La oposición pidió sesionar el miércoles para revertir el veto a las universidades, por María Cafferata (para "Página 12" del 04-10-24)

Indefinición en el PRO y nervios en la Casa Rosada

La UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal buscan frenar la decisión de Javier Milei de bloquear la Ley de Financiamiento Universitario.

Por María Cafferata

4 de octubre de 2024

Apenas unas horas después de que Javier Milei publicó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la oposición le respondió con tres pedidos de sesión para rechazarlo. Uno de la UCR -sin las firmas de los cinco radicales M-, otro de Encuentro Federal y el tercero de Unión por la Patria. Si bien no está la convocatoria oficial, la fecha de la sesión será el miércoles a las 11 de la mañana y, hasta entonces, ni el gobierno libertario ni la oposición dormirán mucho. El desafío de Milei es retener los 87 "héroes" que lo ayudaron a evitar el aumento a las jubilaciones, pero sin el respaldo del PRO, su más importante aliado, no tiene muchas posibilidades. Mientras Mauricio Macri impulsa su paritaria, la oposición apunta los cañones hacia otro lado: el universo de indecisos que responden a los gobernadores y que se muestran incómodos con blindar un veto que desfinancia las universidades en las que muchos de ellos dan clases. 

Pese a los intentos de minimizar la marcha, en la Casa Rosada están nerviosos. El PRO no termina de confirmar su apoyo y, para colmo, las señales que envía Mauricio Macri -como la reunión que tuvo con los senadores nacionales- no hacen sino sumar confusión y ambigüedad. Sin el macrismo, los votos para blindar el veto no están: el oficialismo necesita 86 voluntades si desea bloquear cualquier intento de la oposición de sumar los dos tercios y, si el PRO llega a dar libertad de acción, las posibilidades de hacerse con el número son prácticamente nulas. La Libertad Avanza solo cuenta con una cuarentena de diputados propios a los que podrían sumarse alrededor de veinte satélites oficialistas, bullrichistas y de fuerzas provinciales. 

"Lo que vaya a pasar no lo sabemos y cada diputado es dueño de su opinión cuando le toque votar", admitió el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa. El Gobierno tiene interlocutores con Macri, pero, hasta ahora, la respuesta no ha sido la esperada. "Lo va a volver loco a Milei y se lo va a hacer pagar caro", ironizaba un dirigente alejado del macrismo, pero que conoce al expresidente hace años. En Casa Rosada mantienen cautela, pero ya comenzaron a advertir que, de perder la votación en el recinto, podrían llegar a "judicializar" la ley. 

Mientras que el Gobierno negocia con Macri, la oposición salió a gatillarle con tres pedidos de sesión para rechazar el veto en la Cámara de Diputados. El primero fue presentando por el radicalismo y lleva las firmas del jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, y de representantes de todas las líneas internas de la UCR. Todas excepto una: el quinteto radical libertario que fue a Casa de Gobierno a sacarse una selfie con Milei y, horas después, cambió su  voto para blindar el veto al aumento de las jubilaciones.

Hasta hace una semana, Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Pablo Cervi y Federico Tournier aseguraban que trabajarían codo a codo con el Gobierno. Algunos tienen un vínculo aceitado con los funcionarios nacionales -y fantasean, incluso, con convertirse en uno de ellos- lo sostienen. Este es el caso, por ejemplo, del tucumano Campero, que ya se había rehusado a acompañar la ley cuando se aprobó en agosto. Tanto Campero como Picat se ausentaron en esa votación. Arjol y Cervi están más incómodos con la decisión y mantienen el suspenso: ambos son intensamente presionados por el resto del partido, que publicó ayer un comunicado instando a todos los diputados y senadores radicales a insistir en la ley.

Dirigentes como Danya Tavela o Martín Lousteau están a la cabeza de las negociaciones, trabajan no solo para que todo el bloque acompañe, sino también para acercar a dirigentes de otros espacios, como el PRO. Algunos diputados amarillos, como Álvaro González (la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta) y Héctor Baldassi, ya anticiparon que acompañarán la ley a pesar de no haberlo hecho cuando se aprobó. El radicalismo y el pichettismo de Encuentro Federal, mientras tanto, fantasean con poder sumar a algunos más, como la chubutense Ana Clara Romero y el fueguino Héctor Stefani.

El segundo pedido de sesión -para el mismo día y horario- fue presentado por Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto. La convocatoria lleva la firma de casi todo el bloque: desde exmacristas como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, hasta socialistas como Esteban Paulón, la lilita Paula Oliveto y el cordobés Ignacio García Aresca, que responde a Martín Llaryora. Este bloque funcionó, hasta hace unos meses, como uno de los aliados más importantes del Gobierno en el Congreso, pero, últimamente, se convirtió en uno de los opositores más activos junto al peronismo. Hubo dos diputados del bloque que no firmaron la convocatoria: Jorge Ávila y Francisco Morchio. Los dirigentes responden a los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente, y su postura dependerá de la actitud que tomen los mandatarios de esas provincias.

Los armadores de EF, mientras tanto, mantienen conversaciones con las fuerzas provinciales aglutinadas en Innovación Federal para que acompañen la ley. Los ocho diputados y diputadas misioneros, salteños y rionegrinos de Innovación son una pieza clave en el tablero del recinto y los dirigentes pichettistas, como Carreño o Monzó, intentan convencerlos de que no vuelvan a plegarse al gobierno (como hicieron con el veto a las jubilaciones). Los legisladores están incómodos -muchos, como la salteña Pamela Calletti, son docentes- y admiten, en la intimidad, que quieren insistir con la ley. Pero su decisión final dependerá de lo que lo que los gobernadores acuerden con Milei. "Nosotros respondemos al gobernador y estamos ahí para levantar la mano", admitió un misionero en referencia a Carlos Rovira, mandamás del Frente para la Concordia Misionero. 

El grueso de los votos para resistir al veto vendrán del peronismo, que cuenta con 99 diputados propios. En el bloque, que preside Germán Martínez, aseguran que estarán todos presentes para insistir en la ley (incluso los más díscolos, como los catamarqueños o el entrerriano Gustavo Bordet, el santafesino Roberto Mirabella y el jujeño Guillermo Snopek, con tendencia a ausentarse en algunas votaciones). 

En UxP están entusiasmados. El panorama está difícil y se parte de una base de votos más baja que el aumento a las jubilaciones -la ley de Financiamiento Universitario salió con 144 votos en agosto-, pero consideran que, con un cuidadoso juego de ausencias, podrán alcanzar los dos tercios. "Esto va a ser día a día", pronosticó una diputada peronista.

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Por ahora, la interna del PJ se define con votos, por María Cafferata (para "Página 12" del 05-10-24)

 

El operativo clamor por CFK se mantiene y Quintela no baja su candidatura 

El rol de Gildo Insfrán en la postulación de Cristina para conducir el peronismo. Quintela afirmó que el PJ tiene que debatir "y si tiene que competir se tiene que competir".

Por María Cafferata

5 de octubre de 2024 

Volvió el operativo clamor "Cristina presidenta", ahora en forma de presidencia del PJ. Frente a un peronismo fragmentado y magullado por la guerra fratricida entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner amaga, así, con aceptar un cargo que nunca dijo querer: la conducción oficial del partido. Quienes la conocen aseguran que "está con ganas", pero la confirmación se hace desear, a la espera de que terminen de ordenarse las fichas que faltan. Como la de Ricardo Quintela, el único candidato declarado para presidir el PJ hasta hace unas horas. El riojano fue el único gobernador que opinó, hasta ahora, sobre la candidatura de CFK y, yendo a contramano de lo que se esperaba de él, anunció que no, que de ninguna manera bajaba su candidatura. "El peronismo tiene que debatir, y si tiene que competir tiene que competir", proclamó.

No era la primera vez que la propuesta llegaba a los oídos de la expresidenta, pero esta vez fue distinto. En los últimos meses, mientras Ricardo Quintela recorría el país sumando avales para su candidatura, CFK se dedicó a ensayar propuestas alternativas desde las oficinas del Instituto Patria. Ninguna, sin embargo, alcanzaba mucho vuelo: ni Wado de Pedro, ni Lucía Corpacci, ni Sergio Uñac. No quería a Quintela porque, argumentaba, el presidente del PJ no podía ser un gobernador. "El peronismo tiene que ser el partido de la oposición y ejercer esa oposición todos los días, y los gobernadores necesitan pedir cosas", explicaba un dirigente del círculo íntimo. Mientras tanto, el gobernador formoseño, Gildo Insfrán, le insistía: tenía que ser ella la candidata, la designación de un represente ya no corría más. 

