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jueves, 5 de junio de 2025

Guerra entre la UIF y Caputo por los controles a los dólares del colchón, por Luciana Glezer (para "LA POLÍTICA ONLINE") del 04-06-25

 


La UIF venía intensificando los pedidos de información sobre origen de fondos y el ministro obligó al organismo a levantar los montos mínimos sin control.

Guerra entre la UIF y Caputo por los controles a los dólares del colchón


Por Luciana Glezer


El Ministerio de Economía y la UIF venían librando una batalla sorda ante la resistencia del organismo anti lavado al plan de blanqueo de facto de los dólares bajo el colchón del ministro Caputo. 


El problema es que "la reparación histórica para los ahorristas", se redujo a la eliminación de controles fiscales, pero siguen vigentes las sanciones y multas para blanquear, además del pago de impuestos que implica exteriorizar dinero no declarado y la eventual persecución penal si proviene de una actividad ilícita. Aca entra en juego la Unidad de Información Financiera (UIF), que desde que el ministro lazó el plan, lejos de aflojar los controles los incentivó, presionando a los bancos que a su vez exigieron mas -no menos- información sobre el origen de los fondos a sus clientes. 


"Guarda que ARCA es más flexible pero la UIF actúa", advirtió el tributarista César Litvin en una reciente charla en Rosario, como reveló LPO. En efecto, la UIF tiene un poder de fuego que se explica por sus vínculos con organismos internacionales anti lavado como el GAFI. DE hecho, una fuente del organismo confirmó a LPO que hay técnicos del GAFI trabajando en este momento en la UIF.


Por eso, este miércoles Caputo filtró una resolución que sube los montos a partir de los cuales la UIF puede pedir informes, que se va a publicar este jueves en el Boletín Oficial. 


Pero los forcejeos continúan. En la nueva normativa la UIF confirma que pedirá información a los bancos sobre el origen de los fondos a partir de depósitos superiores a los 10.000 dólares -anteriormente el piso era 5.000 dólares-. 


Estamos bajo observación permamente, no tenemos ningún margen para incumplir con los convenios.


Números muy bajos para la necesidad de dólares de Economía y que además contradicen el anuncio de Caputo que había afirmado que los bancos no tenían obligación de brindar ningún tipo de información por depósitos de hasta 50.000 dólares. 


"Estamos bajo observación permamente, no tenemos ningún margen para incumplir con los convenios", explicó a LPO una fuente del organismo cuyo control ahora quedó bajo la conducción de Santiago Caputo, que designó como presidente al sciolista ex fiscal Paulo Starc. 


En efecto, la normativa internacional del GAFI exige un registro de información a partir de los 15.000 dólares. Desde la UIF fijaron el umbral incluso por debajo porque Argentina "tiene que hacer un doble esfuerzo para convencer al mundo de que estamos haciendo buena letra". Y más ahora que el ministro lanzó un blanqueo sin respaldo legal, que mereció reparos hasta del FMI.


 Reparos que comparten los bancos locales, que en los últimos días, en lugar de relajar los controles como quiere el ministro Caputo, han lanzado masivos pedidos de actualización de información a sus clientes, sobre sus ingresos, situación patrimonial y origen de los fondos. 


"Me pidieron balances, declaraciones juradas, y distintos formularios vinculados a lo impositivo", contó a LPO un cliente del Banco Galicia que completó "todo lo contrario a lo que prometió Caputo y eso que no deposite ni moví un dólar". Esta fuente confirmó que en la comunicación del banco, se mencionaba las normativas de la UIF. 


Este medio también pudo confirmar casos de clientes de bancos que depositaron dólares de colchón y recibieron a los pocos días un pedido de información de la UIF sobre su origen, exactamente lo que advirtió Litvin que podía pasar.


El tema causa incomodidad en los bancos nacionales, que ante las consultas de LPO negaron que haya alguna novedad o nuevas exigencias. "La UIF está flexibilizando parámetros en línea con Caputo pero sin incumplir GAFI", comentaron a LPO desde un banco de capitales locales, como si la frase no contuviera una contradicción. 



Publicado en:

https://www.lapoliticaonline.com/economia/la-uif-desmiente-a-caputo-y-exige-informacion-a-los-bancos-por-operaciones-desde-usd-10-000/

sábado, 21 de octubre de 2023

El Gobierno apunta a un banco y a un empresario icónico de los 90 por la disparada del dólar, por Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen (para "La Nación" del 21-10-23)


Una iniciativa conjunta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) identificó hoy una operación sospechosa

La CNV suspendió a un actor clave del mercado en medio de la corrida con las cotizaciones financieras

21 de octubre de 2023


por

Pablo Fernández Blanco

Francisco Jueguen


En el último día hábil para el mercado financiero y cambiario antes de las elecciones, una iniciativa conjunta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) identificó este viernes una operación sospechosa en el terreno del denominado contado con liquidación, más conocido como CCL o dólar cable. Se trata del mecanismo para hacerse de dólares mediante pesos y depositarlos fuera del país mediante la compra-venta de bonos o acciones.


