprema
26 de enero de 2023
En el marco del primer encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para debatir el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, y el diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, protagonizaron un tenso cruce. “No le concedo la interrupción por machirulo”, respondió la legisladora oficialista, cansada de las continuas interrupciones de Negri.
Todo comenzó cuando Siley hizo uso de la palabra y denunció que dos miembros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, "convalidaron y consintieron" ser designados por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2015.
En ese momento, Negri interrumpió a la diputada y le pidió que sea precisa, haciendo alusión a que la polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri fue posteriormente corregida y se recurrió al procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo para ambas designaciones.
Sin embargo, Siley hizo caso omiso al comentario de Negri e intentó seguir con su denuncia: "Esa designación fuera del mecanismo complejo y de mayorías agravadas que estima la Constitución Nacional...", continúo la lesgisladora, pero nuevamente fue interrumpida por gritos del diputado opositor.
"Yo entiendo que estén cansados y ya la tolerancia haya bajado casi al umbral cero, pero yo no interrumpí", dijo Siley mientras el diputado de Juntos por el Cambio seguía gritando cosas inentendibles. "Yo habló como quiero y digo lo que quiero diputado Negri. Déjeme terminar la idea", le pidió la diputada.
Ante los gritos, intervino la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y le pidió a Negri que deje que Siley continúe con el uso de la palabra, así como lo hizo cada diputado "sin interrupciones".
"Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, lo que tenés que decir. Estuve siguiendo atentamente la comisión y estuve respetando a todos y a todas", sostuvo Siley mientras seguían las interrupciones de Negri.
Cansada de los gritos del diputado opositor, Gaillard le preguntó a Siley si le concedía la interrupción a Negri para que pueda aclarar "lo que está vociferando".
La respuesta de Siley fue contundente: "discúlpeme presidenta, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo con lo que estaba diciendo", expresó.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/519017-diputados-cansada-de-las-continuas-interrupciones-vanesa-sil
Una Corte de las "Banana Republics"
El Gobierno lo calificó de golpe institucional
La Corte puso a su presidente a conducir a la Magistratura
Con votos de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, el máximo tribunal repuso la vieja composición y obliga al Congreso a enviar sus representantes. Fuertes críticas del oficialismo que lo consideró un “asalto a las instituciones” y un “ataque al Congreso de la Nación”. Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni "ameritaría la remoción por juicio político".
Por Irina Hauser
19 de abril de 2022
Con un apuro y preocupación que no tuvo en revisar las prisiones preventivas masivas del macrismo, las causas armadas y los casos de violaciones a los derechos humanos (en especial si incluye al poder económico), la Corte Suprema puso a su presidente, Horacio Rosatti, a conducir el Consejo de la Magistratura y anunció que el organismo deberá comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, propia de una ley de 1997 que fue derogada, y pese a que no están designados todos los miembros para completarla.
El tribunal firmó una resolución que ratifica su decisión de diciembre último de declarar inconstitucional la conformación que el organismo tenía desde hace 15 años porque se venció el plazo de 120 días que había establecido para que el Congreso sancionara una nueva ley. Fue un acto de intromisión sin precedentes sobre otro poder y casi una burla teniendo en cuenta que el propio tribunal tuvo el expediente cajoneado durante seis años.
También declaró nulo todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había ordenado que las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de nombrar dos consejeros/as por la segunda minoría y lo denunciaron ante el propio Consejo, presidido por Rosatti. El combo de resoluciones consolida una crisis institucional.
El fallo supremo de diciembre decía que si para el 15 de abril el Congreso no aprobaba una nueva ley que dotara de "equilibrio" al Consejo --que según la Corte tenía una sobre representación política-- entonces entraría en vigencia la vieja estructura de 20 integrantes, que incluía al presidente supremo como titular del organismo (de lo contrario los actos serían nulos). Como él ya se nombró a sí mismo, haría falta nombrar seis consejeros/as más.
