TENEMBAUM, LA "CASTA" JUDICIAL Y EL DNU QUE CASI REFORMA LA CONSTITUCIÓN

 

La Revolución Reaccionaria de Javier Milei, por Alfredo Zaiat (para "Página 12" del 31-12-23)

 

El DNU, el proyecto de la ley ómnibus y el próximo a ser enviado al Congreso son las bases del nuevo régimen  

Además de incluir las conocidas propuestas de privatizaciones, reformas laboral y previsional, apertura comercial y financiera, megadevaluación y tarifazos, el plan de las corporaciones empresarias, cuyo ejecutor es Javier Milei, avanza sobre las estructuras de la salud, la cultura, derechos de las mujeres, el Poder Judicial, el esquema electoral, la organización civil y comercial, entre otras.

Por Alfredo Zaiat

31 de diciembre de 2023 

La falacia inicial del gobierno de Javier Milei para construir poder violando la Constitución y despreciando al Congreso es que enfrenta la peor herencia de la historia. Si las condiciones económicas y sociales son pésimas se justificaría entonces disponer la emergencia general. No es así pese a la existencia de un consenso controvertido respecto al legado de la última administración.

Se trata de la trampa más fabulosa jamás dispuesta para capturar voluntades propias y ajenas para, con la mayoría creyendo que vivían en una situación dramática, facilitar la aplicación de un hiperajuste sobre gran parte de la población y avanzar en la transformación del funcionamiento de la sociedad. Esto significa instalar un nuevo régimen de regulación estatal y social con la derogación y modificación de más de 300 leyes con un insólito decreto de necesidad y urgencia, de otro centenar de normas con un proyecto ley ómnibus y de 160 más en otra iniciativa que será enviada al Congreso en estos días.

El nuevo régimen es una fulminante alteración de conocidas e históricas reglas de articulación de los sujetos económicos, sociales y laborales del país. Esto no es otra cosa que una revolución. En este caso, se trata de la Revolución Reaccionaria, oxímoron que todavía no está siendo interpretado en toda su dimensión. No es sólo un programa neoliberal; es un proyecto de refundación de la forma en que se consolidaron las relaciones sociales en el país.

Javier Milei es el instrumento político para desplegarlo por parte de los beneficiarios directos: las corporaciones empresarias que siente en que, por fin, pueden expresar sin tapujos la revancha clasista, al cercenar derechos laborales y golpear en el corazón de la organización gremial de los trabajadores, al tiempo de consolidar privilegios, con desregulaciones sectoriales que consolidan posiciones dominantes y con la posibilidad de dar el gran asalto el patrimonio estatal.

El peor error

En más de una oportunidad en estas páginas se advirtió acerca de la extensión de la crisis de ingresos (inflación) de, por lo menos, ocho años (gobiernos de Macri y Alberto Fernández). Ciclo que otros extienden a doce años al incluir el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner por el estancamiento o leve crecimiento de la economía por el estrangulamiento de divisas por la irrupción de la restricción externa.

Sean ocho o doce años, es una crisis bastante prolongada para provocar hastío y desaliento en un sector amplio de la población. La evaluación del crítico cuadro socioeconómico y laboral de todos modos fue distorsionado con el argumento reiterado a lo largo de este año, en especial en el universo del 56 por ciento que votó a Javier Milei, acerca de que no se podía estar peor.

Vale entonces rescatar la consigna de la campaña electoral de Cambiemos para concluir que sí, se puede, a partir de las medidas de estas dos primeras semanas del nuevo gobierno y de las que se anuncian para los próximos meses.

Existe una cuotaparte de responsabilidad de casi todo el arco político (oposición y oficialismo en estos años) acerca de este convencimiento social, puesto que han reafirmado, con diversas y hasta contradicciones motivaciones, la existencia de una crisis muy grave.

El engaño colectivo es de tal magnitud que se considera que, para abordar el escenario supuestamente dramático de trabajadores, jubilados y clases medias, el gobierno de Milei estaría habilitado a desplegar medidas que, en lugar de generar alivio, profundizan el deterioro del bienestar de cada uno de estos grupos socioeconómicos. O sea, como existen padecimientos desde hace varios años el camino sería ahondarlos, lo que implica un accionar político de notable perversidad social y comunicacional.

Hasta Bloomberg contradice la idea de crisis terminal

La agencia de noticias del mundo de las finanzas globales Bloomberg publicó el reporte sobre los últimos datos macro con el título "Economía argentina se contrajo menos de lo previsto en octubre", acompañado de la observación sobre que "la tasa de desempleo del mercado laboral formal durante el tercer trimestre cayó al 5,7%, su nivel más bajo desde al menos 2003".

Son los últimos registros macroeconómicos que se pueden adjudicar al gobierno anterior que, según Milei, dejó la peor herencia de la historia. A partir del resultado del balotaje del 19 de noviembre pasado, el saldo del último tramo del año le corresponde íntegramente a la actual administración.

El despacho de Bloomberg dice que la economía argentina registró una ligera contracción en octubre, a pesar de un turbulento ciclo de elecciones presidenciales que avivó la incertidumbre política y una nueva corrida en los mercados paralelos.

Informa que la actividad económica cayó en octubre 0,1% respecto al mes anterior, menos que la estimación media de un descenso de 0,6% entre los economistas encuestados por Bloomberg.

Con respecto al mismo mes del año anterior, la actividad creció un 0,6%, según los datos del Indec, para destacar que, por otra parte, la tasa de desempleo del mercado laboral formal durante el tercer trimestre cayó al 5,7%, su nivel más bajo desde al menos 2003.

Menciona que la carrera antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre avivó la volatilidad del mercado, elevando el tipo de cambio paralelo de 804 pesos por dólar hasta 1035 por dólar en tres semanas. Este rápido movimiento avivó la inflación que supera el 160% anual, el nivel más alto desde que Argentina salió de la hiperinflación a principios de los años 1990.

