Brasil: la herencia maldita de Bolsonaro, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 29-01-23)

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Por Eric Nepomuceno

29 de enero de 2023

Desde Río de Janeiro

Hace como unos cuarenta y tantos años, y refiriéndose a un determinado presidente de Estados Unidos, que no me acuerdo quién era, Eduardo Galeano dijo que se trataba de un rey Midas al revés.

Acorde a la mitología griega, Midas, rey de Trigia, transformaba en oro todo lo que tocaba. Y Galeano decía que aquel mandatario al que se refería transformaba todo lo que tocaba en mierda.

Recuerdo que los dos vivíamos nuestros segundos exilios en España. Él, de Uruguay primero, de la Argentina de Videla después. Yo, primero de Brasil, y en aquel entonces, de aquella misma y tenebrosa Argentina.

Recuerdo que le dije que la palabra “mierda” me sonaba mal para ser publicada en un diario. Galeano argumentó que era mucho más pesada y verdadera que una supuestamente más elegante, algo tipo “excremento”. Una vez más en nuestras discusiones, él tenía toda la razón del mundo.

Pues lo que vivimos hoy en Brasil muestra que el ultraderechista Jair Bolsonaro era exactamente lo que Galeano llamó de “Midas al revés”.

Sabíamos todos -al menos todos los brasileños razonablemente lúcidos– que la herencia que Lula da Silva recibiría de Bolsonaro era tremenda y de muy difícil superación.

Pues a cada día que pasa se hace más y más tremendamente claro que el más abyecto y peor presidente de la historia de la República –-régimen militar inclusive-– fue mucho más Midas al revés que todos los que lo antecedieron. Todos.

La inmundicia que se esparce por cualquier aspecto de la vida brasileña es inmensa. Lo más evidente está en el medioambiente destrozado. Cada día surgen nuevas y contundentes pruebas de que mineros ilegales invadieron tierras indígenas devastando todo, gracias a la omisión de las autoridades responsables y con pleno incentivo del mismo Bolsonaro.

Ese es el campo más evidente del destrozo y del genocidio -no hay otra palabra para definir lo que su gobierno llevó a cabo– que Bolsonaro habrá de responder a la Justicia aquí en Brasil y en el Tribunal de La Haya.

Pero hay otros aspectos igualmente contundentes que de a poquito van surgiendo en las investigaciones luego del intento de golpe de Estado del domingo 8 de enero, cuando fueron invadidas las sedes de los tres Poderes de la República.

Volviendo a Galeano y a la cuestión del Midas al revés: ¿hasta qué punto Bolsonaro tocó a las Fuerzas Armadas y a las Policías Militares de todas las provincias brasileñas?

¿Cuántos fueron contaminados y en qué grado? Ojalá que su mano haya apenas resbalado en parcelas ínfimas de uniformados. Apenas resbalado, sin contaminar grupos significativos. Que al menos ahí la mierda sea poca, poquísima, casi insignificante.

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Brasil: un día de terror golpista, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 08-01-23)

 

Por Eric Nepomuceno

8 de enero de 2023 

Desde Río de Janeiro

El ultraderechista Jair Bolsonaro logró lo que su ídolo y mentor, Donald Trump, no había logrado: un claro intento de un golpe.

Si Trump logró invadir el Congreso, los seguidores de su discípulo invadieron y destrozaron mucho más.

Además del Congreso, los seguidores más radicales del ultraderechista brasileño invadieron el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, y el Supremo Tribunal Federal, donde todo fue revirado, con papeles esparcidos por el suelo y obras destrozadas, de cuadros y esculturas a piezas de cerámica y de mármol.

Hubo destrucción en el Palacio del Planalto, en el Congreso, pero principalmente en el Supremo Tribunal Federal.

Hasta la puerta del despacho del juez Alexandre de Moraes, el más odiado integrante de la Corte Suprema por los seguidores de Bolsonaro, ha sido derrumbada. Toda esa violencia fue algo inédito en la historia brasileña.

En el Palacio del Planalto, obras de arte fueron destrozadas, además de muebles, entre otros desastres provocados por los ultraderechistas seguidores de Bolsonaro y por él incentivados.

Brasil jamás había vivido semejante jornada de destrucción y terror, frente a la inercia de las fuerzas de seguridad de la capital, cuyo gobernador, Ibaneis Rocha, es plenamente identificado con el ultraderechista expresidente Bolsonaro.

En los últimos tres días innumerables ómnibus llegaron a Brasilia trasladando centenares de manifestantes que luego se revelaron terroristas.

No hubo ninguna iniciativa tanto de las fuerzas de seguridad de la capital como del gobierno recién asumido de Lula para identificar y vigilar a los viajeros. Tal vigilancia, a propósito, sería responsabilidad del gobierno de Brasilia.

Fue un movimiento que reunió entre seis y diez mil manifestantes, trasladados de varios estados brasileños con todos los gastos cubiertos por empresarios que, cuando sean identificados, serán castigados, acorde a lo que anunció Lula da Silva, y que actuaron frente a la inmovilidad de las fuerzas de seguridad del gobierno de Brasilia, la capital.

El pronunciamiento de Lula, a eso de las seis y media de la tarde, cuando los movilizados empezaban a recluirse, ha sido especialmente duro. Anunció una intervención en las fuerzas de seguridad de Brasilia, e insinuó con fuerza que tal intervención podría expandirse hasta el mismo gobierno de la capital brasileña.

No dejó de culpar directamente, ni siquiera por un segundo, a Jair Bolsonaro por los actos de terrorismo de este domingo.

La Policía Militar de la capital fue sorprendida sacando fotos unos a otros, entre sonrisas, mientras a su lado pasaban multitudes dirigiéndose a la Esplanada de los Ministerios, donde serían transformados en invasores.

Terminados los actos terroristas, hubo detenciones. Alrededor de las siete y cuarto de la noche se informó que al menos 150 manifestantes violentos habían sido detenidos. Una cantidad mínima, comparada al total de los que participaron de los actos de violencia explícita.

La movilización de los terroristas empezó alrededor de las dos de la tarde y se extendió hasta casi las ocho de la noche, cuando los manifestantes empezaron a ser disueltos por la policía pero seguían marchando por las anchas avenidas de la capital.

