AL ABORDAJE, por Leandro Renou (para "Página 12" del 10-02-24)

El ex Presidente siempre se vio gobernando a través de su pupilo, Javier Milei. Imagen: Télam

El líder del PRO quiere intervenir el Gobierno de Milei

El plan de toma del poder de Macri

Entiende que la crisis económica y social detonará en marzo, recalentada por el ajuste a las provincias. Busca manejar Hacienda, Interior e Infraestructura con cuadros propios. Reunión clave al regreso del Presidente desde Roma. 

Por Leandro Renou

10 de febrero de 2024

Aún cargando con una de las peores imágenes a nivel público, Mauricio Macri ya tiene decidida una intervención acordada sobre el gobierno de Javier Milei. El ex presidente analiza, según supo Página I12, un escenario de conflicto económico y social que tendrá su cénit en marzo. Si bien bancó y banca el ajuste libertario, considera que semejante contracción del gasto y la actividad “no tiene espaldas políticas para sostenerse”, y que el recorte “vendetta” a las provincias le pone una tensión ya insostenible.

Macri quiere -con aval de sectores de la UCR más PRO y el bloque de Miguel Ángel Pichetto- el control de tres ministerios clave vía cuadros propios, para trata de poner en caja una situación política que ve cerca del desborde. "Esto no es un acuerdo parlamentario, es un acuerdo para gobernar. Si no los apuntalamos, se caen", dijo una fuente cercana al ex presidente, luego de que Milei deslizara, desde Roma, la posibilidad de hacer acuerdos de bloques en el Congreso. 

Para esos fines del desembarco fuerte en el Ejecutivo, Macri ya tiene agendada una reunión con Milei, pautada para cuando el presidente regrese de su gira por Israel y el Vaticano. Cerca del primer mandatario, aseguran que “él a Macri lo escucha”. En este escenario, con la ruptura expuesta de Juntos por el Cambio, sólo quedaron resistiendo el desembarco del macrismo en el Gobierno Elisa Carrió y un sector de los radicales críticos, los de la línea Lousteau, que creen que 60 días alcanzaron para ver que el modelo de Milei no da respuestas, y que la introducción del macrismo enderezaría políticamente, pero no cambiaría el ritmo del ajuste, sino más bien le pondría un paraguas protector. 

La otra resistencia, naturalmente, viene del corazón de la mesa chica de Milei, comandada por su hermana Karina, que observa que aceptar semejante avanzada sería ceder poder e identidad. En pocas palabras, entregar el gobierno. “¿Cómo nos va a manejar un tipo que sacó 20 puntos en la elección y salió tercero?”, se preguntan, con bastante lógica.

Hace unos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, jugó en público con la idea de un gobierno de coalición, algo que predica el propio Pichetto en reuniones privadas con diferentes sectores. A esta altura de la situación, ese voceo coalicional es un eufemismo que se usa para disimular la única opción que ve Macri: tomar por asalto el Gobierno para evitar un estallido. Para Macri, Milei será en breve una anécdota. 

¿Qué tiene en la cabeza el ex presidente?

Fuentes del PRO aseguraron a este diario que Macri viene desde la campaña tratando de administrar la emocionalidad de Milei. También intentó, con el presidente ya electo, armar un gabinete conjunto, pero con lugares de influencia reales. No logró ninguna de las dos cosas, y ahora vuelve por ese objetivo.

Concretamente, el ex presidente buscar tomar el control de tres ministerios clave. La referencia es para Economía, Infraestructura e Interior. En Hacienda, Macri acepta que continúe Luis Caputo, pero con más preponderancia de la línea del ajuste macrista. La decisión tiene que ver con dos cosas: la primera, que no tiene alguien mejor para sugerir en ese cargo; la segunda, que la alternativa que propone Milei es que, en marzo, Federico Sturzenegger -hoy una especie de asesor en desguace de empresas- reemplace a Caputo cuando el ajuste le haga pagar el costo político al ex banquero del JP Morgan y Deustche Bank.

La salida estruendosa de Sturzenegger del Banco Central (BCRA) en la era Macri es la causante de la negación de Mauricio con su ex funcionario. “No lo quiere ni ver”, cuentan. Sturzenegger se fue del BCRA en aquella histórica conferencia de prensa donde Marcos Peña, entonces jefe de gabinete y monje negro del PRO, le intervino políticamente el organismo.

El segundo lugar que Macri busca con insistencia es el Ministerio de Infraestructura. Guillermo Ferraro, el ex ministro, fue despedido, pero aún no formalizó su renuncia y tampoco se puso en los papeles que Caputo se hará cargo de esa cartera. Para ocupar Infraestructura, Macri sugiere a su ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Hoy retirado de la arena política, “Guillo” pasa buena parte de sus días en el Uruguay, pero está dispuesto a volver. Para Macri, Infraestructura es el ministerio de los negocios, y hoy la cartera directamente está en desuso. Lo considera clave y, además, avisa que colocará "bastantes cuadros propios en segundas y terceras líneas". 

El tercer coto de caza del ex presidente es el Ministerio del Interior, donde se mueve hoy Guillermo Francos, a quien el mandatario ya mira con cuidados máximos luego del fracaso de varias gestiones, incluida la de la votación de la Ley Ómnibus y la rebelión de los gobernadores del interior. Macri asegura que los jefes provinciales, sobre los del PRO, son un eje central para sostener la gobernabilidad de Milei. Así, quiere que ese lugar lo ocupe el ex candidato a gobernador, Diego Santilli. El actual diputado es de los PRO que más mileísta se han mostrado, y cuentan que aceptaría ser parte del Ejecutivo.

Con Santilli hay otro asunto. Los que lo conocen afirman que busca despegarse de la posición de su ex jefe, Horacio Rodríguez Larreta, hoy crítico de Milei. Tiene medido que esa postura expone al alcalde a críticas muy duras en redes sociales, y no quiere saber nada con estar en ese lugar. Lo cierto es que Interior es una oficina de mucha inestabilidad y Francos, además de cosechar pocos éxitos, es operado desde dentro y fuera del gobierno. El último episodio, hace horas, era la posibilidad de que Martín Menem pase a Interior, Pichetto ocupe su lugar al frente de Diputados y José Luis Espert quede como presidente de bloque.