La economía argentina está en crisis pero no es terminal ni la peor de la historia, y variables macroeconómicas clave han tenido un comportamiento aceptable teniendo en cuenta el complicado cuadro general.

La Argentina no es un país de mierda

Pese a datos duros de la macro, se repite que la crisis es terrible sumando muchos ingenuos a ese coro. El error inmenso de no precisar el tipo de crisis que atraviesa la economía ha allanado el camino a la Revolución Reaccionaria, sostenida con un DNU disparatado, un proyecto de ley extravagante y un discurso político místico y fanático.

El contenido de ambas iniciativas rompe con la tradición institucional democrática, la organización histórica de la sociedad y la articulación del tejido socioproductivo, científico y cultural.

Con debilidades y fortalezas, estos pilares constituyen las bases sobre las que se desarrolló el país durante décadas. La Revolución Reaccionaria viene a arrasarlos, al menospreciar valores, derechos y estructuras sociales, laborales y económicas que han colocado a la Argentina en espacios de vanguardia en Latinoamérica.

Las granjas de trolls en las redes sociales, la irrupción dominante de representantes de sectas de ultraderecha y el discurso de odio acerca de que se vive en un país de mierda minimizan hasta repudiar este patrimonio simbólico y concreto. Esta avanzada prepotente y antidemocrática define la Revolución Reaccionaria de Milei.

El Centro de Estudios Legales y Sociales advierte que el DNU suprime y restringe derechos de las personas para que grupos económicos obtengan ganancias extraordinarias. No desregula la economía, sino que pretende instaurar un nuevo régimen. No deja esfera de la vida sin afectar. En caso de entrar en vigencia el DNU, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda. En los hechos, el gobierno de Javier Milei viene a modificar la Constitución por decreto.

Menciona que el Congreso está ante una responsabilidad que puede cambiar el destino del país, y advierte que es urgente que vuelva a sesionar y rechace este decreto. Indica que el cambio de régimen que pretende esta reforma de leyes "que regulan casi toda nuestra vida social requiere un amplio debate democrático que debe darse dentro y fuera del Congreso Nacional, a través de quienes elegimos para legislar".

Para concluir que "si lo valida, renuncia a sus funciones fundamentales y contribuye a debilitar las reglas institucionales. A 40 años de la más reciente etapa democrática el riesgo de una vía antidemocrática se fortalecería de manera preocupante".

Transformación radical

La economía argentina ha convivido durante varios períodos políticos, en democracia y en dictaduras, con tasas de inflación de tres dígitos anuales. En algunos casos no impidió el crecimiento del Producto, la mejora relativa del empleo y la calidad de vida de las mayorías. En otros, derivó en crisis que terminaron en recesiones, en la dinámica conocida como "stop and go", para luego retomar el crecimiento.

Hubo dos experiencias, la última dictadura militar y la década del '90 que, montadas en la debacle económica que las precedió (el Rodrigazo en el gobierno de Isabel Martínez de Perón y la hiperinflación en el gobierno de Raúl Alfonsín), intentaron un cambio radical. Objetivo que cada una logró en parte, pero sin conseguir completarlo como era el deseo de las corporaciones empresarias que lo impulsaban. Sin embargo han dejado marcas persistentes en los años posteriores a estos procesos.

Ahora van por el tercer intento –el gobierno Mauricio Macri quedó a mitad de camino por la impresionante mala praxis e indolencia de sus protagonistas- con la Revolución Reaccionaria de Milei, cuya tarea es más ambiciosa que las dos anteriores porque, además de incluir las conocidas iniciativas de privatizaciones, reformas laboral y previsional, apertura comercial y financiera, megadevaluación y tarifazos, avanza sobre las estructuras de la salud, la cultura, derechos de las mujeres, el Poder Judicial, el esquema electoral, la organización civil y comercial, entre otras.

Falta lo más importante: un plan de estabilización

La diferencia notable respecto al escenario económico anterior a la dictadura y del menemismo es que el gobierno de Milei no recibió un desastre económico como el que describe.

Es cierto que la tasa de inflación anual es muy alta pero no existe un cuadro de híper, salvo que sea provocada por la propia política económica de Milei. Se sabe que el sector externo está bajo estrés extremo, que existen muy pocas reservas disponibles en el Banco Central, que la deuda en dólares en estas circunstancias es asfixiante, que la presencia de la auditoría permanente del FMI es tóxica y que la crisis de ingresos se extiende desde hace ocho años.

Para no herir almas bellas se declina por el momento incluir el debate sobre el porcentaje de pobres existentes, aunque se invita a leer el documento "Medición de la pobreza: cuestiones conceptuales y de implementación –el caso de la Argentina-", publicado por el Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina (Cespa) y el texto que uno de los autores de la investigación, Alberto Müller, publicó en el Cash.

Ninguno de estos problemas macroeconómicos sin embargo reclamaba la batería desbordante de cambios incluida en el DNU, el proyecto de ley ómnibus y otro con las mismas características que será presentado más adelante, según adelantó Federico Sturzenegger.

El tiempo político y económico necesitaba diseñar un típico plan de estabilización, desafío que no era para nada sencillo, pero no requería nada de lo que quiere imponer en forma antidemocrática y extorsiva la Revolución Reaccionaria de Milei.

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/700000-la-revolucion-reaccionaria-de-javier-milei

Jujuy: La Iglesia católica pide la inconstitucionalidad de la reforma de Gerardo Morales, por Washington Uranga (para "Página 12" del 19-07-23)

El obispo de Jujuy, Daniel Fernández.. Imagen: AICA

Presentación ante la Corte Suprema de la provincia

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen sumó su adhesión al pedido de las comunidades indígenas contra la nueva Constitución jujeña. El obispo Daniel Fernández afirmó que hay un tendal de sufrimiento y dolor en la provincia.

