MAQUEDA PEGADO (ROSATTI Y ROBLES TAMBIÉN), por Irina Hauser (para "Página 12" del 04-05-23)

"Ejercen presión sobre potenciales testigos"
Guerra en la Corte: Marchi pasó por Comodoro Py, apuntó a Silvio Robles y a los supremos
En su declaración en el juzgado de Lijo, el exadministrador denunció amenazas y una campaña de desprestigio después de sus informes por la Obra Social. También habló del agasajo del 1° de Mayo: "Con ese apoyo ficticio en medio del juicio político generan una advertencia a los demás agentes", lanzó.

Por Irina Hauser
4 de mayo de 2023

Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda en la deteriorada "sala de refrigerio" difundido como supuesto respaldo en medio del juicio.

El exsecretario de administración expulsado de la Corte Suprema dos semanas atrás, Héctor Daniel Marchi, buscó responsabilizar a los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). Fue al declarar como testigo ante el juez federal Ariel Lijo, en una de las causas donde se investigan sospechas por la falta de contabilidad, balances, sistema de gestión y control de los fondos de esa institución que da cobertura de salud a afiliados/as de tribunales. Al vocero de la presidencia del tribunal, Silvio Robles, le adjudicó manejos informales de los grandes asuntos cortesanos y las amenazas recibidas por él y su equipo de trabajo. "En mis informes se denunciaron gravísimas irregularidades", "luego se ocultaron" "y finalmente me sancionaron", le dijo al magistrado en alusión a su traslado a la Cámara de la Seguridad Social. Ofreció algunos detalles y reclamó medidas de prueba.

Entre los hechos más recientes y llamativos, Marchi --cercano a Ricardo Lorenzetti-- citó tres posteriores a su declaración ante la Comisión de Juicio Político que avanza sobre los supremos. Entiende que el fin es desacreditarlo y "ejercer presión sobre potenciales testigos". Lo que fue presentado como una invitación de los ordenanzas del tribunal a los supremos a comer empanadas a modo de apoyo en la deteriorada "sala de refrigerio" donde suelen desayunar en el séptimo piso, era en realidad --dijo Marchi-- un festejo del día del trabajador que fue difundido con ayuda de Clarín como un respaldo inédito. El exsecretario dijo que allí estaba el ordenanza de Lorenzetti y "no es posible que hubiera ido en apoyo". "Con ese apoyo ficticio en medio del juicio político generan una advertencia a los demás agentes", declaró. Los supremos presentes eran los que lo habían echado días antes: Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Con igual sentido consideró que operaron un comunicado de la Unión de Empleados de la Justicia y otro del directorio de la OSPJN, que ese gremio integra, y que lo trataron de mentiroso y malintencionado. El exadministrador no ve nada de espontáneo en estos hechos, detrás de los cuales sugiere manejos de Robles, el hombre de confianza de Rosatti que aparecía en los chats filtrados hablando con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, sobre fallos de alto impacto de la Corte. 

Guerra, dinero y poder

La posición de Marchi está marcada por la guerra que atraviesa desde hace tiempo a la Corte Suprema y que se agudizó con el avance del juicio político, donde la acusación por los desmanejos en la Obra Social se convirtió en una de las más preocupantes para los jueces del alto tribunal, también apuntados por otros temas como el fallo del "2x1" a favor de los genocidas, el de reforma del Consejo de la Magistratura, y el de la coparticipación porteña. Pero quedar asociados a posibles actos de corrupción o manejos irregulares de miles de millones de pesos destinados al sistema de salud del Poder Judicial es una de los peores escenarios y manchas para ellos.

