Miradas al Sur.Año 6. Edición número 257. Domingo 21 de
abril de 2013
Por
Hernán Invernizzi. Periodista
En diciembre de 2012 sesionó una Conferencia Mundial
organizada por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las
Naciones Unidas, para sancionar un nuevo Reglamento de Telecomunicaciones, una
normativa estratégica en el planeta globalizado. La UIT funciona por el método del
consenso, pero no hubo acuerdo y tuvieron que votar: 89 aprobaron, 24 se
negaron y 31 que debían consultar a sus países. La realización de esta
Conferencia desató una campaña planetaria contra la intervención de la ONU en la web.
Como no consiguen impedir que la ONU avance con la legislación, los gigantes web desataron esta campaña según la cual las naciones no deben acordar los normas que regulan Internet –que la ONU no regule un mercado que involucra a más de 2.000 millones de personas (alrededor del 35% de la población mundial), e inclusive que los Estados resignen su soberanía y que no regulen a empresas que funcionan en sus territorios–.
Lo plantean a través de la siguiente idea engañosa: “Los gobiernos no deberían determinar el futuro de Internet de forma independiente y a puerta cerrada, sino que se debería tener en cuenta la opinión de los miles de millones de usuarios que utilizan Internet en todo el mundo, así como la de los expertos que han creado y mantienen la Red” (campaña Take Action que encabeza Google). O sea: este caos global administrado en su beneficio por las gigantescas corporaciones web, no debe cambiar. Google es el ariete y lo apoyan corporaciones cuyo mercado es la red, pero cuyos intereses suelen ser contradictorios, líderes globales como Microsoft, Skype, Facebook, Comcast, Cisco, AT&T, etc. Están enfrentados por el control político-económico de la red, pero actúan de común acuerdo frente a su enemigo principal: la soberanía de los Estados nacionales.
Las naciones están divididas. El bloque liderado por Estados Unidos propone que nada cambie porque ya tiene el control. El otro bloque, encabezado por los Brics y más de 100 países, propone que la web sea controlada por la ONU junto con la sociedad civil y el sector privado. Esta lucha por el poder técnico-administrativo de la web tiene inevitables consecuencias económicas, político-culturales y militares.
Como no consiguen impedir que la ONU avance con la legislación, los gigantes web desataron esta campaña según la cual las naciones no deben acordar los normas que regulan Internet –que la ONU no regule un mercado que involucra a más de 2.000 millones de personas (alrededor del 35% de la población mundial), e inclusive que los Estados resignen su soberanía y que no regulen a empresas que funcionan en sus territorios–.
Lo plantean a través de la siguiente idea engañosa: “Los gobiernos no deberían determinar el futuro de Internet de forma independiente y a puerta cerrada, sino que se debería tener en cuenta la opinión de los miles de millones de usuarios que utilizan Internet en todo el mundo, así como la de los expertos que han creado y mantienen la Red” (campaña Take Action que encabeza Google). O sea: este caos global administrado en su beneficio por las gigantescas corporaciones web, no debe cambiar. Google es el ariete y lo apoyan corporaciones cuyo mercado es la red, pero cuyos intereses suelen ser contradictorios, líderes globales como Microsoft, Skype, Facebook, Comcast, Cisco, AT&T, etc. Están enfrentados por el control político-económico de la red, pero actúan de común acuerdo frente a su enemigo principal: la soberanía de los Estados nacionales.
Las naciones están divididas. El bloque liderado por Estados Unidos propone que nada cambie porque ya tiene el control. El otro bloque, encabezado por los Brics y más de 100 países, propone que la web sea controlada por la ONU junto con la sociedad civil y el sector privado. Esta lucha por el poder técnico-administrativo de la web tiene inevitables consecuencias económicas, político-culturales y militares.
La libertad de censurar. En un artículo que se
publicó en muchos idiomas en muchos países y acá en La Nación (4/12/12),
Vinton Cerf aseguró que “esta web libre y abierta está en peligro. Filtran y
censuran contenidos 42 de 72 países estudiados por la Open Net Initiative...
los gobiernos han promulgado 19 leyes nuevas que amenazan la libertad de
expresión en línea... varios regímenes autoritarios proponen prohibir el
anonimato de la web...”
