Está raro el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo pic.twitter.com/RXw1twxYgL
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 28, 2024
Nacionalismo popular
Hace 4 horas
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jueves, 29 de agosto de 2024
"NO IMPORTA LO QUE USTED PIENSE. ES EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEBE RESPETAR LA LEY"
jueves, 1 de agosto de 2024
ADVERTENCIA DE AMNESTY INTERNATIONAL AL GOBIERNO DE MILEI
Amnistía Internacional advirtió que el presidente Javier Milei “promete un país más libre, pero su discurso no se corresponde con la práctica. En los últimos días, se hizo pública una denuncia sobre una medida de la Secretaría de Cultura de prohibir 🚫 películas con contenidos feministas, LGBT+, que critiquen a la dictadura y que incluyan a Lali Espósito". El organismo de derechos humanos señaló que "preocupa a los especialistas el uso de la inteligencia artificial 🤖 (anunciado el lunes pasado por la ministra 👮🏻♀️ Patricia Bullrich) para patrullar las redes sociales, ya que pone en riesgo la privacidad y libertad de los ciudadanos. 'Lo que se crea es una Unidad de Inteligencia ilegal'.
Publicado en:
INFOSIBERIA N° 2068
Jueves 1 de agosto de 2024
sábado, 11 de noviembre de 2023
NUNCA MÁS AL NEGACIONISMO, por "Télam" del 10-11-23
Amnistía Internacional alertó sobre la escalada de "violencia y amenazas" en Argentina
El organismo internacional expresó su preocupación por los mensajes que "apelan a la tortura, desaparición forzada, asesinato y persecución política sistemáticas durante la dictadura", que recibió una usuaria de X cuyos datos fueron difundidos por Victoria Villarruel. Firme rechazo a la reivindicación del terrorismo de Estado.
Amnistía Internacional Argentina alertó este viernes sobre la escalada de "violencia y amenazas" que aluden a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar dirigidas a "personas que expresan su opinión pacíficamente" y sostuvo que buscan "silenciar sus voces" e incitar a "un ambiente de intolerancia".
"Aumentan la violencia y amenazas que apelan a la tortura, desaparición forzada, asesinato y persecución política sistemática de personas en Argentina durante la última dictadura militar. Al negacionismo, memoria. Al terrorismo de Estado, #NuncaMás", expresó hoy la organización a través de su cuenta de la red X (ex Twitter).
El posteo fue acompañado por imágenes de mensajes con amenazas que recibió esta semana una usuaria de X (Valeria Paz) y que se viralizaron en redes sociales, luego de que la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, expusiera los datos de su cuenta.
Foto Enrique Garcia Medina
Foto: Enrique Garcia Medina
Entre esos mensajes se usan expresiones como "te vamos a ir a buscar, mansa picana te vas a comer" o la imagen de un Ford Falcon verde y el texto "acá te vamos a subir zurda".
Amnistía Internacional Argentina subió, en contraste, un fragmento del testimonio de la sobreviviente del terrorismo de Estado Adriana Calvo de Laborde durante el Juicio a las Juntas, donde relata cómo fue torturada aún estando cursando un embarazo avanzado.
"Este es un testimonio de lo que pasó en Argentina entre el 1976 y 1983. Las amenazas que aluden a los crímenes de lesa humanidad hacia personas que expresan su opinión pacíficamente buscan silenciar sus voces, incitan a otros a la violencia y alimentan un ambiente de intolerancia", sostuvo la organización.
Y agregó: "Cuando el Estado, único actor que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, utiliza sus recursos de manera ilegal para atentar contra los derechos de la población, es terrorismo de Estado".
Aumentan la violencia y amenazas que apelan a la tortura, desaparición forzada, asesinato y persecución política sistemática de personas en Argentina durante la última dictadura militar. Al negacionismo, memoria. Al terrorismo de Estado, #NuncaMas. pic.twitter.com/7W3RFlwgk7 Los trolls de Villarruel luego de que ella difundiera mis datos personales desde su otra cuenta @Lamalvinera , ya están denunciados son mafia y dictadura pic.twitter.com/XA1gOPYvL0
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miércoles, 31 de agosto de 2022
Ucrania: Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil, por "Amnesty.org" del 04-08-22
Agosto 4, 2022
*Bases militares establecidas en zonas residenciales e incluso en escuelas y hospitales.
