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domingo, 19 de julio de 2026

El gobierno de Milei se suma a la propuesta de Trump de resucitar la Doctrina de Seguridad Nacional, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 17-07-26)


Secretary of State Marco Rubio hosts the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism, and makes opening remarks

Marco Rubio fue la estrella principal de la reunión global contra el terrorismo de izquierda. BRENDAN SMIALOWSKI. AFP



 Participó el canciller Pablo Quirno


Hubo más de 60 representantes de países de todo el mundo. Pablo Quirno fue en representación de la Argentina. El objetivo es reeditar la persecución de los movimientos de izquierda y para eso prevé un trabajo de inteligencia coordinado.


Por Luciana Bertoia

17 de julio de 2026 


Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, dijo que había llegado el momento de reeditar lo que se había hecho décadas anteriores en la lucha contra los movimientos de izquierda. Con Estados Unidos como punta de lanza, la administración piensa en una coordinación que implique el intercambio de inteligencia y el trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad en una batalla que desafía las fronteras de los países –como pasó con la Doctrina de Seguridad Nacional, donde las únicas fronteras que importaban eran las ideológicas–. La estrategia de la Casa Blanca fue exteriorizada en una cumbre que se convocó este jueves, mientras todas las miradas están centradas en el Mundial de Fútbol, y en la que participó el canciller Pablo Quirno –que representa el alineamiento automático de Javier Milei con las directivas de Trump.


El Departamento de Estado fue sede de una conferencia sobre el resurgimiento del “terrorismo político”. Desde el inicio, quedó claro que era una vuelta al pasado. Quien ofició de presentador de las jornadas empezó a hablarles a quienes habían crecido en los ‘70 y cerró con lo que, para él, era un mensaje alentador: ese fenómeno que llaman terrorismo político “puede ser derrotado porque ya fue derrotado”.


En la sala estaban representados más de 60 países a través de funcionarios y académicos, dijeron las autoridades de los Estados Unidos, que, en su discurso, volvían a la época de la Guerra Fría en la que Washington alentó golpes de Estado en la región que se dedicaron a perseguir a la militancia de izquierda a través del secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición.


Rubio, hijo de disidentes cubanos, fue la estrella principal de la jornada en la que se bajó la línea que pretende Trump para luchar contra la izquierda. “Bajo la dirección del presidente Trump, Estados Unidos, por primera vez, está construyendo la estrategia para luchar contra el flagelo del terrorismo de extrema izquierda”, se entusiasmó Rubio.


De acuerdo con el discurso del secretario del Departamento de Estado norteamericano, durante 25 años, la atención del contraterrorismo estuvo centrada en la Jihad islámica después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, a su entender, la amenaza no desapareció –básicamente porque sigue existiendo migración–, pero se redujo notablemente.


Los tiempos cambiaron y, para la administración Trump, llegó el momento de apuntar los cañones hacia el enemigo interno. “Nuestra doctrina de contraterrorismo tiene un punto ciego cuando se trata de la violencia de la extrema izquierda”, señaló.


Rubio no ahorró a los presentes una larga perorata sobre la doble vara. Según él, los medios y la academia no dudan a la hora de hablar de un acto de terrorismo si una bomba es colocada por un neonazi, pero hablan de un “trágico exceso de idealismo” si el atacante es un “revolucionario marxista”.


Hábil, Rubio adelantó que su discurso sería caracterizado como una conspiración fascista. Aún así no se privó de poner como ejemplos de lo que había que combatir a Montoneros o Tupamaros para que quedara clara la alusión a los años ‘70.


¿Cuál fue el contexto que le dio plafón a Trump para convocar a esta cumbre? Según su canciller, una serie de eventos que tuvieron lugar en Europa: la muerte de la madre de una excandidata de un partido conservador de Grecia por un atentado con explosivos, el sabotaje que en enero dejó sin luz a Berlín, la golpiza que mató a un estudiante de extrema derecha en Lyon en febrero. En último lugar, Rubio mencionó ataques contra Trump y el asesinato de su aliado, el comentarista conservador Charlie Kirk. En septiembre pasado, Milei despidió a Kirk en redes sociales. “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio”.


El diagnóstico de Milei no parecía muy distante del que exteriorizó Rubio en Estados Unidos ante la atenta mirada de Quirno. Lo que no hubo fueron demasiadas definiciones sobre qué es lo que entiende la Casa Blanca como terrorismo de extrema izquierda. O quizá fue una definición demasiado amplia. Rubio habló de un “resentimiento ponzoñoso disfrazado de un lenguaje de igualdad, justicia y liberación”. La batalla cultural por otros medios –o a través de otras armas–.


Rubio reiteró, con una prédica propia de la Guerra Fría, que el llamado terrorismo de izquierda desprecia a Occidente y, por ende, los países que allí estaban reunidos enfrentan una amenaza transnacional. Aprovechó para decir que, después del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, Cuba pasó a estar en la mira de Trump por haber favorecido la expansión de la izquierda en el continente. “No tenemos otra opción más que enfrentarlos”, insistió.


“Debemos identificar y mapear esta amenaza, así como reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente”, subrayó el jefe del Departamento de Estado.


Por si no cabían dudas, Rubio explicó cuáles serían los mecanismos para avanzar contra las izquierdas: el intercambio de inteligencia e información, las estrategias coordinadas entre las fuerzas del orden y las acciones dirigidas a desmantelar las redes financieras que sostienen a esos grupos.


En el pasado, quedó claro que, bajo la atenta mirada de Estados Unidos, las dictaduras intercambiaban información para perseguir a los activistas de izquierda. A partir de 1975, eso se materializó en lo que se conoció como el Plan Cóndor, que tuvo su reunión fundacional en Chile –donde gobernaba Augusto Pinochet tras derrocar, con el apoyo de la CIA, a Salvador Allende–. Para la justicia argentina, el Plan Cóndor fue una asociación ilícita de alcance regional –que incluyó las torturas en distintos países, el intercambio de prisioneros, el robo de niños y los atentados en distintas latitudes–.


En la reunión también estuvieron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el titular del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel. Stephen Miller, consejero de Trump en asuntos de seguridad nacional, fue uno de los que tomó la palabra para explicar que el presidente de los Estados Unidos había firmado en noviembre pasado el llamado Memorándum 7, que faculta a las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia a trabajar conjuntamente para atacar lo que se considere terrorismo de izquierda.


