La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich | NA
El "método Patricia Bullrich" puede funcionar al comienzo pero, más tarde o más temprano, la ministra debe hacerse responsable de generar las condiciones para que se produzca una implosión social.
13-03-2025
Si la ministra Bullrich siembra represión, cosechará sus muertos. La violencia desatada ayer por el operativo policial -casi militar- que ella conduce es un capítulo más de una suerte de cruzada en su carrera, la carrera de una funcionaria que hace diez años tiene una agenda de criminalización de la protesta y disciplinamiento social.
En un contexto de crisis como el actual, la conflictividad naturalmente crece. Si la respuesta política, como nos tiene acostumbrados, solo se basa en la represión, la situación termina con heridos y hasta muertos. No podemos volver atrás, no volvamos a los momentos en los que la política se resolvía con violencia.
En estas columnas siempre tratamos de trascender la causa inmediata de cada uno de los hechos para ir a las causas irreductibles, a las causas de las causas. En este caso, no son la participación de las barra bravas -desde ya, en los aspectos violentos reprobables-, sino en las condiciones de posibilidad que permiten que se genere su participación. Siempre habrá violentos a quienes reprobar, pero los gobiernos son los encargados de desagotar la violencia social.
En estos momentos, hay un fotógrafo llamado Pablo Grillo que está peleando por su vida luego de recibir un disparo de un cartucho de gas pimienta en la cabeza. Este hecho lamentable hace recordar lo sucedido hace 15 años en Neuquén, con el docente Carlos Fuetealba. Le enviamos fuerza a la familia del fotógrafo y deseos de recuperación.
Para analizar los vaivenes de la represión en los últimos años de nuestro país como contexto de la emergencia de Patricia Bullrich como figura política, decidimos comenzar esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con La bala, de Calle 13.
En el antiguo testamento, específicamente en Oseas 8:7, Dios le advirtió al pueblo de Israel que por los pecados que cometieron, recibirán un castigo divino. La cita exacta del versículo es: "Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no tendrán mies, ni el fruto dará harina; si la diere, extraños la devorarán”. Luego, la cultura popular adaptó el versículo y terminó en el refrán de quien siembra viento, cosechas tempestades. El mensaje es el mismo, habla de las acciones reprochables y sus consecuencias que suelen ser mucho más graves.
En primer lugar, la convocatoria a la manifestación de ayer tiene un claro origen político-económico: la política económica del Gobierno. Gran parte de la reducción del déficit fiscal del que se vanagloria Javier Milei se logró gracias al ajuste vía inflación de los haberes jubilatorios. La causa de la causa comienza allí.
Con el aumento de marzo, un jubilado que cobra la mínima, hoy correspondiente al 49% de este sector, recibe 350 mil pesos. Esto expulsa a cientos de miles de jubilados a la indigencia. Los que pueden resistir, es gracias a la ayuda de familiares o por que se están comiendo los ahorros. En ese marco desesperante -al que se agrega otro tema que tiene tanto costo, como el recorte de medicamentos- es normal que se produzcan movilizaciones.
En el caso de los hinchas, su participación fue una respuesta al operativo policial del Gobierno en marchas anteriores en las que no había hinchas. Hinchas, barra bravas, personas de bien o personas de mal, como le gusta decir a este Gobierno, que de hecho las hay. La causa primigenia es que ya ha habido marcha de jubilados solos, en las que se les arrojó gas pimienta. Es decir, anteriormente también hubo represión y no había hinchas de fútbol. Estos decidieron participar luego de que se viralizaran imágenes de viejos siendo reprimidos por la policía.
Jorge Macri prometió "tolerancia cero con los violentos" tras los incidentes en Congreso
Quiero contar mi propia experiencia en las noches de diciembre de 2001, en las que vi gente con ánimo de destruir que se sumaba a familias que protestaban con todo el derecho democrático. Lo único que buscaban esas personas con ánimo tanático era destruir vidrieras, dar vuelta autos y quemar todo lo que se encontraban en su camino. Esa gente existió siempre. Lo que la sociedad tiene la obligación de hacer, y los gobiernos de conducir, es no crear las condiciones para que ese tipo de gente se mezcle con el reclamo genuino.
En ese marco de tensión creciente, el Gobierno podría haber intentado algún tipo de ayuda económica a los jubilados o podría haber empezado algún tipo de canal de diálogo para descomprimir la situación, en lugar de darle más gas a la tensión social. Sin embargo, se dedicó a amenazar con más represión. Esto provocó un estado de enfrentamiento en el que algunos manifestantes cometieron delitos, y la ministra Bullrich anunció que iba a redoblar el tema de acceso a las canchas. Es decir que, en lugar de descomprimir, aumentaron la presión. No es justificación para quemar un patrullero o provocar destrozos.
