Volvió, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 02-10-16)

Arriba: El ya casi mítico Annop Singh, Virrey de la Argentina en tiempos de De La Rúa. Hoy retirado. Pero ha dejado herederos...

El inolvidable Eduardo Galeano decía que “la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que camine nunca la alcanzaré. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. El macrismo es mucho menos poético que el gran escritor uruguayo. La promesa gubernamental es caminar hacia un futuro promisorio donde van a “sobrar dólares”. El único requisito para ello, se afirmaba en campaña electoral, era generar un shock de confianza. En ese sentido, la asunción de Mauricio Macri generaría una “lluvia de inversiones”.

La realidad se reveló un poco más complicada. La fuerte caída de la inversión interna es confirmada por todos los indicadores públicos y privados. Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) continúa siendo muy reducida. El Foro de Inversión y Negocios, celebrado en el Centro Cultural Kirchner, tuvo altísima asistencia de CEO de multinacionales pero muy pocos anuncios concretos.

El comercio exterior tampoco se convirtió en una fuente de divisas. El pronosticado repunte exportador, vía fuerte depreciación cambiaria, no se verificó. Es más, el proyecto de Presupuesto ingresado al Congreso Nacional calcula un rojo comercial creciente hasta el final del mandato de Mauricio Macri. El déficit comercial estimado es de 1846 millones de dólares en 2017, 3800 millones en 2018 y 4929 millones en 2019. Por lo tanto, el saldo negativo de la cuenta corriente está siendo cubierto con endeudamiento a tasas elevadas. El sometimiento a los fondos buitre no se tradujo, por el momento, en una reducción sustancial del costo del financiamiento. Por ejemplo, la mayoría de las operaciones de crédito externo concretadas por las provincias (post-acuerdo con los buitres) rondaron entre el 7 y el 9 por ciento anual.

El sucesivo fracaso de las promesas previas (lluvia de inversiones, venturoso segundo semestre, baja del costo del endeudamiento) obligó al Gobierno nacional a correr el arco. Ahora, la antesala del paraíso prometido incluye el reposicionamiento del Fondo Monetario Internacional como auditor de la economía argentina. Los investigadores del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostienen en Volvemos al Fondo (del mar) que “por enésima vez el Gobierno pone énfasis en la necesidad de sortear otro “obstáculo”, en este caso “la moción de censura” del FMI para que las calificadoras de riesgo mejoren la nota crediticia del país, y con ello lograr la llegada de inversiones”.

Así la “vuelta al mundo” viene con la famosa revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI debajo del brazo. La reciente misión fondomonetarista, encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, está en esa tarea. En su informe anual 2015, el Fondo explica que “la piedra angular de la supervisión bilateral son las denominadas Consultas del Artículo IV, denominación que hace referencia al Artículo del Convenio Constitutivo del FMI que exige que se examinen la evolución y las políticas económicas de cada uno de los 188 países que forman parte del FMI. Estas consultas abarcan una diversidad de aspectos que se consideran de importancia macroeconómica crítica –fiscales, financieros, cambiarios, monetarios y estructurales– centrando la mira en los riesgos y vulnerabilidades y en las respuestas de política económica”. Por lo pronto, el único camino previsto en el Presupuesto es profundizar el endeudamiento. El proyecto de Ley propone colocar 18.500 millones de dólares de nueva deuda en 2017.

Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, sostuvo que el “espacio que queda para seguir tomando deuda es enorme”. En esta ocasión, el funcionario no hizo referencia a la “pesada herencia” recibida.

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LECCIONES BRASILEÑAS, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 24-07-16)

 SEGUNDO MANDATO DE DILMA ROUSSEFF


 Por Diego Rubinzal

El ajustado triunfo electoral de Dilma Rousseff en 2015 presagiaba un segundo mandato conflictivo. A su vez, el nombramiento del ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda generó fuertes resistencias internas en el Partido de los Trabajadores (PT). La política de “austeridad” impulsada por el ex banquero fue defendida enfáticamente por Lula. El líder del PT argumentaba que esa estrategia había dado buenos resultados en el tramo inicial de su primer gobierno. Sin embargo, la situación internacional era completamente diferente. El escenario actual estaba caracterizado por la finalización del boom de los commodities y la debilidad de la demanda mundial.

En ese contexto, el denominado “ajuste expansivo” profundizó los problemas. La desaceleración económica se transformó en una fuerte caída del PIB. La experiencia brasileña, como la de otros países, arroja varias lecciones al progresismo latinoamericano. El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, resumió esas enseñanzas en su reciente conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales.

“Algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al bloque revolucionario, potenciando al bloque conservador. Ciertamente que un gobierno debe gobernar para todos, es la clave del Estado…pero gobernar para todos no significa entregar los recursos o tomar decisiones que por satisfacer a todos debiliten tu base social que te dio vida, que te da sustento y que te son al fin y al cabo los únicos que saldrán a las calles cuando las cosas se ponen difíciles… no puede haber ningún tipo de política económica que deje de lado a lo popular. Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, o que va a neutralizarla, cometió un error, porque la derecha nunca es leal”, sostuvo García Linera.

El caso brasileño se ajusta a las definiciones del intelectual boliviano. El ajuste económico intentó moderar las presiones de los sectores de poder (mercados financieros, medios de comunicación) para: 1) revertir la caída en los índices de aprobación gubernamental y 2) incrementar los niveles de adhesión entre los sectores medios que votaron al candidato opositor.

