HORACIO ROVELLI: "ESTAMOS EN TIEMPO DE DESCUENTO"

ROVELLI REVELA LO QUE ESTÁN HACIENDO MILEI Y CAPUTO

ROVELLI DESTAPA LA OLLA Y REVELA LO QUE NADIE ESTÁ DICIENDO lo que están por hacer Milei y Caputo!

HORACIO ROVELLI: "EL PLAN DE MILEI-CAPUTO ESTÁ EN SITUACIÓN TERMINAL"

 

ECONOMIA ARGENTINA Y LAS PERSPECTIVAS 2023, por Horacio Rovelli (para "Pal'Sur" del 01-01-23)

 

En primer lugar debemos de tener en cuenta que la Argentina es un país patrimonialmente rico, cuenta con agua potable (está físicamente encima del tercer acuífero –reserva de agua dulce- del planeta); produce alimentos (es el decimo exportador mundial de granos y el tercero en soja); en camino de autoabastecerse y con potencial de ser exportador neto de combustible en un par de años; cuenta además con reservas en litio y minerales raros.  A eso se le debe sumar una población educada, formada, disciplinada en el trabajo y en la austeridad y, con  capacidad de alcanzar los más altos niveles de la ciencia y de la técnica. 

Pero tiene el condicionante de un sector hegemónico de la sociedad, de conducta rentista y parasitaria, que instrumenta la deuda externa para propiciar la fuga de capitales beneficiándose y que, transfiere su pago al pueblo argentino.

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el  sector privado.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

A eso debemos sumarle que el gobierno de Alberto Fernández, no solo no investigó la deuda en su servilismo a los sectores dominantes de la sociedad, sino que paga sus intereses con el presupuesto nacional y, se financia colocando títulos de deuda del Tesoro de La Nación en pesos, pero ajustables por devaluación del dólar oficial y/o por inflación, que alcanza los $ 15,6 billones de pesos (es en pesos pero equivalente a unos 85.000 millones de dólares).  A su vez, el BCRA inmoviliza la creación de dinero colocando encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq y Notaliq) por 10,6 billones de pesos (equivalente a 58.000 millones de dólares).

El crédito del FMI al gobierno de Cambiemos por 44.600 millones de dólares, fugado en su totalidad, lo posiciona como el mayor acreedor, a la vez que opera en la práctica de auditor del resto de los acreedores.  

El gobierno de Alberto Fernández  continuando en lo económico y en lo jurídico al gobierno de Cambiemos, no trepidó en suspender en septiembre del año 2020 el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), en realizar un fuerte ajuste del gasto público en el 2021 y, con el acuerdo firmado en enero de 2022 y ratificado por la ley 27.668 del 15 de marzo 2022 de acuerdo con el FMI, ejecuta un mayor ajuste fiscal para poder juntar los pesos con los que compra las divisas para pagar la deuda externa,  provocando la inflación más alta en más de 30 años, la corrosión del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, de la mayoría de los salarios y pagos al trabajo, formales o no, que inciden y explican la tasa de pobreza en torno al 40% de la población.

Con los datos de inflación y los niveles de precios que informó el INDEC, al 30 de noviembre 2022, el Gobierno de Fernández acumuló en sus primeros 36 meses de gestión una inflación del 300% y el tipo de cambio oficial pasó de $ 62 a $ 183,50.-  (300% de aumento), son pocos los salarios que se acrecentaron en un porcentaje cercano a ese guarismo en ese lapso, por lo tanto tenemos trabajadores que tienen trabajo y son pobres.

Es peor aún, la distribución del ingreso se torna cada vez más regresiva.  El RIPTE (remuneración promedio sujeta a aportes) del Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación, en octubre 2022 fue de $ 174.436,90 cuando la Canasta Básica Total del INDEC para un matrimonio constituido por el matrimonio y dos hijos requiere para no ser pobre para ese mes de $139.737 .-.  

Quiere decir que de los 12.600.000 trabajadores registrados del país, gran parte perciben remuneraciones por debajo de la línea de pobreza.  Y que obviamente ese porcentaje es mayor con los que no están registrados, ante una inflación persistente.

PERSPECTIVAS DEL AÑO 2023

El FMI al aprobar la revisión de las metas del tercer trimestre 2022, fundamentó que el Gobierno nacional deberá bajar el déficit fiscal del 2,5% del PBI de este año al 1,9%  para el año 2023.  Esos 0,6% del PIB (PIB que se estima en uso 430.000 millones de dólares)  debe lograrse mediante

A) Reducir el gasto en asistencia social y en jubilaciones y pensiones, a través de menos planes Potenciar Trabajo y evitando moratorias;

B) Continuar con la baja en subsidios energéticos;

C) Reducir las transferencias no automáticas  a las Provincias

En las consideraciones del FMI se afirma que “La consolidación fiscal debe continuar en 2023 y contener las presiones de gasto”, “la consolidación está sustentada principalmente por una reducción en los subsidios (0,6% del PBI), del sector energético, agua y transporte, una racionalización de la asistencia social (0,8% del PBI), con la cancelación de bonos de emergencia y mejoras en la focalización de los beneficios”.

