La familia de Timerman denunció a Borinsky y Hornos ante el Consejo de la Magistratura, por "Página 12" del 15-04-21

 Impulsan el  juicio político contra los camaristas por su actuación en la causa del Memorándum con Irán

Jordana Timerman, hija de Héctor Timerman, y su tío Javier, hermano del fallecido canciller, le reclamaron al Consejo de la Magistratura que impulse el proceso de juicio político contra los jueces de la Cámara de Casación Penal Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por su actuación en la causa del Memorándum con Irán, aquella que se inició con la denuncia de Alberto Nisman con el argumento del supuesto encubrimiento a favor de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Ambos camaristas ordenaron en 2016 la reapertura de ese expediente y apartaron al juez que la había cerrado por inexistencia de delito, Daniel Rafecas, pero incluso respaldaron la creación de una causa melliza, que absorbería a la original, y que quedó en manos de Claudio Bonadío, quien procesó por traición a la patria entre otros a Cristina Fernández de Kirchner y a Timerman, a quien impidió viajar a Estados Unidos para recibir el tratamiento que seguía contra el cáncer. La denuncia presentada ante los consejeros recuerda que el excanciller había recusado a Hornos y Borinsky antes de que tomaran aquellas decisiones cruciales y que la respuesta fue que "no cabía admitir que la defensa pueda dudar de" su "imparcialidad". Ahora se sabe que ya por entonces visitaban al expresidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos.

Timerman había recusado a ambos jueces de Casación porque ya previamente habían sido apartados en la discusión sobre la inconstitucionalidad del Memorándum de entendimiento con Irán. Para colmo quedaron integrando dos salas de Casación a la vez, la I y la IV, que intervenían respectivamente en el expediente inicial, inaugurado con la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de aparece muerto por encubrimiento, y en la causa melliza que fogoneó Bonadío cuando el juez Rafecas cerró la original por inexistencia de delito. Además de rechazar los pedidos de apartamiento alegando imparcialidad, llegaron a decir que su "integridad de espíritu", "la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles, pueden colocarlos por encima de cualquier sospecha de parcialidad".

Confirmación

Ahora se confirma por las planillas oficiales de ingresos tanto a la Casa Rosada como a la residencia presidencial, que eran ambos visitantes frecuentes. Y que para la época en que los camaristas garatizaban la continuidad de la causa por el Memorándum "los jueces Hornos y Borinsky habían ya tenido una decena de reuniones con el entonces presidente Macri, coincidiendo, además en el lugar, sea en la casa de gobierno, sea en la residencia de Olivos, con otros tantos integrantes de la llamada Mesa Judicial cuya existencia ha sido denunciada judicialmente, interesada en el avance de los proceso persecutorios contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre los cuales es encontraba Héctor Timerman".

La presentación

Dice la denuncia de los Timerman que las reuniones de jueces y Macri se mantuvieron ocultas "de la sociedad y de las partes" y que incluso el gobierno de Cambiemos mintió cuando envió una rendición de cuentas que omitía la existencia de esos encuentros. Pero también recuerda que los documentos de directorio de la DAIA aportadas el 10 de noviembre de 2016 en la causa dan cuenta de que sus directivos se reunían con Macri para planificar su presentación como querellantes. Esa querella, de hecho, fue admitida como tal por Hornos y Borinky el día que dispusieron la reapertura del caso Memorándum y desplazaron a Rafecas. "El oportuno conocimiento de la ocurrencia de esos encuentros que los participantes se interesaron mantener ocultos hubiera sido de utilidad para reforzar aquellos planteos recusatorios de esta defensa y para desvirtuar también la argumentación entonces ensayada por los jueces Borinsky y Hornos respecto de su supuesta imparcialidad.