Lo concreto fue que las políticas de ajuste terminaron erosionando el apoyo de las mayorías populares. Desplazada Dilma, la incógnita era que política económica impulsaría la dupla Temer (Presidente interino) - Meirelles (ministro de Hacienda). El economista Eduardo Crespo planteaba que “el PMDB de donde proviene Temer, no es una agrupación de tecnócratas adoctrinados por la ortodoxia macroeconómica…es un partido conservador moderado, con una fuerte base territorial, con numerosos gobernadores, senadores, diputados y concejales obsesionados por perpetuarse en sus cargos. Es el partido del orden, no del caos neoliberal de consecuencias imprevisibles…no es improbable que busquen estabilizar el cuadro institucional con una política macroeconómica más razonable y prudente que la impulsada por el PT desde el 2015”. Lo cierto es que el flamante elenco gobernante impulsa un clásico paquete de ajuste fiscal: recorte del gasto público, eliminación de subsidios, reducción del volumen de préstamos otorgados por el Bndes.

En esa línea, el Presidente interino propuso una enmienda constitucional para limitar el crecimiento del gasto público por hasta 20 años. La iniciativa, remitida al Congreso, restringe el crecimiento anual del gasto público a la tasa de inflación del año previo. Así, el gobierno se vería impedido de aumentar el gasto público real incluso ante el crecimiento de la demanda de servicios y/o de infraestructura económica-social.
Los economistas Pedro Paulo Zahluth Bastos y Guilherme Santos Mello explican en Brasil: La regla fiscal Temer–Meirelles que ese plan “decretará la austeridad permanente para el gasto social y la inversión pública. La seguridad social, por ejemplo, no podrá recibir nuevos jubilados sin recortar el gasto en otras áreas. La inversión en infraestructura no podría aumentar sin reducir los salarios reales de los empleados. El aumento del gasto en salud (esperado con una población que está envejeciendo) provocará una reducción de los gastos en educación”.

Los que no tienen de que preocuparse son los rentistas. El ajuste no los alcanza porque la rígida regla fiscal es solamente aplicable al gasto primario (que excluye el pago de los intereses de la deuda). “Si no existieran trucos contables y fuera implementado antes de la recuperación firme de la economía, el programa de recortes previsto en el ajuste fiscal propuesto va a mantener a la economía en la lona y reducirá todavía más la recaudación tributaria. Si, por el contrario, fuera realizado después de la recuperación, no es baja la probabilidad de que, dada la magnitud de los recortes previstos, pongan de nuevo a la economía en la lona”, concluyen Zahluth Bastos y Santos Mello.

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EL MILAGRO PERUANO, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 26-06-16)

BAJOS SALARIOS Y MUCHA POBREZA


La última elección presidencial peruana ofreció todos los condimentos posibles: datos de color, falta de un candidato oficial, extrema paridad en el balotaje (el triunfo de Kuczynski fue por apenas 41.000 votos de diferencia). El detalle curioso de la primera ronda electoral fue una extraña coincidencia. Los tres candidatos más votados compartían la infrecuente letra K: Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Más allá del dato anecdótico, la novedad política más importante fue la ausencia de un candidato oficialista. El Partido Nacionalista Peruano (PNP) sostuvo que eso se debió a “discrepancias con las decisiones de las autoridades electorales”. La realidad aes que el oficialismo no superaba, en los sondeos previos, el uno por ciento de los votos.

La debilidad del PNP contradice los supuestos logros del elogiado “modelo peruano”. Por ejemplo, el The Wall Street Journal lo calificó como nuevo “tigre” sudamericano. La economía peruana fue una de las principales beneficiarias del boom de los commodities. En el período 2003-2011, la mejora en los términos de intercambio fue muy superior (57 por ciento) de la argentina (25 por ciento). El ciclo alcista del precio de los minerales posibilitó el incremento de la inversión pública y la ampliación de los programas sociales. El índice de pobreza oficial descendió de más del 50 por ciento en 2004 al 23 por ciento en 2014 (alrededor de 7 millones de personas).

Sin embargo, la “línea de pobreza” monetaria del instituto estadístico oficial es cuestionada. El intelectual peruano Santiago Ibarra señala en Son muchas más las personas pobres que las oficialmente reconocidas en el Perú y algunas cuestiones más que “oficialmente la pobreza monetaria bajó en Madre de Dios al 3,8 por ciento. Es el nivel de pobreza monetaria más bajo que existe en el Perú, más bajo inclusive que el existente en Lima. Pero, por ejemplo, en Madre de Dios el porcentaje de niños de segundo grado con nivel satisfactorio de comprensión lectora es sólo del 17,7 por ciento, en tanto que a nivel nacional ese porcentaje es del 33 por ciento. Asimismo, el porcentaje de niños de segundo grado con nivel satisfactorio en matemáticas es del 5,4 por ciento, mientras que a nivel nacional es del 16,8 por ciento”.