Lo importante, y lo que los medios de comunicación tenemos que ayudar a hacer, es a comprender las causas para desarmar las condiciones de posibilidad para que estos hechos se repitan. En el contexto en el que se desarrollan las situaciones, hay que ir a la historia para entender dónde se originó. La mejor manera de evitar que los hinchas o barra bravas fueran a la marcha de los jubilados, era no reprimiendo a los jubilados con gas pimienta en una primera instancia, algo que hasta mereció la denuncia del papa Francisco.
Parece como si el Gobierno, y Patricia Bullrich en particular, buscaran sembrar vientos, sembrar violencia, para poder luego criminalizar a quienes se manifiestan y colocar a quienes van a expresarse pacíficamente con los sectores minoritarios que cometen actos delictivos. En ese marco, todo acto de violencia cometido en una manifestación es totalmente funcional al Gobierno. Esta táctica puede funcionarle al comienzo, pero más tarde o más temprano, va a generar condiciones para que se pasen situaciones graves.
La pregunta es si el “método Patricia Bullrich” sigue funcionando, o si cumplió su prometido con respecto a la protesta de las organizaciones socialmente. Finalmente, hay ideas de que Bullrich sea candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires porque su manera de contener la protesta social, en un contexto que va a ser creciente, probablemente ya no sea más funcional, ni siquiera para el propio Gobierno.
Volviendo a Patricia Bullrich, en estos últimos años, se ha dedicado a combatir una idea. La idea de que la represión a la protesta social es algo que corresponde siempre, en cualquier circunstancia.
Sucede que desde la vuelta a la democracia en 1983 y luego, con el proceso de enjuiciamiento a las juntas militares, la labor de la Conadep y el testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado en los diferentes juicios, fue avanzando dos conclusiones en la conciencia colectiva del pueblo argentino. La primera es que que nunca debemos resolver nuestras diferencias políticas con violencia -esto vale para las organizaciones terroristas y guerrilleras que merecen toda condena, como la de Mario Firmenich, a quien condenó Alfonsín- y la segunda es que nunca es equiparable la represión estatal a la violencia privada, sea de manifestantes o de grupos terroristas.
Patricia Bullrich, tanto en la presidencia de Mauricio Macri como en la actualidad, parece querer terminar con estas conclusiones y dar vuelta la página de algo que marcó nuestra cultura social por más de 40 años. La violencia, si la ejerce un Gobierno en el que ella participa está totalmente justificada, inclusive en extremos brutales, con policías golpeando a una jubilada o gaseando a una nena, y la única violencia repudiable es la que proviene por parte de los opositores o manifestantes.
Hay grados de represión. Existe la represión defensiva y la represión ofensiva. Obviamente que frente a barras bravas que destruyen todo, las fuerzas de seguridad tienen que actuar. Ahora, pegarle un palazo que casi lleva a la muerte a una jubilada de más de 80 años que estaba parada pacíficamente, o tirarle con un cartucho de gas lacrimógeno desde atrás a un fotógrafo que estaba arrodillado en el piso sacando una foto, no tiene nada que ver con una represión que sea aceptable.
Comprendo que si se expone a las fuerzas de seguridad a ese nivel de estrés, es difícil controlar a decenas, centenas y miles de miembros de seguridad que pierden el control de sí mismos. Por lo tanto, las condiciones de posibilidad son siempre responsabilidad de quien conduce. En este caso, se trata de la ministra Patricia Bullrich.
Vamos a analizar algunos fragmentos de la carrera de Patricia Bullrich para observar esta especie de cruzada de la ministra en defensa de la represión y entender lo que pasó ayer, no solo por lo sucedido, sino por lo que viene pasando por su cabeza desde hace tiempo.
Durante la última campaña presidencial, Patricia Bullrich defendió a la gendarmería en el caso Maldonado durante la última campaña presidencial. En un reportaje en LN+, dijo: "Con el caso Maldonado utilizaron a Gendarmería para armar un relato y golpear a nuestro gobierno". “Hoy la gendarmería sabe que el kirchnerismo trató de usarla para destruirla y convertirla en una fuerza que hacía desaparecer personas”, agregó.
En general, entre los políticos hay un cuidado en las represiones para que efectivamente no haya un muerto, un manifestante asesinado por las fuerzas de seguridad. Más tarde, eso tiene un costo político importante. En febrero de 2024, en diálogo con la periodista Romina Manguel, la ministra declaró: “Con el tema del 'muerto' lo único lográs es no hacer nada. No tengo miedo de actuar”.
