Ucrania: la historia del Batallón Azov, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 28-02-22)

 Cuando Putin habla de "desnazificar" se refiere a este grupo

Es un mosaico de jóvenes cautivados por la ultraderecha, nostálgicos de la Alemania de Hitler, barrabravas de clubes ucranianos, todos amalgamados ahora para defender su territorio de las tropas enviadas desde Moscú. 

Gustavo Veiga

Por Gustavo Veiga

28 de febrero de 2022

El Batallón Azov opera como una empresa para la guerra. Tiene su página de reclutamiento donde ensalza la gloria de sus muertos en la campaña del Donetsk. Su símbolo es el Wolfsangel, de inconfundible linaje nazi y prohibido en Alemania. Llamado igual que el mar cercano donde nació al este de Ucrania, tiene una fama temible de la que no puede ufanarse el ejército regular que intenta repeler la invasión rusa. El Departamento de Estado de EE.UU lo calificó como “grupo de odio nacionalista” y en eso coincide bastante con Vladimir Putin. Es un mosaico de jóvenes cautivados por la ultraderecha, nostálgicos de la Alemania hitlerista, barrabravas de clubes ucranianos, todos amalgamados ahora para defender su territorio de las tropas enviadas desde Moscú. Adiestran a inexpertos en el uso de armas, pero también reclutan a militares curtidos. No son improvisados y sí el presidente ruso habló de desnazificar a su país vecino, se refería sin duda a ellos. 

No son los únicos en esta disparada a tomar los fusiles Kalashnikov o usar bombas Molotov convocados por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. El exdiputado popular de Ucrania, Semyon Semenchenko, convicto por contrabando de armas, lideraba una formación paramilitar, bajo la apariencia de una empresa militar privada. Su emprendimiento incluía a más de 150 personas y operaba bajo el status de una compañía de seguridad, hasta que la policía la desbarató. Importaba repuestos militares y otros productos bélicos desde Rusia que no pasaban por el control aduanero y se los vendía al Estado a precios inflados.

Semenchenko acaba de ser dejado en libertad a cambio de alistarse para defender su país. Pasó de ser acusado de mercenario por el gobierno de Zelenski a combatiente en defensa de la patria. Su grupo no tenía la reputación de combate del Batallón Azov, ni puede jactarse de haber actuado con éxito desde 2014 en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Tampoco cuenta con el reconocimiento oficial de regimiento dentro de la Guardia Nacional ucraniana.

La reputación nazi que se ganaron los integrantes de Azov no es solo una obsesión atribuida a Putin para revalidar su campaña contra el gobierno de Kiev o justificar la invasión. El primer comandante del batallón fue Andriy Biletsky, exparlamentario y uno de los líderes de Cuerpo Nacional, agrupación política de extrema derecha que le permitió alcanzar un escaño en la Rada Suprema (el parlamento de Ucrania) entre 2014 y 2019. Cuando finalizó su mandato no pudo revalidarlo en las elecciones, ya integrado al partido Svoboda, ultranacionalista y que tiene como referente histórico a Stepan Bandera. Este último fue un dirigente al que se considera criminal de guerra y que colaboró con la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después se dio vuelta contra los alemanes, fue deportado a un campo de concentración y sobrevivió. La KGB lo mandó a asesinar en 1959 en Munich. Hoy los ultraderechistas lo reivindican en Ucrania como a un héroe.

Desde su página oficial (https://azov.org.ua/) Azov define el perfil de combatiente que busca sumar a sus filas: “Ser un guerrero y defender a tu país es un asunto digno de respeto y honor. En un momento difícil, cuando el enemigo intentó invadir descaradamente nuestro país, los ucranianos más valientes se unieron para una resistencia digna. Porque el patriotismo son hechos reales, coraje y honor, no solo llevar un galón”. Las fotografías y videos que ilustran su web son un canto wagneriano a la defensa de Ucrania. Se ven alistamientos de tropas, ensayos de combates, utilización de armamento pesado y una envergadura de desplazamientos que no son los de un grupo improvisado o de voluntaristas.

El Batallón se confiere legalidad desde su propia constitución en 2014, durante el levantamiento contra el golpe de Estado en Kiev de las repúblicas ahora reconocidas por Rusia de Donetsk y Lugansk. “El Batallón Azov se estableció el 5 de mayo de 2014 en Berdyansk como un batallón del servicio de patrulla policial especial (BPSMOP) del Ministerio del Interior sobre la base de una decisión del Ministerio del Interior de Ucrania”. Las referencias que pueden leerse en su página oficial traducida del ucraniano al español abundan en detalles sobre su declamada legitimidad jurídica: “El 17 de septiembre de 2014, por orden del Ministro del Interior de Ucrania, el Batallón Azov se reorganizó y se amplió al Regimiento de Policía Especial Azov del Ministerio del Interior”.

Los neonazis de Azov glorifican a sus integrantes caídos en combate y las acciones militares que emprendieron en la región del este de mayoría rusófona. Dicen de Serhiy Ambros que “era un hombre muy inteligente y culto. Se graduó de la escuela secundaria con medalla de oro, se interesó por el deporte y la vida patriótica de su ciudad natal”. Cuentan de Mykola Troitsky que “murió bajo el seudónimo de Akela y dio su vida por Ucrania. Permanecerá para siempre en nuestra memoria como un verdadero lobo de Odessa”. De otros muertos en escaramuzas con las fuerzas prorrusas se remarca su pertenencia como “ultras” (nuestro equivalente a barrabrava) de diferentes clubes de fútbol como el Poltava, de la Primera División o el FC Sumy.