Las condiciones de vida de la mayoría populares continúan siendo muy precarias. La remuneración mínima es la segunda más baja de América latina (detrás de Bolivia). La Oxfam detalla en Para no retroceder. Realidad y riesgo de la desigualdad en el Perú que “más de medio millón de hogares no tiene electricidad. Más de 3,5 millones de viviendas son de material precario, y 2,5 millones tienen piso de tierra. Más de un millón de hogares no está conectado a la red pública de agua, y 2,5 millones carecen de alcantarillado. Se estima que siete millones de peruanos no tienen aún acceso a agua potable segura, y muchos de quienes nominalmente la tienen, sufren recortes y mala calidad de suministro. En las zonas rurales, menos del 5 por ciento de los hogares consume agua clorada”.

Por otro lado, la denominada “clase media emergente” está en riesgo de caer nuevamente en la pobreza. Esos doce millones de personas (40 por ciento de la población) viven “con un ingreso personal de entre cuatro y diez dólares diarios, suficiente para mantenerlos por encima de la línea de pobreza monetaria. Sin embargo, ese ingreso no les permite la seguridad y estabilidad económica que define a la verdadera clase media, que posee capacidad y recursos para sobreponerse a situaciones de crisis”, detalla el informe de Oxfam.

A su vez, el índice de Gini de desigualdad permanece en niveles muy elevados (0,44) y se amplió la brecha de pobreza regional. Los habitantes de Huancavelica, Cajamarca o Ayacucho tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidades de ser pobres que los habitantes de Lima. La tasa de desnutrición crónica de la niñez (35 por ciento) en Huancavelica es superior a la de Angola y Congo. Por último, la estructura productiva acentuó su reprimarización en los últimos años.

La mala imagen ciudadana del mandatario saliente es reflejo de ese cuadro de situación. El triste final de Ollanta Humala invita a reflexionar a los que resaltan, como el Presidente argentino, el “modelo peruano”.

El 30 de octubre de 2014, el entonces jefe de Gobierno porteño disertó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí, Mauricio Macri sostuvo “Perú colocó deuda al 6 por ciento a 40 años. Esa es la Argentina que yo sueño, la que vamos a construir juntos”.

La estrategia argentina de acercamiento a la Alianza del Pacífico es acompañada con elogios a los logros económicos de los países que la componen (México, Colombia, Perú y Chile). El rápido repaso de los datos desmitifica la existencia de ciertos “milagros”.

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MADRE PATRIA, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 12-06-16)

EL PERDON DE PRAT-GAY

El ministro de Hacienda y Finanzas argentino jugó de local en su visita a España. La excusa para el viaje fue un evento convocado por la ONG Nueva Economía Forum y financiado por Telefónica. Lo más festejado por el auditorio de funcionarios y empresarios ibéricos fue su pedido de disculpas por las políticas kirchneristas. “Sé de los abusos que han sufrido los capitales españoles y les agradezco la paciencia”, sostuvo Alfonso Prat-Gay. La puesta en escena del ministro incluyó la solicitud de un aplauso “porque Argentina está de vuelta” y la calificación de “disparate” a la expropiación de Repsol en 2012.

La planificada política desinversora de la compañía española –funcional a su estrategia de expansión global en otros territorios (Alaska, Brasil, Golfo de México, Caribe, Argelia, Libia)– fue cuidadosamente omitida por Prat-Gay. El vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, comandado por el grupo español Marsans, o el desmanejo de Aguas de Barcelona en AySA, tampoco fue mencionado. La defensa de la soberanía nacional es incompatible con los discursos “mercado friendly”.

La vicepresidenta anfitriona, Soraya Sáenz de Santamaría, devolvió las gentilezas. La dirigente del Partido Popular (PP) sostuvo que “el gobierno de Macri marca un antes y un después en la Argentina: le permite recuperar el pulso vitalista de un país moderno y avanzado, dejando atrás modelos obsoletos que en muchos casos presentan fuertes deterioros democráticos”.

Las relaciones íntimas entre el macrismo y el PP son de larga data. Los think tanks de ambos espacios (Fundación Pensar-Pro; Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales-PP) han realizado varias actividades conjuntas. En septiembre de 2011, Mauricio Macri viajó a Madrid para apoyar la candidatura presidencial de Mariano Rajoy. El ex Presidente español José María Aznar fue declarado, a instancias del macrismo, ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por si quedaba alguna duda, el canciller español José Manuel García Margallo declaró que “las relaciones entre Macri y Rajoy son entrañables” y que los programas de ambos gobiernos son “muy parecidos”.

En la actualidad, el panorama económico–social español no resulta demasiado halagüeño para que el Pro pueda vanagloriarse por su cercanía ideológica al PP. La Fundación BBVA resalta, en un estudio recientemente publicado, el fuerte aumento de la desigualdad producido entre 2007 y 2013. El documento Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas señala que el coeficiente Gini creció de 0,319 a 0,354. Además, la renta de los hogares ha descendido 20 por ciento y la clase media española se contrajo del 59 al 52 por ciento del total de la población. “Así pues, cerca de tres millones de personas se han desplazado de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta”, concluye el estudio del BBVA. Por su parte, el desempleo juvenil es cercano al 50 por ciento. Aún así, la ortodoxia económica continúa reclamando más ajustes.

Las cuentas públicas cerraron el 2015 con un déficit del 5,1 por ciento del PIB. La Comisión Europea decidirá en julio próximo si aplica una multa por ese “excesivo” bache fiscal. Los últimos datos del Banco de España revelan que el endeudamiento trepó al 101 por ciento del PIB. La evolución de la deuda pública supone un incremento del 47 por ciento desde 2011 (año en que Rajoy llegó a La Moncloa).

