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sábado, 24 de febrero de 2024

JOSÉ SBATELLA: "Los Gobernadores pueden pedir el juicio político"


José Sbatella


 





lunes, 14 de diciembre de 2015

SBATELLA: “No hay voluntad de respetar la ley”, entrevista de Fernando Krakowiak para "Página 12" del 14-12-15



 SBATTELLA EXPLICA POR QUE RENUNCIO A LA UIF LUEGO DE RECIBIR PRESIONES DEL NUEVO GOBIERNO


El ex titular de la Unidad de Información Financiera tenía mandato hasta 2018, pero un funcionario cercano al nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, le pidió que deje su cargo y amenazó con desplazarlo si no lo hacía.

 Por Fernando Krakowiak

José Sbattella presentó el viernes su renuncia a la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de una carta en la que denunció presiones de un funcionario cercano al ministro de Justicia, Germán Garavano, para que abandone el cargo, pese a que tenía mandato hasta 2018. “El pedido de renuncia demuestra que no hay voluntad de respetar la ley 26.683, que establece la autonomía y autarquía de la UIF, la cual fue aprobada por todos los bloques y está pensada justamente para garantizar la independencia del organismo frente a los avatares políticos”, sostuvo a Página/12. Pese a ello, decidió no resistir para no afectar el normal funcionamiento de la UIF. “Existe una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia en función de los recursos presupuestarios. Por lo tanto, en caso de no poder desplazarme, ellos podrían haber decidido el vaciamiento económico de las actividades del organismo”, agregó.

–En su carta de renuncia aseguró que tomó la decisión de irse luego del pedido que le formuló Esteban Conte Grand. ¿Por qué aceptó dar un paso al costado si tenía mandato hasta febrero de 2018?

–Tal como quedó planteada la situación, si permanezco en el cargo el gobierno de Macri buscaría desplazarme con un decreto de necesidad y urgencia o afectar al organismo con un decreto que desconociera sus atribuciones, como hicieron con Afsca y Aftic. Eso me obligaría a apelar en el foro contencioso administrativo y mientras esa disputa se lleva adelante el funcionamiento de la UIF, un organismo autárquico que necesita de respaldo político e institucional, se vería seriamente afectado. El pedido de renuncia demuestra que no hay voluntad de respetar la ley 26.683, que establece la autonomía y autarquía de la UIF, la cual fue aprobada por todos los bloques y está pensada justamente para garantizar la independencia del organismo frente a los avatares políticos.

–Podría haber optado por permanecer en su cargo y apelar a la Justicia si lo desplazaban con un decreto.

–Los fallos recientes de la Justicia demuestran un alineamiento con el Poder Ejecutivo actual que vuelve casi imposible obtener un resultado favorable en toda la cadena de apelaciones que lleva a la Corte Suprema y mientras tanto el funcionamiento del organismo se vería afectado.

–¿Denunció las presiones que recibió ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

–No, pero la decisión que tomó el gobierno de Macri sin duda menoscaba el cumplimiento de la palabra argentina en ese foro y de eso se tendrán que hacer cargo las nuevas autoridades. A partir de nuestro trabajo habíamos logrado que al país le asignaran la vicepresidencia del GAFI Latino a partir de 2016.

–Usted señaló en su renuncia que las presiones para desplazarlo constituyen “una intromisión de política partidaria dentro del organismo”, ¿el GAFI podría sancionar a Argentina por esta situación?

–La recomendación 29 del GAFI sostiene que la UIF debe ser independiente del poder político, pero todo eso entra en duda cuando se exige mi renuncia por un cambio en las autoridades políticas. Eso significa atacar una de las recomendaciones del GAFI. Por lo tanto, el GAFI podría pedir explicaciones.

–En su carta destaca que antes de que usted asumiera la UIF había sido evaluada por el GAFI y solo se cumplían 2 de las 40 recomendaciones antilavado, ¿cuál es la situación ahora?

–Ahora las recomendaciones se están cumpliendo y eso hizo que entremos en una etapa de normalidad, pudiendo salir de la lista gris en la que nos habían puesto en 2011.

–¿Conte Grand le justificó el pedido de renuncia a partir de algún hecho referido a su gestión al frente de la UIF?

–No, sólo me comunicó la intención de las más altas autoridades políticas de disponer de mi cargo. Esta situación hacía prever dificultades en el funcionamiento si decidía resistir porque, si bien la autonomía está garantizada, existe una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia en función de los recursos presupuestarios. Por lo tanto, en caso de no poder desplazarme, ellos podrían haber decidido el vaciamiento económico de las actividades del organismo.

–¿El ministro de Justicia se comunicó con usted?

–No, en ningún momento, pero Conte Grand me habló en representación de Garavano.

–En su carta de renuncia también menciona que en agosto de 2014 usted solicitó una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo encabezado por la oposición, para demostrar la transparencia de su gestión y afirma que esa auditoría nunca se hizo, ¿qué explicación le dieron en la AGN?

–Nos pusieron en la lista de auditorías para el año 2015, pero los auditores recién aparecieron hace dos semanas diciendo que van a venir a auditarnos. El organismo ya estuvo auditado por el GAFI, pero a nosotros nos interesaba que la AGN dejara registrados los avances que concretamos para rebatir así las acusaciones de algunos miembros de la oposición.

–¿Tiene confirmado quien va a ser su reemplazante?

–No, no nos comunicaron nada, pero la ley prevé que el candidato a ocupar el cargo realice una exposición pública para que se lo conozca y una audiencia para responder las objeciones que pudieran presentarse.