Paradójicamente, Alberto Fernández aseguró en su campaña electoral que  aumentaría de inmediato entre 15% y 20% las jubilaciones y los salarios para “encender la economía”. Lo financiaría, explicó, reduciendo los intereses que el Banco Central pagaba por las Letras de Liquidez (Leliq).  Sin embargo llegado al gobierno, una de sus primeras iniciativas fue la derogación de la Ley 27.426, de “movilidad jubilatoria”, sancionada en diciembre de 2017, de actualización trimestral de haberes mediante una fórmula que tomaba 70% de la inflación minorista y 30% de la evolución del salario promedio del sector formal (RIPTE).

A lo largo de 2020 dispuso subas por decreto y “bonos” para las jubilaciones más bajas y desde 2021 aplicó la Ley 27.609, por la que el ajuste combina el 50% de la recaudación de la ANSeS y el 50% de la variación del RIPTE, sometido a un techo anual según la “recaudación previsional por beneficiario”, pero sin incluir la inflación que se incrementó en un 300%, muy por encima del ajuste realizado a las jubilaciones y pensiones.

Hablamos de fuertes ajustes en el gasto social porque las jubilaciones y pensiones nacionales que abarcan a 7.200.000 beneficiarios, representó en el año 2022 el 41% del gasto y, por eso, necesitan reducir ese porcentaje en un presupuesto que va ser de menos del 20% del PIB, que lo hace el más bajo de los últimos 20 años.  Cuando todos los planes sociales de la Administración Nacional representan apenas el 0,9% del PBI

Y plantea un ajuste del 0,6% del PIB en el déficit primario para el año 2023 (antes del pago de la deuda) cuando este gobierno desde el tercer trimestre de 2020 ajusta permanentemente el gasto.  En el año 2020 el gasto ejecutado de la Administración Nacional fue del 25,96% del PIB.  En el año 2021 se redujo a 24,43%.  Y en el año 2022 sin tener los números finales  observamos que a noviembre de este año y comparando con igual lapso del año pasado, la evolución del gasto primario fue del 7,47% menor.  Y dentro de ese gasto, las erogaciones en jubilaciones y pensiones se redujeron en un 9,08%;  el subsidio al transporte en un 13,23%; los subsidios al gas, electricidad, agua en un 34,16%; y las transferencias a las provincias en un 27,08%.

Lo único que siempre crece, ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, es el pago de los servicios de la deuda que en los 11 meses (enero a noviembre incluido) del año 2022 alcanzó a la suma de $ 982.777 millones y representa el 6,28% sobre el total del gasto acumulado de la Administración Nacional a esa fecha de $ 15.661.000 millones. Cifra que es, por otra parte, similar a toda la obra pública del presupuesto nacional 2022.

Es más, el Ministro Sergio Massa ponderó la licitación de las obras de extracción, transporte y distribución del gas de Vaca Muerta, bajo el Plan Gas Ar, que se adjudicó a las empresas Pampa Energía (Grupo Midlin, Blackrock, y Joseph Lewis); a Tecpetrol (Grupo Techint), y a Pan American Energy  (Bridas y British Petroleum ), aduciendo que se debe recurrir al capital privado porque el Estado Nacional no cuenta con los fondos para hacerlo.  Pero no dice que Pampa Energía SA compró en los cuatro años de gestión de Cambiemos 903 millones de dólares y en sus balances puede demostrar un poco más de la mitad de esa compra (evasión y fuga).  Que el grupo Techint, dueño de Tecpetrol SA compró en igual período 782 millones de dólares y no puede demostrar ni siquiera la mitad de esa suma.  Y finalmente, Pan American Energy  adquirió en la gestión de Macri 98,4 millones de dólares y la lectura de sus balances no demuestra como hicieron, de donde detrajeron los fondos.

EN SINTESIS

Antes de pagar la deuda externa como estamos haciendo, sujetándonos al plan del FMI, se debe investigar la deuda para que la paguen los que la fugaron. 

Este es el sentido que tiene el Proyecto de ley del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado y, tiene dictamen de mayoría en las dos comisiones que trataron el tema (Legislación General y Presupuesto y Hacienda) en la Cámara de Diputados de la Nación. 

El proyecto de ley crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se va constituir con las cuentas en el exterior no declaradas al fisco.

El 20% es la multa para las empresas que reconozcan la evasión, del 35%  las que lo declaren en los primeros 6 meses de vigencia de la ley, y un 50 % para las cuentas que se encuentren pasado este tiempo. 

