TENÉS LA LIBERTAD DE IR PRESO POR SER "COMUNISTA"

Volvió la Santa Inquisición

 

Para los que decían que la reforma judicial no era prioridad: no la vieron. A pasos agigantados se desvanece el Estado de derecho en nuestro país y no podemos confiar en que el poder judicial tutele nuestros derechos más elementales.

— Roberto Carlés (@robertinocarles) March 7, 2024

 

¿Por qué aguanta Cristina?, por Mabel Grosberg

Arriba: Como en tiempos de las SA

Cristina se despide del aún tibio cadáver de su madre para visitar a su hija enferma en Cuba.

Avisa que sale del país a 1 juez corrupto y asesino

Que la persigue y la procesa con causas probadamente armadas,,fraudulentas,viciadas de nulidad.

Viene de años de calumnias, agravios desmesurados,, mentirosas tapas de diarios y revistas que la muestran en orgasmos de poder y ambiciones.

Viene también de ver morir a su compañero de toda la vida que dejó el corazón en la reconstrucción de la Patria.

Viene de que la allanen, que ultrajen sus viviendas, atropellen sus derechos y decomisen pertenencias que nada tienen que ver con las supuestas pruebas que le buscan.

Cómo aguanta Cristina?

Qué extrañas capacidades hacen que lejos de responder al odio con más odios, abra los brazos a todas las formas de amor que implica la verdadera militancia?

Nada de esto sería posible si Cristina no estuviera hecha de las mejores maderas de las luchas populares, de la memoria histórica de un Pueblo que supo engendrar a una Eva Perón, un Rodolfo Walsh, y a 30,000 compañeros y compañeras que dieron su vida por la liberación de la Patria.

Cristina aguanta porque no es Cristina, es lo mejor del Pueblo Argentino, una síntesis biológica de Belgrano y Moreno, San Martín y Bolívar, Perón y Evita, los 30.000, las Madres y Abuelas, los miles de héroes anónimos que cada día pelean por un mundo más justo sin pedir nada a cambio.

A Cristina la sostiene el amor incondicional de millones de militantes, trabajadores, estudiantes, jóvenes y viejos, que vivieron con Néstor y con Ella los mejores 12 años de sus vidas.

Cristina aguanta por Peronista, por mujer, por gigante, por esperanza popular y necesidad histórica de un Pueblo que ve en ella un futuro de dignidad y justicia.

No es de acero Cristina.

Es de Yerba Mate, de hoja de Coca, de roca andina y zonda, de pampero y sudestada, de quebracho y algarrobo, de desierto y pampa, de río y sierra.

Cristina es coya y guaraní, anarquista italiana y socialista republicana, inca y tehuelche, tango y chamamé.

Cristina es Jefa de la Alegría, Comandanta de un sueño que nos contiene y moviliza.

Por eso lloramos con ella, por eso nos secamos las lágrimas y la abrazamos en sus hijos, por eso juramos ser soldados leales a una causa de la que ella es bandera y guía.

Cristina es cada uno de nosotros, y todos nosotros juntos.

Mabel Grosberg

La convocatoria de Clarín a manifestarse en la puerta de la casa de @CFKArgentina excede el derecho a la protesta y la libertad de prensa. Es una clara incitación al odio que merece el repudio de toda la dirigencia.

— Roberto Carlés (@robertinocarles) October 12, 2020

Hoy Clarin publica entre los lugares para concentrarse la direccion de la casa de Cristina Kirchner. Es un llamado al escrache y la violencia. Se imaginan que dirian si el FdeT llamara a concentrarse en la casa de Macri o Magnetto ?. El odio los puede.

— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) October 12, 2020

Vengo a señalar que lo que esta haciendo Clarin al publicar la direccion de @CFKArgentina como lugar de concentración de la marcha de hoy esta tipificado en el Art. 212 del codigo Penal. Se llama incitación a la violencia

— Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 12, 2020

Repudiamos que se difunda como punto de protesta el domicilio de la vicepresidenta @CFKArgentina.

