Una jueza que se quedó sin honoris, por "Página 12" del 19-05-17

La jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, falló junto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
(Imagen: Sandra Cartasso)

La Universidad Nacional de La Pampa quitó un título honorífico a Highton de Nolasco luego del 2x1
El Consejo Superior de la Universidad votó sobre tablas la quita del título de “profesora honoraria” que le había otorgado a Highton de Nolasco en 2014. La jueza pidió licencia luego del multitudinario repudio al fallo de la Corte.
La Universidad Nacional de La Pampa le quitó el título de “profesora honoraria” a Elena Highton de Nolasco, por haber sido una de las juezas que autorizó la aplicación del beneficio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. La decisión del Consejo Superior de la universidad fue votada y aprobada sobre tablas en la última reunión ordinaria. La jueza suprema está de licencia y fue acusada ante la justicia por haber dictado ese fallo que benefició al represor Luis Muiña al acortar su sentencia.

La reunión se realizó en la sede central de la UNLPam en Santa Rosa y estuvo presidida por el vicerrector, Hugo Alfonso. Contó con la presencia de 18 consejeros. Allí resolvieron derogar la resolución 444/14 con que se distinguió a Highton de Nolasco. El Consejo modificó pero finalmente aprobó esta iniciativa que había partido del claustro estudiantil. 

La vicepresidente de la Corte fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán, junto a los otros dos jueces que fallaron a favor de los genocidas, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por presunto prevaricato, delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho. La denuncia contra los magistrados fue presentada por el ex legislador Marcelo Parrilli, junto al masivo repudio del escandaloso fallo que tuvo su máxima expresión el miércoles pasado, en una multitudinaria manifestación en una Plaza de Mayo desbordada de pañuelos blancos. 

La de ayer fue la séptima reunión ordinaria del Consejo Superior de la UNLPam y tomaron dos fuertes decisiones relacionadas con temas de actualidad: la polémica por el beneficio concedido por la Corte Suprema a un represor y la audiencia de conciliación entre Mendoza y La Pampa que habrá el 14 de junio en el juicio por el río Atuel. Luego del habitual informe de Presidencia, los consejeros tomaron conocimiento de las notas entradas y las resoluciones. Posteriormente se integraron las comisiones permanentes y especiales del Cuerpo, a las que se incorporaron los nuevos consejeros del claustro de estudiantes, que asumieron tras las elecciones el pasado 26 de abril.


En tratamiento sobre tablas, los consejeros analizaron y aprobaron la propuesta ingresada por una agrupación estudiantil para quitarle el título de “profesora honoraria” de la casa de estudios a la doctora Elena Inés Highton de Nolasco, una de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión se tomó por haber firmado Highton de Nolasco la resolución que benefició con una reducción de la condena, por aplicación de la ley de 2×1, a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. La resolución original de los estudiantes fue reformulada durante el debate y luego sancionada.

En el año 2014, a través de la resolución 444/14, el Consejo Superior de la UNLPam le otorgó a la jueza esta distinción, una de las más altas que entrega la UNLPam, por sus antecedentes académicos. La resolución del 2×1 que firmó Highton “ataca los motivos por los cuales se la distinguió”, sostuvo el Consejo Superior, al explicar esta decisión.

Highton de Nolasco pidió una semana de licencia en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió por la sentencia del 2x1 a genocidas.

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https://www.pagina12.com.ar/38692-una-jueza-que-se-quedo-sin-honoris

Los cruzados de Rosenkrantz, por Martín Granovsky (para "Página 12" del 14-05-17)

 (Imagen: Leandro Teysseire)
La historia secreta del equipo y los aliados del juez que promovió el dos por uno

 
El torturador beneficiado con el 2x1 por la Corte participó en uno de los casos más espantosos de antisemitismo y tortura con empalamiento. Pese a los hechos probados, el abogado del establishment Rosenkrantz buscó alterar la jurisprudencia sobre derechos humanos no bien asumió.
Por Martin Granovsky

Jamás un fallo de la Corte Suprema despertó la protesta de cientos de miles de personas en Plaza de Mayo. Y otros cientos de miles se manifestaron en todas las plazas del país. El Presidente, miembro cabal de una elite que ni se anima a pronunciar las palabras “terrorismo de Estado”, fue el que garantizó las históricas marchas del miércoles 10. Lo hizo cuando consiguió que el abogado corporativo Carlos Rosenkrantz fuera ministro de la Corte. Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016. Este diario puede probar que el 28 de septiembre ya estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos.

El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo por Rosenkrantz y el otro cortesano propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Rosenkrantz parece entusiasmado con su papel revisionista en materia de derechos humanos. Hasta dejó estampada su huella en el trámite interno de la Corte antes del fallo que confirmó la reducción de condena para Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.

La huella de Rosenkrantz se llama Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados. Los letrados se encargan de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores del voto que luego corrige y firma el ministro.

Morgenstern es un abogado que trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es uno de sus prosecretarios letrados. 

Proyectista

Desde 2011 en la Corte Suprema los expedientes internos previos a un fallo recorren un circuito que va quedando registrado en el sistema informático. 

El sistema tiene una cara accesible al público y otra restringida. PáginaI12 tuvo acceso a la parte restringida. El 28 de septiembre de 2016 se produjo una novedad que aparece registrada con la palabra “información”. Y al lado puede leerse: “Asignar proyectista: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vocalía número 4: 20288020648. Morgenstern Federico”.

El proyectista es el secretario o prosecretario letrado que se encarga de darle forma al voto.

Funcionarios del Poder Judicial que pidieron reserva de su nombre explicaron a PáginaI12 que habitualmente la identidad del proyectista es conocida en la Corte pero no queda inscripta. Dijeron estar muy asombrados por el caso de Morgenstern, que además aparece con su número de CUIL completo.

“O alguien que no simpatiza con Rosenkrantz ni con Morgenstern lo quiso dejar estampado para embromarlo, o alguien que sí los quiere lo dejó asentado para que el prosecretario se gane el bronce”, fue la especulación de uno de esos funcionarios. Una tercera chance es que el propio Morgenstern haya querido pasar a la historia.
El nombre completo de la causa Muiña es “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”. Bignone ocupó todos los peldaños de la estructura militar y llegó a la Presidencia después de la derrota de Malvinas, en 1982. El “otro” es el torturador Muiña.

Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía hasta el 29 de diciembre. Ese día, antes de la feria judicial de verano, lo pasó a la secretaría tercera de la Corte. El 16 de enero lo recibió otra vez. Volvió a empollarlo otros tres meses, hasta el 17 de abril.

Montevideo

Morgenstern se hizo famoso entre los abogados cuando publicó en 2014 su libro “Cosa juzgada fraudulenta”, una teoría útil para reabrir causas sobre presuntos actos de corrupción que hubieran sido cerradas por la Justicia.

El prólogo es de Rosenkrantz. Escribió que para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita, como se llama en la jerga, debería ser usada cuando la investigación judicial no hubiese buscado la verdad sino directamente el sobreseimiento del procesado. Otra condición sería la inexistencia de riesgo de condena.

Un párrafo que Rosenkrantz rescata es el que sostiene que “en las últimas décadas” el verdadero peligro no es el Estado. “Es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal”, dice el actual proyectista del fallo sobre el dos por uno a un torturador. Lo más parecido en la historia argentina a una “tiranía estatal” fue la dictadura que gobernó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Con el dos por uno dejarían de cumplir su condena original autores de crímenes de lesa humanidad. La situación se parece mucho a la noción sobre “el peligro de impunidad”.

