La defensa del modelo neoliberal, a medida que pierde arraigo en la sociedad civil, necesita de un nuevo sostén: el poder militar. En una etapa inicial, el discurso político y el soporte mediático son suficientes para justificar el ajuste económico, la estigmatización de la política y el debilitamiento de las instituciones. Aquí el neoliberalismo se disfraza de una “nueva derecha democrática” que “sólo pretende ordenar las cuentas públicas anarquizadas por los populismos de la década anterior”.
Sin embargo, a medida que se acentúan las consecuencias económicas y la catástrofe social, otros instrumentos se hacen necesarios. Estos son más tangibles que el mero discurso y la información. Se trata de una segunda etapa de control del modelo neoliberal que consiste en la militarización. Es el momento donde las fuerzas represivas no sólo custodian a la sociedad civil, sino también a las Instituciones políticas y a los recursos estratégicos. Hoy, el objetivo no es sólo perpetuar en el poder a los gobiernos neoliberales, como en los casos de Argentina, Chile, Colombia o Brasil, sino además cercar a los gobiernos populares que no responden a los intereses de las corporaciones como Venezuela y Bolivia.
El proceso cuenta con un actor ordenador que es quien ejecuta las tareas. Ese rol es, y ha sido históricamente, de Estados Unidos. El financiamiento de esquemas tales como “El Plan Colombia”, las ayudas humanitarias o el intercambio de experiencias militares fueron las bases de la militarización de América Latina. Sobre la base de viejas argumentaciones respecto al combate de los crímenes trasnacionales tales como el narcotráfico, la trata de personas y los ataques terroristas se ocultan los verdaderos objetivos políticos, económicos y estratégicos.
Fue Evo Morales quien denunció los ejercicios militares conjuntos denominados “Operación Estrella Austral” que desarrolla Chile con Estados Unidos en Antofagasta. Según el comunicado del Ejército chileno, la presencia del Comando Sur es parte de una iniciativa “basada en un entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales en el marco de una situación ficticia de imposición de la paz, la que permite que nuestras Fuerzas Armadas ejecuten operaciones que incrementen la interoperabilidad conjunta y combinada, tales como acción directa, operaciones de rescate, de información y asistencia militar, entre otros”. Esto se da en el marco del acuerdo bilateral entre ambas fuerzas armadas firmado en el año 2007. Ante esto, el Presidente boliviano expresó que se trata de una amenaza imperialista a la paz regional.
Un caso similar volvió a repetirse, pero esta vez con Argentina. El gobierno de Mauricio Macri realizó un despliegue militar en la frontera con Bolivia, conocido como “Plan de Fronteras Protegidas”, con más de 3000 militares que “darán apoyo logístico a Gendarmería y Prefectura para luchar contra el narcotráfico”. Además, se instaló un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias en la provincia de Misiones solicitado por el gobierno argentino. El caso argentino es paradigmático en este sentido ya que, desde la restauración democrática, había reservado a las fuerzas armadas un rol estrictamente de defensa exterior. Otras medidas que apuntan a que el Ministerio de Seguridad absorba funciones del Ministerio de Defensa, reafirman la necesidad de contar con la herramienta militar para disipar los conflictos dentro del país.
Lo mismo ocurrió con Venezuela. Desde que Obama declaró que el país caribeño representa una “amenaza para la seguridad nacional”, las acciones militares no han cesado. Se trata de una política de estado que no distingue cambios de gobierno en la Casa Blanca. Hace apenas algunos meses, Donald Trump ha extendido por un año más el decreto de emergencia nacional. Según las propias palabras del Jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, de visita por Buenos Aires: “Venezuela es un desastre humanitario de proporciones tremendas. Está afectando a toda la región (…). Esto está teniendo un fuerte impacto en los países de la región, incluyendo Argentina, pero sobre todo en aquellos que rodean a Venezuela. Estamos interesados en ver cómo ayudar a nuestros amigos y vecinos mientras lidian con esta crisis humanitaria”. Estas declaraciones fueron coronadas con el atentado que sufrió Nicolás Maduro hace algunas semanas atrás.
Tampoco fue casual la visita de Tidd a Colombia a principios de este año, donde se reunió con el mando del ejército colombiano “para contrarrestar las amenazas de seguridad”. En el mismo sentido, el uribista Iván Duque, tras los acuerdos de paz firmados por su antecesor Juan Manuel Santos, prometió retomar la senda de la militarización contra el Ejercito de Liberación Nacional y lo que queda de las FARC.
De igual manera, Panamá también recibió la visita de las fuerzas norteamericanas bajo el argumento de “asistencia humanitaria”. Fue el mismo Tidd el que acusó al gobierno venezolano de ser un factor de “desestabilización regional”. Este comentario fue de la mano de las declaraciones del canciller estadounidense, Rex Tillerson, quien sugirió la intervención de militares venezolanos para resolver la crisis interna y lograr la salida de Nicolás Maduro. Según sus propias palabras: “En la Historia de Venezuela y de los países latinoamericanos, los militares han sido a veces un agente de cambio cuando las cosas estaban tan mal que los líderes ya no podían seguir sirviendo a su pueblo”.
Venezuela también se encuentra cercada por su frontera con Brasil. Debido a la presencia de migrantes venezolanos en el estado fronterizo de Roraima, el gobierno de Michel Temer envió más de 3000 soldados luego de que un grupo de residentes atacaran un campamento de refugiados. Desde el golpe de estado que desplazó a Dilma Rousseff, Temer ha consolidado la militarización en Brasil, lo que se vio cristalizado con la muerte de la dirigente Marielle Franco. Este hecho demuestra la crisis que vive la militarización de las favelas, donde día a día mueren cientos de personas en redadas que no hacen más que atemorizar a la población, sin disminuir las cifras de la criminalidad narco.
Consecuencias de la militarización
Esta demostrado en la práctica que las experiencias de militarización en América Latina fracasaron en Colombia, México y Brasil donde la “guerra contra el narcotráfico” sólo ha desembocado en desapariciones y muertes civiles que infunden el caos y pervierten a las fuerzas de seguridad. El fracaso de México también es ejemplificador sobre las consecuencias devastadoras de la militarización en América Latina: más de 125 mil muertes, 30 mil desaparecidxs y unos 250 mil desplazadxs.
Además, otra de las consecuencias de la militarización regional es el aumento del poder político de los militares que, como demuestra el caso brasilero, no sólo han consolidado sus bancadas legislativas, sino que además han propuesto un candidato a Presidente que se encuentra segundo en las encuestas, como es el caso de Jair Bolsonaro. Estos personajes son los que ponen en agenda la discusión punitivista reviviendo relatos propios de las dictaduras militares.
Como segunda fase del proceso neoliberal, la militarización de América Latina pretende consolidar un modelo de exclusión y saqueo, que sólo es posible quitándole soberanía a los pueblos a través de fuerzas armadas extranjeras.
Publicado en:
https://revistappv.com.ar/2018/09/11/9649/
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