*Ataques lanzados desde áreas habitadas por civiles.
*Estas violaciones no justifican en modo alguno los ataques indiscriminados de Rusia, que han causado la muerte y heridas de innumerables civiles.
“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.
“Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario”.
Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Járkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en las zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso.
Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques, y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas.
Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.
La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.
Ataques lanzados desde zonas habitadas por civiles
Sobrevivientes y testigos de ataques rusos en las regiones del Dombás, Járkov y Mykolaiv dijeron al equipo de investigación de Amnistía Internacional que el ejército ucraniano estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de esta conducta en numerosos lugares.
El derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten, en toda la medida de lo posible, emplazar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. La obligación de proteger a la población civil de los efectos de los ataques incluye también retirar a ésta de la vecindad de objetivos militares y avisar de forma efectiva de cualquier ataque que podría afectarla.
La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares estaban en una casa al lado de la nuestra y mi hijo llevaba a menudo comida a los soldados. Le rogué varias veces que se mantuviera alejado porque temía por su seguridad. Esa tarde, cuando ocurrió el ataque, mi hijo estaba en el patio de nuestra casa y yo estaba en la casa. Murió en el acto. Su cuerpo quedó hecho trizas. Nuestra casa fue parcialmente destruida”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró equipo y uniformes militares en la casa de al lado.
Mykola, que vive en un bloque de pisos de un barrio de Lisichansk (Dombás) que fue objeto de varios ataques rusos que causaron la muerte de al menos un hombre de edad, dijo a Amnistía Internacional: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no desde el campo”. Otro residente, un hombre de 50 años, dijo: “Sin duda hay actividad militar en el barrio. Cuando hay fuego saliente, oímos después fuego entrante”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a unos soldados que usaban un edificio residencial situado a unos 20 metros de la entrada del refugio subterráneo que usaban los residentes donde murió el hombre de edad.
En una localidad del Dombás, el 6 de mayo, las fuerzas rusas usaron municiones de racimo inherentemente indiscriminadas, cuyo uso está ampliamente prohibido, contra un barrio integrado en su mayoría de casas de uno o dos alturas donde las fuerzas ucranianas manejaban armas de artillería. La metralla dañó las paredes de la casa donde vive Anna, de 70 años, con su hijo y su madre de 95 años.
Anna dijo: “La metralla voló a través de las puertas. Yo estaba dentro. La artillería ucraniana estaba cerca de mi campo […] Los soldados estaban detrás del campo, detrás de la casa […] Los vi saliendo y entrando […] desde que empezó la guerra […] Mi madre está […] paralítica, por eso no pude huir”.
A principios de julio, un agricultor resultó herido cuando las fuerzas rusas atacaron un almacén agrícola en la zona de Mykolaiv. Horas después del ataque, el equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de la presencia de personal y vehículos militares ucranianos en la zona de almacenamiento de grano y varios testigos confirmaron que el ejército usaba el almacén, situado al otro lado de la carretera, frente una finca en la que vivían y trabajaban civiles.
Mientras el equipo de Amnistía Internacional examinaba los daños de edificios residenciales y públicos colindantes en Járkov y en pueblos del Dombás y del este de Mykolaiv, oyeron fuego saliente desde posiciones militares ucranianas ubicadas en las proximidades.
En Bajmut, varias personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había usado un edificio situado a apenas 20 metros al otro lado de la calle, frente a un edificio residencial de gran altura. El 18 de mayo, un misil ruso impactó en la parte de delante del edificio, destruyó parcialmente cinco apartamentos y provocó daños en los edificios próximos. Kateryna, residente que sobrevivió al impacto, dijo: “No entendía qué había pasado. [Había] ventanas rotas y un montón de polvo en mi casa […] Me quedé aquí porque mi madre no quería marcharse. Tiene problemas de salud”.
Tres residentes dijeron a Amnistía Internacional que, antes del ataque, las fuerzas ucranianas habían estado usando un edificio al otro lado de la calle, frente al edificio bombardeado, y que había dos camiones militares estacionados delante de otra casa que resultó dañada cuando impactó el misil. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de presencia militar dentro y fuera del edificio, incluidos sacos de arena y protecciones de plástico negro que cubrían las ventanas, así como equipos nuevos de primeros auxilios para traumatismos de fabricación estadounidense.