Una fuente al tanto de la operación detalló que la sociedad de bolsa Santander Valores, que pertenece al Banco Santander, habría operado este viernes aproximadamente $2000 millones a nombre de un cliente denominado Two Continents. Se trata de una empresa radicada en Madrid, España. La CNV informó por la noche que suspendió preventivamente a Santander Valores y afirmó que la operación sospechada era por $4000 millones.


Fuentes de la entidad bancaria confirmaron a LA NACION que hubo un pedido de información de la CNV sobre esa operación, que, aclararon, está “debidamente documentada”. En el banco negaron que hubiera allanamientos y se negaron a dar información sobre movimientos de sus clientes. Horas después, el banco emitió un comunicado en el que indicó que se trata de una suspensión preventiva no sancionatoria. Al explicar lo sucedido, se remarcó: “Fue una diferencia interpretativa respecto al conteo de los días previos a informar las operaciones. No hubo mala fe ya que siempre se notificó a la CNV de las operaciones a realizar”. Asimismo desde la entidad agregaron ser conscientes de la importancia de la transparencia: “Continuaremos colaborando con las autoridades regulatorias para garantizar el correcto encuadre de nuestras operaciones a las regulaciones vigentes”.


Las autoridades que participaron de los procedimientos sostienen que la operación bajo la lupa habría violado una de las últimas normativas de la CNV. En el marco del recrudecimiento del cepo cambiario, el organismo regulador del mercado de capitales dispuso que las sociedades de bolsa debían pedir autorización cinco días antes para concretar una transacción.


En el caso detectado este viernes, de acuerdo con lo que figura en registros oficiales, Santander Valores había pedido autorización. Sin embargo, el requerimiento era por $100 millones. En cambio, la operación se realizó por un monto superior.


“No cumplió con resolución general 981 emitida el 10 de octubre pasado, donde establece que los agentes debían informar con cinco días de anticipación aquellas operatorias de dolarización que superaran los $200 millones. Se investiga una operación 10 veces más de lo permitido por la norma ($2000 millones)”, dijeron fuentes oficiales a este medio. LA NACION consultó a la CNV y allí dijeron que no emitirían opiniones sobre investigaciones en curso.


De acuerdo con registros públicos, se trata de una compañía conducida por Manuel Antelo, un empresario emblemático de la Argentina de los años 90. Saltó a la popularidad en 1992, cuando se alzó con el negocio local de la automotriz Renault, en un momento en que la casa matriz de la compañía francesa buscaba retirarse del país. LA NACION consultó a fuentes cercanas al empresario, pero todavía no tuvo una respuesta sobre la información que se difundió ayer.


De su mano, la marca del rombo vivió una fuerte recuperación, al punto de que unos años después los franceses terminaron recomprando la filial local. Poco después repitió el esquema y le terminó vendiendo Nissan Argentina a la casa matriz en Japón. En el medio, lanzó la cadena de ventas de autos usados CarOne.


La respuesta del banco

“Recibimos hoy un pedido de información administrativo de CNV sobre clientes de Santander Valores, no un allanamiento”, dijeron a este medio fuentes de la entidad. “El pedido de información es sobre operaciones de Santander Valores debidamente documentadas. Como es habitual, Santander Valores cumple estrictamente con los pedidos de información de los organismos reguladores”, indicaron en la entidad.


Luego, cerraron: “Por razones de confidencialidad, no podemos hacer mención sobre ningún cliente. Santander Valores tiene un adecuado conocimiento de todos sus clientes y del origen de los fondos de todas sus operaciones”.


Por la noche, la CNV anunció que suspendería preventivamente a Santander Valores en un comunicado. “La CNV suspendió esta tarde preventivamente a la sociedad de bolsa Santander Valores S.A para operar con cartera propia o en nombre de terceros en el mercado bursátil”, indicaron en la entidad en la que dijeron que el banco ya había sido notificado.


“La medida se tomó porque Santander Valores S.A. violó la norma (Resolución General 981) que fija límites a la operatoria de grandes capitales. Se trata de una norma que es parte de una serie de medidas destinadas a reducir la volatilidad en el mercado de dólares financieros y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real”, acotaron y agregaron: “La sociedad de bolsa no sólo incumplió con la obligación de informar a la CNV con cinco días de anticipación, sino que realizó operaciones por un valor muy superior al límite establecido (el límite para esas operaciones es de 200 millones de pesos y se operaron por $4000 millones para un comitente específico)”.


“La medida se tomó luego de que la CNV constató que las operaciones realizadas en la jornada de hoy violaron la normativa vigente, con el agravante de la fuerte excedencia respecto a los umbrales normados”, cerraron.


Hace 10 días, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó una frase que ahora puede resultar sugestiva. “Voy a meter en cana a los que especulan con el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección”, aseguró al hablar en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. “La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, repitió.


En la última rueda de cara a las elecciones presidenciales, el dólar contado con liquidación (CCL) alcanzó por primera vez un valor de cuatro dígitos. La cotización “libre”, que se negocia mediante la compra-venta de cedears y está alejada de las intervenciones del Gobierno, aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1012,60. Un salto diario de $56 (+5,8%).