Le pedimos a la oposición que se exprese contra estas prácticas peligrosas y tome el camino del diálogo democrático y la sensatez. pic.twitter.com/RcNEa3aFV4

— Santiago Cafiero (@SantiCafiero) October 12, 2020

 

 

La crisis del Poder Judicial y la necesidad de su reforma, por Roberto Carlés (para "Página 12" del 28-07-20)

Por Roberto Carlés

El Poder Judicial tiene la función de garantizar el Estado de derecho, resolver los conflictos que se presentan en toda comunidad y asegurar la vigencia de los derechos. Desde hace ya muchos años padece tres órdenes de problemas que dificultan el cumplimiento de estas funciones.


Estos problemas –de orden institucional, funcional y cultural– han provocado una grave crisis de legitimidad del Poder Judicial. Según diversos estudios, alrededor del setenta por ciento de los argentinos descree del Poder Judicial. Estos números son más preocupantes respecto de la Corte Suprema, que exhibe un nivel de insatisfacción que ronda el ochenta por ciento, según un estudio de la Universidad de San Andrés. Lo cierto es que el desprestigio de una parte del Poder Judicial se derrama sobre el resto de los magistrados que cumplen adecuadamente sus funciones.

Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana. A diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, el Poder Judicial no puede resolver sus problemas de legitimidad en las urnas. Se trata, además, del único órgano de gobierno en el que la opacidad es la regla tanto para su administración como respecto de la forma en que construye y hace públicas sus decisiones. En efecto, carece de las instancias de vigilancia y control ciudadano de los poderes políticos.

Entre los problemas de orden institucional son particularmente graves la falta de independencia externa, respecto del poder político, económico y mediático; como interna, respecto de tribunales superiores o magistrados influyentes; la opacidad de su administración y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Por otro lado, la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional –el viejo sistema de frenos y contrapesos– obtura la posibilidad de arribar a decisiones judiciales con mayor respaldo democrático.

La excesiva concentración de poder es inadmisible en una república. En la Corte solo cinco personas tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de leyes, decretos y actos administrativos emanados de autoridades elegidas por el voto popular. Si consideramos que los fallos suelen ser divididos, la mayoría se logra con apenas tres votos, y en consecuencia la jurisprudencia tiende a ser más variable. Por otro lado, una Corte reducida ofrece menos posibilidades de pluralidad de género, de especialidad, de carrera profesional, de procedencia geográfica, etc. Es tiempo además de que la cabeza del Poder Judicial tenga una integración con paridad de género.

Es necesario revisar el funcionamiento de la Corte. Desde 1909 y por una construcción pretoriana, se atribuyó la competencia de revisar hechos y derecho de las sentencias de tribunales inferiores, convirtiéndose en una instancia más tanto en materia federal como de derecho común. Esta competencia autoatribuida representa la mayor actividad de la Corte y la razón del abarrotamiento de causas. En busca de una solución, en 1990 se introdujo otro problema: el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite al tribunal rechazar sin fundamento alguno las causas que no quiere resolver.

La concentración de poder en la justicia penal federal porteña –un fuero que fue reconfigurado en la década del noventa para ser garante de la impunidad de los hechos de corrupción, al tiempo en que se profundizaba su connivencia con los servicios de inteligencia– se ha revelado como un grave problema institucional en los últimos cuatro años, en los que se han armado causas penales con testigos guionados, pericias fraguadas, imputados extorsionados o remunerados por el poder político, y se ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva.

El Consejo de la Magistratura es una institución fallida que no ha cumplido adecuadamente las funciones de selección, sanción y remoción de magistrados, que continúa disputando la administración del Poder Judicial con la Corte, y que no tiene una integración equilibrada tal como prescribe la Constitución.

Los problemas de orden funcional se manifiestan en los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, como la ausencia de un patrocinio gratuito en todos los fueros para quienes lo necesiten, los elevados costos de litigar, el problema de la centralización geográfica, las deficiencias de infraestructura y digitalización, la incapacidad para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente, en plazos y con costos razonables; la lejanía del Poder Judicial respecto de la ciudadanía en general y, en particular, de las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerados.

Más difíciles de contrarrestar, en cambio, son los problemas de orden cultural: el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, la escasa fundamentación de buena parte de sus sentencias, el uso de un lenguaje críptico, la resistencia al cambio, el machismo y la misoginia; la reticencia al examen, al control del desempeño, a la rendición de cuentas y a la implementación del ingreso democrático; el verticalismo, el apego a los privilegios y, en general, la falta de un proceso de incorporación de valores y prácticas como los que fueron adoptando los otros órganos de gobierno a partir de la transición democrática.