“No tenemos voz en lo que hace el ejército, pero pagamos el precio”, dijo a Amnistía Internacional una persona cuya casa también había sido dañada en el ataque.
Bases militares en hospitales
El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a fuerzas ucranianas que usaban hospitales como bases militares de facto en cinco lugares. En dos ciudades, decenas de soldados descansaban, pasaban el tiempo y hacían sus comidas en hospitales. En otra ciudad, los soldados disparaban desde las proximidades del hospital.
El 28 de abril, un ataque aéreo ruso hirió a dos personas que trabajaban en un laboratorio médico en un suburbio de Járkov después de que las fuerzas ucranianas hubieran establecido una base en las instalaciones.
El uso de hospitales con fines militares es una violación clara del derecho internacional humanitario.
Bases militares en escuelas
El ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuels de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles.
En 22 de las 29 escuelas que visitó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró soldados usando las instalaciones o indicios de actividad militar actual o pasada, incluida la presencia de atuendos militares, municiones descartadas, paquetes de raciones del ejército y vehículos militares.
Las fuerzas rusas atacaron muchas de las escuelas utilizadas por las fuerzas ucranianas. En al menos tres ciudades, después del bombardeo ruso de las escuelas, los soldados ucranianos se trasladaron a otras escuelas de las proximidades, sometiendo a los barrios circundantes al riesgo de sufrir ataques similares.
En una ciudad al este de Odesa, Amnistía Internacional vio que los soldados ucranianos usaban habitualmente zonas civiles para alojarse y como áreas de maniobras, incluso emplazando vehículos blindados bajo árboles en barrios puramente residenciales y usando dos escuelas situadas en zonas residenciales densamente pobladas. Los ataques rusos cerca de escuelas han causado la muerte y heridas a varias personas civiles entre abril y finales de junio; el 28 de junio murieron una niña y una anciana en un ataque con cohetes contra su casa.
En Bajmut, las fuerzas ucranianas usaban un edificio universitario como base cuando lo alcanzó un ataque ruso el 21 de mayo y, según informes, causó la muerte de siete soldados. La universidad es colindante con un edificio de viviendas de gran altura que resultó dañado en el ataque junto con otras viviendas civiles situadas a unos 50 metros. El equipo de investigación de Amnistía Internacional halló los restos de un vehículo militar en el patio del edificio universitario bombardeado.
El derecho internacional humanitario no prohíbe expresamente a las partes en un conflicto establecer bases en escuelas durante los periodos vacacionales. Sin embargo, las fuerzas armadas tienen la obligación de evitar usar escuelas que estén cerca de casas o edificios de apartamentos llenos de civiles, poniendo sus vidas en peligro, salvo que haya una necesidad militar imperiosa. Si lo hacen, deben advertir a la población civil y, en caso necesario, ayudarla a evacuar. Aparentemente, esto no ocurrió así en los casos que ha examinado Amnistía Internacional.
Los conflictos armados inciden de forma muy negativa en el derecho a la educación de la infancia, y el uso militar de las escuelas puede causar una destrucción que prive aún más a los niños y niñas de este derecho una vez finalizada la guerra. Ucrania es uno de los 114 países que han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, acuerdo para proteger la educación en los conflictos armados que permite a las partes hacer uso de escuelas abandonadas o evacuadas únicamente cuando no haya una alternativa viable.
Ataques indiscriminados de las fuerzas rusas
Muchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses fueron llevados a cabo con armas inherentemente indiscriminadas, incluidas municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos en una superficie amplia. En otros se usaron armas guiadas con diversos grados de precisión; en algunos casos, las armas eran lo bastante precisas para dirigirse a objetivos específicos.
La práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos. Todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y adoptar todas las precauciones posibles, incluso en la elección de armas, para reducir al mínimo el daño a civiles. Los ataques indiscriminados que causan la muerte o heridas a civiles o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.
“El gobierno ucraniano debe asegurarse inmediatamente de que emplaza a sus fuerzas lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil de las zonas donde opera el ejército. Las fuerzas armadas nunca deben usar hospitales para combatir en una guerra y sólo deben usar escuelas o viviendas civiles como último recurso, cuando no haya alternativas viables”, concluyó Agnès Callamard.
El 29 de julio de 2022, Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano para presentarle las conclusiones de la investigación. En el momento de la publicación, aún no se había recibido ninguna respuesta.