El Ministerio de Economía cree que detrás de la suba tan marcada de ese tipo de cambio estaría la operación que ahora está bajo la lupa. Se trata del valor nominal más alto que se tenga registro. También, se acerca a máximos históricos en términos reales. La única marca que le queda por alcanzar son los $195 de octubre de 2020, que al ajustar por inflación representan unos $1054 actuales, según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).


El Gobierno viene desplegando una estrategia agresiva para frenar la suba del dólar en la víspera de las elecciones. Días atrás, poco después de que el dólar blue superara la barrera de los 1000 pesos, fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que, por orden del juez Martínez de Giorgi, había sido allanada la financiera Nimbus, propiedad de Ivo Rojnica, más conocido como “El Croata”. La señalaron como “mayor cueva de la City”.


“Es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían ‘salto’ y tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos”, explicaron tras los allanamientos fuentes de la Aduana.


Pablo Fernández Blanco

Francisco Jueguen


Publicado en:

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobierno-apunta-a-un-banco-y-a-un-empresario-iconico-de-los-90-por-la-disparada-del-dolar-nid20102023/

sábado, 31 de julio de 2021

Denuncian a exabogados de la UIF por defender a un capo narco, por "Portal de Noticias" del 30-07-21

 


El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los exfuncionarios de la UIF Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero por asumir la defensa del capo narco Javier “El Rengo” Pacheco.


30/07/2021


Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad. La denuncia detalla que este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual Vicepresidenta de la Nación, “promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la Vicepresidenta.”



Con el cambio de gestión, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el “Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores”. Biancardi y Olari ahora defienden a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos. “Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señala Tailhade, y agrega que “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos.” 


Corridas, llamados y escondites: la frenética mañana en la que cayó "El  Rengo"Pacheco

Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del “arrepentido”, “instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la Vicepresidenta de la Nación cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF.”


“Es que la Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostiene Tailhade.


Entre las medidas solicitadas por el legislador, pide que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la Unidad llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.


La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4 a cargo de Ariel Lijo, e investigará el fiscal Carlos Stornelli.


Publicado en:

https://portaldenoticias.com.ar/2021/07/30/denuncian-a-exabogados-de-la-uif-por-defender-a-un-capo-narco/


miércoles, 24 de febrero de 2021

Contrabando de cereales, con grandes exportadoras en la mira, por Irina Hauser (para "Página 12" del 23-02-21)

 


23 de febrero de 2021

Los decomisos en las fronteras crecieron fuertemente durante la pandemia


Durante 2020 se incautaron más de 3.500 toneladas de granos, en su mayoría maíz y soja, un 55 % más que el año anterior. Gendarmería multiplicó los operativos durante la pandemia y la UIF investiga la actividad de las principales agroexportadoras, que facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año. Además de repercutir en el ingreso de divisas al país, las maniobras ilegales impactan en los precios de productos básicos.

Por Irina Hauser


Solo en un fin de semana fueron decomisadas 136 toneladas de soja y 62 de maíz que eran transportadas de manera ilegal rumbo a Salvador Mazza, en la zona de frontera salteña. Unos días antes la Gendarmería incautó 400 toneladas de soja en Corrientes al detectar el desfile coordinado de 12 camiones que transportaban cereales a granel, también en forma ilícita. La escena se repite a menudo: gendarmes que controlan las rutas y prefectos que fiscalizan embarcaciones en los ríos se encuentran con grandes cargamentos de cereales, transportados con un impactante despliegue logístico, combinado con la falta o adulteración de documentos para el traslado de estas mercaderías. Son rasgos típicos del tráfico ilegal o el contrabando. 


El Estado puso desde el año pasado el foco en estos movimientos que, se sospecha, tendrían detrás a grandes exportadoras de granos que manejan el mercado y el ingreso de divisas. Mientras bregan por la baja de retenciones u otros beneficios, generarían mecanismos ilegales para sacar sus productos del país y obtener ganancias, con las consecuencias que esto acarrea a la vez en la economía local: desabastecimiento, mercado negro y suba de precios de los productos primarios que afectan directamente al bolsillo de todo el mundo. Los decomisos suelen derivar en la apertura de causas judiciales, lo que ha generado a la vez la intervención activa de otro organismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que puso el foco en el sector agroexportador y las posibles maniobras de lavado de activos.


La Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un relevamiento que indica que durante 2020 se incautaron 3.691.208 kilos de cereales, en su mayoría maíz y soja. "Los últimos análisis de información dejan en evidencia que se produjo un incremento muy singifictivo de las cantidades de grano que fueron decomisadas durante el año 2020, en especial en la segunda mitad del año. El aumento es mayor al 55 por ciento en relación al año anterior. Es por distintos  tipos de infracciones y por contrabando", explicó a Página/12 la ministra Sabina Frederic. 