Recibido como una herramienta de combate por el antikirchnerismo duro, el libro fue promovido por los defensores del establishment económico y político nucleados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo una de las presentaciones. No se trata del Colegio Público de Abogados sino de la organización que apoyó con entusiasmo la dictadura, cuestionó los juicios por delitos de lesa humanidad y representa a los abogados de los grandes estudios. La revista de la entidad está dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz hijo. En vida su padre fue directivo del CACBA. También fue presidente del “colegito de la calle Montevideo”, como es conocido entre los abogados, Roberto Durrieu, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps era jefe de Policía y subsecretario de Justicia a nivel nacional con Jorge Rafael Videla de presidente de facto.

El colegito fue uno de los 2629 avalistas de Rosenkrantz, hasta ese momento miembro de un estudio que representaba, entre otras empresas y entidades, al Grupo Clarín en juicios contra el Estado, y a YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE.

Entre los 1428 críticos de la postulación de Rosenkrantz figuraron los organismos de derechos humanos. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabeza Lita Boitano, dijo que Rosenkrantz había cuestionado los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron el  juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

En febrero último la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a los fallos “Simón” y “Mazzeo”, la web Crimen y razón, que dirige Rafael Saralegui, recuerda que en 2007 Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías polemizaron con el actual fiscal Leonardo Filippini. Para ellos hay que tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en delitos de lesa humanidad. Incluso hay que cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, escribió el actual ministro de la Corte. “Los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’”, algo que no requiere necesariamente de penas.

Como académico Rosenkrantz sostenía que derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento ni están preparados para decidir este tipo de casos.

Rosatti, ex intendente de Santa Fe, tuvo entre otros avalistas al arzobispado de su ciudad. El arzobispo Antonio Arancedo es el mismo que llamó a la “reconciliación de los argentinos” justo días antes del fallo en favor del dos por uno. 

Cifras   

Los argentinos dieron su opinión sobre el fallo de la Corte en favor de los represores con sus pies, marchando, y con sus manos al enarbolar miles de pañuelos blancos. Una encuesta del consultor Sergio Berenzstein reveló que el 85 por ciento de los consultados está en contra del dos por uno para asesinos, torturadores y ladrones de bebés. Entre quienes votaron a Daniel Scioli el porcentaje trepa al 98 por ciento. Entre los votantes de Mauricio Macri baja a 75 por ciento. El 18 por ciento de los que votó a Macri está de acuerdo con el fallo. Primera conclusión: el núcleo duro del macrismo está a contramano de la mayoría. Segunda conclusión: el núcleo duro no alcanza para ganar un ballottage, obviamente, pero tampoco para sustentar políticas que ataquen valores democráticos tan arraigados en la población. El rechazo a la impunidad de los terroristas de Estado es uno de esos valores.

O por convicción o por necesidad, según los casos, una buena parte del oficialismo terminó formando parte de los 211 diputados y los 57 senadores que el miércoles 10 sancionaron la ley contra el dos por uno a los represores.

Rosenkrantz y Morgenstern serían el núcleo duro del núcleo duro. Nada menos que su representación en la Corte Suprema.

Uno de sus promotores de siempre es el abogado Alejandro Carrió, socio número 5725 del colegito. Carrió compartió clientes con Rosenkrantz, entre ellos el Grupo Clarín. Hace dos años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “enfrentamos una situación límite en la lucha por el Estado de Derecho”. Para Carrió “existe una porción de la sociedad, quizás no mayoritaria, desanimada y a la espera de líderes capaces de encabezar movimientos de resistencia civil que, hay que admitirlo, podrán derivar en sanciones inmediatas, pues el Gobierno ha dado muestras de que no le tiembla la mano para ejercer el poder”.

Nada de eso ocurrió. Ni la resistencia civil ni las sanciones. En cambio sí es un hecho que Carrió, primo de la diputada, quedó convertido en el primer defensor público del fallo del dos por uno. “Una sentencia que reafirma la vigencia del Estado de Derecho”, fue el título de su columna en La Nación el 4 de mayo, al día siguiente del fallo. “Lo resuelto adquiere mayor trascendencia si se repara en que estaban de por medio derechos de personas condenadas por delitos llamados de lesa humanidad, lo que motivó que en el pasado se flexibilizaran peligrosamente principios como el de legalidad e inmutabilidad de la cosa juzgada”, escribió el simpatizante de Morgenstern y su idea de la cosa juzgada pero no tanto. 

Tormentos

Luis Muiña cometió delitos “llamados de lesa humanidad”, como diría Alejandro Carrió, como parte del autodenominado grupo paramilitar Swat que actuó a comienzos del golpe en el Hospital Posadas, ubicado en la calle Martínez de Hoz. Fue encontrado culpable de haber intervenido en la privación ilegal de la libertad y en los tormentos aplicados contra la enfermera Gladys Cuervo, Jorge Roitman, Jacqueline Romano, Jacobo Chester y Marta Graiff.

“¿Por qué tenés vos esto, sos judía?”, le gritaron los torturadores a Cuervo mientras le arrancaban una cadenita de oro y la encadenaban a una superficie metálica para aplicarle picana eléctrica. Le rompieron varias costillas y el esternón.

Le preguntaron si sabía que Jacobo Chester “era judío y flojito”, porque no había aguantado la tortura.

Chester era auxiliar de farmacia del Posadas. La Justicia dio por probado que el cuerpo “presentaba politraumatismos con fractura de vértebras dorsales, rotura de la médula, fracturas de todas las costillas de ambos lados y del esternón, lo que ocasionó su muerte por asfixia por sumersión”. El cadáver “presentaba los pies atados con una tira de tela y otra arrollada alrededor del cuello”.

La hija de Chester, Zulema, contó que cuando la patota cayó en su casa, después de encontrar libros escritos en hebreo “hubo un giro total en cuanto a la violencia con la que se manejaban; rompieron una percha y con un pedazo de madera que tenía un clavo la golpearon y le preguntaban por las amistades de su padre”.

Dice el expediente judicial en otra parte del testimonio brindado por la enfermera Cuervo: “Relató que un día pidió a uno de los captores, Oscar Tévez, que la deje ver a Roitman, a quien escuchaba quejarse continuamente. Que aquél accedió y ella vio que Roitman estaba desvariando en un charco de sangre y orina, y Tevez le dijo que le habían metido un palo en el culo. Que en determinado momento no lo escuchó más quejarse a Roitman, sintió que hubo corridas por las escaleras, subían y bajaban, frenadas bruscas de autos”. Tévez le dijo a Cuervo: “Murió Roitman, vinieron los milicos a llevárselo”.  

martin.granovsky@gmail.com

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Cristina: “Ningún argentino puede mirarme a los ojos y decirme que está mejor que en los últimos 12 años”, por "info135" del 13-05-17

13 mayo, 2017

Antes de regresar al país, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció una entrevista televisiva con Telesur en la que habló del gobierno de Mauricio Macri, del fallo del 2 x 1 para genocidas y de lo que puede ser una candidatura suya en las elecciones legislativas de octubre, entre otros temas.
La mandataria, que regresó hoy de una gira por Europa, apuntó contra las políticas económicas, el trato a los derechos humanos y comparó al Gobierno con dos períodos históricos anteriores. “Esto se parece… es una mezcla en lo económico más que con la década de los 90, de lo que podíamos denominar el menemismo, yo la veo en lo económico más parecida al proceso económico de Martínez de Hoz durante la dictadura, con la plata dulce. Y, en lo político, con lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo. Me parece que es un mix de esas dos. Pero es grave lo que está pasando en nuestro país”, dijo. Y enfatizó: “Ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme: Estamos mejor que en los últimos doce años y medio”.