En los ‘70 Cerf fue contratado por el Ministerio de Defensa de EE.UU. para desarrollar sistemas de comunicación en las redes militares y se convirtió en uno de los padres de la web. Y lo es. Pero hoy es gerente en Google y directivo de la Icann, la organización contratada por Estados Unidos para regular el sistema por el cual el planeta se conecta de una manera y no de otra. Su artículo es parte de la campaña que descalifica las iniciativas regulatorias de la ONU. Cualquiera que hable de regulación es un enemigo de la libertad y la democracia.
Cerf no recuerda a Julian Assange ni la censura de Google sobre Cuba, no habla de la manipulación de la privacidad en Facebook, ni de Internet como campo de batalla del siglo XXI, ni comenta que las telecomunicaciones de nuestro continente pasan por los Estados Unidos: todas ellas son o pueden ser interceptadas y analizadas por organismos oficiales y empresas norteamericanas.
En Facebook funciona un buscador que investiga a sus millones de usuarios: los clasifica según sus “gustos” (cuando hacen click en “me gusta”). De allí salen bases de datos con información como la siguiente: “Todos los usuarios de sexo masculino residentes en países islámicos a los cuales les gustan los varones”, “todas las usuarias a las cuales les gusta Rosa Luxemburgo”, etc.
Google conserva en sus bases de datos todas las búsquedas de todos sus usuarios. Y si el usuario navega mientras está conectado a los servicios de Google (como Gmail), también rastrea sus acciones en la web. A partir del “rastreo” o tracking, se crean “perfiles” de usuarios: cuando éstos realizan una búsqueda, Google adapta los resultados al perfil. Los “perfiles” se venden y eventualmente se roban. O los Estados se los piden a los buscadores, a veces para buscar a un pedófilo, a veces para investigar a un opositor. Estados Unidos es el país que más pedidos de informes les formula a los buscadores acerca de las actividades de sus usuarios y Google es la empresa que más información sobre los usuarios le brinda al Estado norteamericano. ¿Por qué los defensores de la libertad no reclaman que se termine con el tracking de los usuarios? Es simple: rastrear la actividad de los usuarios es un gran negocio y una inconmensurable fuente de poder. Frente a esa razón, la pérdida de derechos es un daño colateral.
A partir de este año las principales empresas norteamericanas de telecomunicación espían a sus clientes con el noble objetivo de detectar infractores de los derechos de autor. Es el Copyright Alert System, nombre que adoptó una alianza entre gigantes. Por un lado los mayores proveedores de conectividad: AT&T, Comcast, etc. Y por el otro los mayores productores de cine, TV y música. Es el abrazo del oso: los que producen y los que distribuyen.
En los ‘70 Cerf fue contratado por el Ministerio de Defensa de EE.UU. para desarrollar sistemas de comunicación en las redes militares y se convirtió en uno de los padres de la web. Y lo es. Pero hoy es gerente en Google y directivo de la Icann, la organización contratada por Estados Unidos para regular el sistema por el cual el planeta se conecta de una manera y no de otra. Su artículo es parte de la campaña que descalifica las iniciativas regulatorias de la ONU. Cualquiera que hable de regulación es un enemigo de la libertad y la democracia.
Cerf no recuerda a Julian Assange ni la censura de Google sobre Cuba, no habla de la manipulación de la privacidad en Facebook, ni de Internet como campo de batalla del siglo XXI, ni comenta que las telecomunicaciones de nuestro continente pasan por los Estados Unidos: todas ellas son o pueden ser interceptadas y analizadas por organismos oficiales y empresas norteamericanas.
En Facebook funciona un buscador que investiga a sus millones de usuarios: los clasifica según sus “gustos” (cuando hacen click en “me gusta”). De allí salen bases de datos con información como la siguiente: “Todos los usuarios de sexo masculino residentes en países islámicos a los cuales les gustan los varones”, “todas las usuarias a las cuales les gusta Rosa Luxemburgo”, etc.
