Julio de Vido: "Grabois actúa como un servicio de inteligencia"

Causa Vialidad: llegó el día del ministro al que le piden 10 años de cárcel pero no fue nombrado en 39 meses de juicio, por Raúl Kollmann (para "Página 12" del 11-09-22)

Este lunes las defensas seguirán respondiendo las insólitas acusaciones del fiscal Diego Luciani.

Las insólitas acusaciones del fiscal Luciani

En el juicio contra Cristina Kirchner por las obras viales en Santa Cruz, este lunes tomará la palabra el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, uno de los críticos más duros de la acusación de los fiscales Luciani y Mola. Las absurdas imputaciones realizadas.

Por Raúl Kollmann

11 de septiembre de 2022 

El juicio por la obra pública en Santa Cruz continúa este lunes con el alegato de uno de los abogados más vehementes y sólidos, Maximiliano Rusconi. El letrado, junto a Gabriel Palmeiro, defienden a Julio De Vido, exministro de Planificación. Una de las cuestiones más salientes de los tres años y tres meses que duró el juicio -seguido en todas las audiencias por Página/12- es que nadie nombró nunca a De Vido: no hubo un solo testigo que le adjudicara alguna indicación, no se exhibió un mail, un chat o alguna evidencia. Es más, se le adjudica el delito de administración fraudulenta, pero en realidad quienes tienen la facultad de administrar el presupuesto votado por el Congreso Nacional son los jefes de Gabinete, no el ministro del área.

Rusconi y Palmeiro se turnarán a lo largo de dos jornadas, lunes y martes, arrancando a las 9.30 y con final, puesto por el Tribunal, a las 15. En realidad, las defensas pueden usar tres días, pero los letrados anticiparon que con dos será suficiente. El alegato puede seguirse por el canal de Youtube del Tribunal Oral Federal número 2. 

Es evidente que Rusconi será uno de los abogados más duros contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a los que recusaron en su momento tras la publicación en Página/12 de las fotos en que Luciani y el presidente del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, aparecieron jugando juntos en el equipo Liverpool, en la quinta del expresidente Mauricio Macri. Como se sabe, la recusación fue rechazada y ahora llegó a la Cámara de Casación.

El acusado fantasma

En su acusación contra De Vido, los fiscales pidieron 10 años de prisión por considerarlo organizador de la asociación ilícita encabezada por la vicepresidenta y partícipe primario de la defraudación contra el estado. Como no pudieron esquivar el hecho de que nadie lo haya nombrado en 39 meses de juicio, los fiscales argumentaron que ”su aparente menor visibilidad no puede ser entendida como menor injerencia”.

Un punto que exhibe los vacíos de la imputación es que Luciani y Mola ni siquiera pudieron exhibir alguna orden o instrucción de De Vido a José López, entonces secretario de Obras Públicas, que apareció tirando los bolsos con nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Sucede que ambos se llevaban muy mal y no mantenían ningún diálogo y más bien eran casi enemigos. 

Tampoco hay mensajes ni chats ni instrucciones de De Vido respecto de Lázaro Báez y en las licitaciones del área de energía, que dependía de Planificación, y que se hicieron en Buenos Aires, Báez no ganó ni una obra, pese a que se presentó en varios de los concursos, siempre asociado con empresas especializadas.

Julio De Vido, la primera defensa de un funcionario nacional 

Rusconi y Palmeiro serán los primeros en alegar en defensa de un funcionario nacional. Hasta ahora intervinieron abogados de extitulares de la vialidad provincial de Santa Cruz y del ex delegado de Vialidad Nacional en ese distrito. El caso más grotesco fue la acusación contra Héctor Garro, que encabezó vialidad de Santa Cruz durante apenas seis meses y se le atribuyó defraudación en perjuicio del estado nacional. 

Lo concreto es que no hay evidencia alguna de sobreprecios -ni planteó nada así en el juicio- dado que en las muy pocas obras en las que tuvo algo ver no se hizo ninguna pericia, o sea no se verificó ninguna irregularidad. Encima, los fondos salieron de Santa Cruz, no del estado nacional, o sea que resultó imposible la defraudación planteada. Las obras en cuestión fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas, la fiscalía de Estado y hasta la justicia de Santa Cruz, sin que se detectara ninguna anomalía.  

El abogado de Garro, Mariano Fragueiro Frías, insistió una y otra vez en que los fiscales ni siquiera habían leído el expediente. 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/481160-causa-vialidad-llego-el-dia-del-ministro-al-que-le-piden-10-

DE VIDO ANALIZA EL PANORAMA ENERGÉTICO Y POLÍTICO

 

Julio De Vido "Yo sabía quien era Alberto, sabía de su ideología y sin embargo lo vote"

"El poder se construye todos los días, no te lo da un bastón y una banda"

ESCUCHAR EL AUDIO DE LA ENTREVISTA A DE VIDO

Obra Pública: El empresario que demolió la acusación, por Raúl Kollmann (para "Página 12" del 05-10-21)

 El juicio por las rutas en Santa Cruz

Se trata de Juan Chediack que supo ser presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Afirmó que su empresa no hizo obras en Santa Cruz y que el empresario Lázaro Báez no fue socio de la cámara empresaria.

Por Raúl Kollmann

5 de octubre de 2021

En apenas dos minutos, el empresario Juan Chediack destrozó la acusación del juicio más trascendental de la era Kirchner: el de la construcción de rutas en Santa Cruz. “Quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar --le dijo Chediack a los jueces--. Mi empresa no hizo ninguna obra en Santa Cruz, pero fui presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, de la cual Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez no es socia. Nunca recibimos en la Cámara ninguna denuncia de que hubiera irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz”. Los dichos del empresario fueron de máxima importancia porque la imputación justamente era que Báez fue favorecido por el gobierno de Cristina Kirchner y que por eso ganaba las licitaciones. A lo largo de cuatro horas, con firmeza y mucha nitidez, Chediack fue desarmando casi todas las cuestiones planteadas por el abogado que Laura Alonso dejó en la Oficina Anticorrupción, Lucas Trigo, y por el fiscal Diego Luciani.

Cuando Chediack hizo su aclaración preliminar hasta el titular de la audiencia, el juez Jorge Gorini, se dio cuenta que enterró las acusaciones: “Con esa aclaración, usted contestó buena parte de las preguntas que le iban a hacer”, acotó Gorini.

--Por eso lo hice--, le contestó Chediack.

Por Zoom observaban los otros dos jueces del tribunal: Rodrigo Gimenez Uriburu y Andrés Basso.