El controvertido ministro de Defensa de Lula, José Mucio Monteiro, había definido a los manifestantes como demócratas en pleno derecho de manifestación. Ya su colega de Justicia, Flavio Dino, advirtió que eran puros terroristas reunidos.

Luego de la violenta movilización, quedó clara la división entre ministros del nuevo gobierno, resaltando otro de los problemas del gobierno de Lula.

Vale reiterar: no hay antecedentes de manifestaciones de semejante violencia en la historia de la República brasileña.

Otro obstáculo que Lula da Silva tendrá de superar. Bolsonaro está ausente, fugitivo en Orlando, Florida, pero sigue activo. Y muy activo.   

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Brasil: un festival de bestialidades, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 10-10-22)

 

Por Eric Nepomuceno

10 de octubre de 2022 

Desde Río de Janeiro

“Tenemos imágenes de niños y niñas de tres y cuatro años a los que les sacan los dientes para practicar sexo oral en adultos. Y a otros muchos les dan comida liviana para facilitar el intestino a la ora del sexo anal”.

La autora de semejante denuncia no mostró ninguna imagen, ni hay relatos similares o registros en comisarías de policía.

Como todo eso fue dicho en uno de esos templos evangélicos, y delante de un batallón de niños y niñas – lo que configura crimen, acorde a la legislación – no habrá ninguna sanción, ninguna investigación: es la tal “libertad de expresión” en templos religiosos, asegurada por ley.

Su nombre es Damares Alves, evangélica radical, y fue electa con amplia votación senadora por Brasilia. Antes, ha sido titular del ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Conocida por haber relatado su encuentro con Jesús Cristo cuando estaba trepada en un árbol de guayaba, a lo largo de su actuación como ministra se mostró una radical opositora a la educación sexual en las escuelas, trató de impedir – con ayuda de la policía – que una niña de 12 años que había sido violada se realizase un aborto (un derecho asegurado por ley), entre otras demostraciones de un radicalismo ultraderechista.

También libró una dura batalla para deshacer la Comisión de la Verdad, vetó invariablemente todos los pedidos de indemnización a víctimas de la brutalidad de la dictadura militar (1964-1985) siempre enaltecida por Bolsonaro, impuso cortes violentos al presupuesto destinado a acciones de protección de los Derechos Humanos.

Semejante estupidez ambulante da una clara muestra de cómo será el Senado (en realidad, todo el Congreso: otras aberraciones llegarán a la Cámara de Diputados) a partir de 2023.

Hasta el aterrizaje del ultraderechista Bolsonaro en la presidencia, Damares Alves era una más entre centenares de obscuras secretarias y asesoras de diputados de trayectoria nula.

Instalada en el gobierno, muy rápidamente dio muestras de lo que es la esencia más pura de Bolsonaro y del gobierno encabezado por el peor y más nocivo presidente de la historia de la República.

Fue electa senadora bajo el amparo y la protección de Michelle Bolsonaro, la primera dama igualmente radical en su conservadurismo más bestial y que nunca explicó el depósito de 89 mil reales en su cuenta– unos 20 mil dólares en la época – realizado por el sicario Fabrício Queiróz, íntimo del clan presidencial.

Entre las dos se traza el retrato más preciso de lo que ocurre en mi destrozado país: una mezcla perfecta de radicalismo ultraderechista, retraso que sería increíble si no fuese explicitado a cada día, y corrupción.

Que semejante aberración haya sido electa senadora por la capital de la República muestra el país antes disimulado y que emergió de las tinieblas con una fuerza inesperada.

Un país tenebroso y que a cada día muestra que puede ser letal para la democracia y el futuro.

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Brasil: crece la histeria de Jair Bolsonaro, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 07-08-21)

Imagen: Xinhua

Por Eric Nepomuceno

07/08/2021

Desde Río de Janeiro

Frente a una situación social dramática, con el hambre alastrándose mientras suben la inflación y el desempleo, frente a los casi 600 mil muertos por la pandemia, al derrumbe acelerado de su imagen y al fracaso absoluto de su gobierno, el ultraderechista Jair Bolsonaro (foto) optó por incrementar sus ataques al Judiciario, con agresiones verbales extremas a dos de los integrantes del Supremo Tribunal Federal.

Al amenazar directamente a Luis Roberto Barroso, que además de integrar la corte suprema preside el Tribunal Superior Electoral, y a Alexandre de Moraes, el ultraderechista elevó aún más la tensión.

Además de “mentiroso” y “manipulador”, Bolsonaro se refirió al juez Barroso como “aquel hijo de puta”.

No hay antecedente alguno en la historia republicana de semejante brote de furia descontrolada o de semejante ofensa a un miembro de la instancia máxima de la Justicia en Brasil.

Todo eso, sumado a las amenazas de no realizar elecciones previstas para el año que viene, abrió una crisis sin precedentes desde la redemocratización brasileña de 1985, luego de 21 años de dictadura militar.

Resultado: una dura reacción de la instancia máxima de la justicia, que abrió una denuncia formal contra al presidente. También el Tribunal Superior Electoral envió al Supremo Tribunal un pedido de investigación sobre las seguidas mentiras de Bolsonaro sobre el sistema de votación adoptado desde 1996.

El mandatario optó por profundizar la crisis, amenazando responder “fuera de las cuatro líneas de la Constitución”, o sea, un golpe que cerraría las cortes de Justicia y el mismo Congreso.

Lo único de concreto que logró fue sacar al presidente de la instancia máxima de justicia, Luiz Fux, de su mansedumbre habitual.

La enérgica reacción del magistrado incluyó la suspensión de un encuentro entre los tres jefes máximos de los poderes, o sea, el presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, Bolsonaro y el mismo Fux. El objetivo de la reunión sería establecer un diálogo destinado a “serenar los ánimos”.

Al anunciar la medida, el presidente de la corte suprema justificó la suspensión diciendo que Bolsonaro no cumple lo que dice y, por lo tanto, cualquier diálogo con quien la palabra no vale nada resultaría inútil.

El ultraderechista insinúa reiteradamente que cuenta con el respaldo de los cuarteles, refiriéndose siempre a “mi Ejército”.