Históricamente el endeudamiento externo en la Argentina financió la fuga de capitales. Los dólares de la deuda externa no beneficiaron el desarrollo del país, sino que fueron apropiados por unos pocos, quienes los fugaron por diferentes mecanismos opacos o ilegales, sin pagar el impuesto a las ganancias y bienes personales. 

Los objetivos del proyecto son claros: Primero, que la Argentina pueda resolver la crisis de deuda que generó el gobierno de Cambiemos, sin resignar el objetivo de crecimiento con inclusión social e industrialización.

Un segundo objetivo es dotar de racionalidad, previsibilidad y certidumbre a los actores económicos, que en el futuro sabrán a qué atenerse y sepan que el Estado fiscaliza y controla la evasión y la fuga y, cuenta con medios para multarlos por ese accionar 

Y, por último, este proyecto contribuye al combate global contra el ocultamiento de activos.

Quienes fugaron divisas de la Argentina y no las declararon han perjudicado a todos los contribuyentes de nuestra nación. Quienes más han dañado al país con la evasión fiscal y fuga de capitales deben hacer su aporte para volver a lograr soberanía económica de la Argentina.

Prof. Horacio Rovelli

Publicado en:

https://palsur.com.ar/nota/1211/---------economia-argentina-y-las-perspectivas-2023/

HORACIO ROVELLI SOBRE LOS FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

 

Explicación del economista Horacio Rovelli sobre la falta de DÓLARES en la ARGENTINA. 

Rovelli es Economista (UBA), investigador y profesor universitario. 

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INCONSISTENCIA MACROECONÓMICA, por Horacio Rovelli (para "El Cohete a la Luna" del 11-07-21)

 

Por la ruta del FMI no se llega al 9 de julio de 1816

POR HORACIO ROVELLI 

JUL 11, 2021 

 La causa principal de la inconsistencia de la macroeconomía argentina es que los empresarios en general (y los más grandes que tienen mercados cautivos con mayor razón), en lugar de invertir parte de sus ganancias la sacan mayoritariamente del circuito económico legal, y, como contrapartida, internacionalizan los precios que, ante la devaluación realizada desde abril de 2018 a la fecha, implican un deterioro de los salarios reales y con ello se deprime el consumo global y el nivel de actividad.

El proceso inflacionario generado por la falta de inversión y el ajuste por el valor del dólar impacta directamente en la capacidad adquisitiva de los ingresos fijos (salarios, jubilaciones y pensiones) e indirectamente en la producción y el comercio ligado a esos ingresos.

En la teoría keynesiana la respuesta ante esa situación es estimular el consumo a como dé lugar, que esa mayor demanda va a generar en el corto plazo las condiciones para aumentar la inversión.

John M. Keynes sostenía que la inversión determina el nivel de ingresos y ocupación y que a su vez, la inversión dependía del valor de las máquinas y equipos (bienes de capital) más las expectativas (esa combinación la llamó Eficacia Marginal del Capital), y de la tasa de interés. Eso es cierto para un país desarrollado, pero no tanto para los países dependientes donde la lógica del capital es siempre depredadora, extractivista y expoliadora sin medir las consecuencias sociales y ambientales, por una parte (con lo que las expectativas son siempre de corto plazo y a la mayor tasa de ganancia posible), y por otro lado, que el financiamiento interno se reduce al capital de trabajo, no a la adquisición de bienes de capital (bienes que mayoritariamente se importan).

Es claro que la Argentina no tiene un problema de ahorro, se cuenta con un fuerte superávit comercial y con un reducido déficit fiscal, por lo que en la ecuación macroeconómica la inversión contaría con suficiente financiamiento. Sin embargo, eso no pasa por la fuga de capitales y el pago de intereses de un endeudamiento que básicamente también se fugó.

La Argentina no es un país pobre, es un país sideralmente injusto, una minoría que aparece en las revistas de grandes fortunas del mundo y un nivel de pobreza que alcanza al 42 % de la población según el INDEC, pero afecta más a niños y a personas mayores que no pueden defenderse ante el flagelo de aumento del precio de los alimentos y demás medios de vida.

Las entidades financieras en lugar de priorizar la colocación de créditos para financiar la producción, tienen un negocio seguro en prestarle al Estado comprando Letras de Liquidez (LELIQs), cuya tasa supera a la que le pagan a sus depositantes. Las fuertes tasas de ganancia de los diez bancos privados más grandes que operan en el país, las paga básicamente el Estado, que no atina a realizar un consolidado de esas letras y prestárselas a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo.