Las dificultades del asunto

La aventura colonialista de Macri sobre la gestión de La Libertad Avanza (LLA) se enfrenta a desafíos que no son menores. El primero es que el ex presidente es el personaje con mayor imágen negativa en la política, su fuerza obtuvo 20 puntos en la elección y tiene, además, resistencia dentro y fuera del PRO. 

Para sus intenciones de expandirse sobre los libertarios precisa, primero, recuperar la presidencia del partido que fundó, cosa que no está garantizada y es para Macri una obsesión. 

El segundo escollo es que el mileísmo puro no es tan abierto al macrismo como sí lo es el propio Milei. Karina Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, consideran que ya es suficiente el componente PRO dentro del gobierno. De hecho, fueron los que frenaron la intentona de Macri de poner más cuadros propios, al momento en que se armaba el gabinete. Menem, en tanto, se siente observado por Karina y también decidió jugar fuerte para evitar la proliferación de mensajes del PRO de un co gobierno. El pack de forwards de Milei es, de todos modos, compacto pero endeble ante una situación socio económica que, en sólo dos meses, se puso al límite. 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/711748-el-plan-de-toma-del-poder-de-macri

Rodolfo Barra: "Si hay crisis económica, no habrá Constitución vigente", por "Urgente 2$ del 09-01-24

Rodolfo Barra y Eduardo Rodríguez Chirillo en el plenario de comisiones por Ley Ómnibus.

Foto: NA

LA DEMOCRACIA, LA REPÚBLICA Y LA CONSTITUCIÓN, TE LAS DEBO. LOS LIBERALES MÁS FASCISTAS DEL MUNDO

 

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, defendió en plenario de comisiones la Ley Ómnibus de Javier Milei, con una polémica frase.

09 DE ENERO DE 2024 

Continúa este martes (09/01) el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que trata el proyecto de 'Ley ómnibus' enviada por el Gobierno nacional. El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, fue uno de los funcionarios que asistió para defender este proyecto, y lanzó una frase que está generando polémica: "Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente".

Pero quien establece la gravedad de la crisis? El Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial?

Rodolfo Barra afirmó que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante "una verdadera reforma del Estado" y que "las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis". En este marco, citó a Juan Bautista Alberdi: "Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento (...) si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente, si la crisis nos lleva a extremos que podemos tener".

"No veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades para vencer el atraso", añadió.

"Esta es una verdadera reforma del Estado. Nuestro país está en una situación grave. No hay culpables. La culpa en todo caso es de la estructura que tenemos. Las situaciones de crisis requieren acciones de crisis. Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente", advirtió Barra.

Al hacer uso de la palabra en el plenario de comisiones en Diputados completó: "Las facultades especiales al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio para llevar a cabo ciertas reformas para llevar a cabo ciertas reformas de largas y difíciles". Comenzaron las repercusiones en redes sociales:

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https://urgente24.com/actualidad/rodolfo-barra-si-hay-crisis-economica-no-habra-constitucion-vigente-n566479

Los tramposos, por Luis Bruschtein (para "Página 12" del 21-04-22)

 

Imagen: NA

Por Luis Bruschtein

21 de abril de 2022 

La frustración de Luis Juez por haber quedado fuera de la Magistratura cuando ya se creía dentro, lo llevó a calificar de “trampa” la división del bloque de Senadores del Frente de Todos que lo hizo perder ese lugar. La palabra “trampa” define mejor a toda la política que tuvieron el PRO, los radicales macristas y la Coalición Cívica con relación al Poder Judicial.

El simpatizante de Elisa Carrió, Pepín Rodríguez Simón, está prófugo en Uruguay y será expulsado del Parlasur. El señor Pepín está prófugo porque no quiere responder la imputación de haber hecho trampa en el Poder Judicial. Parte de esa trampa fue justamente aconsejar el nombramiento por decreto de dos de los cuatro jueces que integran actualmente la Corte. Y de haber recomendado al titular de la Corte, Horacio Rosatti, el magistrado que ahora dio el golpe en la Magistratura para favorecer al macrismo.

El macrismo expulsó de la manera más repugnante a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, con chantaje y aprietes. Un periodista de Clarin llegó a publicar el teléfono de una de sus hijas para atemorizarla. Consiguieron hacerle el juicio político al juez Eduardo Freiler con la complicidad de la Corte, que demoró en un trámite al legislador del Frente de Todos, mientras en la Magistratura, el macrismo aprovechaba su mayoría circunstancial y se apuraba a expulsar al juez. Otro periodista de Canal 13 hizo pública la escuela adonde asistían los hijos de Freiler y convocó a los padres de sus compañeritos a repudiarlos.

Pablo Tonelli, el representante del macrismo que presentó la denuncia contra Freiler, había entrado a la Magistratura también haciendo trampa, porque Anabel Fernández Sagasti había renunciado para asumir como senadora y debía reemplazarla alguien de su misma corriente política. No hay duda posible. Pero con manganetas sobre mayorías y minorías, o sea “trampa”, el macrismo metió a Tonelli.

Y junto con Freiler, hicieron saltar a los otros dos integrantes de la sala 1 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah porque rechazaron fallar en contra del empresario Cristóbal López, propietario de C5N. Para coronar la corrupción macrista, ahora se demostró que López era inocente. No les interesaba si era inocente o no. Lo que querían era que la Justicia lo apretara para que vendiera el canal y cerrara uno de los pocos medios audiovisuales crítico del macrismo.

Se cargaron a una sala completa de la Cámara Federal, y la reemplazaron con dos jueces afines designados a dedo, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunales orales que no estaban en posición de saltar a la Cámara Federal y que ahora deberán ser reemplazados por jueces que tengan los antecedentes necesarios, aprueben los exámenes y luego sean designados por la Magistratura.

