08 Octubre 2020
Informe oficial que motivó rescisiones revela que los contratos presupuestados en 2017 por u$s5.339 M hoy treparían a u$s13 mil M. Riesgoso: financiamiento en pesos para cotizaciones atadas al dólar.
Lapidaria auditoría de AGN sobre las PPP: tres veces más costoso, irregularidades y falta de control
Por Andrés Lerner
Hace dos semanas, el Gobierno Nacional rescindió dos de los seis contratos que la administración de Mauricio Macri firmó para la implementación del esquema de participación público privada en obras de infraestructura. Todavía se mantiene la negociación con el resto de las constructoras para desarmar un sistema que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), representaba más costos para el Estado y menos efectividad en la ejecución. De acuerdo a las proyecciones de la auditoría, si se hubiese avanzado, las obras hubieran costado tres veces más que en manos del sector público, y más del doble de lo que se había estimado previamente.
En el Gobierno no dudan en tildar de “ruinoso” el sistema conocido como PPP. El informe de auditoría de cumplimiento de la AGN al que accedió Ámbito, afirma que “se observa una significativa brecha entre los montos calculados y lo efectivamente contratado. La Dirección de Vialidad estimó un presupuesto de costos por un valor de 5.338 millones de dólares a noviembre de 2017, las ofertas se adjudicaron por 9.969 millones de dólares y en la actualidad se calcula que rondaría los 13.100 millones de dólares”, asegura el dictamen de 229 carillas que fue aprobado y finalizado en agosto pasado.
Esto se debe al diagrama inicial que ideó y mantuvo en pie con prórrogas de dudosa legalidad el exministro de Transporte Guillermo Dietrich. El sistema preveía para el Estado erogaciones en dólares que además estaban atadas al aumento del riesgo país y a la evolución de títulos públicos respecto del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El documento al que pudo acceder Ámbito confirmó que “para cubrir un eventual déficit se aseguraron aportes adicionales del Estado Nacional que nunca fueron cuantificados, comprometiendo con ello los recursos del Presupuesto Nacional sin hacer mención alguna al riesgo cambiario al que se expone comprometiendo pagos en dólares”.
La AGN detalló los graves problemas de financiamiento que devienen de la disparidad cambiaria: “Las erogaciones se cotizan en dólares pero los ingresos para financiar las obras de PPP provienen de un fondo que recibe pesos de los impuestos sobre el gasoil y los combustibles líquidos”. Cabe destacar que entre noviembre de 2017 y diciembre del 2019 el tipo de cambio se desplazó de $17,10 por dólar a $58, lo que profundizó los desequilibrios en el sistema, de acuerdo a lo auditado.
Obviamente, Argentina no imprime dólares y cualquier base de recaudación impositiva está en moneda nacional. Entonces: ¿Por qué acudir a este sistema? La única respuesta que dio la administración anterior no fue que el interés público se vería mejor atendido mediante el régimen de PPP frente a otras alternativas contractuales, si no que se “basaron en restricciones presupuestarias por parte del Estado Nacional”.
La ley de Presupuesto del año 2018 autorizó la realización de 52 proyectos bajo el régimen PPP. Entre ellas obras de infraestructura que abarcan hospitales, rutas, ferrocarriles, transporte eléctrico, alumbrado público, desarrollo de viviendas, agua potable, un sistema cloacal y el Sistema de Acueducto Norte.
Sin embargo, sólo se comenzó a trabajar con los corredores viales, sector en el cual Macri se había desempeñado en la actividad privada antes de asumir la presidencia. El particular interés de la gestión de Cambiemos por las rutas, ya está en manos de la justicia en una causa que investiga la renovación de las concesiones de peajes y que tiene a Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías como imputados. Del relevamiento de la documentación licitatoria, no se advierten las razones por las cuales la Secretaría que administraba esos proyectos priorizó esas obras.
En rigor, las variables macroeconómicas se desajustaron y el financiamiento prometido por el sector privado nunca llegó. De todas maneras, las empresas tuvieron beneficios porque los contratos incluían la explotación gratuita de las áreas comerciales, fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos. Las contratistas percibieron esa renta desde agosto de 2018 a pesar de que el avance registrado en las obras alcanza solo al 2%.
Las irregularidades detectadas se extienden en varios sentidos. La AGN indicó que “el área de control no contaba con un responsable de acceso a la información pública, tampoco con manuales de situación de fraude ni con un área de prevención de lavado de activos”. También señala que el funcionario designado a cargo de la Secretaría PPP, José Luis Morea, fue nombrado de manera simultánea como director del BICE, banco que estaba a la vez involucrado en la operatoria.
El informe es lapidario y no apunta solo a la mala implementación, sino que centra sus críticas en la concepción de un sistema que pretendía funcionar como una canilla paralela de deuda. Con sobrecostos, sin transparencia ni garantías para el Estado y con una discrecionalidad absoluta para priorizar proyectos.
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