Es que el juicio clave por las rutas de Santa Cruz tiene como eje que las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 81 licitaciones que se hicieron en la provincia sureña. La defensa del constructor, a cargo de Juan Villanueva, sostiene desde el principio que siempre Báez ganó porque ofreció el precio más bajo y eso pudo hacerlo porque tenía el personal y la maquinaria en Santa Cruz, a diferencia de las demás empresas que debían llevar trabajadores y maquinaria a 1.800 kilómetros de su sede.

Después de la aclaración de Chediack, el abogado de la OA, Lucas Trillo, pareció totalmente desorientado: sus preguntas fueron dubitativas y hasta cometió un lapsus dramático: se refirió a Chediack como “presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción…. Digo Construcción”. En realidad, el fallido podría adjudicarse a que la causa de las fotocopias de los cuadernos apuntó, precisamente, al llamado club de la obra pública que integraban los miembros de la Cámara de la Construcción. Las malas lenguas señalan que hace décadas ese conglomerado de constructoras se pone de acuerdo para repartirse las licitaciones. Báez no sólo no integraba la Cámara, sino que empezaba a ser un adversario, sobre todo desde el momento en que empezó a presentarse en licitaciones fuera de Santa Cruz, con precios más bajos. Es un rumor bastante extendido que, por esa razón, los empresarios alentaron la denuncia contra Báez.

En la causa de las fotocopias, Chediack estuvo preso y, como los demás empresarios, terminó declarando como arrepentido. Admitió que se repartían las obras y que por esa razón le pagaron coimas a José López y a Julio De Vido. A López se le encontró dinero en los bolsos que tiró en General Rodríguez y también se detectaron sociedades y cuentas ocultas en quienes habrían sido los dos hombres vinculados al exfuncionario: el financista Ernesto Clarens y el exsecretario de los Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz. A De Vido no se le encontró ninguna sociedad ni cuenta escondida ni tampoco bienes no declarados. Y menos todavía a CFK: excavaron en la Patagonia, rompieron las paredes de su casa en CABA, Río Gallegos y Calafate, buscaron bóvedas, cuentas y sociedades y lo que se descubrió era de la familia Macri, no de los Kirchner. 

En la audiencia de este lunes, Chediack también desarmó otras acusaciones:

* Sostuvo que no había desigualdad en los pagos entre unas empresas y otras, pero sí se registraban situaciones inexplicables en las que una empresa tenía el pago retrasado y esa misma empresa recibía otros pagos en tiempo y forma. Tenía que ver -dijo Chediack- con la disponibilidad de fondos.

* Una imputación clave de la fiscalía era que Báez ofrecía los precios más bajos en cada obra pero que después se hacían redeterminaciones de precios por la inflación. Chediack explicó que las redeterminaciones eran muy mal negocio, de pura pérdida, porque se hacía a los índices del Indec de la época de Guillermo Moreno, mientras que los precios de la construcción aumentaban muy por encima de ese índice. Además, en cada trámite se perdía utilidad.

* También explicó que los atrasos fueron y son frecuentes en todas las obras y casi siempre dependen de contingencias climáticas o de expropiaciones de terrenos que se demoran.

* Igualmente precisó que los adelantos --pagos anticipados de parte de la obra-- eran habituales y estaban reglados. Muchas veces hasta figuraban en el pliego licitatorio.

* Reafirmó que la capacidad de ejecución de obras fijado por el Registro Nacional de la Construcción sólo regía para obras nacionales, no para la casi totalidad que se hicieron en las provincias y en este caso en Santa Cruz. Pero, además, es sólo un cupo referencial. De las 81 obras de la provincia sureña, únicamente dos fueron nacionales.

Como viene ocurriendo desde el principio del juicio, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner no se escuchó. Sucede que las obras se votaron en el Congreso Nacional y luego la licitación, adjudicación y control se hizo en Santa Cruz. Aún así, se supone que es la principal acusada y todas las demás imputaciones contra la exmandataria dependen de este juicio. Es que le adjudican que los Kirchner se quedaron con dinero de la obra pública de Santa Cruz y luego lo volcaron a propiedades que son la base de las causas Hotesur y Los Sauces.

Este martes debía declarar otro expresidente de la Cámara de la Construcción: Carlos Wagner. Sin embargo, el tribunal decidió postergar su testimonio porque se presentaron certificados que indicarían que tiene problemas de salud y un leve deterioro cognitivo. Los jueces resolvieron analizar la cuestión con más detenimiento. Las audiencias seguirán la semana que viene con más empresarios, entre ellos Eduardo Eurnekian, Enrique Esquenazi y el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/372607-obra-publica-el-empresario-que-demolio-la-acusacion

ADRIÁN ALBOR: "Amado, Milagro, Luis, Julio... son Mártires"

Verdad Peronista Nro 11: El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires.
Amado, Milagro, Luis, Julio... son Mártires. El gobierno peronista tiene que encontrar una solución.

— Adrian Albor (@Albor_Adrian) January 10, 2021

Publicado en:

https://twitter.com/Albor_Adrian/status/1348304237193809920?s=08

Lawfare: Una guerra invisible, por Jorge Halperin (para "Página 12" del 13-12-20)

Por Jorge Halperín

Está claro que el lawfare es la persecución política por la vía judicial. Es, a la vez, una guerra no convencional – algunos estrategas hablan de “guerras híbridas” - en un ámbito complejo – el derecho -, que no es percibida como guerra por la opinión pública.

Así lo describieron dos estudiosas, Silvina Romano y Arantxa Tirado, en un trabajo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica( CELAG).

La referencia a la guerra es apropiada si se tiene en cuenta que lawfare fue acuñado por un general: Charles Dunlap.

Washington redefinió el eje del mal aludiendo al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Y sectores del Pentágono avanzan señalando que la corrupción es el peor de los males en la medida en que debilita a los gobiernos, los expone a las acciones del terrorismo y el narcotráfico, y así mina a la democracia.

De esa manera el imperio pergeñó la coartada para librarse, con la ayuda de jueces alineados, derechas y poder mediático, de líderes y gobiernos que rechazan sus políticas. Los acusa de derroche y malversación de fondos. Los expulsa del poder o directamente los encarcela. Y lo consigue travistiendo de crísis institucional lo que es un golpe.

Cuando la Corte Suprema de Argentina produjo estos días su absurdo fallo confirmando la condena del ex vicepresidente Amado Boudou en una causa tan truchada por el lawfare, la indignación corrió como un reguero en muchos de nosotros, y se tradujo en una convocatoria a un abrazo en Tribunales.

