Torcerán el derecho, pero no nuestros brazo, por Eugenio Raúl Zaffaroni (para "Página 12" del 13-08-22)

Jorge Glas. Imagen: AFP

Por Eugenio Raúl Zaffaroni

13 de agosto de 2022

Hace dos años falleció Julio Maier, un extraordinario colega y eximio jurista, con quien en los últimos tiempos habíamos discutido públicamente acerca de la posibilidad y utilidad del derecho en nuestra región.

Julio se mostraba pesimista y yo, por mi parte, sostenía que la lucha por el derecho debía continuar sin cuartel. En el fondo, creo que lo suyo era un desafío para imponernos la obligación de gritar frente a los escándalos jurídicos, porque era un ser humano fuera de serie y a su inteligencia no le podía pasar por alto que cuando se acaba el derecho solo queda la violencia, que nunca es buena pues, aunque los pueblos venzan, siempre son los más humildes quienes contribuyen con el mayor número de víctimas.

Por mi parte, sigo en la mía, o sea, con el firme propósito de luchar por el derecho a brazo partido y cada día con mayor impulso, pese a que no dejo de observar que se acrecienta la dificultad. No pierdo la confianza en el derecho ni bajo los brazos. Se impone seguir con nuevos bríos y a nuevas dificultades y arbitrariedades oponerles más resistencia y empuje. Pero lo cierto es que el repechaje se va haciendo duro.

En los últimos días hemos visto un incremento de arbitrariedades en el marco de lo que ya se pueden calificar como golpes de Estado “cïvico-judiciales-mediáticos”, que desempeñan el triste papel que otrora tuvieron los viejos golpes “cívico-militares”. No le puedo negar cierta razón al querido Julio, porque estos son protagonizados por personas egresadas de nuestras universidades, de nuestras facultades de derecho, que arrastran sus togas por el fango del servilismo más decadente al poder financiero de turno.

Con referencia al payaso que presidia el “Volksgericht” en tiempos de Hitler, se dijo que escondía el hacha del verdugo debajo de la toga. Respecto de quienes hoy están juzgando a Cristina Kirchner en mi país no puedo decir lo mismo, porque no tienen el valor de empuñarla para decapitar. Se trata de buenos muchachos, compañeros de equipo de futbol, tenis o “paddle” del anterior presidente y actual cabeza de la oposición, que solo se limitan a ocultar bajo la camiseta la sentencia ya escrita para proscribirla de la lucha política democrática.

Tengamos claro que quienes eso hacen no son el fiscal Vichinski en las purgas estalinistas de 1938 ni los jueces que respondían a su mando, pero son egresados de nuestras universidades que ostentan el grado de derecho. Julio me preguntará desde su nube si acaso no habremos fracasado como profesores.

Ahora me entero que en Ecuador no se limitaron a darse por conformes con atribuirle al ex presidente Correa un especial “poder psíquico” antes no relevado por ningún teórico del mundo, como tampoco en mantener preso durante cinco años al ex vicepresidente Jorge Glas (foto), en condiciones indignas, casi exhibiendo el manifiesto dolo de matarlo, sino que, cuando un juez ahora hizo lugar a su libertad por razones humanitarias, es decir, por la imposibilidad de un adecuado tratamiento de su salud en la prisión, no solo el ejecutivo no dio cumplimiento a lo ordenado, sino que destituyó y privó de libertad al juez, despidió al médico que dictaminó acerca de su estado de salud y también al director del penal, sin privarse de los “trol” imbéciles que se agregan a la difusión de esas noticias. Todo eso lo hace un presidente, es decir, un ejecutivo, que no es Hitler ni Mussolini y tampoco Stalin aunque, por esos extraños garabatos de la historia, sea el digno sucesor de alguien que se llama Lenin, quien anta la mirada indiferente de los organismos internacionales, despanzurró el orden republicano del país.

Estas son las actuales democracias que se apresura a defender el Señor Secretario General de la OEA desde su sitial en Washington, donde se esmera por acabar de enterrar el poco prestigio que le queda a la institución. Son regímenes “protodemocráticos” que ni siquiera se hallan bajo el control de los viejos dictadores que, al menos, no se les podía negar una alta cuota de sinceridad en su criminalidad, sino de “endeudadores” que incurren en astronómicas administraciones fraudulentas del patrimonio de sus pueblos, como Macri en la Argentina o Lasso en Ecuador.

El escándalo del caso “Glas” llega a la ONU, a la Comisión de la OEA, a los periódicos y al propio Consejo de Europa (dado que Glas tiene doble nacionalidad). En lo personal lo vivencio casi como propio, no solo por ser sudamericano, sino también porque muy joven tuve el orgullo de conocer, disfrutar y aprender del ejemplo de un cinco veces presidente ecuatoriano, que vivía exiliado en mi país, en un modesto departamento alquilado y cuya esposa falleció en un accidente sufrido al caer de un transporte público, porque no tenía un automóvil.

¡Qué lejos están hoy esos ejemplos! Pero la lucha sigue y seguirá. Los pueblos no se dan por vencidos. Sé que Julio me sonríe desde su nube.

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https://www.pagina12.com.ar/472971-torceran-el-derecho-pero-no-nuestros-brazos

Maier: «Hay que organizar una justicia única para todo el territorio», para Radio Caput

El abogado penalista y director honorario de la Asociación de Abogados Penalistas, Julio Maier, conversó con Edgardo Mocca sobre los servicios de inteligencia y la reforma judicial. «El espionaje en nuestro país es una tontería. Un Estado que no puede entrar en guerra con nadie, como nosotros, no tiene ningún sentido que tenga espías», aseguró. A su vez, sostuvo que «los llamados servicios de inteligencia no parecen más que una salida elegante de algo que no se puede hacer».



El abogado penalista Julio Maier se refirió a los servicios de inteligencia y consideró que «históricamente todos fueron mal desarrollados. Valen como ejemplo la Gestapo, la CIA, la KGB rusa, nuestra propia SIDE. La verdad no se justifica en un estado de derecho, un Estado que no puede entrar en guerra con nadie, como nosotros, no tiene ningún sentido que tenga espías».

«El espionaje en nuestro país es una tontería, aunque yo creo que universalmente. Sobre que hay una ley que limita a estos servicios, yo creo que los límites del derecho son muy leves y pequeños. Durante los últimos 4 años se ha demostrado: al señor Macri le ha servido para no cumplir cualquier ley que se le antojaba. Por ejemplo la ley de audio y televisión, que fue fácilmente desbaratada. Los llamados servicios de inteligencia no parecen más que una salida elegante de algo que no se puede hacer», remarcó.

Respecto a la reforma judicial, sostuvo que «siempre es posible, el problema es llevarla a cabo. La reforma judicial parece tener el sentido de corregir algunas cosas muy primitivas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Nadie entiende cómo pueden funcionar tres jurisdicciones completas en este territorio. Eso provoca problemas de competencia que están a la vista y un mal uso de la competencia penal. Cada juez es una especie de dueño de sus casos».

«Yo empezaría por leer las bases de Alberdi», sugirió. «Se destacan varias notas específicas que determinan que Alberdi nunca se interesó por 28 jurisdicciones distintas. Por eso él pensó que de diversas formas nosotros componíamos una única nación, en la que no podíamos tener esa cantidad de jurisdicciones».

«Nosotros tenemos un único código penal, un único código civil, los códigos que definen la conducta de los ciudadanos son todos nacionales. Son sancionados por el Congreso de la Nación y deberían ser interpretados así. De Alberdi se pueden sacar algunas ideas, sé que es difícil luego de 200 años de hacer otra cosa. Lo que hay que saber es cómo organizar una justicia única para todo el territorio de la nación. Definir qué corresponde al Estado federal y qué a los provinciales», señaló.