–Uno de los candidatos es el abogado Félix Marteau, quien fue representante de la Argentina ante el GAFI y luego trabajó asesorando a distintas empresas en cuestiones de lavado, ¿el GAFI pone alguna limitación para los que van y vienen de un lado al otro del mostrador?

–Los funcionarios que han pasado por el organismo, no pueden litigar o asesor en temas de lavado al sector privado durante dos años y los que vienen a ocupar un cargo en la UIF tienen que exponer claramente si vienen de representar al sector privado y en caso de que hayan representado a empresas denunciadas penalmente por lavado pueden ser objetados.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288203-2015-12-14.html

viernes, 15 de agosto de 2014

Sbatella: "Es la única figura posible contra los buitres", por “Página 12” del 15-08-14




El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) opinó que, si bien la utilización de la Ley Antiterrorista "puede parecer fuerte" para investigar la quiebra de la imprenta Donnelley, es la vía correcta con la que se puede "poner en tela de juicio" las acciones que intentan "desestabilizar" al país a través de una operatoria habitual: "El cierre de empresas".


Durante una entrevista televisiva, José Sbatella explicó que el pedido de aplicación de la Ley Antiterrorista fue en base a dos cuestiones legales: "La existencia de un delito precedente, que es la estafa fraudulenta; y un delito agravante, que es el hecho de que se atemorice a la población con el default y se impida al Estado nacional hacer un acto, o dejar de hacerlo".
Este último aspecto, el de impedir al Estado nacional hacer un acto o dejar de hacerlo, se refiere a la decisión de la Justicia de Estados Unidos de impedir que el dinero depositado para que cobre el 93,4 por ciento de los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda soberana argentina.
Si la Justicia federal argentina entendiera que se dieron esos dos delitos, la UIF estaría habilitada para el "congelamiento financiero de los fondos buitre que están detrás de las empresas que tienen operaciones en Argentina, y también solicitar el embargo de los fondos en otros lugares", según dijo Sbatella.
El titular de la UIF explicó, además, que otro de los modos en que los fondos buitre pueden "desestabilizar" a un país a través de sus empresas repartidas en el mundo es haciendo "bajar acciones, tenerlas y luego cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca". En este sentido, sostuvo: "Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única que pone en tela de juicio todas las actitudes de los fondos buitre en sus propiedades a nivel internacional".
La presidenta Cristina Kirchner anunció que pidió a la Justicia la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta multinacional Donnelley por considerar que intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su quiebra. La advertencia fue concretada hoy cuando la AFIP hizo la presentación judicial, que recayó en el juez federal Daniel Rafecas, quien será subrogado hasta la semana próxima por María Romilda Servini de Cubría.
En la denuncia se vincula a la empresa Donnelley con NML, el fondo buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular que la empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin motivo ya que su patrimonio neto es positivo.


Publicado en:

lunes, 23 de diciembre de 2013

Sbattella: "Hay condiciones para constatar lavado", por Martín Piqué (para "Tiempo Argentino" del 22-12-13)

  

Clarín y el lavado de dinero

 Por Martín Piqué


El titular de la UIF se refirió a una causa que involucra a Clarín. El organismo espera los datos que aportaría EEUU sobre GSCA Investments.



 
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José "Pepe" Sbattella, manifestó su expectativa  con respecto a los dos exhortos que el titular del Juzgado Federal Nº 9, Luis Rodríguez, envió a EE UU y Gran Bretaña para que informen sobre los extraños movimientos de fondos de la compañía GCSA Investments LLC, una empresa presuntamente vinculada con el Grupo Clarín, con sede en el estado norteamericano de Delaware, que fue creada con un capital inicial de apenas U$S 100.
 
Esa empresa recibió un préstamo de la banca JP Morgan por alrededor de U$S 20 millones. "El juez, para usar como prueba lo que señala la UIF, tiene que tener confirmados desde EEUU estos movimientos. Para que esa información pueda ser aceptada como prueba judicial, tiene que venir (al juzgado) a través de una comunicación de las cancillerías", explicó Sbattella a Tiempo Argentino. 
 
La operatoria de GCSA quedó bajo la lupa a partir de las declaraciones del ex ejecutivo arrepentido del JP Morgan, que asesoraba a grandes empresas para lavar activos y fugar capitales, Hernán Arbizu. La investigación se inició a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por la UIF en 2008. Según información de portales web bursátiles, GCSA tiene su domicilio legal en Walker Road 874, Suite C, Dover, Delaware. Se constituyó el 23 de mayo de 2008 con el número 4.551.967 de la División Corporaciones, organismo similar a la local Inspección General de Justicia (IGJ). Tal como informó Tiempo ayer, GCSA figura asociada a una sociedad controlante, el "Grupo Clarín SA", con domicilio en Piedras al 1700, CABA.
 
Los exhortos que envió Rodríguez, de acuerdo con el procedimiento de rigor, circularon por el Ministerio de Justicia y la Cancillería para su salida del país. En la documentación, el juez informó que están siendo investigados el CEO y el vicepresidente del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Lucio Pagliaro, junto a síndicos y directores.
 
"En esta causa están dadas todas las condiciones para constatar el delito de lavado. Una empresa que prácticamente tenía un mes de existencia, con residencia en Delaware, que había sido creada por el Grupo Clarín, recibe un préstamo de U$S 20 millones, cuando contaba con un capital de 100. El crédito sale de los bancos de Suiza, sin ningún criterio bancario. La empresa recibe el crédito, está operativa cinco meses y después cierra. En ningún momento aparece la racionalidad del préstamo, tampoco se informa sobre el origen del dinero", subrayó Sbattella.  
 
 
 
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