Desde que comenzaron a hacerse públicas las sospechas sobre la Obra Social en 2021, con las primeras denuncias penales, los propios cortesanos encomendaron una auditoría y a Marchi le pidieron informes. Con los resultados, su lugar en la Corte empezó a pender de un hilo y más aún cuando se acercaba su declaración en la Cámara de Diputados en el proceso contra los supremos. El propio administrador entendió también que podrían responsabilizarlo a él, quien manejó el dinero del tribunal. La mayoría de tres supremos lo desplazó antes de que fuera al Congreso y sin haber mandado a los diputados/as sus reportes lapidarios. Después de exponer en Diputados le pidió al juez Lijo hacerlo en su juzgado. "Soy una víctima", se posicionó allí.

Marchi se jacta de haber logrado reservas "por 150 mil millones de pesos" para la Corte y "cero de deuda". "Ahora peligran", alertó a la salida de tribunales. "Siempre me he llevado bien con todos los ministros y fui el administrador de la Corte durante las presidencias de Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti, sin objeción alguna durante 15 años. El sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos", declaró ante Lijo. "Hay información objetiva, contable y probada", remarcó. "Cuando presenté el primer informe, ya no gustó y por eso Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral", contó. 

Posibles responsables

Lijo tramita una causa madre sobre la OSPJN que comenzó con la denuncia de otro gremio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), sobre dos contrataciones sospechosas: una empresa que debía dar servicios de emergencia que no habría cumplido, pero que habría recibido 100 millones de pesos anuales desde 2008 y otra que debía controlar recetas pero sería un sello de goma. El mismo juez tiene otra denuncia emparentada que toma votos en disidencia de Lorenzetti que dejaban entrever desmanejos de la gestión actual de la Obra Social y presuntos delitos. Aquí es donde se presentó Marchi con el argumento de aportar lo que sabe y denunciar.

Relató que "Maqueda fue quien estuvo a cargo de la Obra Social hasta el 2021. Este hecho es innegable", dijo, y recordó que el propio juez lo reconoce en un e-mail donde renuncia a esa responsabilidad. Desde la presidencia de Lorenzetti en el tribunal "distribuyeron áreas entre los ministros" y al cordobés le tocó la OSPJN "y pidió expresamente que no se lo incluyera en una acordada". Según Marchi se creó un directorio en abril de 2008 pero su administración no participaba. En poco tiempo la dirección, quedó solo a cargo de Aldo Tonón, a quien menciona como "médico personal" de Maqueda, quien decidió --declaró-- echar a otros dos directores pero "propuso a su secretaria privada Marta Herrera Alem" como vice, aprobada por la Corte.  Recién cuando se va Maqueda propone que la administración supervise. Rosatti postuló como nuevo director a Mariano Althabe, "contratado el 15 de octubre de 2021".

"El control siguió en manos de Maqueda y de Rosatti pues en el directorio siguieron Tonón y Althabe", precisó Marchi. "Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la obra, no me habría criticado a mi mismo", remarcó en el juzgado. La auditoría y sus informes, dijo, coincidían. Como advirtió en la Comisión le dijo al juez que "el tribunal solo ha publicado el informe número 1 de supervisión" y "en virtud de los acontecimientos es incomprensible que no estén publicados los informes 2, 3 y 4 ni las 30 recomendaciones que dio la Secretaría General de Administración y el acta final de Supervisión, ya que ello dejaría claro todas las dudas que pudieran suscitarse al respecto". Marchi le sugirió a Lijo que pida a la Comisión de Juicio Político los 94 cuerpos y 18.747 fojas de esos informes.

Le adelantó algo de lo que encontrará: cargos vacantes y la mitad de las actuales con contratos de locación de servicios; sigue operando un software obsoleto y vulnerable; no hay contabilidad, ni presupuestos, y solo balances inciertos; no hay auditorías previas ni manuales de procedimientos; faltan medicamentos (calcula que se perdieron unos 30.000 por 80 millones de pesos); hay compras directas y aumentos arbitrarios a prestadoras de hasta 500 por ciento; se perdieron al menos 3000 millones de pesos por falta de renovación de plazos fijos; no hay controles sobre ingresos, egresos y deudas. 