El martes hubo una reunión. Tal como cuenta José Mayans, CFK los invitó a él y a las senadoras Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti al Patria, y Mayans --que, además de titular del interbloque peronista en el Senado, es la mano derecha de Insfrán-- le insistió que tenía que ser la presidenta del PJ. "Miremos si es conveniente. Yo no tengo ningún problema, estoy bien de salud, estoy con ganas de ir a todo el país. Hay mucha gente sufriendo, hay que reparar todo eso", le respondió CFK, según relató Mayans en diálogo con Radio10. Dos días después, comenzó el operativo clamor. De Pedro puso primera, y después salió el resto. 

Cristina presidenta 2.0

"El padre de la criatura es Gildo", insisten en el Instituto Patria, en donde se apuran en aclarar que la idea de presidir el PJ nacional, un cargo que CFK siempre rehuyó, no fue de ella. ¿Qué cambió? La brutal crisis social desatada por la motosierra libertaria, por un lado, y el internismo furioso entre los dos herederos de Cristina, por el otro. "Hoy tenés un peronismo fragmentado que necesita articular una voz opositora. Y la única que contiene es Cristina. Cuando Cristina habla, la escuchan", explica un dirigente cristinista. 

CFK viene acumulando centralidad hace semanas. Su candidatura a la presidencia del PJ no es otra cosa que la culminación de una seguidilla de apariciones, actos, cartas y peleas tuiteras con Javier Milei que se vienen extendiéndose desde hace ya un tiempo. El último movimiento había sido el desembarco en La Matanza junto al cura "Tano" Angelotti: todo un acontecimiento, ya que la expresidenta no salía de recorrida por los barrios populares desde la campaña de 2017. La visita --de la cual no habían participado ni el gobernador Axel Kicillof ni el intendente Fernando Espinoza-- tenía aromas electorales, intensificados por aquellos dirigentes que vienen sugiriendo que CFK debe encabezar la lista de diputados nacionales de PBA el año que viene. 

La melodía "Cristina presidenta" de 2023 había mutado, primero, a "Cristina diputada" y, ahora, a "Cristina presidenta del PJ". Sus impulsores no solo lo atizan porque consideran que es la "líder natural del movimiento", sino porque ordena puertas adentro en un contexto particularmente delicado de la interna peronista bonaerense. Los desafíos que varios dirigentes de La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, le vienen enviando a Kicillof tienen a gran parte de la dirigencia --y la militancia-- irritada y frustrada. El acto en Atenas, la nueva canción de La Cámpora dirigida contra el gobernador, el mensaje de Máximo contra los que se quejaban del "dedo de Cristina": la pelea con Kicillof venía escalando y, si bien el gobernador no respondía, su entorno más cercano pedía sangre.

"El trasvasamiento generacional no parece que estuviera sucediendo. En 2017 fue candidata ella, en 2019 fue candidata ella y ahora es candidata ella. Hay cierta debilidad en que haya tenido que ser ella de nuevo y que no haya podido poner a alguien", mascullaba, hastiado, un importante dirigente bonaerense. 

La resistencia riojana

Pese a la movida de CFK, Ricardo Quintela resiste. Estaba en Neuquén, junto a Victoria Tolosa Paz, Hilda Aguirre y varios de los dirigentes que vienen promocionando su candidatura, cuando se enteró del operativo clamor. "No hay que temer al proceso interno. El que gana conduce, el que pierde acompaña", afirmó, desde el sur, y varios se le sumaron. "Va a estar buena la interna. Es tiempo de oír la voz del pueblo peronista", lo festejó, por ejemplo, Jorge "Negro" Yoma. 

"Ricardo hace medio año que está recorriendo el país, no lo van a bajar con un tuit", masculló un dirigente cercano a riojano que sospecha, como muchos en su entorno, que CFK no quiere realmente candidatearse, sino que solo está haciendo tiempo hasta poder poner un nombre que a ella le guste. ¿El pecado de Quintela según ellos? El visto bueno que le dio Kicillof. "Eso a La Cámpora le irrita, y ella sale a obturar su candidatura porque tiene miedo de perder el control del peronismo. Y ella todo lo que no controla, lo freeza", asegura un histórico referente peronista, que denuncia que el objetivo de la expresidenta es patear las elecciones del PJ --que son el 17 de noviembre-- para marzo.

Para muchos de los que vienen impulsando su candidatura, la impugnación de Quintela por ser gobernador es una injusticia. "Nadie se plantó más que el Gitano con este gobierno. Le sacaron la mitad de los recursos, es al que más cagaron", explican, y adelantan que ya tienen los avales necesarios para oficializar la candidatura y presentarla cuando cierren las listas en dos semanas.

Por fuera del círculo cercano del riojano, sin embargo, nadie cree que la candidatura de Quintela se pueda sostener. La mayoría coincide en que Quintela acordará con CFK y se ordenará una lista de unidad. Pero para que suceda eso tiene que salir, antes, el resto del panperonismo no camporista a pedir por la candidatura de CFK. "¿Dónde están los intendentes? ¿Dónde están los gobernadores? Esto tiene que resolverse en las próximas 48 horas o va a ser un quilombo", deslizaba un dirigente bonaerense, poniendo el dedo en la llaga. 

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El Gobierno tiene su ley y los argentinos tendrán ahora más problemas, por María Cafferata (para "Página 12" del 28-06-24)

Esta madrugada se votó la ley Bases y el Paquete Fiscal en Diputados

La Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el Gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.

Por María Cafferata

28 de junio de 2024 

La tercera es la vencida y tras seis meses de idas y vueltas, de sesiones fallidas y cientos de artículos modificados, de misiles presidenciales contra el "nido de ratas" del Congreso y una oposición dialoguista que le rogaba al gobierno que los ayudara a ayudarlos, la Cámara de Diputados votó la primera ley de Javier Milei y se prepara para sancionar la segunda. Pasada la una de la mañana, la Ley Bases - que incluye una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para eliminar organismos públicos, la privatización de ocho empresas públicas y un régimen de inversiones con beneficios exorbitantes para las empresas multinacionales - fue sancionada, con las modificaciones introducidas por el Senado, con el respaldo del PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y gran parte de las fuerzas provinciales con 147 votos a favor y 107 en contra con 2 abstenciones. 

El paquete fiscal, con su reversión del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, también consiguió apoyo mayoritario. El regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores obtuvo 136 votos a favor y 116 en contra, con 3 abstenciones. La rebaja en los Bienes Personales para los más ricos alcanzó 134 votos positivos frente a 118 en contra y también 3 abstenciones. Se abre ahora la instancia de la judicialización, sobre todo del impuesto a las Ganancias, por lo irregular del trámite seguido. 

Desde temprano, en la Cámara de Diputados predominaba el cansancio y la sensación de que, tras seis meses de debate, se cerraba finalmente una etapa del gobierno de Milei. Los radicales y pichettistas, que luego acompañarían la sanción de las dos leyes, sacaban pecho y aseguraban que "ahora al presidente se le acabaron las excusas". El oficialismo, mientras tanto, se mostraba exultante: había logrado reunir quórum pasado el mediodía sin ningún problema y se movía tranquilo con la seguridad de que, a la madrugada, podría finalmente ofrecerle al presidente las dos primeras leyes de su gestión. Ninguno había querido perderse el acontecimiento y, desde temprano, se vio pasar a Karina Milei y Victoria Villarruel - que llegaron al mismo tiempo pero no intercambiaron palabra -, así como a Guillermo Francos. 

La única fuente de malestar oficialista giraba en torno al poroteo por la restitución de Ganancias para todas las personas que cobran más de 1,8 millones de pesos. La votación del paquete fiscal constaría de cuatro votaciones: primero el artículo 111 referido al gasto tributario, después Ganancias, Bienes Personales y, finalmente, el resto del proyecto con las modificaciones del Senado. Y la rebelión de los radicales sin techo, como Karina Banfi, Fabio Quetglas o Roxana Reyes, tenía nervioso al gobierno: los diputados de la UCR se venían quejando de tener que arrastrar el costo político de una medida impopular cuando el presidente, que había votado en contra de Ganancias cuando era diputado, después saliera a acusarlo de "degenerados fiscales". Tanto nerviosismo terminó demostrándose infundado.