Cristina aseguró que hoy “un 50% de la gente no está llegado a fin de mes” y consideró que “vamos por mal camino”. Aclaró que no hablaba como ex presidenta, sino como una persona que milita en política desde muy joven. “Esta etapa de bicicleta financiera, de no producción, de destrucción del trabajo, no es la primera vez que la vivimos en la Argentina”, apuntó.

Remarcó que la plataforma electoral de Macri no concuerda con lo hecho en su gestión. “En el debate presidencial se acusó a nuestro candidato de estar mintiendo cuando hablábamos de ajuste, tarifazo y de gente que perdería el trabajo. Todo esto está pasando y fue prolijamente negado. Hay una crisis en el país”, enfatizó.

La ex presidenta también habló sobre una eventual candidatura suya para las elecciones legislativas. “Hemos tenido reuniones con dirigentes, pero no hay salvadores ni construcciones individuales”, dijo dejando ahora abierta la puerta a la posibilidad de postularse. “Tengo responsabilidad por ser ciudadana argentina, cada uno debe sentirse responsable de la construcción democrática”, amplió aunque dijo que “no es momento de discutir esto, no contribuiría. Hay que hacerlo en una construcción colectiva, sin que se ‘pivotee’ sobre una persona”.



También habló sobre el fallo que beneficia a genocidas con la derogada ley del 2×1. “Es una sentencia totalmente contraria a derecho, caprichosa”, sostuvo. “Es más, contraria, en el caso de una de las firmantes -la jueza Elena Highton de Nolasco- contradictoria no ya con tratados internacionales y con la propia constitución sino con fallos que la propia jueza había firmado años antes en la misma materia. Con lo cual es un prevaricato hecho y derecho, como decimos los abogados”.

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http://info135.com.ar/2017/05/13/cristina-ningun-argentino-puede-mirarme-a-los-ojos-y-decirme-que-esta-mejor-que-en-los-ultimos-12-anos/

El 78% cree que los jueces que habilitaron 2 x 1 deberían renunciar o ser removidos mediante un juicio político, por "info135" del 13-05-17

Arriba: Rosatti, Highton y Rosenkrantz, auténticos jueces-zombies. Deberían irse a su casa...


13 mayo, 2017

Una encuesta reveló que el 78% de los argentinos cree que los jueces que votaron a favor del 2×1 “deberían renunciar o ser removidos mediante juicio político”.

El estudio realizado por la encuestadora EnQuestapp, en base a 400 casos en el Área Metropolitana, sondeó la opinión respecto del fallo de la Corte que hizo aplicable el 2 x 1 en el caso del represor Luis Muiño, que desató una ola de pedidos de genocidas para reducir su condena o directamente quedar libres.

Los resultados de la encuesta determinaron que uno de cada cuatro entrevistados considera que los tres jueces que votaron a favor de la aplicación del 2 x 1, Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti, deberían renunciar o ser llevados a juicio político por el fallo.

Pero además, el sondeo revela que pese a que el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios intentaron desligarse desde un primer momento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la gente no le cree. El 56% está convencido de que el Poder Ejecutivo influyó en el fallo del máximo tribunal. El 32% apunta que el gobierno de Macri “influyó en forma indirecta debido a sus decisiones y posturas con respecto a la política” y el 24% dice que “influyó en forma directa para que el mismo se diera”. El 44% restante señala que el fallo “fue una decisión independiente de la Corte Suprema”.

Los entrevistados tienen una valoración negativa de la Corte Suprema que alcanza el 74% (50% mala y 24% muy mala).

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http://info135.com.ar/2017/05/13/el-78-cree-que-los-jueces-que-habilitaron-2-x-1-deberia-renunciar-o-ser-removido-mediante-un-jury/

CFK: “Estamos ante una nueva Corte automática", por "Página 12" del 11-05-17

 La ex presidenta opinó del fallo desde su viaje en Bruselas.
(Imagen: AFP)

CFK criticó el fallo del 2x1 a los genocidas y señaló la responsabilidad del Gobierno

En medio de su viaje a Europa, la ex presidenta afirmó que el máximo tribunal “dio por tierra” con tratados internacionales al otorgarles el beneficio del 2x1 a los genocidas. Señaló, además, que el Gobierno “tuvo que ver” con esa decisión.



Desde Bélgica, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la derogada ley de 2 por 1 la reducción de la condena al represor Luis Muiña. Sostuvo que “estamos por lo pronto con respecto a derechos humanos ante una nueva Corte automática o mayoría automática” que “dio por tierra con tratados internacionales, con su propia jurisprudencia”. Tampoco dudó en asociar la decisión del Máximo Tribunal al impulso del Gobierno de avanzar en una amnistía a los genocidas. “Si, claro que tuvo que ver”, dijo CFK sobre la influencia del Ejecutivo y les apunto a los cortesanos que votaron a favor en el fallo: los dos jueces propuestos por el presidente Mauricio Macri (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) “que intentaron ingresar sin pasar por el Parlamento, por DNU”  y a la jueza Elena Highton de Nolasco que debía dejar su cargo a los 75 años “por imperio de la Constitución” y “consiguió que el Gobierno no apelara esa resolución judicial” con la que seguirá en el cargo.

La ex presidenta también se refirió a la repercusión sobre el fallo de la Corte en Europa, un continente que –a su juicio– “fue puntal contra la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976 en la solidaridad con lo que estaba sucediendo en la República Argentina”. “La verdad que están muy sorprendidos y muy preocupados por estas decisiones que se han adoptado en la República Argentina y que tienden a echar por tierra lo que es considerado una conquista no de la Argentina sino una conquista universal en materia de derechos humanos”, dijo CFK en una entrevista concedida al canal de noticias C5N desde Bruselas.

“Más que mensaje, convocar a todos los argentinos”, respondió a la pregunta de “si tenía algún mensaje” para la multitudinaria marcha de ayer en Argentina contra el fallo de la Corte. Cristina Kirchner, se refirió entonces a lo que había dicho en la sede del gremio de los docentes privados (Sadop), una día después del fallo de los cortesanos y antes de viajar a Europa: “Dije que esto debía convocarnos a todos más allá de las oposiciones entre las posiciones ideológicas. Sostuve además y sigo sosteniendo que los Derechos Humanos no son ni de izquierda ni de derecha, y que realmente por la calle pueda caminar gente que violó, torturó, desapareció chicos, tiró gente al mar, a mí no me entra en la cabeza” y “no me entra en la cabeza que haya gente que pueda apoyar eso”, agregó a las consignas que desde la marcha pro-oficialista del primero de abril se pronunciaron contra la política de Estado sobre derechos humanos.    

“Con lo cual creo que la defensa de la democracia no sólo le debe caber a las organizaciones de derechos humanos, que han sido un puntal formidable en todo esto, sino a toda la sociedad. Creo que es bueno para todos que vivamos en un país en donde los genocidas no caminan por la calle y creo que por eso la convocatoria”, insistió sobre la marcha convocada ayer por los organismos y acompañada por un amplio abanico político-partidario.