Hoy seguimos mirando a Alberto Fernandez y preguntándonos si hará algo finalmente para enfrentar a estas ofensivas de un partido judicial que no deja de perseguir políticamente a pesar de que ya no tiene el anterior gobierno para que lo avale.

El presidente fue claro en plantear que no va a actuar como Macri invadiendo al otro poder, el judicial. Y desató controversias cuando dijo que no hay presos políticos sino “detenciones arbitrarias”.

Entonces, ¿no puede, no hará nada al respecto? Más allá de la indignación, uno percibe que estas movidas judiciales buscan desgastar la figura del presidente, apuntan al objetivo de siempre, Cristina Fernández, dejan el campo minado para frenar la anunciada reforma judicial y, claro, cuentan con el aval de la oposición de derecha, del poder económico y mediático, y de la embajada de Estados Unidos, foco del lawfare en toda la región.

Entonces, ¿tiene el presidente las manos atadas? ¿No hay forma de neutralizar esto?

Empecemos por señalar algo: el abrazo en Tribunales no tuvo una gran masividad. Es obvio que, de haber querido el gobierno acudir a la movilización de las bases, otro hubiera sido el panorama. Incluso, aún sin una acción del gobierno, no hubiera costado producir un hecho bien masivo si otros aliados del FdT mostraban voluntad de movilizar.

¿Es la cuestión de los presos políticos un tema al cual el FdT le asigna prioridad?

No hay señales claras al respecto. Está claro que preocupa a AF y al kirchnerismo. Pero no está tan claro si es prioridad para otros aliados, el massismo, los gobernadores, y aliados circunstanciales como la fuerza de Roberto Lavagna.

En Jujuy, donde Milagro Sala sobrelleva una prisión de cinco años, el vicegobernador de Gerardo Morales es Carlos Hakim, un peronista del Massa. Es difícil imaginar a Sergio Massa, que estuvo tan alejado de CFK, priorizando las libertades de Sala, de Julio De Vido, de Luis D´Elía o de Amado Boudou. Y sucede algo parecido con otros aliados del FdT.

¿Podría el presidente ejecutar un acto de autoridad del tipo de un indulto o alguna variante, con lo cual disparará nuevas ofensivas de distintos sectores, sin tener suficiente aval interno o sin hacer crujir las alianzas del Frente?

Claro que no hacerlo y seguir exponiéndose al desgaste que deliberadamente le provocan los focos de resistencia en los tribunales, podría ocasionarle un alto costo político.

¿Es así? Hay que tener en cuenta que el tema de los presos políticos no resulta accesible a buena parte de las mayorías, que votan pero que desconocen los meandros de la Justicia y el lawfare.

Ahora, si uno atribuye debilidad e impotencia al gobierno en este tema, debe preguntarse si algún gobierno de América Latina tuvo éxito desarticulando el lawfare. La verdad es que no hay antecedentes en una región que hoy es gobernada en absoluta mayoría por aliados del lawfare alineados con Washington.

Porque el lawfare es una creación siniestra y brillante de Washington y un dispositivo al que aún no se encontró forma de desactivar.

Vuelvo a los indignados por la ofensiva judicial contra Boudou, en especial los que comparan la forma en que el entonces flamante presidente Nestor Kirchner actuó sobre la Corte menemista. Junto a su enérgica determinación, su clara visión de que debía avanzar con acciones fuertes, Nestor manejó un peronismo y aliados que no venían de recientes enfrentamientos, como sucede hoy en el FdT, y tampoco estaba en la vereda de enfrente un bloque de poder consolidado como el que hoy hostiga a Alberto Fernandez.

Las comparaciones no sirven en este caso.

Por estas horas está claro que la unidad del FdT es crucial para que la oposición de derecha no encuentre una forma de volver al poder. Sea porque el presidente y docente de derecho rechaza una intervención ante la Justicia por propia convicción, o porque en la encrucijada opta por no desafiar la cohesión del frente, es difícil imaginar cuál será la salida a esta herida abierta en el Frente de Todos.

Pero esto no impide reaccionar ante la aberración de que un gobierno votado por las mayorías tenga que contemplar como desde la tribuna esta supervivencia de la nefasta persecución política de los aliados del lawfare.

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/311716-lawfare-una-guerra-invisible

Sobreseyeron a Cristina Kirchner en una causa derivada del caso de las fotocopias de los cuadernos , por "Página 12" del 24-11-20

 Se investigaban subsidios a empresarios de colectivos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída este martes, junto a más de 200 exfuncionarios y empresarios, en el marco de una causa derivada del caso de las fotocopias de los cuadernos, donde se investigaba el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil.

La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien entendió que no hay elementos para mantenerla imputada en el expediente, en el que se investigan subsidios entregados a empresas de colectivos.

La Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces trasladados a dedo por el macrismo, revocó en 2019 el procesamiento que había firmado el fallecido juez Claudio Bonadio. 

Además de dictar el sobreseimiento de la expresidenta, el juez también sobreseyó a los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y a Ricardo Jaime, entre otros.

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/307767-sobreseyeron-a-cristina-kirchner-en-una-causa-derivada-del-c

Cómo fue organizada la secuencia del lawfare, por Raúl Kollmann (para "Página 12" del 08-03-20)

Carlos Pagni reveló el comienzo de la secuencia, que data de abril de 2016.

08 de marzo de 2020 

Presión mediática, detenciones arbitrarias en tiempos electorales

De Vido preso dos días antes de la elecciones de 2017, Zannini cuando se debatía la reforma previsional, casos ejemplares.

Por Raúl Kollmann

El columnista Carlos Pagni reveló que a principios de abril de 2016 La Nación publicaría  una foto de todos los jueces federales, denunciando la demora en avanzar en los procesos contra ex funcionarios kirchneristas. Y que por ello, el juez Julián Ercolini ordenó el apresamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ni siquiera había sido indagado. La columna de Pagni produjo estupor dentro de La Nación y Clarín, con consecuencias que se verán en las próximas semanas. Mientras tanto, en Comodoro Py se dispararon varias denuncias. La actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, analizó que aquella detención no sólo fue producto de esa advertencia, sino que se hizo para tapar el escándalo que estalló en todo el mundo,  los Panamá Papers, con sociedades y cuentas ocultas de Mauricio Macri y su familia.