Por Washington Uranga

19 de julio de 2023

La Iglesia Católica, a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organismo dependiente de la Conferencia Episcopal, se presentó ante la Corte Suprema de Jujuy para solicitar su adhesión a la “acción de inconstitucionalidad” elevada por las comunidades originarias contra la reforma constitucional aprobada por el gobierno de esa provincia. En su argumentación, que lleva la firma del Coordinador Nacional de ENDEPA, Rodolfo Fernández, se afirma que “la reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, derecho al acceso a la información adecuada, con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy”.

Por su parte el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, en una entrevista brindada al programa radial “Caminos de encuentro”, sostuvo que en la reunión que los obispos jujeños compartieron la semana anterior con ENDEPA se dialogó sobre “la reforma parcial de la Constitución de Jujuy; por lo que entre tantos que han visto afectados sus derechos, se han destacado las comunidades originarias, quienes reclaman por su atención”. Según el obispo “ha sido un tiempo de deliberación para continuar acompañando, no solo desde lo religioso y pastoral, sino también desde los aspectos legales, buscando caminos visibles para sus derechos”.

Manifestó Fernández que "lo que pasó ha causado una conmoción social y hechos de violencia; un tendal de sufrimiento y dolor en el pueblo que llevará tiempo poder sanar” y subrayó que “trabajamos por una pacificación, bajando niveles de conflicto; buscamos entonces una mesa de diálogo y participación, donde surgen voces comprometidas con la paz social”. Según se conoció la jerarquía de la Iglesia está realizando gestiones para qué “haya una pacificación primero para después tener una mesa de participación donde todos podamos aportar". El obispo también informó que se entrevistó también con dirigentes de la CGT con el mismo propósito.

En la presentación de ENDEPA ante la Corte Suprema de Jujuy se afirma que “planteamos la adhesión como institución al pedido solicitado ante la justicia de la acción de inconstitucionalidad, entendiendo plenamente que la obligación estatal resulta la de garantizar a los Pueblos la entrega de los títulos de la Propiedad Comunitaria Indígena hacia las Comunidades, respetando esta como tal, en sus recursos naturales y espiritualidad”. Al respecto se recuerda que lo anterior “condice directamente con el Artículo, 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (ONU), la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (OEA) y demás tratados internacionales aplicables” con lo cual “queda expresamente definido que la supremacía constitucional nacional deja en claro que la posesión y propiedad comunitaria y el derecho de consulta indígena deben ser respetados y garantizados y así lo ha sostenido el último fallo en contra del Estado Argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina”.

Según el obispo Fernández “los pueblos pelean por su supervivencia, su ligazón a la tierra; el pelear por sus recursos, por sus lugares, por la tierra, el agua y por el poder oír su voz, pudiendo escuchar” dado que se trata de “reclamos ancestrales sobre la posesión de la tierra para que no se contamine y se observe el cuidado sobre el agua como elemento vital, sobre todo, aquí en la Puna”.

Y respecto de la situación en la provincia el obispo jujeño señaló que “a raíz de esta reforma parcial de la Constitución provincial, mucha gente, una vez llevada a cabo, sintió que sus derechos se veían vulnerados”. Agregó que “eso trajo una conmoción social, hechos de violencia muy fuertes desde el 20 de junio, después la acción del Estado para reprimir esos brotes de violencia”. Como consecuencia, dijo “hay un tendal de sufrimiento, de dolor que ha quedado a lo largo de la provincia”.

wuranga@pagina12.com.ar

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Raúl Zaffaroni pidió una reforma judicial y constitucional urgente: "Hay que repensar el modelo de Estado", por "Página 12" del 27-04-22

 En medio del debate por la ampliación de la Corte Suprema

En diálogo con AM750, el exjuez de la Corte Suprema reclamó una reforma constitucional y destacó los proyectos que buscan ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema. 

27 de abril de 2022 

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni celebró los proyectos para ampliar la Corte Suprema e instó a "discutir una profunda reforma judicial y constitucional". "Enhorabuena que los políticos se den cuenta que hay que discutir como se estructura el poder judicial que tiene la estructura más irracional de toda América y toda Europa", expresó el exjuez de la Corte.

Entre los principales problemas de la justicia argentina, Zaffaroni señaló que en la actualidad el poder judicial está concentrado en solo cinco personas, de las cuales tres "hacen mayoría". Además denunció que control de constitucionalidad de la justicia es "sumamente débil".

Por AM750, Zaffaroni agregó que con el desembarco de Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura lo cual permite a la Corte Suprema designar y controlar a los jueces.

Grupo Octubre · Raúl Zaffaroni pidió una reforma judicial y constitucional

"En esta discusión tenemos que participar todos porque de eso depende tener una justicia que preste el servicio directo en solución de conflictos en forma satisfactoria e, indirectamente, una justicia que nos garantice la supremacía constitucional que hoy no tenemos", planteó Zaffaroni.

"Me gustaría que los políticos empiecen a pensar que no solo hay que resolver la institucionalidad judicial. En el marco de la constitución vigente le podemos dar un grado mayor de racionalidad del que tiene la actualidad", dijo el exjuez.

"A las transformaciones hay que coronarlas con una reforma constitucional en serio. Alguna vez los argentinos debemos darnos cuenta que necesitamos repensar el modelo de Estado que tenemos", aseguró.

Debate por la ampliación de la Corte Suprema

El Senado comenzará a debatir este miércoles una serie de proyectos de ley que introducen modificaciones a la conformación de la Corte Suprema, como el aumento del número de sus integrantes, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

Uno de los expedientes en estudio fue motorizado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que integra el flamante bloque Frente Nacional y Popular de la Cámara alta, y propone ampliar de 5 a 9 la cantidad de jueces de la Corte, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones.