La presentación, dicen Jordana y Javier Timerman, responde a "una expresa solicitud que hiciera en vida Héctor Timerman, respecto a que, luego de su muerte, no dejásemos de buscar justicia para su nombre mancillado por una persecución judicial que, señalamos impactó de modo trágico y decisivo en su salud". Héctor Timerman --plantean-- tenía el derecho a saber a quienes decidían el destino de la causa en su contra se reunían con el expresidente. Recuerdan, incluso, que el Poder Ejeuctivo por entonces no disimulaba su interés en esta causa en particular. De hecho Macri en su momento aplaudió la reapertura de la causa y se dijo que los jueces en cuestión había tenido "valentía y coraje" y que habían "soportado presiones". A lo que se suma que, haber mantenido ocultas las reuniones con ellos ante un pedido de información pública de Poder Ciudadano, refuerza el extremo interés que había en el tema.

El Proceso

La Comisión de Disciplina y Acusación ya avanza en una investigación sobre Hornos a partir de la denuncia que habia presentado el actual ministro de Justicia, Martín Soria, por seis visitas a Macri en la Casa Rosada, a la que se sumaron dos a Olivos. Luego se sumó otro planteo del abogado Alberto Beraldi, que recordó que en 2018 había pedido el apartamiento de Hornos y de su colega Eduardo Riggi en la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa. Macri mostraba interés por esa causa en particular. Beraldi ya pedía entonces que se constataran ingresos y egresos a la Casa de gobierno y a Olivos, que fue rechazado por esos jueces y ahora resulta que Hornos era uno de los visitantes. La primera denuncia contra Borinsky, después que se conocieron sus visitas a Olivos a jugar tenis, paddle y fútbol, no se sorteó entre los consejeros. Ahora se sumó la de los Timerman.

Las nuevas medias y el sorteo de este expediente deberían ser en la reunión del martes próximo. La debe convocar el titular de la Comisión, el camarista Ricado Recondo, que planteó que no está de acuerdo en avanzar con la investigación contra estos dos camaristas. Otro juez-consejero, Juan Manuel Culotta, está en la misma tónica, por lo que esto podría llegar a debilitar las investigaciones. 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/335714-la-familia-de-timerman-denuncio-a-borinsky-y-hornos-ante-el-

JUSTICIA SIN SALIDA, por Adrián Corbella

La justicia argentina es así: un velero que avanza en la oscuridad, arrastrado por el viento…

 “Se robaron todo”, “Se robaron un PBI”… “Ladrona de la Argentina”, pusieron en google. No se sabe muy bien que es ese todo, no tienen ni la más remota idea de lo que es un PBI ni de cuánto representa. No saben que un PBI, el monto total de lo que el país produce en un año, es una auténtica montaña de dinero, imposible de robar, y si se robara imposible de ocultar, pues el ladrón se transformaría en la persona más rica del mundo. Lo que si tienen claro es que los funcionarios de los gobiernos de la etapa 2003-2015 son todos corruptos y deben ser condenados, con o sin pruebas, respetando los procedimientos judiciales o violándolos. En este caso, el fin parece justificar los medios. La justicia no debe investigar para averiguar la verdad, sino convalidar una verdad decidida de antemano.

Piensan que los que defienden a estos ex funcionarios son o ignorantes, o corruptos que dependen de alguna forma de clientelismo, y encima son seguidores de una ideología política, el peronismo, que no logran entender y a la que responsabilizan de todos los males de la Argentina en el último siglo.

Los medios que leen, escuchan y ven les repiten todo el tiempo este mensaje. Y ellos lo creen. Por lo tanto cualquier fallo judicial que se enfrente a ese a priori, a esa convicción, es descalificado. Los jueces que cuestionen ese prejuzgamiento de los ex funcionarios acusados deben estar comprados, deben  ser corruptos. Por eso están dispuestos a presionarlos de la manera que sea, a escracharlos incluso, para lograr que los fallos sean tal como ellos creen que debe ser.

Esta es la perspectiva de un porcentaje importante de la población argentina, que se autodefine por esta oposición visceral a esta fuerza política a la que califican de corrupta, “populista”, “clientelista” y autoritaria. La líder de esta fuerza política, Cristina Fernández, aparece para estos argentinos como una suerte de némesis permanente, responsable de todos los males desde Buenos Aires a Tokio, de la Tierra a Ganimedes. Es una figura demonizada y merecedora de todos los males y que resulta objeto del odio eterno de estos ciudadanos decentes, republicanos, trabajadores y plagados de valores –así se conciben ellos, al menos-.