La publicación de ese dato supuso un duro revés para el gobierno español en plena campaña electoral. Es la primera vez, desde 1909, que la deuda supera la barrera psicológica del 100 por ciento. Esa relación era apenas del 35,5 por ciento en 2007. Los amigos españoles de Macri no la están pasando nada bien.

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EDUCACION SUPERIOR: FUTURO INCIERTO, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 29-05-16)

La educación pública es reivindicada, como herramienta igualadora, por todo el arco político. Sin embargo las políticas públicas no siempre están alineadas con ese discurso. No fue el caso del kirchnerismo. El proyecto político-económico iniciado en 2003 apostó fuerte, con mayores o menores aciertos, a la educación pública. Por ejemplo, la presidencia de Néstor Kirchner se inauguró con la resolución del complejo conflicto docente entrerriano.

La gestión presidencial no fue un mero gesto simbólico sino que estuvo acompañando por un conjunto de medidas implementadas en los siguientes años: asignación presupuestaria mayor al 6 por ciento del PIB, Programa Conectar Igualdad, repatriación de científicos, recomposición del salario real docente, construcción de más de 1800 escuelas, creación de nueve universidades, Plan Fines, Programa Nacional de Becas del Bicentenario, sanción de la Ley de Educación Superior consagratoria de la gratuidad de las carreras de grado.

En el ámbito universitario, la matricula creció de 1,4 millones de estudiantes en 2001 a 1,9 millones en 2014. El aumento fue aún más significativo en cantidad de egresados: de 65.000 graduados en 2001 a 126.000 en 2014. Por otro lado, las nuevas universidades del conurbano bonaerense posibilitaron el acceso a la educación superior de una primera generación de hijos de trabajadores.

El director del Instituto de la Cooperación (Idelcoop), Pablo Imen, sostiene en Derecho a la Universidad que “esta política pública fue parte de un tiempo de avances regionales en materia de ampliación de derechos”. Es tan así que en la Conferencia Regional de Educación Superior de América latina y el Caribe, realizada en Cartagena de Indias en 2008, el documento final establece que “la educación es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”. Este pronunciamiento marca un clima de época contrastante con los principios privatizadores, elitistas y tecnocráticos que el neoliberalismo-conservadurismo ha defendido para su modelo universitario”.

El escenario está sufriendo modificaciones con el gobierno de Mauricio Macri. La conflictiva paritaria con los docentes universitarios es un llamado de atención. La primera oferta realizada por el Ministerio Educación, de 25 por ciento de aumento para todo el año, fue rechazada por todos los gremios del sector. Las contrapropuestas oficiales tampoco convencieron a los sindicatos docentes. La última oferta implica una recomposición del 21,5 por ciento para el 2016, sumando distintos conceptos, y un 10 por ciento adicional a partir de diciembre (a cobrar en enero 2017). Finalmente, Conadu Histórica suscribió el acuerdo.

De todos modos, la inquietud de la comunidad académica no se limita a la cuestión salarial. Los docentes universitarios también están denunciando recortes presupuestarios, atrasos en la remisión de fondos para gastos de funcionamiento y falta de envío de otras partidas (adicionales para maestrías y doctorados con destino al sostenimiento de garantía salarial, fortalecimiento de posgrados, voluntariado, programa de movilidad para docentes y estudiantes). Por su parte, el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, advirtió que “el problema son los pibes que están dejando de cursar por el tema del aumento del boleto y el tema de las becas”.

El impacto presupuestario de los aumentos de las tarifas de servicios públicos, y del alquiler de las sedes edilicias, fue la gota que rebalsó el vaso. Ese delicado panorama motivó una reunión entre Macri y un grupo de rectores. El resultado del encuentro fue el anuncio presidencial de una partida de “más de 500 millones de pesos para acompañar el costo del funcionamiento” de las casas de estudios. La medida disminuye un poco el ahogo económico pero resulta insuficiente porque apenas representa el uno por ciento del presupuesto anual universitario.

En ese contexto, vale mencionar el voto negativo de los diputados del PRO a la gratuidad del grado universitario sancionada en 2003. Las dificultades actuales resignifican esa votación y generan interrogantes acerca del futuro inmediato de la educación superior.

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SUBSIDIOS, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 22-05-16)

Los subsidios son una herramienta de política económica utilizada a escala global. Por ejemplo, la política agropecuaria común (PAC) europea subsidia al sector menos competitivo de su economía. La Unión Europea destinará, en el período 2014-2020, 362.940 millones de euros al financiamiento de ese programa. El economista coreano Ha-Joon Chang explica que la industria automotriz japonesa necesitó entre treinta y cuarenta años de proteccionismo y subsidios para volverse competitiva. Estrategias similares se repitieron en todos los países de industrialización tardía.

En Argentina, el kirchnerismo apeló a ese instrumento para cumplir con dos objetivos concurrentes: 1) recomposición de los ingresos populares y 2) reducción del costo empresario. Así, las reducidas tarifas de los servicios públicos incrementaron el ingreso disponible de las familias y la competitividad empresaria. Las herramientas utilizadas pueden (y deben) adaptarse al cambiante contexto. La direccionalidad de una política económica no se mide por los instrumentos sino por sus objetivos.