"Los decomisos se producen en ciertos lugares más que en otros. Ahora estamos avanzando en el análisis de los circuitos, los orígenes y redes de transporte. Eso significa articular nuestro trabajo con la Justicia, para lograr impedir este tipo de ilícitos que ocasionan un daño significativo al Estado por evasión de impuestos, de retenciones, y porque sabemos que esto tiene impacto en la mesa de los argentinos", señaló. Los procedimientos que culminan con incautación de granos pasaron de 57 en 2019 a 139 en 2020, es decir un 144 por ciento más en plena pandemia del coronavirus.  En el análisis de las rutas y la trazabilidad del material la clave será llegar a las organizaciones detrás de este negocio. Por lo general en un comienzo quedan comprometidos los choferes y propietarios de los camiones, pero el nudo de la cuestión es hasta dónde llega la cadena.


Ahí es donde parece resultar crucial el trabajo de la UIF, que dirige Carlos Cruz, que apunta a desnudar las operaciones de retención de granos, subfacturaciones, sobrefacturaciones y contrabando, que suelen funcionar como delitos precedentes del lavado de activos, además de la evasión. La prevención e investigación del lavado son los objetivos centrales del organismo. Una de las preocupaciones medulares está situada en la actividad de las principales cerealeras agroexportadoras, que son una decena, entre ellas Vicentin, AGD, Dreyfus,  Oleaginosa Moreno, Cargill, COFCO, ADM agro, Molinos agro, Nidera, aceitera Deheza. Facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año. 


La UIF ya se presentó como querellante en dos causas donde están identificadas en presuntos delitos dos grandes cerealeras: una es Vicentín y la otra es Bunge. Sobre la primera, desde Comodoro Py el juez Julián Ercolini mandó al juzgado federal de Reconquista la investigación por el vaciamiento de la empresa y por el contrabando de Granos a Paraguay y se quedó con la parte de los créditos que le dio a la empresa el Banco Nación durante le macrismo. Respecto de Bunge, están bajo la lupa presuntas maniobras fraudulentas en la presentación de las declaraciones juradas de exportación. La causa la tuvo la jueza María Eugenia Capuchetti, que se declaró incompetente previo rechazar la querella, lo que fue apelado. La causa fue a parar al juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.


Pero no son los únicos casos donde el organismo intenta impulsar las investigaciones. También lo hizo ante el juzgado federal de Corrientes, el de Oberá (Salta) y el de Reconquista (Santa Fe), a raíz de todas las incautaciones y secuestros de vehículos que se hicieron a lo largo del año pasado que revelarían contrabando de granos a través de esas provincias. Algo que llama la atención en la UIF es la reticencia de esos juzgados a enviar información por mail o teléfono para facilitar la intervención de esta dependencia. Tampoco le pidieron colaboración.


La gestión actual de la UIF dejó de atender exclusivamente los casos de corrupción --algo característico de la gestión anterior--, partiendo del concepto de que el mayor perjuicio económico-financiero producido por el lavado de dinero se vincula con el contrabando, la evasión y el narcotráfico, pero sólo un 5 % se liga a los delitos de corrupción, como ilícitos precedentes. 


Los delitos que se vinculan a las exportadoras de cereales repercuten, entre otras cosas, en el ingreso de divisas al país (el 60% de las divisas que ingresan provienen del complejo agroindustrial). Si no hay una liquidación y venta de granos dentro de la legalidad, si se sobrefactura o factura por debajo del precio de mercado, o se contrabandea o se instalan otras formas de venta ilegal, se fuerza una devaluación que termina impactando en los precios de productos básicos (pan, aceite, huevo, arroz, harina). Por supuesto que, menos tributos e ingresos, significan menos fondos para educación, salud, créditos y políticas públicas en general.


La gran atención se la lleva el llamado Corredor Litoral, que conecta a los países de la región (Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay). Luego están las vías terrestres y fluviales. Rutas que llegan a pasos fronterizos en especial en el norte del país y la hidrovía, por donde transitan los barcos con exportaciones. 


La UIF trabaja en convenio con el Ministerio de Seguridad y desde hace un tiempo reúne periódicamente a organismos claves en este tema: AFIP, Banco Central, Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). 


Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/325400-contrabando-de-cereales-con-grandes-exportadoras-en-la-mira

martes, 22 de diciembre de 2020

MARCELLO PUELLA: "Justicia será cuando vaya presa"

Publicado en:

https://twitter.com/marcelopuella/status/1341193861717176322?s=08





lunes, 27 de julio de 2020

D´Alessio, Stornelli y Santoro, en problemas: la UIF será querellante en la causa por extorsión en la que están procesados, por "Info135" del 27-07-20


27 julio, 2020 

La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Carlos Cruz, será parte querellante en la causa por extorsión y espionaje ilegal en la cual están procesados el falso abogado Marcelo D´Alessio, el fiscal federal Carlos Stornelli y el periodista de Clarín, Daniel Santoro, y que se sigue en el Juzgado Federal de Dolores.

Según confirmó el organismo a través de un comunicado, se dispuso intervenir en la investigación -a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla-, “con el fin de colaborar y profundizar en el estudio de las presuntas maniobras fraudulentas y de lavado de activos cometidas por el denominado Grupo Buenos Aires”.

En ese sentido, la UIF aclaró que en la causa “entre los ilícitos precedentes al lavado de dinero se encuentran los de asociación ilícita y extorsión, que constituyen una parte sustancial de la maraña delictiva que involucra a agentes de inteligencia, medios de comunicación, legisladores, ex funcionarios y peritos”.