Según publicó The Washington Post, a mediados de junio el Departamento de Estado envió un cable a 20 embajadas consultando sobre grupos o activistas de izquierda. Entre las embajadas que recibieron la comunicación estaban las de Argentina, México, Italia y Albania.


Los organismos de derechos humanos consultados por este diario estaban siguiendo el tema con mucha preocupación. La diputada Myriam Bregman, del FIT-U, fue una de las primeras en advertir en sus redes sociales sobre la reunión que tendría lugar en Estados Unidos. En diálogo con Página/12, Bregman sostuvo que Trump estaba organizando la persecución internacional.


Horas antes de que la cumbre tuviera lugar, Milei reasignó partidas presupuestarias. Una de las áreas beneficiadas fue la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que recibió 7500 millones de pesos para gastos reservados. “No es una suma menor”, dijo una fuente que conoce el funcionamiento del organismo.


En octubre pasado, Milei anunció la creación de un centro nacional antiterrorismo que actuaría en la órbita de la SIDE, pero cuya fase ejecutiva estaría manejada por el Ministerio de Seguridad. Más allá de un cambio de nombre, el Gobierno no volvió a hablar del tema.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/2026/07/16/el-gobierno-de-milei-se-suma-a-la-propuesta-de-trump-de-resucitar-la-doctrina-de-seguridad-nacional/

jueves, 3 de abril de 2025

Corte Suprema: el Senado rechazó los pliegos de Lijo y de García Mancilla, por "Página 12" del 03-04-25

 


Imagen: Guadalupe Lombardo


Las postulaciones de ambos candidatos de Javier Milei a la CSJN no fueron aprobadas en el recinto y ahora se abre un conflicto institucional sin precedentes. Qué sucederá con García Mansilla, que se ató a su silla de cortesano gracias a un decreto del Presidente.

3 de abril de 2025 


Luego de varias horas de debate, el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un duro revés para el Gobierno nacional, mientras Javier Milei pasea por EEUU y visita a su par Donald Trump.


La designación de Lijo contó con el respaldo de 27 senadores, el rechazo de 43 y la abstención de 1 —del libertario Juan Carlos Pagotto—. Por su parte, la votación de García-Mansilla resultó 20 a favor y 51 en contra. Ambos necesitaban dos tercios del recinto, por lo que no fueron ratificados por la Cámara alta.



Tenemos un juez de la Corte nombrado por decreto, que hizo un juramento express irregular, que tiene una cautelar que lo inhibe y como frutilla de la torta, el Senado rechazó su pliego...





 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/815414-corte-suprema-la-oposicion-podria-conseguir-el-quorum-para-t






sábado, 11 de mayo de 2024

Las prepagas lo hicieron otra vez: ganaron tiempo para no devolver lo que cobraron de más, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 10-05-24)


 La justicia les dio la suspensión de plazos que pidieron


Tenían cinco días para informar cómo iban a hacer los reintegros a los afiliados, pero el juez suspendió los plazos y convocó a una audiencia recién para el 27 de mayo. Desde el gobierno salieron a poner paños fríos y decir que las empresas sí deben presentar una propuesta para las devoluciones. 


Por Luciana Bertoia

10 de mayo de 2024 


Las prepagas lograron lo que querían: ganar tiempo y no devolver, por el momento, el dinero que les cobraron de más a los afiliados. Los incrementos siderales se vienen registrando desde que el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 –con el que anuló las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para autorizar o vetar los aumentos en las cuotas.


A pedido de las empresas de medicina privada, el juez Juan Rafael Stinco convocó a una audiencia para el 27 de mayo próximo en la que deberán verse las caras con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Además, el juez suspendió los plazos procesales en la causa.


El viernes pasado, Stinco había otorgado la medida cautelar que había pedido la administración Milei frente a los aumentos exorbitantes y les había dicho a las prepagas que en un plazo de cinco días debían presentar una propuesta de cómo serían los reintegros a los asociados. El edicto con la resolución del juez se publicó el jueves y, desde entonces, empezaron a llover las presentaciones de las empresas diciendo que no podrían cumplir con los plazos.


Hubo otras, como Swiss Medical, que directamente apelaron la decisión de Stinco. Entre las que se presentaron para pedir que se suspendieran los plazos y se convocara a una nueva audiencia están Medicus, Met Córdoba SA, OSDE, Sancor, CEMIC, el Sistema Integrado de Prestadores de Salud SA y el Hospital Italiano.


Desde el gobierno, salieron a decir que la nueva resolución de Stinco no significaba un parate. “La Superintendencia de Servicios de Salud aclara que no existe suspensión alguna de lo ya dictaminado. La medida se encuentra vigente, por lo que las Entidades de Medicina Prepaga deben cumplirla. El juez convocó a una audiencia el día 27 del corriente mes, a fin de darle continuidad al proceso judicial y resolver cómo se devolverá el dinero a los beneficiarios”, escribieron en la red X de la SSS.


“La SSS, que es el gobierno, miente”, responde la abogada Valeria Carreras –que presentó varios amparos contra las prepagas y consiguió en las últimas horas uno a favor del periodista Samuel “Chiche” Gelblung. “Con esta suspensión de plazos, las prepagas ganan más de un mes de tiempo con facturas al valor que impusieron y sin un solo descuento por reintegro. Siguen usando financieramente el dinero de los afiliados –más de siete millones de personas que durante cinco meses han pagado un valor sideral y en un tiempo lejano recibirán descuentos a valor nominal. Está claro quién pierde siempre”.


El gobierno en su laberinto

El gobierno de Milei está entrampado en el laberinto que edificó con sus propias manos el 20 de diciembre pasado, cuando se firmó el DNU 70. A través de esa decisión, se derogó la facultad de la SSS para autorizar los aumentos de las prepagas. A las entidades, según el propio gobierno, se les fue la mano. Aumentaron en promedio, según estimaciones oficiales, un 145,72 por ciento desde finales de 2023.


El 17 de abril, el titular de la SSS, Gabriel Gonzalo Oriolo –exejecutivo de OSDE– se presentó ante la justicia civil y comercial para pedir que les ponga límites a las prepagas. Pidió textualmente que cesen con su “actitud abusiva frente a los usuarios, dejando sin efecto en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas de prestaciones de salud que tuvieron lugar con posterioridad al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y solo se permita un eventual incremento de aquellas conforme al o a los índices que Vuestra Señoría estime más conveniente, atendiendo a la naturaleza de la materia en cuestión”.