En esa línea, el kirchnerismo anunció en 2014 una reducción de los subsidios tarifarios en los servicios de gas y agua residenciales, comerciales y GNC. Esos reajustes, planteados en tres etapas, implicaban un ahorro fiscal estimado de 5000 a 15.000 millones de pesos anuales. En ese momento, los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido plantearon que esos recursos serían destinados a reforzar las partidas presupuestarias de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar.

El entonces titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, sostuvo que “lo llamen como lo llamen, es un ajuste y el Gobierno lo que no está haciendo es un esfuerzo en muchas otras áreas en las que podría reestructurar el gasto sin necesidad de meter la mano en el bolsillo de la gente”. Por su parte, el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, sostuvo que “aunque el Gobierno lo quiera disfrazar con eufemismos, lo que anunciaron Kicillof y De Vido es un tarifazo”. En la actualidad, ambos dirigentes radicales opinan que el ajuste tarifario macrista es un “sinceramiento” de la economía.

La ortodoxia económica califica de “distorsivos” a los subsidios porque obstaculizan el normal funcionamiento del mercado. Esa idea prende fuerte en algunos sectores que, a su vez, multiplican las quejas cuando los recursos son direccionados a personas vulnerables. Las continuas menciones al “Plan Descansar”, que remiten erróneamente al discontinuado Plan Trabajar, representan uno de los tantos ejemplos de ese reproche clasista. Por el contrario, las transferencias a sectores de mayor poder adquisitivo (por ejemplo, a la educación privada) gozan de mejor prensa.

Las medidas implementadas por el macrismo apuntan a reducir, en términos reales, el monto de subsidios. Más allá del aspecto cuantitativo, el nuevo gobierno también produjo modificaciones cualitativas. En otras palabras, las transferencias se redireccionaron en favor de sectores económicos más privilegiados. El aumento del subsidio a las empresas productoras de gas y petróleo (pagándoles el doble de la cotización internacional) o el pago de altísimos intereses de las Lebac, implican transferencias estatales a empresas/personas ubicadas en la cúspide de la pirámide de ingresos.

El economista Alejandro Rofman explica en Subsidios y política económica pre y post. La restauración neoliberal que “el subsidio en sí, no es mala palabra sino que tiene que ver quienes lo recibe. En la política económica actual, paradojalmente, los que más tienen son los más favorecidos”.

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Impacto asimétrico, por Diego Rubinzal (para "Cash" del 24-04-16)

INFLACION Y SESGO PLUTOCRATICO
La economía política es fuente de fuertes controversias. Los planes de estudios soslayan esa cuestión cuando sitúan a la síntesis neoclásica en el altar del “conocimiento científico”. Ese sesgo académico dificulta (o impide, en la mayoría de los casos) comprender complejos fenómenos económicos. El debate que se pretende acallar incluye desde profundas cuestiones teóricas hasta aspectos aparentemente “objetivos”. Por ejemplo, la economía descriptiva es definida como aquella limitada al relevamiento, descripción y clasificación de datos. Un observador desprevenido podría decir que no existe discusión posible en ese terreno. Sin embargo, los “datos duros” suelen ser menos inocentes de lo que aparentan.

El primer ministro británico del siglo XIX, Benjamín Disraeli, bromeaba diciendo que “hay tres clases de falsedades: las mentiras, las mentiras detestables y las estadísticas”. Esta claro que las estadísticas son insumos imprescindibles para la formulación y evaluación de la política económica. Sin perjuicio de eso, no dejan de ser un grupo de técnicas desarrolladas para la recopilación, presentación y análisis de datos. Los indicadores intentan captar un aspecto de la “realidad” con la mayor rigurosidad posible. Por eso, las estadísticas no son “verdaderas o falsas” sino “mejores o peores”.

Erróneamente, las controversias ciudadanas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvieron (y están) más centradas en su “veracidad” que en la calidad del relevamiento.

La medición del IPC puede verse afectada por muchísimos factores: errores en el diseño muestral, sustitución de bienes realizada por los consumidores (con el agravante de que el sesgo por sustitución es mayor en períodos de elevada inflación), cambios en el lugar de compra, estructura de ponderaciones distorsionada, modificaciones en la calidad de los bienes y servicios relevados, aparición de nuevos productos y desaparición de otros.

El “apagón estadístico” nacional no ayuda a la recuperación de la confianza en las estadísticas públicas. En la actualidad, el gobierno nacional toma como parámetros válidos los índices de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de San Luis. Otras mediciones dan cuenta de niveles aún mayores de incrementos de precios.

Más allá del número en sí, la inflación no impacta de la misma manera en las diferentes clases sociales.

Los índices de precios se calculan a partir de estructuras de gastos relevadas por los institutos estadísticos oficiales. En Argentina, el Indec indaga las costumbres de gastos e ingresos de miles de hogares mediante la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares.

El gasto total es distribuido, ponderado según la información recolectada, en una canasta de bienes y servicios. La cuestión es que los patrones de consumo son heterogéneos. Por lo tanto, los aumentos de precios no impactan de igual manera a todos los sectores.

A fines de la década del cincuenta, el inglés Sigbert Prais advirtió sobre el sesgo plutocrático del IPC: la canasta “promedio” de bienes y servicios suele ser más representativa de los patrones de consumo de los sectores acomodados (por su mayor participación relativa en el gasto total). Prais defendía la idea de construir índices “democráticos” asignándoles idéntico peso a todas las familias.