La Corte también cambia el quorum
La decisión firmada este lunes busca dejar en claro el desembarco de Rosatti en el cuerpo que elige y sanciona jueces además de manejar el presupuesto judicial, pero hace una llamativa rectificación o corrección de su propio fallo. En diciembre, la Corte dijo que "los nuevos miembros" iniciarían su mandato "de manera conjunta y simultánea". Eso no es posible porque no hay representantes legislativos designados. Entonces, señaló, se les tomará juramento a quienes estén designados y el Consejo, dicen los supremos, podrá sesionar con un quórum de 12 integrantes.
La abogada Graciana Peñafort advirtió que "la Corte no sólo se puso a legislar cuando restableció una ley derogada sino que vuelve a hacerlo modificando el quórum de aquella norma que era de 13 consejeros".
Esta es la explicación que da la Corte sobre por qué cambió: "La asunción conjunta y simultánea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley, y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar —eventualmente y en ese ínterin— un nuevo desequilibrio en su composición. Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional". Bajo esa óptica, se conformará un Consejo con un desequilibrio de arranque, sólo porque se vencía el plazo.
"Corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada", afirma la resolución firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó, en teoría y según explicaciones cortesanas, porque está de licencia. Lorenzetti planteó una fuerte discrepancia en la sentencia de diciembre: si bien estuvo de acuerdo con la necesidad de una nueva ley, objetó la reposición de otra derogada y el plazo al Congreso. En la teoría de este juez, bastaba con la exhortación y lo demás era extralimitarse.
Tiempos y enigmas
El titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, hizo un llamado público al tribunal para que diera noventa días más y que se pueda consensuar una nueva ley. Pero los supremos hicieron oídos sordos. En cambio optaron por hacerse eco de los pataleos del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, autor original del planteo de inconstitucionalidad, que pidió la nulidad de lo decidido por el juez de Paraná ante un planteo del diputado del oficialismo Marcelo Casaretto y, en buena medida también recogieron el espíritu de las quejas del diputado radical Mario Negri --que alcanzó a presentar un per saltum-- que presiona con perseverancia para que entren legisladores propios al Consejo.
Según la ley reestablecida, debe haber un representante por la segunda minoría de cada una de las cámaras. ¿A qué fuerza le toca? Para Juntos por el Cambio es un asunto sin discusión: piden a Roxana Reyes por Diputados y a Luis Juez por el Senado. "No es para nada una discusión saldada", advirtió la diputada y consejera Vanesa Siley en diálogo con la AM750.
Siley sostuvo que resolución de la Corte de este martes "es un fallo sobre un fallo, que para colmo se contradice". "Primero dijeron que los nuevos miembros debían asumir en forma conjunta y simultánea, ahora dicen que era así pero no tanto. Selectivamente la Corte dice cuándo puede funcionar el Consejo. Es una aberración jurídica atrás de otra, incumpliendo la Constitución, es insólito", remarcó.
A las nuevas consejeras ya elegidas, la Corte anunció que les tomará juramento. Aunque no definió el día, dan a entender que será pronto. Cuando esto suceda, se convertirán en consejeras las abogadas María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora; Jimena de la Torre, una exfuncionaria clave de la AFIP macrista que en los últimos días ofició como una especie de portavoz de la presidencia suprema ya que anunciaba lo que estaba por suceder; la jueza Agustina Díaz Cordero, quien también trabajó en el gobierno de Cambiemos cerca de Germán Garavano; y Pamela Tolosa, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Sur.
El enigma es qué harán los consejeros y consejeras históricos cuando Rosatti llame al juramento y al plenario. ¿Aceptarán sesionar sin el cuerpo en pleno y con un quórum inventado? El organismo firmó la semana pasada un reglamento de emergencia en el que delegó a su presidente saliente, Alberto Lugones, facultades administrativas, de modo de poder pagar sueldos, contratos, alquileres y cuestiones de ese tenor. Pero es difícil pensar que este Consejo que se perfila como una especie de Frankenstein pueda trabajar en la votación de ternas de jueces y juezas y en procesos disciplinarios. En este punto, si la parálisis continúa, la oposición habrá logrado parte de su objetivo: lo que quiere es asegurarse a futuro poder controlar los nombramientos y la caja, en sociedad con la familia judicial.