Amenazas e informalidad

"Para entender todo el proceso, es importante entender quién ejerció el control de hecho, la informalidad y los ataques. Silvio Robles es el gran responsable de la persecución y la informalidad", se despachó el exsecretario. "Robles --continuó-- amenazó a varios empleados, diciéndole que maneja a la mayoría de la Corte y que tienen que obedecerlo porque de lo contrario los traslada". Después que él fue expulsado a alguien de su equipo le dijo, según su descripción: "Vos que sos amigo de ese funcionario y sabemos que se juntan a tomar café y los ven caminando juntos con Marchi, decile que por un tiempo no lo haga porque puede seguir acá o irse a Siberia".

Marchi precisó que el 15 de diciembre del año pasado fue eliminada la cuenta de e-mail oficial de Rosatti y que la orden la dio Robles por whatsapp a la Dirección de Sistemas "sin haberme informado a mí que era el máximo responsable". La eliminación de esa cuenta, planteó, sirve para que queden "ocultos todos los movimientos internos". También le atribuyó al vocero del presidente supremo el ocultamiento del informe de auditoría número 4, que pone en entredicho la gestión actual, la de Althabe. Y lo describió como el artífice de un sistema informal dentro de la Corte donde supuestamente Robles "se maneja verbalmente o por escritos sin firmar ante los funcionarios diciendo que son órdenes de los tres ministros que lo autorizarán luego".

Todavía no está claro qué peso y consecuencias tendrán las denuncias de Marchi, pese a su gravedad, en tribunales y en el Congreso. Dentro de la Corte hay un trío que por ahora al menos puertas adentro gana la pulseada. Lijo ha tenido más cercanía a Lorenzetti y se maneja con habilidad política. ¿Avanzará? ¿Hasta dónde?

Publicado en:
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Juicio a la Corte: Explosivo testimonio del exadministrador de los jueces, por María Cafferata (para "Página 12" del 26-04-23)

 

Reveló que la mano derecha de Rosatti lo amenazó con mandarlo "a Siberia"

Héctor Marchi denunció vigilancia, aprietes y amenazas en cabeza de Silvio Robles, a quién acusó de ocultar un último informe sobre el escándalo de la Obra Social del Poder Judicial. También apuntó a Maqueda. El análisis del FdT.

Por María Cafferata
26 de abril de 2023

Corrupción Suprema de Injusticia

El recientemente expulsado secretario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, dio el presente en la Comisión de Juicio Político y prendió el ventilador. Fue la expresión explosiva de la interna que atraviesa la Corte Suprema desde que comenzó la investigación en la Cámara de Diputados. Primero, acusó al vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, de amenazarlo a él y a otros funcionarios judiciales: "Decía que iban a terminar en Siberia", lanzó. También le tiró todo el fardo de la responsabilidad de las irregularidades que ocurrían en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ) a Juan Carlos Maqueda, quien funcionó como supervisor de la OSPJ durante 15 años: "El doctor Maqueda no sólo supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo. Nada se hacía sin su autorización", afirmó el hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, en un mensaje directo a la carta un día antes habían enviado al Congreso Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz en la que aseguran que la OSPJ dependía de la Secretaría de Administración, es decir: de Marchi. El Frente de Todos no podía ocultar su entusiasmo: fue el testimonio más potente que se escuchó desde que comenzó el juicio político a los jueces de la Corte, dijeron.

El exadministrador de la Corte durante casi 20 años se sentó con tranquilidad en la silla ubicada al lado de la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, pidió la palabra antes de que comenzaran las preguntas y arremetió: "Quiero aclarar una cosa porque desde que comenzó este juicio político se produjeron muchos hechos referidos a mi persona, no sólo al dividir la Secretaría General de Administración, sino a un traslado que considero que es una sanción encubierta. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo. Son cosas que generan presión pero no me impiden venir y contar la verdad". El efecto fue inmediato y, durante las tres horas que duró el testimonio, la atención de les diputades giró de la escalada del dólar al encadenamiento de acusaciones que el funcionario de la Corte fue despachando. Al finalizar el encuentro, más de un diputado oficialista reconocería: "Si no fuera por la situación económica esto sería tapa en todos lados".