Asimismo, la unidad especificó que tomó esta decisión a partir de tomar conocimiento de las investigaciones realizadas por el juez Ramos Padilla sobre las actividades que realizaban “personajes como Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Sebastián D´Alessio y el ex AFI Ricardo Oscar Bogoliuk”.

Agrega que los mencionados “resultaron imputados al ser considerados miembros de una asociación criminal que, de forma habitual, organizada y con división de roles específicos, se dedicaba a efectuar transferencias financieras de fondos ilícitos a los que procuraba otorgar apariencia de legalidad de modo de poder ponerlos en circulación en el mercado”.

La UIF considera que “dicha organización se dedicaba a realizar tareas de inteligencia e investigación prohibidas por la legislación argentina”.

En esa línea, remarcó que ese grupo “se ocupaba de obtener información y almacenar datos de personas referidos a sus creencias, opinión política, pertenencia partidaria, actividad profesional, para llevar adelante actividades de inteligencia extorsiva”.

Publicado en:
https://info135.com.ar/2020/07/27/dalessio-stornelli-y-santoro-en-problemas-la-uif-sera-querellante-en-la-causa-por-extorsion-en-la-que-estan-procesados/

martes, 8 de octubre de 2019

La UIF, el instrumento clave con el que Macri persigue a la oposición, por Franco Mizrahi (para "El Destape" del 05-10-19)


Exempleados del organismo cuentan cómo se direccionaron casos para apuntar contra dirigentes K y se dejó de investigar a los amigos del Presidente.

por Franco Mizrahi 


“La utilización de la UIF para la persecución de adversarios políticos por parte del macrismo fue y es evidente”, afirma a El Destape un exempleado de aquel organismo, que pide reserva de identidad por temor a represalias. 

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado de investigar el lavado de activos, es decir, el traspaso de dinero mal habido al circuito legal. ¿Y qué hizo el presidente Mauricio Macri con esta institución clave, que tiene una base de datos envidiable y articula información sumamente sensible de la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, Migraciones, bancos y otros sujetos obligados? La convirtió en un instrumento de persecución, por un lado. Y flexibilizó controles del lavado de activos en temas puntuales que podrían beneficiar a sus amigos. O al propio jefe de Estado. 

El lavado se nutre siempre de un delito precedente ya que se “lava” plata que está “sucia”. El dinero en cuestión puede provenir del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas, la corrupción y también de la evasión impositiva. Pero según pudo reconstruir este medio, la nueva gestión de la UIF, con Mariano Federici a  la cabeza, suspicazmente, soslayó este último delito, que es una de las principales fuentes de lavado. Casualmente, Macri, que impulsó uno de los blanqueos más grandes de la historia argentina, y muchos de sus empresarios amigos están o estuvieron sospechados de evadir impuestos. El caso paradigmático es el de los Panamá Papers. 

La utilización de la UIF para la perseguir opositores ya había sido insinuada, por ejemplo, en 2017 cuando el fiscal Federico Delgado elevó un informe a la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En aquel documento, el fiscal destacó demoras en la entrega de información solicitada a la UIF así como diferencias de profundidad en los informes realizados por este organismo cuando se trataba de exfuncionarios y dirigentes K (los análisis eran extensos) o de funcionarios macristas (los informes eran pobres). Delgado tuvo en sus manos, entre distintas causas, la de los mentados Panamá Papers. 

Algo similar sucedió con lo que refiere a la flexibilización de los controles del lavado de activos. El entonces titular de la Procelac, Gabriel Perez Barberá, había advertido en una entrevista con una revista académica, también en 2017: “La Unidad de Información Financiera y, en parte, la AFIP están promoviendo una serie de flexibilizaciones en los controles del sector financiero que pueden terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores de activos”.  Y había añadido: “La UIF muestra una actitud contraria a compartir información necesaria para la investigación de los delitos de lavado de dinero”.
  
El Destape pudo comprobar con testimonios de empleados del organismo y evidencias cómo Macri hizo de la UIF un órgano de persecución y cómo se flexibilizaron determinados controles.

La inmensa mayoría de las fuentes consultadas para esta nota pidió reserva de su identidad. Es que la ley que aborda el funcionamiento de la UIF, la 25.246, en su artículo 22, reprime a empleados la difusión de investigaciones. Los obliga a guardar secreto. Si no lo hacen, los podría sancionar con la pena de prisión de 6 meses a 3 años.

Uno de los pocos consultados que aceptó brindar su nombre fue Nicolás Gómez, un exanalista de la UIF, quien trabajó en el organismo entre 2012 y 2016. Los analistas son una especie de detectives: cruzan datos y analizan las operaciones sospechosa (ROS) que los sujetos obligados (bancos, AFIP; contadores, BCRA, CNV, etc.) informan a la UIF. Hacen la investigación del expediente. Solicitan nuevos datos a las instituciones que consideren necesarias y llegan a conclusiones. Luego elevan el caso a la dirección de jurídicos y esta lo judicializa vía el Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con El Destape, Gómez se refirió “al direccionamiento que tuvo la UIF en los últimos años respecto de sus investigaciones”. “Basta simplemente con revisar las tapas de los diarios y vamos a encontrar que las causas más importantes donde intervino la UIF tienen que ver con funcionarios del anterior gobierno. Muy pocas fueron las causas iniciadas durante esta última gestión”, explicó. “Y la mayoría del resto de las causas que no están relacionadas con exfuncionarios fueron causas iniciadas por la anterior gestión”.