Juez denunciado
El juez Alonso había dictado una medida precautelar que dejaba en suspenso la designación de legisladores/as para el Consejo mientras esperaba informes de ambas cámaras del Congreso. La Corte fue durísima con él. Dijo que "actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal". Le atribuyó "notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes" de la propia Corte. Anuló toda su actuación y lo denunció ante el Consejo mismo.
Ante este escenario Juntos por el Cambio se subió a la ola y anunció que hará una conferencia para reclamar públicamente a Cristina Kirchner y a Sergio Massa las designaciones de consejeros parlamentarios, que atribuyen a su fuerza. En esta tónica parecen mucho más enfocados en querer conquistar lugares en el Consejo de Rosatti que en buscar consensos para una nueva ley. La que tuvo media sanción en el Senado, basada en el proyecto del Poder Ejecutivo, prevé un cuerpo de 17 miembros pero excluye a la Corte Suprema, el gran punto de discordia.
Críticas y alertas
Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni todo lo sucedido "es preocupante, refleja un deterioro institucional grave, no sólo de la democracia sino de la república". A su entender todo lo que decidió el tribunal "afecta la independencia interna del Poder Judicial, le están diciendo al Poder Judicial que se debe alinear". "Ameritaría la remoción (de los supremos) por juicio político", dijo en la noche del lunes en C5N.
Por la mañana, el ministro de Justicia, Martín Soria, había dicho que la decisión suprema "causa un profundo deterioro en términos jurídicos y democráticos". "No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional (...). Están haciendo política en lugar de hacer justicia”, subrayó. Su viceministro, Juan Martín Mena, se refirió a las posibilidades de una nueva ley: “Vamos a lograr los votos, vamos a negociar en el seno del Congreso, no podemos permitir que la Corte legisle". Sumó otra objeción: "Las resoluciones del Consejo de la Magistratura tienen un solo mecanismo de revisión de control que es la Corte Suprema. No se puede estar de los dos lados del mostrador", precisó una de las razones por las que la ley había sido modificada en 2006, y el presidente supremo quedó afuera del cuerpo.
Publicado en:
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La intimación de la Anses a los jueces y fiscales que congelaron sus trámites jubilatorios es un primer paso de otros con el que se buscará activar el control interpoderes. Detalles.
(Foto: Dady Brieva Prensa)
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
21 de febrero de 2021
La decisión de la Corte Suprema de condenar a Milagro Sala convalidó el accionar del Poder Judicial en la causa cuya investigación había sido criticada duramente por el presidente Alberto Fernández. El mandatario leyó el desafío y decidió mover una dama: Fernanda Raverta. Pero no será la única. El oficialismo retomará el viejo lema del republicanismo que supone el control interpoderes del Estado, y con “la ley en la mano” pasará a tener un rol activo en el control de irregularidades que el Poder Judicial da como naturalizadas.
Según pudo saber Tiempo Argentino, la decisión de terminar con la situación irregular de las jubilaciones de los jueces fue pensada y acordada por “la fórmula”. Alberto y Cristina Fernández hablaron a principios de semana y luego el presidente se encargó de supervisar la operativización de la medida, de la mano de Raverta, titular de la Anses. Una de las prácticas naturalizadas en el Poder Judicial es tener la jubilación otorgada, pero seguir trabajando. Muchos magistrados usan ese mecanismo para presentar la renuncia ante una amenaza de destitución y así evitar el juicio político. Raverta comenzó a enviar la semana pasada una resolución a jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo o caerán sus trámites. Ahora esa resolución deberá ser analizada por el Consejo de la Magistratura, a pedido de la oposición, que consideró la medida como una forma de presión a los magistrados.
La estrategia se resume en usar las reglas del sistema para arreglar el sistema. El objetivo es revisar desde el más puro liberalismo político las rémoras medievales que conserva el único poder de la democracia que no se plebiscita. En ese contexto, el viernes la excúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quedaron procesados por espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri, noticia que quedó enterrada por el escándalo que eyectó a Ginés González García de su cargo.