Un periodista canadiense, Michael Colborne, es autor de un libro sobre este grupo armado. Contó - citado por Télam - durante un seminario virtual organizado por la ONG Counter Extremism Project, que el Batallón Azov “dejó de ser solamente una unidad militar afiliada a la Guardia Nacional del país y generó extensiones como el llamado Cuerpo Civil Azov para alcanzar algo así como a los sectores no militares de la sociedad; en 2016 se expandió en el partido político Cuerpo Nacional y surgieron otras ramificaciones afiliadas y no afiliadas de lo que se conoce como el Movimiento Azov”. Colborne es el mismo que escribió: “Ucrania realmente tiene un problema de extrema derecha, y no es una ficción de la propaganda del Kremlin. Y ya es hora de hablar de eso”. Fue en Forward, un diario judío-estadounidense que se publica en inglés e idish, en diciembre pasado.

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Civiles armados apoyan a Bolsonaro en Brasilia, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 17-05-20)

Sara Giromin, vocera del grupo Los 300 de Brasilia.  


Grupúsculos armados como los 300 de Brasilia se manifiestan a favor del presidente ultraderechista

Sus integrantes acampan en las inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes, vecina al Superior Tribunal Federal que eligieron como blanco en estos días. Tienen una vocera muy joven, Sara Giromin.

Por Gustavo Veiga


El militarismo brasileño que profesa Jair Bolsonaro no es solo una cuestión de uniformes. Se lo inoculó a la sociedad civil y en especial a sus seguidores más radicalizados. La extrema derecha tomó el espacio público en el corazón político de Brasil, su Distrito Federal, sede del Planalto e Itamaraty. No impresiona por su número, ni por las rudimentarias ideas que levanta, pero si por lo que proyecta. A esta altura no debería ser subestimada. Un grupo dentro de ese mosaico de voluntades dispersas, remedo de un hitlerismo tropical que fue ganando la calle, se hace llamar los 300 de Brasilia. Como en la película épica, ellos y ellas están preparados para pelear su propia batalla de las Termópilas. Sus integrantes acampan en las inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes, vecina al Superior Tribunal Federal que eligieron como blanco en estos días. Tienen una vocera muy joven, Sara Giromin, que se hace llamar Sara Winter en honor a una militante de la Unión británica de fascistas que murió en 1944. La rubia de pelo lacio gusta posar con dos pistolas en alto, su mirada desafiante y escupe como si nada que entre las carpas que montaron “hay armas para la protección de los miembros del campamento”.

La excandidata a diputada por el partido DEM (Demócratas) de Río de Janeiro, una fuerza de derecha en la que milita Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, confesó lo que en Brasil ya está naturalizado: el uso de armas de manera indiscriminada. Las milicias paramilitares que asesinaron a Marielle Franco el 14 de marzo de 2018 son una de las expresiones más violentas de esta sociedad que en 2019 sufrió 50 mil muertes por el uso de armas de fuego. Los sicarios que acabaron con la vida de la militante feminista y del PSOL tenían lazos con Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del presidente. Aunque a los 300 todavía no se les imputó ningún crimen, para los fiscales Flávio Augusto Milhomem y Nísio Tostes Filho del Distrito Federal son una “milicia armada”.

Giromin sostuvo en una entrevista que le hizo BBC News Brasil que en su grupo “hay miembros que son CAC (la sigla significa Coleccionador, tirador y cazador) y otros que tienen armas debidamente registradas en los organismos competentes”. El perfil de la joven que vio frustrada su entrada al Congreso porque no le alcanzaron los 17.246 votos que sacó es el de un cuadro de la extrema derecha clásica. Propone en sus redes que los miembros del Superior Tribunal Federal (STF) – la corte brasileña – “sean eliminados por la ley o las manos del pueblo” y de la izquierda sugiere directamente su “exterminio”.

Su pensamiento sobre la dictadura brasileña (1964-1985) va en la misma línea: “Fue un régimen militar para impedir que el comunismo avanzase en Brasil y sí, estoy de acuerdo con él. También murieron muchos militares e inocentes en las manos de los comunistas. Hubo muchos atentados. Además, fue una dictadura muy blanda. Si murieron 200 personas en casi 25 años fue mucho”, dijo durante la campaña que llevó a Bolsonaro a la presidencia.

Giromin trabajó por espacio de seis meses junto a Damares Regina Alves, la pastora evangélica que ocupa el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Se desempeñó como coordinadora general de Atención Integral para Mujeres Embarazadas y Maternidad. Igual que la funcionaria de Bolsonaro es refractaria a las ideas feministas y contraria al aborto aunque hasta hace unos años pensaba completamente al revés. Se practicó uno y marchaba por el empoderamiento de las mujeres. Después, en su transición hacia la ultraderecha, le pidió disculpas a la iglesia y hasta viajó por la Argentina dando charlas como si fuera una integrante de la agrupación Familia, Tradición y Propiedad.

Hoy acampa de vez en cuando en Brasilia donde recibe a menudo las visitas de congresistas conservadoras o de la ultraderecha que apoyan a los 300. Hay dos diputadas federales del PLS (Partido Liberal Social), Beatriz “Bia” Kicis y Caroline De Toni que suelen aparecer en el campamento armado.

La primera hace macarthismo patrullero en las redes sociales. Su cuenta de Twitter parece congelada en la época de la Guerra Fría. Del gobernador del PT en Bahía, Rui Costa, sostiene que “instauró un régimen policíaco, la imagen perfecta del sueño petista y Bahía viró a una nueva Cuba”. ¿Por qué lo dice? Porque en ese estado del nordeste rige la cuarentena que Bolsonaro rechaza aunque ella representa en el Congreso a Brasilia. De Toni es diputada por Santa Catarina, abogada y discípula de Olavo de Carvalho, el gurú oscurantista que asesora al propio Bolsonaro desde Estados Unidos. Se define como conservadora en lo político-social y liberal en la economía, pero sobre todo se siente orgullosa de haber presentado el primer pedido de destitución contra Dilma Rousseff. “Nuestra bandera jamás será roja” dice su página web como si todavía estuviera intacto el muro de Berlín.