Los investigadores Demian Panigo, Fernando García Díaz, Sergio Rosanovich y Pilar Monteagudo explican en El impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en Argentina (2015-2016) que “los procesos inflacionarios afectan de manera asimétrica a los distintos sub-grupos poblacionales dependiendo críticamente de la dinámica de los precios relativos. Tradicionalmente, las familias de mayores recursos poseen un patrón de consumo intensivo en servicios (personales, esparcimiento, turismo) y bienes durables. Por el contrario, en los hogares de menores ingresos las erogaciones se concentran principalmente en alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos (luz, gas y teléfono)”.

La evolución de los precios relativos en Argentina post-triunfo electoral de Mauricio Macri perjudicó en mayor medida a los sectores vulnerables. Los investigadores -utilizando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares y relevamientos alternativos de precios- examinaron el impacto diferencial de la inflación sobre los distintos hogares de la CABA. La conclusión fue que los hogares humildes perdieron más del doble de poder adquisitivo que los hogares acomodados. En números, el 10 por ciento más vulnerable registró una caída del 23,8 por ciento en su capacidad de compra. En cambio, el 10 por ciento de mayores recursos tuvo una baja de poder adquisitivo de 11,1 por ciento.

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UN PAÍS NORMAL, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 17-04-16)

POSTULADO POLITICO Y ACUMULACION DEL CAPITAL

 Por Diego Rubinzal

La “normalidad” se asocia con lo “bueno”, “deseable” y “correcto”. El concepto de por sí es bastante discutible ya que implica responder al interrogante: ¿Qué es normal? Freud respondía que era “la capacidad de trabajar y amar”. Esa definición, como mínimo imprecisa, fue mutando con el tiempo. El nuevo parámetro utilizado sería, simplificando un poco, “la capacidad de adaptación a la realidad”. “Según este criterio, las personas normales verían la realidad como es realmente, mientras las personas que sufren problemas emotivos o mentales la verían de un modo deforme. Semejante definición implica, sin ninguna excepción, que existe una realidad verdadera accesible a la mente humana, asunto considerado filosóficamente insostenible al menos durante doscientos años”, explican los psicoterapeutas Paul Watzlawick y Giorgio Nardote en el libro Terapia breve estratégica.

La dirigencia política es ajena a disquisiciones teóricas del psicoanálisis. La “normalidad” fue promesa electoral de dirigentes tan distintos como Kirchner, Binner y Macri. La cuestión es que cada uno entendía cosas diferentes. Néstor Kirchner lo asociaba con una sociedad más justa tal como lo explicitara en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa. “Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero también un país más justo”, proponía/prometía Kirchner en su discurso de asunción presidencial.

El concepto fue retomado por Hermes Binner en las campañas legislativas de 2013. “Un país normal”, fue el slogan utilizado por el candidato socialista. El ex gobernador santafesino entendía que en ese país, por ejemplo, los trabajadores no pagaban Impuesto a las Ganancias. La muletilla fue repetida por Mauricio Macri en las últimas elecciones. En ese caso, la “normalidad macrista” pasó a ser sinónimo de liberalización económica, comercial y financiera.

Los politólogos Mariano Fraschini y Nicolás Tereschuk sostienen que una posible clave de lectura del gobierno del Pro puede rastrearse en un clásico libro (El Estado Burocrático Autoritario) de Guillermo O’Donnell. “Se trata de la etiqueta de “normalización”, que el gran politólogo argentino aplicó para describir una de las dinámicas que ponía en marcha en su momento la llamada Revolución Argentina, sobre todo en el período 1966-1969, bajo la jefatura económica de Adalbert Krieger Vasena”, señalan en su nota “¿Nueva Derecha?” publicada en el blog Artepolitica.

Según O’Donnell, la “normalidad” para esa conducción económica radicaba “en que la acumulación de capital se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y más trasnacionalizadas, en condiciones que les aseguran una tasa alta de acumulación… la normalización no se logra sin recuperar la confianza del capital financiero transnacional; los criterios que rigen su aprobación y, en definitiva, su confianza, marcan el desfiladero por el que tienen que pasar las políticas de normalización (…) No hay normalización posible sin aplicación, respetuosa y reconocida como tal de lo que los principales actores económicos consideran racional y causalmente eficiente para ello”.

La intención de Krieger Vasena era apuntalar un modelo de acumulación liderado por la gran burguesía industrial extranjera.

El Cordobazo enterraría ese proyecto generando las condiciones para que Aldo Ferrer asumiera, en octubre de 1970, al frente de la cartera económica. La historia enseña que después de un Krieger, bien puede venir un don Aldo. El optimismo de la voluntad viene bien en este tiempo.

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El “éxito” de Letonia, por Diego Rubinzal (para "Cash" del 10-04-16)

AJUSTE Y EMIGRACION


La crisis de los refugiados atraviesa transversalmente a la Unión Europea. El activismo de grupos xenófobos agrega un condimento especial a las controversias. Las discusiones acerca del rumbo a tomar dividen a los diferentes países. Por caso, las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) rechazan los tímidos planes de relocalización impulsados por las autoridades comunitarias. Los motivos de esa negativa están relacionados con la insatisfacción ciudadana en esas naciones.

El caso letón es el ejemplo paradigmático. Los letones vislumbraban un futuro venturoso cuando ingresaron a la Unión Europea en 2004.