El Presidente ha demostrado que conoce estos problemas y las reformas que se discuten van en la dirección correcta. Es importante que este proceso de reforma sea participativo e inclusivo, que las políticas que se impulsen tengan un sustento empírico y que, cuando se carezca de los datos suficientes, se los produzca.

Más allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse para resolver estos problemas del Poder Judicial, las reformas a encarar deben promover un servicio de justicia basado en el acceso igualitario, la proximidad, la transparencia y la eficiencia, con el fin de potenciar las capacidades del sistema para ofrecer soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos, con una mayor sensibilidad por las necesidades de los sectores más vulnerados. Se trata, en definitiva, de garantizar la efectividad de los derechos.

Hoy estamos muy lejos de eso. Bienvenido sea este primer paso.

* Roberto Carlés es Doctor en Derecho. Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

Publicado en:
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QUÉ DIFÍCIL ES INFORMARSE EN ARGENTINA

Muy difícil, realmente. https://t.co/vQV7TxJQ7d

— Roberto Carlés (@robertinocarles) July 28, 2020

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INFORMACIÓN RELACIONADA:

Presupuesto: el proyecto prevé una reducción en la alícuota del IVA a la leche del 21% al 10,5%

ROBERTO CARLÉS: "El Consejo de la Magistratura es una institución fallida"

Las causas: deficiente ingeniería institucional, contaminación por parte de poderes exógenos y tráfico de influencias.

— Roberto Carlés (@robertinocarles) July 14, 2020

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ROBERTO CARLÉS: "Lo que se viene es completamente irracional"

Lo que se viene, enfrente, es completamente irracional. El neoliberalismo recurrirá al disparate, al miedo, al odio. No hay margen para la argumentación y el razonamiento lógico. Es importante entenderlo y prepararse para esto.

— Roberto Carlés (@robertinocarles) June 29, 2020

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ROBERTO CARLÉS: "86.000 millones de dólares. Lo pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos"

El Banco Central estimó la fuga de capitales durante la gestión Macri en US$ 86.000 millones. La pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. https://t.co/HCYnrYDDRt

— Roberto Carlés (@robertinocarles) May 16, 2020

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ROBERTO CARLÉS: "No es una paradoja"

No es una paradoja. Te puede sorprender solo si creés ciegamente en ciertos dogmas largamente refutados. https://t.co/eEIk3XRkMC

— Roberto Carlés (@robertinocarles) May 12, 2020

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ROBERTO CARLÉS: "Es razonable lo que plantea Sergio Massa"

Si un juez concede una domiciliaria a un autor de un delito grave, apartándose de las recomendaciones de los superiores, sin fundar el riesgo de infección ni aplicar la Ley de Víctimas, debe responder ante el Cons. de la Magistratura. Es razonable lo que plantea @SergioMassa.

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) May 2, 2020

Publicado en:
https://twitter.com/robertinocarles/status/1256577348427751424?s=09

ROBERTO CARLÉS: "Jurídicamente innecesaria, políticamente astuta"

Mi opinión sobre la acción declarativa de certeza solicitada por las autoridades del Senado a la Corte Suprema: jurídicamente innecesaria, políticamente astuta para blindar futuras leyes de las acciones de malos jueces.

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) April 18, 2020

Son temas muy distintos, aquí se discuten las facultades reglamentarias y de organización de un poder.

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) April 18, 2020

Porque el Senado puede decidir cómo sesionar sin consultarle a otro poder.

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) April 19, 2020

¿Se comprometan a sesionar? No esperaría peras del olmo...

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) April 19, 2020

Publicada en:
https://twitter.com/robertinocarles/status/1251540514668785664?s=08

Nota de rechazo a la "Operación para combatir el narcoterrorismo" de Estados Unidos.

Nota de rechazo a la "Operación para combatir el narcoterrorismo" de Estados Unidos.