Publicado en:
viernes, 23 de agosto de 2019
Amnistía exige al gobierno que investigue el caso del policía asesino, por "Infonews" del 22-08-19
Jueves 22 de Agosto
"Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso", señaló la ONG en un comunicado.
Amnistía Internacional exigió este jueves al Gobierno que se investigue el homicidio de un hombre por parte de un agente policial de la ciudad de Buenos Aires que le propinó una patada sin que mediara una agresión y lo mató el pasado lunes.
"Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso", señaló la ONG en un comunicado.
El oficial inspector Esteban Ramírez, que pateó y mató a un hombre de 41 años, Jorge Martín Gómez, acusado de obstaculizar el tráfico, fue liberado el pasado miércoles por decisión de la jueza que le tomó declaración indagatoria, Yamile Bernán.
El derecho internacional estipula que el Estado sólo puede ejercer el uso de la fuerza "como último recurso y de manera excepcional", y que deben garantizarse "las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza", señaló Amnistía.
"Asimismo, el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito", exigió la institución.
VIOLENCIA POLICIAL
Las imágenes muestran cómo Gómez caminaba por una bicisenda en el barrio de San Cristóbal cuando varios policías salieron a su encuentro y lo interceptaron.
Uno de ellos le dio una patada en el pecho y el hombre, que no mostraba ninguna actitud amenazante, cayó hacia atrás de modo que su cabeza golpeó contra el asfalto.
Gómez, que fue denunciado por una mujer a través del número de emergencias por supuestamente entorpecer el tránsito de los automóviles, falleció en el hospital como consecuencia de una fractura de cráneo, según señaló una autopsia posterior.
En su comunicado, Amnistía también repudió los dichos de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, que salió en defensa del agente policial y que además reivindicó el uso de armas con descarga eléctrica, conocidas como Taser, y que fueron reglamentadas por su ministerio el año pasado.
"La invocación del uso de armas de electrochoque tipo Taser en contextos como el ocurrido, refuerzan la necesidad de capacitar tanto a funcionarios como a fuerzas de seguridad para que estén en condiciones de evaluar situaciones que justifiquen una intervención", consideró la entidad.
También debe medirse con proporción "las amenazas existentes y en función de ello, dirimir las respuestas para garantizar que el uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se implemente en proporción directa a dicha amenaza", finalizó la ONG.
Publicado en:
http://www.infonews.com/nota/325031/amnistia-exige-al-gobierno-que-investigue
sábado, 22 de junio de 2019
Protestas en Honduras, sublevación policial y el arribo de marines estadounidenses: ¿qué está pasando?, por Leandro Lutzky (para "RT" del 21-06-19)
Orlando Sierra / AFP
Sectores de la oposición, junto a gremios de la educación y salud, piden la salida del presidente Juan Orlando Hernández en medio de una fuerte crisis social.
Honduras vive intensas jornadas de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, que dejaron un saldo de al menos dos muertes el pasado miércoles y que, por ahora, no parecen llegar a su fin.
La tensión de las últimas semanas se desató a fines de abril cuando el Congreso aprobó dos decretos impulsados por el Ejecutivo, que planteaban cambios en las áreas de salud y educación. Ambas disposiciones fueron publicadas en agosto y septiembre del año pasado, respectivamente, y establecían modificaciones similares para los dos casos. Las principales propuestas eran: declarar el estado de emergencia, hacer una intensa revisión económica, evaluar al personal y crear comisiones especiales para lograr la reestructuración de dichos sectores.
¿El Gobierno quería privatizar la salud y la educación?
Por su parte, organizaciones de aquellos rubros interpretaron que el trasfondo de la medida era privatizar esos servicios, perjudicando a la ciudadanía y también avanzando sobre las conquistas laborales de médicos y docentes. Así, las manifestaciones fueron cobrando fuerza y el mandatario se vio obligado a derogar sus decretos, pero invitó a sus detractores a conformar un diálogo para superar la crisis educativa y sanitaria de ese país centroamericano.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, da una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 30 de mayo de 2019. / Jorge Cabrera / Reuters
No obstante, las asociaciones nucleadas en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública se negaron a asistir al encuentro ofrecido por el Gobierno, ya que desconfiaban de sus intenciones, aunque algunos grupos paralelos sí concurrieron. En contrapartida, el último martes se desarrolló el Diálogo Ciudadano impulsado por este colectivo no gubernamental, pero también contó con las presencias de los viceministros de Educación y Gobernación, Javier Menocal y Nery Cerrato, en representación del Ejecutivo. Sin embargo, las movilizaciones continuaron.