Por supuesto que hay otros argentinos. Los que creen que la etapa 2003-2015 fue una de las mejores de la historia argentina. Que piensan que pudo haber algún funcionario corrupto,  pero que serían minorías de conductas reprobables, desvíos de la norma, casos que habría que analizar uno a uno y con pruebas sólidas en la mano; de ninguna manera con una presunción de culpabilidad colectiva. La Santa Inquisición no puede ser el modelo de una justicia democrática.

Estos otros argentinos sienten que los dirigentes a los que quieren y respetan son víctimas de una persecución judicial y mediática implacable que no respeta leyes, principios constitucionales ni normas jurídicas. Una persecución donde se unen políticos de derecha, una justicia colonizada o débil frente a las presiones del poder real, y sectores económicos muy poderosos, encabezados por las empresas mediáticas más fuertes.

Estos otros argentinos ven a los del primer sector como fanáticos irracionales, ignorantes dominados por prejuicios que son validados por los medios concentrados y por dirigentes políticos de derecha. No entienden cómo es que se indignan por supuestos casos de corrupción (que no pueden probar) los seguidores de una fuerza política que gobernó entre 2015 y 2019 con niveles de corrupción altísimos y de una transparencia inusitada, mucho más fáciles de demostrar que las retorcidas denuncias que se hacen contra los funcionarios de la etapa anterior. No entienden cómo dicen defender la “República” quienes gobernaron con una desprolijidad institucional pocas veces vista, y con prácticas francamente mafiosas.

Estos dos sectores conviven en la sociedad, y tienen perspectivas diametralmente opuestas. Es la famosa “grieta”. Todo lo que sucede lo interpretan al revés: unos piensan que la pandemia es real, los otros la discuten. Unos apoyan a cuarentena, los otros la ven como un atentado a sus libertades. Unos quieren vacunarse, los otros se oponen a la vacunación. Unos piensan que la reforma judicial que impulsa el gobierno es para garantizar la impunidad de los funcionarios de la etapa 2003-2015. Los otros piensan que la oposición no quiere esa reforma judicial para evitar los juicios a los funcionarios del período 2015-2019.

Como si esta discrepancia tan fuerte no fuera suficiente, sumamos el problema de que la justicia argentina es, de los tres poderes, el que peor imagen tiene. Mala imagen muy bien ganada con fallos insólitos, y violentos cambios de frente cuando las presiones arrecian.

En estos días hemos visto a la Corte considerar de "gravedad institucional" la anulación del traslado, ilegal según la propia Corte, de "tres ignotos magistrados" (Alberto dixit).Para luego, pocos días después, lavarse las manos frente a una condena muy cuestionada a un ex vicepresidente.

Hemos visto a un juez de Entre Ríos fallar contra una familia muy poderosa, recibir presiones y, EN EL MISMO DIA, hacer un segundo fallo anulando el primero (1).

Vemos a un fiscal con un procesamiento confirmado en segunda instancia seguir ejerciendo su cargo como si nada, y a su jefe, interino pero encariñado con el cargo, mirar para otro lado.

Se han metido en un laberinto que no parece tener salida. Hagan lo que hagan hay un sector muy importante de la sociedad que los ve como veleros arrastrados por el viento más fuerte.

Este problema ya fue señalado el año pasado en una nota escrita para el “New York Times” por Jordana Timerman, hija del ex canciller argentino Héctor Timerman, quien personalizaba el problema en torno a la figura de la entonces candidata y hoy vicepresidente:

“La justicia argentina se ha politizado y ahora está en un callejón sin salida. Si Fernández de Kirchner es declarada inocente, la percepción de muchos ciudadanos será que sucedió así porque los jueces se rindieron a presiones. Si es declarada culpable, será por lo mismo. Es crucial determinar si las acusaciones son verdaderas, tanto para los votantes que apoyan a Fernández de Kirchner como para los que quieren verla en la cárcel. Pero con un sistema judicial extremadamente cuestionado, es poco probable que esto se logre.” (2)

Desde que se publicó esa nota en el famoso diario neoyorkino  en junio del año pasado, el problema no ha cesado de empeorar, ya que recientes decisiones ponen en la misma situación, bajo el mismo manto de sospecha, a la propia corte suprema de justicia.