Un poco de contexto
Marchi había sido desplazado de su cargo el jueves pasado en una acordada firmada por la mayoría Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda. "Está furioso", advertían, satisfechos, desde la bancada oficialista. El argumento del trío supremo para removerlo había sido que se estaba avanzando en una "reestructuración" de la Secretaría, pero Marchi aprovechó el escenario de la Comisión para denunciar lo que él considera una "sanción encubierta". ¿De qué? De cuatro informes que elaboró en 2021 y 2022 en los que se dió cuenta de numerosas irregularidades en la OSPJ. Esos cuatro informes -que fueron remitidos a la Comisión el lunes a la noche, después de una intimación de Gaillard a Rosatti- constituían un material explosivo sobre los diversos desmanejos que arrastró la OSPJ durante los últimos 15 años: ausencia de balances contables, inexistencia de presupuestos oficiales, un vulnerable sistema informático, inexistencia de cualquier tipo de auditorías sobre proveedores, faltantes de medicamentos y pérdidas millonarias.

Robles y "la punta del ovillo"
"En mis informes yo no sólo sugerí cambios sino que hice 30 recomendaciones y, a veces, las recomendaciones caen muy mal. Por eso las amenazas. Hay gente a la que le conviene que esto no cambie", aseguró, en su exposición, Marchi. Era la tercera vez que advertía que había sido amenazado y, en esa ocasión, precisó que el origen tenía que ver en el informe número 4: "Ahí está la punta del ovillo, porque en el informe aparecía (el actual director de la OSPJN) Mariano Althabe, que fue propuesto por Rosatti, y Robles escondió ese informe", denunció. No fue la única acusación dirigida al secretario de la Vocalía de Rosatti, sino que agregó que Robles había eliminado el mail de la presidencia de la Corte y que, luego, "había dado la orden de que todo se lo enviaran a él".

En ese momento, Mara Brawer (FdT) intervino y preguntó: "¿Es Robles el que lo amenaza?" "Por supuesto", dijo Marchi. "Operaciones de prensa. Ha amenazado a funcionarios diciéndoles que iban a terminar en la Siberia si hablaban conmigo. Hay seguimientos, saben cuando me reúno con alguien", relató. Se escuchó un "Uuh" en la sala.

Inmediatamente después, el FdT y Juntos por el Cambio se trenzaron en una disputa sobre si había que garantizarle algún tipo de protección (y si le correspondía a la Comisión o Marchi tenía que hacer la denuncia). Marchi precisó que no quería protección policial y aseguró, durante el debate, que eran los funcionarios que habían trabajado con él los que estaban siendo amenazados y que, incluso, en el cuarto piso de Tribunales había policías que vigilaban las puertas.

Ahí, Rodolfo Tailhade propuso llevar a cabo una "inspección ocular" en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Y Juan Manuel López (Coalición Cívica) largó una carcajada: "¿Con el dólar a 500 querés allanar la Corte? Se te va a 800". También fuera del micrófono, Tailhade le respondió: "Yo no tengo responsabilidad sobre el dólar, estaría mucho mejor. Pero no entiendo qué es lo gracioso que Robles amenace a los testigos".

La responsabilidad de Maqueda
Además de apuntar contra Robles, Marchi buscó dejar en claro desde un principio que la responsabilidad de supervisar la OSPJ había estado en manos del cortesano Juan Carlos Maqueda.

"El doctor Maqueda no sólo supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo", afirmó y, consultado por un mail que envió el propio Maqueda 2021 en el que aseguró que nunca se había designado oficialmente a ningún cortesano como supervisor (testimonio que forma parte de la prueba documental de la comisión), el exadministrador general de la Corte agregó: "Cualquier movimiento tenía que ser autorizado por el doctor Maqueda. No se necesitaba ningún tipo de designación: cuando tomamos una responsabilidad nos tenemos que hacer cargo".