Al macrismo, --el PRO, los radicales macristas y la Coalición de Carrió-- nunca le interesó la independencia del Poder Judicial, porque la derecha necesita el control del Poder Judicial como parte de su mecanismo de justificación y creación de sentido común.

Cómo queda el Consejo de la Magistratura después del desembarco de Rosatti

Los movimientos populares asignan la buena respuesta a sus propuestas en la sociedad porque en general tienden a beneficiar a las mayorías. Eso para la derecha es populismo o demagogia. Pero básicamente, el discurso de los movimientos populares se asienta en su capacidad de resolver los problemas de las mayorías.

De hecho, tras la derrota en las elecciones de medio término, el Frente de Todos se lanzó a un debate autocrítico sobre la falta de medidas de tipo social de mayor intensidad para atenuar el impacto de la crisis que provocó la pandemia. Mientras el Frente de Todos se metía en esa discusión, desde el macrismo elucubraban los movimientos para avanzar sobre el Poder Judicial que finalmente ejecutó Rosatti.

En el sistema judicial que depende de la Corte Suprema hay cerca de mil jueces. Y en ese universo se han producido cerca de 250 vacantes. Y hay 50 de ellas que están en proceso de ser cubiertas. Pero de esas 50, desde que asumió Alberto Fernández, sólo fueron cubiertos, cinco cargos. En todos los demás fue imposible avanzar por el voto negativo de los representantes macristas en la Magistratura. La política de la derecha ha sido no aprobar jueces en determinados juzgados que consideran estratégicos a jueces que no controlen.

Junto con las corporaciones mediáticas, el macrismo necesita que los procuradores, los jueces y fiscales estén alineados en el dispositivo de convalidación ideológica de sus políticas. Donde el Estado interviene por una quiebra irregular, como en Vicentín, aparece un juez adicto que dice que es autoritarismo. Donde el Estado aplica una ley antimonopólica a una empresa de medios --donde el monopolio es muchísimo más tóxico que en otras actividades económicas--, aparecen jueces y hasta la Corte para decir que es censura dictatorial. Donde el Estado aplica políticas de distribución de la riqueza, aparece un juez para denunciar “corrupción”, como en el Plan Qunita o “confiscación”, como con cualquier ley que proponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas.

De esta forma, el macrismo busca utilizar al Poder Judicial como la validación de una figura simbólica en la que distribución de la riqueza es igual a corrupción. Y lograr que cada vez que se hable de distribución, surja la sombra ominosa de la corrupción. Y al revés: que la sociedad crea que todos los que están contra la distribución de la riqueza están en contra de la corrupción. Un triste lugar para los funcionarios judiciales que aceptan jugar ese papel.

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https://www.pagina12.com.ar/416583-los-tramposos

GAMBITO DE DAMA, por Melisa Molina (para "Página 12" del 21-04-22)

Cristina Kirchner y Sergio Massa designaron consejeros con críticas a la Corte

CFK y Massa nombraron a los representantes del Congreso para la Magistratura. Doñate, del FdT, es el senador elegido y la radical Reyes la diputada. La división del bloque en el Senado, diagramada por Cristina Kirchner con el respaldo de todo el oficialismo, empañó la jugada de Rosatti y desconcertó a la oposición, que insiste en judicializar. El Frente de Todos de Diputados también se reservó ese derecho

Designación de consejeros 

Avance de la Corte sobre la Magistratura: Cristina Kirchner y Sergio Massa desconcertaron a Rosatti y la oposición

Los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura son el senador Martín Doñate (FdT) y la diputada Roxana Reyes (UCR). La maniobra frenó el avance de la Corte y JxC sobre el organismo.

Por Melisa Molina

21 de abril de 2022

Vicepresidenta Cristina Kirchner y titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa.. Imagen: NA

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de Diputados, Sergio Massa, finalmente nombraron a los representantes de ambas Cámaras para el Consejo de la Magistratura y, de ese modo, cumplieron con la resolución de la Corte Suprema de Justicia pero anulando, en parte, el diseño que habían planificado los supremos en connivencia con Juntos por el Cambio. Massa designó a la diputada de la UCR Roxana Reyes, tal como pidió la oposición, pero Cristina Kirchner, nombró al senador del flamante bloque Unidad Ciudadana, Martín Doñate, en lugar del senador del PRO, Luis Juez. 

Esa jugada fue posible gracias al movimiento táctico que el Frente de Todos en el Senado llevó a cabo el miércoles por la noche, que consistió en dividir el bloque en dos como estrategia para que el oficialismo tenga la tercera minoría y de ese modo poder nombrar un consejero propio y no al macrista. La idea del Frente de Todos con este movimiento es neutralizar el ataque al gobierno, cumplir con el fallo de la Corte sin resignar a los dos consejeros y poder debatir en Diputados la nueva ley para que salga en el corto plazo, aunque sea con modificaciones del texto que fue aprobado en el Senado. Rosatti no definió por ahora cuando le tomará el juramento a los dos consejeros parlamentarios.

Juntos por el Cambio quier judicializar el conflicto

Los miembros de Juntos por el Cambio amanecieron este miércoles amenazando con denunciar penalmente tanto a Cristina Kirchner como a Massa si no avanzaban con la designación de los representantes políticos para el Consejo de la Magistratura que ellos pretendían. Sin embargo, una vez que Massa y CFK designaron a los consejeros y publicaron el escrito con las firmas de ambos --que incluyó fuertes críticas al accionar de la Corte, en el que dijeron que los designaban "con el fin de evitar un desequilibrio completamente irregular entre los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, y agrave aún más la situación institucional"-- Juntos por el Cambio siguió con los reclamos y las amenazas de ir a la Justicia. Hasta dijeron que se trataba de un "fraude". 

Además, pidieron al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que "se abstenga de tomarle juramento a la representación que no corresponde" para poder impugnar la designación de Doñate. El presidente de la Corte solo juramentó a las consejeras representantes de la magistratura, la abogacía y el ámbito académico y científico: las doctoras Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez. En la Corte afirman que solo se tomó juramento a ellas porque los legisladores no estaban en la acordada para tal efecto.