Este viernes, Hernández publicó un video donde se resaltan los avances en la gestión educativa durante su Administración: "Hoy trabajamos para llevar la educación hondureña a otro nivel, remodelando los centros educativos", escribió.
Una de las principales detractoras de las políticas oficiales es la coordinadora de la Plataforma, Suyapa Figueroa, quien a su vez dirige el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sobre ella, el mandatario expresó: "Hay que escucharla y ver en qué nos puede colaborar en salud". No obstante, más allá de estos comentarios que parecen apuntar al diálogo, el conflicto social se agudiza.
Otros grupos que protestan
Además de agrupaciones de salud y educación, participaron de los reclamos colectivos campesinos y ciudadanos sin identificación partidaria o gremial. Asimismo, asociaciones de taxistas concretaron huelgas y los transportistas de carga frenaron sus actividades, afectando el normal desarrollo del comercio hondureño.
Piden la salida del presidente
Luego de haberse suspendido los decretos, las protestas no cesaron. Ahora, los reclamos se centran en pedir directamente que Hernández abandone el Gobierno, como se exigió en ocasiones pasadas, mientras esa nación centroamericana afronta una dura situación social. En efecto, Honduras es el país más pobre de la región: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 65,7 % de sus ciudadanos estaba en esa situación de precariedad en 2016, sobre una población total de 9 millones de personas.
Al mismo tiempo, las denuncias por fraude que involucran al presidente vuelven a marcar la agenda política, siendo uno de los bastiones principales de las manifestaciones. El reclamo se originó en 2017, cuando Hernández logró la reelección con una diferencia muy estrecha, y la oposición tildó esos comicios como ilegítimos. A los pocos días, la Organización de Estados Americanos (OEA)—con sede en EE.UU.— expresó que "el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad". En resumen, el organismo no podía identificar a un ganador y planteaba disputar nuevas elecciones.
No obstante, Washington reconoció al actual Gobierno y Hernández obtuvo respaldo para sostenerse en el cargo sin disputar otra votación. Antes, las autoridades locales realizaron un nuevo conteo de algunas actas dudosas.
Hernández militariza las calles
Con este panorama, el presidente anunció en redes sociales que intensificará el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional para "garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población".
En contrapartida, Amnistía Internacional difundió una carta abierta para el político donde pide "evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas sociales". La organización también remarcó que, de acuerdo al derecho internacional, las Fuerzas Armadas no deben intervenir en manifestaciones.
Así, el mandatario pidió a la ciudadanía que se comunique con el 911 para denunciar "actos vandálicos", luego de que registraran destrozos en algunas regiones durante los últimos días.
De hecho, circularon versiones de que dirigentes contrarios a Hernández habrían alentado esos disturbios. En medio de las acusaciones oficialistas, el dirigente opositor Salvador Nasralla, quien pide la dimisión del mandatario y se autodefine como "presidente electo", ya aclaró que no está detrás de los incidentes y aseguró que las protestas son legítimas.
Desde su visión, los actos delictivos en la vía pública habrían sido impulsados por el propio Hernández para justificar una avanzada mayor de las Fuerzas Armadas y la Policía, ante la mirada de organismos internacionales.
*Presencia estadounidense
Además, este viernes ese mandatario les dio la bienvenida a los marines estadounidenses de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del Comando Sur, que acaban de llegar a Honduras.
Según afirma la propia Embajada norteamericana, se trata de un equipo "de respuesta rápida" compuesto por 300 efectivos, que también tiene previsto "trabajar en Belice, El Salvador y Guatemala". El argumento oficial es mejorar la asistencia humanitaria para los casos de desastres ambientales "a causa del cambio climático", informó Hernández.
Policías sublevados
Mientras las movilizaciones y enfrentamientos entre manifestantes y policías continúan, cientos de oficiales se declararon en huelga este miércoles para no contener a la ciudadanía: "Mantendremos la garantía de no represión hacia nuestro pueblo", afirmaron desde el sector disidente de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
Los 'Cobras' de la Policía hondureña se declaran en paro y apoyan las protestas antigubernamentales (VIDEO)
Se trata de uniformados que apoyan el reclamo general de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública. "Nos manifestamos por las violaciones a los derechos humanos, no por problemas de sueldo", añadieron.