Pasó en Caput #Café Mocca

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JULIO MAIER: "Hay que organizar una justicia única para todo el territorio"

Maier es abogado penalista y director honorario de la Asociación  de Abogados




El abogado penalista Julio Maier afirmó que  “el espionaje en nuestro país es una tontería. Un Estado que no puede entrar en guerra con nadie, como nosotros, no tiene ningún sentido que tenga espías”. El jurista sostuvo, en diálogo con Edgardo Mocca, que “los llamados servicios de inteligencia no parecen más que una salida elegante de algo que no se puede hacer”. Pasó en Caput. 💥 Escuchalo: https://bit.ly/2Yfgk5k

SIGO SIN COMPRENDER, por Julio Maier (para "El Cohete a la Luna" del 02-02-20)

La única solución al problema jujeño es o debe ser la intervención federal a la provincia

por  JULIO MAIER 
FEB 2, 2020 



Días hace que afirmé no comprender el juicio político —impeachment— americano del norte para destituir al Presidente Trump. Mi incomprensión se refería a la discusión acerca de ciertas operaciones con Ucrania y Rusia del ungido Presidente en las últimas elecciones de los EE.UU. frente a su potencial rival político en los próximos comicios. En todo caso, esas operaciones parecen una prohibición o mal desempeño de menor gravedad frente al asesinato, dirigido hacia una persona pero con consecuencias igualmente dañinas para otras (resultados eufemísticamente llamados “daños colaterales”), justificado sólo por posibilidad de hallarse ante un enemigo futuro, delitos gravísimos contra la vida humana que el mismo Presidente confesó haber ordenado a sus súbditos, quienes cumplieron la orden al pie de la letra.

Hoy pasa algo similar en nuestro país. Al parecer, el partido predominante en el Parlamento y gobernante de la Nación parece haber advertido —¡por fin!— que la única solución al problema jujeño de la Túpac Amaru, que pasa centralmente por la prisión de Milagro Sala y sus colaboradores, ya prisioneros por un término medio de cuatro años, es o debe ser la intervención federal a la provincia. Lo curioso del caso reside en que alguien hizo pública una conversación privada del presidente actual del Tribunal Superior de Justicia, en la cual él admitía la injerencia y presión del gobernador para el encarcelamiento de los prisioneros, deseo que los órganos judiciales competentes habían correspondido, y expresaba su propia opinión acerca de que ya debía ser viable cesar con ese ataque a la libertad de presos, bien llamados políticos.

Con total prescindencia del debate jurídico acerca de si es posible constitucionalmente la intervención federal a un solo poder de un estado provincial —CN, artículos 5 y 6, y 75, inc. 31—, en este caso el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, lo curioso del caso está representado por el hecho de que ello deja de lado la intervención federal al Ejecutivo y eventualmente al Legislativo, cuando resulta claro —en la versión del propio presidente del Tribunal Superior de la Provincia— que el autor de la falta de independencia judicial —en verdad falta de libertad de decisión de jueces y funcionarios del Poder Judicial— es el Ejecutivo —el propio gobernador—, con cierto auxilio parcial del Parlamento provincial. ¡Cosa de locos! Se intervendría al perjudicado en su independencia o libertad, algo comprensible tratándose de jueces y magistrados que se dejan presionar en sus decisiones, y no a quien provoca la falta de libertad o independencia.

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Caso Ciccone: las razones por las que Amado Boudou podría salir de la cárcel, por Carla Pelliza (para "El Destape Web" del 15-01-20)

Raúl Zaffaroni expuso arbitrariedades y contradicciones de la condena, mientras que Julio Maier apuntó a la figura de arrepentido.

por Carla Pelliza


Las arbitrariedades de la resolución judicial por la que Amado Boudou quedó detenido en la causa Ciccone, las contradicciones en los argumentos, la afectación de la estricta legalidad y el hecho de que el exvicepresidente no tenía competencias sobre la decisión de la AFIP de brindar un plan de pagos para la empresa Calcográfica son algunos de los pasajes de la presentación realizada por el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, que se presentó como Amicus Curiae, al igual que el magistrado jubilado Julio Maier, que puso el foco en las declaraciones del arrepentido Alejandro Vanderbroele, clave para esta investigación, según pudo saber El Destape. Ahora, el máximo Tribunal deberá decidir qué hacer con estos argumentos, aunque no tiene fecha para expedirse.

En un escrito de 18 páginas, Zaffaroni dio una clase de derecho penal y puntualizó varias faltas en un debido proceso judicial. El exjuez recordó que la Corte Suprema estableció que los magistrados tienen que fundamentar las decisiones que toman, así como las que excluyen, por lo que le pone límite a la discrecionalidad del juez a la hora de definir sobre los destinos de la persona juzgada. Por lo tanto, se desprende de este razonamiento que el fallo tiene que ser una derivación razonada del derecho vigente, relacionado con los hechos y circunstancias que hayan sido comprobados en la causa.

Lejos de ello, la sentencia por la que se condenó a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión, tiene “graves defectos en la valoración de la prueba que la invalidan”, según la doctrina del máximo tribunal en materia de arbitrariedad. Lo mismo ocurrió con la “fundamentación y de razonamiento” que llevan a una reducción de las cualidades positivas del proceso. Zaffaroni detalló que “los magistrados seleccionaron e interpretaron arbitrariamente los hechos y, además, omitieron analizar los elementos del tipo objetivo y subjetivo de una de las calificaciones endilgadas”.


Pero, además de estos defectos, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 4, ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, “llega con contradicciones” a sostener como probado un contexto para, después, afirmar que conforme a ese mismo contexto la conducta sería típica. En base a ello, y tras un extenso análisis, el exjuez de la Corte consideró que la decisión “no cumple acabadamente con las exigencias de fundamentación que impone el ceremonial y deviene arbitraria”, por lo “que corresponde su invalidación”.

Zaffaroni, quien solicitó que se lo acepte como Amicus Curiae, aseguró que la sentencia afecta el principio de estricta legalidad (ya que todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas).

No sólo se afecta en la sentencia el principio de estricta legalidad y máxima taxatividad legal e interpretativa, sostuvo, sino también de valoración de la prueba y puede poner en riesgo al Estado argentino por tratarse de un caso que implica la privación de la libertad del exvicepresidente.

Incompetencias

Esta grave fata del Tribunal y la Cámara se complementa con la falta de competencia funcional que tenía Boudou en otorgarle un plan de facilidad de pagos a Ciccone Calcográfica, como se le atribuye. La conducta que se le apunta al exvicepresidente consiste en rehabilitar y recuperar la empresa mediante injerencias indebidas ante la AFIP para lograr que levantase la quiebra declarada por la Justicia, le diera un plan de facilidades de pagos, interrupir una licitación pública con la Sociedad del Estado Casa de la Moneda para  contratar a la ex empresa Ciccone Calcográfica S.A. para la impresión de billetes. Por este hecho, el 3 de octubre de 2018 se estableció la condena citada más una multa de $90.000, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

Zaffaroni explicó, detalladamente, que para ver si Boudou estuvo involucrado en el entramado denunciado es necesario saber si la decisión de la AFIP formaba parte de las competencias del exvicepresidente, porque “la negociación incompatible constituye un delito especial propio que sólo puede cometer el funcionario público que tenga competencia en el contrato o negocio en el que intervenga, puesto que no alcanza con la sola condición de funcionario público”, según consta en la presentación a la que tuvo acceso El Destape. O sea, no basta con ser funcionario para ser quien cometió el delito, es necesario tener injerencia sobre la decisión administrativa, en este caso, de AFIP.

Para desentramar este hilo, el magistrado recordó que la AFIP administra su patrimonio, organiza al mismo tiempo que reglamenta su funcionamiento interno, en aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal ya que se trata de una entidad descentralizada y autárquica. Por eso, se preguntó: “¿Tenía Boudou competencia funcional en el acto mediante el cual la AFIP dispuso el plan de facilidades de pago otorgado a la entonces Ciccone Calcográfica S.A.?”. La respuesta sorprenderá.

Zaffaroni detalló, en reiteradas ocasiones, que la Administración Federal de Ingresos Públicos es la única que tiene competencias para otorgar las facilidades de pago, por lo que el Ministerio de Economía (en ese entonces encabezado por Boudou) “no tiene facultades siquiera para resolver un recurso jerárquico interpuesto ante la AFIP, sino que en ese caso la competencia corresponde al Tribunal Fiscal de la Nación y a la justicia contencioso administrativa”. Lo mismo con un dictamen de esa cartera a favor de otorgar el plan de regularización de la deuda porque “la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aunque orgánicamente se encuentre bajo la órbita del Ministerio de Economía, funcionalmente responde al cuerpo de abogados del estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación”.