Otra de las iniciativas bajo estudio fue presentada por la senadora nacional por La Rioja Clara Vega y consiste en la aplicación en la Corte de la paridad de género entre varones y mujeres, con la intención de incrementar el protagonismo de las juristas y darle al máximo tribunal un mayor federalismo.

Otro proyecto es el del representante de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del Frente de Todos Alberto Weretilneck, cuya principal característica es que eleva a 16 el número de jueces de la Corte Suprema.

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¿Por qué no pensar el Poder Judicial?, por E. Raúl Zaffaroni (para "La letra eñe" del 14-01-22)

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, analiza en detalle cuáles son las fallas estructurales de nuestro Poder Judicial  ya que, como sostiene Zaffaroni, no se trata de una cuestión reservada a los juristas, sino de un problema central de la política que afecta a todos los ciudadanos y todos deben comprenderlo y participar en la discusión.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Las críticas a nuestro Poder Judicial y en especial a nuestra Corte Suprema suelen centrarse en las conductas de algunas personas. De eso se deduciría que cambiando a las personas se resuelve el problema. Hasta el momento no se escuchan voces que levanten un poco la vista y se percaten que el problema está en la estructura institucional de nuestro Poder Judicial y que, por ende, si todo se limita a cambiar personas, nada impedirá que más temprano que tarde se reiteren los mismos problemas.

Cuando existen gravísimos defectos institucionales, es posible que no se hagan manifiestos mientras quienes ocupan las funciones sean sensatos y medidos, pero llega el momento en que incluso quienes presentan estas virtudes se ven tentados ante el espacio de poder que el defecto institucional les ofrece.        

No es posible explicar en los cortos espacios de la TV y ni siquiera en los de la radio cuáles son estas fallas institucionales, por más que sean de dimensiones astronómicas, porque en verdad lo que sucede es que ningún poder judicial del mundo tiene una estructura tan inexplicablemente irracional como el nuestro. Visto desde lo institucional, cabe decir que llama la atención que no funcione todavía peor.

Sin embargo, no es para nada difícil entender cuáles son esas fallas estructurales, por lo que, dejando de lado tecnicismos y detalles que confunden al ciudadano no formado en derecho, trataremos aquí de mostrarlas de la manera más sencilla posible, porque no se trata de una cuestión reservada a los juristas, sino de un problema central de la política que afecta a todos los ciudadanos y todos deben comprenderlo y participar en la discusión.

Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. Foto: Yasin Ozturl

I. Empecemos por señalar cuáles son las estructuras judiciales que existen en el mundo.

Dado que nuestra Constitución asigna a los jueces la función de controlar la adecuación de las leyes a la Constitución (el llamado control de constitucionalidad), dejamos fuera de esta enumeración las estructuras de los judiciales de los países en que a los jueces no se les encomienda esa función (como Gran Bretaña) o que tienen controles previos (como Francia). También omitiremos los que mezclan elementos, para remitirnos a los que podemos considerar los modelos puros y que, a juzgar por sus resultados, pueden considerase los más positivos.

A. Estados Unidos: Suprema Corte. Es la máxima instancia de control constitucional de normas y cuando declara una ley inconstitucional, de allí en adelante ese es el criterio obligatorio para todos los jueces del país (se llama estar a lo decidido, stare decisis).

Cuando la Suprema Corte norteamericana considera de entrada que un planteo de inconstitucionalidad de una ley no tiene sentido, no lo trata (ese descarte selectivo de entrada se llama certiorari) y debido a esa facultad es que resuelve solamente poco más de unas cien causas por año.  

Como en Estados Unidos los códigos (civil, penal) son provinciales, su interpretación queda a cargo de los jueces de cada provincia (llamadas Estados).

B. Necesidad de la casación. Pero en los países que tienen códigos únicos (como nosotros y Brasil, aunque seamos federales) y que, por ende, rigen para todo el país y pueden interpretarse de formas muy diferentes, necesitan que haya jueces que unifiquen (un poco al menos) esas interpretaciones, porque de lo contrario una conducta sería delito en un lugar y no en otro o un contrato se podría celebra en un lugar y ser nulo en otro, pese a estar ambos regidos por la misma ley. Esta unificación de interpretación o jurisprudencia se llama casación, porque casan (rompen) las sentencias para sentar sus criterios, que son obligatorios para todos los jueces del país.

Por ende, en esos países se requiere que los jueces controlen la constitucionalidad y también ejerzan la casación (fijen los criterios interpretativos de las leyes). Esto se hace de dos maneras.

B.1. Corte constitucional y tribunal de casación. En Europa continental (Alemania, Italia, España, etc.) hay cortes constitucionales que controlan la constitucionalidad de las leyes (con pocos jueces) y cuando la deciden prácticamente es como si la ley fuese derogada y, por separado, también tienen un tribunal de casación (con muchos jueces) divididos en salas por materia y su interpretación es obligatoria para todos los jueces del país.  

B.2. Corte única con una sala constitucional. El América Latina algunos países han optado por tener un único tribunal con muchos jueces y dividido en salas, y una de esas salas es la sala constitucional, que se ocupa en última instancia del control de constitucionalidad, en tanto que las otras ejercen la casación. También lo que decide el tribunal, tanto la sala constitucional como las de casación, es obligatorio para todos los jueces del país.

II. Ahora veamos lo que sucede en la Argentina.

(A) En cuanto a la composición y poderes de la Corte. (a) Lo primero que llama la atención es que prácticamente en ningún país del continente ni de Europa el máximo tribunal tiene cinco jueces. (b) Lo segundo es que esos cinco jueces se supone que deben ejercer el control de constitucionalidad, la casación, el gobierno del Poder Judicial y ahora han manoteado el órgano que selecciona los candidatos a jueces y administra el presupuesto o debiera hacerlo (Consejo de la Magistratura). (c) Como es obvio, en toda república se evita la concentración de poder, menos en la nuestra, en que bastan tres votos para hacer mayoría y decidir en todo eso.   

