La última semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, que impondrá medidas para aumentar el control sobre las plataformas digitales y que sus directivos deberán asumir responsabilidades por los delitos de manipulación de algoritmos y la difusión de contenido opuesto a lo estipulado por el Código Penal. Su gobierno, agregó, implementará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita detectar las "huellas de odio y polarización" que se transmiten a través de las redes. Las agencias oficiales españolas difundieron que “en 2025 se detectaron casi 900 mil cadenas de mensajes de odio".
En la misma semana que Sánchez se refirió a la necesidad de afirmar la soberanía digital frente a los grandes señores tecno-feudales, la Fiscalía General de París habilitó a la Unidad de Delitos Informáticos de la policía francesa y a la Agencia de Seguridad Europea (Europol) a llevar a cabo un allanamiento de las oficinas de la red social X, en el marco de una investigación iniciada en 2025 referida a las maniobras de la empresa de Elon Musk para tergiversar algoritmos, favorecer contenidos, promover contenidos negacionistas, sembrar versiones conspiracionistas, habilitar discursos de odio y permitir la representación sexualizada de menores de edad. En el marco de dicha pesquisa, la fiscalía ha convocado a Elon Musk y a la CEO de su empresa X, Linda Yaccarino, a testificar el próximo 20 de abril en relación con las siguientes imputaciones: (a) administración de una plataforma ilícita;
(b) falsificación del sistema automatizado de procesamiento de datos; y
(c) complicidad en la difusión de imágenes de menores con carácter pornográfico.
Las declaraciones de Sánchez y los allanamientos en París se suman a las investigaciones que lleva a cabo la Unión Europea "por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de Grok (la IA de X). En diciembre de 2025, Bruselas multó a Elon Musk en 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia, difundir “diseño engañoso”, falsificar marcas de verificación de identidad (azul), adulterar las fuentes para evitar la transparencia e impedirle –a la justicia– el acceso a los datos. En agosto de 2024, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo de Brasil, ordenó el cierre de la red social de Musk ante la negativa de nombrar representante legal en su país. El magnate sudafricano comprendió rápidamente el mensaje y decidió aceptar las exigencias del magistrado.
Todas estas escaramuzas normativas ocultan una conflictividad estructural ligada a la búsqueda desesperada de los Estados Unidos por conservar porciones de su hegemonía global, reindustrializarse y limitar (o suprimir) las soberanías de terceros países. Para lograr esos objetivos, el trumpismo impone lo que Franco "Bifo" Berardi denomina el brutalismo supremacista libertario-capitalista, orientado a intervenir de forma salvaje en tres esferas de la realidad geopolítica: la territorial (el Hemisferio Occidental), la energética (Venezuela e Irán) y la económico-financiera (primacía del dólar, autoridad sobre las criptomonedas y la reducción de la deuda y los déficits). Los tres espacios están atravesados por las tecnologías del ciberespacio y requieren el acceso a cadenas de suministro críticas que incluyen las tierras raras y minerales críticos.
No hay conectividad sin microprocesadores. Y no es posible fabricar celulares, computadoras y baterías sin dichos minerales. Tampoco es viable entrenar a la Inteligencia Artificial (IA) sin trillones de datos. Y esos flujos dependen del material provisto por los miles de millones que, a diario, interactúan con los dispositivos conectados a Wifi, al GPS y al Bluetooth. Elon Musk y el resto de los tecno-billonarios necesitan suprimir las soberanías estatales para monetizar –sin regulaciones– las interacciones que se dan en sus plataformas. Y Donald Trump requiere beneficiar a esos magnates para financiar su reindustrialización. De ahí que toda regulación –sea española, francesa, australiana o brasileña– lesione sus prerrogativas.
El Proyecto 2025, que guía la política de Washington, exige la supremacía tecnológica basada en el liderazgo en la computación cuántica, la hegemonía de sus empresas de IA y el control –a partir de ellas– de la expansión de las empresas tecnológicas estadounidenses. Esa doctrina incorpora, además, al ciberespacio como el quinto ámbito de guerra, junto a la tierra, el mar, el aire y el espacio. Esta conceptualización fue presentada por primera vez en 2011, por el entonces secretario de Defensa, Robert Gates. Las armas de esa guerra están íntimamente ligadas a las grandes corporaciones tecno-feudales: Malware (virus, gusanos, troyanos, spyware); Phishing (mensajes falsos para engañar usuarios y robar información); Bot nets (redes de computadoras controladas remotamente para ataques coordinados); y ciberespionaje (infiltración para robar secretos militares, empresariales o gubernamentales).
La ciberguerra se despliega, además, dentro de parámetros de interacción enfocados al debilitamiento de estructuras estatales, al fomento de la despolitización, a la generalización de la fragmentación social y a la apología del libre mercado. Sus mecanismos se basan en:
a) la proliferación de los discursos de odio (que fragmentan y debilitan lo social y comunitario);
(b) la manipulación de algoritmos, para envalentonar a las corrientes de opinión supremacistas, contribuir a desprestigiar perfiles emancipatoriosy/o encumbrar a creadores de contenido (streamers e influencers) fascistas;
(c) la vigilancia social;
(d) la extracción de datos privados para orientar el consumo, generar marketing individualizado y manipular deseos;
(e) la difusión de información falsa y la divulgación de contenidos que llevan a equiparar datos científicos con falacias terraplanistas.
Tanto las armas como los mecanismos de esta guerra híbrida, con epicentro en el ciberespacio, están íntimamente articulados con las empresas que venden aparatología bélica al Pentágono. Uno de los ejemplos más notorios es Palantir, la empresa cofundada por Peter Thiel y Alex Karp en 2003, responsable de comercializarla plataforma de ciberanálisis Gotham. Palantir cuenta con una capitalización bursátil de 375 mil millones de dólares, superando en ventas a cada uno de los cinco grandes integranteshistóricos del Complejo Militar Industrial. Elon Musk y Peter Thiel son socios en innumerables proyectos de defensa, IA, gestión de megadatos, control de servidores y redes satelitales. Ambos son actores claves ––entre otros negocios–– de la nuevaguerra de las galaxias, en versión trumpista, conocida como Cúpula Dorada. La ciberguerra del Capitán América busca arrasar con cualquier límite soberano. Necesita recuperar su autoestima imperial y que sean las grandes corporaciones estadounidenses las que sigan concibiendo trillonarios capaces de invertir en un Estados Unidos que se resiste a renunciar a su preponderancia, hoy degradada.
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