En concreto, se sabe que cuenta con pleno respaldo de su ministro de Defensa, el muy reaccionario general retirado Walter Braga Netto, así como de todos los militares esparcidos por su gobierno. También se sabe que entre el alto mando de las Fuerzas Armadas, integrado por comandantes máximos en actividad, hay palpable malestar con relación a la corte suprema de Justicia, vista como interferencia exagerada en el Poder Ejecutivo.

Eso no significa, en todo caso, que Bolsonaro cuente con respaldo para desafiar a la Constitución y llevar a cabo el tan anunciado golpe. Integrantes del alto comando del Ejército dicen, pidiendo sigilo a sus interlocutores, que no existe la posibilidad de ruptura constitucional.

Faltando poco más de un año para las elecciones generales de octubre de 2022, es cierto que Bolsonaro mantendrá tensión máxima en el ya muy conturbado cuadro político.

A la pérdida de respaldo popular se suma ahora un duro manifiesto de algunos de los más poderosos empresarios brasileños, que divulgaron un comunicado con pesadas críticas, subscripto además por académicos, intelectuales y líderes religiosos.

Pero nada de eso parece suficiente para que Bolsonaro cambie de rumbo y actitud.

Al contrario, sigue incentivando al núcleo de seguidores más fanatizados, que constituyen, acorde a diferentes sondeos, entre el 15 y el 20 por ciento del electorado.

Se trata de una parcela insuficiente para mantenerlo en el sillón presidencia. Pero teniendo en cuenta que entre ellos está buena parte de las policías – tanto la Civil, de investigación, como la Militar, de manutención del orden público –, además de militares de baja graduación y de los miles de “milicianos”, como se llama en Brasil a los sicarios, hartamente armados gracias a leyes incentivadas por Bolsonaro, hay un sinfín de razones para preocupación.

Se da por seguro que, derrotado, el ultraderechista imitará su ídolo y guía Donald Trump. Denunciará un fraude inexistente e intentará mantenerse en el poder, amparado por turbulencias callejeras.

El gran peligro es que logre aquí lo que Trump no pudo en su país. 

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Un papelón para Bolsonaro, un problema para la izquierda, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 30-11-20)

 

Imagen: AFP

El difícil panorama político que dejaron las elecciones municipales brasileñas

Por Eric Nepomuceno

Desde Rio de Janeiro.

Al principio de la noche del domingo se conocieron los resultados de la segunda vuelta para la elección de alcaldes en 57 municipios brasileños, entre capitales provinciales y ciudades con más de 200 mil electores. No hubo sorpresas significativas entre los ganadores, pero lo que llamó la atención de observadores y analistas, además de los dirigentes partidarios, fue la diferencia de votos entre electos y derrotados, que en casi todos los casos superó lo que preveían los sondeos de opinión realizados dos días antes. También se confirmó, con una única y aislada excepción, que los candidatos defendidos por el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro tuvieron un desempeño más bien descepcionante en las urnas.

Ese dato refuerza el aislamiento del mandatario, cuya imagen negativa creció de manera exponencial en algunas de las capitales más importantes del país, en especial San Pablo y Salvador de Bahía. Otro aspecto que llamó la atención ha sido el surgimiento de al menos dos liderazgos jóvenes que en estas elecciones vieron sus imágenes extenderse mucho más allá de los límites de sus respectivas ciudades o provincias, para insertarse en el escenario nacional.

Un tercer dato se refiere al volumen inédito de abstenciones y ausentismo por todo el país, que en Rio de Janeiro rozó el 36 por ciento del electorado. Con eso, si se considera el total de electores aptos para votar, 1.614.343 optaron por abstenerse, un volumen de votos que supera el total de los que optaron por el ex alcalde derechista Eduardo Paes, que alcanzó 1.600.000 votos válidos (o sea, exceptuándose los nulos, en blanco y abstenciones).

Y el actual alcalde, Marcelo Crivella, un autonombrado obispo de una de las sectas evangélicas dedicadas a recaudar fondos explotando la fe ajena, tuvo 913.000 votos. Entre los sufragios válidos, casi un 36 por ciento, muy por encima de lo que indicaban los sondeos  que le daban menos del treinta en promedio. Crivella contó con el respaldo de Jair Bolsonaro que, acorde a lo previsto, sufrió dos espectaculares derrotas en San Pablo (su candidato ni siquiera pasó a la segunda vuelta) y Rio, las dos principales ciudades del país.

El mismo ausentismo se hizo sentir por todos lados, pero el argumento de que se trató de precaverse contra los peligros de la segunda ola del coronavirus (negada, pese a su obviedad, tanto por Bolsonaro como por su gobierno) cae por tierra cuando se observa cómo las playas de Río y los parques de todas las ciudades brasileñas estaban copadas por multitudes en búsqueda de los placeres de un domingo de sol.

El balance de la izquierda

Las dos nuevas figuras que lograron extender sus imágenes a nivel nacional son Guilherme Boulos, que en San Pablo (ciudad en que el índice de abstenciones también superó la casa de los 33 puntos) perdió ante el actual alcalde, el derechista Bruno Covas, y de Manuela D’Ávila, que llegó a la segunda vuelta y perdió con el también derechista Sebastião Melo la alcaldía de Porto Alegre. Ninguno de los dos ganó la alcaldía, pero ganaron proyección nacional.

Boulos disputó por el PSOL, nacido de una divergencia interna del PT, y Manuela por el Partido Comunista do Brasil. Ambas agrupaciones tienen un peso muy pequeño tanto en San Pablo como en Porto Alegre, por no mencionar al resto del país. El ascenso de los dos, pero especialmente de Boulos, deja clara la perspectiva de la apertura de una renovación en las corrientes progresivas en Brasil.

En términos comparativos, de la misma forma que Lula es una figura cuya proyección excede la de su partido, el PT (aun considerándose que se trata de la mayor agrupación de izquierda de todo el continente latino-americano), tanto Boulos como Manuela superan, con creces, el peso de sus respectivas siglas.

Hay varios aspectos a considerar con relación al campo progresista, bajo la turbulencia incesante provocada por los desvaríos de Bolsonaro y su gobierno tan inerte frente a los gravísimos problemas enfrentados por Brasil como absolutamente devastador.