Los 300 siguen de acampe en la plaza principal de la capital porque tuvieron éxito en la Justicia. Consiguieron evitar el desalojo que había pedido el fiscal federal del distrito. También le había solicitado intervenir al ministerio público el senador petista Rogério Carvalho. Un Tribunal de Brasilia denegó hasta ahora la posibilidad de hacerlos retirar del lugar. El grupo que lidera Giromin llegó hasta la capital de manera organizada como lo reflejan varios mensajes de whatsapp que se enviaron sus integrantes: “Preparados para el entrenamiento. Estamos esperando a ustedes en Brasilia”, “Más guerreros llegando” se alentaban entre ellos.

“Muchos diputados de la base aliada nos han brindado apoyo, sin donación de dinero y alimentos ni asistencia legal, porque tampoco lo aceptamos. Pero siempre nos visitan, nos dan fortaleza moral” dijo la vocera de los 300 en alusión a legisladoras como Kicis y De Toni.

En un extenso artículo sobre la crítica situación brasileña, el profesor del posgrado en Antropología del Museo Nacional de Rio de Janeiro, el salteño Federico Neiburg, escribió: “presenciamos días atrás en Brasilia cuando enfermeras que participaban en un homenaje a sus 55 colegas hasta ahora fallecidas por causa de la covid-19 fueron agredidas por una banda de desaforados envueltos en la bandera nacional, que las acusaron de mentir y de vivir de los favores del Estado…” Si no fueron los 300 quizá haya sido alguno de los “más de 40 movimientos de derecha diferentes” que según la joven Giromin se desparraman por el Distrito Federal. Son los que tomaron la capital, vitorearon a Bolsonaro y pidieron por el cierre del Congreso y el regreso de los militares al poder como en 1964. Lo curioso es que no les hace falta. Gobiernan hoy junto al presidente y con el apoyo incondicional de grupúsculos armados como los 300 de Brasilia.

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El frondoso prontuario de Bolsonaro, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 27-04-20)

Imagen: AFP

El mandatario de Brasil ya superó las veinte solicitudes de impeachment en Diputados 

Hay una fila extensa de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron, querellaron o proyectan llevar a la Justicia al presidente ultraderechista.  

Por Gustavo Veiga


Cuando se asocia el sustantivo prontuario con el apellido Bolsonaro en una búsqueda de Google aparecen 127 mil resultados. Son demasiados para un presidente cuya calidad constitucional devino en una parodia. El militar ultraderechista que gobierna Brasil tiene antecedentes de sobra para “estar detenido” como dice el jurista brasileño Pedro Esteban Serrano, aunque simplemente se refiera a que interfirió en una investigación judicial que complica a su hijo Carlos como hacedor de una usina de fake news. El padre pretendía hacerlo zafar de un presunto delito y terminó sepultándolo más.

El mandatario ya superó las veinte solicitudes de impeachment en la Cámara de Diputados. La última es de su ex aliada, la congresista Joice Hasselmann (PSL-SP). El militar ultraderechista ha sido denunciado también por la Comisión de Paz y Justicia de su país porque considera que sus acciones son delitos de responsabilidad, como el de alentar a la ciudadanía a desafiar la pandemia que viene provocando miles de muertes en Brasil. Precursores de las imputaciones contra este personaje fuera de control, la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos, ya le habían imputado crímenes contra la humanidad por incitar al genocidio de los pueblos índigenas en noviembre de 2019. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) lo llevó además ante la Corte Penal Internacional con argumentos semejantes a los otros espacios de DDHH. Por último, siete ex ministros de Salud de Lula y Dilma Rousseff acaban de anunciar que recurrirán a la ONU y la OMS por lo que consideran un “potencial genocidio” en el país más grande de América Latina.

Los repudios unánimes que cosecha el presidente lo dejan al borde de una salida deshonrosa que hasta podría llevarlo a la cárcel por causas justificadas. No es una exageración, ni un deseo fallido de sus detractores. Es una posibilidad aunque parezca lejana y que se robustece día a día.

Bolsonaro fue comparado con Donald Trump por el célebre lingüista estadounidense Noam Chomsky en el programa Democracy Now: “compiten para ver quién puede ser el peor criminal del planeta” dijo el 15 de abril. En Brasil hay una gran porción de la ciudadanía que lo ve al militar como un delincuente, un término que respeta la semántica, porque el jefe de Estado comete delitos con habitualidad. Incluso un sector de su propio electorado profundizó su desencanto con el presidente tras la salida del gobierno del ex ministro de Justicia Sergio Moro.

Antes de que lo abandonara el juez que llevó a Lula a prisión, Bolsonaro había caminado solito hacia el precipicio cuando arengó a su núcleo más duro de simpatizantes en Brasilia que pedían el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (TPF). Un mensaje golpista dentro del golpe que ya lleva casi cuatro años y que se inició el 31 de agosto de 2016 con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, y a la que seguiría una sucesión de eventos tan planificados como desgraciados: antes que todo, el encarcelamiento de Lula en Curitiba, y también podrían anotarse en la cuenta aquellas fake wews que desvirtuaron el proceso electoral como la que acusaba al candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, de promover la pedofilia y el incesto.