A su vez, en las últimas horas Nasralla compartió un video donde se observa un aparente enfrentamiento con disparos entre distintos sectores de las fuerzas de seguridad.
VER VIDEO
Además, el dirigente entregó una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para pedir que se resguarde la integridad de los uniformados "que están acantonados en la Colonia 21 de Octubre [Tegucigalpa, capital del país] para no seguir reprimiendo al pueblo como les ordena Hernández".
por Leandro Lutzky
Publicado en:
https://actualidad.rt.com/actualidad/318741-protestas-honduras-sublevacion-policial-marines-eeuu
miércoles, 30 de enero de 2019
Críticas a la Argentina tras asumir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Debe estar a la altura”, por "Página 12" del 30-10-19
Carlos Foradori, ex vicecanciller y actual embajador argentino ante las Naciones Unidas.
Imagen: Télam
Amnistía Internacional advirtió sobre la situación de los derechos humanos en el país luego de su designación como vicepresidente del organismo dependiente de las Naciones Unidas. Reclamos por la política migratoria, la baja de imputabilidad y el aborto.
Por Ailín Bullentini
Por primera vez en la historia, Argentina ejercerá la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Se trata del principal órgano de derechos humanos de esa institución internacional que el país integró en tres oportunidades años anteriores. La elección, según explicó Cancillería nacional y remarcó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue una especie de reconocimiento a la política de Estado de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, entre otros puntos. Sin embargo, desde Amnistía Internacional Argentina, advirtieron sobre “la política interna de derechos humanos”, con hincapié en la política migratoria, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. “Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, concluyó la directora del organismo, Mariela Belski.
La noticia pasó desapercibida más allá del pavoneo con el que Avruj la celebró vía Twitter: “Una gran noticia que representa un reconocimiento y un fuerte impulso a la política de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, y al rumbo que expresó el presidente @mauriciomacri”, consideró el funcionario, avalando la lectura oficial del nombramiento del Estado en una de las cuatro vicepresidencias que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene, la que corresponde a la región a América Latina y el Caribe. El ex vicecanciller Carlos Foradori será quien represente a Argentina en ese cargo, cuya selección atribuyó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sin mayores detalles a la política de Estado de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos y el trabajo en cuestiones vinculadas a las desapariciones forzadas y del derecho a la verdad, entre otras cuestiones más burocráticas.
Sin embargo, si se recorre los principales mojones de la gestión de Cambiemos en materia de Memoria, verdad y Justicia, la conclusión que surje indica que esa línea de trabajo no resulta una de las principales receptoras de la atención oficial. La disolución de varias agencias estatales destinadas a investigar el rol del Estado y de sus socios civiles en los crímenes de la última dictadura, el retiro de querellas de la Secretaría de Derechos Humanos en numerosos juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país y la interrupción temporaria, a fines de 2018, de los trabajos a los que se vio obligado el Equipo Argentino de Antropología Forense por falta de cumplimiento de los compromisos de financiación de parte del Gobierno son algunos de los ejemplos de este panorama.
AI, en tanto, señaló más puntos de alarma. “Desde AI celebramos que el país ejerza la vicepresidencia del principal organismo internacional en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo nos resulta llamativa la manera en la que se difundió la noticia fronteras adentro porque entendemos que a la política de derechos humanos interna del gobierno hay que mirarla con atención, cuidadosamente”, explicó Belski en diálogo con este diario. La titular de la agencia nacional de AI consideró “necesario que no se plantee una cosa afuera del país y otra cosa adentro”.
Para el organismo son “prioritarios” en atención de políticas de derechos humanos nacional, temas como la seguridad, los migrantes, los pueblos originarios, los niños y la interrupción voluntaria del embarazo. A través de un comunicado que emitió ayer, el organismo advirtió sobre el “doble compromiso” que implica el cargo: “por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo”.
En ese sentido, recordó su preocupación frente a los últimos anuncios del gobierno en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque y la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad que va “a contramano de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU”. También alertó sobre el “retroceso en la legislación y la política migratoria” que implica el decreto con el que el Gobierno de Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones en 2017 y mencionó las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar su sistema jurídico en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto sin riesgos. Por último, señaló como “indispensable” que el país “avance en la regularización de los territorios indígenas” con garantías al derecho a la consulta y consentimiento libre de parte de esas comunidades.