Firmada por todxs quienes integramos el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla.https://t.co/RBroBnqHsL

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) April 4, 2020

Publicado en:
https://twitter.com/robertinocarles/status/1246428795067863041?s=08

ROBERTO CARLÉS: "No estamos en 2008. La gente no come vidrio"

Solo el 26% de los productores tendrán una leve suba en los derechos de exportación que deberán pagar. Y son quienes producen más de 1.000 tn. No estamos en 2008. La gente no come vidrio y está harta del padecimiento de estos últimos cuatro años. pic.twitter.com/pN8KGyfI2u

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 5, 2020

Publicado en:
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ROBERTO CARLÉS: "El mal no está solamente en los sótanos"

Claro, no faltaron los idiotas útiles que se subieron a la calumnia.

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 3, 2020

Rechacé la oferta. A los pocos días me contactó un abogado de ellos. Solo para decirme que no era personal pero que estábamos en guerra. Jamás me dieron derecho a réplica y hasta me desinvitaron a notas y programas. Eso es el Grupo Clarín. El mal no está solamente en los sótanos.

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 3, 2020

Argentina. El país donde se sanciona una ley antimonopólica debatida por años, con enorme apoyo popular, confirmada en su constitucionalidad por la Corte, pero el funcionario que intentó aplicarla es condenado a 6 meses de prisión por abuso de autoridad. #FuerzaMartín @Sabbatella

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 3, 2020

Publicado en:
https://twitter.com/robertinocarles/status/1234925071321518080

El debate sobre el Lawfare: hostigamiento a opositores o la justicia de los tribunales, por Mariano Beldyk (para "Perfil" del 08-12-19)

Foto:CEDOC

TRAS LAS DENUNCIAS DE CRISTINA Y LAURA ALONSO

En la misma semana, gobierno y oposición acusaron a los jueces de perseguirlos con fines políticos. Tres juristas opinan sobre el uso del concepto en la Argentina y la región.

por Mariano Beldyk


Lo hizo primero vía Twitter y luego en su descargo a viva voz, cuando su imagen trascendía en las pantallas de las cadenas de noticias que una a una se plegaban pese al veto judicial a televisar el paso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner por Comodoro Py. “Lawfare puro”, esgrimió la futura vicepresidenta de la Nación, esa era la única razón que la obligaba a estar sentada, otra vez, “en el banquillo de acusados”.


Cuatro días después, Laura Alonso, en las antípodas ideológicas de Cristina, también enfrentó a la Justicia y terminó procesada por el presunto encubrimiento de funcionarios del gobierno saliente en la concesión de beneficios a la petrolera Shell. Al salir, la titular de la Oficina Anticorrupción también denunció “lawfare”. “Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el ‘lawfare’”, tuiteó.

“El lawfare es multiuso, no es solo contra fuerzas progresistas. El gran problema es distinguir, en todo caso, cuándo alguien me denuncia porque hice malversación de fondos y cuándo se trata de un hostigamiento judicial inapropiado”, explica Gustavo Arballo, profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa. Y añade: “La pelea que hay en torno a este término es si quien lo alega está usando el concepto de manera correcta o como una suerte de cortina de humo para deslegitimar un proceso. Más de una vez, hay datos que solo se conocen estando dentro de la causa y lo que, desde afuera parece una arbitrariedad total, luego tiene su razón de ser con los datos completos.”


En este sentido, el rol de los medios como un actor más en la ecuación judicial entre las partes juega un rol sustancial. Fernández los mencionó en su defensa: “No es lo que está en el expediente, no son las pruebas documentales, es la construcción mediática que poco tiene que ver con el derecho ni con los hechos”, aseguró al sostener que la auditoría sobre la obra pública no evidenció “deficiencias constructivas de relevancia”.

Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires señala que todos los procesos que involucran a funcionarios están cargados con una alta dósis de política y “los políticos, obviamente, van a decir que esto es una persecución”. Y aunque pone el foco en la imparcialidad de la Justicia como antídoto, coincide en catalogar a los medios como un factor distorsivo para la labor judicial, en ciertos casos: “Como los medios tienen una dinámica diferente a la de los expedientes, esto ejerce en los tribunales una presión indebida. Porque los medios califican, revelan la prueba, y se produce algo que es muy malo y es el trapicheo entre jueces y periodistas.”