Google conserva en sus bases de datos todas las búsquedas de todos sus usuarios. Y si el usuario navega mientras está conectado a los servicios de Google (como Gmail), también rastrea sus acciones en la web. A partir del “rastreo” o tracking, se crean “perfiles” de usuarios: cuando éstos realizan una búsqueda, Google adapta los resultados al perfil. Los “perfiles” se venden y eventualmente se roban. O los Estados se los piden a los buscadores, a veces para buscar a un pedófilo, a veces para investigar a un opositor. Estados Unidos es el país que más pedidos de informes les formula a los buscadores acerca de las actividades de sus usuarios y Google es la empresa que más información sobre los usuarios le brinda al Estado norteamericano. ¿Por qué los defensores de la libertad no reclaman que se termine con el tracking de los usuarios? Es simple: rastrear la actividad de los usuarios es un gran negocio y una inconmensurable fuente de poder. Frente a esa razón, la pérdida de derechos es un daño colateral.
A partir de este año las principales empresas norteamericanas de telecomunicación espían a sus clientes con el noble objetivo de detectar infractores de los derechos de autor. Es el Copyright Alert System, nombre que adoptó una alianza entre gigantes. Por un lado los mayores proveedores de conectividad: AT&T, Comcast, etc. Y por el otro los mayores productores de cine, TV y música. Es el abrazo del oso: los que producen y los que distribuyen.
Los excluidos de siempre. Según esta campaña, los
organismos de la ONU
excluyen a “los ingenieros, empresas y personas que construyen y usan la web”.
Falso. Ocultan 15 años de trabajo: en 1998 la UIT propuso realizar la “Cumbre sobre la Sociedad de la Información”; entre
mayo de 2002 y diciembre de 2003 se concretaron 11 Conferencias internacionales
y en 2004 numerosas reuniones de seguimiento. Se realizaron las Conferencias
Preparatorias y en noviembre de 2005 se concretó la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”.
Intervinieron gobiernos, empresas, representantes de la sociedad civil,
expertos, etc. Nada fue improvisado, participaron todos los interesados y
aprobaron el documento final de la “Cumbre Túnez 2005”, que hoy es la
referencia global.
Lo que pasa es que pierden los debates cuando pretenden que los intereses comerciales son más importantes que los derechos de los ciudadanos o que las obligaciones de los Estados. Y nunca explican de qué manera podrían intervenir en la administración de Internet las empresas, ingenieros y usuarios, si no es a través de organismos de la ONU, que son el mayor nivel de consenso alcanzado para discutir cosas como las guerras, la salud o el trabajo.
Sostienen que las regulaciones de la ONU impiden el desarrollo de Internet. Pretenden que la globalización funciona en California o el Vaticano igual que en Bolivia o Paraguay, que como carecen de salida al mar, tienen costos elevadísimos de conectividad internacional. Por eso Bolivia proyecta una conexión propia y sin intermediarios con los centros de fibra óptica del Pacífico y del Atlántico. De estos casos no hablan. Y menos de las pequeñas ciudades que no son rentables para los gigantes de la infraestructura.
La política norteamericana sobre este tema es siempre la misma: “Lo que es bueno para las empresas norteamericanas es bueno para el mundo”. Si en la red se adoptara el modelo que ellas proponen, sería el FMI de la red: en vez del organismo del capital financiero que prometía un derrame de riqueza, un organismo de las corporaciones web que prometen democracia y libertad para todos.
Lo que pasa es que pierden los debates cuando pretenden que los intereses comerciales son más importantes que los derechos de los ciudadanos o que las obligaciones de los Estados. Y nunca explican de qué manera podrían intervenir en la administración de Internet las empresas, ingenieros y usuarios, si no es a través de organismos de la ONU, que son el mayor nivel de consenso alcanzado para discutir cosas como las guerras, la salud o el trabajo.
Sostienen que las regulaciones de la ONU impiden el desarrollo de Internet. Pretenden que la globalización funciona en California o el Vaticano igual que en Bolivia o Paraguay, que como carecen de salida al mar, tienen costos elevadísimos de conectividad internacional. Por eso Bolivia proyecta una conexión propia y sin intermediarios con los centros de fibra óptica del Pacífico y del Atlántico. De estos casos no hablan. Y menos de las pequeñas ciudades que no son rentables para los gigantes de la infraestructura.
La política norteamericana sobre este tema es siempre la misma: “Lo que es bueno para las empresas norteamericanas es bueno para el mundo”. Si en la red se adoptara el modelo que ellas proponen, sería el FMI de la red: en vez del organismo del capital financiero que prometía un derrame de riqueza, un organismo de las corporaciones web que prometen democracia y libertad para todos.