Para el jurista Serrano, un respetado profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, se cumplen todas las condiciones constitucionales y legales para destituir a Bolsonaro de su cargo. “Ya existe un delito caracterizado: el intento de obstruir una investigación. Si se añade este caso a la postura del presidente hacia la pandemia, hay varios delitos de responsabilidad”, señaló en una entrevista con el sitio Carta Capital. No se detuvo ahí: “Debería ser detenido, no tengo ninguna duda al respecto. Es grave”.

Serrano no es el único que considera a Bolsonaro un reo con chances de ser condenado en el futuro. En todo caso, la suya es una opinión desde el derecho penal. Pero en el plano institucional la situación del presidente es igual o peor. Más de veinte pedidos de juicio político fueron presentados en la Cámara Baja. El más reciente corrió por cuenta de la ex líder del gobierno en el Congreso, la diputada Hasselmann. No es la única que avanzó sobre el militar. Los partidos Rede y el PSB coincidieron en hacer algo con ella.

“Al solicitar acceso a información confidencial a la que desde su posición no tendría acceso, Jair Bolsonaro violó los artículos 5 y 7 de la ley de Delitos de Responsabilidad, ya que está ‘utilizando a las autoridades bajo su subordinación inmediata a practicar abuso de poder’” comentó Hasselmann. También lo acusó de incurrir en el delito de “falsedad ideológica” por incluir la firma falsificada de Sergio Moro en el decreto del Boletín Oficial cuando despidió al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, quien estaba investigando a Carlos Bolsonaro, el hijo del presidente que es concejal por Río de Janeiro en lo formal, pero mucho más influyente de lo que indica su cargo. Valeixo lo tenía en la mira por fogonear las fake news que tantos buenos resultados le dieron al militar en el camino que emprendió para llegar al gobierno allá por octubre de 2018.

Hay una cola extensa de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron, querellaron o proyectan llevar a la Justicia a Bolsonaro. La Comisión de Justicia y Paz relacionada con la Confederación Nacional de Obispos de Brasil es una de ellas. Pidió su destitución por delitos comunes y por los procesos políticos que se le siguen en el Congreso. La Comisión junto a otras semejantes y de distintas confesiones religiosas publicaron una extensa nota donde sostienen: “Las acciones tomadas por el Presidente de la República se clasifican como un delito de responsabilidad, un delito común, un delito contra la Ley 7.170 / 83, entre otros”.

En el texto firmado el 24 de abril en Brasilia, las organizaciones afirman que “ante la crisis de salud más grave del siglo, el Presidente de la República continúa actuando de manera irresponsable y no propone unirse y liderar a la nación en la lucha contra la enfermedad”.

Bolsonaro ya había sido denunciado en noviembre de 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas por “incitar al genocidio de los pueblos indígenas” de la región amazónica. La presentación la hicieron la Comisión Arns (que lleva el apellido del célebre obispo brasileño que denunció los crímenes de la dictadura militar) y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos. En abril pasado se sumó la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) que señaló ante la CPI, que Brasil está gobernado por un presidente “totalmente irresponsable” ante la crítica situación que vive el país por la propagación del COVID-19.

La última denuncia contra Bolsonaro que seguramente terminará también en Naciones Unidas y la OMS fue de siete ex ministros de Salud. Humberto Costa, José Saraiva Felipe, José Gomes Temporão, Agenor Álvares, Alexandre Padilha, Arthur Chioro y Marcelo Castro acompañaron a Lula y Dilma en distintos gabinetes y hoy sostienen que el presidente va camino a cometer un “potencial genocidio”.

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EE.UU. vs China: dos relatos sobre el coronavirus, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 25-03-20)

A la guerra comercial se le agrega el choque discursivo 

Mientras Trump habla de “virus chino”, el gobierno de Xi sugiere que el ejército estadounidense podría haber llevado la enfermedad a Wuhan, la ciudad epicentro del Covid-19. 

Por Gustavo Veiga



El coronavirus instaló dos sensaciones desde que se transformó en un monotema planetario. El pánico a escala global por su rápido contagio y letalidad y la idea -que se extiende a un ritmo mucho más lento – de que la pandemia nació como un experimento de ingeniería biológica para hundir la economía de China. Los argumentos conspirativos con que los dos países se atribuyen responsabilidades hacen su aporte a este desaguisado donde todos los estados no reaccionan igual. El gobierno de Xi Jinping aisló a una provincia entera, Hubei y casi 60 millones de habitantes con una cuarentena rigurosa. Calles desiertas y militarizadas fueron la postal omnipresente durante dos meses. El antídoto dio resultado. Donald Trump pasó de considerarlo “una simple gripe” a declarar la emergencia nacional. Habló de “virus chino” y el que se introdujo en sus propias fronteras y sobrepasó sus muros no tiene techo: este martes arrojaba 46.000 infectados y 600 muertes. Nueva York y California entraron en cuarentena obligatoria.

La réplica por el adjetivo que eligió Trump para el virus no demoró. Fue del portavoz de la cancillería china Lijian Zhao. El 9 de marzo escribió en Twitter que podría haber sido el ejército de EE.UU. el que “lo llevó a Wuhan”, la ciudad epicentro del Covid-19. El actor coreano Daniel Dae Kim, intérprete en la serie televisiva Lost, definió con un gol sobre la hora esta polémica pandémica: “Sí, soy asiático. Y sí, tengo coronavirus. Pero no me lo contagié en China, lo contraje en América, en Nueva York”, declaró en un video que posteó en Instagram.

A esta altura de la pandemia, la teoría de que comenzó en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan muestra fisuras. Si bien es cierto que en 2007, un estudio de la Universidad de Hong Kong ya alertaba sobre una especie de murciélago transmisor de este y otros virus en China, la propagación del covid-19 por los cinco continentes dio pie a otras conjeturas. A la defensiva, el gobierno de Beijing se mantuvo en silencio y empezó a reaccionar tarde contra las imputaciones que le propinaban Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo. Pero hoy, en China y Japón como en Estados Unidos, hay investigaciones y testimonios que avalan la idea de que el coronavirus habría salido de América. El portavoz Zhao sostiene una hipótesis de difícil comprobación. Aquella que cuenta cómo agentes de EE.UU introdujeron el virus durante los Juegos Olímpicos militares realizados en Wuhan en octubre pasado.