En otras palabras, el gobierno que se ató las manos con el megaDNU le pidió a la justicia que fije los índices para los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La movida gubernamental tuvo lugar después de que empezara a crecer el descontento porque las cuotas se volvieron impagables. En paralelo, los tribunales están ante un aluvión de pedidos de amparo solo comparable con lo que pasó después de diciembre de 2001 con el corralito. Una curiosidad de la presentación inicial del gobierno es que pedía que se retrotraigan las cuotas al valor que tenían al 1 de diciembre de 2023, cuando todavía gobernaba el Frente de Todos.


En un primer momento, el caso estuvo en manos de la jueza Mercedes Maquieira, que el 30 de abril se declaró incompetente y le remitió el expediente a Stinco. El argumento para mandárselo fue que Stinco tiene abierto un proceso colectivo de afectados por las subas en las prepagas que reclaman la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023.


En menos de 48 horas, Stinco dictó la cautelar que el gobierno reclamaba. Eso sí, aclaró que no se estaba pronunciado por la inconstitucionalidad del megadecreto –que fue rechazado por el Senado y aún está pendiente de ser tratado por la Cámara de Diputados. En su fallo, Stinco le quitó responsabilidad a la administración Milei por las subas que vienen sufriendo los afiliados. “Cabe destacarse que el DNU Nº 70/23 no dispuso incremento alguno y que las modificaciones sobre las competencias de contralor que fueron dispuestas mediante el mismo tampoco presuponen incrementos automáticos, siendo éstos actos particulares y unilaterales de los agentes del sistema de salud”, escribió Stinco.


En principio, la resolución del juez alcanza a 23 prepagas: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé. Hospital Italiano, Obra Social de la Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA, Sancor, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud SA, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Investigación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.


A contramano de lo que había pedido inicialmente la SSS, Stinco dijo que no le corresponde al Poder Judicial establecer los índices para los aumentos y convalidó el que había dispuesto la Secretaría de Industria y Comercio –que fijó como tope de aumento para mayo del 114, 6 por ciento.


“Esta medida del gobierno de Milei fue para las prepagas, dejando el servicio de medicina privada para unos pocos, con un precio alto al valor del IPC y generando más confusión que soluciones. Sin duda hay que seguir accionando judicialmente por los derechos de los consumidores y contra el DNU 70/2023”, insiste la abogada Carreras. 



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/735809-las-prepagas-lo-hicieron-otra-vez-ganaron-tiempo-para-no-dev

domingo, 24 de marzo de 2024

MÁS QUE NUNCA, NUNCA MÁS, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 24-03-24)

 


Imagen: Leandro Teysseire


Funcionarios y diputados tomaron nota de los reclamos de los genocidas

Un gobierno represor-friendly: las visitas secretas a la cárcel de Campo de Mayo

El Ministerio de Defensa, en un gesto inédito, se reunió con condenados por secuestrar, torturar y desaparecer. Patricia Bullrich dice que hay abusos en las causas de lesa y personas que "no pueden seguir presas". Jueces, fiscales y referentes de derechos humanos responden que no pueden existir beneficios para genocidas.


Por Luciana Bertoia

24 de marzo de 2024 -


Los represores que están presos reclaman la libertad, denuncian que son víctimas del sistema judicial y buscan ser reivindicados. Hacía tiempo también que exigían tener un interlocutor. Y lo consiguieron. El Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, mandó a sus funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo para tomar nota de los reclamos de quienes están condenados o procesados por haber secuestrado, torturado, desaparecido y robado bebés. En los últimos días, Petri reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas durante los años ‘70 y se fotografió con Cecilia Pando y esposas de militares condenados por crímenes contra la humanidad. Patricia Bullrich, quien negoció la llegada de su compañero de fórmula a la cartera de Defensa, salió a decir que hay militares y policías "injustamente encarcelados" en lo que será la antesala de un 24 de marzo atravesado por la presencia en la Casa Rosada de un gobierno que niega, minimiza o justifica lo sucedido durante la última dictadura.


La U34 tiene capacidad para alojar a 115 reclusos. Su emplazamiento dentro de la principal guarnición militar del país y su cercanía con el Hospital Militar de Campo de Mayo fueron los argumentos que invocó el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para volver a ponerla en funcionamiento. Está dividida en cinco pabellones. Tiene quincho, gimnasios con aparatos, tres huertas y dos canchas de tenis. Sus comodidades la distinguen del resto de las unidades para personas privadas de la libertad.


En Campo de Mayo, hay 62 represores presos, según las estadísticas que el viernes difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). Algunos de ellos consiguieron que funcionarios de Defensa fueran a verlos. La reunión no fue informada públicamente ni por el Ministerio ni por alguna organización que representa a los presos por lesa. Sin embargo, Página/12 pudo reconstruirla a partir de distintas fuentes.


La comitiva fue encabezada por Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos de la cartera que conduce Petri. El abogado trabaja codo a codo con Guillermo Madero, subsecretario de Estrategia y Política Militar. Madero, que fue funcionario del PRO, hizo campaña para Bullrich pero ahora se identifica con la vicepresidenta Victoria Villarruel.


En la Unidad 34, los funcionarios de Defensa se entrevistaron con algunos represores emblemáticos --no solo militares sino también policías. Uno de ellos fue Juan Daniel Amelong, a quien Villarruel presentó como una “víctima” en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi. Amelong tiene cinco condenas por crímenes de lesa humanidad en su haber y, según publicó El Destape, solía recibir las visitas de la actual vicepresidenta. Nunca escondió su rol en la “lucha contra la subversión”. Estuvo en el Operativo Independencia, integró el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y su casa familiar –La Intermedia– fue usada como un centro clandestino de detención durante la dictadura. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una petición que había presentado y dijo que no veía afectación a sus derechos por su detención.


Otro de los que capturó la atención de los enviados de Defensa fue Julio Héctor Simón, conocido como el “Turco Julián”. Simón no es un represor más: con su caso, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, de esa forma, habilitó la reapertura de los procesos por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.


Mario Sandoval, el integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue condenado a quince años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Hernán Abriata, también dialogó con los funcionarios de Defensa. Sandoval –que debió ser extraditado desde Francia para responder ante la justicia argentina– no pierde oportunidad para denunciar supuestas ilegalidades en su contra tanto en estrados nacionales como internacionales. Ahora, está entretenido en la conformación de un sindicato de mayores de 60 privados de la libertad ambulatoria. 


Eduardo Ramos Campagnolo, un represor que actuó en Rosario, estaba interesado en que lo escucharan en el gobierno de Javier Milei. El “Curro” viene pidiendo hace tiempo la libertad condicional.