Por eso, remarcó que la ley de Ética Pública sostiene que “es incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Cosa que no ocurrió en el caso de Boudou.

La figura del arrepentido

Julio Maier, jubilado como juez nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, también se presentó como Amicus Curiae e hizo especial hincapié en la figura del arrepentido y cómo este proceso implica una desigualdad entre el acusador y el acusado que quiere recuperar su libertad o tener un mejor trato durante su detención.

Maier definió esta práctica como “’negocios’ sobre la pena (que) no sólo intervienen en la liquidación de las garantías procesales penales defensivas, sino que son realizados en un marco de absoluta desigualdad entre el acusador y el acusado, o entre los tribunales que juzgan y el acusado”. Una desigualdad que está gobernada “por la oportunidad y el valor del “negocio” para los negociantes”.

Por eso, manifestó que esta regla “altera la libertad de defensa que los principios generales del juzgamiento reservan al imputado, conminándolo a confesar —y quizás de deshonrar a otros— bajo la promesa de un trato más benévolo”, ya sea sobre la condena o en un mejor trato durante el procedimiento judicial. Similar a lo que reveló El Destape con el caso del Programa de Protección de Testigos e Imputados, utilizado para armar causas a cambio de beneficios.


Respecto al caso en cuestión, sin dar nombres, recordó que casi al final del juicio “uno de los acusados, como método para “arreglar su vida”, decide confesar por precio y esa confesión —que desconozco si es favorable o desfavorable al recurrente— se negocia ante la fiscalía y el juez de la instrucción, pero repercute en el juicio público, pues allí también el confesante —precisamente— declara y confiesa acerca de los acontecimientos que en ese juicio se valoran”.

El juez analizó, según su criterio, que el tribunal debe anular su sentencia – así como la confirmación de Casación – “y ordenar un nuevo juicio ante un tribunal integrado por otros jueces que deberá sustanciar el ofrecimiento de prueba de la defensa sobre el hecho nuevo producido, antes de dictar sentencia”.

A esto se suma que la condena no tiene sentencia firme, ya que hay más instancias de apelación, por lo que se considera que se trata de una prisión preventiva. Si bien la Corte no tiene fecha para expedirse, la defensa aguardará hasta marzo, la vuelta de la feria judicial, para ver los pasos a seguir sobre la causa Ciccone.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/nota/caso-ciccone-las-razones-por-las-que-amado-boudou-podria-salir-de-la-carcel-202011419430/amp?__twitter_impression=true

Julio Maier: “Tengo la esperanza de que este gobierno se vaya”, por "Radio Caput" del 20-02-19

febrero 20, 2019


“Nunca vi un momento así en la justicia” aseguró, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio Maier. Opinó sobre las maneras de proceder de la actual justicia argentina, las incongruencias de “causa de los cuadernos” y el futuro político del país. 



“Es lo mismo que me diga que el transporte público está conducido por personas que no saben conducir. Cualquiera que sube estaría en peligro. Pasa más o menos lo mismo con la Justicia”, expresó el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio Maier, sobre la manera de proceder del Poder Judicial de la Nación. Agregó, además, que cree que el juez Julian Ercolini procedió como los grandes medios periodísticos dijeron que lo haría..

CAUSA DE LOS CUADERNOS FOTOCOPIADOS

Sobre la “causa de los cuadernos” comentó que le pareció incluso gracioso que todo hubiese surgido de unas fotocopias. “Pienso que la causa fue hecha para molestar a funcionarios del gobierno anterior, en razón de la proximidad de las elecciones”, opinó el ex magistrado. Aseguró que no cree que esta causa progrese, “nuestros tribunales no están hechos para este tipo de causas complicadas”. Mencionó, también, que uno de los problemas dentro del sistema judicial es su verticalidad y la falta de personas honorables para ocupar los cargos.

MAURICIO MACRI Y EL PODER EJECUTIVO

Julio Maier criticó al Poder Ejecutivo por entrometerse en los casos de competencia judicial. Al respecto, comentó: “Ni siquiera en las dictaduras se daban el lujo de criticar la sentencia de un juez. La Constitución lo prohíbe expresamente”. También opinó sobre el proceder político del gobierno actual y dijo: “El gobierno que gane las elecciones va a quedar muy condicionado. y le van a echar en cara el default que en algún momento se va a producir”.

“Tengo la esperanza de que este gobierno se vaya”, afirmó Maier y agregó: “Si este gobierno vuelve a ganar las elecciones, yo ya estoy muy viejo para irme del país, pero si hubiera tenido 15 años menos, lo hubiera pensado fuertemente”.

Publicado en:
https://radiocaput.com/julio-maier-tengo-la-esperanza-de-que-este-gobierno-se-vaya/

¿Hasta cuándo?, por Julio Maier * (para "Página 12" del 23-09-17)

Imagen: Télam

 Supe que vida y salud de Milagro Sala corrían peligro si ella no salía de la cárcel. Decidí callarme para no interferir en una solución en la que nunca creí y que yo vivo desde afuera, como ella misma me lo hizo saber cuando la visité en la cárcel. Hoy ella ya está fuera de la cárcel, al menos formalmente, y yo, según creo, fuera del riesgo que no quise provocar. Quiero decir, entonces, un par de cosas. En primer lugar, nunca creí en la solución que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como todo organismo burocrático no fue contundente y dejó resquicios para la interpretación de nuestros jueces actuales: en lugar de disponer la liberación lisa y llana, prefirió darle opciones a quienes ya habían mostrado sus uñas, sus odios, y hasta dónde el Derecho les importa un bledo. Sólo cambiaron el lugar de encierro y se dieron el lujo de “basurear” a la mentada Comisión. A semejanza de un jerarca nazi, recluido en una cárcel que sólo lo albergaba a él, destinaron a la reclusa, maliciosamente, a un domicilio que no es el de ella, destruido, custodiada por fuerzas armadas, que se encargan de hacerle cumplir un reglamento inventado por los jueces para la ocasión y sin fundamento alguno. La solidaridad pudo remontar el abandono y la ruina del nuevo hogar, pero no podrá devolverle la libertad, ni siquiera en el mínimo que representa la llamada detención domiciliaria. Ni criminales ya declarados culpables de horrendos crímenes son recluidos de esa manera cuando se les concede el cumplimiento de la pena en sus domicilios. De frente a esa realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería aclarar la medida ordenada por ella misma, ya ordenando lisa y llanamente su liberación, ya con claridad y precisión en las pautas que gobiernan su detención domiciliaria, solución que siempre le dejará a jueces banales e impúdicos resquicios interpretativos.

En segundo lugar, la medida adoptada ni siquiera alcanza a otros encarcelados por la misma persecución que sufrió Milagro Sala. ¿Qué será de ellos?, que no disponen de la misma notoriedad que ampara a Milagro Sala. No conozco en firme las razones que ha tenido la CIDH para proteger a Milagro Sala, pero no me cabe duda que los demás encarcelados sufren injustamente un castigo “preventivo”, sin condena e infundado. Pregunto: ¿la Comisión no se ocupa de los ciudadanos simples, comunes, del montón?

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En tercer lugar, no les bastó a gobierno y jueces jujeños la destrucción de una vasta obra social, que no tenía sentido dejar abandonada: el odio de clase y raza exigía ese sacrificio. Pero, además, como dijo un amigo, carecen de pudor. Ya no le imputan a Milagro Sala instigación a tirar huevos, y pretenden castigarla a penas de prisión prolongadas por ello, sino que, increíblemente (ver Verbitsky, PáginaI12, domingo 3/9), le atribuyen –y, seguramente, a la organización que dirigió– homicidios dolosos varios, incluso de personas que murieron por muerte natural, tratándolos de asesinos.