Esa esperanza fue creciendo cuando el ingreso masivo de capitales de corto plazo precipitó una vigorosa recuperación económica. Las reformas liberalizadoras, implementadas por los denominados “tigres bálticos”, eran aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la apertura económica produjo fuertes déficits en cuenta corriente. El PIB se contrajo un 10,5 por ciento en 2008 y desató la corrida bancaria contra la segunda entidad más importante del país (Parex Banka). La brusca caída de los depósitos obligó a nacionalizarlo. Por su parte, la desocupación creció del 7 por ciento en 2008 al 22,5 por ciento en 2009.

Para hacer frente a la crisis, el Gobierno suscribió un acuerdo con el FMI por 7500 millones de euros. La ayuda financiera se condicionó a la aplicación de una dura política de ajuste: congelamiento de gastos corrientes estatales, reformas estructurales, reducción de los salarios públicos. En enero de 2009, el anuncio del “plan de acción para la estabilidad económica” produjo violentas manifestaciones de rechazo popular en Riga. El 20 de febrero, el primer ministro de la coalición gobernante finalmente cayó. La economía continuó en caída libre hasta 2010. La recuperación posterior (2011: 5,4 por ciento y 2012: 4,4 por ciento ) fue tildada de exitosa por la Comisión Europea y el FMI.

El entonces director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Marco Buti, sostuvo que “como resultado del duro trabajo, Letonia ha puesto su déficit presupuestario bajo control y la economía ha regresado a la senda del crecimiento, lo que ha sido recompensado con su regreso, con éxito, a los mercados financieros. Se necesitan nuevas reformas para garantizar su progreso y lidiar con los desafíos que quedan, pero lo que hemos visto hasta la fecha es ciertamente un muy buen comienzo”.

El “éxito” letón escondía una angustiante realidad. Los economistas norteamericanos Jeffrey Sommers y Michael Hudson explican en El desastre económico de Letonia como historia neoliberal de éxito que Letonia era “el país donde el movimiento obrero no luchó, sino que simplemente emigró...los letones abandonaron la protesta y empezaron a votar con sus pies, emigrando, cuando la economía se contrajo, los salarios cayeron y las cargas impositivas permanecieron sobre las espaldas de los trabajadores (...) mientras las ganancias de capital apenas son tasadas, convirtiendo el país en un destino para la evasión de capitales y fiscal para los cleptócratas de Rusia y de otros Estados post-soviéticos”.

En efecto, las tres repúblicas bálticas perdieron 22 por ciento de su población desde 1990. El porcentaje es un poco más elevado, 25 por ciento, en el caso letón. El periodista Angel Ferrero sostiene en “En Letonia un riñón vale 6000 euros” que “la entrada del país en la Unión Europea no frenó esta hemorragia demográfica, de la que apenas existen equivalentes en el mundo: en 2013 hasta un 10 por ciento de la población había abandonado el país desde 2004, el año en que Letonia entró en la UE”.

El modelo letón sólo puede “funcionar” si se aplica “a un país pequeño dispuesto a llevarlo a cabo y capaz de permitir que emigre al menos un 10 por ciento de su población, comenzando por los titulados, los más aptos y los que tienen un mayor conocimiento de idiomas”, concluyen Hudson y Sommers.

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Pobreza Cero, por Diego Rubinzal (para "CASH" del 03-04-16)

ESCENARIO

 Por Diego Rubinzal

“Pobreza cero” fue promesa central de campaña de Mauricio Macri. Disminuir la cantidad de pobres es un deseo compartido, en el plano discursivo, por todo el espectro ideológico. Las coincidencias se terminan cuando se debate cuál es el rumbo correcto para lograrlo. En otras palabras, las diferencias afloran cuando se comienza a hablar de política y no de meras intenciones.

La política económica macrista marcha a contramano del objetivo enunciado. Las medidas implementadas en los primeros dos meses de gobierno (fuerte devaluación, eliminación de derechos a las exportaciones, liberalización comercial, aumentos tarifarios) perjudican a los sectores más vulnerables. Por otro lado, la consigna electoral no deja de ser engañosa ya que la “pobreza cero” es inexistente (medida por ingreso -absoluto/relativo- o por necesidades básicas insatisfechas) incluso en los países más desarrollados del mundo.

Esto no implica avalar expresiones tales como “pobres hubo siempre” o que se trata de un fenómeno “natural e inevitable”. Por el contrario, los niveles (y profundidad) de la pobreza son variables y dependientes de la direccionalidad de las políticas públicas. A su vez, el debate es incompleto si se invisibiliza la desigualdad social. En ese sentido, la riqueza es la contrapartida de la pobreza.

La economía regida por la “mano invisible del mercado” genera desigualdad. El último informe de la ONG Oxfam señala que el 1 por ciento de la población mundial posee el 50 por ciento de la riqueza. La tendencia ha ido en ascenso desde la consolidación global del paradigma neoliberal. La contracara de ese proceso es la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso. El catedrático español Vicenç Navarro sostiene en Las desigualdades y las insuficientes propuestas para reducirlas que “las rentas del trabajo pasaron a representar del 70 por ciento del PIB en Estados Unidos, el 70,4 en Alemania, el 74,3 en Francia, el 72,2 en Italia, el 74,3 en Gran Bretaña, y el 72,4 en España en los años setenta, a solo el 63,6 por ciento en Estados Unidos, el 65,2 en Alemania, el 68,2 en Francia, el 64,4 en Italia, el 72,7 en Gran Bretaña, y el 58,4 en España en el año 2012”.