A Julio De Vido lo detuvieron justo en los días de la campaña electoral de 2017. A Carlos Zannini lo apresaron cuando en el Congreso se debatía la reforma jubilatoria, con enormes manifestaciones en contra. Y se pueden enumerar todavía más casos. La alianza política-judicial-mediática alineada con Cambiemos, con aprietes como el revelado esta semana, ejecutó las detenciones que tenían que ver, no con las pruebas ni con la situación procesal, sino con la persecución de opositores.

Sótanos

Los dichos de Pagni produjeron una explosión dentro de La Nación y Clarín, con fuertes reproches al columnista. Esta situación quedó expuesta cuando Pagni publicó una segunda nota con débiles argumentos: insistió en que los detenidos no eran inocentes, sino que había pruebas de la existencia de casos de corrupción en el gobierno de CFK. Esa no era la polémica, nadie cuestionaba que se juzgue y castigue a los que cometieron actos ilegales, sino justamente lo que dijo Pagni: que se haya ordenado prisiones preventivas por presiones y maniobras del aparato judicial-mediático-político cuyo verdadero objetivo era tapar al gobierno de Macri e ir contra los opositores al neoliberalismo. Pagni estuvo imputado en una causa por espionaje durante el gobierno de CFK en que se descubrió el hackeo de los mails de la secretaria de la entonces presidenta, los del jefe de Gabinete y actual presidente, y hasta protagonistas del espectáculo como Susana Giménez.

Tapar

Como recordó CFK esta semana, el escándalo de Panamá Papers estalló el domingo 3 de abril de 2016, con cabecera en el Süddeutsche Zeitung de Alemania. En la tapa de esa publicación apareció la foto de Mauricio Macri porque figuraba entre los mandatarios que habían armado sociedades ocultas en el estudio Mossak Fonseca de Panamá y registraba negocios en paraísos fiscales y Brasil. Por entonces, el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, era la principal referencia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el país. Eso derivó en que el diario de los Mitre y los Saguier publicara los datos, con absoluta protección de Macri. De hecho, los periodistas alemanes criticaron la cobertura argentina señalando que fue condescendiente con el entonces presidente.

Tres días después de aquel fin de semana cuando fue detenido Jaime, todavía en pleno estallido del escándalo internacional por los Panamá Papers, también detuvieron a Lázaro Báez, quien llegaba a Buenos Aires para declarar ante el juez Sebastián Casanello. El apresamiento se produjo con el falso argumento, diseñado por Patricia Bullrich, de que el avión no traía plan de vuelo. A Báez lo pasearon por media Capital Federal, delante de las cámaras, para completar un verdadero show. Nuevamente La Nación fue puntal en esta detención.

Seguidilla

A Julio De Vido le pidieron la detención el 17 de octubre de 2017, cinco días antes de las estratégicas elecciones legislativas de ese año. El motivo fueron dos causas. Por un lado la compra de Gas Natural Licuado, que ya se comprobó que se fundó en un peritaje falso y luego en un testimonio igualmente trucho de Marcelo D'Alessio. La segunda causa fue por el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por las obras en Río Turbio, expediente que tal vez llegue a juicio en 2022. En esta detención, la de De Vido, apareció la doctrina de Martín Irurzun, según la cual todo ex funcionario tenía "relaciones residuales" con personajes poderosos indeterminados y que por esas relaciones podrían entorpecer el expediente. Todo coincidió exactamente con el tramo final y decisivo de la campaña electoral y tuvo el fogoneo indisimulado de La Nación.

El 3 de noviembre de 2017, muy pocos días después, una mañana, el ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido con el mismo argumento: las relaciones residuales. La decisión la tomó el juez Ariel Lijo en el marco de la aparición del testimonio de su cuñada, Carla Lago, quien le contó a la justicia sobre un haras y una cuenta de 1.700.000 dólares en Nueva Zelanda que manejaba Alfredo Lijo, hermano y operador del magistrado. El medio que tenía la información y la difundió después fue, no casualmente, La Nación. Como se sabe, la detención de Boudou fue filmada y las imágenes difundidas de inmediato. El expediente por enriquecimiento ilícito aún hoy está en pañales y Boudou fue encarcelado hace ya dos años. Hasta el momento el ex vicepresidente ni siquiera fue indagado en esa causa. En aquel noviembre empezó la ofensiva de Cambiemos por la reforma laboral y la catastrófica reforma jubilatoria.

El 7 de diciembre de 2017 fue detenido Carlos Zannini en la escandalosa causa por traición a la patria a raíz del Memorándum de Entendimiento con Irán. El ex candidato a vicepresidente fue apresado una madrugada, víspera de fin de semana largo, sin que hubiera sido imputado nunca por el fiscal Alberto Nisman, denunciante original del expediente, y sin que la mencionara siquiera el fiscal que quedó a cargo, Gerardo Pollicita. El trasfondo era la votación de la reforma previsional. Además de Zannini, en la misma razzia detuvieron a Luis D'Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche.


En la seguidilla, fueron detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, el 19 de diciembre de 2017, por una deuda con la AFIP que en el juicio se demostró que no existía y que las empresas cumplían con los planes de pago. En la última audiencia incluso salió a la luz que el ente recaudador había armado un "grupo de control" sólo destinado a Oil, un hecho que no registraba antecedentes. La operación contra Lopez y De Sousa se inició con una nota de La Nación que ahora se demostró falsa. El trasfondo fue quitarle la compañía a sus dueños y presionarlos para que sus medios se sumen al macrismo.

La misma presión y extorsión se ejerció contra Víctor Santa María, titular del Grupo Octubre, que reúne a varios medios. La Nación publicó una serie de notas presionando al encarcelamiento, en una maniobra similar a la que describió Pagni en ocasión de los Panamá Papers.

Modelo

Lo que reveló Pagni no fue un hecho puntual sino un modelo. No es casual que uno de los directivos de La Nación, Julio Saguier, esté señalado como un operador en la justicia, con recorrida casi diaria por Comodoro Py. Apriete y extorsión, detenciones arbitrarias con el objetivo central de encubrir a Cambiemos y tratar de sacar de la cancha a los que se oponían a la hecatombe neoliberal. El mismo modelo que se aplicó en Brasil para excluir de las elecciones a Lula, en Ecuador para dejar a Rafael Correa en el exilio y ahora a Evo Morales proscribiéndolo del proceso electoral de Bolivia. La ciencia política lo denomina Lawfare y la teoría y práctica quedaron al desnudo, una vez más, desde la cocina del diario centenario.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/251632-como-fue-organizada-la-secuencia-del-lawfare

Ordenan liberar a Julio De Vido, por "Minuto Uno" del 04-03-20

04 de marzo de 2020

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue excarcelado en la causa Río Turbio. Estaba con libertad domiciliaria desde el 13 de diciembre.
El Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) ordenó esta tarde excarcelar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio.

Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado había beneficiado a Julio De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

Julio De Vido permanece detenido desde el 25 de octubre de 2017 y tras la resolución del TOF1 podrá recuperar la libertad de manera inmediata.

Julio De Vido: "Si se hubiera cumplido la ley no iba preso"

El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, recuperó la libertad después de más de dos años.
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) ordenó este miércoles la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido quien se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio. "Si se hubiera cumplido con la ley no hubiésemos jamás estado presos, no había presos políticos en la Argentina" aseguró De Vido en diálogo con C5N apenas unos minutos después de recuperar la libertad.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner dijo sentirse "muy emocionado" y que se le hacía "difícil razonar" en esos primeros momentos de libertad luego de más de dos años de haber estado privado de su libertad. De Vido denunció que "todavía hay personas que están indebidamente detenidas" y reclamó que se sancione "a quienes abusaron de su poder para encarcelarnos, que aquellos que violaron sus deberes y juramentos, esos jueces y fiscales que sucumbieron a la presión del macrismo tienen que tener su sanción". Los magistrados Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron que “la libertad” del ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner se hiciera “efectiva el día de la fecha” y dispusieron que De Vido se presente mañana a las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py a firmar el acta de su liberación bajo caución juratoria. Los jueces le mantuvieron, de todas formas, la prohibición de salir del país y dispusieron que el ex funcionario deberá comparecer en forma mensual ante el Tribunbal. De Vido había sido detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal porteña, en el marco de este expediente en el que se lo investiga por administración fraudulenta en contra de la administración pública por supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a refacciones de la mina de carbón de Río Turbio. En diciembre pasado, el TOF 7 había dispuesto su excarcelación en el marco de la causa de los cuadernos pero hasta hoy se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en su casa de Zárate, en el marco del expediente por el caso Rio Turbio.

En este caso se investiga el supuesto desvío de 200 millones de pesos que debían destinarse a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz) y otro de los acusados junto a Julio de Vido es el tambuén ex funcionario deNéstor y Cristina Kirchner Roberto Baratta, que también había sido detenido y recuperó su libertad en diciembre pasado, aunque todavía es controlado con una tobillera electrónica.

Publicado en:
https://www.minutouno.com/notas/5086675-ordenan-liberar-julio-vido

Qué cambia si son presos políticos o detenidos arbitrariamente, por Luis Bruschtein (para "Página 12" del 08-02-20)

La discusión sobre si los que están encarcelados por ser opositores son presos políticos o detenidos de manera arbitraria desemboca inevitablemente en el debate sobre cómo salir de esa situación, cualquiera sea la expresión que se utilice.

Por Luis Bruschtein

Si el titular de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy reconoce que Milagro Sala está presa porque si estuviera en libertad Gerardo Morales no podría gobernar; si documentos de la dirección de Protección a Testigos confirman que el ministerio de Justicia pagó un millón y medio de pesos a Alejandro Vandenbroele para que declare contra Amado Boudou, entonces Sala y Boudou son presos políticos, aunque se los acuse de cualquier otra cosa.

Esa lista podría continuar: si el perito trucho que declaró en la causa del gas contra Julio De Vido, era incompetente y se basó en recortes periodísticos, por lo cual está acusado de perjurio; si basaron la causa del memorándum de acuerdo con Irán en un artículo periodístico que no tenía fuentes para acusar de traición a la patria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman, entonces De Vido es preso político y Cristina Kirchner y Héctor Timerman, perseguidos políticos.


El juez jujeño Pablo Baca deberá afrontar un juicio político pero, en realidad, los que tendrían que ser juzgados son los jueces que encarcelaron a Milagro Sala por orden del gobernador Morales, como lo reconoció Baca. Durante la dictadura militar, la mayoría de los presos estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), no tenían causas abiertas, con lo cual eran claramente considerados presos políticos. Pero también había una minoría que había sido juzgada por tribunales amañados por la injerencia de un gobierno de facto. Entonces también se los consideraba presos políticos.

Son tecnicismos, porque pese a que todos los calificaban como presos políticos, a los de este segundo grupo, en democracia no los reconocieron como tales y les retacearon la indemnización que les correspondía, o cobraron solamente por los días que habían estado presos sin condena.

La situación de los presos políticos que encarceló el macrismo representa un enredo difícil porque no hay un camino corto para resolverlo. Los presos fueron involucrados en la mayoría de los casos en causas por corrupción, armadas con la colaboración de los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones de medios y funcionarios judiciales. Si fueran causas por delitos vinculados con la acción política sería más fácil aplicar un indulto o una amnistía.

Pero con estas acusaciones, los mismos presos se resistirían a un indulto o a una amnistía, que sería el camino más concreto en caso de definirlos técnicamente como presos políticos. El reclamo no es el indulto o la amnistía, sino la revisión de las causas, lo cual en los tiempos judiciales implica un largo camino.

Los presos estarían dispuestos a encarar ese mecanismo pero reclaman con razón, que fueron encarcelados de manera arbitraria cuando no tenían condena en firme y la mayoría todavía no la tiene. En la mayoría de los casos fue así por la llamada doctrina “Irurzun” que convirtió a los ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas en ciudadanos de segunda. Lo que se está planteando es que los acusados puedan seguir en libertad la revisión de sus causas.

La discusión sobre si son presos políticos o si simplemente fueron detenidos en procesos arbitrarios, no tiene sentido siquiera en un tribunal donde una u otra calificación implicaría caminos de resolución diferentes. Un gobierno democrático no puede tolerar presos políticos. Y tampoco puede hacer como si no los tuviera.

Si se trata de evitar el camino de los indultos o la amnistía que rechazan los presos, igual seguirán siendo presos políticos. Para que dejen de serlo, tendrían que estar en libertad para seguir la revisión de sus procesos. Sin que dejen de ser presos pollíticos, en este punto es clave la definición de “detenidos de manera arbitraria”, como los calificó el jefe de gabinete Santiago Cafiero con lo que se ganó una lluvia de críticas. Porque lo primero a resolver sería que recuperen su libertad sobre la base de esa calificación técnica.