Esta semana, el Consejo Jurídico del Grupo de Puebla, el Clajud, exigió a las autoridades ecuatorianas que cesen en la persecución política de opositores mediante los tribunales. En aquel foro de referentes progresistas que tiene al futuro presidente Alberto Fernández como uno de sus líderes centrales, consideran que las causas contra Cristina, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa, entre otros, son evidencias contundentes de lawfare porque se desconocen las garantías procesales elementales.

“Por supuesto que no se puede generalizar. No todo es lawfare y no todos son presos políticos, obviamente depende de cada caso pero, en lo que respecta a Cristina, no tengo ninguna duda que tiene un objetivo político claro”, subraya el jurista Roberto Carles, miembro de ese cuerpo. En diálogo con Perfil, cuestiona la forma cómo se ha utilizado la asociación ilícita en estas causas en las que “a cualquier implicado, le tiran con esta figura como una amenaza de una pena más alta sin elementos” que lo sostengan. Y denosta también el “abuso de la prisión preventiva en toda la región” que, en el caso de la Argentina, se basa en “la teoría de los vínculos residuales, una presunción contra el acusado que se debe demostrar para que sea válida”.

Publicado en:
https://m.perfil.com/noticias/politica/el-debate-sobre-el-lawfare-hostigamiento-a-opositores-o-la-justicia-de-los-tribunales.phtml?rd=1&rd=1

ROBERTO CARLÉS: “Necesitamos un poder judicial realmente independiente: del poder político y del poder económico y mediático.”

Claro que tenemos que terminar con los operadores judiciales. ¿Alguien puede sentirse ofendido porque @alferdez diga esto? La justicia es la institución de la que más desconfían los argentinos (88% según la UCA y hay estudios de otras universidades que arrojan cifras similares).

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) 3 de diciembre de 2019

Claro que tenemos que terminar con los operadores judiciales. ¿Alguien puede sentirse ofendido porque @alferdez diga esto? La justicia es la institución de la que más desconfían los argentinos (88% según la UCA y hay estudios de otras universidades que arrojan cifras similares).
En parte esto se debe a la existencia de operadores judiciales que, tras bambalinas, inciden en las resoluciones de jueces y fiscales.
Una situación que se agrava por la total ausencia de mecanismos de rendición de cuentas de los magistrados. Mientras que al mal político, administrador o legislador, se lo puede castigar en las urnas, los magistrados no responden ante nadie.
Lamentablemente el Consejo de la Magistratura es una institución que tiene graves deficiencias. Es imperioso que el poder judicial se abra al escrutinio público. La publicidad y la transparencia deben ser la regla para todos los actos de gobierno, incluidos los de la justicia.
Esto no es contra los jueces sino en su beneficio: ninguna institución puede cumplir su función en forma adecuada si 8 de cada 10 ciudadanos desconfía de ella.
Oralidad y publicidad son dos herramientas fundamentales para revertir esto. Los buenos jueces, fiscales y defensores se harán notar y ayudarán a recuperar la confianza en el sistema. Los malos quedarán expuestos.
Para ello también debe implementarse el juicio por jurados para todas las causa de relevancia institucional. Y el sistema acusatorio, donde jueces y fiscales cumplan con su rol institucional de garantizar el proceso e investigar y acusar, respectivamente.
Es importante también que cualquier ciudadanos pueda conocer el estado y la ubicación de un expediente. Así podremos saber si alguien está distrayendo una causa o contribuyendo a la dilación de un proceso.
Debe aplicarse la ley de ingreso democrático en el orden nacional y federal, para terminar con el nepotismo, elitismo y endogamia de las estructuras judiciales. También debe sancionar una ley de paridad en el poder judicial.
Esto último no solo por razones de equidad de género sino también para terminar con la misoginia y el verticalismo patriarcal del poder judicial.
Necesitamos un poder judicial realmente independiente: del poder político y del poder económico y mediático. Y que también tenga independencia interna: ningún "capo" del sistema puede decirle a un juez o fiscal lo que tiene que hacer.

Por Roberto Carlés
@robertinocarles
2 dic. 2019
En Twitter

Publicado en:
https://twitter.com/robertinocarles/status/1201659559728820224?s=08

ROBERTO CARLÉS: "La apertura de un proceso electoral en Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados".