Los presos de lesa no solo recibieron visitas de funcionarios del Poder Ejecutivo. La semana pasada, la Unión de Promociones --la primera entidad que le pidió públicamente una "solución definitiva" a Milei para los presos de lesa-- informó que había visitado la U34 con la diputada libertaria Alida Ferreyra Ugalde.


Los reclamos son variados. Hay quienes piden salir de la cárcel. Otros exigen una solución jurídica –como también lo hizo Villarruel la semana pasada en una entrevista en TN. Hay quienes pretenden que desde el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, hagan un monitoreo de cuánto demoran las causas en la justicia y quienes buscan que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) diga oficialmente –ya no en campaña– que se libró una guerra.


Trabar las investigaciones

Hace dos semanas, un editorial del diario La Nación festejó que soplaban nuevos vientos en la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político. En el texto, se apuntaba a decisiones de Madero sobre el acceso restringido a los archivos de los militares.


Desde el Ministerio ya le dijeron a representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que habrá recortes en la tarea que hacen los equipos de relevamiento y análisis –que se crearon en 2010 durante la gestión de Nilda Garré. La versión del gobierno es que en la actualidad hay menos juicios o que las propias fuerzas pueden responder a los requerimientos que hacen las fiscalías, los juzgados y los tribunales.


Los principales interesados en que sus archivos no lleguen a los estrados judiciales son los imputados. En una de sus indagatorias, Horacio Luis Ferrari, el represor de la ESMA que está actualmente en juicio, acusó a los investigadores del Ministerio de Defensa de ser soplones. 


“Advertimos la necesidad de mantener los equipos que aportan la producción de la prueba informativa –desde Defensa o desde el Archivo Nacional de la Memoria. Son personas que se han especializado en los últimos años y que seguimos necesitando para interpretar casos nuevos. Su falta puede tener una incidencia en el retraso de las investigaciones”, señala la fiscal Ángeles Ramos, titular de la PCCH.


A pesar de los vaivenes, las investigaciones avanzaron en las últimas dos décadas. Este domingo, se recordarán en las calles no solo los 48 años del golpe genocida sino también los 20 años desde que Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar y dio el primer paso para convertir la ESMA en un espacio de memoria. Fue un quiebre en la historia. Los que entonces se opusieron hoy son parte o apoyan al gobierno. 


 


Reivindicaciones

Después de que su delfín Petri dijera que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su accionar en los ‘70, Bullrich declaró que existe una política de “venganza” contra algunos de sus exintegrantes. “Hay detenidos que estaban parados en la puerta de una comisaría o en un destacamento de Gendarmería sin ningún tipo de acción, y los tienen hace quince años sin causa. Eso en un Estado de derecho no puede pasar. Esas personas no pueden seguir presas”, demandó


La ministra posiblemente haya querido decir que hay detenidos sin condena firme. Eso se debe a las demoras de la propia Corte a la hora de confirmar las sentencias. No es cierto como dijo Bullrich que se haya "sacado" el beneficio de acceder a los 70 años al arresto domiciliario, sino que el máximo tribunal sostiene que no es automático. Más del 76 por ciento de los represores están en sus casas.


“Bullrich, en su reversión ideológica infinita, está perdiendo la memoria, porque seguramente ella sabía muy bien que en un centro clandestino había distintas funciones –una de ellas, custodiar la puerta de una comisaría. Como explicaba el almirante Emilio Massera, todos debían 'poner las manos en el plato’ para que luego funcionara el pacto de impunidad y nadie pudiese hablar”, responde la diputada del FIT-U Myriam Bregman.


El periodista Carlos Pagni publicó que el lunes Bullrich podría difundir un cambio reglamentario para favorecer la salida de represores mayores de 70. “Ningún reglamento penitenciario puede alzarse contra una ley del Congreso, como es la de Ejecución Penal”, responde un juez federal ante la consulta de este diario.


“Es evidente que llegó la hora de cumplir con las promesas que les hicieron a los genocidas en campaña –apunta la abogada Guadalupe Godoy–. Probablemente se encontraron con que no es tan sencillo: los tratados internacionales, las leyes internas y la construcción jurisprudencial les obstaculizan el camino. No es en vano todo lo que construimos”.


Ni olvido ni perdón

Otra de las versiones que corrió fue la de un indulto. Milei lo negó. Villarruel dijo no estar al tanto de una discusión por el estilo en el gobierno que integra. En La Plata, el juez Alberto Recondo intimó el viernes al gobierno a responder si el tema está en sus planes después de que referentes de los derechos humanos como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y el exjuez Carlos Rozanski presentaran un amparo preventivo.


“Un beneficio generalizado en favor de presos por graves violaciones a los derechos humanos está vedado jurídicamente”, explica Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. “Los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar no son pasibles de indultos, amnistías, conmutación o cualquier otra forma de morigeración de las sanciones, por exigencia de proporcionalidad derivada de la categoría ‘penas adecuadas’. En el plano interno la prohibición deriva expresamente de la ley vigente y de la jurisprudencia de la Corte Suprema desde 2007. Por imperativo internacional hay que atender la inédita condena por desacato a Perú de diciembre pasado, adoptada por unanimidad por la Corte Interamericana en el caso de Alberto Fujimori. La única forma de favorecer a los represores es violando el derecho. Y deshonrando a las víctimas”.


Lo que es seguro es que la administración de La Libertad Avanza (LLA) buscará durante el 48º aniversario dar una “batalla cultural” que intente justificar el accionar criminal de las fuerzas y descalificar a los organismos de derechos humanos. Ya trascendió que lo hará a través de un spot. Mientras tanto, hay alerta en la Secretaría de Derechos Humanos por lo que puede pasar esta semana con la renovación de los contratos de quienes se desempeñan en los sitios de memoria.


“Más allá del retroceso que quieran hacer en lo discursivo, lo cierto es que en este país no hay impunidad. Los tres poderes del Estado ya se manifestaron sobre el genocidio que se llevó adelante. Esto blinda el proceso de justicia ante cualquier tipo de avanzada y pone en riesgo al Presidente de ser sometido a un juicio político”, advierte el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/723706-un-gobierno-represor-friendly-las-visitas-secretas-a-la-carc

sábado, 27 de enero de 2024

Del Congreso a Recoleta y Comodoro PY: denuncia judicial por el dictamen de la Ley Ómnibus, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 26-01-24)

 


Por falsificación de instrumento público y falsedad ideológica


La presentación señala las irregularidades del trámite y sostiene que la presencia de Federico Sturzenegger en las conversaciones que se dieron fuera de la Cámara de Diputados marcaría una injerencia indebida del gobierno de Javier Milei. La hizo la abogada Valeria Carreras.