A la salida de la dictadura, Raúl Alfonsin vio la necesidad de juzgar las violaciones a los derechos humanos, en parte porque en su trayectoria como abogado había sido consecuente con ese principio. En parte también porque necesitaba desgastar el poder residual que les quedaba a los militares. Y en parte porque Madres, Abuelas, Familiares y demás organismos de derechos humanos empezaban a convertirse, para la construcción democrática, en uno de los pocos referentes éticos de la lucha contra la dictadura.

Pero para separar a la institución como tal, de los jefes y represores que serían juzgados, primero intentó que fueran las mismas Fuerzas Armadas las que los juzgaran. Y fue imposible. Lo único que conseguía por ese camino era un simulacro que buscaba justificar a las violaciones de los derechos humanos. Y finalmente debió juzgarlos la justicia civil.

Al gobierno de Alberto Fernández tampoco le sirve dictar una amnistía porque resonaría como una condena al Poder Judicial como institución, lo que viene evitando también Cristina Kirchner en sus denuncias. La vicepresidenta nunca habla de la Justicia o del Poder Judicial como un todo, sino de un sector, o de funcionarios.

El gobierno prefiere que sea el mismo Poder Judicial el que enmiende las faltas cometidas. De esta manera, el encargado de revisar la irregularidad de las causas sería el mismo Poder Judicial que las instruyó, por lo cual la administración de Justicia caminaría por una cornisa muy finita. Hay fiscales y jueces, como el fallecido Claudio Bonadio, muy involucrados en esa práctica del lawfare.

El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes por su funcionamiento y también por su estructura cuasi feudal. Y su renovación no se realizará de la noche a la mañana, sino en el mediano y largo plazo. En lo inmediato, por lo menos el fuero federal tendrá que recuperar la credibilidad que perdió por la acción de varios de sus miembros.

Pretender un Poder Judicial aséptico, aislado en un frasco de mayonesa, sería irreal. Pero tiene que haber un Poder Judicial que sea creíble ante la sociedad para reglar un tipo de convivencia. Al igual que la ortodoxia marxista, el macrismo concibió al Poder Judicial, con su “Mesa Judicial” y fiscales y jueces amigos, como la extensión punitiva del poder de una clase dominante. Muchos jueces actúan de esa manera, sin necesidad de que los operen demasiado, como lo demuestran los que condenaron a Milagro Sala, como ella dice: “por negra y por coya”.

El gobierno de Alberto Fernández necesita que la libertad de los presos políticos y la revisión de sus causas no aparezca como algo más de lo mismo: antes estaba el macrismo que operaba para meter presos y ahora está el peronismo que opera para liberarlos. Con la dificultad extra de que las grandes corporaciones mediáticas también fueron protagonistas importantes del lawfare. Es difícil que pueda llegar a la sociedad con sus argumentos sobre este tema a través de esos medios.

Con la ayuda de las corporaciones de la comunicación cada desastre que dejó Mauricio Macri se agrandó con el trastocamiento de sentidos. Así, endeudar el futuro fue “romper el aislamiento”, el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres fue “transparentar la economía” y así los presos políticos son “políticos presos” o delincuentes comunes. En ese trastocamiento de sentidos hay una disputa de poder encubierta en la que intervienen los medios.

El gobierno y el oficialismo en general tendrán que usar todos las herramientas posibles para instalar en la sociedad esta problemática. Muchos ni se han enterado de las declaraciones de Baca o de la compra del testimonio de Vandenbroele, ni de la mesa judicial para operar sobre los jueces. O piensan que son temas sin importancia.

De todos modos siempre será menor el costo con la oposición si en ese proceso se libera a los presos políticos y se revisan las irregularidades en sus causas, que el costo que tendría en sus propias filas si los mantiene encarcelados. Y el tiempo que se demore en iniciar este proceso aumentará la injusticia.


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NO BASTA CON GANAR ELECCIONES, por Victorio Paulón (para "El Cohete a la Luna" del 19-01-20)

Boudou, Milagro Sala, De Vido.

Ocupar las calles es parte de nuestro mito fundacional: “El pueblo quiere saber de qué se trata”.

por  VICTORIO PAULÓN 
ENE 19, 2020 

La sostenida huelga del transporte en Francia, respaldada por movilizaciones masivas de trabajadores, empieza a lograr sus primeras victorias. En el marco de la multitudinaria movilización de la semana pasada, el gobierno de Emmanuel Macron anunció el retiro de la cláusula del aumento de la edad jubilatoria para facilitar el diálogo con los huelguistas. Con algunos altibajos en el acatamiento a la medida convocada por las centrales sindicales galas la huelga, ya superó en duración a todas las anteriores. Después de seis semanas de conflicto, la intersindical (CGT, FO, Solidarités, FSU, CFE-CGC y tres organizaciones juveniles) convocó este jueves 16 de enero a un sexto “día de movilización masiva interprofesional de huelgas y manifestaciones”.

Un cuarto de millón de personas y mucha determinación. No hubo gases por primera vez. Lo novedoso son las nuevas formas de lucha que se han gestado al calor de la huelga, que ha sido reconducida por unanimidad en asambleas en las estaciones de trenes. El 25 se presentará la ley en consejo de ministros. El conflicto entró en etapa de definiciones, son días decisivos. La perturbación de los servicios públicos en toda Francia, particularmente en el área metropolitana, cuenta con una gran tolerancia y aceptación de los usuarios, dado que la pretendida reforma afecta al núcleo más importante de la Seguridad Social, al corazón del Estado de Bienestar que sobrevino a la Segunda Guerra. Amplios sectores de la población perciben que esta reforma es la puerta de entrada para desmantelar la protección social en beneficio de los sectores más concentrados de la economía y los grandes empresarios.


El arte de repartir la escasez

Tras el fracaso de la segunda audiencia por la paritaria de los camioneros, los Moyano están amenazando con medidas de fuerza “necesarias” para recuperar el poder de compra del salario de los choferes. Se trata de una actualización del 33% que están pidiendo para mantener el poder adquisitivo. Este parece ser el primer round que deberá afrontar el gobierno de Alberto Fernández en las negociaciones del presente año. Con una inflación que alcanzó el 53,8 % y una caída del 7,3% en el consumo medido en los supermercados, queda cerrado el ciclo macrista y marca el piso más bajo de los últimos 30 años de los ingresos de los estamentos más bajos de la población.

Pablo Moyano.


