Peña Nieto no pudo celebrar sus dos años en el poder porque la crisis le estalló en las manos. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa desnudó una descomposición política a todo nivel.
"Un antes y un después." Así, de manera sintética, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto definió lo que significa para su país la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Efectivamente, el caso puso sobre la mesa la profunda crisis política y social que vive la nación desde hace años. Una crisis que se mantenía oculta por las expectativas que generó la asunción de Peña Nieto y por la firma del Pacto por México, acordado entre los principales partidos y que prometía cambiar la vida cotidiana de los ciudadanos.
Fue el propio presidente quien esta semana, en el momento de hacer un balance de sus dos años en el poder, se declaró "insatisfecho por lo alcanzado". Es lógico: en lo que va de mandato, tiene en sus espaldas una escalofriante cifra de 8334 desaparecidos, según información del Registro Nacional de Personas Extraviadas. La ONU, en tal sentido, sostuvo que la desaparición de los 43 estudiantes fue entera responsabilidad del Estado.
Las críticas contra el gobierno del PRI de organismos internacionales se sumaron a las de reconocidos líderes políticos e intelectuales que retomaron el viejo debate sobre el "Estado fallido". Es decir, aquel concepto que se usa habitualmente para hablar de naciones en las que los poderes públicos no pueden ocuparse de sus funciones básicas, como garantizar la seguridad.
El primero en lanzar la piedra fue el presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien aseguró que México es "una especie de Estado fallido, los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos". Aunque poco después tuvo que disculparse para no generar un conflicto diplomático, otras voces se hicieron eco de sus palabras.
El reconocido escritor Juan Villoro dijo que México "es un Estado fallido por donde se lo vea, porque lo que se ha perdido es la soberanía". Su colega Elena Poniatowska opinó que "vivimos en un Estado fallido y todos los días amanecemos con una nueva vergüenza".
El concepto de "Estado fallido" es polémico. Diversos intelectuales advierten que muchas veces es usado por el imperialismo estadounidense para justificar su intromisión en países con problemas de violencia endémica o instituciones frágiles. Sin ir más lejos, el concepto fue utilizado en 1995 por la CIA, en el informe "State Failure Task Force Report", donde se identificaba a aquellas naciones que podrían considerarse "fallidas" y, por ende, una amenaza para la seguridad internacional.
Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos estableció una estrategia para la "cooperación" en esos países, que no estarían en condiciones de gobernarse por sí solos. Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con Siria, considerado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como un "Estado fallido". Una buena excusa para el presidente estadounidense Barack Obama, quien insiste con invadirlo hace dos años.
Sin embargo, está claro que México es un Estado en el que los poderes públicos son frágiles. No hace falta recurrir a una voz opositora para confirmarlo: el propio Peña Nieto dijo esta semana que en "la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar". Y enumeró una larga lista de problemas: grupos narco que controlan el territorio de varios municipios; autoridades municipales que son parte de la propia estructura de la organización delictiva; y policías municipales que, en realidad, son criminales a las órdenes de los narcotraficantes.
La cruda radiografía de Peña Nieto llevó a una conclusión: "Tenemos que cumplir la función esencial de un Estado: lograr la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del Estado de Derecho." Por eso, el presidente envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional para "mejorar la seguridad y la justicia".
Su objetivo es crear 32 Policías Estatales Únicas (una por Departamento), que remplazarán a los 1800 cuerpos municipales, que en los últimos seis años recibieron U$S 2100 millones para hacer frente a la inseguridad, aunque son los que mayores vínculos poseen con el crimen organizado. También impulsará una Clave Única de Identidad (una suerte de DNI), ya que México, en pleno siglo XXI, "carece de un registro confiable de su población", dijo Peña Nieto.
En su discurso, señaló que la desigualdad social es otra de las cuestiones que debe ser atendida para frenar la violencia. Los números son preocupantes: según los últimos datos de la Cepal, se trata de la única nación de América Latina en la que durante el último año aumentó la pobreza y la indigencia, que afectan al 51% de la población.
A esas precarias condiciones estructurales se suma la crisis política abierta por la inestabilidad del Pacto por México, el acuerdo para garantizar estabilidad firmado el 2 de diciembre de 2012 por las tres principales fuerzas políticas: el PRI, el PAN y el PRD. El pacto empezó a resquebrajarse pronto. A casi un año de su firma, el PRD anunció su retiro por la decisión de Peña Nieto de abrir la petrolera nacional, Pemex, al capital privado. Por estos días, el líder del PAN, Juan Molinar Horcasitas, hizo un balance por los dos años del acuerdo y sentenció: "La verdad es que tenemos una economía estancada y la más profunda crisis de seguridad." Toda una síntesis del momento que vive México hoy.
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http://www.infonews.com/2014/12/06/mundo-175823-mexico-en-crisis-terminal.php
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