Ninguno de los radicales quería quedar marcado como el responsable de que Ganancias terminara siendo rechazado, por lo que la mayoría se mostraba dispuesto a negociar. La mayoría exigía fondos para financiar obras en municipios radicales. Otros, mientras tanto, reclamaban un diálogo más aceitado con el gobierno nacional. La mayoría coincidía en que, al final del día, el impuesto se aprobaría, pero el número estaba finito, y se veía correr por los pasillos a la mendocina Pamela Verasay, así como otros radicales mileístas, trabajando para ordenar el bloque. 

Distinto era el caso para Bienes Personales, capítulo que en abril había acompañado todo el bloque y que, ahora, la UCR sufriría al menos siete pérdidas de la línea Manes y Evolución. El oficialismo, sin embargo, igual contó con el número para aprobarlo.

El dilema peronista

Frente a la incertidumbre por Ganancias, el oficialismo apuntaba los cañones al peronismo. Específicamente a los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil que, en la votación de abril, se habían abstenido (excepto uno, Sebastian Nóblega, que había votado a favor). "Los gobernadores le están respirando en la nuca a algunos diputados. Acompañarán, los putearán, pero lo importante es no romper", analizaba, ya resignado, un dirigente sindical de UxP. El bloque venía de mantener dos largas reuniones en las que se había escuchado las explicaciones de los legisladores que habían acompañado algunos puntos de la Ley Bases y el paquete fiscal y, pese algunas recriminaciones internas, se había coincidido en que lo importante era mantener la unidad del bloque en tanto única oposición "verdadera". El objetivo era rechazar las leyes del oficialismo, admitiendo que habría algunas filtraciones inevitables, y prepararse para la segunda etapa. 

La mayor disyuntiva, sin embargo, era el RIGI. Debido al formato de la votación, que ponía a consideración el dictamen de mayoría que aceptaba las modificaciones realizadas por el Senado, no había posibilidad de una votación en particular. Por lo que para acompañar el RIGI, los sanjuaninos y catamarqueños (que ya lo habían votado) tendrían, ahora, que votar a favor de la Ley Bases en general. El clima estaba espeso, sin embargo, ya que la experiencia del Senado --en donde varios peronistas habían acompañado el RIGI-- había terminado con un festival de amenazas de expulsión del PJ. Los sanjuaninos, como Walberto Allende o Ana Aubone, venían de reivindicar el efecto que el RIGI tendría sobre la explotación minera de sus provincia y algunos especulaban con que podrían terminar acompañando la ley. Al cierre, sin embargo, Allende aportó una de cal y una de arena: reivindicó la actividad minera, pero rechazó todo el articulado de la Ley Bases. 

Judicialización y fin de ciclo: el debate final en Diputados

"Lo que hay hoy es un gran acuerdo de distintos sectores políticos confirmando el rumbo que votó el pueblo argentino. Esperamos que hoy esta ley sea el comienzo de un cambio", celebró Santiago Santurio, quien, como la mayoría libertaria, destacaría los seis meses de debate --en los que el gobierno había tenido que resignarse a negociar con la casta política-- como una bondad que había permitido sacar la mejor ley posible. Durante el correr de las horas, sin embargo, gran parte del debate terminaría girando en torno a una posible judicialización del paquete fiscal, específicamente por el capítulo de Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazados por el Senado.

"Los jueces van a recibir cientos de miles de demandas, pero no del kirchnerismo, sino por lo menos de 800 mil trabajadores que se le cambió tres veces su situación impositiva en los últimos 9 meses", advirtió Vanesa Siley (UxP), que denunció que insistir en la aprobación de Ganancias y BBPP iba contra el artículo 81 de la Constitución: "Los dos títulos del paquete fiscal poseen autonomía normativa y se estructuran como leyes propias, por lo que desechadas totalmente no pueden volver a ser tratadas". 

"Le corresponde a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no. Es lamentable que quienes se ven derrotados en el ámbito parlamentario pretendan judicializar la política", la cruzó el libertario Nicolás Mayoraz. Fue Silvia Losppenato, sin embargo, quien tomó la posta para defender la interpretación constitucional del gobierno: "No existe en la Constitución impedimento alguno para tratar varias materias en una ley. Lo que no pudieron en las urnas pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley", chicaneó la exlarretista que representa, hoy por hoy, el mayor cuadro técnico del oficialismo.

El PRO, pese a la guerra interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, saldría a defender las dos leyes como si fueran propias. "Solo quien vive como casta podía no entender que en diciembre había una crisis que no podía esperar", señaló la expaloma, María Eugenia Vidal.  

La Patagonia en pie de guerra

El sindicalista petrolero de Chubut que responde al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, Jorge Ávila, sin embargo, pasaría por encima de las discusiones constitucionales y advertiría que, de aprobarse Ganancias, sería toda la Patagonia la que se pondría en pie de guerra. "¿Creen que le vamos a entregar el impuesto a las Ganancias? Nosotros apenas tengamos el primer descuento le vamos a parar toda la actividad del país", advirtió.

Los radicales, mientras tanto, expusieron sus diferencias internas. Mientras que Francisco Monti (Catamarca) defendía, a puro golpe de la banca, la restitución al impuesto a las Ganancias y llamaba a sus coterráneos peronistas a que hicieran lo mismo --"No me importan las banderías partidarias, voy a votar un impuesto progresivo"--, otros, como Fernando Carbajal (Formosa) advertía que el capítulo se judicializaría. 

Los diputados de HCF, mientras tanto, aprovecharon por señalar que el gobierno, después de mucho pataleo, había terminado negociando con la "casta política". "El gobierno aprendió a negociar", chicaneó Oscar Agost Carreño, uno de los diptuados responsables, junto a Miguel Ángel Pichetto, de que el gobierno hubiera tenido que retirar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina del listado de privatizaciones. "Terminaron los pretextos y la cortina de humo", señaló, a su vez, Nicolás Massot. 

Sería la izquierda y UxP, así como los socialistas santafesinos, los que encabezarían las críticas a la ley. "Pone los beneficios en el sector empresario y quita derechos de los trabajadores. Pone en situación de despido cuando haya una huelga. Y sigue permitiendo el fraude laboral", denunció Sergio Palazzo. También tomaría la palabra, ya cerca de la medianoche, Máximo Kirchner, quien haría particular hincapié en las consecuencias del RIGI: "Es verdad que esta ley contiene cercenamiento de derecho laborales, deberá entonces la oposición pensar cómo construye un 2027 para restituir esos derechos. Pero el RIGI excede el mandato del actual presidente", advirtió el líder de La Cámpora y recordó, a modo de ejemplo, el caso de Petronas: "Petronas firmó un acuerdo con YPF que tiene media aprobación de Diputados y, sin embargo, ahora quiere el RIGI nuevo. ¿Qué significa? Que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas y no a YPF y al pueblo argentino".

"¿Vamos a cometer la injusticia de restaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores? Hace menos de un año el propio Milei dijo que era 'un delirio descomunal tratar al salario como ganancias'. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?", chicaneó, por otro lado, Eduardo Valdés (UxP).

La Coalición Cívica tendría su propia bandera: la restitución del artículo 111, que insta al Ejecutivo a enviar un proyecto que disminuya en un 20 por ciento el gasto tributario. Se necesitaban dos tercios para imponerlo, ya que esa era la mayoría con la cual el Senado lo había rechazado, y era una batalla perdida: sólo serviría como insumo a la oposición dialoguista para criticar al gobierno. 

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Objeciones, críticas y artículos tachados: la ley Bases, con destino de regreso a Diputados, por María Cafferata (para "Página 12" del 09-05-24)

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue el foco de casi todas las críticas. Imagen: Carolina Camps

El proyecto insignia del Gobierno se encontró con nuevos obstáculos en el Senado

Salvo que se decida a hacer más concesiones, Milei llegará al Pacto de Mayo sin la ley ómnibus ni el paquete fiscal sancionados. Tampoco tendrá dictamen favorable este jueves, en simultáneo al paro de la CGT. El RIGI fue el protagonista de los señalamientos de la oposición light en la segunda jornada de debate en la Cámara alta. Ganancias podría caerse. Todo indica que el texto volverá a Diputados. Define el bloque radical. 

Por María Cafferata

9 de mayo de 2024 

Los senadores de la oposición no dan el brazo a torcer y, a menos que el Gobierno nacional decida comenzar a hacer concesiones, no habrá Ley Bases y paquete fiscal sancionado para el Pacto de Mayo. El Senado fue escenario de una segunda jornada de reuniones informativas en donde los indecisos —que son los votos claves para la sanción de los dos mega proyectos de Javier Milei— volvieron a plantear una oleada de objeciones y pedidos de modificación para los cuales el oficialismo no tiene aún una respuesta.