A esa interpretación del funcionario chino la siguió un informe de la TV japonesa Asahi. Afirmaba que el coronavirus provenía de Estados Unidos donde una epidemia de gripe en el último invierno había dejado miles de muertes, sin que se chequeara si pudo haber algunas causadas por el Covid-19. Lo admitió el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) Robert Redfield. Dijo que casos diagnosticados como de gripe común pudieron ser del virus que todavía no tiene vacuna.

La OMS trató de hacer precario equilibrio cuando la pandemia ya avanzaba como un ejército de termitas, pero presionada por el lobby de las farmaceúticas de EE.UU espiralizó la idea de que se venía lo peor. El 30 de enero declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional (PHEIC). El 11 de marzo definió al nuevo fenómeno con la palabra que se conoce hoy. Trump hablaba del virus made in China y tomaba medidas para impedirles la entrada a sus ciudadanos o a todo aquel que hubiera visitado el país de la Gran Muralla. Un enemigo íntimo del gigantesco aparato de inteligencia estadounidense como el exagente de la CIA Philip Giraldi se pasaba de bando y sostenía que el coronavirus podía ser un arma biológica para dañar a China e Irán, otra de las naciones más afectadas por el tsunami viral.

El escenario va quedando reducido a dos hipótesis. Una habla de la natural y espontánea mutación de un gen de murciélago. La otra es la teoría del laboratorio que Beijing le atribuye a EE.UU. Se apoya en la historia de este país que en los últimos sesenta años fue prolífica en experimentos biológicos para dañar economías, y sobre todo a la cubana, cuyos médicos hoy son recibidos con aplausos cuando llegan a Italia para cooperar en la lucha contra la pandemia.

A la isla se le inoculó la fiebre porcina y el dengue hemorrágico en los años 60, 70 y 80. El gobierno de John Fitzgerald Kennedy aprobó la Operación Mangosta el 18 de enero de 1962, según documentos desclasficados. Su objetivo era dañar las cosechas en Cuba, además de sabotear su economía por distintas vías. En junio de 1971 se esparció el virus de la fiebre porcina africana, que jamás se había reportado en la isla y demandó sacrificar a medio millón de cerdos. En abril de 1981 se detectaron en La Habana varios casos de dengue hemorrágico. Cuatro niños murieron por esta situación. Se trataba de una cepa nueva del virus Nueva Guinea 1924, serotipo 02, única en el mundo para la época. Había sido procesada en un laboratorio. La CIA siempre estuvo detrás de estos experimentos biológicos.

Cuba no ha sido el único país afectado por esta política. En su patio trasero, organizaciones de Estados Unidos les inocularon sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual a unos 1.500 guatemaltecos entre 1946 y 1948. El objetivo era estudiar en humanos la capacidad de prevenir esas patologías para probar sobre ellas el alcance de la penicilina.

Un grupo de 444 afectados y sus familiares iniciaron un pleito por mil millones de dólares en EE.UU. Un juez federal en Maryland la consideró procedente en enero de 2019. Demandaron a la Fundación Rockefeller, al grupo farmacéutico Bristol-Myers Squibb y además a la Universidad Johns Hopkins. La misma que hoy lleva en tiempo real el mapa del coronavirus a escala global. Según el juicio que entablaron las víctimas, médicos y científicos vinculados a esas instituciones “participaron, aprobaron, fomentaron, ayudaron y fueron cómplices” de los experimentos desarrollados en Guatemala, que siguieron analizando en sus laboratorios hasta bien entrada la década del 50. Los acusados negaron los cargos pero el presidente Barack Obama se disculpó con su par de Guatemala, el socialdemócrata Álvaro Colom, en 2010. Este último calificó al ensayo que se realizó con fondos federales de EE.UU como “crimen de lesa humanidad”.

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Bandas fascistas contra reporteros en Bolivia, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 13-11-19)

Captura de video del empalamiento de Aramayo en La Paz 

Por Gustavo Veiga

La cacería se recrudeció en la antesala del golpe

La imagen que simboliza la situación del país festejada por Trump y Bolsonaro es la de José Aramayo, el director del periódico Prensa Rural , amarrado a un árbol.

Por Gustavo Veiga

La cacería de las bandas fascistas contra los periodistas de los medios estatales o que acompañan al gobierno ahora depuesto recrudecieron el fin de semana pasado. Incluso, antes de que se materializara el golpe de Estado con la renuncia forzada del presidente Evo Morales. La imagen más dramática que simboliza la situación del país festejada por Donald Trump y Jair Bolsonaro es la de José Aramayo, el director del periódico Prensa Rural y de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Amarrado a un árbol sobre la avenida Saavedra, en el barrio paceño de Miraflores y muy cerca de la terminal de la línea blanca del Teleférico, pasó varias horas así, tomado como rehén por esos grupos descontrolados, transformados en amos de las calles.