Pero la cuestión previsional no es la única situación irregular, ya que los jueces tienen acordado para sí mismos la excepción del Impuesto a las Ganancias. Aunque el enojo social con ese privilegio no se traduce en cuestionamiento mediático, el gobierno sabe que es uno de los puntos débiles del Poder Judicial por donde puede avanzar. La que puso el tema sobre la mesa fue la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien esta semana pidió evaluar esa excepción tributaria tan especial. Desde la titularidad de la Cámara de Diputados aclararon que en el proyecto que presentó Sergio Massa para subir el piso a 150 mil pesos de ingresos para quienes paguen Ganancias, no está incluida la eliminación del pago de los jueces.
En diálogo con Tiempo, la senadora explicó que “no hay posición nueva. El pago de Ganancias tiene que ver con la igualdad ante la ley. Pero hay cosas peores que esa excepción tributaria, lo que pasó con el Ministerio Público es de una gravedad enorme. Carlos Stornelli y Eduardo Casal usaron la política criminal del Estado para perseguir opositores y hacer la vista gorda de delitos centrales del funcionamiento del Estado”. “El Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente de las presiones de la política, y de todos los sectores, el económico también. Democratizar la Justicia es abonar la independencia y la perspectiva de género”, sostuvo la senadora.
Otro de los cambios que se están produciendo en las bases de la pirámide y que luego rebotan en la superficie tuvo que ver con la designación del Diego Molea como presidente del Consejo de la Magistratura. “Vamos a avanzar en poner orden y luz en que el Poder Judicial funcione como debe funcionar”, anticipó.
La diputada y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, compañera de militancia del camporista Molea, da cuenta de eso. “Desde el Consejo venimos haciendo desde el año pasado avances concretos, no solo en lograr paridad en los lugares institucionales sino en las respuestas que hay que dar desde la institución. Desde fines de 2019 en los concursos logramos que como mínimo haya una mujer en las ternas. Parece una pavada, pero no lo es porque en muchas no había mujeres. Además, para concursar hay que hacer de manera obligatoria cursos de género. En las entrevistas personales hay un paso fundamental, que son las preguntas y la evaluación en torno a la perspectiva de género de los candidatos, ya que eso después se nota en el contenido de sus sentencias, en los actos jurisdiccionales, en el trato y la atención a la víctima y para con los trabajadores judiciales”.
Una de las propuestas presentadas por Siley esta semana es la de elaborar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones de violencia de género, en cumplimiento con el acuerdo firmado con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. “Ya que son funcionarios públicos, que su comportamiento sea público”, sintentizó Siley.
Publicado en:
El presidente de la Corte convocó a la Comisión Interpoderes sobre los juicios de lesa humanidad, paralizada durante los años de Macri
La diputada Siley le pidió el juicio político por promover el 2x1 para los genocidas, favorecer a Carlos Blaquier, acusado por los secuestros en el Ingenio Ledesma y paralizar la Comisión Interpoderes. La primera reacción del presidente de la Corte fue convocarla.
Por Irina Hauser y Luciana Bertoia
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, no para de dar sorpresas incluso a sus propios colegas. Mientras desplegaba su ofensiva por rescatar con un per saltum a los tres jueces atornillados a sus cargos en Comodoro Py, enviaba al resto de los supremos un e-mail que anunciaba que convocaría a la Comisión Interpoderes, la encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad que dejó de reunirse durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa responde a un reclamo específico de los organismos de derechos humanos, pero fue puesta en marcha ahora por una necesidad personal de Rosenkrantz, sobre quién recayó el 25 de septiembre un pedido de juicio político promovido por la diputada Vanesa Siley (Frente de Todes) precisamente por haber “favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”. Según pudo constatar Página/12, hay más de 50 causas de este tipo estancadas en el alto tribunal. El viernes último los medios más afines a la oposición publicaron la noticia cual logro del titular de la Corte, que desde unos días antes hizo circular que su idea es cuidar los derechos de todas las partes, no sea cosa que los represores se asusten. La primera reunión por Zoom será el jueves próximo y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ya confirmó su presencia remota. Los organismos afinan su agenda después de cuatro años de silencio supremo.