"Declaración de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia"

Declaración de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las... https://t.co/TLMg1D9fWF

— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) 30 de noviembre de 2019

publicado en facebook por Roberto Manuel Carlés

Declaración de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta Delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

1. Masacres perpetradas contra población civil:

a. Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

b. Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas

2. Desaparición forzada de personas

Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

3. Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.

4. Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.

5. Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.

6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

7. Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.

8. Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

9. Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

11. Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.
Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

12. Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.
Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.
Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.
En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.


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Una noche volvimos y vamos a ser mejores.

Una noche volvimos y vamos a ser mejores.
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— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) 2 de noviembre de 2019

El lawfare entre las preocupaciones del Papa, por "Página 12" del 12-12-18

Imagen: AFP

Se reunió con juristas que le hablaron de la "creciente judicialización selectiva de la política"

Juristas de Argentina y Brasil le presentaron al papa Francisco un informe que da cuenta de las persecuciones políticas y judiciales contra dirigentes opositores a los gobiernos de derecha en latinoamérica, y a ex presidentes sudamericanos como José Inácio Lula Da Silva, Cristina Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa. “El Papa comparte esta preocupación”, aseguró el abogado argentino Roberto Carlés, uno de los participantes del encuentro.

El escrito elaborado por la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil da cuenta del contexto de creciente criminalización de los movimientos sociales y de las luchas por los derechos humanos a través de de la utilización de un sector del Poder Judicial. Fue presentado por Carlés, su par brasileña Carol Proner, el artista Chico Buarque y la militante italiana Grazia Tuzzi.

Los cuatro se reunieron ayer con el Papa argentino durante 45 minutos en la residencia de Santa Marta, en la ciudad del Vaticano, según dio cuenta el diario italiano La Stampa. Allí le plantearon Bergoglio el escenario de "creciente judicialización selectiva de la política" en la región a través de las denominadas "guerras jurídicas" que ponen en juego la democracia.

"No es exagerado reconocer que el lawfare (guerras jurídicas) es uno de los mayores peligros para la democracia del mundo y no sólo para América Latina", advirtieron en el escrito.

El informe explica situación procesal de varios líderes políticos latinoamericanos que sufrieron procesos judiciales y que “están sometidos a investigaciones imparciales, con violación a garantías constitucionales y una abierta violación a los principios del Estado de derecho, como se está viendo en los distintos países”, enumeró Carlés al Vatican Insider.

El motivo fue también contarle al Papa “la situación del Estado de Derecho en América Latina”, agregó y sostuvo que “el Papa por supuesto, comparte esta preocupación”. Carlés agregó que uno de los objetivos es “informarle en forma permanente de los distintos avances y cambios, la evolución de las situaciones de los políticos”.

Además, remarcó que a Bergolio siempre le preocupó la corrupción, pero también “la instrumentalización de la corrupción para otros fines”, y deslizó que en este marco estarían los procesos abiertos contra Da Silva, Fernández de Kirchner y Correa, quienes cuentan con un amplio capital político para competir por algún cargo político.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/161674-el-lawfare-entre-las-preocupaciones-del-papa

UN CANDIDATO QUE TIENE AVALES, por Página 12 del 22-02-15

LA NOMINACION DE CARLES A LA CORTE RECIBIO CENTENARES DE APOYOS

El jurista propuesto por el Ejecutivo para reemplazar a Raúl Zaffaroni recibió adhesiones de entidades y personalidades argentinas e internacionales. Destacaron su juventud, así como también su “capacidad de técnica jurídica” y sus “amplios conocimientos”.

La postulación del jurista Roberto Carlés para ocupar la vacante en la Corte Suprema dejada por Raúl Zaffaroni ha cosechado centenares de adhesiones de variados sectores, muchos de ellos del mundo académico, tanto a nivel nacional como internacional, tal el caso de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), la agrupación de penalistas más importante y antigua del mundo fundada en 1924 y la rama nacional de la misma agrupación, que reúne a los penalistas nacionales. También ha recibido el aval del ex juez Baltasar Garzón, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo), universidades nacionales y colegios de abogados de todo el país, así como el apoyo de la Defensoría Pública de Ecuador. Los numerosos avales llegan antes del vencimiento del plazo que convoca el decreto 222/03 para recibir las adhesiones o impugnaciones al candidato.