El periodista fue atrapado por golpistas civiles cuando se dirigía a la sede de los medios donde se desempeñaba. Durante la madrugada anterior, cuando los trabajadores de prensa ya presumían que quedarían expuestos a un ataque, se llevaron materiales periodísticos y distintos elementos que utilizaban para hacer sus tareas. Aramayo volvió al día siguiente y cuando lo identificaron, terminó atado al árbol, expuesto a un linchamiento público. El periodista Sebastián Moro (ver aparte), quien venía realizando la cobertura para este diario y era editor de Prensa Rural, se salvó del ataque porque pasó horas antes por la sede de la CSUTCB, vio movimientos extraños y retornó a su casa. Si los integrantes del staff de la radio y el periódico veían venir el copamiento, fue porque un día antes, pero en Cochabamba, habían quedado impresionados con la quema de la sede de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico del Chapare y del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aramayo estuvo amarrado con las manos a su espalda e inmovilizado contra un árbol mientras otros periodistas lo entrevistaban en esa situación. Algo patético. Cuando le acercaron un micrófono dijo que iba a entrar al edificio “para operar la radio”. La horda lo acusaba de querer ocultar cartuchos de dinamita, como se desprende de sus propias palabras. Horas después fue liberado. Prensa Rural es un periódico semanal que tiene una edición impresa y otra digital. No fue el único que resultó atacado, copado o quemado. Los medios públicos Bolivia TV (BTV) y la radioemisora Red Patria Nueva (RPN) también se transformaron en blanco de estos grupos que amenazaron a sus comunicadores y los forzaron a dejar los lugares donde trabajaban.

El 9 de noviembre y antes de ser inducido a renunciar, Evo había denunciado la situación por twitter: “Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura”. El director de la Red Patria Nueva, Iván Maldonado, citado por Sputnik también declaró: “Manifestantes que habían cercado nuestros estudios nos retuvieron por unas dos horas, amenazándonos con destruir los equipos y cortar las emisiones si no suspendíamos nuestro trabajo periodístico”. Mónica Pacheco, gerente de información de Bolivia TV, dijo cuando abandonó su trabajo: “Tenemos derecho a pensar diferente. Fuimos rehenes. Nos han amenazado con que no vamos a volver a trabajar, pero vamos a seguir compañeros”, dijo entre sollozos.

Abia Yala TV, otro canal pero privado y que pertenece a la fundación homónima, corrió la misma suerte. Situado en el barrio de San Miguel, al sur de La Paz y zona habitada por la clase media opositora al gobierno, fue desalojado bajo amenazas de que lo dinamitarían. Su programación es básicamente cultural. Lo dirige la ex viceministra de Comunicación de Morales, Claudia Spinoza Iturri. Muy cerca de ahí, en el barrio de Chasquipampa, la que sufrió otro ataque fue la presentadora de TV Universitaria y crítica del gobierno, Casimira Lema. Le quemaron la casa cuando no se encontraba y denunció el episodio con un video en las redes sociales.


Se estima que en el país hay unos cinco mil periodistas, según datos de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia (ANP), que reúne a los empresarios de medios. Esta organización ya había alertado a fines de octubre cómo se iba tornando viral la violencia contra la prensa: “Demandamos a gobernantes, autoridades públicas y privadas, dirigentes políticos y sociales y a la población en su conjunto, respetar, garantizar y facilitar el trabajo de los medios de comunicación y periodistas de Bolivia, que en las últimas horas han comenzado a sufrir amenazas, vejámenes e incluso agresiones físicas. La labor periodística, en ambientes de extrema polarización como el actual, está expuesta a la exacerbación de los sectores enfrentados…”.

La ANP llevaba registrados hasta ayer quince casos de ataques a periodistas desde que el país quedó acéfalo y las calles de sus principales ciudades fueron tomadas por grupos de derecha dispuestos a todo. Ese escenario se complicó más desde que militantes oficialistas también salieron a defender al gobierno de Evo. De un lado están ellos, los campesinos, pobladores de El Alto, cocaleros y militantes del MAS. Del otro los frentes cívicos con el empresario ultramontano Luis Fernando Camacho a la cabeza y el respaldo de las fuerzas armadas y la policía golpistas. La amenaza de una guerra civil es cada vez más verosímil. La escalada de ataques a periodistas parece destinada a impedir que puedan contar lo que está pasando.

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UN REMATE DE REMATE, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 27-06-19)

El 5 de julio se abrirán los sobres de una licitación realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que, como está presentada, es una verdadera ganga. Por 85 pesos el metro cuadrado --poco menos de dos dólares-- un privado podrá acceder por treinta años a tierras públicas en el corazón del Barrio Chino de Belgrano. Pero si prefiriera un sector de los bosques de Palermo pegado al Hipódromo y hasta la avenida Dorrego, la paga bajará sustancialmente: 37 pesos por m2. El tercer tramo de los que saldrá a subasta está ubicado en lo que el oferente llamó "Espacio clubes" (va desde Juramento a Olleros) y será el más caro, a razón de 91 pesos el m2. Se trata de las obras completas del bajo viaducto del Ferrocarril Mitre, al principio celebradas por los vecinos, pero que de repente se transformaron en su grave problema.

Tal vez el único que le encontró un beneficio a la propuesta del Estado fue el ciudadano Chía Chi Antonio Chang, quien dijo el 4 de diciembre pasado en una audiencia pública: "Estoy a favor de los locales comerciales porque tanto el gobierno nacional como el de la ciudad necesitan recaudar fondos". La mayoría de sus vecinos están en las antípodas. Un 39 por ciento quiere ahí seguridad y transporte, un 29 por ciento espacios públicos, un 19,5 por ciento usos comunitarios en centros culturales o de salud y apenas el 12,5 por ciento coincide con Chang. Los porcentajes son del equipo de Participación Ciudadana del gobierno porteño sobre 280 personas consultadas. La abrumadora mayoría está movilizada y se opone a que casi 60 mil metros cuadrados de áreas concesionadas se transformen en depósitos mayoristas, de venta de carne o pescado, más supermercados de los que ya existen, clubes de música de hasta 300 espectadores o empresas de pintura, tales los usos que previó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para el corredor de 4 kilómetros por donde antes pasaba el tren en superficie.