Antes, CFK se había explayado sobre la influencia del Gobierno en el fallo de la Corte. “Lo único que hay independiente hoy son los Reyes de España en la República Argentina. Todo tiene vinculación con todo y si con algo hace juego el gobierno es con el poder judicial en la República Argentina, nada que ver con el poder judicial de antaño. A mí me han tirado decisiones de gobierno con medidas cautelares, fallos contra la Ley de Medios, fallos contra el tema de las reservas, todo tipo de fallos habidos y por haber. Hoy vemos una justicia, salvo honrosas y contadas excepciones, totalmente alineada con el Ejecutivo, y peor la Corte aún, que dio por tierra con tratados internacionales, con su propia jurisprudencia”, sostuvo.

Allí incluyó a los tres jueces, sin nombrarlos, que conformaron esa “mayoría automática” en el Máximo Tribunal: Rosenkrantz y Rosatti propuestos por un Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri y “que intentaron ingresar sin pasar por el Parlamento. Además de Highton de Nolasco, quien habría logrado con su voto la continuidad en la Corte a pesar de cumplir con las edad (75 años) establecida por la Constitución debería culminar su mandato.

“Estamos por lo pronto con respecto a derechos humanos ante una nueva Corte automática o mayoría automática. Es muy preocupante, porque uno de los logros más importantes que creo que nadie puede discutirnos es aquella interpelación que Néstor (Kirchner) le hizo al Parlamento al poco tiempo de haber asumido para construir una Corte y una Justicia absolutamente independientes. Y vaya que construimos una Corte absolutamente independiente”, concluyó la ex presidenta.

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Por un millón de votos, por Horacio Verbitsky (para "Página 12" del 09-05-17)

Desconcierto general por el 2x1 de la Corte

Llegan al Congreso varios proyectos de ley para enmendar el fallo de la Corte Suprema, que hoy no defienden ni siquiera todos sus firmantes. El gobierno y la Iglesia buscaron fidelizar el voto castrense, pero el tiro les salió por la culata y ahora buscan la manera menos gravosa de dar marcha atrás.
Jueces de la Corte incómodos en sus sillones. Los que formaron la mayoría no imaginaron las consecuencias políticas y sociales de lo que firmaron.
Jueces de la Corte incómodos en sus sillones. Los que formaron la mayoría no imaginaron las consecuencias políticas y sociales de lo que firmaron.

Por Horacio Verbitsky

El intenso y extenso repudio que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aplicando a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley extraordinaria del 2x1, ha sembrado el desconcierto en quienes desde el gobierno nacional y la Iglesia Católica lo impulsaron, pero también en sectores de la oposición y en el propio tribunal. Nadie esperaba semejante reacción, que cruza todos los sectores sociales y los alineamientos políticos y que confluirá mañana en una movilización sobre la Plaza de Mayo que promete ser enorme. Incluso, mientras el papa Bergoglio pronunciaba su homilía dominical desde la ventana sobre la Plaza de San Pedro, medio centenar de personas exhibieron carteles de repudio al fallo.

La ley del 2x1 fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años rigieron las leyes y decretos de impunidad de los sucesivos presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Al absurdo legal se suma el disparate constitucional, que desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, estuvieron entre los gestores del fallo. El 20 de marzo, Avruj y el asesor de Garavano, Siro de Martini, le pidieron en Washington al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista peruano Francisco Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, el abogado brasileño Paulo Abrao, que durante su visita a la Argentina este mes recibieran a los familiares de los militares detenidos y al nuncio apostólico, quien abogaría por la llamada reconciliación. Avruj fue el primer funcionario que se pronunció en apoyo de la sentencia de la Corte. Sin embargo, también él recibió la directiva de retractarse, cosa que hizo sin preocuparse por la prolijidad. Cuando lo celebró “no tenía cabal conocimiento del fallo” dijo. Luego escribió un artículo para la agencia estatal Telam (que operó a favor del proyecto eclesiástico) en el que dijo que “es inadmisible el uso de la figura del 2x1” y que “compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”. Marcos Peña Braun, quien es el estratega electoral del gobierno, fue el primero en cuestionar el fallo, y lo siguieron ordenadamente Rogelio Frigerio y Federico Pinedo, quien hasta anunció un proyecto de ley del oficialismo para oponerse. Garavano dijo que el 2x1 era una ley perversa contra la que siempre se había opuesto y que su aplicación a crímenes de lesa humanidad “debería estar fuera del debate jurídico”. El ministro ni siquiera descarta hacer algún tipo de presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como si fuera un particular afectado por el fallo y no un miembro del Poder Ejecutivo que representa al Estado Nacional. En ese camino se va a tropezar con Sergio Tomás Massa, quien ya anunció que presentará ese recurso. Aunque se presente como opositor al gobierno, él tampoco puede ser peticionario porque no ha sido afectado ni es un defensor de los Derechos Humanos. Por eso, su suegro, Fernando Galmarini, está recurriendo a la libreta telefónica de sus tiempos en Montoneros, en procura de víctimas dispuestas a acompañar a Massa.

Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del FpV Héctor Recalde presentará un proyecto de ley aclaratoria sobre los alcances del 2x1, reivindicatorio de la soberanía popular sobre un poder contramayoritario. También circulan otros dos textos, preparados por el fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Procuraduria de crímenes de lesa humanidad, y el fiscal Pablo Parenti, que dirige la Unidad sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El ex juez y ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra, dio su aprobación al proyecto de Parenti. Una vez que todos tengan estado parlamentario, se compatibilizarán en Comisiones en procura de un texto único que pueda ser aprobado por unanimidad o amplísima mayoría, como contundente mensaje político. Esa sería una salida bienvenida incluso por algunos de los jueces que formaron la mayoría, sin imaginar las consecuencias sociales y políticas de lo que firmaron.
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El analista Rosendo Fraga escribió en su newsletter de la primera quincena de mayo que el 2x1 sancionado por la Corte Suprema “se convirtió en un problema político”. Según Fraga, el fallo fue inspirado por la Iglesia Católica Apostólica Romana al plantear la denominada “reconciliacion” y convocar a su asamblea plenaria “a partícipes de ambos lados del conflicto de los años setenta para escucharlos”. Y antes la misma Corte había fallado por la prisión domiciliaria para un caso de lesa humanidad. “El gobierno acompañó e impulsó ambas acciones (de la Iglesia y la Corte) percibiendo en ellas la oportunidad de retener el voto del sector militar, que multiplicado por su contexto familiar, alcanza al millón de votos. Los dos miembros del tribunal designados a propuesta de Macri, votaron los dos fallos a favor de la extensión de los beneficios de la ley penal común a estos casos”. Fraga añade que frente las críticas de las organizaciones de derechos humanos, “el gobierno decidió tomar distancia e incluso criticó el fallo a través de funcionarios relevantes (Peña y Garavano). Este retroceso, no impedirá las críticas de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos afines a ellas y puede hacer perder la adhesión electoral del voto militar, que en la segunda vuelta optó por Macri en aproximadamente 85 por ciento”.