Desde el encarcelamiento de Lula da Silva luego de un juicio plagado de manipulaciones e irregularidades comandadas por el ex juez Sergio Moro (quien luego fue “compensado” por Bolsonaro con el cargo de ministro de Justicia, hasta ser defenestrado), la izquierda brasileña parece haber perdido el rumbo. Lula fue impedido de disputar las elecciones presidenciales en 2018, y luego de recobrar la libertad no asumió, como esperaban sus seguidores, el liderazgo natural de la oposición.

La falta de propuestas concretas y de acciones efectivas para formar un frente amplio de izquierda y centro-izquierda tuvo efectos contundentes. Buen ejemplo de esa situación es verificar que por primera vez desde la redemocratización, o sea, los últimos 35 años, el PT no logró elegir ni un alcalde de capital provincial en Brasil. La derecha y el centro-derecha, mientras tanto, trataron de rechazar con vehemencia el desequilibrio y el radicalismo de Bolsonaro y sus seguidores más fieles y fanáticos, presentándose como un factor de moderación en un país que asiste perplejo al crecimiento desenfrenado del extremismo.

Habrá que ver qué vendrá en el conturbado escenario político luego de elecciones en que perdió la izquierda, pero mucho más perdió la ultraderecha encarnada por el presidente Bolsonaro.

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El video de Bolsonaro desató un escándalo en Brasil, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 23-05-20)

Celso de Mello autorizó la difusión del video que compromete a Bolsonaro. 
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Un juez pidió que el presidente entregue su celular a la Justicia

La divulgación del video de la reunión ministerial del pasado 22 de abril expuso ante todo el país las manifestaciones groseras e incriminatorias del presidente, más las de algunos de sus ministros. Todo en el día que Brasil quedó como el segundo país con más contagiados de coronavirus a nivel mundial

Por Eric Nepomuceno

Desde Rio de Janeiro.

Brasil vivió el viernes una avalancha de tensiones. Autorizada por Celso de Mello, el más antiguo integrante del Supremo Tribunal Federal, la divulgación del registro en video de la reunión ministerial del pasado 22 de abril expuso manifestaciones tanto del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como de algunos de sus ministros que sacudieron los pilares del ya muy polémica crisis vivida por el gobierno.

A raíz de la divulgación integral de lo ocurrido, se profundizaron en Brasil nuevas grietas institucionales, cuyas consecuencias se harán ver en breve.


Por si fuera poco, también el viernes el ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general reformado Augusto Heleno, emitió una nota oficial criticando duramente la decisión de Celso de Mello de encaminar a la fiscalía general de la República un pedido de aprehensión del celular presidencial y el de su hijo Carlos.

Acorde a lo que determina la legislación, es responsabilidad precisamente del fiscal general de la República atender o no al pedido, y Mello no hizo otra cosa que cumplir con su obligación.

La nota extemporánea de Heleno, conocido por sus posiciones extremadamente reaccionarias, dice que pedir la entrega del celular de Bolsonaro podría provocar "consecuencias imprevisibles para el equilibrio institucional". Bolsonaro, a su vez, adelantó que no entregará su celular en el caso de que sea esa la determinación judicial.

Al ser conocido lo ocurrido en la conturbada reunión de gabinete de hace un mes, quedaron claras las posiciones de varios de sus ministros que, pese a no ser desconocidas, por primera vez aparecen documentadas.


Si en el campo jurídico es muy difícil prever cuáles serán los próximos pasos, en términos institucionales lo que se reveló al país es puro desastre.

De lo que dijeron al menos tres de sus ministros, lo que se oyó revela hasta qué punto se llegó, en términos de bajeza y manipulación, en la actuación de este gobierno. Y de lo que dijo Bolsonaro, ni hablar.

El centro de interés jurídico estaba en lo que denunció Sergio Moro, el ex juez que condenó a Lula da Silva sin pruebas, abriendo camino para la elección del ultraderechista, que lo compensó con el ministerio de Justicia.

Al renunciar de manera estrepitosa dos días después de la tumultuosa reunión, Moro acusó a Bolsonaro de pretender intervenir en la Policía Federal en Río de Janeiro para impedir que se profundizasen investigaciones que podrían involucrar a sus hijos y a personas cercanas a la familia presidencial. Y eso ahora se confirmó, al menos de manera indirecta, acorde a lo que dice la mayoría de los juristas.

Al quejarse duramente de la falta de información de parte de los órganos de seguridad, el ultraderechista confesó que confía solamente en las informaciones que le son transmitidas por su "sistema particular". Con eso, admitió que viola la legislación; está vedado a los presidentes armar esquemas de inteligencia paralelos al oficial.

Otro punto que llamó la atención fue la manera en que el ultraderechista trata a sus adversarios políticos.

Bolsonaro se refirió al gobernador de San Pablo, el derechista João Doria (que lo respaldó en las presidenciales de 2018), como "una bosta". Al de Río, Wilson Witzel, igualmente derechista y ex aliado, lo llamó "estiércol". Y al alcalde de Manaos, "una mierda".

No es difícil prever cuáles serán a partir de ahora las relaciones entre el presidente y los gobernadores de los estados más ricos y poblados del país.

Otro punto que podría, y seguramente lo hará, llevar a abrir nuevas denuncias contra Bolsonaro en la Corte Suprema, fue el énfasis con que defendió su política armamentista. Mezclando el derecho a la defensa personal con distintos llamados a la desobediencia judicial, defendió que cualquier ciudadano salga de casa armado para romper las medidas de aislamiento determinadas por alcaldes y gobernadores. "Si está armado podrá defenderse de quien pretenda esposarlo para impedir que ejerza su derecho de ir y venir", dijo.

Ya Abraham Weintraub, el ministro de Educación que comete errores de concordancia verbal cuando habla y de ortografía cuando escribe, responderá judicialmente por haber ofendido a integrantes de la Corte Suprema: pidió a sus pares y a Bolsonaro que "actuemos con más fuerza, empezando por detener a los once vagos del Supremo Tribunal Federal".

Ricardo Salles, de Medioambiente, dio una clase magistral de cinismo: "Aprovechemos que los medios de comunicación están centrados en el coronavirus para cambiar las reglas de protección ambiental".

Paulo Guedes, de Economía, dijo que, si dependiese de él, "privatizaría esa mierda que es el Banco do Brasil".

Brasil se enteró de todo eso el mismo día en que se transformó en el segundo país con más infectados por el coronavirus en todo el mundo: casi 331 mil personas. 