Otra gran mesa paritaria que recorrerá el camino espinoso de repartir la escasez es la de los docentes. A pocos días de que el Gobierno comience a discutir con los gremios los futuros aumentos paritarios, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que “este año los salarios le van a ganar a la inflación”, ya que ese es “un compromiso que asumió el Presidente Alberto Fernández”. Fue luego de que el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, dijera que su organización va a pedir un incremento de sueldo que “le pase por arriba” a las últimas escaladas de precios. Las cláusulas “gatillo” constituyen un nudo gordiano que la inflación desenfrenada de la administración Vidal dejó como regalo y constituirán un problema de difícil solución para los paritarios.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) rechazaron el incremento automático por la “cláusula gatillo” en la paritaria docente que otorgará un aumento de hasta 12,5% para los docentes porteños. Volvieron a reclamar la “inmediata” convocatoria a paritarias en la Ciudad, tras conocerse la mayor cifra de inflación en casi tres décadas. Según los cálculos de los sindicalistas, la suba de enero del 2019 a enero del 2020 rondó un 50,95%, varios puntos debajo del 53,8% del INDEC. “Reclamamos la urgente convocatoria a la mesa salarial para garantizar que el aumento del 2020 no esté por debajo de la inflación, recuperar lo perdido en el gobierno de Macri-Larreta y recomponer de manera inmediata las asignaciones familiares congeladas desde hace siete años en la Ciudad de Buenos Aíres”, señalaron a ambito.com.





Máquinas que no despegan

Otras urgencias de gran porte recorren el tejido social. Al menos 150 trabajadores de los Molinos Minetti de Córdoba permanecen ocupando las instalaciones de la empresa y ya llevan seis meses sin percibir sus salarios. Los 190 trabajadores despedidos por la firma Techint de Campana continúan esperando que el empresario Paolo Rocca acate la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y puedan volver a sus puestos de trabajo.

El gobierno de Alberto Fernández heredó Vaca Muerta con 1847 despidos y suspensiones anunciados, un nivel de actividad en caída y sólo 29 equipos de perforación activos. Con el precio de los combustibles como prenda, las empresas distraen la atención sin ofrecer soluciones. “No es un paro contra el gobierno, llevan un mes. Es un tema de las empresas y de su voracidad de querer todo”, afirmó Marcelo Rucci, secretario Administrativo de Petroleros Privados al diario Río Negro.

Luego de dos años de lucha y resistencia, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri, empiezan a ser reincorporados al organismo. Se trata de 150 “compañeros con formación y muchos años de trayectoria que tras un ajuste atroz fueron echados por la anterior administración y hoy vuelven con toda su capacidad y conocimientos” explicaron a Radio Gráfica. Varias corrientes que militan en el gremio sostuvieron el conflicto y la nueva gestión confluyó con los gremialistas para llevar aire puro a una repartición esencial para el despegue prometido por el nuevo gobierno.

Estas son algunas pinceladas del cuadro de situación de la herencia real que recibió el nuevo gobierno tras cumplirse un mes de gestión al frente del Poder Ejecutivo. La otra mitad del cuadro la constituye el endeudamiento, que actúa como soga al cuello, condicionando la política social y económica y cuyos efectos empiezan a sentirse en la Provincia de Buenos Aires, que debe enfrentar el primer vencimiento de capital e intereses de su propia deuda en dólares y que caerá sobre la provincia como una continua catarata en los próximos años. Reactivar y crecer para pagar parece contradictorio con buscar la salida por el lado de encender la política industrial para generar empleo, porque no hay divisas disponibles para importar los insumos que requiere la industria. Apagados los fulgores del final de ciclo de decadencia e inicio de un nuevo gobierno que plantea un rumbo diametralmente opuesto, el escenario político lleno de esperanzas empieza a mostrar las piedras del fondo del río y pone a prueba la nueva conducción económica que deberá sumar a las secuelas de la devastación la acción organizada y fervorosa de una oposición que no se resigna a la derrota sufrida en las urnas.





Libertad a los presos políticos

La Mesa Intersindical de Derechos Humanos se reunió en la mañana del martes con el flamante Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. Treinta y cinco representantes de los sindicatos que integran la coordinación manifestaron su beneplácito por la designación del ex diputado nacional, con quien compartieron en la etapa anterior muchas actividades vinculadas con la política de Memoria, Verdad y Justicia. En el encuentro acordaron varias iniciativas destinadas a fortalecer la formación sindical de los nuevos trabajadores acerca del destino de miles de sindicalistas victimizados durante la dictadura militar: acompañamiento sindical a los juicios por crímenes de lesa humanidad —sobre todo aquellos en los que ventila la responsabilidad empresaria en aquellos años de terrorismo de Estado—, fomentar encuentros regionales en todo el país para promover la política de Memoria, Verdad y Justicia. En el final de la reunión se le pidió al funcionario impulsar una política más activa de parte del gobierno, tendiente a terminar con la indebida detención que sufren los presos políticos del gobierno macrista cuya resolución de parte de la Justicia se sigue postergando y prolonga el injusto castigo aplicado con excusas procesales en causas amañadas que fueron parte de una persecución política sin precedentes desde la recuperación de la democracia. La detención de Milagro Sala, Luis D’Elía y el ex Vicepresidente Amado Boudou fueron mencionados como ejemplos de la situación denunciada por los sindicalistas.

Milagro Sala, hoy.


La presencia de la Intersindical en el acampe por los cuatro años de privación de la libertad de Milagro Sala y sus compañeres de la Tupac Amaru está en línea con la construcción transversal que ha emprendido un grupo importante de secretarios de Derechos Humanos de los sindicatos nacionales y locales encuadrados en todas las corrientes y centrales existentes. La movida (de alcance internacional) apunta a presionar al Poder Judicial para que se revisen o agilicen las causas en las que están involucrados los presos políticos de la era macrista. Otro capítulo es el acoso a las visitas y a la propia Milagro de parte de los responsables de su custodia. “El secretario de Seguridad Ekel Meyer dio la orden para que me hostiguen junto con el comisario Tejerina. Me estoy remil puteando con la policía: me sacan fotos a las visitas, les retienen los documentos y me restringen todo”, denunció Milagro. Al decir del Presidente Alberto Fernández, “no están a disposición del Poder Ejecutivo”, como en las viejas dictaduras, sino en mano de jueces que no resuelven la situación cuando cada día que pasa se desnuda más el entramado de cuadernos, arrepentidos, espionajes ilegales y noticias falsas construidas desde el poder mediático concentrado. ¡Todos ellos están presos por motivos políticos!
Hay momentos en que una coyuntura determina el destino de toda una etapa. Este verano se define el destino del nuevo gobierno. O se logra avanzar con fuerza e iniciativa en el rumbo anunciado o la reacción derrotada logra su objetivo obstruccionista e impone una restauración cuyas consecuencias siguen lacerando el tejido social. El riesgo de abandonar la calle pensando que el triunfo electoral es suficiente para producir los cambios y, en consecuencia, delegar las soluciones en ministros y funcionarios, conduce a resignar el territorio de la resistencia que fue la movilización y la calle para que las fuerzas derrotadas la ocupen. En política, como postula la física desde Arquímedes, no existen espacios vacíos. Si nos vamos de la calles siempre alguien se ocupará de forzar la contraofensiva.