Por Luciana Bertoia

26 de enero de 2024 


La novela del dictamen de la Ley Ómnibus tiene su correlato judicial. La abogada Valeria Carreras presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por falsificación de instrumento público y falsedad ideológica contra quienes firmaron un dictamen que no se había terminado de redactar en la víspera del paro de la CGT y terminaron de discutirlo, horas más tarde, entre un departamento y un bar del barrio de Recoleta.


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El gobierno de Javier Milei quería tener un dictamen de la ley Bases antes del paro que hicieron la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales el miércoles. Para eso, se convocó al plenario de comisiones que estaba tratando el proyecto de Ley Ómnibus para el martes. El horario de la convocatoria se fue corriendo porque las negociaciones estaban trabadas.


Después de las 9 de la noche del martes, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, inquirió públicamente a los libertarios y a la oposición amigable: “¿Tienen el dictamen?”. Para entonces, ya parecía claro que el texto final no estaba. La intención, como publicó este diario, era terminar de redactarlo mientras se desarrollaba la reunión de comisiones, pero obviamente era una tarea ciclópea, por lo que se habrían inclinado por firmar el texto que había mandado el Ejecutivo el lunes y llevar los cambios al recinto.


Para Carreras, lo que pasó con el dictamen “sólo encuentra parangón en el antecedente de la Ley Banelco”, cuando durante el gobierno de la Alianza se trató la flexibilización laboral.


“Estamos frente a dos ‘dictámenes’: el que 55 diputados creen haber firmado en la madrugada del 24 de enero de 2024 y el ‘dictamen blue’ que fue el que luego de la reunión en el departamento de Recoleta mediante se publicó ese mismo día a las 15 horas”, escribió la abogada —que querella contra Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan—.


¿Cuáles son los elementos que a la abogada Carreras le hacen presuponer que podría haber dos dictámenes? Las declaraciones públicas de distintos diputados.


En una entrevista radial, el diputado Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal, HCF) confirmó que había sido citado a un departamento frente al bar La Biela por autoridades de la Cámara de Diputados. "Fui a una de las reuniones, cuando vi quiénes estaban ahí y qué punteos estaban haciendo, me retiré", dijo el legislador del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto. "Nosotros nos reunimos con las autoridades de la Cámara, ni tocamos dictámenes, ni nos interesa mejorar el dictamen. Para nosotros ya está cerrada esa instancia y no vamos a ir a ningún tipo de reunión que no sea con las autoridades de la Cámara", agregó.


La presencia que sorprendió a Agost Carreño fue la de economista Federico Sturzenegger, que técnicamente no tiene vínculo con la administración de La Libertad Avanza (LLA) pero se presenta como el padre de la ley Ómnibus y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70. Para Carreras, la presencia de Sturzenegger marcaba una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre un trámite parlamentario que ya venía viciado.


La abogada también citó un tuit del diputado Carlos Gutiérrez (HCF). "Creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado", había escrito el cordobés en la red X (exTwitter).


Carreras también invocó lo que había comentado Germán Martínez en otra entrevista radial. “Ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen del oficialismo conocía lo que estaba firmando. Es un tema grave institucional y políticamente”. Según remarcó el líder de la bancada de UxP, el texto “apareció firmado por las autoridades de las comisiones” unas catorce horas después de haber sido aprobado.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/707492-del-congreso-a-recoleta-y-comodoro-py-denuncia-judicial-por-

miércoles, 17 de enero de 2024

MegaDNU: El blooper de Rodolfo Barra que demoró la estrategia del gobierno de llevar la discusión a la Corte, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 16-01-24)

 


Se había olvidado de presentar unos papeles que justifican su intervención en el caso


La Cámara del Trabajo le corrió traslado de la respuesta a la CGT, que tiene diez días para pronunciarse. Después, los camaristas resolverán si habilitan el camino hacia el máximo tribunal.


Por Luciana Bertoia

16 de enero de 2024 

Rodolfo Barra no viene pisando fuerte en la defensa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Javier Milei pretende sentar las nuevas bases de la economía argentina. El 3 de enero pasado, la Cámara del Trabajo frenó la reforma laboral que trae incluida el decretazo. Ese mismo día, el procurador del Tesoro se jactó en una entrevista que en el plazo de una semana tendría revocada esa cautelar y el problema encaminado. Pasaron casi dos semanas y poco de la estrategia del jefe de los abogados del Estado se cumplió: en las últimas horas, tuvo que enmendar un papelón porque se había olvidado de adjuntar los documentos que acreditan que puede intervenir en el proceso y, de esa forma, llevar la discusión a la Corte Suprema.


Barra tiene dos estrategias: empujar la discusión sobre el DNU hacia la Corte y, por otro lado, concentrar todos los reclamos en el fuero contencioso administrativo, que son los tribunales que él mejor conoce.


Para llegar a la Corte, tiene la causa que inició la CGT contra el megadecreto de Milei. La Cámara del Trabajo –con los votos de Alejandro Sudera y Andrea García Vior– dictó una cautelar para impedir que la reforma laboral se pusiera en vigencia. El viernes, el gobierno de Milei hizo trascender que había presentado un recurso extraordinario para intentar que la Corte revierta la decisión de Sudera y García Vior.


La presentación se hizo, pero incompleta. Así lo advirtió la Cámara el lunes e intimó a la Procuración del Tesoro para que presentara todos los papeles. En la madrugada del martes, entraron todos los documentos que faltaban al sistema. Antes de las 2 de la mañana ya estaban presentados.


Después de que Barra subsanara el error, el camarista Sudera le corrió traslado a la CGT para que opine. Tiene diez días para hacerlo. Después la Cámara decidirá si el tema escala hasta la Corte Suprema. Los supremos ya tienen una presentación contra el DNU –la que hizo la provincia de La Rioja con el patrocinio de Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra–. La Corte ya avisó que no va a analizar la cuestión antes de febrero.


En su recurso, la Procuración del Tesoro defiende el DNU como si fuera un tema de vida o muerte y discute la decisión de la Cámara del Trabajo de tener a los trabajadores y las trabajadoras como un sector socialmente vulnerable –lo que habilita intervenciones más rápidas de la justicia sin pedirle opinión al Poder Ejecutivo.