Germán Martínez abre el paraguas

En ese contexto, el presidente del bloque de diputados oficialista, Germán Martínez, dijo que no estaba de acuerdo con la resolución firmada por Massa en la que designaba a Reyes, porque el bloque parlamentario con mayor cantidad de integrantes, el FdT, iba a quedar con un solo consejero cuando le corresponderían dos y JxC con dos, cuando le correspondería uno. "Voy a analizar la posibilidad de realizar una impugnación a dicha resolución y me reservo la posibilidad también de que si los hechos lo ameritan poder hacer la denuncia en sede judicial", indicó Martínez. 

Esta postura del bloque oficialista en Diputados ya había sido fijada el martes por la noche en la carta que Martínez le envió a Massa pidiendo que "se abstenga de realizar los nombramientos". Fuentes del oficialismo comentaron a este diario que "si impugnan a Doñate, nosotros impugnamos a Reyes". Voceros del bloque aseguraron sobre la definición de Martínez que "Massa es Presidente de la Cámara y tiene un rol institucional que cuidar, pero nosotros tenemos que defender los intereses del bloque".

Alberto Fernández con Sergio Massa

El presidente Alberto Fernández, que no estuvo en toda la jornada en la Casa de Gobierno, conversó la tarde del martes y el miércoles por la mañana con Massa y llegaron a la conclusión de que las designaciones, que más tarde CFK y él realizaron en el Congreso, "eran la manera de mantener una representación adecuada de los estamentos y calmar las aguas para poder avanzar con el tratamiento de la ley" que ya tiene media sanción del Senado. Fernández no habló del tema con la vicepresidenta, pero según contaron a este diario desde Casa Rosada, el diálogo fue entre el senador José Mayans, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. 

Si bien se puede entender que después de meses de trabas en las relaciones internas, en esta ocasión el oficialismo actuó en conjunto para impedir el atropello de la Corte sobre el órgano que designa y remueve jueces, desde el entorno de la vicepresidenta aseguran que con Massa se pusieron de acuerdo para el documento de la designación que incluyó críticas a la Corte, pero no intercedieron en las definiciones de cada cámara. "Cristina no se hace cargo de la designación de Reyes y tampoco le consultó a Massa la de Doñate", explicaron.

El Gobierno cierra filas con la división del bloque de senadores

La mañana del miércoles el jefe de Gabinete, en tanto, había defendido públicamente la definición del Senado de dividir el bloque y aseguró que “la decisión que tomó nuestro bloque del Frente de Todos en el Senado está dentro de los parámetros legales. Esto tiene que ver con la decisión del máximo tribunal de la justicia de proponer y avanzar en un fallo con el cual no estamos de acuerdo. Por eso es correcta la decisión de nuestro bloque, de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado”.

Los nuevos bloques oficialistas en el Senado, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana quedaron liderados por Mayans y Juliana Di Tullio, respectivamente. El segundo está compuesto por la mayoría de los senadores más cercanos a la vicepresidenta, y el primero por aquellos que responden a los gobernadores. La excepción es que tanto el senador Mariano Recalde y la senadora María Inés Pilatti Vergara --que responden a CFK-- quedaron en el Frente Nacional y Popular porque ellos ya forman parte del Consejo de la Magistratura y si estaban en UC no iban a poder designar a Doñate. 

Ese orden minucioso de todas las piezas que se corroboró este miércoles, cuando ingresaron de forma oficial a la mesa de entrada del Senado todos los documentos, demuestra que la división del bloque no es por un conflicto interno, sino una táctica fríamente calculada por parte de la conducción del Senado, a manos de Cristina Fernández de Kirchner.

El Diputado oficialista Marcelo Casaretto, opinó que el desafío de aquí en adelante es "tratar una nueva ley en el Congreso". "Massa tendría que convocar a sesión para tratar este tema. El fallo ahora se ejecuta, pero si la semana que viene sale la ley todo cambia", explicó.

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https://www.pagina12.com.ar/416628-avance-de-la-corte-sobre-la-magistratura-cristina-kirchner-y

ANÍBAL LE PEGA A LA CORTE

Artículo 19 CN. Nadie está obligado hacer lo que la ley no manda. Las sentencias de la CSJN pueden dejar sin efecto una ley, pero no pueden ordenar a las autoridades del Congreso a cumplir con una ley cuya derogación la hizo desaparecer del mundo jurídico. https://t.co/PTAMEbtqoq

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 19, 2022

 

Movida inesperada por el Consejo de la Magistratura, por Melisa Molina (para "Página 12" del 20-04-22)

 Mueve la Dama

El Frente de Todos se divide en el Senado para frenar el avance de la Corte y Juntos por el Cambio

El Frente de Todos tomó dos medidas para enfrentar la ofensiva de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura. Por un lado, se dividió en dos bloques en el Senado para frenar la designación de Juez. Por el otro, Martínez pidió en Diputados no designar por ahora representantes.

Por Melisa Molina

20 de abril de 2022 

La Corte Suprema hizo su movimiento al derogar la ley que definía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e imponer la vieja norma de 1997 que le permitía al presidente de los supremos conducir el órgano que designa y desplaza jueces. Una maniobra apoyada y festejada por Juntos por el Cambio. No es para menos, los representantes del law fare en los tribunales no tendrán inconvenientes. El Frente de Todos no pudo cambiar la ley antes de que venciera el plazo impuesto por los supremos y hasta anoche parecía que no tendrían más remedio que acatar el fallo de la Corte. Sin embargo, se produjeron dos movimientos que si bien no modifican la decisión de los supremos, bien podría frenar la toma del Consejo de la Magistratura (CdM). El movimiento del oficialismo es táctico. Por un lado, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, le pidió al titular de la Cámara baja, Sergio Massa que no designe consejeros hasta tanto se defina de manera correcta las minorías que deben representarse en el CdM. Cerca de la medianoche del martes, llegó el segundo movimiento que se produjo en el Senado. El Frente de Todos se dividió en dos bloques, el Frente Nacional y Popular que conducirá José Mayans y el de Unidad Ciudadana, con Juliana Di Tullio a la cabeza. De esta manera le quitan al PRO del Senado la condición de segunda minoría dejando al cordobés Luis Juez sin la poltrona a la que aspiraba. Es posible que algo similar ocurra en Diputados.