A todo esto, el gobierno nacional no sólo consiente ese trato y se lava las manos, como Pilatos respecto de la condena de Cristo, sin reconocer que es la Nación el sujeto de Derecho internacional obligado por los tratados y convenciones internacionales que ella suscribe y ratifica, sino que, además, nos sume en la vergüenza que significa amparar al delito de desaparición forzada de un ciudadano –¿dónde está Santiago Maldonado?– y de calificar a siete indígenas, pertenecientes a pueblos originarios, de terroristas internacionales, aliados de los más macabros grupos que provocan masacres y, aún más, protegidos y subsidiados por esas organizaciones.

La lista de agresiones a la vida democrática no acaba aquí, pero tampoco es necesario agotarla para concluir, como ya lo he hecho en exposiciones no publicadas, en que el Estado social y democrático de Derecho no finaliza en la verificación de comicios libres y sin fraudes –hasta esto último es discutible en nuestra situación actual–, sino que sólo comienza allí. Para todos estos desaguisados nuestra Constitución nacional tiene remedios para reparar la vida democrática no bien el Congreso de la Nación se ponga los pantalones largos, y diputados y senadores no ocupen bancas sólo para calentar los asientos y cobrar sus sueldos a fin de mes.

* Profesor emérito, UBA.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/64579-hasta-cuando

Se equivoca “dolosamente”, Sr. Presidente, por Julio Maier (para "Página 12" del 16-07-17)

Por Julio Maier

A confesión de parte, relevo de prueba, reza un refrán jurídico aunque también popular, que, seguramente, Ud. conoce. Ha vuelto a cargar sobre las espaldas de la Sra. procuradora general de la Nación, exigiendo el alejamiento del cargo que ostenta por decisión supermayoritaria del Senado de la Nación. Sin embargo, esta vez Ud. ha confesado, pese a no ser jurista, que conoce la autonomía funcional y autarquía financiera del ministerio público, regla constitucional, y la estabilidad ad vitam del empleo de la Sra. procuradora general de la Nación, obtenido del modo anunciado y luego de que el mismo Senado rechazara el nombramiento de otra persona según el pliego original enviado por el gobierno anterior.

No hay nada más que decir. Ud. asumió el cargo jurando desempeñarlo conforme a Derecho y respetar las leyes vigentes. No sólo en este caso no lo hace ni guarda cierto recato frente a intentos anteriores, sino que insiste en administrar nuestro país con resistencia y violación de las leyes vigentes que juró respetar y contribuir a su realización efectiva, según lo ha demostrado también en otras ocasiones.
No se equivoque adrede de nuevo. No estamos defendiendo ni los nombramientos ad vitam, ni los periódicos que no coinciden con su mandato, ni las condiciones de idoneidad fijadas por las leyes para cierta actividad o ciertos funcionarios, sino que creemos que estas no son, para Ud., opciones políticas; por lo contrario, se trata de mandatos legales que Ud. juró y debe respetar. Suponemos, también, que así lo asesoran los juristas que Ud. eligió para que lo auxilien. Si no le gustaban nuestra Constitución o nuestras leyes, Ud. no debió asumir el cargo para el que había sido designado. Aceptarlo no era su obligación jurídica ni ética.

* Profesor emérito UBA.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/50489-se-equivoca-dolosamente-sr-presidente

Del ridículo es difícil volver II, por Julio Maier (para "Página 12" del 14-02-17)

Por Julio Maier *

Sábado de madrugada: me acabo de enterar que, por intermedio del fiscal del caso, a quien no conozco –pero me gustaría saber en cuál Universidad estudió y quién le enseñó Derecho penal (comprensivo del Derecho procesal penal)–, el tratado con Irán ha cobrado nuevos bríos criminales y criminológicos. Ya no sólo ese tratado –que ni siquiera llegó a perfeccionarse y, por ende, mucho menos a ejecutarse en alguna de sus cláusulas–constituye también el delito de traición a la patria, sin conflicto bélico alguno, sino que el fiscal parece afirmar que “la patria” sería el Estado de Israel, víctima del crimen a través de las personas fallecidas en el atentado, ya no argentinos, al menos en su gran mayoría, sino súbditos nacionales israelíes. Tamaño argumento viene, además, como dado vuelta desde varios puntos de vista –o quizás no sea así, conforme a la ideología del fiscal–, pues, como lo expresa el articulista, ha sido siempre un argumento natural de quienes se reconocen como antisemitas; la Alemania nazi no le reconocía la nacionalidad alemana a quienes titulaba de “judíos” y establecía así una profunda división en el pueblo alemán, nunca saldada del todo, según creo.

Pero el fiscal tampoco se queda en esos aprontes, sino que establece en su pedido, al parecer, un penoso procedimiento probatorio que desea conocer las comunicaciones telefónicas, electrónicas, orales y de cualquier otro tipo entre funcionarios gubernamentales a los que incluye en el proceso penal, ámbito subjetivo que también abarca a los legisladores y a las audiencias legislativas en las cuales se debatió y ratificó el tratado. Vale la pena indicar lo inútil que resulta conocer los vínculos telefónicos y presenciales entre personas, desconociendo el contenido de esas comunicaciones, y lo sospechoso por antidemocrático que resulta querer conocer en un proceso penal aquello que cada legislador afirmó durante el debate parlamentario dada la clara indicación constitucional de algo más que impunidad por el contenido de las opiniones parlamentarias. Vale la pena transcribir: CN, Art. 68. “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.”

Todo ello se agrega a lo poco menos –o más– que estúpido –también por lo inútil– que resulta enjuiciar a los protagonistas de un tratado que, como dije, nunca se perfeccionó ni ejecutó, sobre la base de una supuesta intención que, a más de no haberse manifestado nunca en la realidad de los hechos, para ser reiterativo, no está atribuida ni siquiera al órgano estatal competente para arribar al resultado supuesto.

Se comprende ahora mi curiosidad por conocer cómo se enseña y quién enseña Derecho penal y procesal penal en las universidades de nuestro país, a pesar de que no desconozco que pueden existir malos estudiantes que no llegan a comprender los alcances del Derecho penal y, sin embargo, superan las exigencias para arribar al título de grado. En cierta manera a mí me pasaría lo mismo si, de sopetón, me preguntaran por Derecho marítimo –que en la U. N. de Córdoba no tenía mayor desarrollo por razones obvias– o por Derecho aeronáutico, con escaso desarrollo cuando yo estudié. Sin embargo, puesto frente al problema, intentaría informarme de la manera más completa posible. Advierto que tampoco quiero pecar de ingenuo, pero eso es hoy harina de otro costal.

* Profesor emérito UBA.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/20099-del-ridiculo-es-dificil-volver-ii

“Estamos viviendo en emergencia democrática”, por Alejandra Dandan (para "Página 12" del 16-01-17)

Maier, Rodríguez Saá, Verbitsky, Almeida, Zaffaroni y Yasky, entre otros, ayer, en la sede porteña de la Tupac Amaru.
(Imagen: Rafael Yohai)

PARA LA LIBERTAD

El Comité por la Libertad de Milagro Sala reiteró la exigencia de que la dirigente social sea excarcelada. También anunció que presentará una denuncia contra el Ejecutivo nacional, la gobernación de Jujuy y el máximo tribunal judicial de esa provincia.


Por Alejandra Dandan

La sede de la Tupac Amaru había vuelto al silencio. Todos sabían a esa altura que Milagro Sala estaba escuchando la misma conferencia de prensa a cientos de kilómetros, retransmitida desde una radio abierta sobre las calles de tierra, a orillas del Penal de mujeres del Alto Comedero. Horacio Verbitsky, presidente del CELS, pero aquí y en este contexto, también periodista, explicó que las resoluciones de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos son importantes, lo mismo que el trabajo jurídico, pero aseguró que la experiencia de la dictadura en Argentina también demostró que Milagro Sala no va a salir de la cárcel si no existe militancia, organización y participación popular. “No hay otro camino que la militancia –dijo–. El trabajo jurídico de defensa de Milagro es extraordinario, pero la liberad de Milagro sólo se va a conseguir con organización y participación popular. Me parece muy importante que lo tengamos claro todos quienes estamos acá. No vamos a cejar hasta conseguir su libertad, porque su libertad es la garantía de la libertad de todos.”