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Un video compromete la continuidad de Bolsonaro, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 13-05-20)

Bolsonaro va de crisis en crisis y ahora un video lo compromete aún más. 
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Delante de ministros, el presidente brasileño habría admitido conductas delictivas 

El video prueba que Bolsonaro echó al jefe de la Policía Federal con el objetivo de evitar problemas para sus tres hijos y para varios de sus amigos y allegados.

Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro

El ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro entró ayer en un laberinto que podrá desaguar en una crisis de dimensiones incalculables. Corroborando lo que denunció Sergio Moro al renunciar al puesto de ministro de Justicia, se supo que hay al menos una prueba concreta, además de testigos presenciales, que Bolsonaro exigió (y luego obtuvo) el cambio de la dirección general de la Policía Federal con el objetivo de evitar problemas para sus tres hijos que actúan en la política y para varios de sus amigos y allegados.

Tal prueba está en el video grabado durante una reunión ministerial ocurrida el 22 de abril, dos días antes de la renuncia de Moro, y que Bolsonaro y los militares con despacho en el palacio presidencial hicieron de todo para impedir que fuese llevado a la Policía Federal.

Un Bolsonaro especialmente irritado y al borde del descontrol exigió el cese inmediato del entonces director general de la corporación utilizando su léxico típico: dijo que no permitiría bajo ninguna circunstancia que “jodan a mis hijos y a gente mía”. Con eso abrió espacio para ser enjuiciado por haber incurrido en al menos cuatro delitos previstos por el Código Penal brasileño.

Todo ahora depende del fiscal general de la Unión, Augusto Aras, enviar o no al Supremo Tribunal Federal un pedido de apertura de investigación sobre el presidente. En este caso, dependerá, por su vez, de lo que decida el relator del caso, Celso de Mello, el más antiguo integrante de la Corte Suprema. La situación de Aras es especialmente delicada. Si cumple con su responsabilidad, pierde para siempre la posibilidad de ser nominado para la vacante que se abrirá en la Corte Suprema por la jubilación forzosa del magistrado Celso de Mello, que cumplirá 75 años.

Si opta por permanecer callado, estará asegurando que una eventual indicación de Bolsonaro para que ocupe la plaza de De Mello será rechazada por el Senado. En caso de que Celso de Mello envíe al Congreso un pedido de apertura de juicio político contra Bolsonaro serán necesarios 372 votos sobre 513 en la Cámara de Diputados para que el tema sea elevado al Senado.

Hoy por hoy el ultraderechista está sin canales de diálogo con la Cámara baja, donde intenta de manera evidente comprar parte substancial del llamado “centrão”(centrazo), diputados de escasa expresión pero con derecho a voto, integrantes de partidos pequeños de derecha o extrema derecha. Por “comprar” entiéndase el sentido literal del verbo: Bolsonaro ofrece cargos de segundo o tercer escalón, de poca visibilidad pública, pero dotados de robustos recursos.

El debilitamiento del gobierno ultraderechista, que ya se daba de manera acelerada desde principios del año, con la debacle económica luego agravada por la pandemia del coronavirus, entra ahora en una etapa de vértigo y profunda incertidumbre. La situación de Bolsonaro en la corte suprema está lejos de ser confortable. Al fin y al cabo, en ningún momento el presidente dejó de juntarse a manifestantes de extrema derecha que exigen el inmediato cierre tanto del Congreso como del Supremo Tribunal Federal, además de intervención militar, en un claro atentado contra la Constitución.

En la misma reunión ministerial, a propósito, Abraham Weintraub, el ministro de Educación que comete errores ortográficos cuando escribe y de concordancia verbal cuando habla, se refirió a los integrantes del Supremo como “once hijos de puta” que deberían estar presos. También llovieron duras críticas, plagadas de palabrotas, lanzadas tanto por Bolsonaro como por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, dirigidas a China.

Todo eso ocurre cuando sondeos de opinión pública indican una amplia erosión de la popularidad del presidente. Las dimensiones de la pandemia crecen ya no a cada día, sino a cada hora. Ayer se registró que en 24 horas murieron 881 brasileños. El número oficial del total de muertes ascendió a 12.400. Como existen todavía unos 145 mil exámenes cuyos resultados no están listos, esos números inevitablemente serán bastante superiores a los divulgados hasta ahora.

Un detalle observado ayer, cuando explotó la crisis, llama la atención: el silencio estruendoso de los cuatro militares con despacho en el palacio presidencial. ¿Seguirán intentando salvar el gobierno?

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Bolsonaro liquidado, o casi, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 25-04-20)

Imagen: AFP
Desde Río de Janeiro.

La crisis en Brasil alcanzó un nuevo peldaño, elevadísimo.


Ahora, es posible afirmar que el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro se acabó.

Puede que se inicie un segundo periodo con el mismo titular, pero en condiciones de una fragilidad escandalosa y con un plazo imprevisible.

La figura más popular del gobierno, el hasta el viernes ministro de Justicia y Seguridad Social, Sergio Moro, actuó exactamente como Bolsonaro había actuado con él: de manera traicionera.

Luego de largas negociaciones con Moro el jueves, en la madrugada Bolsonaro emitió un decreto presidencial cesando al director general de la Policía Federal, que en Brasil funciona como una especie del FBI de Estados Unidos, Mauricio Valeixo. Era todo lo que el ministro no quería.

Moro le respondió a la misma altura: convocó una atípica conferencia de prensa (sin espacio para preguntas) y anunció que tan pronto saliese de donde estaba, el auditorio del ministerio de Justicia, presentaría su renuncia. O sea, informó al país, con transmisión en vivo, lo que diría después al excelentísimo señor presidente de la República.

En el gobierno, tan pronto se supo de la iniciativa de Bolsonaro de cesar al director general de la Policía Federal, un núcleo específico se irritó profundamente: los cuatro militares de alto rango que ocupan despachos en el palacio presidencial.

También ellos se sintieron traicionados por el presidente, ya que habían pasado el día anterior tratando de convencer a Moro que permaneciera como ministro de Justicia. De inmediato surgieron rumores de que estarían “re-examinando su permanencia en sus puestos”.