Durante todo el martes los representantes de Juntos por el Cambio insistieron con la imperiosa necesidad de designar a los representantes que faltan del Congreso para el Consejo de la Magistratura, según marca la vieja constitución del organismo con 20 miembros. Los opositores llegaron a amenazar al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner con denunciarlos penalmente si no nombraban a los dos representantes legislativos. Para los opositores esos deben ser Roxana Reyes de la UCR por Diputados y Luis Juez del PRO por senadores.

Mientras los representantes de JxC hacían sus reclamos, entre los representantes del oficialismo las reuniones se sucedían sin solución de continuidad. Según trascendió, una primera decisión se tomó durante la tarde cuando Martínez, en su condición de jefe de bloque de los diputados del FdT, le pidió a Massa por escrito que se "abstenga de avanzar en nuevas designaciones hasta que quede absolutamente claro el criterio de definición lo que se considera 'el bloque con mayor representación legislativa', 'la primera minoría' y la 'segunda minoría'". Martínez, además de ser el reemplazante de Máximo Kirchner en la presidencia del bloque, es un hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.

El pedido de Martínez no era extraño ni mucho menos una maniobra apresurada. La discusión de las minorías tiene que ver con la cantidad de integrantes que tiene cada bloque. La representación ante el CdM es por bloque y no por interbloques como es el caso de Juntos por el Cambio. Y allí reside el pedido de Martínez que pide determinar si el radicalismo, que propone a la diputada Reyes como representante ante el Consejo es realmente la representante de la segunda minoría.

Fuentes del oficialismo indicaron a este diario que "Mario Negri pide, como UCR, que designen a Reyes, pero no puede cobrar como primera minoría en 2018 y como segunda minoría en 2022". En esa línea, cuestionaron que Negri negocia las comisiones como interbloque y pide cargos en el Consejo de la Magistratura como bloque. "Hay que empezar a definir. ¿Qué son? ¿son un bloque? bueno, entonces son un bloque para el Consejo de la Magistratura y para el armado de las comisiones. Si no estamos en un problema porque cambian de acuerdo a la conveniencia", afirman en Diputados. Desde el oficialismo no quieren que la oposición comenta "tropelías parlamentarias", y aclaran que "si vamos a jugar con argumentos, juguemos con argumentos coherentes".

Lo mismo ocurre con Juez en el Senado, donde el PRO tiene 9 senadores y fue elegido por el interbloque de JxC que integra con radicales y representantes de partidos provinciales. Ante esta situación es que los senadores del FdT hicieron el segundo movimiento al dividir la bancada que dirige Mayans y, por lo tanto, se ganaría un puesto en la pelea por la poltrona que le corresponde a la Cámara alta desplazando al verborrágico Juez.

Ayer por la tarde, después de la reunión plenaria de comisiones que analiza el proyecto de recuperación de bienes fugados para el pago de la deuda con el FMI hubo una reunión en el despacho de Mayans. Allí se decidió la "división" del bloque que no significa "ruptura" sino un movimiento táctico para detener la avanzada de JxC en connivencia con la Corte en el Consejo de la Magistratura. Los dos bloques funcionarán como interbloque con la continuidad de Mayans al frente. Hoy miércoles se realizará la presentación formal de las notas que anoche circulaban por las redes sociales. La vicepresidenta Cristina Kirchner deberá aceptar la conformación de estos nuevos bloques. "No se hagan los rulos, seguimos unidos", confió a este diario un integrante del todavía Frente de Todos.

La incógnita es, en caso de que se decida avanzar en el nombramiento, quién ocuparía el cargo de cuatro integrantes para ingresar al Consejo de la Magistratura ya que el espacio mayoritario de la Cámara en la actualidad es el Frente de Todos y tiene una representante en el CdM, que es Vanesa Siley; el segundo espacio político más importante, Juntos por el Cambio, tiene al suyo que es Pablo Tonelli; el tercero, el Interbloque Federal, está representado por Graciela Camaño. Negri, asegura que ese puesto le corresponde a la UCR, pero desde el bloque oficialista se oponen. 

La diputada Siley ya había puesto esto en duda, cuando en diálogo con Am 750 dijo que lo del cuarto consejero "no es para nada una discusión saldada". En tanto, en Casa Rosada, sin embargo, aclararon en diálogo con Página/12 que "estamos en desacuerdo con lo que hizo la Corte. No nos gusta, pero es un tema del parlamento". Fuentes cercanas al Presidente, entre ellos ministros de su confianza, aseguraron a este diario que el mandatario "sigue el tema de cerca", que por ahora no se va a expresar al respecto y que "es un conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte".

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https://www.pagina12.com.ar/416331-movida-inesperada-por-el-consejo-de-la-magistratura

Avanzada de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura: el Gobierno no descarta el juicio político, por "Página 12" del 19-04-22

Juan Martín Mena, viceministro de Justicia de la Nación.. Imagen: Télam

Declaraciones del viceministro Juan Martín Mena

El viceministro de Justicia afirmó que la resolución dictada por la Corte Suprema fue “un movimiento político para condicionar a los otros dos poderes" del Estado. "Hay claramente una causal de mal desempeño, por lo que no descarto un juicio político", afirmó y adelantó que el gobierno va a avanzar "con una reforma judicial profunda".

19 de abril de 2022

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, endureció hoy la postura del Gobierno nacional en medio de la tensión con la Corte Suprema por la composición del Consejo de la Magistratura, a la que tildó de "descalabro" y no descartó que el gobierno nacional lleve a un jucio político a los integrantes del máximo tribunal.

"Es inédito y es lo que causa un gravamen en términos democráticos y de respeto de la instituciones", se quejó. En el mismo sentido, el funcionario manifestó: "Lo que no registra antecedente es la decisión que toma de seguido la Corte de recuperar la vigencia de una ley derogada. No ocurrió nunca y eso es lo que le da la gravedad. Son pequeños pasos que degradan el sistema democrático".