Publicado en:
https://www.elcohetealaluna.com/no-basta-con-ganar-elecciones/

Bomba: De Vido contó que los bolsos de López eran de ‘Nicky’ Caputo, el amigo del alma de Macri, por "Info135" del 16-12-19

16 diciembre, 2019 


El ex ministro de Planificación Julio De Vido, recién liberado de la cárcel, dio un explosivo reportaje a El Destape Radio, donde relató que  los bolsos de López que fueron encontrados con 9 millones de dólares en el Convento, pertenecían al empresario y amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

El ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner, luego de estar dos años detenido, realizó declaraciones en el programa “Habrá Consecuencias”, donde reveló que el dinero que poseía López fue entregado por “Nicky” Caputo: “La casa de López estaba nombre de (Eduardo) Gutiérrez, mano derecha de Nicky Caputo en montón de obras”, disparó De Vido.

El ex funcionario se refería a, por ejemplo, la ampliación y remodelación del Hospital Posadas, una obra adjudicada durante su gestión en el Ministerio de Planificación a un consorcio de empresas compuesto por Caputo SA y Farallón, de Gutiérrez. Este último es el propietario legal de la casa donde vivía López hasta ser detenido por haber sido encontrado con 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez.

Como si fuera poco, De Vido afirmó que “los que lo hicieron arrepentir (a López) fueron ellos, los servicios de inteligencia”. “López fue un corrupto cuando recibió esa plata y también cuando se arrepintió”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, De Vido calificó de “golpe de mercado” lo que ocurrió tras las PASO del 11 de agosto, cuando el dólar subió de 45 a 55 pesos y llegó a superar los 60 en los días subsiguientes. Asimismo, definió de “hecho de corrupción en sí mismo” al gobierno de Mauricio Macri.

Publicado en:
https://info135.com.ar/2019/12/16/bomba-de-vido-conto-que-los-bolsos-de-lopez-eran-de-nicky-caputo-el-amigo-del-ama-de-macri/

Casación ordenó y De Vido fue excarcelado, por Raúl Kollmann (para "Página 12" del 13-12-19)

La Cámara de Casación ordenó la liberación de Julio De Vido.  

Llevaba más de dos años de prisión y no hay peligro de fuga, pero tendrá arresto domiciliario por el caso Río Turbio



La Cámara de Casación le indicó al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que excarcele al ex funcionario. De Vido se iría a su chacra en Zárate. En las próximas horas liberan a Baratta.

Por Raúl Kollmann

Julio De Vido y Roberto Baratta fueron excarcelados después que la Cámara de Casación le ordenara al Tribunal Oral Federal número 7, a cargo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que dicte un nuevo fallo sobre la libertad de ambos funcionarios. El TOF 7 había rechazado la excarcelación pedida por los respectivos abogados (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en el caso de De Vido y Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, de Baratta), pero la Casación tuvo en cuenta que De Vido y Baratta llevan, globalmente, más de dos años de prisión y que no está fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación que, por otra parte, el juez instructor Claudio Bonadío ya cerró. Al anochecer el TOF 7 otorgó la excarcelación con lo cual De Vido se irá a su chacra en Zárate dado que en la causa conocida como Río Turbio ya le otorgaron la prisión domiciliaria, con tobillera. Baratta en cambio recupera la libertad en las próximas horas.


El ex ministro de Planeamiento había inicado una huelga de hambre durante esta semana en protesta por las demoras en implementar lo que dictaminó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Esa Comisión, integrada por legisladores de las principales fuerzas políticas, ya le puso límites a las prisiones preventivas insistiendo que deben fundamentarse muy bien las razones para privar a un imputado de su libertad y que los motivos no pueden ser otros que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Eso mismo transcribieron los camaristas: "Cabe advertir que en todo Estado de derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional se ha dado cuenta de manifiestas arbitrariedades”, dice uno de los párrafos del fallo de 64 páginas que tiene la firma de Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.


De Vido está detenido desde octubre de 2017, justito unos días antes de las elecciones de ese año. La maniobra fue escandalosa porque fue apresado por la causa Río Turbio en que el juez Luis Rodríguez había rechazado encarcelar al ex ministro, pero el fiscal Carlos Stornelli apeló la resolución del juez. Como estaba cantado, la Cámara Federal, en sintonía con la Casa Rosada, pidió el desafuero y la detención. El fondo del expediente es un acuerdo entre el estado nacional, a través de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional para que ésta casa de estudios realice todos los trabajos relacionados con planificación de la obra para volver a poner en marcha la mina de carbón. En la acusación nunca se habló de coimas ni de sobornos, sino que en el fondo se cuestionó que se recurriera a consultoras privadas y que, la UTN se quedara con el 20 por ciento de lo que facturaba por sus trabajos. Pero más grave aún fue la razón por la que detuvieron a De Vido: argumentaron que hizo desaparecer documentación de Río Turbio, papeles que quedaron en la administración de YCRT cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015. Esos papeles, que se aducía que De Vido hizo desaparecer, fueron exhibidos en televisión por la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.

Concedida finalmente la prisión domiciliaria por el caso Río Turbio sólo quedaba la prisión por el expediente de las fotocopias de los cuadernos. Es obvio que no hay peligro alguno de fuga --De Vido y Baratta siempre estuvieron a derecho-- y menos todavía se puede hablar de peligro de entorpecimiento de la investigación por cuanto la causa ya está elevada a juicio y la instrucción cerrada. De manera que en términos reales, De Vido y Baratta llevan dos años presos sin fundamento alguno.


Alberto Fernández había hablado del "abuso de las prisiones preventivas" y el uso político de la justicia para ir contra los opositores. Entonces, los camaristas de Casación tuvieron en cuenta ese criterio y le ordenaron al TOF 7 un nuevo fallo. El tribunal se reunió en la noche del viernes y concedió las dos excarcelaciones, por lo que De Vido deberá cumplir con la prisión domiciliaria y Baratta tendrá libertad plena. 

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/236443-casacion-ordeno-y-de-vido-fue-excarcelado