Lo que resulta claro, cualquiera sea la postura desde la que uno pretenda analizar este conflicto, es que una justicia que ha perdido en tan amplio grado la confianza de los ciudadanos, no está en condiciones de cumplir con sus tareas específicas., y está, como bien señalaba Jordana Timerman, en un “callejón sin salida”.

La reforma del sistema judicial argentino parece imprescindible, pero en esta situación, con la sociedad divida por lo que algunos llaman “la grieta”, parece muy difícil que se alcancen los consensos políticos necesarios.

El actual Presidente tiene una enorme paciencia, y es famoso por su capacidad para tejer acuerdos, para construir consensos. Quizás se revele como un diestro desatador de nudos, ante una oposición que lo único que aporta a la solución del problema es agregarle al nudo más y más pegamento.

Pero, cuando el nudo es imposible de desatar, la experiencia histórica nos enseña que la única solución es cortarlo. Al menos así hizo, en la ciudad de Gordio, el rey macedonio Alejandro con un nudo muy famoso frente al que muchos habían fracasado. Habrá que ver si en nuestro contexto alguien tiene una “espada” tan afilada como la del viejo guerrero macedonio, una solución que permita cortar el nudo, es decir, salir del laberinto por arriba.

 

Adrián Corbella, 29 de diciembre de 2020

 

NOTAS:

(1): https://www.pagina12.com.ar/313746-un-juez-fallo-contra-los-etchevehere-pero-despues-se-arrepin

(2): https://www.nytimes.com/es/2019/06/10/espanol/opinion/cristina-fernandez-kirchner-juicio.html?s=08#click=https://t.co/zNGOVbl3Gt

Postales de la crisis de eterno retorno argentino, por Jordana Timerman (para "The New York Times" del 10-02-20)

Manifestantes en un cacerolazo en Buenos Aires en enero de 2019
Credit...Agustín Marcarian/Reuters

Los argentinos constantemente tienen la sensación de vivir sobre arenas movedizas. El nuevo gobierno quiere romper el círculo vicioso que afecta a la economía desde hace décadas con un nuevo pacto social.

Por Jordana Timerman
La autora es periodista argentina.

10 de febrero de 2020

BUENOS AIRES — Los argentinos comenzamos 2020 agobiados por la crisis económica, una más de las que marcan nuestras décadas.

“El que se quemó con leche, ve una vaca y llora,” decimos aquí. Los argentinos tenemos un temperamento nacional dramático pero nuestros miedos ante una economía inestable tienen fundamentos. Cada aumento de precio, temblor de los mercados o anuncio impositivo, cada protesta social y evidencia de la pobreza creciente, nos remite de alguna forma al “corralito” de 2001. O más atrás: la hiperinflación de 1989 o al masivo ajuste económico de 1975. Estas crisis económicas suscitaron un severo descontento social que terminó por reordenar la vida argentina y su acumulación en el tiempo nos ha dejado con una suerte de síndrome postraumático y la sensación de estar atrapados en un eterno retorno.

Al día siguiente de la elección primaria que indicó que Mauricio Macri no sería reelecto en octubre de 2019, se disparó una devaluación dramática del peso empujada por la compra frenética de dólares para resguardarse de la inestabilidad. Cuando poco después se anunciaron controles de cambio para detener la hemorragia financiera,  la gente empezó a hacer filas en los bancos para sacar todos sus ahorros, como durante el corralito, cuando se limitaron los retiros y se devaluó el contenido de las cuentas.

Esos recuerdos todavía están a flor de piel en mi país. Nuestra historia nos ha enseñado a vivir en una nación con una moneda permanentemente débil, una fe mínima en los bancos y planes de ahorro que consisten en esconder el efectivo en los muebles de nuestras casas (“debajo del colchón”).