Agregó en diálogo con La990: "No descarto un juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso". 

Asimismo el funcionario aseguró que el Gobierno nacional va a “avanzar” con una reforma del sistema judicial “profunda”.

Mena también calificó como una decisión “100 por ciento política” a la resolución dictada ayer de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Consejo de la Magistratura comience a funcionar con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

“Nunca había ocurrido algo así en nuestro sistema jurídico. La Corte se está arrogando facultades que son del legislativo”, afirmó Mena y adelantó: “Vamos a avanzar con una reforma judicial profunda”.

Ayer, la Corte Suprema -con la firma de tres de sus miembros- dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar "de manera inmediata" con la presidencia de Rosatti.

“La Corte se tomó seis años para analizar 20 artículos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura” y ahora “estamos cediendo calidad democrática con esta maniobra de la Corte y no podemos permitirlo”, indicó Mena en declaraciones de esta mañana al programa Crónica Anunciada, por Futurock FM.

Además, subrayó que “la Corte tomó una decisión cien por ciento y exclusivamente política”, y resaltó que “hasta (Ricardo) Lorenzetti votó en disidencia y les dijo a los magistrados que estaban yendo más allá”.

En ese sentido, añadió: “Quién no ve en el fallo de la Corte un movimiento político para condicionar a los otros dos poderes del Estado, no está queriendo ver lo que pasa en nuestro país”.

Respecto a la actitud adoptada por los sectores de la oposición, Mena manifestó que “por la mezquindad de sacar una ventajita en contra del Gobierno, los senadores y diputados están cercenando sus facultades”.

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EL YENERAL ROSATTI, por Irina Hauser (para "Página 12" del 19-04-22)

Una Corte de las "Banana Republics"

El Gobierno lo calificó de golpe institucional

La Corte puso a su presidente a conducir a la Magistratura

Con votos de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, el máximo tribunal repuso la vieja composición y obliga al Congreso a enviar sus representantes. Fuertes críticas del oficialismo que lo consideró un “asalto a las instituciones” y un “ataque al Congreso de la Nación”. Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni "ameritaría la remoción por juicio político".

Por Irina Hauser

19 de abril de 2022

Con un apuro y preocupación que no tuvo en revisar las prisiones preventivas masivas del macrismo, las causas armadas y los casos de violaciones a los derechos humanos (en especial si incluye al poder económico), la Corte Suprema puso a su presidente, Horacio Rosatti, a conducir el Consejo de la Magistratura y anunció que el organismo deberá comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, propia de una ley de 1997 que fue derogada, y pese a que no están designados todos los miembros para completarla. 

El tribunal firmó una resolución que ratifica su decisión de diciembre último de declarar inconstitucional la conformación que el organismo tenía desde hace 15 años porque se venció el plazo de 120 días que había establecido para que el Congreso sancionara una nueva ley. Fue un acto de intromisión sin precedentes sobre otro poder y casi una burla teniendo en cuenta que el propio tribunal tuvo el expediente cajoneado durante seis años. 

También declaró nulo todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había ordenado que las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de nombrar dos consejeros/as por la segunda minoría y lo denunciaron ante el propio Consejo, presidido por Rosatti. El combo de resoluciones consolida una crisis institucional. 

El fallo supremo de diciembre decía que si para el 15 de abril el Congreso no aprobaba una nueva ley que dotara de "equilibrio" al Consejo --que según la Corte tenía una sobre representación política-- entonces entraría en vigencia la vieja estructura de 20 integrantes, que incluía al presidente supremo como titular del organismo (de lo contrario los actos serían nulos). Como él ya se nombró a sí mismo, haría falta nombrar seis consejeros/as más. 

La Corte también cambia el quorum

La decisión firmada este lunes busca dejar en claro el desembarco de Rosatti en el cuerpo que elige y sanciona jueces además de manejar el presupuesto judicial, pero hace una llamativa rectificación o corrección de su propio fallo. En diciembre, la Corte dijo que "los nuevos miembros" iniciarían su mandato "de manera conjunta y simultánea". Eso no es posible porque no hay representantes legislativos designados. Entonces, señaló, se les tomará juramento a quienes estén designados y el Consejo, dicen los supremos, podrá sesionar con un quórum de 12 integrantes. 

La abogada Graciana Peñafort advirtió que "la Corte no sólo se puso a legislar cuando restableció una ley derogada sino que vuelve a hacerlo modificando el quórum de aquella norma que era de 13 consejeros". 

Esta es la explicación que da la Corte sobre por qué cambió: "La asunción conjunta y simultánea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley, y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar —eventualmente y en ese ínterin— un nuevo desequilibrio en su composición. Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional". Bajo esa óptica, se conformará un Consejo con un desequilibrio de arranque, sólo porque se vencía el plazo. 

"Corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada", afirma la resolución firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó, en teoría y según explicaciones cortesanas, porque está de licencia. Lorenzetti planteó una fuerte discrepancia en la sentencia de diciembre: si bien estuvo de acuerdo con la necesidad de una nueva ley, objetó la reposición de otra derogada y el plazo al Congreso. En la teoría de este juez, bastaba con la exhortación y lo demás era extralimitarse. 

Tiempos y enigmas 

El titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, hizo un llamado público al tribunal para que diera noventa días más y que se pueda consensuar una nueva ley. Pero los supremos hicieron oídos sordos. En cambio optaron por hacerse eco de los pataleos del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, autor original del planteo de inconstitucionalidad, que pidió la nulidad de lo decidido por el juez de Paraná ante un planteo del diputado del oficialismo Marcelo Casaretto y, en buena medida también recogieron el espíritu de las quejas del diputado radical Mario Negri --que alcanzó a presentar un per saltum-- que presiona con perseverancia para que entren legisladores propios al Consejo. 