“Argentina debe estar a altura de las circunstancias”, sostuvo Belski, “no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/171644-debe-estar-a-la-altura
sábado, 1 de diciembre de 2018
Argentina: el Estado tiene obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables por la muerte de Santiago Maldonado, pòr "Amnistía.org.ar" del 30-11-18
La decisión de un tribunal de justicia argentino de cerrar la causa por desaparición forzada en el caso de Santiago Maldonado, sin antes esclarecer las causas que llevaron a su muerte o investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades, contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, declaró hoy Amnistía Internacional.
"Para la justicia argentina, nadie es responsable por la muerte de Santiago Maldonado, lo cual resulta inadmisible. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina".
El 29 de noviembre, un juez federal argentino cerró y archivó la causa que investiga la muerte y desaparición de Santiago Maldonado. De acuerdo con la resolución, Santiago "[...] murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos".
Santiago Maldonado, un joven de 28 años, estuvo desaparecido por 70 días desde el 1 de agosto de 2017 tras la violenta represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Mapuche Pu Lof, en el Departamento de Cushamen, Provincia de Chubut. Pese a la constatación de que su muerte se dio en el marco de un violento operativo de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la sentencia omite el contexto en el ocurrió su muerte.
"Es imperativo que las autoridades argentinas esclarezcan los hechos, persigan todas las hipótesis que podrían haber llevado a su muerte y cumplan con su obligación de garantizar los derechos de su familia a la verdad, la justicia y la reparación", dijo Erika Guevara Rosas.
"Las organizaciones de derechos humanos seguiremos haciendo el trabajo de denuncia en casos de violaciones a derechos humanos; es nuestra labor acompañar a las víctimas y exigir que se garantice su derecho a conocer la verdad y a que se sancione a los responsables".
Publicado el 30 de noviembre de 2018
Publicado en:
https://amnistia.org.ar/argentina-estado-tiene-obligacion-de-esclarecer-los-hechos-y-sancionar-a-los-responsables-por-la-muerte-de-santiago-maldonado/#.XAJLOiUP0Fk.twitter
Más información:
Argentina: La investigación sobre el caso de Santiago Maldonado debe ser realizada de forma imparcial y sin injerencias (noticia, 31 de julio de 2018)
Argentina: Aparición sin vida de Santiago Maldonado (campaña, 14 de noviembre de 2017)
Argentina: Las autoridades deben garantizar justicia para Santiago Maldonado (noticia, 20 de octubre de 2017)
Argentina: Desaparición forzada en comunidad mapuche (campañas, 9 de agosto de 2017)
viernes, 28 de septiembre de 2018
Amnistía advirtió al Gobierno sobre el uso de trolls para atacar periodistas y dirigentes sociales, por "info135" del 28-09-18
28 sep -
Ciberataques coordinados contra reconocidos figuras de medios y activistas por los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte al Estado sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos.
Según el trabajo titulado "El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina", los ciberataques y agresiones tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de “funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura”.
La cuenta de Twitter favorita de los trolls es la del diputado macrista, Fernando Iglesias, que lleva a cabo campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores que piensan distinto.
El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
El estudio se centró sobre ciberataques contra nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos humanos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.
Hugo Alconada Mon, Ernesto Tenembaum, Reynaldo Sietecase, Eduardo Feinmann, Marcelo Longobardi, María O'Donnell y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre), son los usuarios más atacados en las redes.
Fuente: LPO
Publicado en:
http://actorpolitico.com/nota/8555/amnistia_advirtio_al_gobierno_sobre_el_uso_de_trolls_para_atacar_periodistas_y_dirigentes_sociales/
lunes, 19 de marzo de 2018
Ciberataques a los que critican a Cambiemos, por Victoria Ginzberg (para "Página 12" del 19-03-18)
Amnistía Internacional alerta por los riesgos a la libertad de expresión en Argentina
Amnistía Internacional relevó las amenazas y agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos desde cuentas identificadas con el Gobierno.