Parece una gran paradoja que la reunión de la “Interpoderes” sea organizada después de tanto tiempo en un contexto en que la Corte, y con especial ímpetu el propio Rosenkrantz, acaba de dejar planteado un escenario de conflicto de poderes alrededor de la discusión sobre la validez de las designaciones por el mecanismos de traslado, sin pasar por el Senado, que en 2018 obtuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli (los dos primeros a la Cámara Federal porteña y el tercero al Tribunal Oral Federal 7). La apertura del per saltum, que además prohibió por ahora que los tres jueces sean reemplazados, fue un golpe sorpresivo para el Poder Ejecutivo, que por decreto había ratificado lo decidido por el Senado: el rechazo a los tres traslados. Falta la decisión de fondo de la Corte, pero el procurador interino Eduardo Casal dictaminó anoche a favor de los tres jueces, lo cual no es vinculante para la Corte. Todavía hay final abierto, aunque la situación del tribunal con el Gobierno sea de alta tensión.
Pese al clima de tensión, desde el Ejecutivo remarcan que el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, presentado por Siley, nada tuvo que ver con que la Corte admitiera el per saltum del trío. De hecho, la presentación de Siley fue el viernes 25 de septiembre y la decisión del máximo tribunal tuvo lugar el martes 29. Las fechas no coinciden con la idea de represalia que se pretende instalar desde los medios y la oposición, aliados estratégicos del juez Rosenkrantz.
Plan rescate
En la vocalía de Rosenkrantz se trabajó hasta tarde el viernes 25. Los teléfonos de sus secretarios más cercanos ardieron hasta pasada la medianoche. Estaban preocupados por avisar que el supremo mandaría pronto las invitaciones al Gobierno, a la Procuración General, a la Cámara Federal de Casación, al Consejo de la Magistratura, al Congreso y a los organismos de derechos humanos para convocar. Todos ellos integraron la Comisión Interpoderes desde que fue creada en 2008 por el antecesor en la presidencia suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando la Corte todavía decía que los juicios de lesa humanidad eran una política de Estado. La última vez que se reunió la Comisión fue en 2016 y sólo participaron Lorenzetti y Horacio Rosatti, que era todavía un recién llegado al Palacio.
En realidad, no fue que a Rosenkrantz le agarró un ataque repentino de interés por las causas de lesa humanidad, sino que se preocupó por contrarrestar el pedido de juicio político que había presentado Siley ese mismo día. La diputada --que también integra el Consejo de la Magistratura-- lo acusó de favorecer la impunidad de los genocidas. Su presentación decía que cuatro casos de lesa humanidad que fueron resueltos o están por resolverse en la Corte muestran cuáles son las verdaderas intenciones de su presidente. Por ejemplo, el del cálculo del 2x1 que favoreció al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, que fue motorizado por Rosenkrantz y contó con los votos de Rosatti y Elena Highton. Sus dos colegas cambiaron de opinión después de que el Congreso aprobara una ley interpretativa y de movilizaciones masivas que ningún supremo había previsto. Rosenkrantz, no. Se empacó y dijo que el beneficio le correspondía a Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. En plena feria, recordó Siley, Rosenkrantz remitió a un tribunal oral federal de Rosario un planteo del represor Juan Daniel Amelong para que le otorgaran domiciliaria. El cuarto caso es el del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, al que Rosenkrantz le aplica un tratamiento de cronoterapia en su vocalía desde hace un año. El otro punto en el que se basaba el pedido de juicio político era la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes.
Tienes un e-mail
Rosenkrantz, que tiene escaso poder dentro de la Corte ya que la mayoría de las decisiones se deben tomar con tres votos, aprovecha el contexto de la pandemia para informar por correo electrónico a sus colegas aquellas cosas que puede decidir en soledad. Así como informó de ese modo el llamado a la Interpoderes, convocó a acuerdo extraordinario donde impuso el tratamiento del per saltum del tridente BBC. En uno de los acuerdos previos había informado que tenía varios reclamos para hacer la reunión por las causas de lesa humanidad, quizá el tema que más incomoda al jurista. Los pedidos se acumulan en el cuarto piso del Palacio desde hace, al menos, cuatro meses. Los organismos de derechos humanos hicieron cuatro presentaciones, incluso la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, le hizo llegar su preocupación al máximo tribunal por el parate en el que estaban los juicios en mayo pasado después de una presentación de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal Ángeles Ramos.