Como notan, Bullrich es especialista en ir moviendo de a poco la correlación de fuerza política, por así decirlo, en materia de represión. No defiende que haya muertos obviamente, pero asegura que no se puede partir de esa premisa para actuar como Ministra, de que va a haber muertos. De alguna manera, desde un punto de vista argumental, es comparable con la tesis de la dictadura de que en una batalla, siempre hay víctimas no deseadas. Como con el efecto secundario de la medicina correcta, va a haber algunos muertos, pero son parte de la lógica de la confrontación. La realidad es que la protesta es un derecho constitucional y es imprescindible que se pueda llevar adelante sin que por eso se corra riesgo de vida, y el Gobierno debe garantizarlo.
A pocos días de haber asumido el gobierno, el 14 de diciembre de 2023 la ministra anunció el protocolo antipiquetes. “El que las hace, las paga”, aseguró en conferencia de prensa, y dijo: “Es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”.
Además de que quien siembra viento cosecha tempestades, otra de las frases clásicas de la Biblia es “ojo por ojo, diente por diente”. A nosotros nos parece incivilizado que sea así aunque, desde el punto de vista de la historia del derecho o la ley de Talión, la respuesta tiene que ser proporcional a la acción recibida. Es decir, si me rompen un ojo, puedo romper un ojo, pero no lo puedo matar. En el siglo XXI, eso nos parece algo primitivo pero fue un avance social para el derecho porque le puso un límite a la respuesta, que no podía ser mayor a la agresión.
Esa no es siquiera la situación que vimos ayer. La jubilada que recibió un palazo, no recibió la ley del Talión. Aunque la jubilada hubiese insultado al policía, e independientemente de que las fuerzas de seguridad tienen que tener la capacidad de contener y no responder de la misma manera, aún así ni siquiera fue igual.
Es interesante que en el operativo de ayer, por momentos la policía seguía a los manifestantes hasta arriba de la vereda y los desalojaba, inclusive sobre la Plaza de Mayo. Es decir, no se trata solo del problema de despejar la calle para que circulen los autos. Era terminar con la manifestación en todo el espacio público.
Analicemos ahora las declaraciones María Florencia Arietto, exasesora del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich durante la presidencia de Mauricio Macri, que hizo un análisis muy similar al de esta columna, casi como un pronóstico anticipado. En enero de 2023, Arrieto dijo: “Patricia dobla en todas las curvas a 180. El Estado no puede dejar muertos en todos los desalojos, como Maldonado en Cushamen”. “Un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención”, indicó.
Clarísimo. Es comprensible que las fuerzas de seguridad, a las que le tiran piedras, pierdan el control de sí mismo, quieran responder de la misma manera o perseguir corriendo a las personas durante un desalojo o en una avenida de la Ciudad de Buenos Aires. Es allí donde se ve la capacidad de control de quienes están al mando, quienes deben tener la templanza suficiente para mantener el equilibrio para que no se generen las condiciones de posibilidad para que haya un muerto. No quiere decir que la Gendarmería o la Policía haya matado, sino que se generan las condiciones para que se produzcan víctimas fatales. La ministra lo llama “daños colaterales”, ¿pero no es la causa de todo eso la batalla en sí misma?
Quien también advirtió a Patricia Bullrich y a su entonces jefe político, Mauricio Macri, las consecuencias judiciales de este tipo de política represiva fue Elisa Carrió, miembro de la alianza de gobierno de ese momento. Durante la última campaña presidencial, Carrió apuntó contra el partido liderado por el expresidente y contra la actual ministra, a quien conoce muy bien, y dijo: “Macri se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei”.
“Ese espacio va por un ajuste brutal y por la noción de orden bajo la ilusión de que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Esta violencia termina en juzgamiento por delitos de lesa humanidad”, sentenció la líder de la Coalición Cívica. Ella, la ministra de Seguridad, muchas veces envía a las fuerzas que les responden a situaciones en las que van a terminar presos.
En la historia reciente argentina hay numerosos casos de juzgamiento de policías y en menor medida funcionarios por represiones desmedidas a las manifestaciones. La represión de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001, en la que los manifestantes realmente hicieron desmanes, fue juzgada.
En esa causa fueron condenados y juzgados el secretario de Seguridad Enrique Mathov, cargo equivalente al que hoy ocupa Bullrich y el jefe de Policía Rubén Santos. Al confirmarse las condenas, el abogado querellante en la causa, Rodrigo Boda, sostuvo: “Mathov y Santos no son ajenos a los hechos que cometen sus subalternos”.
Es muy difícil, casi imposible, controlar decenas de miles de personas protestando violentamente. Es tarea de los gobiernos no crear las condiciones de posibilidad para que eso suceda. Sin lugar a dudas, el gobierno de la Alianza fue responsable de haber creado condiciones para que se generan las condiciones para que se produzca esa implosión social.