Ahí estaba el espíritu que se respiró durante dos horas en la casa de la Túpac Amaru, en el barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires. Media hora antes del comienzo formal de la conferencia de prensa organizada por el Comité por la libertad de Milagro, a un año de su detención ilegal, el pequeño edificio explotaba. Los organizadores ubicaron en una mesa a Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero también a quienes podían dar cuenta del abanico de alianzas y de la dimensión de un reclamo que rompió las fronteras territoriales y también de los espacios políticos. El jurista Julio Maier quedó sentado al lado del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa. Luego se sentaron Verbitsky y ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, hoy miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más atrás estaban los intendentes de Ensenada y Avellaneda, Mario Secco y Jorge Ferraresi. Víctor Santa María, Eduardo Valdés, Gabriel Mariotto fueron presentados como representantes del Parlasur. Víctor Carricarte, de la CGT, cuando tomó la palabra dijo que lo hacía como parte de la Corriente Federal del Trabajo. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, anunció que presentarán una denuncia ante la sede local de la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno argentino por violación a la defensa de los pueblos originarios. Entre los presentes y oradores, la lista sumó a Daniel Catalano, de ATE; Horacio Pietragalla, Andrés Larroque y el sacerdote Francisco Oliveira, de los Curas en la Opción por los Pobres; también a representantes de los organismos de derechos humanos y de La Cámpora, entre otras organizaciones.

Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac Amaru, agarró el micrófono como pudo para ir nombrando a quienes aparecían y se perdían entre la marea humana. Dejó en claro que también estaban ahí Vilma Ripoll, del MST, y Christian Castillo, del PTS. Sobre la mesa central, entre imágenes de afiches con la campaña por Milagro Sala, quedó una foto suspendida de Olga Arédez, ícono de la lucha jujeña por los crímenes del Ingenio Ledesma, ese factor de poder permanente que, como dijo Verbitsky, continúa siendo el punto de alianza de un bipartidismo desestabilizado por el trabajo de la Tupac, por lo que ahora le están haciendo pagar las cuentas.

“Como habrán observado la casa nos quedó chica”, dijo Garfagnini. “Y lo que expresa es que el problema de la detención de Milagro y los compañeros de la Tupac es un problema de la democracia. No es un problema del kirchnerismo, del antikirchnerismo, ni de un determinado partido. El problema es que estamos viviendo en emergencia democrática desde el 10 de diciembre de 2015 con un gobierno que  encarcela y reprime a su opositores.” Ese fue un punto central de la conferencia de prensa: el anuncio de una denuncia contra el Ejecutivo nacional, el Ejecutivo de Jujuy y la titular del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, como consecuencia de los correos electrónicos publicados el domingo pasado en PáginaI12 por Horacio Verbitsky, que dan cuenta de un acuerdo para diseñar una estrategia conjunta para recibir en mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Quiero decir que los mails en los que se acuerda la preparación de testigos para pactar una reunión y operar para mantener detenida a Milagro son de una gravedad institucional inusitada”, dijo Garfagnini. “¿Y después nos hablan a nosotros de asociación ilícita?  –planteó–. ¿Qué es un asociación ilícita si no esto?”

Allí mismo le pasó el micrófono a Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo jurídico de la Tupac. “Estos mails vienen a demostrar en otro soporte lo que desde hace un año vinimos diciendo –dijo ella–: que Milagro Sala está a disposición del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial.” Ya lo había dicho el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, explicó. Y lo que ahora salió a la luz es una serie de reuniones y acuerdos entre los representantes de la Cancillería nacional, el fiscal de Estado de Jujuy, el apoderado personal del gobernador Gerardo Morales y, lo más grave, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy. “Hoy esta defensa tiene dos incidentes en el STJ. ¿Qué podemos esperar de esta presidenta que acuerda estafar a la CIDH?” En esa línea, anunció una batería de acciones. Poner en conocimiento a la CIDH de que el Estado argentino viola lo que se llama principio de buena fe. Denunciar a los cuatro firmantes de los correos por tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad. “Y la tan encantadora figura de asociación ilícita, que tanto usan el gobierno nacional y el provincial, nunca les cabría mejor que en este caso”, agregó. Esa denuncia que se presentará en los próximos días correrá en paralelo a un pedido de renuncia de Leandro Despouy, representante de derechos humanos en Cancillería, dado que “no puede representar al Estado argentino en materia de derechos humanos un funcionario que viola el principio básico de la comunidad internacional”. Idénticas renuncias pedirán al fiscal de estado jujeño Mariano Miranda y a la presidenta del STJ, Clara De Langhe de Falcone, una ex diputada radical que asumió la presidencia del tribunal supremo de Jujuy en medio de la ampliación de esa corte en menos de 24 horas y cuya primera decisión fue designar a su yerno, el juez Gastón Mercau, para perseguir a Milagro Sala, como recordó también ayer el presidente del CELS. Sobre los pedidos de renuncia, señalaron que esperan que los funcionarios se avengan a aceptarlos al menos por vergüenza. Y explicaron que también impulsarán un pedido de juicio político sobre la magistrada.

Un pequeño entrepiso de la sala se había abarrotado de presencias. ¡Para Milagro, la libertad, para Morales el repudio popular!, se cantó. Desde la coordinación del Comité, Estela Díaz y Mara Brawer se sucedieron en el micrófono, hicieron presentaciones, mencionaron como parte del abanico de adhesiones la presencia de Fernanda Gil Lozano, del Frente Renovador. Señalaron que tenían una adhesión de Alberto Fernández. Leyeron una carta de Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y presidenta honorífica del comité. Y a las 11.30 también leyeron una carta de Milagro Sala.

La carta

“Queridos compañeros, hoy se cumple un año desde mi detención y del comienzo de la represión en Jujuy”, escribió la dirigente. “Pero también un año de persecución a los militantes sociales de todo el país por parte de este gobierno.” Enumeró la represión a los tupaqueros, “pero también a los empleados públicos, a los despedidos de las fábricas, a los científicos, a los maestros y profesores, a los manteros y finalmente a los mapuches de los pueblos originarios”. En el final, repitió aquello que dice cada vez que alguien le pide un mensaje: “Les pido que militen los jóvenes, que son el futuro de nuestro país”.

La coordinación del Comité dio datos sobre la expansión de la figura de Milagro durante este año de reclamos. Más de 60 comités en el país y en el mundo, dijeron. Acciones en simultáneo ayer en todas las provincias. Una olla popular y una radio abierta en el Penal del Alto Comedero para transmitirles la conferencia de prensa a las detenidas políticas. Conferencias de prensa en simultáneo en el exterior. Y muy especialmente hicieron un pronunciamiento en solidaridad con las organizaciones mapuches reprimidas en Chubut. “No nos confundamos –dijo Estela Díaz–, no es casualidad que la primera dirigente detenida sea una líder de las organizaciones populares, mujer y líder indígena, triple condición de discriminación que la instituye en el botín que Morales ofreció a la oligarquía jujeña y argentina.”

Desde el Comité anunciaron que esperarán los fundamentos del fallo que condenó a Sala por un escrache a Morales, que se conocerá en el mes de febrero, para luego hacer una denuncia contra el gobernador y el testigo falso de la causa, René Cochinillo Arellano. “No se trata sólo de un testigo que mintió, sino de un testigo falso pagado por Morales”, explicaron.

Luego de Coco Garfagnini y Taty Almeida, tomó la palabra Raúl Zaffaroni. “Ante todo, tengo que hablar de un cierto grado de vergüenza cuando uno viene a hablar de derecho frente a lo que está sucediendo en nuestra Patria, y es lamentable. Pero creo que ya no se perdió la vergüenza, sino el pudor, directamente.” Y también volvió a señalar que Jujuy vive un estado de excepción, por lo cual el Estado nacional debe promover la intervención de la provincia. “Lo que estamos viendo es un deterioro gravísimo del Estado de derecho nacional. No sólo de Jujuy. En esas condiciones, lo único que corresponde conforme el texto expreso de la Constitución, si la provincia no garantiza la administración de Justicia, es la intervención federal de la provincia.”