Los demás supremos se hicieron los distraídos ante la convocatoria a la Interpoderes. Ante el silencio sepulcral del resto de sus colegas, la jueza Highton se ofreció a acompañar a Rosenkrantz en el evento, un poco obligada por su cargo de vicepresidenta del cuerpo. Lorenzetti mastica bronca porque fue él quien creó la Comisión y siempre manejó la relación con los organismos. El enfrentamiento que mantiene con Rosenkrantz desde que en 2018 fue desplazado de la presidencia tiñe todas las discusiones. Rosatti y Maqueda miran de lejos, por si acaso.
La idea de Rosenkrantz es hacer una reunión breve, que vaya al punto y evitar los discursos encendidos de los organismos, que inevitablemente le reprocharán haber sido el alma pater del 2x1. El supremo también se comunicó con algunos jueces de la Casación Federal, por lo que se presume que podría querer pasarle la posta de la Interpoderes al máximo tribunal penal del país. Al momento de justificar su interés por ocuparse del tema ahora, Rosenkrantz y su equipo explican que hay una “afectación de derechos”, dando a entender que quizá estén especialmente interesados en la situación de los imputados o condenados por crímenes aberrantes.
La convocatoria a la Interpoderes no quedó por fuera de la interna palaciega que se vive en la Corte. Rosenkrantz se ocupó de correr a quienes habían manejado hasta entonces la relación con los organismos o con las partes interesadas en las causas de lesa humanidad aduciendo que respondían a Lorenzetti. Quizá fue por eso que los organismos de derechos humanos no recibieron llamado alguno para convocarlos a la reunión a la Corte, sólo un correo enviado desde la secretaría privada de la presidencia del tribunal. A los funcionarios los llamó Agustín María Casares, otro hombre de confianza del presidente de la Corte. A ninguno de los invitados les comunicaron un temario, sólo a algunos les anticiparon que la idea de la Corte es dividir el trabajo en grupos temáticos.
El sello Rosenkrantz
Rosenkrantz conformó el voto mayoritario en dos fallos emblemáticos de la era Macri: el del 2x1 --que motorizó él mismo-- y el fallo Ingenieros, por el cual la Corte le negó una reparación a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura. Después, en general, Rosenkrantz ha encarnado la minoría automática en cuestiones de lesa humanidad. En general, cuando circulan los expedientes sobre crímenes de la dictadura, Rosenkrantz suele escribir a mano “No firmo”.
Desde hace un año, Rosenkrantz está sentado sobre una causa especialmente sensible, la de la responsabilidad de las máximas autoridades del ingenio Ledesma con secuestros producidos durante “los apagones” de 1976. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló los procesamientos de Blaquier y de Alberto Lemos y dispuso su falta de mérito. El fiscal de Casación Javier De Luca recurrió la decisión y dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. La procuradora ante la Corte, Adriana García Netto apoyó la postura de De Luca. Sin embargo, la Corte nunca trató el tema.
Todas las miradas apuntan a Rosenkrantz por la relación que su esposa, Agustina Cavanagh, tiene con los Blaquier. Cavanagh presidió la fundación Cimientos hasta que Rosenkrantz llegó a la Corte y actualmente integra el consejo de esa organización, que según el Observatorio de las Élites CITRA - UMET - CONICET está ligada a los Blaquier. Cuando defendió su nominación en el Senado, Rosenkrantz dijo que su única relación con la familia era a través de Nelly Arrieta de Blaquier por ser donante en la Universidad de San Andrés, la que él dirigió hasta su mudanza a la Corte. Nelly está casada justamente con Carlos Pedro. Los Blaquier también tienen casa en el selecto country Cumelén de Villa La Angostura, donde Cavanagh heredó una casa y al supremo le gusta vacacionar.