Las crisis afectan a cada clase social de manera diferente. Los pobres luchan por comer y dormir bajo un techo. La clase media hace malabarismos para mantener su precaria posición económica. Los ricos se amargan ante las pérdidas mientras los especuladores demuestran su asombroso talento para encontrar rendijas lucrativas en los controles monetarios. Todos, sin embargo, compartimos una sensación de locura. Construimos nuestras vidas sobre arena movediza.


Los que fuimos niños cuando había que correr en los supermercados para ganarle a los aumentos en 1989 y adolescentes en las quiebras y cacerolazos a principios de este siglo, hemos pasado ya por dos bautismos de fuego para llegar a la adultez.

Y todo indica que en 2020 podríamos estar ante una nueva gran crisis. El año pasado, la inflación superó el 50 por ciento, tenemos deudas por más de 100.000 millones de dólares. La pobreza pasó el 40 por ciento. Producimos comida para 440 millones de personas, pero el 22 por ciento de los 40 millones de argentinos sufren de “inseguridad alimentaria”.

Pero al iniciarse un nuevo gobierno en la Casa Rosada, ha surgido una esperanza de que quizás logremos evitar la cíclica hecatombe económica que ha marcado nuestras vidas y la historia nacional.


Publicado en:
https://www.nytimes.com/es/2020/02/10/espanol/opinion/crisis-argentina.html

Cómo sacar a la justicia argentina de su laberinto electoral, por Jordana Timerman (para "The New York Times" del 10-06-19)

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py el 21 de mayo de 2019
DANIEL JAYO/GETTY IMAGES

Por JORDANA TIMERMAN
10 de junio de 2019

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BUENOS AIRES — Los tribunales penales federales en la ciudad de Buenos Aires están situados en un enorme edificio solitario, como salido de una novela de Kafka. Imponentes bajorrelieves y decoraciones de piedra en la fachada contrastan con la apabullante decrepitud de sus instalaciones. Estos tribunales son conocidos como Comodoro Py, el nombre de la avenida donde se ubican. Para muchos simbolizan la deteriorada realidad de la entidad clave en la justicia de Argentina, que hoy es más sinónimo de las jugadas turbias del poder que de las leyes.

Es año electoral en Argentina y Comodoro Py juega ya un papel protagónico en esta campaña. Por ejemplo, la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta más de una decena de casos judiciales relacionados con supuestos actos de corrupción en su última gestión (además de una causa por encubrimiento agravado). Hoy será la cuarta sesión del primer juicio que la tiene en el banquillo de acusados. La semana pasada, un juez le sumó otro procesamiento más. Pero las denuncias, investigaciones, órdenes de detención contra Fernández de Kirchner —y la detención preventiva a varios exfuncionarios kirchneristas— parecen responder más a un calendario que beneficia netamente a las necesidades electorales del presidente Mauricio Macri, quien busca reelegirse en octubre.

La justicia argentina se ha politizado y ahora está en un callejón sin salida. Si Fernández de Kirchner es declarada inocente, la percepción de muchos ciudadanos será que sucedió así porque los jueces se rindieron a presiones. Si es declarada culpable, será por lo mismo. Es crucial determinar si las acusaciones son verdaderas, tanto para los votantes que apoyan a Fernández de Kirchner como para los que quieren verla en la cárcel. Pero con un sistema judicial extremadamente cuestionado, es poco probable que esto se logre.

No se sabe todavía quién ganara la presidencia, pero ya está claro que el perdedor electoral serán la justicia y los ciudadanos.


Una seguidora de Fernández de Kirchner aguarda frente a Comodoro Py antes del inicio del juicio contra la expresidenta el 21 de mayo de 2019.
AGUSTÍN MARCARIAN/REUTERS
En el caso llamado “Vialidad” se acusa a Fernández de Kirchner de liderar una trama de corrupción que asignó obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de la empresa de un amigo y presunto testaferro de los Kirchner. El juicio, que comenzó en mayo, rápidamente dio al traste con las expectativas, tanto de entretenimiento como de justicia. Hasta ahora solo han avanzado con la lectura de 348 páginas de las 584 de la acusación, un protocolo tan tedioso que los acusados pidieron permiso para faltar. Ante la falta de novedades, los medios comentan lo que lleva puesto Fernández de Kirchner, dónde se sienta, quién la acompaña y qué material de lectura lleva la expresidenta.