El domingo, un nutrido grupo de personas se estacionó junto a la valla de ingreso a la Plaza de San Pedro, sobre la avenida de la Conciliación, que conmemora los tratados de Letrán de 1929 entre Benito Mussolini y el papa Pío XI, por los que la Iglesia Católica reconoció la soberanía del Reino de Italia, que a su vez le pagó una cuantiosa indemnización por las propiedades de los Estados Pontificios nacionalizadas. Forman parte del Grupo de argentinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, formado cuando Maurizio Macrì ganó las elecciones presidenciales y que se hizo presente durante su primera visita a Roma. Sus pancartas caseras decían  “Argentina. Memoria, Verdad,  Justicia”, “No 2x1. Nunca Más”, “No al 2x1 a los genocidas. Son 30 mil”, “Ninguna reconciliación. Prisión a los genocidas”. También había reclamos por Ni Una menos y por la libertad de Milagro Sala. Bergoglio participó en la ordenación de diez sacerdotes en la Basílica de San Pedro y concelebró la misa con el cardenal Agostino Vallini, el vicegerente Filippo Iannone, los obispos auxiliares de la diócesis de Roma, los párrocos de los nuevos curas y los superiores de los seminarios en que estudiaron. En su homilía dirigida a los fieles reunidos en la plaza, Bergoglio predicó a los nuevos sacerdotes que fueron elegidos “no para hacer carrera, sino para servis” y les aconsejó que “no hagan homilías intelectuales o elaboradas, hablen claro, hablen al corazón”, porque “la doble vida es una fea enfermedad en la Iglesia. El presbítero que ha estudiado mucho y tiene 1, 2 o 3 diplomas, pero no ha aprendido a llevar la Cruz de Cristo no sirve. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un buen sacerdote”.

Aparte de las fotos que ilustran esta nota hubo otras tomadas para el diario Clarín, que por supuesto no las publicó. En cuanto desplegaron los carteles un policía romano pidió refuerzos. Acudieron a su llamado sérpicos de inteligencia de la DIGOS. Cuando se cerró el balcón del Papa, les recomendaron que “la próxima vez” pidieran permiso previo y que les sería concedido, recomendación que tomaron muy en serio. Mañana, en adhesión a la marcha sobre la plaza de Mayo, el grupo de argentinos se congregará frente a la embajada argentina, a la vista de la basílica de Santa Maria Maggiore, que habitualmente usa el Papa.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/36573-por-un-millon-de-votos

INFORMACIÓN RELACIONADA:
http://www.ambito.com/882233-imputan-a-los-jueces-de-la-corte-suprema-que-votaron-a-favor-del-2x1

Todo el mundo contra el 2x1, por Irina Hauser (para "Página 12" del 09-05-17)

Arriba: Los jueces PROcesistas de la Corte Suprema...
Al repudio generalizado –y al desconcierto de sus propios impulsores en el Gobierno, la Iglesia y la Corte–, se sumó la condena internacional al fallo del 2x1. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó que el Estado argentino cumpla con los compromisos asumidos
El comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que el Estado argentino y la Corte Suprema deben cumplir la normativa internacional

Un rechazo generalizado que ya cruzó las fronteras
El comisionado Incalcaterra se pronunció contra el 2x1 para los genocidas. También llegaron reclamos judiciales a la CIDH.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, contra la aplicación del 2x1.
(Imagen: acnudh.org)

Por Irina Hauser

El repudio al fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del “2 x 1” a un acusado de crímenes de la última dictadura brotó de las víctimas, de los familiares, de la dirigencia política casi en pleno, de los sindicatos, de fiscalías y tribunales que ya rechazaron pedidos de represores, de sectores múltiples de la sociedad y tuvo su máxima expresión ayer en un comunicado que emitió la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el que advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”. Fueron palabras del titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, que advirtió de manera directa: “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.


El Acnudh es el organismo de Naciones Unidas que coordina todos los mecanismos destinados a supervisar la situación de derechos humanos en la región. El pronunciamiento que difundió es inusual y fue publicado en su página oficial. Es una advertencia lisa y llana al máximo tribunal argentino, que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de derechos humanos en un fallo de este mismo año (Fontevecchia) donde dijo que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. El texto difundido ayer por el Alto Comisionado advierte: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”. Además, le señala específicamente a la Corte Suprema que debe “considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”. 


El mensaje es que los acusados de crímenes de lesa humanidad, deben cumplir su condena, y ésta debe ser acorde a la gravedad de los delitos que se les endilgan. Léase, que si se atenúan las penas con fallos como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta, cuando  los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país suscribe.

La decisión de la Corte benefició al represor Luis Muiña, un civil que había sido condenado a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas en el Hospital Posadas, y que ya estaba bajo libertad condicional. Aplicó la ley del “2 x 1” a pesar de que su sanción fue posterior a los hechos y su derogación anterior a la detención y juzgamiento de Muiña.

La palabra de Incalcaterra, fue celebrada por los organismos de derechos humanos y multiplicó las perspectivas de que al menos no exista una aplicación automática del fallo de los supremos. También fue interpretada como una advertencia regional, donde Argentina ha sido un modelo en la evolución del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, igual que en el resto del mundo. Acnudh apunta a evitar retrocesos. Incalcaterra es un funcionario de perfil más bien diplomático: sus expresiones muestran una preocupación por el impacto del fallo de la Corte en otros países y se potencian con la reacción que hubo a nivel local de toda la dirigencia política, desde el propio oficialismo -que anunció un proyecto para que el 2 x1 no alcance a los genocidas– hasta Sergio Massa que dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También Victoria Donda anunció una propuesta propia y el Frente para la Victoria - PJ elaboraba otra. Lo cierto es que el Congreso ha quedado en situación de tener que debatir el tema, que podrían entrar hoy en una sesión especial en Diputados (ver página 7). 

A la CIDH recurrió ayer mismo una de las víctimas del Posadas, Gladys Cuervo, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Brozzi. Pidió que la Comisión dicte una medida cautelar para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley 24.390 en juicios de lesa humanidad, mientras dirime la cuestión de fondo. Esa es la ley que permite computar dobles los días de detención a partir del segundo año de prisión preventiva sin sentencia. Además pide al organismo que incluya el tema en su agenda cuando venga a sesionar al país el 22 de este mes.
La presentación señala que la ley del “2 x1” por uno no estuvo pensada para delitos de lesa humanidad, ya que cuando fue aprobada las leyes de impunidad hacían imposible que los tribunales siquiera tuvieran la práctica de su juzgamiento. La aplicación de la norma ahora “se asimila a una reducción en la pena, con lo que el Estado se está sustrayendo de hacer efectivas reglas internacionales que obligan a fijar penas adecuadas por estos delitos”, advierte el escrito enviado por Cuervo. Cita el antecedente de una sentencia de la Corte Interamericana (“Masacre de la Rochela vs. Colombia”) “donde se  trató un supuesto de aplicación de ley penal más benigna y reafirmó la necesidad de que la aplicación del marco legal respetase ‘la existencia de un principio de proporcionalidad que no beneficie sólo al imputado, sino que constituya un derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos’, bajo parámetros que  ratifiquen a su vez el principio de la responsabilidad principal y directa del Estado en la reparación de las víctimas y que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia…”. Advierte que en el fallo de la Corte podría haber responsabilidad internacional del Estado argentino porque “desnaturaliza la pena” y “porque opera como un supuesto de impunidad material de efectos irremediables” para sociedad y las víctimas. Resalta el hecho de que lleva las firmas de solo tres de los cinco jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco). Otras víctimas del Posadas analizan presentarse ante la CIDH, e incluso directamente ante la Corte Interamericana. El abogado Marcelo Parrilli denunció a los tres supremos firmantes por prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y la causa le tocó a Daniel Rafecas.

Entretanto, también ante la Comisión llevó otro pedido de medida cautelar el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que no se aplique la ley en cuestión y solicitó que se convoque a una audiencia  conciliatoria al Estado “a los efectos de arribar a una solución amistosa”. Gil Domínguez dijo que con su presentación apunta, entre otras cosas, a dar un soporte a los fiscales y jueces que discrepen con el criterio supremo. A su entender el criterio de la Corte viola disposiciones  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Alto Comisionado fue insistente en algunos conceptos, como que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995, con jerarquía constitucional) más el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que estos delitos son imprescriptibles e instalan un esquema para juzgarlos y reparar a las víctimas. Recordó que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ya han sido objeto de recomendaciones al Estado Argentino por parte de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. 