Hubo aplausos. Y nuevos cantos. Las mujeres de la Túpac comenzaron a distribuir carteles para las fotos de adhesión a la campaña. El presidente del CELS, para entonces, ya había terminado de explicar su sorpresa al repasar los diarios nacionales y de Jujuy con nula información sobre los correos electrónicos. Y luego habló del peso y de la importancia de construcción acciones, acudir a organismos nacionales e internacionales para canalizar denuncias, retomó la denuncia que hará la CTA ante la OIT, también las enseñanzas que estos reclamos dejaron en dictadura. “Esta es la historia que nosotros vivimos en dictadura –dijo–: el sistema interamericano de protección a los derechos humanos dictó resoluciones idénticas para Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, en todas señaló que la represión, la desaparición y la tortura practicadas por las respectivas dictaduras violaban la Convención americana de Derechos Humanos. Sin embargo, sólo en Argentina esas resoluciones fueron militadas por un conjunto muy grande de personas y organizaciones y lograron los avances a los que hizo referencia recién Raúl (Zaffaroni). No ocurrió lo mismo en Brasil, no ocurrió en Uruguay, ni en Paraguay porque no hubo una organización y militancia con ese mismo grado de fortaleza. Y ese es el camino que hay que encarar para forzar al gobierno nacional de Mauricio Macri y al gobierno de Gerardo Morales a dejar en libertad a Milagro Sala”. Y allí, agregó que todo esto sólo será posible con militancia, con organización y acción popular.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/14662-para-la-libertad

JURISTAS Y JUECES DE PACOTILLA, por Julio Maier (para "Página 12" del 08-10-16)

 Por Julio Maier *

Un venerado jurista cordobés escribió un día un artículo que tituló “Una desfiguración de la Constitución”, e insistió tiempo después: “Una nueva desfiguración...”, en alusión a la distinción entre la competencia judicial “federal” y la “provincial”. Como si no bastara con la ridícula organización judicial porteña, la Corte Suprema acaba de tomar nuevo partido en el asunto y reclamado su parte en el absurdo. En un territorio tan pequeño como el de la capital de la República, existen tres “jurisdicciones judiciales”, esto es, en el mundo real, tres organizaciones judiciales distintas, la “federal”, la “nacional” y el Poder Judicial de la actual C.A.B.A., algo que no se repite en territorios de ese tamaño en ningún lugar del mundo. Un absurdo para delirio de los abogados y funcionarios judiciales “chicaneros” que pueden eternizar la investigación de, por ejemplo, una “muerte dudosa” (el fallecimiento de la persona no es dudoso sino que lo único dudoso es la criminalidad del hecho o del resultado) por generaciones de generaciones mediante el simple recurso de plantear “cuestiones de competencia” entre las posibles tres jurisdicciones judiciales.

Primitivamente, se había distinguido a unos como “jueces de la Constitución”, los “federales”, hoy conocidos por su sede, Comodoro Py, y a otros como “jueces de la ley”, aquellos “ordinarios” o “nacionales” organizados por la ley en el ámbito territorial de la capital de la República (ver Constitución nacional, art. 116, numeración actual). Se confundía a la ciudad capital, Buenos Aires, con una Provincia y así los ordinarios surgían de la ley de organización de los tribunales y, en cambio, los federales reconocían su base en la Constitución federal, sección dedicada al Poder Judicial. Muy pronto, pero seguramente antes de promediar el siglo anterior, la Corte Suprema acabó con el equívoco: todos los jueces y los tribunales del Poder Judicial de la Nación tenían su fuente básica en la Constitución nacional (art. 108, numeración actual) reglamentada por la ley de organización judicial que regulaba sus competencias, si se quiere de una manera irracional, al establecer dos organizaciones judiciales en un mismo territorio como si la ciudad de Buenos Aires fuera una provincia argentina. Todo se agravó con la reforma constitucional de 1994, al crearse la C.A.B.A. y, con ella, otra jurisdicción judicial, la tercera en discordia.

La Corte Suprema acaba de volver sobre sus pasos: ha establecido que la “muerte dudosa” (¿suicidio?, ¿crimen?) de un fiscal, aparentemente “federal”, es, también aparentemente, en razón de la persona, en este último de los casos, de la víctima, competencia clara de la “jurisdicción federal de la capital”, incluso sin que juegue frente a la “duda” (¿?), de manera alguna, el principio de aquel tribunal que previno.

Supongo y espero que ésta, mi opinión sobre un hecho de trascendencia pública, no será tomada como una “operación mediática montada por Página/12 para cubrir un asesinato”. Por si acaso: no pertenezco al elenco profesional de Página/12, aunque soy “hincha” del periódico que publica a veces mis opiniones.

* Profesor emérito de DP y DPP, UBA.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311280-2016-10-08.html

EL DERECHO ES LUCHA, por Raúl E. Zaffaroni (para "Página 12" del 07-09-16)

 A PROPOSITO DE LA OPINION DE JULIO MAIER


 Por Raúl Zaffaroni *

En la canción de Tom Jobim que usted, Julio Maier, cita en su columna de opinión publicada el lunes 5 en Página/12, la felicidad tiene fin y la tristeza no. Pero en el derecho ninguna de ellas lo tiene, porque hay momentos de avance y otros de retroceso. A veces pierde la pulsión hacia la dignidad de la persona.

Pero calma, Julio. Usted no desperdició su vida ni mucho menos. Siempre empujó en la dirección correcta, como el más distinguido teórico del derecho procesal penal de toda la región.

Creo que –como tantos otros– hizo prosa sin quererlo porque luchó y lucha, y siempre el derecho es lucha. Para los trogloditas conviene aclarar que no lo dijo Marx, sino Rudolf von Ihering.

No puede ser de otro modo, porque el derecho siempre es político. Escribimos para que los jueces nos hagan caso en sus sentencias. Los jueces son un poder del Estado, cada sentencia es un acto de gobierno y, como tal, el derecho nunca puede ser neutro respecto del gobierno de la polis, jamás puede ser no ideológico, porque siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión está en saber qué ideas expresa.

Usted siempre estuvo de un lado, luchando por un derecho que tratase a todo ser humano como persona. ¿Acaso pensó no encontrar resistencia en esa lucha? ¿Creyó que alguna vez y por un rato no nos torcerían la mano en la pulseada?

Querido Julio: sus propias ideas provienen de anteriores luchas. De Túpac Amaru y los comuneros, de los quilombos, de los héroes de la Independencia, de las burguesías europeas del siglo XVIII, de nuestros caudillos federales, de los movimientos populares latinoamericanos, de conflagraciones con millones de muertos. Siempre los derechos resultaron de luchas políticas y les dieron forma a sus logros.

Es verdad que hay traidores que quieren detener la dinámica de la historia para degradar al ser humano, como tampoco faltan escribas que con tales fines corrompen los más nobles conceptos jurídicos.

Si bien esto es particularmente indignante en una región con cientos de miles de víctimas del subdesarrollo y del colonialismo financiero transnacional, lo cierto es que en todos los tiempos hubo mercenarios dedicados con empeño a estos despreciables menesteres. Nunca faltaron los ingenuos y perversos que quisieron reducir el derecho a una técnica neutra, pretendiendo que el maloliente producto de su olla de bruja sea útil tanto a las democracias como a las dictaduras criminales. Para eso se eleva la lógica a ontología y se fabrica un complejo aparataje funcional a la concentración de riqueza.

Pero usted, querido Julio, nunca fue un aséptico teorizador de algo tan despreciable que pueda servir tanto como tostadora para el desayuno o como instrumento de tortura del vecino.

No Julio, usted no desperdició la vida, ni tampoco el derecho es algo inservible: es el medio necesario para empujar la política de respeto a la dignidad humana, en la lucha en que usted participa como pocos, con su saber y su pasión y, más aún, con su ejemplo de vida.

Pero así es la vida del derecho: no tiene fin, ni en sus logros ni en sus fracasos. Es un unfinished, siempre en lucha, dinámico y, sobre todo, partisano, jamás neutro. No es posible ser neutral ante la negación de la dignidad humana, y es necesario ser partisano para luchar por su avance en la historia.