La persecución
La UIF centró sus principales investigaciones en dirigentes opositores. Y puso a sus distintas direcciones al servicio de la persecución.

Un exempleado relató las directivas que les daba el director de Litigios Penales (exAsuntos Jurídicos), Agustín Biancardi. Y cómo se articulaba el trabajo del organismo con la información que circulaba en los medios de comunicación oficialistas.

“Biancardi, nos bajaba linea todas las mañanas. Nos pedía que busquemos -así de literal- noticias en los diarios y portales como Infobae y Clarín en las que apareciera alguna cuestión relacionada con funcionarios de la gestión K y averigüemos sobre ellos. Nos pedían que investiguemos en la causa y como organismo nos metíamos a querellar por lavado, haya o no interés, solo para sumar causas por lavado de dinero en que la UIF era parte querellante contra exfuncionarios”.

A Biancardi se lo puede observar junto al titular de la UIF, Mariano Federici, en el inicio del juicio de la Obra Pública contra la expresidenta Cristina Kirchner, por ejemplo. Se trata del juicio emblema, con el que el Gobierno buscó sentar a CFK en el banquillo de los acusados en un año electoral y sin pruebas.

El de la Obra Pública es un juicio polémico al que se llegó prácticamente sin peritar las obras que se cuestionaban. Solo se habían analizado 5 obras de 51 (y esos 5 peritajes están muy cuestionados). Esta cuestión -y otros planteos de las defensas- llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Quien también quedó bajó la mira de la UIF fue Florencia Kirchner, a quien se investiga en causas como Hotesur y Los Sauces, donde también es querellante la Unidad de Información Financiera es querellante. Allí se apunta contra Cristina Kirchner y su familia por lavado de activos de dinero. 

Otro ejemplo del direccionamiento de las investigaciones dentro de la UIF es el de Milagro Sala.

“En el caso de Milagro Sala, a una analista le indicaron que analizara unos reportes vinculados con la referente social y su entorno. Esos expedientes, por su nivel de riesgo, no deberían haber sido analizados. Lo cierto es que la dirigente social no tenía ninguna actuación a su nombre que estuviera siendo analizada en ese momento, hasta que por decisión de la nueva gestión se procedió a analizar unos ROS que eran de color ‘Verde’, es decir, que no correspondía analizarlos en función a su riesgo, el cual era bajo o nulo”, indicó un analista.

La UIF recibe miles de reportes y una matriz de riesgo las distribuye según su consistencia (atada a distintas variables). Solo se investigan los casos que se agrupan con el color “Rojo”.

La descripción que relata el analista a El Destape aconteció en 2016, cuando Federici quedó al frente de la UIF. ¿Y qué pasó ese mismo año? Se realizaron dos allanamientos en la sede de la Tupac Amaru. Un año después, en 2017, se abrió una causa por lavado contra Milagro Sala. Ese año se volvió hacer un nuevo procedimiento en el establecimiento de la organización. Hoy esa causa, que tramita en los juzgados de Jujuy, está abierta pero estancada. Entonces provocó mucho ruido mediático.  

Un capítulo internacional
La “cacería” tuvo su capítulo internacional. ¿De qué se trata? De un caso que evidencia la vinculación entre La Casa Rosada, la UIF y el gobierno de los Estados Unidos, impulsor del lawfare en la Argentina.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso El Destape, la unidad que dirige Federici emitió una comunicación a todos los Sujetos Obligados (SO) para perseguir a dirigentes y funcionarios venezolanos. Los SO son organismos obligados a informarle a la UIF si observan movimientos de dinero “sospechosos”.

En el documento, fechado el 4 de agosto de 2017, la UIF emite un alerta para informar la decisión que tomó  la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “de sancionar y congelar las cuentas y bienes de una lista de catorce (14) personas de nacionalidad venezolana por los atentados al orden constitucional y a la vida democrática que se registran en Venezuela, las continuas violaciones a los derechos humanos, así como por los actos de corrupción pública que tienen lugar en el mencionado país”. 

La decisión adoptada por la OFAC estaba enmarcada “en lo resuelto por la Orden Ejecutiva N.º 13.692 del año 2015, dictada por el entonces presidente de los Estados Unidos de América”.

En base a eso, se requirió que los SO corroboren “la existencia de cualquier tipo de operatoria en la que puedan haber intervenido de forma directa y/o indirecta las personas individualizadas”, que fueron mencionadas en un anexo. Quien encabeza la nómina es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Le siguen, por citar dos ejemplos, Rocco Albisinni Serrano, “Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela (CENCOEX)” y Alejandro Fleming Cabrera, “Vice Ministro para Europa y Norte América de la Cancillería Venezolana”. No había motivo legal en la Argentina para tomar una medida de esta envergadura.