Qué puede pasar si el Senado rechaza o modifica la ley Bases y el paquete fiscal

Una terraplanista a la cabeza de la comisión de Ciencia de Diputados

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El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el foco de casi todas las críticas, aunque LLA se ilusiona con poder aprobarlo de la mano de algunos votos peronistas. Diferente es el caso de la restitución de Ganancias, que casi inevitablemente se caerá en la votación en particular. En la Rosada, sin embargo, no se estresan demasiado: si bien les preocupan los tiempos, confían en que, más tarde que temprano, tendrán una mayoría en Diputados que les permitirá ratificar la versión original de la ley. 

Con la ola de recriminaciones de la jornada del martes todavía resonando en los oídos de los funcionarios, el Gobierno nacional encaró el segundo día de debate en el Senado preparado para lo que, horas después, se confirmaría: no estaban las firmas de los aliados más hostiles —Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Edgardo Kueider (entrerriano exFrente de Todos)— para dictaminar el jueves. La sospecha gestada el día anterior, luego de las críticas proferidas por varios opositores "amigables", se terminó profundizando el miércoles, cuando, a las críticas por el RIGI, se sumaron los cuestionamientos a la reforma de la ley de hidrocarburos, la reforma laboral y el blanqueo de capitales. 

"Se necesita más tiempo porque la ley, así como está, se te puede caer en el recinto. Hay muchos puntos pendientes todavía y si no hacen algunas concesiones te van a terminar volteando los artículos en el recinto", analizaba una dirigenta radical, sabedora de que es la UCR la que definirá el futuro de las dos leyes. La bancada, que ya se había dividido cuando se rechazó el DNU, viene sosteniendo intensas discusiones internas sobre cómo votar los dos mega proyectos. El martes a la noche, los gobernadores radicales, alarmados por la voluntad de algunos senadores de votar en contra de la ley, se habían movilizado hasta el Senado a pedirles que acompañarán las leyes de Milei. De un lado estaban Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que argumentaban a favor de darle al presidente las "herramientas", y del otro estaban Lousteau, Blanco y Maximiliano Abad, que tienen varias objeciones y no terminan de definir si acompañarán o no.

Al frente de todas las críticas esta el RIGI, ese régimen con beneficios exorbitantes —como libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas— por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. No solo la dupla rebelde de Lousteau y Blanco lo votaría en contra, sino que Kueider, los dos santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y, probablemente, "Camau" Espínola también manifestaron su rechazo. Incluso Tagliaferri, la única senadora del PRO — responde a Horacio Rodríguez Larreta— que viene manifestando dudas sobre su acompañamiento a la ley, manifestó objeciones respecto al RIGI. Es decir que La Libertad Avanza necesitará de los votos de algunos senadores de Unión por la Patria —como el catamarqueño Guillermo Andrada o el sanjuanino Sergio Uñac— para aprobar el capítulo. 

Otro de los puntos que tambalea es la eliminación de la moratoria jubilatoria que se había sancionado el año pasado. A los 33 votos en contra de UxP, se le suman el de los santacruceños, la neuquina Lucila Crexell (que ingresó dentro de una lista de Juntos por el Cambio pero ahora mantiene una alianza con el gobernador "Rolo" Figueroa), la rionegrina Mónica Silva, Kueider, Espínola e, incluso, la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider viene trabajando para que los tres integrantes de Unidad Federal —él, Vigo y "Camau"— voten de manera unificada, volviéndose así un actor clave que podría definir qué artículos se caen y cuáles no. Cerca del correntino y el entrerriano, sin embargo, reconocen que Vigo está más "limitada" al tener que responder a los intereses del gobernador Martín Llaryora. El RIGI es uno de ellos —Llaryora ya llamó a votarlo a favor—, pero moratoria no.

Las privatizaciones, mientras tanto, recibieron algunos cuestionamientos más puntuales de parte de senadores como Blanco (que es fueguino y está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas). Pero el oficialismo confía en que tendrá la mayoría para aprobarlo. Distinto es el caso de las facultades delegadas: son varios los senadores que no quieren darle facultades extraordinarias al Presidente y en UxP ya se anotan el rechazo de Crexell, Silva, los santacruceños y Kueider.

Ganancias es una discusión aparte que se debatirá el jueves en la comisión de Presupuesto. Los patagónicos demandan que se incluya algún tipo de excención para la zona —que cuenta con un costo de vida más elevado y, por lo tanto, salarios más altos— y amenazan con voltearle el capítulo si el gobierno no acata. 

El escenario de objeciones, en principio, no ofrece un panorama muy alentador para el oficialismo. Por estas horas, sin embargo, la mayor preocupación del gobierno es sancionar lo antes posible las leyes para poder llegar al 25 de mayo con los dos proyectos convertidos en ley. En Casa Rosada no se muestran reactivos a incluir modificaciones, confiados en que, cuando los proyectos vuelvan a Diputados, el oficialismo podrá reunir de nuevo una mayoría para ratificar la versión original.

El debate

La segunda jornada de debate del plenario de comisiones en el Senado había contado con la presencia, primero, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Uno de los principales temas de discusión, que no se había tocado el día anterior, fue la reforma laboral, que el Gobierno defendió con entusiasmo. "Si las normas no acompañan, si crean un riesgo exagerado o son imposibles de ser controladas, esas normas impiden la contratación, porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa", explicó el exabogado del Grupo Techint, reivindicando una reforma que elimina las multas por trabajo no registrado y propone reemplazar las indemnizaciones por fondos de cese laboral. "Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas, como en los 90 que fracasó, van a conseguir resultados diferentes", cuestionó Mariano Recalde (UxP).

Lousteau, mientras tanto, aprovechó la presencia de Chirillo para volver a apuntar contra el RIGI y cuestionarle por la forma que uno de los artículos —el 191— sostenía que las empresas que adhirieran al régimen no podrían ser afectadas por restricciones de insumos en base a "prioridades de abastecimiento": "Si en algún lugar en Argentino uno de los insumos, agua o energía, pasa a ser clave y escaso, (la empresa) tiene prioridad sobre la gente", cuestionó el senador radical. "Quizá la redacción no sea feliz", reconoció Chirillo, a lo que Tagliaferri, fuera del micrófono, le respondió "Hagamos que sea feliz".

A Chirillo los senadores le cuestionaron la deuda que Nación tiene con las generadoras de energía. Uno de los más incisivos fue, en ese sentido, Kueider, que denunció que a las empresas entrerrianas se les estaba haciendo "imposible operar". El secretario de Energía solo atinó a responder que estaban "trabajando" en el tema y, acto seguido, pasó a defender la decisión del Gobierno de modificar la ley de hidrocarburos de forma tal que la prioridad del Estado nacional no fuera ya el autoabastecimiento: "Tenemos una ventana de oportunidad, tenemos que sacar la mayor cantidad de exportación posible", expresó. Le respondió Oscar Parrilli: "Lo único que quieren es maximizar las ganancias. Parece que tuviéramos un CEO de una empresa multinacional que viene a explotar los recursos de Argentina".

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EL BOLONQUI AVANZA, por María cafferata (para "Página 12" del 13-04-24)

 

Continúa la polémica por el despido del presidente del bloque de LLA 

La pelea libertaria en Diputados se profundiza y el bloque se divide

Zago ya conformó una bancada propia y anunció su deseo de integrar un interbloque con los libertarios que, por ahora, están en silencio. La diputada Pagano quiere hablar con Milei.

Por María Cafferata

13 de abril de 2024 

A cuatro meses de su asunción, La Libertad Avanza ya sufrió dos levantamientos internos, una guerra a cielo abierto entre el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe de bloque oficialista, el desplazamiento de este jefe de bloque y, finalmente, la ruptura de la bancada oficialista. La confirmación llegó el viernes por la mañana, cuando Oscar Zago oficializó que se correría junto a otros dos diputados y conformaría un nuevo espacio con el nombre de su partido originario: el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). En este movimiento, Zago invitó a sus compañeros libertarios que integran otras sellos partidarios a imitarlo y construir un interbloque oficialista: precisamente lo que Karina Milei, que viene trabajando en construir un armado propio de LLA, quiere evitar. Se abre así un nuevo capítulo en la espiral internista del oficialismo, que comenzó con la designación de Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político y que, ahora, promete extenderse justo para cuando la Cámara de Diputados comience a tratar --de nuevo-- el proyecto de ley ómnibus. 