Entre otros argumentos, el organismo que dirige Barra sostiene que:


La sentencia de la Cámara del Trabajo no tuvo en cuenta los “graves efectos irreversibles” que ocasiona a la población argentina su decisión de frenar el capítulo IV del DNU y que cobra especial relevancia “en el contexto actual de emergencia”;


Las medidas estatales suspendidas forman parte de un programa normativo integral “imprescindible para la subsistencia del Estado”;


Suspender el DNU hasta el dictado de una sentencia definitiva –que podría demorar hasta un año– puede traer consecuencias “irreversibles”. Y agrega: “Puede ser demasiado tarde para los argentinos”.




La Procuración del Tesoro va a tener la difícil tarea de explicar cómo mejora la vida el DNU para el gran conjunto de los argentinos cuando extiende los períodos de prueba de tres a ocho meses, no castiga el trabajo no registrado, facilita el despido de quienes participen de medidas de fuerza o limita fuertemente el derecho a huelga en un contexto de ajuste declarado.


En paralelo con la cautelar que frena el DNU, tramita la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma –que ya está en vigencia–. En el caso de la CGT; la jueza laboral Silvia Garzini le pidió el lunes al Poder Ejecutivo que, en un plazo de 72 horas, produzca el informe que establece la ley 16.986 en su artículo 8. Según esta legislación, si una acción de amparo es admisible, se le pide al Estado que haga un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de lo que es impugnado. Una vez presentado, la jueza debería dictar sentencia dentro de las 48 horas.


Barra tiene los intereses puestos también en el fuero contencioso administrativo. Allí le interesa lo que pueda decir la Cámara –integrada por Sergio Fernández y Carlos Grecco– sobre si todos las acciones presentadas contra el DNU deben tramitar juntas y en esos tribunales. De suceder eso, Barra podría celebrar una victoria porque concentraría la defensa del decretazo desde ese fuero. El juez Enrique Lavié Pico está en condiciones también de pronunciarse en la causa que iniciaron tanto el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano, la CTA Autónoma y ATE así como el expresidente del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/704677-megadnu-el-blooper-de-rodolfo-barra-que-demoro-la-estrategia

sábado, 6 de enero de 2024

BALTASAR, ¡AFUERA!, por Felipe Yapur y Luciana Bertoia (para "Página 12" del 06-01-24)

 




Participan las dos CTA, movimientos sociales y la izquierda

24E: La CGT prepara la movilización masiva a pesar del protocolo represivo de Bullrich

Desde el movimiento obrero responden que la ministra de Seguridad no podrá frenar las manifestaciones. Desde el campo de los derechos humanos advierten que la política del gobierno de Javier Milei frente a la protesta y la conflictividad social es una "regresión a estándares de hace más de 30 años".

Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia

6 de enero de 2024 

Patricia Bullrich repite como un mantra que su protocolo anti-piquetes es permanente. “Todos los días. En todas las marchas. En todo momento”, machaca la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Puesto en marcha el 20 de diciembre con una parafernalia que no logró impedir la movilización a Plaza de Mayo, el protocolo de Bullrich tendrá su verdadera prueba de fuego el próximo 24 de enero, cuando la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, la izquierda y los organismos de derechos humanos  paren y salgan a las calles para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretende hacer una poda de derechos para todos los argentinos y las argentinas. Los organizadores afirman que se estará ante una convocatoria histórica. Bullrich deberá mostrar si puede desalentar la protesta en las calles con un protocolo alicaído –objetado ya por organismos internacionales– y sin que el Parlamento haya discutido la ley ómnibus que pretende impedir las congregaciones de más de tres personas –una medida que, de estar en efecto actualmente, pondría en serio riesgo a Gaspar, Melchor y Baltasar cuando repartan los regalos a la medianoche.


“Yo me pregunto por qué la CGT convoca a un paro”, dijo Bullrich en una entrevista con TN en la que aprovechó para chicanear al movimiento obrero que viene de conseguir frenar la reforma laboral incluida en el DNU con sus pedidos de cautelares. La ministra habló de un país harto de la presión de “minorías” y dijo que habían llamado a un paro después de estar cuatro años “bajo la cama”.


En la organización del 24E prestan poca atención a las chicanas de Bullrich. “La CGT va a salir a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores, donde las columnas de compañeros de cada una de las organizaciones gremiales conforman el músculo del movimiento obrero que el protocolo de Bullrich no podrá impedir que se exprese", confió a este diario un experimentado operador sindical.


En los próximos días, comenzarán a concretarse las diferentes reuniones para organizar la concentración y el desplazamiento de las diferentes columnas. Estos encuentros, al menos los de la CGT, se realizarán con representantes de las dos CTA y también de los movimientos sociales. La central obrera mantiene una estrecha relación con los integrantes de la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP) y a través de ellos coordinará con el resto la movilización del 24E. Entre los dirigentes sindicales ya se habla de una gran concentración de trabajadores. Algunos se entusiasman y dicen que entre todos habrá cerca de un millón de personas. Otros, en tanto, dicen que será como el Cordobazo o el Mayo Francés, en cuanto a cantidades.


“Yo voy a estar en el Congreso. Y otras Madres también”, anticipa a Página/12 Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. “Este 24 de enero, con protocolo o sin protocolo, estaremos en las calles y daremos todas las batallas necesarias como lo han hecho ellas, las que se pusieron el pañuelo blanco en los momentos más difíciles. ”, suma Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S Capital.


Un paquete represivo

El 15 de diciembre pasado, dos días después de que Luis "Toto" Caputo anunciara su plan de ajuste, Bullrich publicó en el Boletín Oficial el protocolo para impedir manifestaciones que bloqueen el tránsito. La resolución ministerial da luz verde a las fuerzas de seguridad federales para desalojar cortes, incluso cuando se deja una vía de circulación libre, y avanza con la criminalización de quienes protesten –que implica desde identificar vehículos hasta generar un banco de datos con organizaciones y personas que se manifiesten. Por si fuera poco, el gobierno de LLA amenaza con mandarles las facturas por los operativos monumentales –de saturación policial– a los grupos que quieran expresarse en la vía pública.