Zona liberada
“El claro ejemplo de la utilización del departamento de querella para perseguir opositores es cuando se dejan de seguir las querellas iniciadas por la gestión anterior de Evasión impositiva y fuga de capitales que involucra a grandes bancos y poderosos como JPMorgán, Banco Paribás, HSBC y no participa en el caso de los Panamá Papers, el caso más brutal de lavado”, explica un exempleado de la UIF.

Es que el Gobierno de Macri flexibilizó muchos los controles relativos a lavado.

Algunos ejemplos de los cambios de las reglas de juego, que pudieron haber beneficiado a amigos del Presidente, se desprenden de las siguientes resoluciones:

• Resolución UIF N.º 92/2016- Sinceramiento Fiscal.
Por esta resolución, los sujetos obligados que realizan el primer control de lavado y generan reportes por “inusualidades” no generarán los mismos correspondientes a los blanqueos al eliminar como operación inusual la evasión impositiva. 

“En los blanqueos anteriores si bien la AFIP quedaba exenta de investigar a aquellos que blanqueaban nunca se exceptuó a la UIF”, explica a este medio una fuente del organismo.

“De hecho, los bancos tuvieron la obligación de reportar a todos los que blanquearon. Si bien la acción penal por evasión fiscal está exceptuada, sí se debía reportar aquellos casos en que el perfil económico declarado no le permitiría justificar el blanqueo, por lo cual el lavado no era producto de evasión sino alguna otra operatoria ilícita”, añade el especialista.

• Resolución UIF N.º 30-E/2017- Nuevos lineamientos para las Entidades Financieras en materia de gestión de riesgo
Esta resolución permite a las entidades financieras disminuir el control sobre las operaciones de sus clientes.

• Resolución UIF N°97/2018- Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF
Se deja de hablar de la obligación del BCRA de reportar como ente regulador. “El BCRA casi no esta realizando Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF”, aseguran a El Destape.

• Resolución UIF N°155/2018- Se aprueba la Reglamentación del deber de Colaboración de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para los Procedimientos de Supervisión de los Sujetos Obligados bajo su Contralor.
Por esta normativa, se delega una función básica de la UIF que es la supervisión de sujetos obligados. “Esto fue política de la gestión desde su inicio, en febrero de 2016. No hay intención de supervisar”, señalan desde la UIF.

Esto quedó en evidencia apenas asumió Federici: echó a casi el 80% del personal del área de Supervisión, es decir, a quiene tienen que controlar a los Sujetos Obligados, para que cumplan la ley. Se trata de algo elemental: sin control no hay sanción.

Incompatibilidades
Desde que asumieron al frente de la UIF, tanto Mariano Federici, presidente del organismo, como María Eugenia Talerico, su vice, fueron cuestionados por tener un claro conflicto de interés.

Federici fue asesor del Fondo Monetario Internacional (¿volverá al FMI tras la partida de Macri?) y está vinculado al abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores. Este estudio tuvo como clientes a Clarín y el JP Morgan.

El titular de la UIF, por ejemplo, fue consejero externo de la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera), presidida justamente por Marteau.

Respecto a Talerico, un analista recordó un episodio puntual, que aconteció en 2016. “La UIF empezó a mirar para un lado y dejó de mirar para otro. Uno de los casos paradigmáticos es el de las 4040 cuentas del banco HSBC, que por ese momento estaba en la tapa e todos los diarios. Eso estaba siendo analizado en la UIF pero resultado de diversos recortes, el analista que llevaba esta investigación fue dejado del lado por el organismo. Esto resulta llamativo por la vinculación entre la vicepresidente de la UIF y el HSBC”.

Es que Talerico antes de ser la Número 2 de la UIF se desempeñó como abogada defensora del HSBC en investigaciones contra el banco por lavado. Reconoció, por ejemplo, ser defensora del oficial de cumplimiento de la entidad, Gustavo Peccora. 

Talerico también está vinculada a Será Justicia, organización de abogados de perfil filomacrista 

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el CEPA, entre otros, habían impugnado ambas postulaciones. Sostuvieron que con sus nombramientos, la UIF pasaría a ser manejada por un equipo de personas que hasta entonces se había desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos. 

 En criollo: Macri estaba poniendo zorros a cuidar el gallinero. 

Publicado en:
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lunes, 14 de diciembre de 2015

SBATELLA: “No hay voluntad de respetar la ley”, entrevista de Fernando Krakowiak para "Página 12" del 14-12-15



 SBATTELLA EXPLICA POR QUE RENUNCIO A LA UIF LUEGO DE RECIBIR PRESIONES DEL NUEVO GOBIERNO


El ex titular de la Unidad de Información Financiera tenía mandato hasta 2018, pero un funcionario cercano al nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, le pidió que deje su cargo y amenazó con desplazarlo si no lo hacía.