Siley y el juicio político
"Carlos Rosenkrantz nunca citó después de siete pedidos de los organismos de derechos humanos a la Comisión Interpoderes, que es la encargada de garantizar la celeridad y el acceso a justicia real para todo lo que es delitos de lesa humanidad, y o hace ahora, luego de anoticiarse de este nuevo pedido de juicio político. Es una actitud claramente hipócrita", le dice a Página|12 Vanesa Siley, diputada del Frente de Todes, que el viernes 25 de septiembre presentó un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. La presentación de Siley sigue la misma línea de los tres pedidos que se habían presentado en 2017 después de que Rosenkrantz junto con Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti firmaran el fallo del 2x1, que abría la puerta para una liberación temprana de cientos de represores.
"¿Cómo puede tener una Corte Suprema gravedad institucional la situación de tres jueces trasladados y no tener gravedad institucional las causas de lesa humanidad, como la causa Ledesma, donde está imputado Carlos Pedro Blaquier?", pregunta Siley. "Esa causa la tiene la vocalía de Rosenkrantz y no fue tratada. Para la sociedad argentina y la democracia es fundamental determinar la complicidad civil en la última dictadura cívico-militar, pero para él no es un tema de urgencia. Ahí hay relaciones familiares en juego entre la esposa de Rosenkrantz que integra la misma Fundación Cimientos que la familia Blaquier", agrega.
Algo más que un simple retraso
La convocatoria del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a los organismos de derechos humanos después de cuatro años de haber desactivado la Comisión Interpoderes se da en un contexto de importante retraso por parte del propio máximo tribunal a la hora de confirmar las sentencias por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.
Según estimaciones, la Corte tiene más de 50 sentencias por revisar referidas a crímenes contra la humanidad. En el tribunal, estiman que los expedientes rondan los 500 porque hay varios recursos por causa. Todavía resta a la Corte resolver varios planteos de represores que pedían que les aplicaran el cálculo del 2x1. En esos casos, la respuesta del tribunal es prácticamente automática porque remiten al fallo Hidalgo Garzón, en el cual la mayoría de los supremos --con la estoica oposición de Rosenkrantz-- consideró que ese beneficio no era aplicable a criminales de lesa humanidad.
Algunas de las causas para revisar llevan más de cinco años en el Palacio, como es el caso de la sentencia por la Masacre de Trelew, en la que la Corte deberá confirmar la caracterización como delitos de lesa humanidad hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Una situación similar es la llamada masacre de Capilla del Rosario de 1974, en la que catorce militantes fueron asesinados, pero la Sala III de la Casación no entendió como delitos de lesa humanidad y anuló la condena de tres militares. Ese caso tiene dictamen del actual procurador interino Eduardo Casal que pide que se revierta la decisión del máximo tribunal penal del país.
Desde febrero de 2017, los cortesanos tienen para estudiar un caso emblemático sobre delitos sexuales: la causa Martel, de San Juan. Al revisar las condenas en 2016, la Sala III de la Casación sostuvo que los abusos sexuales debían ser considerados como delitos de propia mano. Es decir, solamente achacables a quienes perpetran el crimen pero no a sus superiores. Otro caso que espera el análisis de la Corte tiene que ver con el Plan Cóndor, un juicio histórico que terminó en 2016 y en el que el Tribunal Oral Federal 1 describió al Cóndor como una asociación ilícita regional.
Varias causas vinculadas a la apropiación de niñes durante el terrorismo de Estado siguen en la Corte. Por ejemplo, los supremos deberían revisar la absolución del médico Raúl Martín en el segundo juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo y las condenas por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, la primera nieta nacida en cautiverio encontrada por las Abuelas. Ese juicio terminó en 2013 en La Plata. Esa jurisdicción tiene atrasos significativos en la revisión de las sentencias, especialmente en la Casación Federal, que todavía no analizó ni las condenas por Circuito Camps de 2012 ni de La Cacha de 2014.
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