(B) En cuanto a la constitucionalidad de normas. Conforme a la Constitución, al igual que en Estados Unidos, nuestra Corte Suprema decide en última instancia la constitucionalidad de las leyes (ejerce el control de constitucionalidad), pero para llegar a esa instancia de Corte es necesario superar años de instancias previas y la Corte tampoco tiene términos o plazos para resolver (todos los otros tribunales los tienen).

(C) En cuanto a los efectos de lo decidido por la Corte. No menos llamativo es que lo que resuelve la Corte sólo sirve para el caso, pero no es obligatorio para todos los jueces, de modo que cada juez o tribunal del país puede seguir considerando constitucional la ley declarada inconstitucional y viceversa (no existe el stare decisis norteamericano). Cada interesado deberá demorar otros tantos años en llegar hasta la Corte que, como puede haber alterado su composición, podría cambiar de criterio (y ya no considerar inconstitucional la ley).

(CH) En cuanto a la casación. En verdad, nuestra Corte ni nadie se hace cargo de la casación en sentidos estricto en lo nacional, de modo que una acción puede ser delito de un lado de un puente y del otro lado –en otra provincia- por la misma acción le pueden dar al sujeto una medalla.

(D) ¿Qué es lo que hace en lugar de casación? En lugar de la casación y sin que lo diga la Constitución (porque su versión histórica siguió el modelo norteamericano), a lo largo de los años la Corte se atribuyó a sí misma (pretorianamente se dice) algo que no se sabe bien qué es, pero que consiste en la potestad de anular cualquier sentencia que considere arbitraria y dictar u ordenar dictar otra. No es propiamente casación porque (a) su criterio no es obligatorio para todos los jueces del país y (b) porque hace uso del certiorari (con que los norteamericanos descartan los planteos de inconstitucionalidad que consideran infundados) para aplicarlo a estos casos de arbitrariedad y, por ende, nuestra Corte los rechaza en más del 95% de ellos (se invoca el artículo 280 del código de procedimiento civil, aunque las causas sean penales).

(E) ¿Cómo trabaja? De este modo nuestra Corte Supremaemite (entre los certiorari y las sentencias) unas 17.000 resoluciones por año, es decir, una cada media hora sin contar las horas de sueño ni los sábados y domingos. Es obvio que esto es por completo ficcional: la capacidad de trabajo y lectura todo ser humano la tiene limitada y los jueces de la Corte también, porque no dejan de ser humanos.

(F) ¿Jueces omniscientes? Para declarar una inconstitucionalidad basta con saber derecho constitucional y ni siquiera demasiado, porque debe tratarse de supuestos algo burdos, dado que toda declaración de inconstitucionalidad es un hecho de gravedad, en cierta forma contralegislativo, que no puede ejercerse por sonseras. Pero para hacer casación –aunque sea en la extraña e incompleta forma de arbitrariedad asumida por nuestra Corte- es necesario un acabado conocimiento de la materia de que se trata, a cuyo estudio hay personas que le dedican toda la vida y sus investigaciones llenan bibliotecas.

Como nadie conoce todas las materias jurídicas con la exigencia que debe tener nada menos que una instancia máxima, es claro que esta estructura obliga a los jueces de nuestra Corte Suprema a sentenciar en materias que no son de su especialidad. Se llaman multifueros a los tribunales que entienden en todas las materias, pero extrañamente, nosotros tenemos tribunales especializados en las instancias menores y cada vez tendemos a especializarlos más, porque queremos que los jueces conozcan bien la materia en la que juzgan, pero curiosamente nuestra instancia máxima, la Corte Suprema, es multifuero.   

(G) Síntesis. (a)Nuestro control de constitucionalidad es defectuoso y de trámite engorroso, largo y no seguro. (b) La falta de una verdadera casación y del stare decisis norteamericano hace que nunca sea del todo previsible lo que vayan a resolver nuestros jueces en cualquier instancia.

(H) Comparación con el mundo. Comparando lo que acabamos de describir en (II) con las estructuras que señalamos en (I), se verifica que nuestra estructura judicial no se corresponde con ninguna de aquellas, no porque hayamos inventado una mejor, sino porque caímos en una serie de incoherencias que hacen que nuestro Poder Judicial, en sus máximas instancias, no proporcione ninguna seguridad jurídica.

Por fortuna, la cultura jurídica de nuestro país tiene un nivel bastante alto que permite que en instancias inferiores las cosas no marchen de forma caótica, pero cuando se producen fenómenos de concentración de poder y de claras inconductas judiciales, como en el fuero federal penal de Buenos Aires, las instancias máximas resultan ineficaces.

Según la estratificación de sus instancias, nuestro Poder Judicial puede ser mirado desde abajo y observar cierto orden, pero cuando se lo mira desde arriba es caótico.

III. ¿Cuáles serían las posibles soluciones?  

A. Posibilidades políticas y soluciones institucionales

Cabe aclarar algo bastante obvio: cuando hablamos de eventuales soluciones, nos referimos a las posibilidades institucionales y no a su viabilidad política. Si bien en resolver el problema institucional debiera coincidir todo nuestro arco político, porque se supone que en un estado de derecho y en una democracia todos tienen interés en que funcionen de la mejor manera posible, sobre todo cuando se trata de una rama del gobierno que fija los límites y cuida las reglas del juego político, no incurrimos en la ingenuidad de creer que esta suposición responda a la realidad, pues bien sabemos que priman odios e intereses sectoriales y económicos. En consecuencia, lo que digamos aquí a título casi ejemplificativo, se refiere exclusivamente al plano de las posibilidades institucionales.   