Temprano a la mañana, la puerta de la oficina de Oscar Zago en el tercer piso del Palacio Legislativo amaneció con un cartel que decía "Salón Arturo Frondizi" y una fotocopia de la cara del ex presidente desarrollista pegada en el vidrio. Apenas unas horas antes, el extitular de la bancada libertaria le había mandado una nota a Martín Menem en la que le anunciaba que, junto a Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone, pasarían a conformar el Bloque MID. Pero eso no era todo: en la carta deslizaba algo que venía diciendo hace semanas y que ahora, tras su descabezamiento como jefe de bloque el miércoles a la noche, aprovechaba para lanzar públicamente como un desafío: "Invitamos a conformar y mantener un interbloque legislativo junto a los diputados de LLA". Y mencionaba allí, a los partidos Demócrata, Fe, Unite, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Avanza Libertad, y el resto de los partidos que integran hoy el cosmos mileísta. 

Zago había escrito la carta hace dos días, cuando comenzó la novela que derivaría en su ruptura con el bloque oficialista. El día de la comisión de Juicio Político que Menem intentó suspender a último momento y que se llevó a cabo igual, con la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión, y que terminó, a la noche, con casi toda la bancada libertaria votando para reemplazar a Zago por el cordobés Gabriel Bornoroni. El resultado había sido categórico: 36 votos a favor de Bornoroni, una abstención, cuatro ausentes. Zago, conciente de que había perdido el apoyo de su bloque, ya tenía preparada su partida. Lo llamó a Milei al día siguiente y le dijo: "Yo no quiero nada, soy soldado". "Arreglen este quilombo", le respondió, sucinto, el presidente, desde Estados Unidos.

Operativo control de daños

Si hay algo en lo que coinciden todos en LLA es que Milei no quiere saber nada con el internismo de la Cámara de Diputados. "A Milei esto le rompe las pelotas, no le importa nada. Y está enojado", sostienen voces tanto del zaguismo como de la mayoría libertaria que lideró la rebelión interna que derivó en el cambio de liderazgo. Es decir: Gabriel Bornoroni, el santafesino Nicolás Mayoraz, el correntino Lisandro Almirón y, fundamentalmente, el propio Martín Menem. Ambos sectores, sin embargo, difieren en el destinatario de esta ira.

En el flamante bloque MID analizan que Menem "se portó mal" y generó un ruido interno que al presidente no le agrada. "Explotaron todo y quedaron mal. Prepárense porque Milei cuando vuelva los va a querer matar", desliza un dirigente que responde a Zago. Sostienen que fue una disputa por el armado de las listas en las provincias que se salió de control y derivó en un conflicto de dimensiones muy públicas. Se refieren así al trabajo que Karina Milei está llevando a cabo, junto a los Menem (Martín y Lule), para convertir a LLA en un partido nacional que le permita prescindir de los sellos locales que les habilitaron construir una alianza electoral para competir en 2021 y 2023. Sellos como el MID. 

Zago se muestra confiado de que su relación con Milei no se vio afectada y, a cada gobernador, diputado o empresario que lo llama, le asegura: "Yo soy soldado de Milei. Nuestros tres votos van a estar siempre con Milei". Para probarlo, algunos de sus colaboradores señalan el silencio virtual que hubo en las horas posteriores a la decisión de Zago de romper el bloque. Acostumbrados al disciplinamiento de los trolls de Santiago Caputo cuando corren los pies del relato oficial, la ausencia de insultos y escraches fue, para este sector, como una confirmación de que tal vez no estaban tan errados. 

En el resto de la bancada libertaria que votó por el desplazamiento de Zago --es decir, la gran mayoría de los diputados libertarios--, sin embargo, acusa al exjefe de bloque de estar desinflando al oficialismo, de quitarle fuerza. Las críticas contra Zago son de larga data y no por nada ya había sufrido un intento de levantamiento hace tres semanas. A Zago le recriminan su "trato humano", sus malos modos con sus compañeros de bloque y, a su vez, su incapacidad para contener y representar a una bancada heterogénea que, en su gran mayoría, nunca antes había tenido un cargo de legislador (muchísimo menos de legislador nacional). A Zago, insisten, nadie lo había elegido.

Por fuera de la tríada opositora a Zago --Mayoraz, Bornoroni y Almirón--, la mayoría de la bancada libertaria optó por voltear a Zago luego de la desautorización pública del diputado al presidente de la Cámara de Diputados. Fue la decisión de Zago de nombrar, en contra de los deseos de Menem y Karina, a Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político lo que desató el escándalo y derivó en la ruptura del bloque. Frente a este escenario, la mayoría de los diputados insisten en que la situación se arreglará con los días, que Menem está haciendo "control de daños" y que, para cuando Milei regrese a la Argentina, el interbloque se habrá conformado y la dinámica interna se habrá acomodado. La disputa por la presidencia de la comisión de Juicio Político, sin embargo, dista de haber terminado y amenaza con estirar la guerra interna hasta la semana que viene. 

La pelea por Juicio Político

Menem es tajante: como él canceló la comisión de Juicio Político minutos antes de que comenzara, la elección de Pagano como presidenta de la comisión es inválida. "La comisión no se llevó a cabo y, en consecuencia, no se encuentra constituida", repitió ya en varias ocasiones, alegando que no había un acta constitutiva válida y que, por lo tanto, se tenía que realizar otra reunión la semana que viene para arribar a una autoridad "de consenso". Así lo explicó en LN+, en donde alegó que la razón por la cual no respaldaba la designación de Pagano era porque "no tenía el consenso de nuestro bloque".

Pagano, que venía manteniendo un bajo perfil desde el escándalo, salió a responderle a Menem a través de sus redes sociales. "Jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas", tuiteó y, arrobándolo a Menem, le reprochó: "Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política". La experiodista devenida en diputada libertaria está furiosa por la "desprolijidad" con la que se encaró el tema y sostiene, como Zago, la legitimidad del acta que, con las firmas de la oposición, la designó como presidenta de la comisión. De momento, no tomó ninguna decisión respecto a su futuro: está enojada con Menem, pero aún no definió romper con el bloque como hizo Zago. Esperará a que Milei regrese de viaje y ahí lo charlará directamente con él. 

Es decir que, la semana que viene, La Libertad Avanza tendrá que ponerse a debatir la ley ómnibus con la oposición mientras sufre su propia batalla interna. El oficialismo llegará al martes, cuando arranque el debate en comisión, sin saber si se habrá convertido en un interbloque o, en cambio, habrá perdido tres diputados. 

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Los gremios docentes se acercan al número para reponer el Fondo de Incentivo en el Congreso, por María Cafferata (para "Página 12" del 04-04-24)

Un trabajo de hormiga para construir consensos que choca con los sectores dialoguistas

Ya existen nueve proyectos de casi todos los sectores de la oposición, de Máximo Kirchner a Julio Cobos y Romina del Plá. Aún así la iniciativa colisiona con los dialoguistas embarcados en la Ley Bases y con las comisiones manejadas por aliados del gobierno. "Lo vamos a dejar morir", reconocen.

Por María Cafferata

4 de abril de 2024 

Este jueves, la Confederación de los Trabajadores de la Educación (Ctera) realizará un paro docente en todo el país. El reclamo principal, aparte de la recomposición salarial, es la restitución del Fonid: ese fondo de incentivo docente que todos los gobiernos nacionales han transferido a las provincias de manera ininterrumpida desde 1998 y que Javier Milei, sin embargo, decidió suspender. Los gremios docentes no están solos en esto: los gobernadores vienen reclamándole a Milei la restitución del fondo en el marco de las negociaciones por la Ley Ómnibus, pero el Presidente no quiere saber nada. La Libertad Avanza está dispuesta a negociar un paquete fiscal, pero no el Fonid y, frente a este panorama, los sindicatos analizan alternativas y dirigen su mirada al Congreso. Quieren una ley que prorrogue el Fonid y ya hay unos nueve proyectos presentados, pero para ello necesitan el acompañamiento de una oposición dialoguista que, por estas horas, sólo puede pensar en la Ley Ómnibus.

Los votos para reponer el Fonid, en la teoría, están. Están desde que Milei decidió pisar las partidas que le correspondían a las provincias para los meses de noviembre, diciembre y enero, y están desde que decidió no prorrogar el fondo y suspenderlo oficialmente vía decreto la semana pasada. La Cámara de Diputados presentó unos seis proyectos que prorrogan estos fondos que llevan las firmas de casi todos los sectores de la oposición: desde Máximo Kirchner hasta Margarita Stolbizer, Julio Cobos y Romina del Plá. Hacemos Coalición Federal, incluso, amagó un pedido de sesión especial a pedido de Stolbizer a mitad de marzo y, sin embargo, terminó dándola de baja luego de que no pudiera alcanzar el quórum en una sesión especial por jubilaciones. 