Lo que sucede es que en la última década, incluso un poco más, todas las decisiones de la Corte Suprema se encaminaron en sentido a acatar esos señalamientos y sustentar desde los tribunales el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el que tanto batallaron los organismos de derechos humanos. Mauricio Macri lo llamó “el curro de los derechos humanos” en su campaña electoral, intentó vaciar de sentido el feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia) e instaló un discurso destinado a poner en duda el número de desaparecidos. El fallo de la Corte se posó sobre todo eso. Ni ella ni el Gobierno esperaban un repudio generalizado tan contundente.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/36580-un-rechazo-generalizado-que-ya-cruzo-las-fronteras


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Decisión del Tribunal Oral de San Juan. Un fallo en contra

Martín Insaurralde desenmascaró a Marcos Peña por el 2X1, por "info135" del 07-05-17

7 mayo, 2017

El jefe de Gabinete había publicado en las redes sociales un mensaje donde criticaba el fallo de la Corte Suprema que beneficia a los genocidas con el 2×1. En ese marco, el intendente de Lomas de Zamora le contestó a Marcos Peña, desenmascarando la maniobra del funcionario por intentar despegarse de la medida.

El jefe de los ministros había expresado que “el 2×1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina” y rechazado que “se aplique a los crímenes de lesa humanidad y esperamos que el fallo sea lo más restrictivo posible”.

Martín Insaurralde salió rápidamente a contestarle al funcionario con un mensaje en Twitter: “Le llegó el focus group a Marcos Peña“, afirmó dando a entender que la publicación de Peña responde a una cuestión de imagen. Y agregó que “El 2X1 para crímenes de lesa humanidad es un retroceso histórico tremendo. Ese cambio es volver al pasado”.

Luego del fallo, el primero en darle el visto bueno fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien había afirmado: “Comparto el fallo de la Corte sobre el 2×1 para los delitos de lesa humanidad” y que “hay que ser respetuosos del fallo”.

Publicado en:
http://info135.com.ar/2017/05/07/martin-insaurralde-desenmascaro-a-marcos-pena-por-el-2x1/

Una amenaza a conquistas históricas, por Baltasar Garzón (para "Página 12" del 07-05-17)

Exclusivo: El ex juez Baltasar Garzón analiza el fallo de la Corte del 2x1
El prestigioso jurista, que tanto hizo para acabar con la impunidad en Argentina, alerta que el fallo es un “ataque” contra conquistas históricas de la Justicia. La mezcla de jurisprudencias, el error de ignorar el contexto internacional, el deliberado recorte del proceso histórico.
Por Baltasar Garzón

El polémico fallo del 2x1, emitido en ajustada mayoría el tres de mayo por la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco contra Lorenzetti y Maqueda) en relación al cómputo de la pena del represor de la dictadura, Luis Muíña, supone una amenaza a las históricas conquistas que en materia de derechos humanos ha alcanzado Argentina en las últimas décadas.

Las consecuencias de esta sentencia son alarmantes. Aproximadamente unos 300 represores, es decir, prácticamente la mitad de los condenados de la dictadura, podrían ser beneficiados con esta desacertada interpretación jurisprudencial. Nombres vinculados a los más aberrantes crímenes que ha conocido la sociedad argentina, como Astiz, Radice o Cavallo podrían acogerse a los efectos extensivos de este fallo y quedar libres.

El argumento jurisprudencial expuesto por la Corte Suprema entiende aplicable al represor Luis Muíña, condenado en 2011 a trece años de cárcel, la Ley 24.390 (conocida comúnmente como ley del 2x1), vigente entre los años 1994 y 2001. En dicha ley se estipulaba, en su artículo 7, que “transcurrido el plazo de dos años […] se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”.

Según la Corte Suprema, la Ley 24.390 debe ser aplicada al caso ya que de lo contrario se vulneraría el principio de legalidad, al quedar afectada la regla de la ley penal más benigna. Además, la Corte Suprema entiende que la Ley 24.390 no hace excepción alguna, por lo que puede ser aplicada también a los crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, el controvertido fallo de la Corte Suprema no tiene en cuenta relevantes aspectos jurídicos que cuestionan severamente sus argumentos.

En primer lugar, es necesario recordar que el poder judicial argentino, al disponer de crímenes internacionales como la lesa humanidad, no puede resolver de manera atomizada, en un estanco aislado, atendiendo exclusivamente a criterios de su ordenamiento interno. Al conocer de este tipo de crímenes los órganos judiciales deben respetar el derecho internacional de los derechos humanos, configurado por normas imperativas de obligado cumplimiento para toda la comunidad internacional en su conjunto.

En este sentido, los instrumentos internacionales ratificados por Argentina, así como la normas de ius cogens en materia de lucha contra la impunidad, obligan a los Estados a “sancionar adecuadamente” y con arreglo a los “estándares internacionales” a los responsables de crímenes internacionales. Es por ello que las amnistías, indultos, reglas de prescripción, la cosa juzgada fraudulenta o las penas irrisorias han sido anuladas en múltiples ocasiones por instancias internacionales, al considerar que los Estados vulneraban normas internacionales imperativas, de superioridad jerárquica, que les obligaban a establecer una sanción acorde con lo esperado por la comunidad internacional. Por ello, el enjuiciamiento y condena de estos crímenes por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales debe hacerse siempre respetando las exigencias recogidas en los estándares internacionales.

De esta forma, la ejecución de la pena en sede nacional está revestida de características imperativas que vienen desde el derecho internacional y de las cuales no pueden disponer las legislaciones nacionales. Aplicar este tipo de beneficios lleva peligrosamente al Estado argentino al terreno de las amnistías parciales, los indultos encubiertos o cuando menos las penas no acordes a estándares internacionales, por lo que obvia todo el acervo internacional construido en la última mitad del siglo pasado que obliga a los poderes argentinos a responder con condenas adecuadas al daño causado.

La controvertida decisión librada por la Corte Suprema no muere en el sistema judicial argentino, aunque haya sido dictada por la cúspide de su poder judicial. Al tratarse de conceptos jurídicos internacionales, como es la lesa humanidad, será con total seguridad revisada en instancias internacionales que podrían determinar que Argentina ha vulnerado principios imperativos.

Y es que este fallo afecta de lleno a la política penal de persecución de crímenes internacionales. La sentencia desplegará efectos casi exclusivamente en lo referente a criminales de la dictadura, ya que pocos condenados por delitos comunes están en las cárceles por hechos ocurridos antes de 2001, momento de la derogación de la ley. Por lo tanto, no es consecuente desempolvar esta ley derogada y afirmar que lo que se pretende es aplicar un mismo beneficio para todos, cuando se sabe, y esa es una de las perversiones del fallo, que los únicos beneficiarios serán los represores de la dictadura.

En segundo lugar, es necesario recordar que la Ley 24.390 del 2x1 tenía como ámbito de aplicación las personas que se encontraran privadas de libertad en el momento en que se aprobó, siendo aplicable sólo durante el tiempo que estuvo en vigor. Sin embargo, en el caso resuelto por la Corte Suprema el encarcelamiento de Luis Muiña fue posterior, una vez ya había sido  derogada la ley.