A las cinco de la tarde del viernes el presidente hizo un insólito y largo (casi una hora) pronunciamiento a la Nación.

Aseguró que es un tipo honesto y que trata de salvar al país.

Dio ejemplos de semejante esfuerzo. Dijo, por ejemplo, que ordenó que se apagara el calentador de la piscina de la residencia oficial, y que determinó cambios drásticos en el menú, con tal de ahorrar dinero público.

Luego enumeró una serie de iniciativas semejantes, como para dejar claro que su compromiso fundamental es con la nación, y no quiere beneficios personales.

También contó que Moro, en la víspera de la fulminación del director de la Policía Federal, le pidió que esperase hasta noviembre, cuando se abre una plaza en el Supremo Tribunal Federal.

Cuando llegase a esa fecha, él, Moro, sería nombrado para la Corte Suprema y el director podría finalmente ser catapultado.

El pronunciamiento de Bolsonaro ha sido un desastre sin límites.

De inmediato, Moro lo desmintió, con un argumento lógico: si su objetivo fuese ser nombrado, bastaría con quedarse donde estaba.

Además, acusó Bolsonaro de intentar manipular la Policía Federal. Sin ser explícito, dejó evidente que tal manipulación tendría por objetivo proteger al menos a dos de sus hijos, el senador Flavio y el concejal Carlos, de las investigaciones de la Federal determinadas por la Corte Suprema.

El primero, por quedarse con la mayor parte de los sueldos de asesores fantasma en sus tiempos de diputado provincial por Rio. Y el segundo, por controlar un ejército de robots que activan las redes sociales convocando a manifestaciones públicas que reivindican un golpe de Estado.

Por esas afirmaciones, la fiscalía general de la Unión pidió al Supremo Tribunal Federal que abra una investigación. Ahora, Moro podrá ser convocado a presentar pruebas.

Bolsonaro no rozó el tema en su larguísimo pronunciamiento.

Sergio Moro es un asiduo actor en las redes sociales. Se supone que tendrá muchas pruebas de sus conversaciones con Bolsonaro por los medios digitales.

En el caso de que haya mentido, tendrá que responder por cargos graves e infundados contra el presidente de la República.


Pero conviene recordar que Moro es un hábil manipulador, que ha sido un juez parcial y de una deshonestidad a toda prueba al actuar de manera decisiva para meter preso a Lula da Silv –condenado por él en sus tiempos de juez de primera instancia– e impedirle disputar las elecciones de 2018. Así facilitó la elección del desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro, y alcanzó, como premio, el ministerio de Justicia.

O sea: seguramente tiene en su poder pruebas de lo que dijo.

Moro es un elemento despreciable bajo cualquier aspecto, pero no es para nada un idiota: ayer lanzó su candidatura para las próximas elecciones.

Ah, sí, dos detalles finales: todo eso ocurrió en medio de una pandemia que se muestra cada vez más descontrolada en Brasil.

Y en el pronunciamiento de Bolsonaro, solamente uno de los ministros, no ostentaba saco ni corbata y, además de usar mascarilla, estaba descalzo: Paulo Guedes, el ex funcionario pinochetista que ocupa la cartera de Economía.

Todo indica que será la próxima víctima de la guillotina presidencial.  


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Jair Bolsonaro arengó a manifestantes golpistas, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 21-04-20)

Imagen: AFP

El mandatario de Brasil se sumó a una movilización en la que se pedía el cierre del Congreso y del Supremo

El presidente ultraderechista lanzó una frase tan enigmática como significativa: “¡No queremos negociar nada! Queremos una acción por Brasil!”.

Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro

Al anochecer del domingo, eran palpables el malestar y la preocupación entre los militares que rodean al ultraderechista Jair Bolsonaro en el palacio presidencial en Brasilia.

El malestar se debió a la clara adhesión del presidente a una manifestación que reunió a unas trescientas personas para pedir “intervención militar con Bolsonaro ya”, “cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal", “fuera Maia” (en referencia al presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Rodrigo Maia), y otras medidas similares.


Se trató de una iniciativa cuidadosamente calculada por Bolsonaro, con el intento explícito de avanzar terreno en su enfrentamiento con los poderes Legislativo y Judicial y, en última instancia, con la misma Constitución vigente desde 1988.

Luego de examinar cuidadosamente el recorrido de una caravana de automóviles que desfilaban por Brasilia exigiendo el fin inmediato de las medidas preconizadas por la Organización Mundial de Salud y adoptadas por gobernadores provinciales y alcaldes de todo el país, Bolsonaro eligió el momento exacto de unirse a los manifestantes: la entrada del Cuartel General del Ejército, donde se concentra el poder uniformado de Brasil.

Caravanas similares fueron vistas en varias capitales provinciales e importantes ciudades del país, teniendo siempre como destino la representación regional máxima del Ejército.

La consigna: suspensión inmediata de meditas preventivas contra el coronavirus, salida de gobernadores y alcaldes, urgente intervención militar, cierre del Congreso, expurgo (como mínimo) de los “comunistas y socialistas” incrustados en la Corte Suprema de justicia.

Al hablar al grupo de manifestantes, Bolsonaro lanzó una frase tan enigmática como significativa: “¡No queremos negociar nada! Queremos una acción por Brasil!”.

No aclaró con quién negociar, ni cual acción sería urgente. En la secuencia de su breve pronunciamiento, resaltó que “el poder está con el pueblo”, y que será ese pueblo quien determine el camino a seguir. Se supone que por “pueblo” se refiriese al puñado de fanáticos que tenía por delante. Los sondeos de opinión muestran que el 70 por ciento de los brasileños defienden las medidas restrictivas como arma fundamental de combate a la pandemia.

Al haber elegido exactamente la entrada del Cuartel General del Ejército para unirse de manera inequívoca a los convocantes de un golpe de Estado, el ultraderechista creó tensión.

Al principio de la noche, se pudo confirmar que altos mandos hicieron llegar, en diálogos a veces tensos, su malestar a los uniformados que ocupan despachos en el palacio presidencial.

La conducta errática del presidente inquieta cada vez más al país.

Ahora, luego del cambio de titular del ministerio de la Salud, Bolsonaro anunció que impondrá al nuevo ministro, Nelson Teich, quien es más un empresario del negocio de salud que exactamente un médico, al menos un par de militares (se rumorea que un almirante y un general) en puestos claves de la cartera.