Las apelaciones al emprendurismo y la “igualdad de oportunidades” como la (casi) única alternativa omite esa cuestión. El esfuerzo individual se transforma en quimera cuando el proyecto político-económico no acompaña. El sociólogo José Nun explica en Acerca de la desigualdad y los impuestos que “la igualdad de oportunidades, por sí misma, no ha conducido en ninguna parte a una mayor igualdad del conjunto de la sociedad. Sucede que son tan disímiles los puntos de partida en materia de crianza, educación, relaciones sociales, y tantos los obstáculos que deben superar los sectores de menores recursos que, en ausencia de otras intervenciones compensatorias de tales desventajas, por este camino se desemboca en un formalismo abstracto y sólo se logra finalmente mantener y reproducir con buena conciencia la estructura de desigualdad vigente en la sociedad”.

En esa línea, Nun explica que “no se trata de abolir únicamente los privilegios heredados sino también la falta de privilegios heredada”.

El macrismo ignora esas sutilezas. El partido gobernante entiende que los logros personales dependen “pura y exclusivamente del esfuerzo y del mérito individual, como si no existiesen condiciones sociales, económicas, políticas y también culturales que condicionan el desarrollo de las personas y coartan sus posibilidades. Para esa mirada basada en el individualismo da lo mismo nacer en cuna de oro que en una familia pobre”, sostiene Washington Uranga en “Cultura y lucha política”

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CABALLO DE TROYA, por Diego Rubinzal (para "Página 12" del 12-01-14)

 

LAS ONG Y EL ESTADO

                

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Por Diego Rubinzal

 

Las medidas económicas impulsadas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) jaquean al Estado de bienestar europeo. La implementación de sucesivos ajustes debilita sus clásicas prestaciones sociales. Por caso, el gobierno de coalición holandés (conformado por liberales de derecha y laboristas de “centro-izquierda”) se encamina por ese rumbo. Las últimas medidas debatidas en el Parlamento incluyen un ajuste de 6000 millones de euros en los subsidios a la salud, pensiones y ayudas por desempleo. En su primer discurso ante los legisladores, el rey Guillermo Alejandro manifestó que el “Estado de bienestar clásico de la segunda mitad del siglo XX está terminado”. El monarca agregó que el Estado benefactor debe ser sustituido por “una sociedad participativa”. El integrante de la conservadora Fundación Edmund Burke, Diederik Boomsma, ejemplificó que, “si alguien está desempleado, su red familiar y de amigos pueden darle los contactos para encontrar trabajo, en vez de esperar que lo haga el Estado con impuestos que pagamos todos y afectan el crecimiento económico”.

El repliegue estatal sería sustituido, entonces, por el accionar de organizaciones caritativas, ONG y/o el mismo entramado familiar. La promoción de la “sociedad civil” se transforma así en un programa regresivo. El único objetivo de esa prédica “participativa” pasa a ser la desarticulación del Estado de bienestar.
El profesor de la London School of Economics Howard Glennester sostiene que “las organizaciones caritativas son pequeñas, funcionan con gente que trabaja medio tiempo de manera voluntaria y no tienen los fondos necesarios para reemplazar al Estado... Lo que hay detrás es un proyecto político de desmantelamiento del Estado benefactor basado en la idea de que el Estado hace todo mal y que las cosas funcionaban mejor en un pasado idílico, el siglo XIX, cuando las organizaciones caritativas tenían que cubrir esas necesidades sociales como podían. La realidad es que históricamente el Estado benefactor surgió por las deficiencias de este modelo”.

La valorización excesiva del rol de las ONG es un fenómeno de alcance global. La visión pro “ONGeísta” fue una de las causas del debilitamiento de un espacio alternativo como el Foro Social Mundial (FSM). El brasileño Emir Sader sostuvo que “las ONG y las visiones teóricas vinculadas con ellas dentro del propio FSM centraban su fuego en contra del Estado..., no por nada las ONG consideraban como una cuestión de principio la no participación de los partidos políticos en el FSM. Postura que llegó al absurdo de que presidentes latinoamericanos como Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales tuvieron que presentarse en un acto paralelo, externo a la programación oficial del FMS de Belem, en 2009... Las ONG e intelectuales vinculados con ellas –en general europeos o latinoamericanos con visiones eurocéntricas– han quedado reducidos a la impotencia política y al aislamiento de los movimientos populares”.
El sociólogo brasileño Bernardo Sorj afirma en “¿Pueden las ONG reemplazar al Estado?” que “la afirmación de que las ONG de América latina pasaron a ser un sustituto del Estado y de sus políticas sociales es insostenible, pues su capacidad de distribuir bienes públicos o sociales es extremadamente limitada. Cuanto más fuerte es la economía del país, más se confirma esa definición. En Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y México no es razonable sostener que las ONG estén en condiciones de sustituir las políticas estatales”. “Las generalizaciones apresuradas sobre el proceso de globalización y una eventual sociedad civil global tienden a subestimar el papel central del Estado nación y de las sociedades nacionales en la formación de las identidades culturales y en la creación o distribución de la riqueza”, concluye Sorj, profesor de Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro.


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