Por lo tanto, la Ley 24.390 no puede afectar a personas que fueron privadas de libertad por condenas posteriores, cuando ya no estaba en vigor. Se trata de una norma procesal destinada a regular la prisión preventiva, limitándola a las causas que estaban en curso en aquel momento, en un contexto en el que la prisión preventiva se había convertido en un problema en las cárceles argentinas. Una vez que el legislador entendió que el problema de la lentitud de los procesos judiciales y la prisión preventiva excesiva se había superado, se derogó la norma aprobándose la Ley 25.430 en 2001.

Junto a los dos argumentos anteriores, es inevitable hacer referencia a la inasumible interpretación de la ley penal más benigna que hace la mayoría de la Corte. El principio jurídico penal de la aplicación de las normas sancionadoras más favorables al reo está recogido en los ordenamientos de la práctica totalidad de los Estados democráticos. Eso no se discute. Sin embargo, es necesario recordar que este principio no opera en todo tipo de normas, sino exclusivamente en el ámbito de las leyes penales.

De hecho, el Código Penal argentino recoge este principio en su Título I, denominado “Aplicación de la Ley Penal”, por lo que es evidente que rige exclusivamente en los casos de normativa penal. No obstante, la Ley 24.390 lleva la rúbrica de “Plazos de prisión preventiva”. Por lo tanto, es evidente que no estamos ante una norma penal sustantiva, donde se configura un tipo penal mediante un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica aparejada. Es decir, no son normas materiales, ya que no establecen penas en abstracto para supuestos de hecho genéricos. La Ley 24.390 es una mera norma procesal aplicable en un ámbito temporal determinado, el de su concreta vigencia, y cuya teleología era simplemente regular las dilatadas prisiones preventivas que existían en aquel momento.

Por lo tanto, una norma que no tiene contenido penal sustantivo, y que surgió con la única finalidad de acelerar los procesos penales, en momentos en que pesaban críticas a la situación de las cárceles argentinas, no puede ser considerada una norma penal informada por el principio de aplicación de ley penal más favorable.

Unido a lo anterior es necesario recordar que los delitos de desaparición forzada de personas son delitos continuados, permanentes en el tiempo, por lo que no cesan en su comisión hasta dar con el paradero de la víctima. En este caso, Luis Muíñas fue condenado por participar en el secuestro de 22 personas en el Hospital Posadas, seis de las cuales siguen desaparecidas al día de hoy. Por lo tanto, durante el tiempo de comisión del delito rigieron dos leyes distintas, la Ley 24.390 (del 2x1) y la Ley 25.430 (que derogó la anterior en 2001) debiendo aplicarse la última de ellas, correspondiente al momento en que se termina el ciclo delictivo continuado.

En este concreto punto es llamativo el cambio de postura de la juez Highton de Nolasco ya que en decisiones anteriores, en relación al secuestro de menores, había argumentado el carácter de delito continuado hasta recuperarse su identidad, curiosamente a los efectos de determinar la ley penal más benigna. Sin embargo, en esta sentencia, dictada en un clima político distinto, el criterio ha mutado radicalmente, en lo que podría calificarse de un grosero uso alternativo del derecho en prejuicio de las víctimas.

Pero por si los anteriores argumentos no hubieran tenido peso suficiente, es necesario recordar un trascendental elemento que no puede ser obviado a la hora de aproximarnos a esta desafortunada sentencia. Durante los años que estuvo en vigor la polémica Ley 24.390, entre 1994 y 2001, existía un esquema de impunidad que impedía el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad. En Argentina durante los años 1987 a 2005 rigieron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que los órganos judiciales no podían perseguir esos crímenes. Desde el ámbito de la cooperación jurídica internacional, así mismo Argentina, a través de dos decretos presidenciales de Menen y De la Rúa, impidió cualquier cooperación con países como España, que en ese momento actuaban al amparo de la Jurisdicción Universal contra los responsables del Terrorismo de Estado. Y en aquel momento no existía una Corte Penal Internacional que pudiera conocer de esos hechos. Por lo tanto, esos crímenes de lesa humanidad gozaban de absoluta impunidad en los años en que estuvo vigente la Ley 24.390.

De esta forma, es un absurdo jurídico aplicar una ley de beneficio penal a un responsable de crímenes de lesa humanidad por un período en el que esos delitos no podían ser perseguidos. La lógica es aplastante a la vez que simple: como el mecanismo punitivo no podía ejercerse, el mecanismo de beneficio no podía desplegarse.

Por lo tanto, aplicar la Ley 24.390 como ha dispuesto la Corte Suprema supone afirmar que los años de prisión preventiva le serán beneficiados en una regla de 2x1 vigente en un momento donde Luis Muiña jamás podría haber sido sometido a esa prisión preventiva. Evidentemente carece de toda lógica jurídica.

Así mismo, esta decisión abre el camino apenas subrepticiamente a la posibilidad de adoptar una interpretación similar respecto a las leyes de impunidad que, obviamente, son “más benignas para los responsables” que las actuales.

Como vemos la sentencia es cuestionable en múltiples aspectos jurídicos, pero lo que es incuestionable es que se constituye en una peligrosa amenaza a conquistas históricas de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad argentina en su conjunto. La pregunta que surge entonces es evidente a la vez que perturbadora: ¿qué ha guiado a estos ministros de la Corte a realizar este uso torcido del derecho? La respuesta la deben dar no solo los juristas en las publicaciones especializadas, sino quienes han cometido este atropello y hacerlo a través del proceso correspondiente frente al pueblo al que estan sustrayendo sus derechos y su seguridad.

Madrid, 6 de mayo de 2017.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/36231-una-amenaza-a-conquistas-historicas

Gioja: “El 2 por 1 fue una devolución de favores”, por "info135" del 06-05-17

6 mayo, 2017

El titular del PJ y diputado nacional José Luis Gioja aseguró que el fallo del 2 por 1 fue “una devolución de favores” y que es “un golpe a la memoria, la verdad y y la justicia”.

En diálogo con FM La Patriada, Gioja dijo que el 2 por 1 a genocidas “fue un fallo político y una devolución de favores”. Y sostuvo que “es muy curioso que la jueza Elena Highton de Nolasco haya cambiado de opinión: claramente está viciado el fallo”.

En ese sentido, el ex gobernador de San Juan reflexionó: “El fallo de la Corte es un golpe a la Memoria, Verdad y Justicia. No es el camino indicado”. Además, cuestionó: “Vayan a preguntar si hay un nazi condenado por delitos de lesa humanidad suelto”.

En otro orden, el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional habló de la candidatura de Cristina Kirchner a las próximas elecciones legislativas: “La decisión será de Cristina, desde el peronismo tenemos que hacer todos los esfuerzos para conseguir un gran frente opositor”. Y agregó: “Si no hay acuerdo habrá PASO en el FPV, Cambiemos ganó haciendo primarias”.

Por último, se refirió a la situación que atraviesa el país: “La situación socioeconómica es más que preocupante. Este gobierno beneficia solamente a los sectores concentrados”.