La licitación será realizada por la AABE, que fijó el valor del canon mensual en UVAS (Unidad de Valor Adquisitivo). Cuando se divide ese monto por la superficie concesionada, arroja --según las tres áreas en que se parceló el corredor ferroviario-- un precio de baratija para el metro cuadrado. En Belgrano esa unidad de medida cotiza hasta 3500 dólares para una propiedad usada. El alquiler de un local de 90 metros cuadrados puede valer 1200 dólares mensuales. Pero además se estableció para el uso comercial de las tierras todo aquel que determine el Código Urbanístico vigente y un período de gracia de cinco años para pagar el canon que se extiende hasta 2024. Como si todo esto fuera poco, desde el inicio de la cesión de las tierras se autoriza la sublocación parcial o total del espacio y su extensión hacia ambos lados del viaducto.

Tres grupos de vecinos denuncian esta depredación del espacio público. Iniciaron una campaña de concientización en el barrio porque no quieren "ni un shopping a cielo abierto" ni "una avenida Cabildo peatonal" bajo el viaducto. Remitiéndose al problema original que tenía el barrio, María Soledad Vivanco envió una carta de lectores a los medios, donde escribió: "El desborde del tránsito sería peor que cuando teníamos las barreras antes de la obra. ¿Para qué se realizó el viaducto si van a generar un megaespacio comercial y un caos descomunal? ¿Cuál era el objetivo?". Sus preguntas son como balas que pican cerca del inconsciente colectivo. El barrio de Belgrano esperaba una tregua de sus gobernantes después de tantos kilos de cemento que se incorporaron a su paisaje.

La gente con su lucha consiguió postergar un mes la licitación (estaba prevista para el 5 de junio), pero no obtuvo respuestas satisfactorias de los funcionarios. El viernes pasado la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, la Asociación Civil Vecinos de Belgrano y representantes de los vecinos autoconvocados se reunieron con el subsecretario de Planeamiento porteño, el arquitecto Carlos Colombo. El mismo que en su cuenta de Twitter el 21 de junio pasado dijo que en el bajo viaducto "se van a generar plazas, juegos de estar y ciclovías" a la altura de la calle Virrey del Pino. El encuentro fue bastante ríspido porque en determinado momento apareció el comunero Gustavo Acevedo, puntero del PRO en la Comuna 13 que según los vecinos "no tenía que estar ahí y vino a chicanearnos. Nosotros fuimos a pedir que cancelaran la licitación".

Una síntesis del espíritu con que crece la resistencia al uso del bajo viaducto son los carteles que aparecieron en el barrio, pegados a las columnas de alumbrado. Dicen: "Alerta Belgranenses. No a la cesión de tierras públicas, no al comercio bajo viaductos, no a la ilegalidad, defendamos nuestra identidad". La lucha también desembocó en el petitorio que será presentado esta semana con la firma de mil vecinos.

El psiquiatra Enrique Banfi, de la Asociación Vecinos de Belgrano, recuerda cómo se inició todo este proceso: "Esto fue algo armado en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, naturalmente con la venia del Poder Ejecutivo porteño, para preparar un negocio que se completa con la venta de las tierras por parte del gobierno nacional que las concesiona. Y lo hace de una manera muy favorable al concesionario, que hasta dispone a su arbitrio del uso del espacio público haciendo lo que le parezca en el bajo viaducto".


Cuando los vecinos rastrean antecedentes de ventas parecidas que hayan ocurrido en la ciudad, evocan la entrega a precio vil de los terrenos de la Sociedad Rural durante el gobierno de Carlos Menem. Se encuentran en estado de alerta permanente, apoyados en documentación que los respalda. Apelan al decreto por el que se constituyó la ABBE y que no le otorga la posibilidad de enajenar ni disponer el uso de tierras de propiedad nacional sin orden del Poder Ejecutivo y con el aval del Congreso. Así lo expresa la Constitución Nacional.

Tampoco parece que vaya a cumplirse en este caso lo que sostiene el informe de la Subsecretaría de Planeamiento: "Mejorar las condiciones de vida de los vecinos". El bajo viaducto del Ferrocarril Mitre va camino a convertirse en un gran SUM. Un salón de usos múltiples donde se podrán abrir desde depósitos de logística a locales donde se brindarán espectáculos musicales. Todo ocurrirá a pasos de las casas de los vecinos. El traqueteo del tren por encima de sus cabezas no será nada después de semejante contaminación visual y auditiva.

gveiga@pagina12.com.ar

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/202890-un-remate-de-remate

COLECTIVO IMAGINARIO, por Gustavo Veiga (para "Página 12" del 24-09-16)

EL INSOLITO MONTAJE QUE REALIZO EL GOBIERNO PARA SIMULAR UN VIAJE DE MAURICIO MACRI JUNTO A VECINOS DE PILAR
 
Un colectivo convertido en estudio fotográfico

“Recorriendo Pilar en la línea 520”, era el mensaje de Twitter que acompañó la imagen de Macri del acto del jueves, recién vuelto de Nueva York. Pero ayer, a través de fotos y videos, quedó en evidencia que lo que simulaba ser algo espontáneo era en un colectivo parado y con vecinos seleccionados.

