El acto en Villa Pueyrredón citado en la denuncia de las candidatas.
Denunciaron que utilizan empleados de CABA en la campaña
Candidatas del FIT denunciaron que empleados de la gestión de Rodríguez Larreta son obligados a ir a actos y repartir folletos.
A simple vista son militantes de Cambiemos que reparten volantes en las esquinas o participan de actos de campaña en clubes de barrio. En los hechos, en cambio, son empleados del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta obligados a trabajar en tareas ajenas, propias de los militantes políticos que el discurso oficial aborrece, que se exponen a ser despedidos en caso de negarse. “Según los testimonios recabados, esta práctica es sistemática y está extendida en todo el Estado porteño”, advirtió la abogada María del Carmen Verdú, que denunció públicamente la situación junto con Myriam Bregman, ambas candidatas a diputadas nacionales por el Frente de Izquierda.
“Con @mauriciomacri, @horaciorlarreta y el equipo de #JuntosPorElCambio compartimos un encuentro con miles de vecinos comprometidos con el cambio”, afirmó días atrás en Twitter el vicejefe de gobierno Diego Santilli. En las fotos, paras las que también sonríe Martín Lousteau, se ve el gimnasio del club 17 de Agosto de Villa Pueyrredón repleto de supuestos simpatizantes. “Primero fuimos a repartir volantes y después nos llevaron al acto”, refutó esa puesta en escena uno de los empleados citados en la denuncia. “Nos dieron hamburguesas y Coca gratis”, agregó, y destacó que “yo no pienso votar a Larreta pero no puedo negarme porque si no pierdo el laburo”.
“Lejos de lo que el gobierno de Cambiemos sostiene, la participación no es de carácter voluntario: a los trabajadores que se niegan a participar de la campaña se les pide la renuncia", denunció Verdú. “La amenaza de despido a quienes no acatan es directa, se aprovecha la condición de precariedad de lxs contratadxs para extorsionar con la continuidad del puesto”, explicó la abogada de Correpi. Bregman explicó que “la dirección de los distintos sectores obliga a anotarse en actividades electorales a empleados y, si no lo hacen, se les asigna igualmente un día y horario para volantear".
“Nosotras fuimos y te recibe alguien que sí parece del partido. Te toma lista y te pregunta de dónde sos (el lugar de trabajo), después te dan volantes y te piden que vayas a repartirlos en determinadas calles”, cuentan otras trabajadoras. “Excepto el que estaba tomando lista, el resto éramos empleados del Gobierno de distintas dependencias, no había militantes. En nuestro caso caminamos un par de cuadras y los tiramos. Después hicimos tiempo y volvimos para entregar una planilla que te dan al principio”, explica.
El detalle de tareas incluye también acompañar a los candidatos en timbreos y charlas para intentar convencer a los vecinos de las bondades de Cambiemos. Los call centers de Marcos Peña son otro de los destinos de la mano de obra estatal. Para cumplir esa misión deben estudiar previamente un speech guionado por los estrategas de campaña que comanda Jaime Durán Barba. La enumeración concluye con la más tradicional actuación como fiscales partidarios el día de la elección. “En las elecciones de 2015 nos obligaron a todos, hubo dos pibes que se negaron y al mes siguientes los hicieron firmar la renuncia”, recuerda otro trabajador citado en la denuncia.
Las precandidatas del FIT explican que el uso de trabajadores en tareas propias de militantes se vincula directamente con las precarias condiciones laborales en el gobierno de Rodríguez Larreta. “No forman parte de la planta permanente ni transitoria pero cumplen las mismas tareas, se les exige fichaje biométrico y cumplen órdenes, muchas veces con un pago menor al de sus compañeros en planta permanente, sin goce de vacaciones y con un empleador que no se hace cargo de las cargas sociales", denunció Bregman, del PTS.
Las abogadas destacaron que “es una práctica ilegal: la ley 25.164 establece en su artículo 24 inciso E la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de `valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política`". “Esta situación representa también un desvío de los fondos públicos estatales para fines particulares de campaña política y se constituye como una práctica totalmente avasallante sobre los derechos y la libertad política de cualquier persona”, concluyeron.
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