¡Vamos, Julio! ¡Todo jurista es político! Proyectamos jurisprudencia y actos de gobierno de la polis. No se niegue como político y, por ende, no lamente que el derecho sirva a la política, porque conforme a la naturaleza de las cosas no puede ser de otro modo.

La cuestión es hacerlo consciente y saber en todo momento que se responde a una política humana y no a una inhumana. Estamos del lado del derecho humano, pero sabemos que enfrente tenemos un derecho inhumano.

Julio, ¡bienvenido a la lucha en que siempre estuvo!

* Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-308798-2016-09-07.html

INFORMACIÓN RELACIONADA:

LA LUCHA POR EL DERECHO, de Rudolf von Ihering


Tristeza não tem fim. Por Julio Maier

La excepción y la regla, por Julio Maier (para "Página 12" del 29-12-15)

 Por Julio Maier *

Así se llama una pieza teatral pequeña de Bertolt Brecht que no tiene desperdicio y que de vez en cuando podemos apreciar en Buenos Aires, expuesta en teatros independientes o aficionados. Pero lo cierto es que, metáforas literarias y eufemismos excluidos, los sociólogos de finales del siglo XX y comienzos del siguiente, y parcialmente también los juristas, han descubierto que los estados excepcionales se convierten rápidamente en permanentes, en reglas generales, por no decir absolutas. Debido a que quiero seguir pensando como ciudadano, sin atisbo alguno de la “ciencia” que me vio nacer y crecer, prefiero evitar los miles de citas que, con nombre y apellido, se podría enunciar aquí, para indicarles el fenómeno con un pequeño ejemplo de aquello que todavía me es usual y me viene rápido a cuento. La prisión preventiva, pese a los enormes esfuerzos principistas y textos jurídicos declamatorios de los juristas liberales, hace rato que se ha trasformado, incluso según la estadística, de excepción en regla. Algo que es más que un símbolo, pues, como se sabe, al arribar la revolución ilustrada la toma y la destrucción de la Bastilla por los revolucionarios liberales no halló presos o los halló en ínfima cantidad.

Yo me quejé de la aplicación de la excepción como regla en el caso de la señora procuradora general de la Nación. Estaba equivocado, el ministro del ramo parece representar alborozadamente a un defensor del método, que, en sí mismo, no significa otra cosa que un enemigo del Estado democrático: todavía hoy él sigue presionando por todos los medios para que, sin otro ton y son que un nombramiento de su amistad y confianza, la procuradora deje su cargo y le facilite la tarea. No le basta con que la procuradora, designada por una mayoría parlamentaria abrumadora y después del fracaso de alguien previamente elegido por el gobierno anterior, cumpla bien su tarea. Pero allí no queda la cosa: él aconseja al Presidente, seguramente, para que cometa esas acciones locas por las que algún día habrá de responder: me dio lástima que se provocara el alejamiento forzado de Tristán Bauer, a quien le debemos como mínimo Encuentro y Pakapaka, canales de TV que no tardarán en desaparecer, pues el Sr. Macri, a estar a sus designaciones, ni piensa tener, ni tiene por objeto la excelencia cultural, canales que constituyeron un modelo de TV pública. Seguramente él también es responsable de la decisión política de construir una radio nacional que responda a su nombre y a sus posibilidades; abominé asimismo de la destrucción por decreto de la ley de comunicación audiovisual y de tecnología de comunicación, aprobadas por una gran mayoría parlamentaria y luego de un debate cívico ejemplar, que expresamente preveían la autonomía y el pluralismo de sus entes reguladores y, de paso, la expulsión de sus directores y miembros por la policía (¡y lo que es peor: por orden judicial!). Y siguen los decretos y los nombres objeto de expulsión decretal... en momentos en los que una sola palabra presidencial y una agenda limitada podrían poner “la casa en orden”. Temí las balas policiales enfrentadas a una protesta laboral y, ya anciano, temo ingresar nuevamente en el cono de sombra de la expulsión social y la desocupación, también vía decreto de supresión de impuestos para aquellos que no necesitan mayor fortuna y de creación de favores extraordinarios para los custodios y rapaces de esas fortunas.

¡Qué lástima! Creí que mi país era un Estado independiente y voy a tener que resignarme a vivir lo que me queda y a morir en uno dependiente. Pero no nos equivoquemos, los responsables no son los conservadores que, mal o bien, siempre defendieron esos valores. Estimo que los que más deberán rendir cuentas van a ser los del otro lado, hoy aliados, el socialismo y el radicalismo, designados con nombres históricos, que, o bien apoyan estos métodos, como aquellos que abandonan la escena de instituciones autónomas, ratas del barco que se hunde, o bien los aplican, los toleran y hasta los votarán parlamentariamente.

* Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289204-2015-12-29.html

SUPERHÉROES, por Julio Maier (para "Página 12" del 20-06-15)

 

Arriba: El Universo está protegido por el poder de Nis-Man

Por Julio Maier *
 * Profesor titular consulto de Derecho Penal y de Procesal Penal de la UBA.

Los americanos del Norte se especializan en la creación de superhéroes y los imponen culturalmente de modo universal, afirmación que rige al menos para la civilización occidental. Denuncio mi edad cuando nombro, a modo de ejemplo, a Superman, a Batman, al Capitán América. Son superhéroes, su origen estadounidense es incuestionable, incluso cuando no nacieron en los EE.UU. y hasta cuando nacieron en planetas extraños a la Tierra. Algunos portan en sus cuerpos los colores y formas de la bandera de los EE.UU.

Sin embargo, no sólo eso debemos reconocerle a ese país, la fuerza cultural y económica para imponer a estas caricaturas de héroes; de ordinario los superhéroes nacen con sus respectivos súper-antihéroes a su lado: el Guasón, el Pingüino, etc.
No creo que estos personajes y sus historias sean producto de algún plagio. Se ha producido, sin embargo, un caso singular días pasados. La figura de un fiscal argentino, sobre cuyo fallecimiento se investiga todavía hoy, aunque ya con algunas conclusiones relativamente firmes, ha tomado cuerpo de superhéroe norteamericano de la mano de la institución de un premio al coraje que lleva su nombre y, más cercanamente, de un artículo periodístico acerca de su muerte (por acción violenta de otro), su persona (sinónimo de valentía) y sobre aquello que su desaparición significa (dictadura política de su país dispuesta a todo) en un diario estadounidense de jerarquía (The Wall Street Journal).
En el país de origen, domicilio y trabajo de la figura del superhéroe norteamericano aquello que se va conociendo objetivamente sobre su vida, sus costumbres y su trabajo, incluso por revelaciones familiares, apunta hacia la segunda de las figuras de historieta, hacia el superantihéroe. No debería interesarnos demasiado la revelación porque, en todo caso, se trata de un héroe extranjero –en varios sentidos–, pues se conoce desde hace tiempo que respondía al interés político de ese Estado extranjero, pero resulta que quien pagaba la licenciosa vida del James Bond argentino era ... el Estado argentino. ¡Indifrundi, indigendi!

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-275329-2015-06-20.html

Duras críticas de tres reconocidos juristas contra la denuncia de Nisman, por INFOnews del 27-03-15

León Arslanian, Rodolfo Canicoba Corral y Julio Maier rechazaron la presentación del fallecido fiscal por "la manipulación de los elementos con que contaba".

Tres reconocidos juristas analizaron y criticaron fuertemente la denuncia que Alberto Nisman presentó contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios y dirigentes sociales por encubrimiento.
En ese sentido, el ex camarista federal León Arslanian aseguró que la denuncia fue "un hecho grave", y enfatizó que la misma tenía un armado de la prueba basado en "la manipulación de los elementos con que contaba".
Para el ex camarista, lo escrito por Nisman tenía "deficiencias observables" vinculadas a "déficits probatorios" y a un armado un tanto "complicado" de la prueba a raíz de "una suerte de manipulación de los elementos con que se contaba".
Para el jurista, la denuncia "es un hecho grave que no es para tomarlo con ligereza y marca un grado de irresponsabilidad significativa haberla formulado en esas condiciones" ya que "tiene un vicio intrínseco que es por un lado un déficit probatorio y por otro lado un déficit conceptual, ya que aquello que se dice que es un delito no es tal".