El 27 de diciembre pasado –después de la movilización que encabezó la CGT a la Plaza de Lavalle para acompañar su amparo contra el DNU–, el gobierno mandó su proyecto de ley ómnibus al Congreso que termina de completar un escenario regresivo para la protesta. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo pretende que quienes se manifiesten den aviso previo al Ministerio de Seguridad –con una antelación no menor a las 48 horas– y esta cartera estaría facultada incluso para prohibir una actividad o forzar un cambio de fecha. La reunión de tres personas en la calle sería una manifestación y para los organizadores de una protesta se prevén penas de hasta seis años de prisión.


“Pretenden establecer un estado de sitio porque te dicen cuándo podés salir a una movilización”, dice la diputada Myriam Bregman (FIT-U). “Además, emparenta una movilización con una asociación ilícita por el número de participantes. Es totalmente ilegal. Para el 24E, con el anuncio público que hizo la CGT y con el que hicimos las organizaciones que vamos a acompañar, se cumplen todos los requisitos para ejercer el derecho a la protesta. Ante esta situación claramente ilegal, es increíble que no haya habido jueces o fiscales –tan proactivos en otros casos– que salieran a pronunciarse”, reclama la dirigente del PTS.


El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevó sus cuestionamientos a organismos internacionales y presentó un amparo contra el protocolo de Bullrich. Los tribunales en lo contencioso administrativo entendieron que no es un tema para debatir durante la feria, a contramano de la atención que le dispensan los grupos de derechos humanos. “Tenemos una preocupación general por los procedimientos democráticos que se ven violentados con el DNU y la ley ómnibus. Todo el capítulo de protesta y gestión de la conflictividad social es una regresión a estándares de hace más de 30 años”, explica Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del CELS.


Como principal gesto para dejar atrás la política de no-represión de la protesta social que propusieron los gobiernos kirchneristas –llegados a la Casa Rosada después de los asesinatos policiales de diciembre de 2001 y de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón–, Bullrich dejó sin efecto la doctrina impuesta por Nilda Garré que ponía límites y establecía controles al accionar policial.


“Tanto el DNU como la ley ómnibus como el protocolo son inconstitucionales y antidemocráticos”, dice Pisoni, referente de H.I.J.O.S. “El estado de sitio de hecho que propone la ley ómnibus marca un antes y un después en este gobierno. Nosotros entendemos que todas las veces que se ha intentado cercenar los derechos del pueblo a movilizarse ha sucedido lo contrario. En dictadura, cuando la misma impuso el estado de sitio, fue el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo y ese estado de sitio fue el que hizo que, después, esa ronda a la pirámide fuera un ícono de resistencia. En 2001, la última vez que se impuso el estado de sitio, fueron las Madres las que encabezaron la resistencia a esa decisión del gobierno de Fernando de la Rúa”, historiza.


Mucho espectáculo, poca efectividad

La exministra de Seguridad Sabina Frederic es muy crítica del accionar de Bullrich. “El protocolo demostró ser inconducente e inaplicable. No paró nada. Las movilizaciones se hicieron igual. No hay forma de que no se corten las calles”, resalta la antropóloga. “Bullrich no puede reconocer que inventó una cosa que no sirve y que se ve superada por el nivel de movilización y organización que hay en este país”, agrega.


En una línea similar, María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), destaca la conformación de una red federal por la defensa y los derechos humanos, que se puso en marcha frente a los operativos del 20 y 27 de diciembre pasado.


La pregunta es cómo diseñará Bullrich el operativo del 24 de enero: si volverán los cruces con la Ciudad, si se pondrán vallas en el Congreso --como hizo en diciembre de 2017-- o si habrá redadas de manifestantes en la desconcentración --como ocurrió la semana pasada.


“El protocolo es un instrumento pseudo-legal, que demuestra que el gobierno no respeta la Constitución. No se está aplicando, lo que hace es intimidar. Las fuerzas deben garantizar el derecho a la protesta, no impedirlo”, remarca Frederic.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/701610-24-e-la-cgt-prepara-la-movilizacion-masiva-a-pesar-del-proto

viernes, 5 de enero de 2024

Los tribunales desbaratan la estrategia de defensa del DNU, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 05-01-24)



Javier Milei sigue cosechando derrotas en la justicia


En el fuero contencioso administrativo rechazaron el pedido del gobierno para atraer las causas que tramitan en los juzgados laborales. La Cámara del Trabajo ratificó su decisión de frenar la reforma laboral incluida en el decreto --esta vez a partir de un pedido de la CTA.


Por Luciana Bertoia

5 de enero de 2024

Javier Milei empieza a ver cómo se complica la misión de mantener a flote el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 con el que pretende sentar las nuevas bases de la economía argentina a través de la regulación en favor de los grandes grupos económicos. Después de la cautelar que frenó la reforma laboral incluida en el DNU, fue la justicia en lo contencioso administrativo la que le dio un nuevo golpe al desbaratar la estrategia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que pretendía concentrar todos los cuestionamientos contra el megadecreto en ese fuero porque le resulta más amigable que los tribunales laborales.


Barra viene levantando el perfil en los últimos días. Exintegrante de la Corte de la mayoría automática y exministro de Justicia de Carlos Menem, llegó a su cargo gracias a un DNU con el que Milei modificó la edad límite para ejercer como el jefe de los abogados del Estado. Barra tiene la difícil tarea de defender en los tribunales el DNU con el que Milei se despachó el 20 de diciembre pasado. La estrategia del procurador del Tesoro pasaba por amuchar todos los planteos en el fuero contencioso administrativo –donde se dirimen las acciones contra el Estado– y desde allí maniobrar. Sin embargo, la idea de Barra fue desafiada desde el corazón mismo de los tribunales.


El procurador del Tesoro arrancó el día con el pie izquierdo. La Cámara Nacional del Trabajo dictó una cautelar a pedido de la Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Argentina (CTA), que dirige Hugo Yasky. Es el mismo tribunal que el miércoles concedió la misma medida en favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó, de esa forma, la aplicación del capítulo cuarto del DNU 70/2023 –que desregula el mundo del trabajo.


La decisión fue adoptada nuevamente por los camaristas Andrea García Vior y José Alejandro Sudera. En este este caso, fue García Vior quien llevó la voz cantante en el fallo. La jueza justificó la intervención del fuero laboral al afirmar que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que los trabajadores deben tener acceso a una justicia especializada.


García Vior, además, sostuvo que había un peligro si la justicia no intervenía y, en ese sentido, invocó el paro convocado para el 24 de enero y que la propia Corte Suprema pateó para febrero el análisis del DNU. Según la jueza, hay “graves riesgos de que el conflicto social –ya avizorado en los últimos días del año 2023– se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.