 Por Fernando Krakowiak

José Sbattella presentó el viernes su renuncia a la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de una carta en la que denunció presiones de un funcionario cercano al ministro de Justicia, Germán Garavano, para que abandone el cargo, pese a que tenía mandato hasta 2018. “El pedido de renuncia demuestra que no hay voluntad de respetar la ley 26.683, que establece la autonomía y autarquía de la UIF, la cual fue aprobada por todos los bloques y está pensada justamente para garantizar la independencia del organismo frente a los avatares políticos”, sostuvo a Página/12. Pese a ello, decidió no resistir para no afectar el normal funcionamiento de la UIF. “Existe una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia en función de los recursos presupuestarios. Por lo tanto, en caso de no poder desplazarme, ellos podrían haber decidido el vaciamiento económico de las actividades del organismo”, agregó.

–En su carta de renuncia aseguró que tomó la decisión de irse luego del pedido que le formuló Esteban Conte Grand. ¿Por qué aceptó dar un paso al costado si tenía mandato hasta febrero de 2018?

–Tal como quedó planteada la situación, si permanezco en el cargo el gobierno de Macri buscaría desplazarme con un decreto de necesidad y urgencia o afectar al organismo con un decreto que desconociera sus atribuciones, como hicieron con Afsca y Aftic. Eso me obligaría a apelar en el foro contencioso administrativo y mientras esa disputa se lleva adelante el funcionamiento de la UIF, un organismo autárquico que necesita de respaldo político e institucional, se vería seriamente afectado. El pedido de renuncia demuestra que no hay voluntad de respetar la ley 26.683, que establece la autonomía y autarquía de la UIF, la cual fue aprobada por todos los bloques y está pensada justamente para garantizar la independencia del organismo frente a los avatares políticos.

–Podría haber optado por permanecer en su cargo y apelar a la Justicia si lo desplazaban con un decreto.

–Los fallos recientes de la Justicia demuestran un alineamiento con el Poder Ejecutivo actual que vuelve casi imposible obtener un resultado favorable en toda la cadena de apelaciones que lleva a la Corte Suprema y mientras tanto el funcionamiento del organismo se vería afectado.

–¿Denunció las presiones que recibió ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

–No, pero la decisión que tomó el gobierno de Macri sin duda menoscaba el cumplimiento de la palabra argentina en ese foro y de eso se tendrán que hacer cargo las nuevas autoridades. A partir de nuestro trabajo habíamos logrado que al país le asignaran la vicepresidencia del GAFI Latino a partir de 2016.

–Usted señaló en su renuncia que las presiones para desplazarlo constituyen “una intromisión de política partidaria dentro del organismo”, ¿el GAFI podría sancionar a Argentina por esta situación?

–La recomendación 29 del GAFI sostiene que la UIF debe ser independiente del poder político, pero todo eso entra en duda cuando se exige mi renuncia por un cambio en las autoridades políticas. Eso significa atacar una de las recomendaciones del GAFI. Por lo tanto, el GAFI podría pedir explicaciones.

–En su carta destaca que antes de que usted asumiera la UIF había sido evaluada por el GAFI y solo se cumplían 2 de las 40 recomendaciones antilavado, ¿cuál es la situación ahora?

–Ahora las recomendaciones se están cumpliendo y eso hizo que entremos en una etapa de normalidad, pudiendo salir de la lista gris en la que nos habían puesto en 2011.

–¿Conte Grand le justificó el pedido de renuncia a partir de algún hecho referido a su gestión al frente de la UIF?

–No, sólo me comunicó la intención de las más altas autoridades políticas de disponer de mi cargo. Esta situación hacía prever dificultades en el funcionamiento si decidía resistir porque, si bien la autonomía está garantizada, existe una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia en función de los recursos presupuestarios. Por lo tanto, en caso de no poder desplazarme, ellos podrían haber decidido el vaciamiento económico de las actividades del organismo.

–¿El ministro de Justicia se comunicó con usted?

–No, en ningún momento, pero Conte Grand me habló en representación de Garavano.

–En su carta de renuncia también menciona que en agosto de 2014 usted solicitó una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo encabezado por la oposición, para demostrar la transparencia de su gestión y afirma que esa auditoría nunca se hizo, ¿qué explicación le dieron en la AGN?

–Nos pusieron en la lista de auditorías para el año 2015, pero los auditores recién aparecieron hace dos semanas diciendo que van a venir a auditarnos. El organismo ya estuvo auditado por el GAFI, pero a nosotros nos interesaba que la AGN dejara registrados los avances que concretamos para rebatir así las acusaciones de algunos miembros de la oposición.

–¿Tiene confirmado quien va a ser su reemplazante?

–No, no nos comunicaron nada, pero la ley prevé que el candidato a ocupar el cargo realice una exposición pública para que se lo conozca y una audiencia para responder las objeciones que pudieran presentarse.

–Uno de los candidatos es el abogado Félix Marteau, quien fue representante de la Argentina ante el GAFI y luego trabajó asesorando a distintas empresas en cuestiones de lavado, ¿el GAFI pone alguna limitación para los que van y vienen de un lado al otro del mostrador?

–Los funcionarios que han pasado por el organismo, no pueden litigar o asesor en temas de lavado al sector privado durante dos años y los que vienen a ocupar un cargo en la UIF tienen que exponer claramente si vienen de representar al sector privado y en caso de que hayan representado a empresas denunciadas penalmente por lavado pueden ser objetados.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288203-2015-12-14.html