Según la ley reestablecida, debe haber un representante por la segunda minoría de cada una de las cámaras. ¿A qué fuerza le toca? Para Juntos por el Cambio es un asunto sin discusión: piden a Roxana Reyes por Diputados y a Luis Juez por el Senado. "No es para nada una discusión saldada", advirtió la diputada y consejera Vanesa Siley en diálogo con la AM750. 

Siley sostuvo que resolución de la Corte de este martes "es un fallo sobre un fallo, que para colmo se contradice". "Primero dijeron que los nuevos miembros debían asumir en forma conjunta y simultánea, ahora dicen que era así pero no tanto. Selectivamente la Corte dice cuándo puede funcionar el Consejo. Es una aberración jurídica atrás de otra, incumpliendo la Constitución, es insólito", remarcó. 

A las nuevas consejeras ya elegidas, la Corte anunció que les tomará juramento. Aunque no definió el día, dan a entender que será pronto. Cuando esto suceda, se convertirán en consejeras las abogadas María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora; Jimena de la Torre, una exfuncionaria clave de la AFIP macrista que en los últimos días ofició como una especie de portavoz de la presidencia suprema ya que anunciaba lo que estaba por suceder; la jueza Agustina Díaz Cordero, quien también trabajó en el gobierno de Cambiemos cerca de Germán Garavano; y Pamela Tolosa, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Sur. 

El enigma es qué harán los consejeros y consejeras históricos cuando Rosatti llame al juramento y al plenario. ¿Aceptarán sesionar sin el cuerpo en pleno y con un quórum inventado? El organismo firmó la semana pasada un reglamento de emergencia en el que delegó a su presidente saliente, Alberto Lugones, facultades administrativas, de modo de poder pagar sueldos, contratos, alquileres y cuestiones de ese tenor. Pero es difícil pensar que este Consejo que se perfila como una especie de Frankenstein pueda trabajar en la votación de ternas de jueces y juezas y en procesos disciplinarios. En este punto, si la parálisis continúa, la oposición habrá logrado parte de su objetivo: lo que quiere es asegurarse a futuro poder controlar los nombramientos y la caja, en sociedad con la familia judicial. 

Juez denunciado

El juez Alonso había dictado una medida precautelar que dejaba en suspenso la designación de legisladores/as para el Consejo mientras esperaba informes de ambas cámaras del Congreso. La Corte fue durísima con él. Dijo que "actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal". Le atribuyó "notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes" de la propia Corte. Anuló toda su actuación y lo denunció ante el Consejo mismo. 

Ante este escenario Juntos por el Cambio se subió a la ola y anunció que hará una conferencia para reclamar públicamente a Cristina Kirchner y a Sergio Massa las designaciones de consejeros parlamentarios, que atribuyen a su fuerza. En esta tónica parecen mucho más enfocados en querer conquistar lugares en el Consejo de Rosatti que en buscar consensos para una nueva ley. La que tuvo media sanción en el Senado, basada en el proyecto del Poder Ejecutivo, prevé un cuerpo de 17 miembros pero excluye a la Corte Suprema, el gran punto de discordia. 

Críticas y alertas

Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni todo lo sucedido "es preocupante, refleja un deterioro institucional grave, no sólo de la democracia sino de la república". A su entender todo lo que decidió el tribunal "afecta la independencia interna del Poder Judicial, le están diciendo al Poder Judicial que se debe alinear". "Ameritaría la remoción (de los supremos) por juicio político", dijo en la noche del lunes en C5N. 

Por la mañana, el ministro de Justicia, Martín Soria, había dicho que la decisión suprema "causa un profundo deterioro en términos jurídicos y democráticos". "No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional (...). Están haciendo política en lugar de hacer justicia”, subrayó. Su viceministro, Juan Martín Mena, se refirió a las posibilidades de una nueva ley: “Vamos a lograr los votos, vamos a negociar en el seno del Congreso, no podemos permitir que la Corte legisle". Sumó otra objeción: "Las resoluciones del Consejo de la Magistratura tienen un solo mecanismo de revisión de control que es la Corte Suprema. No se puede estar de los dos lados del mostrador", precisó una de las razones por las que la ley había sido modificada en 2006, y el presidente supremo quedó afuera del cuerpo.

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La Corte consumó su golpe: Rosatti asumió al frente del Consejo de la Magistratura, por "Página 12" del 18-04-22

 

Ordenó que se tome juramento a los nuevos miembros

El autovotado presidente del máximo tribunal quedó finalmente al frente del cuerpo que designa y remueve a los jueces. Se valió para ello de un fallo firmado por él mismo y los otros cortesanos. La Corte dejó sin efecto resoluciones de tribunales inferiores que impedían la avanzada. El bloque de diputados del Frente de Todos denunció la "gravedad institucional" del hecho.

18 de abril de 2022 

"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostiene la resolución de la Corte Suprema. 

Así, en tiempo récord el máximo tribunal, movió las piezas para que Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, asuma al frente del Consejo de la Magistratura, desoyendo las críticas a esa posibilidad por ser considerada una maniobra anticonstitucional.

La resolución de la Corte Suprema fue firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti se encuentra fuera del país.

Más temprano, la Corte había pedido al juzgado federal de Paraná que le remitiera el expediente que había otorgado la cautelar que frenó la designación de integrantes del Congreso en el Consejo.

De este modo, la Corte Suprema señaló que avanzará con la jura de los nuevos integrantes. 

En ese sentido, respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".

En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que "resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional".

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Martín Soria: “La Corte aceptó un golpe institucional, se apropiaron de facultades del Congreso”, por "Página 12" del 18-04-22

 El ministro de Justicia apuntó a Horacio Rosatti

Por AM750, el ministro de Justicia, Martín Soria, denunció la avanzada de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Criticó a Rosatti y afirmó que el máximo tribunal "se apropió de facultades exclusivas del Congreso".

18 de abril de 2022 

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó a la Corte Suprema por la avanzada sobre el Consejo de la Magistratura y aseguró que el máximo tribunal “aceptó un golpe institucional”. “Se apropiaron de facultades exclusivas del Congreso”, sintetizó en diálogo con Víctor Hugo Morales, por AM750.