Esa escalada abrupta de la militarización de su gobierno, profundamente agravada apor su adhesión a un movimiento callejero que preconiza un golpe, inquietó de manera sensible al medio político y, principalmente, a las Fuerzas Armadas.

Se da por descartado, entre dirigentes y analistas políticos, que el ultraderechista logre el indispensable respaldo de las Fuerzas Armadas para una ruptura constitucional.

Y, a la vez, entre los uniformados preocupa la escalada veloz del presidente en intentar esa dirección, por exponerlos a una aventura condenada al fracaso. Mejor dicho: condenada parcialmente.

Porque se rumorea con fuerza creciente que mucho más viable que un golpe encabezado por el capitán reformado Jair Bolsonaro con pleno respaldo de la caserna, sería un golpe destinado a devolverlo al rol de teniente mediocre e indisciplinado.

Se espera, para los próximos días, más iniciativas del ultraderechista contra las instituciones.

Y se da por descartado que exactamente por esa conducta su aislamiento será mucho mayor y profundo que el aislamiento social determinado por gobernadores que él tanto critica.

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La indecente persecución a Lula, por Eric Nepomuceno (para "Página 12" del 07-08-19)

Vigilia cada día de los seguidores de Lula pidiendo por su liberación.  
Imagen: AFP


El PT apeló y el máximo tribunal de Brasil frenó el traslado del ex presidente

El Supremo Tribunal Federal vetó el traslado del ex mandatario a una cárcel común, dispuesto horas antes por la jueza Carolina Lebbos.

Por Eric Nepomuceno


Desde Río de Janeiro

La jueza Carolina Lebbos ocupa en Curitiba, capital de la sureña y muy conservadora provincia de Paraná, el mismo sillón que perteneció a su entonces colega Sergio Moro. De aquel sillón se profirió la sentencia que condenó, sin prueba alguna, el ex presidente Lula da Silva a la cárcel.

Temprano hoy Carolina Lebbos atendió a una petición de la Policía Federal para que Lula, quien se encuentra detenido en una sala de la superintendencia regional del órgano, sea transferido para San Pablo.

La Policía Federal está bajo el ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El sillón de ministro es ocupado por Sergio Moro, premiado por el ultraderechista presidente Jair Bolsonado con el cargo. Al fin y al cabo, Bolsonaro fue electo porque Lula, favorito absoluto en todas las encuestas electorales del año pasado, no pudo disputar.

Material que la publicación digital ‘The Intercept’, del periodista Glenn Greenwald, viene goteando desde principios de junio deja más que claro que el juicio que condenó a Lula fue totalmente manipulado por el entonces juez Moro y la fiscalía. Concretamente, el juzgador coordinó todos los pasos de la acusación, violando las reglas más elementales del derecho.

Su conducta, así como la del supuesto coordinador de la acusación, Deltan Dallagnol, ha sido como mínimo indecente. Y absolutamente ilegal.

En abril pasado el ahora ministro cambió el superintendente de la Policía Federal en Curitiba. El nuevo superintendente, Luciano Flores, fue quien pidió el traslado de Lula a San Pablo.

Lebbos, que reemplazó a Moro en el tribunal, acató y rechazó el pedido de la defensa para que, una vez transferido para San Pablo, Lula fuese conducido a instalaciones similares a las que ocupa en Curitiba. Dijo que el tema estaría a cargo de la justicia de San Pablo.

El juez encargado, Paulo de Almeida Sorci, hace meses fue nombrado por el ministro Moro para un consejo nacional de justicia.

Su decisión fue radical: determinó que Lula sea conducido a la cárcel de Tremembé, ciudad en el interior de la provincia de San Pablo, famosa por abrigar algunos de los criminales de peor fama en el país. La muchacha que mató a los padres, la pareja que tiró una nena de cuatro años por la ventana de su departamento, el ginecólogo que violó un sin número de pacientes, un ex seminarista que asesinó al padre, esa clase de gente.

Como ex mandatario, Lula tiene derecho a prisión especial. Pero tanto la jueza de Curitiba como su par de San Pablo decidieron que no.

Al fin y al cabo, normas son normas, pero Lula es Lula. Y Moro le tiene encono.

Es decir: por donde quiere que se mire el absurdo de la decisión, todo gira alrededor del actual ministro de Justicia, que ya comprobó claramente que desconoce los más mínimos principios de ética. Inescrupulosa es un adjetivo demasiado suave para describir su conducta.

Resulta evidente que ni el superintendente de la Policía Federal en Curitiba, ni la jueza encargada del caso, adoptarían semejante decisión – brutal e injustificable bajo cualquier punto de vista – sin al menos informar previamente a Moro. Y que Moro no dejaría de informar al ultraderechista totalmente desequilibrado que preside este pobre país.

Lo más probable, sin embargo, es que todo haya sido al revés: que haya partido de Jair Bolsonaro, en su psicopatía cada vez más evidente, la determinación de que Moro y sus secuaces trasladasen a Lula a una cárcel donde su vida estaría en riesgo permanente.

Al final de la tarde de hoy el Supremo Tribunal Federal vetó, por diez votos contra uno, la transferencia de Lula da Silva en las condiciones determinadas por Moro o, vaya a saber, Bolsonaro.

Luego de meses y meses de silencio omiso y poltrón, la Corte Suprema decidió frenar los absurdos de toda esa historia alrededor de Lula.

Pero, atención: la saña de Bolsonaro, Moro y otros esperpentos contra el ex presidente no tiene límites. Y no hay señal de que alguna vez tendrá fin.

O esa misma Corte Suprema anula de una vez el juicio plagado de vicios y determina que se abra otra acción contra el ex presidente, o la indecencia no cesará.