El poroteo para todos es el mismo: están los 99 diputados de Unión por la Patria; los 5 del FIT; unos 9 seguros de HCF (con la Coalición Cívica, el socialismo santafesino y Natalia de la Sota) con la posibilidad de llegar hasta 20 si Martín Llaryora acompaña; y al menos una docena de diputados radicales. Están, a su vez, los diputados que responden a los gobernadores de Salta, Río Negro, Misiones, Santa Cruz y Neuquén. La mayoría de ellos, en privado, confirmaron a las autoridades de Ctera - que vienen haciendo un trabajo de lobby de hormiga para sumar voluntades- que estaban en contra del recorte y que respaldarían el proyecto. El problema es que, como gusta repetir un diputado peronista, "del dicho al hecho de poner la cola en la silla hay un trecho". 

"Todos dicen que van a votar, pero después por algún motivo no bajan. Están negociando otras cosas", se quejan en Ctera, que viene trabajando articuladamente con UxP y la izquierda pero tiene contacto con todos los bloques. La mirada está puesta en dos bloques: la UCR y HCF, los dos fieles de la balanza de la Cámara de Diputados. "Se mueven de acuerdo a donde sople el viento", mascullan desde UxP, donde marcaron su distancia de la estrategia de Ctera para evitar espantar a opositores que no quieren quedar pegados "al kirchnerismo". 

El temor de la izquierda y el peronismo con el Fonid es el mismo que con las jubilaciones: que el radicalismo y HCF lo utilicen como moneda de cambio para negociar el paquete fiscal y la Ley Ómnibus. En la UCR y el pichettismo, mientras tanto, reconocen que quieren esperar a ver qué ofrece Milei antes de salir a imponer a la fuerza una ley que significa más recursos para las provincias (aunque con destino específico al sueldo docente). "Hay voluntad de avanzar, pero hay que generar el marco para que todos los bloques se sienten", deslizan en el radicalismo más crítico a Milei, que observan que sus compañeros de bancada acompañarían una prórroga del Fonid pero recién cuando se termine el debate de la Ley Ómnibus (o, de mínima, fracasen las conversaciones con el gobierno).

El otro problema, mientras tanto, es que las dos comisiones que deberían tratar y dictaminar el proyecto para llevarlo al recinto están siendo presididas por diputados que responden a las directivas de Casa Rosada: José Luis Espert (Presupuesto) y Alejandro Finocchiaro (Educación). Y ambos recibieron la indicación del gobierno de no convocar a tratar el tema. "Lo vamos a dejar morir", reconocen. 

Para LLA y el PRO, que viene funcionando de sostén político y estratégico del oficialismo, la discusión sobre una nueva ley que prorrogue el Fonid no tiene sentido. "Es plata y los gobernadores van a negociar un monto y lo licuarán ahí", analiza un importante dirigente. Este es el punto que, precisamente, temen los sindicatos: que los gobernadores -y, junto a ellos, los diputados que les responden- terminen negociando un monto en el marco del debate por la Ley Ómnibus que vuelva abstracto el reclamo por el Fondo. 

El debate por la Ley Ómnibus representa, por lo tanto, un obstáculo: monopoliza la discusión y cierra la puerta a tejer alianzas con sectores de la oposición más cercanos al oficialismo. Es por este motivo que, en los últimos días, la Ctera pasó a centrar su atención en el Senado: allí ya hay tres proyectos de prórroga del Fonid presentados y los sindicatos confían en que podrán encontrar un terreno más fértil para impulsar el reclamo. En el mientras tanto, UxP ensaya estrategias alternativas: convocar gremios y estudiantes, meter presión e incomodar a radicales y pichettistas, exponerlos para que adopten una posición. "Durante las dos semanas que se debata la Ley Ómnibus nosotros vamos a estar ahí moviéndoles la mesa donde quieren escribir", adelantó un diputado de UxP. 

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LA CACERÍA, por María Cafferata (para "Página 12" del 15-03-24)

El presidente Milei busca impedir que el megaDNU sea rechazado en Diputados. Imagen: AFP

Solo aprietes y amenazas para evitar otro fracaso

El ministro Francos negocia mientras los trolls del gobierno atacan a los potenciales "traidores". La Rosada busca evitar o postergar el debate del DNU en la Cámara baja.

Por María Cafferata

16 de marzo de 2024

"Solo 25 a favor, es demoledor", suspiraba un asesor libertario a la salida del Congreso, poco después de que el Senado hubiera rechazado el mega DNU de Javier Milei. Si bien nadie esperaba una victoria esa noche, la insignificancia del respaldo opositor al gobierno nacional había despertado varias alarmas. Con el correr de las horas, esas alarmas darían paso a la furia presidencial y a la cacería virtual de gobernadores y legisladores. Milei no tardó en advertirles que cualquier convocatoria al diálogo dependía de la supervivencia del DNU. "Si quieren la confrontación, va a haber confrontación", los amenazó. A diferencia del día después de la derrota del proyecto de ley ómnibus, Milei esta vez mandó a sus emisarios políticos a sondear a los aliados que considera que podrían darle buenas noticias en Diputados. Es decir, el PRO y los radicales. Y es que, pese a que el clima de las negociaciones está enrarecido, en Casa Rosada no dan la batalla por perdida y fantasean con dilatar la discusión hasta hacerse con una mayoría que permita terminar blindando el DNU en Diputados.

Tras el rechazo al DNU 70/2023, Milei siguió su clásico modus operandi. Insultó por Twitter a los legisladores que habían votado en contra, se ensañó con algunos en particular --en este caso fue el senador Martín Lousteau-- y envió su granja de trolls a escracharlos por redes sociales. Los acusó de defender los privilegios de la casta política y amenazó con profundizar la confrontación, dando a entender que "lo que pasó en el Senado" abría "dudas" sobre el futuro del Pacto de Mayo. "Cuando yo planteé el discurso en la Asamblea Legislativa básicamente lo que dije es que si quieren la confrontación, va a haber confrontación, y si quieren un acuerdo, vamos a un acuerdo. Ayer no han mostrado ir por el camino del acuerdo, han decidido ir por el camino de la obstrucción", advirtió el presidente en Radio la Red. Como si fuera un movimiento ensayado, su vocero presidencial, Manuel Adorni, repetiría en la conferencia de prensa: "El rechazo lo único que nos indica es un mal indicio de la voluntad de algunos actores de avanzar en el Pacto de Mayo".

El presidente enviaba así un mensaje claro: sin DNU y sin ley ómnibus no había Pacto de Mayo (es decir cualquier aproximación a un acuerdo fiscal sobre la transferencia de recursos a las provincias). El enojo estaba dirigido fundamentalmente a los gobernadores patagónicos que habían habilitado a sus senadores a votar en contra del DNU: Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Rolo Figueroa (Neuquén). "Nacho" Torres, incluso, salió a denunciar que lo estaban operando en medios locales sobre una falsa reunión con Cristina Fernández de Kirchner. "Veo que en la oficina de 'trolls' de la Rosada están entusiasmados buscando instalar algo que es absolutamente falso. Sería un buen momento para dedicarse a gobernar", se quejó el gobernador de Chubut del PRO a través de sus redes. 

La amenaza no cayó bien entre varios de los gobernadores, aunque muchos admitirían, en privado, que se imaginaban que podría haber sido "peor". Para muchos, el bochazo en el Senado había servido para ponerle "límites" a Milei, señalarle que, a las patadas, no iba a resolver su situación en el Congreso. "El Ejecutivo no entiende que imponiéndose con insultos o ataques en las redes no va a cambiar nada. Lo del DNU se venía acumulando hace tiempo y no hicieron nada para evitarlo", analizaba un dirigente norteño el jueves por la noche. 

Los gobernadores radicales, en cambio, optaron por ratificar su respaldo al gobierno nacional y, así, diferenciarse públicamente de la postura que había adoptado el presidente de su partido, Martín Lousteau, que había votado en contra. "Queremos un cambio en el país y una UCR moderna" se titulaba el comunicado firmado por Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y los presidentes de bloque de Diputados, Rodrigo de Loredo, y del Senado, Eduardo Vischi. Era una crítica velada a la decisión que Lousteau había tomado en soledad, diferenciándose de la postura del ala más "dialoguista" de los gobernadores, que pugnan hoy por acompañar el DNU. "Votar en contra del DNU no es bloquear a un gobierno, es bloquear el crecimiento del país", le recriminó, más abiertamente, Cornejo al presidente de su partido. 