Soria sostuvo que la intervención del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el Consejo de la Magistratura, “es una situación inédita”. “El juez de la Corte Suprema designada por decreto por Macri, que se autovotó para ser presidente en 2021, acaba de aceptar un golpe institucional”.

Soria lamentó que además el fallo de la Corte, que meses atrás ordenó una reforma del Consejo de la Magistratura, para la que se puso un breve plazo de cuatro meses. “Revivieron una ley que fue derogada en 2006, que además en 2014 la misma Corte había expresado lo contrario a lo que dice ahora”, indicó.

Grupo Octubre · El Ministro De Justicia, Martín Soria

El ministro de Justicia habló de una “jugada política de la Corte”, que “nada tiene que ver con la obligación y el deber al que están llamados los jueces”.

Además, Soria cruzó a la oposición y los medios de comunicación que se “abroquelan” celebrando la intervención de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura.

“Por encima de la Corte Suprema no hay nadie, el único poder del Estado que puede sancionar leyes es el Congreso, mucho menos lo puede hacer un juez de la Corte designado por decreto por Macri”, se indignó Soria.

Además, recordó las declaraciones de Cristina Kirchner, cuando tiempo atrás indicó que ahora “los golpes de Estado no se hacen en un cuartel”. “Ahora se hacen con jueces que son capaces de cualquier cosa, lo vimos durante cuatro años del gobierno de Macri”, afirmó Soria.

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Fuertes críticas al avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura: "Están quemando la Constitución Nacional", por "Página 12" del 18-04-22

 

Desde sectores legislativos y judiciales

Funcionarios y legisladores junto a abogados y miembros del Poder Judicial cuestionaron la asunción en el Consejo de Horacio Rosatti: lo acusaron de perpetrar un "asalto" a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso, al recordar que "la Justicia no debe legislar".

18 de abril de 2022 

Funcionarios y legisladores junto a abogados y miembros del Poder Judicial rechazaron con duros cuestionamientos la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como nuevo titular del Consejo de la Magistratura.

Lo acusaron de perpetrar un "asalto" a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso de la Nación, al recordar que "la Justicia no debe legislar".

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un "golpe institucional" con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que "no están salvando la República", sino "protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices".

En el mismo sentido se expresó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es "absolutamente anormal e ilegal", porque "no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales" advirtió en declaraciones radiales.

"En términos legislativos, el fallo de la Corte es contra el Congreso, es muy interesante cómo los legisladores aceptan alegremente que otro poder del Estado cercene sus facultades y se las secuestre", argumentó el viceministro.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como "un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo" que "pone en peligro el Estado de Derecho" ya que -reiteró- "la Justicia no debe legislar".

Desde el Poder Judicial también surgieron críticas, como las del presidente saliente del Consejo de la Magistratura, el camarista Alberto Lugones, y el juez Juan Ramos Padilla.

"Rosatti no podría asumir sin incumplir el fallo que él mismo dictó", planteó Lugones, camarista y docente de Derecho Constitucional, en declaraciones a AM750.

En ese sentido, detalló que el fallo de la propia Corte sobre la Magistratura es "contundente" porque especifica que el titular del máximo tribunal va a poder asumir "recién cuando se integren los demás miembros hasta llegar a los veinte de la ley derogada".

"Hay gente muy apurada porque asuma Rosatti", alertó Lugones.

Por su parte, Juan Ramos Padilla calificó el hecho como "un golpe de Estado institucional" y afirmó que la Corte Suprema "se está arrogando facultades legislativas al dictar un fallo contrario a la Constitución".

Además, el magistrado se mostró partidario de que el Ejecutivo dicte "un decreto de necesidad y urgencia estableciendo un Administrador General para el Consejo de la Magistratura y desconociendo toda decisión que pueda tomar el Consejo hasta tanto haya una ley que lo regule".

"Esto –continuó Ramos Padilla- se debe asumir como un conflicto de poderes y, al no haber ley que regule el Consejo, no hay Consejo".

En ese sentido, el juez agregó que las decisiones "que tome un Consejo de la Magistratura que no es tal" no deberían ser acatadas ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo.

Además, Ramos Padilla adelantó que está promoviendo una nueva manifestación frente al Palacio de Justicia para el 24 de mayo.

Desde el Congreso, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, alertó que con sus decisiones de hoy la Corte "está quemando la Constitución Nacional", y equiparó la situación con "un golpe institucional".

"Las papas no están quemando sino que la Corte está quemando la Constitución nacional. Quiere aplicar una ley que derogó el Congreso y, aunque sea 'suprema', eso no la vuelve legislador", argumentó la letrada al insistir con el principio de que el Poder Judicial no tiene funciones legislativas.

En ese marco, Peñafort explicó que la Corte no puede dictar este fallo "porque no se puede ser juez y parte" y sostuvo que se trata de "un desquicio de competencias y funciones".

En sintonía con esos planteos, los diputados y senadores del Frente de Todos encuadraron la acción de la Corte como "un asalto al estilo Rambo", según palabras del neuquino Oscar Parrilli, y coincidieron en que el máximo tribunal está protagonizando "un golpe institucional".

Según Parrilli, la Corte está "asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo", y luego adjudicó la intervención por parte del máximo tribunal a "una maniobra de (Mauricio) Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene".

También el jefe del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, describió el episodio como "un escenario de gravedad institucional".

"Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional", insistió Martínez.

En la misma línea, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió a los miembros de la Cámara baja y del Senado que integran el Consejo de la Magistratura no convalidar el "desembarco" del presidente de la Corte, a quien atribuyó "desesperación y ambición de poder".

"La ley (para reformar el Consejo) está en tratamiento. En el Senado ya consiguió media sanción, ahora tenemos que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos este desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura sin ninguna ley que lo respalde", convocó Casaretto.

Anoche, la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se había referido al tema desde sus redes sociales, donde planteó sus críticas a la "casta de la que nadie habla", por la escasa cobertura que tuvo el domingo la acción de la Corte y haciéndose eco del tuit de un periodista que recordaba que Rosatti asumiría hoy "gracias a un fallo dictado por él mismo".

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