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CONFESIONES DE UN GOLPISTA, por Eric Nepomuceno (para ""Página12" del 24-05-16)

EL MINISTRO JUCA APARECE EN UN AUDIO DETALLANDO LA ESTRATEGIA CONTRA DILMA

Por Eric Nepomuceno, desde Río de Janeiro

En un diálogo filtrado a la prensa, uno de los hombres de confianza de Temer deja claro que derrumbar a Rousseff era esencial para “frenar la sangría” que amenaza a un sinfín de políticos investigados por el esquema de corrupción de Petrobras. Ese hombre es Jucá, quien ayer se tomó licencia de la cartera de Planificación.
Once días: ese el tiempo necesario para el primer gran escándalo del gobierno interino del vicepresidente en ejercicio Michel Temer. Mientras el gobierno trata de lograr legitimidad y deshacer la imagen de que lo que ocurre en Brasil es un golpe institucional bajo una farsa jurídica, uno de sus hombres de confianza, Romero Jucá, ministro de Planificación, aparece en una grabación detallando precisamente los pasos de ese golpe. Y más: deja claro a su interlocutor que derrumbar a Dilma Rousseff y poner a Michel Temer en su lugar era esencial para “frenar la sangría” que amenaza a un sinfín de políticos, es decir, detener las investigaciones de la Operación Lava Jato (Lavado Rápido) sobre el esquema de corrupción en la Petrobras.
Si había alguna duda sobre lo que efectivamente ocurre, lo que se supo ayer elimina cualquier resquicio. Jucá confiesa que la idea era librarse de la presidenta y, con el respaldo de ministros del Supremo Tribunal Federal, y el visto bueno de “algunos generales y comandantes importantes” de las Fuerzas Armadas, instalar a Michel Temer en la presidencia.

La verdad es que el anunciado “gobierno de salvación nacional” nació de la necesidad de salvar a un puñado de políticos de la justicia. Ocho de los 24 ministros nombrados por el vicepresidente en ejercicio están enredados con la ley. El mismo Temer es investigado. Además, el golpe institucional sirvió para regalar al PSDB lo que las urnas electorales negaron en los últimos 13 años: parcelas del poder.

Al anochecer de ayer Jucá anunció en una conferencia de prensa que había “un pedido de licencia”. El vicepresidente en ejercicio, a su vez, agradeció “la dedicación y el trabajo competente” de su auxiliar.

Jucá fue ministro por escasos días, y no llevó a cabo trabajo alguno. Lo más probable es que el agradecimiento de Temer esté relacionado a la intensa labor que Jucá tuvo en la organización del golpe institucional que logró alejar a una mandataria elegida por 54 millones 500 mil votos.

El contenido de las conversaciones ocurridas en marzo entre el entonces senador Romero Jucá y Sergio Machado, quien por diez años (hasta 2015) presidió la Baspetro, brazo logístico de Petrobras, es escalofriante. Machado, investigado por Lava Jato, fue indicado para el puesto por el actual presidente del Senado, Renan Calheiros. Era, por lo tanto, de la cota del PMDB. Denunciado por corrupción, se mantuvo al abrigo del foro privilegiado de otros investigados en el mismo caso, es decir, senadores y diputados.

Asustado por la posibilidad de ser despachado directamente para las manos del juez de primera instancia Sergio Moro, recurrió a sus padrinos. Al mismo tiempo, negociaba con la Procuraduría General de la Unión un acuerdo de “delación premiada”, que asegura penas blandas a quien revele lo que sabe.

Como prueba de lo mucho que puede revelar, grabó, de manera clandestina, conversaciones telefónicas con Romero Jucá y otras, que tuvo personalmente, con el expresidente José Sarney, así como con su padrino principal, Renan Calheiros, que preside el Senado.

El contenido de sus grabaciones con Sarney y Calheiros no ha sido divulgado. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría y de la Policía Federal ya hicieron llegar a la prensa el comentario de que, comparadas a las de los dos, las grabaciones de Jucá “no son nada”. Es decir, bombas aún más poderosas explotarán a cualquier momento.

En un claro gesto de que estaría dispuesto a interferir en la Justicia, Romero Jucá dice, a cierta altura, que sería necesaria una “acción política” para impedir que la denuncia contra Machado fuese enviada al juez Sergio Moro. Esa acción política sería la llegada de Temer al poder. Así se abriría la posibilidad de establecerse un “pacto nacional” que abarcaría el Supremo Tribunal Federal, y “todo sería estancado, delimitado” en el punto en que se encuentra. En otras palabras, la causa “Lava Jato” no avanzaría un milímetro más, librando varios cuellos de la guillotina, entre los cuales estarían los de Machado, de Jucá y otros poderosos políticos.

En una de las conversaciones grabadas, Jucá asegura a Machado que venía manteniendo encuentros con “varios ministros del Supremo Tribunal Federal”, sin mencionar nombres. Sus interlocutores en la instancia máxima de la justicia dejaron claro, acorde a Jucá, que sin Dilma Rousseff en la presidencia la presión de los medios hegemónicos de comunicación y otros sectores para la continuidad de la “Lava Jato” bajaría sensiblemente.

A otra altura, Machado advierte a Jucá: “Romero, ellos (el Supremo Tribunal Federal) nos quieren atrapar a todos”. Agrega que eso incluye el PSDB, y pregunta si “ellos se han dado cuenta”. Jucá contesta que sí, y nombra específicamente a Aécio Neves (derrotado por Dilma en 2014) y José Serra (ministro interino de Relaciones Exteriores), entre otros. Comenta que “están todos en una bandeja, listos para ser comidos”, al que Machado contesta que “el primero a ser comido será Aécio”.
Jucá, al comentar sus contactos con “altos jefes” militares, asegura haber sido informado de que las Fuerzas Armadas “están monitoreando el MST”, en alusión a los Sin Tierra.

La transcripción de una hora y quince minutos de varias llamadas telefónicas dejan claro que Machado conducía las conversaciones de manera tal que Jucá se incriminase. Igualmente muestran que Jucá no imaginaba, ni por un momento, que su interlocutor estaba preparando material para negociar con los tribunales.

Si para Michel Temer ya era ingrata la tarea de alcanzar legitimidad y dejar claro que todo lo que pasa obedeció rígidamente a la Constitución, y que hablar de golpe institucional es absurdo, ahora se hizo una tarea hercúlea.

Un detalle: por mucho menos el entonces senador Delcidio Amaral fue detenido y su mandato cancelado. Desde marzo la justicia tenía en manos la transcripción de las conversaciones entre Jucá y Machado.

De haberlas divulgado antes, Dilma Rousseff seguiría en la presidencia. Por qué solamente ahora llegan a la opinión pública es algo que las autoridades judiciales tienen por obligación justificar.

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