Sacando cuentas en Diputados

Pese a las arremetidas de Milei contra los dirigentes que habían elegido el camino de la "confrontación", el gobierno no se quedó en los insultos, sino que activó varias reuniones para sondear el escenario en la Cámara de Diputados. Y es que en Casa Rosada estiman que el escenario en la Cámara baja podría serles favorable si logran consolidar el acompañamiento del PRO y la UCR. Fue por ello que, durante el día, Francos recibió a una comitiva de diputados del PRO, primero, y de la UCR, después. 

Dado que el decreto todavía sigue rigiendo --OSDE, por ejemplo, aprovechó para enviarle un mail a sus afiliados sobre un nuevo aumento en el mismo momento que el Senado estaba discutiendo el DNU (que incluye, entre otras cosas, la liberalización de las prepagas)--, el objetivo del oficialismo es aplazar el debate lo más posible. Con esto, el oficialismo pretende que el decreto continúe corriendo, sí, pero también esperar a un escenario más favorecedor. Ya que, hoy por hoy, el número en Diputados es más proclive al rechazo.

El DNU recibió, en en el Senado, un total de 25 adhesiones que incluyen los votos de LLA, el PRO y la mayoría de la UCR. De replicarse el escenario, el oficialismo tendría, como mínimo, los 40 votos de LLA, los 37 del PRO, los 3 tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, el entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio y a una diputada tucumana de CREO, aliada al PRO. Es decir, el gobierno cuenta con una base mínima de 82 diputados a los que deberían sumarles una veintena de diputados radicales.

La UCR es, hoy, la gran incógnita. La mayoría del bloque está alineado detrás de la línea más amigable con el gobierno que encabeza De Loredo y que ayer se reunió con Francos. Además de darle cuenta del panorama de adhesiones de la bancada, varios diputados radicales aprovecharon también para pedirle a Francos que el gobierno presentara proyectos de ley espejo a varios artículos del DNU (como la reforma laboral o la derogación de la Ley de Alquileres). Y es que el temor de la línea De Loredo es que, de llegar al recinto, la minoría que comanda Facundo Manes --más crítica del gobierno-- pueda crecer y terminar llevando a la caída definitiva del DNU.

El team por el rechazo, en ese sentido, parte de una base mucho más amplia. Ahí están los 99 diputados de Unión por la Patria, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del FIT, los dos del Partido Socialista, un mínimo de 5 radicales --los mismos que dieron quórum en la sesión por la reforma previsional el miércoles--, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, los dos de Santa Cruz y, si se repite la estrategia que en el Senado, el rionegrino que responde a Weretilneck. Es decir que hay una base de 122 votos en contra: solo 7 menos de los que se necesitan para rechazar definitivamente el DNU.

En el medio están los votos de los 4 misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua, los 4 que responden al cordobés Martín Llaryora, los 3 salteños de Gustavo Sáenz, así como Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, entre otros. Esa será la pecera a la que LLA irá a pescar los votos para evitar el fracaso de su DNU "refundacional". 

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El DNU se queda sin blindaje en el Senado, por María Cafferata (para "Página 12" del 28-02-24)

 Villarruel hace malabares para aplazar el debate en medio de la presión de las provincias

La Vice traza alternativas para evitar el debate en el recinto que ahora reclaman también los bloques provinciales. Mientras, crecen las certezas en todas las fuerzas políticas de que el megadecreto se encamina a un seguro rechazo. "A esta altura ella sólo quiere sacarse el tema de encima", dice un senador sureño. El dilema de no entregarle una victoria "al kirchnerimo".

Por María Cafferata

28 de febrero de 2024

El rechazo al DNU en el Senado es sólo cuestión de tiempo. En eso coinciden, por estas horas, radicales y peronistas no k, rionegrinos, entrerrianos y neuquinos. Victoria Villarruel se está quedando sin excusas para aplazar el debate en el recinto, sabe que no podrá seguir rechazando los pedidos de sesiones de Unión por la Patria y, frente a la guerra abierta entre Javier Milei y los gobernadores, los canales de negociación con las fuerzas provinciales están bloqueados. La convocatoria a una sesión especial realizada por nueve senadores que integran fuerzas provinciales fue la última advertencia. Y es que si bien algunos gobernadores apuestan a utilizar la amenaza del rechazo al DNU como prenda de negociación, los senadores más avezados saben que esto no ocurrirá y que el tiempo de espera pasó. Así se lo hicieron saber a la Vicepresidenta, que teje sus alianzas políticas en paralelo al Presidente y observa que el número para el rechazo está casi consolidado. 

"Es mejor que lo hagamos nosotros y no el kirchnerismo", deslizó uno de los senadores que firmó la convocatoria a una sesión especial que se publicó el lunes y que, sin embargo, no tiene fecha. Era el zarpazo final luego de que UxP enviara, semana tras semana, tres cartas reclamando que se convoque a una sesión para tratar el DNU. Villarruel, entonces, se había negado sistemáticamente, apostando a diluir el debate en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo (que aún no volvió a convocarse). El conflicto por la coparticipación de Chubut, sin embargo, terminó empantanando la relación que la Vice había sabido forjarse con las fuerzas provinciales.

Son nueve los senadores que firmaron la carta y que representan, hoy por hoy, el núcleo que podría definir si el mega DNU desregulador de Milei se cae en el recinto. Son el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, la rionegrina Mónica Silva e, incluso, el fueguino radical Pablo Blanco. Los encargados de juntar las firmas habían sido Kueider y Espínola, que aprovecharon la sesión preparatoria del viernes para moverse de banca en banca para sumar voluntades. El recrudecimiento del conflicto entre el gobernador Ignacio Torres y Milei durante el fin de semana solo sirvió para reforzar las voluntades.

Villarruel sabía que los bloques provinciales se le volverían en contra. Los senadores de la oposición que más conversan con ella aseguran que ya aceptó perder la batalla del DNU y que, ahora, lo único que quiere es "sacarse el tema de encima". "Ella conversa, dialoga, sabe que el tema ya está", afirmó un dirigente de una provincia sureña. Es por eso que el lunes, cuando la convocatoria se presentó, la presidenta del Senado no se sorprendió. Los legisladores de la oposición están convencidos de que lo que Villarruel quiere evitar es que "el kirchnerismo" le gane la batalla en su casa (el Senado) y es por ello que está negociando con los bloques provinciales para convocar, con ellos y no con UxP, una sesión para la semana que viene o la próxima. 

El poroteo final

En el caso de que Villarruel termine convocando una sesión, La Libertad Avanza se arriesga a terminar la jornada con una media sanción en contra. Si bien no es suficiente para bochar el DNU —se requiere el rechazo de las dos cámaras— sí representaría una nueva (y fulminante) derrota para el oficialismo. 

UxP viene haciendo el poroteo de votos en contra hace un mes. El peronismo cuenta con 33 votos propios y necesita sumar otros cuatro para llegar al quórum. Uno de esos votos es Lucila Crexell, neuquina que asumió como parte de JxC y que, ahora, se ha alineado con el gobernador Rolando Figueroa. Crexell, que es abogada, tiene una postura muy crítica sobre los DNUs en general: "Son inconstitucionales", aseguró a Página12. Si bien en el recinto votaría en contra, no firmó la convocatoria de los nueve senadores y aún no definió si dará quórum para la sesión.

Otro voto clave es la rionegrina Silva, que responde a Alberto Weretilneck y que le ha confirmado a UxP que dará quórum y votará contra el DNU. Otro que se encuentra en esa misma sintonía es el entrerriano Kueider, exintegrante del FdT. "Creemos que está el número para el rechazo. Si se convoca la sesión, el rechazo al DNU es un hecho", había afirmado en declaraciones radiales. "Camau" Espínola, en cambio, es una incógnita para el peronismo. Firmó el pedido de sesión especial y se ha manifestado contra del DNU, pero UxP teme que las disputas locales —es correntino y quiere competirle el año que viene a Gustavo Valdés— puedan afectar su decisión.

Los dos santacruceños, que responden a Claudio Vidal, también pican en punta para rechazar el DNU, aunque dependerá de las negociaciones de su gobernador con Milei. Este martes estuvieron presentes Vidal, Weretilneck y Figueroa en el Congreso para respaldar a Torres en su reclamo contra la Nación, y la idea es definir una estrategia común, aunque algunos gobernadores —como Weretilneck— tienen posturas ya tomadas.