En paralelo, empezaba a prepararse la respuesta del fuero contencioso administrativo. La previa estuvo en manos del fiscal Miguel Gilligan que exhibió dos posturas distintas frente a un mismo tema. Al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a Jorge Rizzo –expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y dirigente de la agrupación Gente de Derecho (GDD)-- les dijo que no correspondía abrir feria para tratar sus cuestionamientos al DNU. Sin embargo, dictaminó a favor de un pedido del gobierno para abordar el tema durante el receso de enero.


El tribunal favorito le dio la espalda

La estocada final para Barra vino de mano del juez Enrique Lavié Pico, que es el magistrado que atenderá los temas del fuero contencioso administrativo durante las vacaciones de enero. Lavié Pico abrió la feria que habían pedido Rizzo, el gobierno y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pero fundamentalmente desarmó el amparo colectivo que tramitaba en ese fuero y en el que Barra pretendía aunar todos los planteos contra el DNU.


El 22 de diciembre pasado, el juez Esteban Furnari –colega de Lavié Pico en los tribunales administrativos– aceptó tratar como un amparo colectivo la presentación que hicieron el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano, la CTA Autónoma –que lidera Hugo “Cachorro” Godoy– y ATE. En ese sentido, ordenó inscribir ese amparo dentro del registro de procesos colectivos y empezó a recibir las causas que se iban formando en otras jurisdicciones. La gran disputa ahí era con el fuero laboral –al que el propio Barra acusa de tener un “sesgo” a favor de los sindicatos y que fue el blanco de las críticas (y de la mesa judicial) de Mauricio Macri.


Lavié Pico entendió que la decisión de Furnari había sido incorrecta porque fue impreciso al decir quiénes eran los afectados por el DNU. “No se encuentra definido de manera clara el colectivo involucrado debido a la generalidad de la representación invocada por la asociación actora y el carácter difuso de la presentación efectuada en la presente causa”, escribió. En otras palabras, sostiene que no se puede decir que todos los habitantes de la Argentina alcanzados por los efectos del DNU 70/2023 se vean afectados del mismo modo.


Después de firmar ese fallo, Lavié Pico desechó el pedido de Barra de sacarle las causas al fuero laboral. A priori, es una derrota para el procurador del Tesoro que había dicho que en una semana iba a tener revocada la cautelar que había logrado la CGT. Ahora, tendrá que difuminar sus esfuerzos en todos los tribunales en los que haya planteos contra el DNU a lo largo y ancho del país.


“Es un golpe mortal y definitivo a la estrategia del gobierno, ya que desarma el colectivo y obliga al gobierno a apelar cada una de las cautelares y las sentencias que se dicten”, explica a Página/12 el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien también presentó un amparo contra el DNU.


“Soy un descreído del Poder Judicial y me encontré con la majestad de la justicia. Creo que la semana que viene van a dictar la cautelar en el fuero contencioso. A pesar de la contra del fiscal Gilligan, funcionaron los mecanismos republicanos”, festejó Rizzo.


Lavié Pico le dio cinco días al gobierno para que responda a los cuestionamientos contra el DNU. Desde el CELS también se mostraron satisfechos de que se dé la discusión con urgencia, como ellos reclamaban. “Es el Poder Ejecutivo quien dictó un DNU que derogó o modificó más de 70 leyes del Congreso Nacional con carácter permanente en el tiempo. Y también el Ejecutivo estableció la entrada en vigencia del DNU cuando se iniciaba la feria judicial. La decisión compensa un poco este escenario inclinado en favor del Estado para debatir la constitucionalidad del DNU”, evaluó Diego Morales, director de litigio del organismo de derechos humanos.



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https://www.pagina12.com.ar/701278-los-tribunales-desbaratan-la-estrategia-de-defensa-del-dnu

miércoles, 3 de enero de 2024

Cámara del Trabajo le pone un freno al DNU de Milei, por Luciana Bertoia (para "Página 12" del 03-01-24)




En el amparo presentado por la CGT


La Sala de Feria dictó una cautelar e impide que se apliquen las reformas del capítulo 4 que desregulan el mercado laboral.


Por Luciana Bertoia

3 de enero de 2024 


La Cámara Nacional del Trabajo le puso un freno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei. Fue a partir de una presentación que hizo la Confederación General del Trabajo (CGT) la semana pasada.


Boletín Oficial: el PDF completo del DNU presidencial que firmó Javier Milei

Este miércoles al mediodía, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo revocó el fallo del juez José Ignacio Ramonet y dictó una cautelar contra el megadecreto del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).


De esta forma, la justicia laboral suspendió la aplicabilidad del capítulo IV del DNU, referido al mundo del trabajo. En materia laboral, el decreto estira el período de prueba de tres a ocho meses, facilita los despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limita el derecho a huelga.


La decisión fue adoptada por los camaristas José Alejandro Sudera y Andrea García Vior. Por el contrario, la tercera integrante de la Sala, María Dora González, entendió que el tema debía tramitar en el fuero contencioso administrativo.


En su voto, Sudera desarmó los argumentos que esgrimió el gobierno de Milei —a través de la Procuración del Tesoro— para justificar el DNU en la supuesta urgencia de la situación económica-social del país. "No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema 'excepcionalidad'", escribió el camarista.


El juez, además, justificó la intervención de la Cámara del Trabajo ante el peligro de demora que entraña la puesta en vigencia del DNU en la afectación de distintos derechos para los trabajadores y las trabajadoras. “Las disposiciones del DNU cuestionado establecen importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”, enumeró.


La Sala de Feria explicó que es una medida provisoria hasta en tanto se discuta la validez del DNU. El gobierno de Milei pretende que ese debate se de en el fuero contencioso-administrativo, donde hace pie Rodolfo Barra, el actual procurador del Tesoro, exjuez de la Corte Suprema de la mayoría automática y exministro de Justicia de Carlos Menem.


No hay dudas de que el Gobierno recurrirá la decisión de la Cámara del Trabajo. De hacerlo, el tema escalará a la Corte Suprema. El Máximo Tribunal ya tiene un planteo contra el DNU: es el que presentó la provincia de La Rioja con el patrocinio del excortesano Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Gustavo Ferreyra.


Ante el planteo de La Rioja, la Corte armó un incidente para tratar el pedido de cautelar, pero anunció que no abordará el cuestionamiento hasta febrero. Posiblemente el gobierno de Milei no quiera esperar ese plazo y presione para que haya un pronunciamiento antes.


El texto completo



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