A partir del momento en que el Gobierno propuso a Carlés para reemplazar a Zaffaroni en la Corte fueron difundidos en detalle los rechazos que produjo, no así las reacciones positivas que propician su nombramiento. Uno de los aspectos por los que fue criticado es su juventud, apenas tiene 33 años, pero precisamente quienes lo apoyan destacaron su juventud. “Lejos de ser un impedimento para ocupar tan alto cargo judicial, es visto una virtud fortísima, para modificar patrones jurisprudenciales e impregnar a la cúpula del Poder Judicial del nuevo espíritu de los tiempos y de nuevas generaciones”, comentaron a Página/12 quienes se encargaron de recibir los avales a Carlés. A favor del joven penalista llegaron apoyos desde universidades nacionales, como las de Quilmes, San Martín, Mar del Plata y Villa María, y también del exterior, como la española de Castilla-La Mancha.
Otra de las virtudes que destacaron quienes hicieron llegar adhesiones a la postulación de Carlés “es la capacidad de técnica jurídica y los amplios conocimientos que desplegará el futuro magistrado en esta función”, agregaron. Entre las instituciones que avalan el nombramiento del candidato que el Ejecutivo propuso para la Corte Suprema hay entidades representativas y de peso en el mundo jurídico. Es el caso de la Sociedad Internacional de Defensa Social, el Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen, la Asociación Americana de Juristas.
Quienes apoyan a Carlés –como profesores de Derecho Penal de países de la región y también de España e Italia– enfatizan que “no es afín al Gobierno, conoce a mucha gente, militó en el radicalismo, tiene vínculos con radicales y con peronistas, pero acá lo que más importa es que lo bancan organizaciones puramente técnicas más que políticas, académicos y especializados en Derecho Penal”.
La cantidad de avales al nombramiento de Carlés tienen que ver con su trayectoria académica y sus numerosas actividades en el extranjero. El jurista propuesto para reemplazar a Raúl Zaffaroni recibió adhesiones voluntarias de todo tipo de entidades, entre ellas las agrupaciones de penalistas más importantes a nivel internacional como la AIDP y la Sociedad Internacional de Criminología. El detalle saliente es que esas entidades dieron su apoyo luego de haberlo votado en sus respectivas asambleas.
En contraste con la impugnación que proviene del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Carlés recibió el apoyo de entidades similares que agrupan a letrados en las diferentes provincias. Uno de los colegios de abogados que avala su designación es el de La Matanza, que supera al porteño en cantidad de matriculados. A Carlés lo respaldaron también, a título personal, figuras del derecho como Garzón y León Arslanian. Los apoyos de profesores de Derecho Penal también surgieron de asambleas y cuentan con la adhesión de académicos de distintas vertientes del derecho.
La aprobación de los pliegos de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia requiere del voto de dos tercios de los senadores presentes al momento de la votación. Algunos referentes de la oposición ya expresaron su rechazo a Carlés, tal el caso de Sergio Massa, Hermes Binner, Federico Pinedo y Ernesto Sanz, entre otros. De esa manera ratificaron que cumplirán su promesa de no aceptar ningún candidato hasta que termine el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Para aprobar a Carlés el kirchnerismo debe asegurarse el apoyo de sus aliados y también de un sector de la oposición porque por sí solo no reúne el número de senadores necesarios.
Zaffaroni renunció a la Corte Suprema el 31 de diciembre. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso a Carlés como reemplazante el 30 de enero pasado, día en que vencía el plazo que la ley establece para concretar la propuesta. “No lo conozco, no he podido leer sus antecedentes”, dijo entonces la senadora Liliana Negre de Alonso, una de las referentes del peronismo disidente, que todavía no dio su última palabra con respecto a la nominación de Carlés.
Luego de que el Poder Ejecutivo evalúe las impugnaciones y los avales, haría la propuesta formal de su nombramiento ante el Senado. El paso siguiente es la realización de una audiencia pública y después el oficialismo podría conseguir un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos. No tan sencillo será obtener los votos ya en el recinto.

Publicado en:
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