 Por Gustavo Veiga

El colectivo de la línea 520 estaba detenido sobre una calle de tierra, muy próximo al campito donde aterrizó el helicóptero presidencial. Mauricio Macri y su comitiva subieron al interno que conduce Walter, el chofer que cubre el trayecto Pilar-Derqui. “A las tres de la mañana ya lo sabía” dijo el conductor sobre el itinerario que iba a hacer casi sobre el mediodía. Una mujer rubia que compartió el recorrido de 10 minutos con el Presidente tomado del pasamanos, señaló en una entrevista del canal local: “me avisó un vecino esta mañana” (por el jueves). La puesta en escena se tornó viral en las redes sociales. Podría titularse como la definió Tito de Hurlingham en un tuit: “Macri en un colectivo, dirigida por Enrique Carreras y libro de Abel Santa Cruz”. La mayoría de los medios había informado ayer sobre un viaje que parecía espontáneo en el marco del lanzamiento de un plan de mejoras para corredores viales bonaerenses. Los vecinos y el conductor del transporte público dejaron en evidencia que no era así. Fue todo un montaje. Sólo faltó que el inusual pasajero recién llegado de Estados Unidos mostrara su tarjeta Sube.

Los funcionarios que idearon esta ficción mediática eligieron un paraje del barrio Santa Ana, en el partido de Pilar. Jugaban de local. Es el distrito que gobierna Nicolás Ducoté, intendente de Cambiemos. Pilar Noticias tomó las imágenes que los dejaron en offside. Se veía a Macri bajando del helicóptero presidencial junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y caminar unos metros para subirse al colectivo, parado en medio de una calle de tierra y rodeado de custodios.

El canal entrevistó a la señora rubia que departió con Macri en el 520, al chofer del colectivo y también a un joven que la mujer presentó –tomándolo del brazo para que apareciera ante la cámara de TV– como “el cabecilla del barrio para que viniera el presidente”. En esos tres testimonios quedó demolida la presunta frescura de la escena de un presidente que toma el colectivo en un confín olvidado del Gran Buenos Aires. Si no funcionaba el verosímil de ver a Macri en su viaje iniciático, mucho menos después de que los vecinos dieran su versión de los hechos. La construcción de sentido hizo agua. Lo que sobrevino después fue un festín para las redes sociales.

La línea elegida que pertenece a la compañía La Central de Escobar SA había sido denunciada por otros usuarios del servicio público de transporte por suprimir recorridos. El medio local www.diarioresumen.com.ar citó el 24 de junio pasado el testimonio de Alicia, una vecina de Villa Luján, quien decía: “estamos haciendo un reclamo más que justo porque de un día para el otro nos dejaron sin el recorrido”. Básicamente se quejaban de la decisión empresaria ciudadanos de Derqui, una localidad que pertenece al partido de Pilar.

La línea de colectivos levantada en ese momento, según aquella página “une la Estación Toro con la de Pilar, la que se dirige al barrio de la comunidad qom”. El problema llegó a la intendencia mediante una nota donde los vecinos ratificaban la denuncia de Alicia: “el trayecto del recorrido fue recortado por la empresa sin la notificación previa a los usuarios”.

Diego Schejtman es periodista del medio Pilar a diario, que publicó una nota sobre el city tour de Macri titulada: “Una vuelta manzana de 10 minutos en colectivo”. En diálogo con Página/12 describió que en la zona donde el presidente se subió al bondi “la mayoría de las calles son de tierra, hay algún mejorado, pero en general todas son un desastre. Cuando llueve se inundan y los recorridos deben suspenderse. La gente de Santa Ana es muy humilde y muy cerca de ahí está el barrio de la comunidad Toba, también hay un basural que genera grandes problemas ambientales”. Esa parte del partido de Pilar limita con los de Moreno y José C. Paz. Hay quienes la llaman la triple frontera.

Parecería que se buscó el mayor contraste entre la obra pública proyectada por el gobierno nacional con esa zona. Ahí donde las verdaderas condiciones en que viajan los vecinos son lamentables. Los mismos que le exigieron a Ducoté “el mejorado de las calles del recorrido 291-228F- 520 Ramal Pilar Derqui…” El joven intendente que desde su página web sostiene: “Propongo, arriesgo, me la estoy jugando por hacer política de una manera distinta, y quiero que, juntos, revolucionemos la forma en que vivimos en Pilar”.

Tiene un modelo para imitar. Macri difundió en twitter su acto de gobierno en el colectivo: “Recorriendo Pilar en la línea 520 para contarles a los vecinos el plan de renovación de los corredores de colectivos en el conurbano”. Su tuit está acompañado por la foto en que se lo observa tomado del pasamanos junto a la mujer rubia. A la vecina, el movilero de Pilar Noticias le preguntó en el lugar: “¿Qué fue lo que te dijo textualmente a vos (por Macri), que eras una…?”. “Cotorra, jaja, que hablo mucho, es mi forma de ser y mi marido le dijo ‘llevátela como vocero’”.

El joven que se ve en los videos como organizador de los vecinos que participaron de la escena suburbana, dijo que “veníamos a un acto con el intendente y esto fue una sorpresa”. El plan arrancó con un montaje hilarante sobre el 520 que frecuenta calles poceadas, a menudo inundables: el presidente Macri departía con los vecinos del barrio Santa Ana como si fuera uno más. Las imágenes que se difundieron después indicaron otra cosa. Que era un viaje a ninguna parte, con un colectivo de escenario, puro marketing y actores de reparto que conocían el libreto de antemano.

Con todo, no es algo nuevo en la estrategia comunicacional que tiene el sello del ecuatoriano Jaime Durán Barba. Sin ir más lejos, durante el reciente viaje de Macri a Nueva York, desde la oficina de prensa de la Casa Rosada difundieron como “casuales” imágenes del Presidente besándose con su esposa en pleno recinto de las Naciones Unidas y andando juntos en bicicleta por el Central Park.Ya de vuelta en el país, Macri buscó mostrarse conversando con vecinos, pero quedó en evidencia que esa “naturalidad” sólo puede conseguirla con un público rigurosamente seleccionado.

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