Un capítulo aparte es el radicalismo. Pablo Blanco decidió en soledad y de manera inconsulta firmar la convocatoria a la sesión, a pesar de que es el vicepresidente del bloque radical. Su decisión, sin embargo, representa la caótica división interna que existe en el partido respecto del tema. Del otro lado de Pasos Perdidos, en la Cámara de Diputados, el radicalismo ha apostado a ensayar estrategias intermedias que le permitan sortear el "todo o nada". Buscan modificar la ley que reglamenta los DNUs para poder tratarlos por partes o, en última instancia, buscan forzar una interpretación constitucional que les permita abordar el DNU por capítulos en la Bicameral (una maniobra ilegal pero que desde la bancada aseguran que podría ser jurídicamente avalada por algunos constitucionalistas).

En el Senado, sin embargo, el escenario es muy diferente. En la Cámara alta, la voluntad de rechazo del radicalismo es mucho mayor. Blanco no está solo: Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger son otros senadores radicales que estarían dispuestos a votar en contra del DNU. "El número está", afirmó uno.

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Pan, circo y mucha rosca para aprobar la ley ómnibus en el Congreso, por María Cafferata (para "Página 12" del 14-01-24)

Intensas negociaciones a puertas cerradas entre el oficialismo y la oposición

Mientras se desarrolla el debate en comisión, La Libertad Avanza discute cambios al proyecto. Las exigencias que pretenden imponer la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Esta semana saldría el dictamen.

Por María Cafferata

14 de enero de 2024

Rodrigo de Loredo, mate en mano, se arrima a una de las mesas donde se amontonan sus compañeros de bancada, da un discurso y después se va. A unos metros, Miguel Ángel Pichetto entra por primera vez al plenario de comisiones que está tratando la Ley Ómnibus y se saluda con todo el mundo: kirchneristas y macristas, radicales y libertarios. Se demorará solo unos minutos en la puerta de entrada y, después, también se irá. Más tarde aparece Emilio Monzó subiendo por las escaleras que llevan a la sala, le comenta algo a sus socios cordobeses, se queda mirando y se va. Mientras tanto, misioneros y salteños discuten y bromean, en una esquina, sin prestar atención a lo que dicen los funcionarios nacionales. Afuera en el patio, dirigentes de la UCR y la Coalición Cívica se fuman un cigarrillo. Un funcionario de La Libertad Avanza que se acercó, brevemente, a controlar cómo se desarrolla el debate los mirará a todos y dirá: "Todos sabemos que lo que pasa en la comisión es circo y que las negociaciones se están dando en otro lado. Porque la realidad es que no tenemos el número y vamos a tener que negociar".

La oposición amigable del gobierno de Javier Milei tuvo una semana intensa, y no solo por las maratónicas reuniones de comisión que arrancaban a las 9 de la mañana y se extendían hasta las 2 de la madrugada. Y es que mientras Patricia Bullrich o Guillermo Francos exponían, la mayoría de los máximos referentes de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal se reunían en diversos despachos del Congreso para terminar de acordar los cambios que le presentarán a Javier Milei a cambio de sus votos. Fueron días de "armonizar semáforos", como lo denomina un dirigente radical, con el objetivo de establecer un "mínimo común denominador" entre todos los ex integrantes de Juntos por el Cambio que garantice llegar al día de la sesión con 130 votos afirmativos.

Queda poco tiempo. Martín Menem convocó a una última reunión informativa para el lunes para escuchar a las organizaciones sociales y empresarias que se ven afectadas por el mega proyecto y eso será todo. No darán explicaciones ni Luis Caputo ni Federico Sturzenegger. El martes o miércoles se dictaminará y, si dan los tiempos, la semana siguiente La Libertad Avanza llevará la discusión al recinto. El objetivo de la oposición amigable es tener, para entonces, un borrador final - limpio y desmalezado de los puntos más cuestionados - para imponerle al oficialismo. 

Rojo, amarillo y verde

El semáforo con el que empezó a trabajar el radicalismo consiste, hoy, en un borrador de más de 200 páginas - con una carátula con el dibujo de un semáforo - en el que se precisa todos los artículos de la ley que considera que hay que aceptar, modificar o rechazar. Las objeciones base - es decir, los "rojos" innegociables - son cinco. 

La primera es la delegación de facultades por dos años (y la posibilidad de prorrogarlas por dos años más). No hay sector de la oposición que esté de acuerdo en este punto, ni siquiera el PRO, por lo que ya Eduardo Chirillo - secretario de Energía y uno de los redactores del mega proyecto - admitió, el martes, que podrían reducirlo a un año con la posibilidad de prorrogarlo otro más (la discusión será respecto a si la prórroga puede quedar en manos del Ejecutivo o si tiene que pasar nuevamente por el Congreso). 

La segunda es la suspensión de la movilidad jubilatoria. Este planteo lo comparten también en Hacemos Coalición Federal (HCF): una bancada que tejió Emilio Monzó con la Coalición Cívica, Pichetto, el cordobesismo y el socialismo santafesino para tener mayor poder de fuego en las negociaciones. El objetivo final de ambos bloques es presentar una mismo borrador final y erguirse, así, como el actor que definirá el futuro de la ley (ya que el PRO está virtualmente alineado con LLA y Unión por la Patria y la izquierda fueron desplazadas de las negociaciones). Y, en lo que respecta a las jubilaciones, ambos sectores están analizando plantear una fórmula alternativa (atada a la inflación) que reemplace a la de Alberto Fernández. Ahí los cordobeses tienen un diálogo directo con el titular de la Anses, Osvaldo Giordano, quien no solo fue ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, sino que está casado con Alejandra Torres, una de las diputadas de HCF. 

La tercera son la suba de las retenciones a las economías regionales. En "amarillo" por un tiempo, dado que este punto - como las jubilaciones - integra el capítulo fiscal del paquete de Milei y, por lo tanto, es uno de los artículos que el presidente indició que era "no negociable", el incremento de las retenciones se terminó volviendo un "rojo". Las presiones de algunos sectores productivos - como el vitivinícola - terminaron minando la voluntad de los representantes de las provincias del Norte o Cuyo. Y no solo de la oposición: son varios los diputados de LLA que se muestran reacios a acompañar este capítulo de la ley.

La cuarta es la reforma electoral. Milei no tiene aliados en este punto: todos los partidos de la oposición - incluso algunos diputados propios - le pidieron al Ejecutivo que pateara la discusión de la suspensión de las PASO y el reemplazo del sistema proporcional por uno de circunscripciones electorales para después de marzo. El mismo Francos terminó su exposición en el plenario de comisiones convencido de que no tendrían el número para aprobar la reforma. La duda, sin embargo, es si LLA decidirá incluir, de todos modos, el capítulo en el dictamen y se arriesgará a que se lo rechacen en la votación en particular.

La quinta son las privatizaciones. Este punto, para algunos sectores, está en "amarillo", ya que la objeción es a que se discuta la privatización de las 41 empresas públicas como un solo paquete. La mayoría tiene al Banco Nación en YPF en "rojo", mientras que el resto de las empresas están en "amarillo" o "verde" (como el caso de Aerolíneas Argentinas).

El resto son pedidos de modificaciones que fueron siendo negociadas con los gobernadores o los propios sectores empresarios, y que el Ejecutivo ya anticipó que eran "errores" que serían corregidos en el texto final. Este era el caso del nuevo corte de los biocombustibles, la habilitación a la Nación a otorgar concesiones de hidrocarburos o la eliminación de la reforma del Régimen Federal Pesquero. 

Hay, además, otros capítulos de la ley vinculados a la Educación y la Cultura - como la eliminación del Fondo Nacional de las Artes - que sectores de la oposición plantean directamente eliminar. "Si lo que quieren priorizar es el paquete fiscal, discutamos eso y dejemos lo otro para ordinarias", insisten desde HCF. 

Una mesa para la oposición

El borrador de la oposición está casi listo, pero hay un problema: no existe una mesa de negociación para formalizar los cambios. Los diputados suelen conversar, informalmente, con Francos, Martín y Lule Menem u Omar de Marchi, pero ninguno le ofrece garantías. La queja, después de varias semanas, sigue siendo la misma: no hay interlocución con LLA. "Ellos prefieren hacernos concesiones unilaterales desde los medios de comunicación, pero nunca admitiendo que surgen de nuestros planteos. No quieren demostrar que están cediendo", se quejan en el radicalismo. 

Milei no miente cuando dice que el número para aprobar la ley está. Pero el presidente es su propio enemigo y, a medida que dilata sentarse a negociar formalmente con la oposición, la posibilidad de tener su ley sancionada también se dilata.

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