El caso también ha estado plagado de cuestionamientos sobre la calidad de evidencia. Hay nueve recursos de queja por parte de las defensas ante la Corte Suprema. Si los magistrados determinan que los jueces de instancias inferiores cometieron arbitrariedades, el caso se podría declarar nulo.

De hecho, a mediados de mayo la Corte Suprema pidió revisar la evidencia que tiene el tribunal, lo cual podría haber retrasado el comienzo del juicio. Esta intervención desató una explosión de enojo popular que incluyó cacerolazos y una campaña ciudadana en Change.org con más de 120.000 firmas pidiéndoles a los magistrados que permitan que el juicio arranque sin demora. Es un indicio de las tormentas que esperan cualquier decisión en el caso.


Algunos manifestantes se reunieron frente al Congreso de Argentina en agosto de 2018 para pedir que le quitaran la impunidad parlamentaria a Fernández de Kirchner.
EITAN ABRAMOVICH/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES
Sin embargo, un juicio no es un asunto de voluntad popular, sino de legalidad. Y considerando la excesiva polarización política en nuestro país, es difícil imaginar una resolución aceptable para todos.


Como ha dicho Hugo Alconada Mon, sería un peligro que desaparezcan los casos judiciales en contra de Fernández de Kirchner si llegara a ocurrir una victoria electoral kirchnerista, tal como ocurrió con el presidente Macri.

Es de vital importancia que los casos de corrupción se esclarezcan y resuelvan judicialmente, y no en el tribunal de los medios. Pero, generar investigaciones creíbles contra la corrupción —en especial considerando el enorme poder electoral que manejan algunos acusados— requiere de una justicia autónoma y creíble. Y eso no sucede en Argentina: la confianza en el poder judicial se desplomó en los últimos años y en 2017 su descrédito llegó al 11,7 por ciento, según una encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

Incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo reconoció: “Los argentinos están perdiendo la confianza en el poder judicial, hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana”.


Hay otro caso judicial que se juzgará este año en Argentina, aunque no en Comodoro Py. Un juez federal en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, investiga una presunta red de espionaje ilegal de alcance político, periodístico, empresarial y judicial. De acuerdo con el juez, esta organización criminal paraestatal involucraría a agentes de inteligencia que se dedicaban a extorsiones y al armado de causas judiciales. Hay indicios de que intervinieron en causas de corrupción contra exfuncionarios de gobierno. Desde que Ramos Padilla inició su investigación, el gobierno de Macri le inició un juicio político y los medios difunden escuchas telefónicas ilegales que parecen querer desprestigiar el caso.

Incluso el papa Francisco subrayó el peligro de “la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas,” un comentario con evidente resonancia en su país natal.

Esta clase de crisis no es inédita dentro en Argentina. En 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia e inmediatamente denunció presiones de magistrados de una Corte Suprema “adicta al poder”. Aquel grupo de jueces y magistrados era conocido como la “mayoría automática” del expresidente Carlos Menem, un poder judicial marcado por escándalos de corrupción. A través de juicios políticos en el congreso contra magistrados, Kirchner renovó a la mitad de la Corte Suprema. Fue un salto importante de calidad para la corte, que después supo marcar su independencia del poder político de turno. Pero algunos choques de intereses frenaron intentos posteriores de reforma de los tribunales de Comodoro Py.

Hoy, ante una justicia penal deslegitimada y en el preludio de las elecciones, es necesaria una revolución similar. Un procedimiento de este estilo, llevado adelante por las instituciones democráticas de la forma que traza la constitución, podría ser una salida al laberinto en el cual se encuentra perdida nuestra justicia.

En un país con una política tan polarizada, no será fácil encontrar consenso en esa tarea. Por lo mismo sería necesario el acompañamiento de expertos y representantes de la sociedad civil o bien una comisión de expertos judiciales internacionales.

Hay indicios de que los votantes argentinos están agobiados por la polarización, llamada en Argentina “la Grieta”. Ojalá que este viraje permita que el próximo presidente tenga el coraje de arreglar Comodoro Py.

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