Sería importante que la ministra Bullrich escuche las palabras de este abogado. Vale mencionar que Bullrich integró ese gobierno y se fue tan solo meses antes. “Los funcionarios no son ajenos a los hechos que cometen sus subalternos en función de las órdenes que ellos les dan”, dijo el abogado querellante.
Otro caso que le costó una presidencia, en este caso la de Duhalde, fue el de Kosteki y Santillán. Se trata del asesinato de dos manifestantes, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, luego de una manifestación en el puente Pueyrredón en 2002. En la corrida desde el puente hacia la estación Avellaneda, Kosteki fue herido. Desde allí lo trasladaron a la estación, donde murió en el suelo. Santillán estaba al lado del cuerpo, intentando asistirlo, cuando un oficial efectuó dos disparos que le quitaron la vida.
La foto del hecho fue publicada en Clarín y el fotógrafo también estuvo cubriendo de cerca la manifestación de ayer, donde presenció la agresión al reportero que recibió un cartucho en la cabeza. La cuestión siempre es la misma: se descubre el hecho por un fotógrafo. Obviamente, las personas que cometen actos ilegales, sean las fuerzas armadas o aquellos que producen hechos de violencia, consideran a los fotógrafos como personas peligrosas porque registran las pruebas con las que luego pueden ser castigados o condenados, incluso a prisión perpetua en algunos casos.
Nuevamente se da la misma situación. En el caso que ocurrió en el puente que une la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, en el caso de Maldonado y en el caso de ayer, el hecho ocurrió en las corridas posteriores, donde se produce la natural bronca entre los manifestantes y quienes recibieron piedrazos. Los jefes serían los responsables de tratar de contenerlos.
En 2011, los asesinatos de Kosteki y Santillán terminaron en el juzgamiento y la condena a prisión perpetua del comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Acosta.
Como se ve, pasaron muchos años y la justicia se tomó su tiempo. Hay quienes especulan que la idea de que Bullrich sea candidata a senadora en este año tiene el objetivo de que consiga fueros, porque probablemente va a ser juzgada por mucho de los hechos de represión que llevó adelante y que llevaría adelante si continúa al frente del ministerio. Las situaciones políticas tardan. Con la velocidad actual en la que se mueve la política, tratemos de imaginar la Argentina dentro de tres años.
En el comienzo de la columna, decía que lo que le sucedió a este joven fotógrafo de 34 años, Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida, nos hace recordar al asesinato del docente Carlos Fuentealba, de 40, quien también recibió un disparo de cartucho de gas pimienta en una manifestación en Neuquén. Este caso terminó en el juzgamiento del policía Dario Poblete, condenado a cadena perpetua en 2012.
El gobernador de esa época, Jorge Sobisch, era aliado de Mauricio Macri en el comienzo de Fuerza Republicana. Macri tuvo la necesidad de tomar distancia porque el caso casi se lleva puesta su incipiente carrera.
La conflictividad social es inherente a la crisis económica y al empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Probablemente, uno de los puntos de mayor consenso político radique en el hecho de que los jubilados no pueden ganar tan poco. Si a ese problema, reconocido por todos, solo se ofrecen salidas represivas en vez de utilizar la política para intentar resolverlo, se seguirá sembrando violencia.
La ministra Bullrich y el Gobierno deberían reprensar este tipo de operativos represivos, porque van a terminar lamentando vidas humanas, como periodistas y manifestantes, y van a haber policías presos. Ministra, usted también deberá dar respuestas ante la justicia aunque logre ser senadora y tener fueros. Lo lógico sería buscar una alternativa no violenta para afrontar el problema de los jubilados. No tenemos 41 años de democracia en vano, estoy seguro que podemos hacerlo.
Otro punto importante a tener en cuenta es la cultura. Con un amigo debatía el término “batala cultural”, y el decía que es un oxímoron en sí mismo porque la cultura se desarrolla con el tiempo, mientras que las batallas son puntuales. No hay forma de cambiar una cultura de un día para el otro. La modificación de una cultura es un proceso de acumulaciones sucesivas, como capas geológicas, en las que uno puede incidir de manera ínfima.
La sociedad argentina, como la francesa, es una acostumbrada a peticionar, no solo a partir de la recuperación de la democracia. Es imposible cerrar códices para que no haya manifestaciones masivas de la noche a la mañana, especialmente en un contexto de crisis económica. La respuesta debe ser descomprimir.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
TV cp
Publicado en:
https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/dia-459-cuanto-falta-para-que-bullrich-vaya-presa-modof.phtml