Arslanian calificó a la denuncia de "aventurada"

De este modo, Arslanian calificó a la denuncia de "aventurada", y señaló que aún existen "suspicacias" respecto de la "premura (de Nisman) por presentar una denuncia en plena feria judicial cuando había tiempo más que suficiente" para presentarla.
A su vez, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó que si el fiscal Nisman estuviera vivo "es probable" que tuviera que hacerle una denuncia jurídica, ya que el fallecido funcionario judicial incurrió en "conductas que bordean lo delictivo", en tanto que calificó de "disparate" la versión periodística que lo señala como un "operador" del gobierno en la justicia.
En ese marco, señaló que hubo "manipulación de pruebas sin autorización", como las escuchas que utilizó el fallecido fiscal en la denuncia por supuesto encubrimiento del gobierno nacional en el atentado a la AMIA.

Rodolfo Canicoba Corral.

En tanto, el jurista Julio Maier aseguró que la presentación de Nisman "no contiene ningún hecho delictivo" y señaló que "se trata de una operación política destinada a durar en el tiempo".
"El centro de la denuncia es el tratado suscripto entre el Poder Ejecutivo argentino y la República Islámica de Irán, y es un tratado que como dice la Constitución es un hecho absolutamente lícito del Ejecutivo por la sola razón de que tiene a su cargo las relaciones exteriores", aseguró.
Y agregó: "A mí no me cabe la menor duda que se trata de una operación política destinada a durar en el tiempo, como lo va a hacer ahora porque seguramente alguien va a recurrir el fallo ante el Tribunal de Casación y si Casación no le da la razón va a recurrir ante la Corte".
Sobre la denuncia, Maier resaltó que "eran todas elucubraciones acerca de lo que pensaba hacer alguien en el futuro" y ejemplificó: "Era más o menos como si yo compro un cuchillo y alguien posteriormente dice ´tengan cuidado que se propone con este cuchillo matar a fulano el día menos pensado´".
"Eso no provocaría ningún procedimiento penal porque todo está en la cabeza de quien denuncia y no son hechos concretos así fue no tiene ningún sentido ni la prueba de nada", subrayó.

La vos de los familiares
Por otro lado, el referente de la Asociación 18J de Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, recordó hoy que con su grupo "desde el primer momento" sostuvieron que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman "le faltó el respeto a los muertos y de ninguna manera es la víctima número 86".
Burstein afirmó que "quedó demostrado ayer que Alberto Nisman no es un héroe ni mucho menos. En todo caso es un héroe con pies de barro".
"Creo que (a la resolución de la Cámara) le faltó un párrafo donde se denunciara nuevamente el uso que se hizo de los muertos de la AMIA", indicó Burstein, y agregó que Nisman presentó "un guión de cine faltándole el respeto a las 85 víctimas, pretendiendo una operación política disfrazada de jurídica".

No me cabe la menor duda que se trata de una operación política

"Esto es una vergüenza y lo dijimos desde el primer momento", recordó, y dijo "no saber" por qué el fiscal Nisman "presentó esto, que no se condice con lo que uno espera de un fiscal".
Para Burstein, "Alberto Nisman le faltó el respeto a las víctimas y no es de ninguna manera la víctima número 86. Esa es otra falta de respeto por parte de aquellos que pretendieron utilizar su imagen para justificar intereses políticos miserables".
Finalmente, Burstein reiteró que a su entender, desde algunos sectores políticos y jurídicos "utilizaron esa denuncia, a ese mamarracho jurídico, para hacer uso del mismo en contra del gobierno. Y esto no es en defensa del gobierno en absoluto, porque también dijimos que si tenía seriedad había que investigar, seriedad que no encontramos nunca".

Publicado en:
http://www.infonews.com/2015/03/27/politica-191976-duras-criticas-de-tres-reconocidos-juristas-contra-la-denuncia-de-nisman-denuncia-de-nisman.php

ARSLANIAN, MAIER, GARRIGÓS DE RÉBORI, BARCESAT Y SZMUKLER DESTACARON LA SOLIDEZ DE LA DECISIÓN DE RAFECAS, por "Página 12" del 28-02-15

León Arslanian y María Laura Garrigós de Rébori coincidieron en destacar la solidez del fallo.
Imagen: Sandra Cartasso & Bernardino Avila.

“El fallo puso las cosas en su lugar”

Juristas y especialistas en derecho penal como Arslanian, Maier, Garrigós de Rébori, Barcesat y Szmukler coincidieron en marcar lo bien fundamentada que estuvo la decisión de Rafecas y su convicción de que la Cámara confirmará el fallo.

Varios juristas salieron ayer a expresar sus coincidencias con el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman. “Impecable”, consideró el ex camarista León Arslanian la decisión. “Puso las cosas en su lugar”, acompañó la camarista y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori. En general, los especialistas destacaron la solidez de los argumentos esgrimidos por el juez y lo complicado que le resultará a la Cámara Federal –en caso de que, como se cree, el fiscal Gerardo Pollicita apele el fallo– apartarse de esa línea.
“Un juez no está obligado a investigar cualquier cosa que se le presenta por delante, sino aquellas que tienen un mínimo de coherencia, consistencia y elementos mínimamente probatorios. La particularidad que tiene la denuncia de Nisman es que es absolutamente autocontradictaria”, dijo ayer Arslanian en una entrevista radial. El ex ministro de Justicia evaluó que, en su escrito, Nisman “no denuncia un delito” sino que realiza “una fuerte crítica política a los actos del Poder Ejecutivo”, en referencia al Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, porque “en su interpretación personal tenía como única finalidad liberar de cualquier responsabilidad a los iraníes” imputados por el ataque a la AMIA. “Esto, así planteado como hipótesis, es sobre la base de una interpretación absolutamente capciosa del convenio. No es un delito, es algo que a alguien se le ocurrió que podía ser”, agregó.
La camarista Garrigós de Rébori evaluó que Rafecas “puso las cosas en su lugar” al desestimar la denuncia de Nisman, ya que las “presunciones e interferencias” que había colocado el fiscal en su escrito “no se sostenían sobre ninguna pauta objetiva”. Garrigós comentó que cuando se conoció la decisión de Rafecas, se encontraba en una reunión con varios jueces y pudo notar los gestos de alivio. “Todo el mundo puso cara de menos mal, alguien puso las cosas en su lugar”, dijo. “Era un hecho política y judicialmente importante, pero jurídicamente no porque no tenía sustento ni entidad jurídica, que es lo que Rafecas dijo ahora”, concluyó sobre el episodio que arrancó con la denuncia de Nisman.
El ex camarista y penalista Julio Maier calificó como “seria y exhaustiva” la resolución de Rafecas. “Confié en que Rafecas iba a poner seriedad y lo he corroborado”, consideró Maier, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Recomendó a la gente leer la desestimación del juez y criticó a la oposición por “jugar con el poco interés de la gente”, que no se interioriza por los fallos. “Si la gente la leyera, se convencería de que la denuncia de Nisman no tiene ningún sentido”, consideró. Además, se mostró convencido de que si el fiscal Gerardo Pollicita apela la medida, “la Cámara Federal confirmará la decisión de Rafecas”.
El constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que la decisión de Rafecas es “una lección de derecho”. “El fallo es una pieza inconmovible y muy sólida”, subrayó Barcesat y remarcó que “la determinación del magistrado acredita fehacientemente no solamente la inexistencia de delito sino también la imposibilidad de que se hubiera podido cometer”. Concluyó que “Rafecas incorpora una serie de apreciaciones muy valiosas y pone la cuota de reacionalidad deseable en el discurso jurídico”.
El titular del Consejo de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler, consideró que el fallo de Rafecas “pone las cosas en su lugar desde el punto de vista jurídico y también político”. “El fallo es muy cuidado, con un análisis detallado que muestra claramente que no sólo no hay ninguna prueba sino que no existía delito alguno”, dijo Szmukler. Según su punto de vista, la presentación “fue armada en función de un objetivo partidario de crear un clima de inestabilidad institucional” y cuestionó la labor de Nisman porque “durante los diez años al frente de la investigación no hizo nada que impulsara el esclarecimiento del atentado”.

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