B. En el marco de la vigente Constitución.

B.1. No se adaptaría a nuestro texto constitucional una Corte numerosa con una sala constitucional. Tampoco sería posible privar a la Corte Suprema de su extraña no-casación por arbitrariedad y darla a un tribunal inferior, dejándola como tribunal constitucional, con la competencia que le asigna la letra de nuestra ley máxima, pues ésta la podría retomar en cualquier momento, como siempre por vía de excepción que luego se vuelve regla. Dicho de otro modo: ninguno de los modelos puros que hay en el mundo se podría adoptar sin reformar la Constitución Nacional.

Por ende, en el marco constitucional vigente se debería pensar algo racional pero provisorio, hasta que un día se pueda articular una reforma constitucional y adaptar a nuestra realidad nacional alguno de los modelos que funcionan bastante bien en el mundo.

B. 2. Sin pretensión alguna de monopolio de la verdad, se nos ocurre que quizá la mejor posibilidad sea convertir a la Corte Suprema en un tribunal de control constitucional y al mismo tiempo en un tribunal de casación o de la particular potestad que se fue atribuyendo desde hace casi un siglo.

Este remiendo transitorio no sería imposible, si se ampliase el número de jueces a quince o más y se los dividiese en salas especializadas para la llamada arbitrariedad.

En lo que hace al control de constitucionalidad y a la competencia originaria en general, se puede articular un procedimiento interno ágil con la participación de todos sus miembros (hay tribunales que, fijadas las posiciones, nombran jueces relatores y luego los otros pueden agregar sus votos particulares si les queda algo por decir). Esto no alargaría el tratamiento porque los casos de inconstitucionalidad no son muchos más que los que trata la Suprema Corte norteamericana.  

C. En el marco de una eventual futura reforma constitucional.

Aunque políticamente esté lejana esta posibilidad, algo como lo que exponemos en B.2 puede ser un primer paso en esa dirección, porque si en una futura Constitución se decidiese adoptar una estructura europea de Corte Constitucional –que en el derecho comparado han dado los mejores resultados- bastaría con que en el texto se crease ese tribunal y dejase a la actual Corte Suprema ampliada y dividida en salas como un tribunal de casación en serio. No se removerían jueces, lo que siempre es discutible y susceptible de ser aprovechado aviesamente, pues sólo se le modificarían en parte las funciones del tribunal.

Una estructura de esa naturaleza estaría mucho más a la altura del nivel de la ciencia jurídica argentina. Más aún: impulsaría a ésta a profundizar la constitucionalización de todo el derecho, a ahondar incluso en el ejercicio del control de convencionalidad que nos imponen nuestros compromisos internacionales incorporados a la Constitución y, además, a criticar la jurisprudencia de casación, porque sabríamos a qué atenernos cuando nos referimos a disposiciones de nuestros códigos y leyes nacionales.

Es mentira que una Corte Constitucional no se adapta a un país federal, porque Alemania y Austria lo son. Por el contrario, permitiría pensar en una mayor federalización del Poder Judicial: no hemos hecho la cuenta, pero creemos no equivocarnos si afirmamos que, a lo largo de los ciento sesenta años de su historia, la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema fueron porteños. La impronta de la primera Corte mitrista después de Pavón no la hemos superado.

Creemos que es imprescindible abrir el debate en estos términos y no centrarse en personas o grupos de personas, que siempre pasan, vienen y van. Tarde o temprano llegará la hora de dotar a nuestro Poder Judicial de una estructura menos defectuosa, porque los espacios de viabilidad política son imprevisibles, dependen de imponderables, pero el primer paso ya lo podemos dar, comenzando por discutir y reflexionar sobre el tema. De otro modo, cuando llegue el momento, podríamos desperdiciar la oportunidad o usarla mal. 

Buenos Aires, 14 de enero de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA

Publicado en:

https://lateclaenerevista.com/por-que-no-pensar-el-poder-judicial-por-e-raul-zaffaroni/

Cabeza a cabeza, por Fabián Restivo (para "El Destape" del 02-01-22)

 

02 de enero, 2022 

Por Fabián Restivo 

Cuando la marcha que recorrería Bolivia, reclamando tierra y territorio, llegó a Santa Cruz de la Sierra, un jueves de treinta y ocho grados y frentes agobiadas y pies lastimados, la pregunta fue una sola: “y que quieren ustedes?”.

El cacique Tupi Guaraní respondió sin titubear: “che aeka tekokawi opaetepegua”. Y ante la mirada de incomprensión de su interlocutor, y en un gesto solidario y tierno, sonrió apenas y tradujo: “yo busco justicia para todo.”

Corría el año 1990 y fueron 34 días de marcha.

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Era un nuevo inicio en la culminación de un proyecto que llevaba más de 10 años, que respondía a esa pregunta y concluyera con la nueva constitución de Bolivia. Pero para eso faltaban diecinueve años.

Culminaría cuando Evo Morales, siendo presidente, cumpliera con su promesa de campaña: una nueva Constitución Política del Estado. Una Constitución de un Estado plurinacional.

En ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas: se votó por quienes serían finalmente los constituyentes, la asamblea discutió un año entero artículo por artículo, Sucre fue escenario de innumerables muestras de racismo y agresiones de todo tipo, y allí quedo expuesta la naturaleza de cada quien en esa historia.

Finalmente se votó en la Asamblea Constituyente lo que sería la nueva Constitución.

Aquello dio lugar a días de festejos y lágrimas y alegrías, hasta que caímos en cuenta que faltaba algo no menor: esa Constitución debía ser refrendada por el Congreso, y si bien Evo Morales era presidente, el Movimiento al Socialismo no tenía entonces mayoría en diputados ni en el senado.

Aquello dio lugar a intentos de negociaciones, donde la oposición solo quería esquivar la votación inventando “reuniones de consensos” que dilataban hasta la exasperación con movimientos de gato escaldado, con la pretensión de que un estallido social contra el gobierno, so pretexto de inacción, diera por tierra con todo.