Publicado en:
http://info135.com.ar/2017/05/06/gioja-el-2-por-1-fue-una-devolucion-de-favores/

IMPUNIDAD, por Luis Bruschtein (para "Página 12" del 06-05-17)

Arriba: Si hay una "Campaña del Miedo", hágame el favor de asustarse. Como dijo la política más sincera de Cambiemos, María Eugenia Vidal, "Cambiamos Futuro por Pasado"

(Imagen: DyN)

Por Luis Bruschtein

El fallo de la Corte impresiona como un millonario que asegura la lealtad de sus guardaespaldas. Cero institucionalidad, cero ciudadanía, cero democracia. Es impopular. El rédito ciudadano es negativo. Una encuesta telefónica rápida mostró que el 85 por ciento de los encuestados rechazaba la aplicación de la ley del dos por uno a delitos de lesa humanidad. Se aplica una ley que no estaba vigente desde dos años antes de que se empezara a juzgar a los beneficiados. El argumento es tan rebuscado que deja expuesta la voluntad política que lo motorizó. Para que la jerarquía más alta de la Justicia produjera un fallo de este tipo, un fallo que la marcará como la Corte que reabrió el camino a la impunidad, tuvo que ser empujada por una voluntad política en la que esa impunidad figura entre sus prioridades y con mucha fuerza. Una voluntad que incluso está dispuesta a aguantar el malestar que genera entre un sector de sus propias filas y que le aleja simpatías. Esa voluntad copó sectores de la Justicia, impuso jueces propios en la Corte y orilló al máximo tribunal a jugar su proyección histórica con un fallo enrevesado que vulnera tratados internacionales. La impunidad tiene una dimensión simbólica y otra más concreta y el ciudadano común no alcanza a medir la importancia que siempre le asignaron la derecha y el poder económico, el establishment o las corporaciones.

La historia reciente de la impunidad demuestra esa importancia que le asignan. Raúl Alfonsín fue obligado a legislar el Punto Final y la Obediencia Debida. Carlos Menem otorgó los indultos porque entrevió la importancia que ellos tenían para sus nuevos aliados del neoliberalismo, todos ellos viejos socios de las dictaduras. La Alianza, que en un primer momento contó con la simpatía de un sector del movimiento de derechos humanos, ni siquiera lo intentó. Cuando ganó Néstor Kirchner, todo hacía pensar que se mantendría igual. El 5 de mayo de 2003, pocos días antes de asumir la presidencia,  Kirchner recibió la visita del entonces subdirector del diario La Nación José Claudio Escribano, que le presentó cinco puntos que debía respetar el nuevo presidente si quería durar más de un año. El primero se refería a la alineación incondicional con Washington. El segundo era terminar con la investigación y los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La idea de impunidad se relaciona con la de justicia y con los principios para la construcción de sociedades democráticas. Pero también se relaciona con la discusión del poder. La derecha siempre tuvo claro que el debate sobre los derechos humanos era también un debate sobre los resortes de poder en la Argentina. En cambio, el movimiento de derechos humanos no habló nunca de poder, siempre habló de justicia y de principios. Desde ese lugar resulta difícil entender la importancia que la derecha le otorgaba a la impunidad.

Kirchner juntó las dos cosas: usó el poder que obtuvo en las elecciones para atacar a la impunidad, lo contrario que le exigía la derecha y el poder económico. Hizo votar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y comenzaron los juicios junto con la furiosa hostilidad de la derecha. El corazón del odio anti k inicial se enquistó alrededor de esa problemática y funcionó como vector de contagio.


Aun así, para restarle méritos al gobierno kirchnerista, un sector de la izquierda, inclusive una minoría del activismo de los derechos humanos, se llevó por delante la realidad y acuñó en esa época la frase “los derechos humanos del pasado” ya no eran importantes, que la derecha los había concedido. Muchos periodistas que habían buscado cercanía con el movimiento de derechos humanos para ganar cierto prestigio, tomaron rápidamente este argumento para pasarse de bando. Pero también hubo un debate en los organismos de derechos humanos. Resultaba paradójico que esa discusión se planteara cuando la derecha lo incluía entre sus prioridades con mucha claridad y confrontaba duramente con el kirchnerismo por ese tema. Con la anulación de las leyes de impunidad, el kirchnerismo se ganó el primer odio furibundo, una ola que no cesó en doce años y que aún hoy se expresa en medios y dirigentes del oficialismo.
Al usar el poder político para desterrar la impunidad y convocar a los organismos de derechos humanos a esa tarea, Kirchner introdujo en el movimiento de derechos humanos una discusión que estaba ausente en ellos y que era necesaria. La lucha de los organismos de derechos humanos fue la base, el cimiento, la materia prima de ética y  dignidad que expandió esos valores hacia el resto de la sociedad. Pero la lucha contra la impunidad es una lucha de poder, contra una forma de poder. Nunca se hubiera podido alcanzar la anulación de las leyes de impunidad si no hubiera existido el poder para hacerlo y la voluntad política para decidirlo aún a costa de todas las amenazas que había advertido Escribano: el gobierno que se meta con la impunidad no aguantará más de un año. Si se lo hicieron a Kirchner, es evidente que esa presión se aplicó a cada gobierno que asumió en estos treinta y pico de años de transición democrática. Y es evidente que casi todos ellos se sometieron a ella o fueron doblegados, menos los gobiernos kirchneristas. La discusión sobre el poder hizo que se criticara al kirchnerismo por una supuesta cooptación del movimiento de derechos humanos. Sin embargo, varios de los que hicieron esa acusación, votaron o se expresaron después en las cercanías de la alianza Cambiemos a través del radicalismo o de la agrupación de Elisa Carrió o de Luis Juez. Los que promovieron esa crítica contra un gobierno que atacó la impunidad terminaron respaldando o –por omisión en el caso de los que decían que eran iguales– facilitando la llegada de un gobierno que empezó a reinstalar la impunidad.

La relación de los organismos de derechos humanos con el poder es más compleja que el maniqueísmo interesado que se plantea tanto desde algunos sectores de izquierda como de la derecha. Hay una relación que no se puede negar. Y hay una disputa de poder, una disputa política que alguien tiene que dar para defender esos reclamos y en esa trama se insertan los organismos de derechos humanos generando a su vez distancias y estableciendo especificidades porque ellos no son ni tienen que convertirse en partidos políticos. Pero si se actúa desconociendo esa trama, se consigue ubicarlos en el lugar testimonial decorativo que la derecha y el poder económico le quieren asignar siempre a la izquierda.

El fallo de la Corte tiene un mensaje y un destinatario. No es tan difícil adivinarlos. Puede decirse que el destinatario general como mensaje aleccionador es la sociedad en su conjunto: “el poder puede matar y asesinar porque nadie se lo va a impedir ni castigar”. Pero el destinatario más específico son las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Y el mensaje para ellos es claro: “ustedes quedarán en libertad porque obedecieron órdenes del poder, no importa si mataron, secuestraron o violaron porque esa es la función de ustedes”.

Un millonario necesita guardaespaldas. Y los millonarios que llegan al gobierno visualizan esa función para las Fuerzas Armadas y de seguridad, son sus guardaespaldas. Y así como los guardaespaldas los protegen a ellos, ellos tienen a su vez que protegerlos y garantizar que nada de lo que hagan para defenderlos será castigado. Es un pacto mafioso. Lo institucional desaparece en el ejercicio de un poder autoritario de derecha. La lucha por los derechos humanos contra la impunidad es una lucha contra una forma de poder justamente porque busca destruir ese pacto de  “millonario y  guardaespaldas”,  que es una forma de poder,  y convertirlo, institucionalizarlo, a través de la justicia y de otras formas de control, en la relación entre un gobierno y las fuerzas armadas y de seguridad.

El fallo de la Corte va en contra de estas metas ciudadanas  y democráticas y tiende a convertir a estos organismos del Estado en mafias impunes con la libertad de cometer cualquier desmán. En el marco de una política económica que aumenta drásticamente el desempleo y la pobreza, con sus consecuencias de marginación y desesperación, el mensaje de la Corte con este fallo es atemorizante porque muestra a un gobierno que desarma los controles, en este caso de la Justicia, y se prepara para la represión del descontento, asegurándoles a las fuerzas represivas que serán impunes.

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