En esta misma línea, Marchi aseguró que la designación como director de la OSPJ en 2008 había sido propuesta por el propio Maqueda. "Empezó como auditor de la obra social, paradojas de la vida", chicaneó, dado que Tonón se encuentra envuelto en una investigación judicial por las irregularidades de la OSPJ. Tonón, que renunció al directorio hace un mes, también fue citado a comparecer en la Comisión pero, por segunda vez, se ausentó. Gaillard terminó resolviendo citarlo una última vez el jueves próximo, bajo apercibimiento: si vuelve a pegar el faltazo lo traerán por la fuerza pública.

A quien también volverán a convocar la semana próxima es al propio Marchi. La explicación ofrecida por Gaillard es que, como los cuatro informes de la Corte ingresaron a la Comisión recién el lunes a la noche y acumulaban unas 20 mil fojas, no hubo tiempo de repasarlos, por lo que se buscaría volver a citarlo para interrogarlo en profundidad. Por ese motivo, a su vez, la Coalición Cívica no hizo muchas preguntas. Y es que si bien la CC suele adoptar más bien un rol de "supervisión" de los interrogatorios --poniendo el grito en el cielo cada vez que consideran que una pregunta del FdT no es pertinente--, en esta ocasión había interés en preguntar, dado que forma parte del pedido de juicio político que impulsan contra Ricardo Lorenzetti. Elisa Carrió, incluso, denunció a Marchi por "enriquecimiento ilícito" y Marchi respondió denunciándola por "calumnias injurias" en una causa que todavía está en la Corte. En un momento de la exposición, Marchi deslizó, entre risas, que Juan Manuel López había ido "a una vocalía del Palacio de Tribunales a pedir que lo echen". En la CC negaron a este diario que fuera cierto.

Finalizado el encuentro, les diputades oficialistas se retiraron ufanos (y sorprendidos todavía). Un diputado cristinista enemistado con Lorenzetti declaró, irónico: "Es un héroe".

El cruce entre Moreau y Oliveto
Unas horas antes del testimonio explosivo, habían dado el presente dos funcionarios de la Corte que participaron de una demoledora auditoría sobre el funcionamiento de la OSPJ entre 2008-2021. El primero, el prosecretario letrado Enrique de Vedia se encargó de dar cuenta del funcionamiento legal de la obra social, confirmando que la naturaleza jurídica particular de la OSPJ --ya que no se rige por la Ley de Obras Sociales-- la volvía un organismo que depende directamente de la Corte. En línea con lo que es la hipótesis del FdT --esto es: los cuatro cortesanos eran directamente responsables de controlar las irregularidades que ocurrían en la OSPJ--, De Vedia también confirmó que habían sido los cuatro cortesanos los que firmaron la resolución que designó como director de la OSPJ a Aldo Tonón.

"En estos actos administrativos queda claro que fue la Corte en pleno la que designó a los miembros de la Obra Social", señaló, luego, Vanesa Siley (FdT).

Para el oficialismo este punto es importante porque refiere a la responsabilidad de los cuatro supremos y busca, además, hacer frente a la hipótesis de la Coalición Cívica que hace hincapié en la responsabilidad particular de Lorenzetti cuando era presidente de la Corte. "Me preocupa que algunos se hayan convertido en abogados defensores de Lorenzetti", cuestionó Paula Oliveto (CC), quien viene sosteniendo, junto a Juan Manuel López, que el verdadero objetivo del oficialismo es ir a por Rosatti. Leopoldo Moreau le respondió: "No me parece, del mismo modo alguien podría decir que vienen a defender a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda".

Luego del testimonio de De Vedia -quién también reafirmó que en la OSPJ no había registro de Presupuestos ni de manuales de procedimiento-,declaró el contador y docente de la UBA, quien apuntó sobre la inexistencia de conciliaciones bancarias. "No existía un control regulador sobre la cuentas bancarias", reconoció.


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