Así que por ese lado no era posible.

Evo Morales lo entendió así, y las organizaciones sociales, que conocían el paño, también. Se llamó a sesión para votar la refrenda y la oposición seguía dilatando. Entonces el presidente se quitó la banda presidencial, la medalla y el bastón de mando y llamó a marcha con vigilia frente al congreso.

Evo Morales, dirigente campesino, también marchaba. A la cabeza.

La marcha fue de dos días, y la vigilia frente al congreso duró dos días más, en los que persistía una lluvia de agua muerta, con un frio que solo conocen los andinos.

Todos sentados en la plaza, y no solo esperando, sino alertas a que nadie saliera del Congreso hasta que no se votara la ley.

Cuando uno de los edecanes se acercó con un paraguas para cubrir “al presidente”, el dirigente campesino reaccionó casi violentamente: “saca eso de aquí y no estés jodiendo, vaya para donde no moleste!”. Recuperar la épica, incluía todo.

Eso y un par de cachorros de dinamita de los mineros, acabaron de resolver las dilaciones y se votó la ley que abría paso al referéndum que daría una nueva Constitución a Bolivia.

Con ese gesto, Evo Morales, dirigente campesino y presidente, despejaba su camino a la gloria de esos días del año 2006.

Un tiempo después, recordando, dijo: “es que solo querían joder al pueblo, a la mala. Y pues no los dejamos. Queríamos hablar y no. Querían por la fuerza? Pues entonces por la fuerza. Ni modo, pues…”.

Quizá valga anotar que varios de los que obstaculizaban allí, fueron protagonistas del golpe del 2019.

Hoy la Argentina se enfrenta a un debate sobre el tema de la justicia. Pero una parte del país debate sola, ya que la oposición anda libre por ahí y llegarán hasta donde los dejen.

No necesitan ni movimientos dilatorios. Ellos hacen y la gente se jode. Y ya.

El presidente Alberto Fernández quedo preso de una martingala jurídica, (que tiene más de martingala que de jurídica) debido a su naturaleza constitucionalista. Lo que está muy bien, pero resulta ineficiente frente a una suerte de logia conformada por jueces, políticos y medios de prensa. Y si no entiendo mal, tiene herramientas legales para resolverlas.

Aceptar el estado actual de cosas le quita musculo político, mientras llama a un dialogo al que la oposición no va, o va para moverse como gato escaldado mientras trabaja en los famosos sótanos de la democracia que iban a desaparecer.

Las dilaciones, llamadas a crear descontento en las propias filas hasta que todo salte por el aire, están a la puerta, y si aún no entraron es porque todavía no está listo el caldero con la pócima. Pero sigue cocinándose a fuego ya no tan lento. Estos protogolpistas (que ya no neo liberales) esperan mientras revuelven el caldo.

Es cierto que Alberto Fernández (a quien siempre agradeceremos que salvó la vida de Evo) no es como Evo Morales. Es cierto que a nadie se le puede pedir que sea lo que no es y es igualmente cierto que fue el candidato del Frente por su capacidad de dialogo.

Pero también quizá sea cierto que esté perdiendo apoyo popular.

En el tema de la justicia, el presidente Fernández eligió el camino más largo, y quizá el imposible.

Creo que el presidente Fernández está enfrascado en algo tan complejo que las mayorías no entienden y debería hacer algo que las mayorías entiendan, para recuperar la épica de la elección del 2019.

Por ejemplo, anda por ahí una fecha para marchar hacia los tribunales y el presidente cree en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y debe recuperar (si es que lo está perdiendo) musculo político para, en este escenario, poder avanzar y seguir gobernando.

Marchar es un derecho, y el presidente es un ciudadano, por lo tanto ese derecho lo asiste plenamente.

La marcha va a suceder y quizá el debiera marchar, como un primer paso, junto con la gente. A la cabeza.

Publicado en:

https://www.eldestapeweb.com/opinion/cabeza-a-cabeza-2022120511?s=08

CRISTINA: "¡En Mendoza el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota! "

Alfredo Cornejo: Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago

¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!
¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom.
¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina. https://t.co/yqo0OpOOtZ

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2020

Publicado en:
https://twitter.com/CFKArgentina/status/1301202901600292864?s=08

Cristina Kirchner cruzó a Alfredo Cornejo, "otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'", por "Página 12" del 02-09-20

Resalta que Juntos por el Cambio intenta bloquear el Congreso Nacional argumentando exactamente lo opuesto a lo que hace en aquellas provincias en las que Gobierna. Ya había expuesto el caso de la ciudad de Buenos Aires, ahora le tocó a Mendoza.

Cristina Kirchner compartió la denuncia de la senadora de la Provincia de Mendoza por el Frente de Todos, Natalia Vicencio para cruzar al radical Alfredo Cornejo. Siguiendo la estrategia de Lucía Cámpora, quien ayer señaló en Twitter la doble vara del macrismo en el ámbito legislativo nacional y porteño, Vicencio hizo lo propio respecto a los legisladores de su provincia, quienes, a diferencia de sus pares nacionales, no tuvieron problema para debatir una reforma constitucional mediante la modalidad virtual. 


"Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago': Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…", expresó la vicepresidenta al retuitear el posteo de Vicencio.

¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!
¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom.
¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina. https://t.co/yqo0OpOOtZ

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2020

En esa provincia, explicó la mandataria, "¡el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom", agregó. "¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina", continuó.