Por Victoria Ginzberg
Amnistía Internacional (AI) realizó el primer relevamiento de los ataques que sufren en las redes sociales periodistas y defensores de derechos humanos al expresar alguna crítica al Gobierno. “El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización internacional de derechos humanos realizó un relevamiento del comportamiento de estas agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado y concluyó que éste se produce desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos y que se trata de una acción coordinada que se despliega cuando aparecen comentarios reprobatorios sobre acciones de gobierno o funcionarios.
“El modus operandi de los ciberataques contra periodistas y defensores de derechos humanos evidencia regularidades: la coordinación --temporal y temática-- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevencia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo en el que luego se produce un ataque serial. En la primera etapa se definen los contornos de ´lo posible´ en el marco del futuro embate”, señala AI en el informe en el que participaron Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget. “El segundo momento (ataque serial) no expone --aunque hay excepciones-- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas”.
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Para este trabajo, AI analizó las cuentas de Twitter de varios periodistas, entre ellos, Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O´Donnell y Reynaldo Sietecase, la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel y las menciones a la vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quien, si bien no posee cuenta personal en esa red social, fue objeto de una campaña de fakenews (información falsa).
En el caso de Belski el ataque se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía. Los siete días posteriores hubo en Twitter un pico de menciones a la vocera de AI en las que se le adjudicaba haber trabajado con la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Cabó, algo que era falso. “Este pico de menciones está vinculado a una acción coordinada desde cuentas falsas para generar algún efecto en la conversación. La intención de esta acción coordinada fue generar un efecto negativo sobre la figura de Belski y conforme el análisis del caso se muestra que fue impulsada por usuarios con identificación directa con el gobierno”, señala en informe de AI, que muestra que la información surgió de dos cuentas que sembraron un contenido que fue retweeteado sistemáticamente sin lograr generar una conversación orgánica significativa.
Entre las conclusiones, AI afirma que aunque con la información disponible no es posible identificar las fuentes en que se originan los ataques, sí se pudo detectar “una alta actividad de cibertropas vinculadas discursivamente al gobierno nacional que tenían como objetivo atacar o deslegitimar el discurso de periodistas o referentes de derechos humanos. En ese sentido, exhortó tanto al Estado como a las empresas de redes sociales a “fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes”. Y señaló que el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Descargue aquí el informe completo de Amnistía Internacional
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/102613-ciberataques-a-los-que-critican-a-cambiemos
jueves, 22 de febrero de 2018
Demoledor informe de Amnistía Internacional sobre el retroceso de los derechos humanos en la era Macri, por "info135" del 22-02-18
22 febrero, 2018
Criminalización de la protesta social y de los pueblos originarios, como así también de los derechos de las mujeres, detenciones indiscriminadas, “retrocesos importantes” en los derechos de los inmigrantes, críticas por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y por la detención de Milagro Sala, son algunos de los puntos relevantes del informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo 2017/2018 que hoy presenta Amnistía Internacional, y cuyo capítulo dedicado a la Argentina muestra una durísima crítica a la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri.
Por ejemplo, califica como “una operación ilegal” de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció Maldonado, destacando que “la investigación sobre su muerte no concluyó”. También recuerda el asesinado del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido “en el contexto de reclamos sociales”, en los cuales -afirma- ocurrieron “detenciones arbitrarias”.
En tanto, al destacar las políticas “discriminatorias” contra los grupos indígenas el informe sostiene que “las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio”.
Sobre la violencia contra las mujeres, se destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. Y denuncia que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres “para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
Además, cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para “limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”.
Al evaluar el caso del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, la prestigiosa ONG mundial encargada de velar por los derechos humanos, alertó que un decreto del presidente, de abril de 2017, transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual “ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas”.
En el capítulo dedicado a las “Marchas y policías”, Amnistía señala que durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron “detenciones indiscriminadas”. Y reveló que “muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo”.
También se revela que en abril “se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos”. Y se destaca que en septiembre, 31 personas fueron “violentamente detenidas” y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de la Ciudad de Buenos Aires por participar en una manifestación masiva. Y después hace mención a las protestas de diciembre pasado en contra de la reforma previsional frente al Congreso. Sobre esta marcha, se denunció que “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”.
Al recordar el caso de Milagro Sala, Amnistía destaca que “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista” piquetera acusada por delitos de corrupción. “Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales”, dijo el informe.
Publicado en:
https://info135.com.ar/2018/02/22/demoledor-informe-de-amnistia-internacional-sobre-el-retroceso-de-los-derechos-humanos-en-la-era-macri/
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