El vicegobernador @MarioAbedok estableció que @LegislaturaMdz iba a funcionar de manera remota. Sucedió cuando transcurrían las primeras etapas del aislamiento provocado por el #COVID19 . Tuvo el apoyo de la oposición. pic.twitter.com/hUrC5cpr5M

— Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

Ayer a la noche, a través de Twitter, la senadora de la Provincia de Mendoza por el Frente de Todos, Natalia Vicencio, publicó: "Viendo cómo Juntos por el Cambio impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para todos, voy contarles cómo funciona la Legislatura en Mendoza, donde la UCR Mendoza y el PRO Mendoza son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner".

Según recordó la senadora, el vicegobernador Mario Abed estableció que la Legislatura de Mendoza iba a funcionar de manera remota "cuando transcurrían las primeras etapas del aislamiento provocado por el covid-19", decisión que tuvo el apoyo de la oposición.


"Al día de hoy no podemos ir los y las senadoras y se han votado todo tipo de leyes: Emergencias económicas y pliegos de jueces (incluso el de la cuestionada Teresa Day, la miembro más reciente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza). Se trabaja en comisiones y van funcionarios", repuso la legisladora.

Viendo cómo #JxC impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para tod🌞s, voy contarles cómo funciona la Legislatura en #Mendoza, donde @ucrmendoza y @ProMzaOficial son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de @alferdez y @CFKArgentina pic.twitter.com/pWGHbBjxHT

— Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

En Mendoza, continuó, "el sistema de sesiones remotas es tan defendido por Rodolfo Suárez (gobernador) que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución". 

"Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema", denunció.


Para defender el sistema de sesión remota, explicó la legisladora, "Mario Abed escribe notas en los diarios felicitándose por el modelo de la Legislatura y poniendo al Gobierno de Mendoza como ejemplo de la institucionalidad".

"En realidad", concluyó, "no es el sistema lo que les molesta. Es el mandato del Congreso para tratar temas que son importantes para todos los y las argentinas. Es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente Alberto Fernández y hagan honor a los argentinos que los votaron".

Viendo cómo #JxC impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para tod🌞s, voy contarles cómo funciona la Legislatura en #Mendoza, donde @ucrmendoza y @ProMzaOficial son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de @alferdez y @CFKArgentina pic.twitter.com/pWGHbBjxHT

— Natalia Vicencio (@vicencionaty) September 1, 2020

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/289323-cristina-kirchner-cruzo-a-alfredo-cornejo-otro-entusiasta-mi

DIEGO GUTIÉRREZ REFLEXIONA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1949

Uno de los mitos más difundidos por las facultades de derecho, es que la reforma de la Const. hecha en el año 49, por el gobierno de Perón, fue inconstitucional.
Nada más mentiroso e irreal. Pero les sirvió de excusa para dar un golpe de Est, y borrarla con un bando militar.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 8, 2020

Cómo todos sabemos, en el año 1949, el gobierno de J.D.Perón se dispuso a reformar la Constitución Nacional. Está, luego fue derogada con un bando militar, de la dictadura de Aramburu, en el año 1956. pic.twitter.com/Q5ii9Rv7NE

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 8, 2020

El 27 de agosto de 1948 se aprobó el proyecto de ley x el cual se declaraba la necesidad de la reforma, según prescribe la Constitución Nacional. El proyecto fue aprobado x 96 votos a favor y 34 en contra y llevo el número 13233. pic.twitter.com/OZX8aEai9U

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 8, 2020

La oposición sostuvo que debía hacerse x los 2/3 de los miembros totales. Mientras el oficialismo sostuvo que esto no era así y no formaba parte de ninguna doctrina jurídica ni de ninguna costumbre en anteriores reformas constitucionales.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

Tan es así, que al peronismo le alcanzaban y sobraban la cantidad de dips necesarios para cualquiera de las interpretaciones del art. La Cám estaba compuesta x 158 diputados y los 2/3 eran 106. El oficialismo contaba contaba con 108 de ellos, pero no sé lo considero necesario.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

Y si bien el radicalismo presento varias objeciones, la cuestión de los 2/3 (presentes o totales), fue la de más significación política e histórica. Cómo hemos visto, la Conv. Constituyente de 1853 no hizo referencia al tema en ningún momento en aquella ocasión.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

No solo en esta reforma no se alcanzaron los 2/3 de los totales, sino que una cláusula de la Const del 53, prohibía cualquier reforma antes de los 10 años. 6 años después, habría una nueva reforma, tampoco se alcanzarían los 2/3 totales. Nunca se dió ese debate.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

Pero no solo en la legislación nacional encontramos la validez de la sanción de la ley de declaración de la reforma del 49, sino que si vamos a la legislación comparada, encontraremos que en reforma const de los EEUU, se planteo el mismo escenario.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

En su libro "La Constitución", Edward Corwin, mencionaba: "2/3 de ambas cámaras, significan 2/4 del quórum de ambas camaras. Tal es por lo menos el veredicto de una larga y constante práctica que cuenta hoy con la sanción de la Corte". O sea, los miembros presentes.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

Un detalle no menor, el radicalismo se presentó a elecciones para Convs Consts. La elecciones ganó el peronismo con más de 1 millón 590 mil votos, y lejos el radicalismo con 834 mil. El radicalismo al presentarse a elecciones, legítimo todo lo actuado por el oficialismo.

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

Conclusión: la oposición al peronismo esgrimio razones de tipo jurídicas, pero que no se consustanciaban con la realidad. Su interpretación de la necesidad de declarar la ley de reforma de la Const., con 2/3 de los totales, no se sostenía ni con la práctica constitucional...

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

...ni con ninguna jurisprudencia legal o doctrina jurídica. Solo fue una argumentación política para evitar 2 cuestiones, que se plasme en el marco jurídico político, la nueva estructura económica y social del país, y la reelección del presidente Perón. pic.twitter.com/mnyjAbX0Ur

— Diego Gutierrez (@diegofernanguti) August 9, 2020

Publicado en:
https://twitter.com/diegofernanguti/status/1292108487477035008?s=08

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