El tema se pondrá ríspido a partir de agosto, cuando deje de ingresar o lo haga residualmente la liquidación de las exportaciones de los complejos de la soja y el maíz y, a la vez, se deba hacer frente a vencimientos de títulos de deuda en pesos que superan los 700.000 millones hasta fin de año. Debe contemplarse que dentro de esos vencimientos, hay títulos de deuda pública en poder de las inversoras norteamericanas Pimco y Franklin Templeton, que esperan las fechas de vencimientos para irse de la Argentina. Si salen de ellos en su totalidad, sería una señal que puede ser tomada por los otros tenedores de títulos públicos.

Aún contando en agosto con el aporte del FMI, que se estima que significaría para la Argentina unos 3.052,6 millones de DEGs, equivalentes a 4.354 millones de dólares, se deben contemplar los vencimiento de capital del primer desembolso de junio de 2018 que fue en DEGs y fue una suma equivalente a 14.458 millones de dólares y se deben devolver en 8 –ocho— cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 (de 1.807,25 millones de dólares) y la segunda en diciembre 2021 (también de 1.807,25 millones de dólares).

Al FMI se le paga solo de intereses unos 300 millones de dólares por trimestre, o sea que hasta el 30 de junio se le pagaron 600 millones de dólares. Para el segundo semestre a los 600 millones de dólares de intereses se le suman las dos cuotas de capital de 1.807,25 millones de dólares cada una, por lo tanto hay que pagar en la segunda parte del año 4.214,5 millones de dólares (3.614,5 millones de capital y 600 millones de interés) y en agosto o septiembre nos darán un crédito de 4.354 millones o sea que el neto (si se pagan las dos cuotas) que nos queda es de 139,5 millones de dólares. La alternativa es que no se le paguen al FMI los vencimientos de las cuotas de capital acordados por el gobierno de Cambiemos y, en ese caso, suceda lo mismo que se acordó con el Club de París de reprogramar los pagos de capital  que venció en mayo 2021.  Y allí deberíamos saber que se reprograma la cancelación de la deuda, pero ¿a cambio de qué?

 

 

Qué hacer

Es claro para el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán, que la estrategia pasa por la negociación permanente con el FMI para reprogramar los vencimientos y recibir asistencia de los organismos internacionales, con la peregrina idea que la Argentina se inserte nuevamente en los mercados internacionales para renovar los vencimientos de los títulos por nuevos, considerando que la deuda externa es casi el 100% del producto, pero que el capital financiero internacional puede refinanciar.

Esa estrategia tiene dos premisas que son falsas de toda falsedad y que no se pueden obviar y, en tercer lugar, una consecuencia funesta.

Primero, se le está pidiendo a los grandes fondos de cobertura (BlackRock, Pimco, Fidelity, Vanguard; Gramercy, Franklin Templeton, etc.) y a los grandes bancos internacionales (JP Morgan, HSBC, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Merrill Lynch, etc.) que refinancien nuestra deudas. Basta con ver cómo le va a la Provincia de Buenos Aires en una negociación permanente desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, para saber que eso es una falacia.

Segundo, se debe ver a cambio de qué, porque por ejemplo BlackRock tiene parte del capital accionario de YPF SA, de Transener SA, Glencore SA, Mercado Libre, Tenaris SA, Grupo Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco BBVA, Adecoagro, etc.  y en todo ellos y en todas sus actividades fija e impone condiciones a su favor que una Nación soberana no puede admitir ni permitir.

La consecuencia es una profundización de la economía dual, donde una parte se integra (y se extranjeriza) y la mayoría de la población debe sobrevivir, si puede.

El camino debe ser otro, máxime que están dadas las condiciones para que el Estado reasuma sus funciones en el río Paraná, por donde sale el 80% de las exportaciones declaradas del país y, paralelamente también, reasumir la administración del transporte de ferrocarril de carga.

Mediante la Resolución 211 el Ministerio de Transporte de la Nación rechazó el pedido de prórroga contractual efectuado por las empresas Ferroexpreso Pampeano (Mayoritariamente con participación del grupo Techint), Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) y Ferrosur Roca (Loma Negra), asignándole la toma de servicio a Trenes Argentinos Cargas. En los fundamentos de la Resolución 211 se reconoce que las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura, no se hacían cargo debidamente de la red ferroviaria e incluso abandonaban ramales que a ellos nos les rendían económicamente.

Los vencimientos de actuales concesiones son el 31 de octubre de 2021 para Ferroexpreso Pampeano; 21 de diciembre de 2022 en el caso de Nuevo Central Argentino y para Ferrosur Roca el 10 de marzo de 2023.

Si a eso le sumamos el Decreto 427 del 30 de junio de 2021, que otorga la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización, el dragado y el control hidrológico de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, por un plazo de duración de 12 meses a partir de la finalización del establecido por la Resolución N° 129/21 del Ministerio de Transporte (septiembre 2021), ambas decisiones deben conjugarse para que el Estado retome la administración del río y de los ferrocarriles.

Es una inmejorable oportunidad para crear fuentes de trabajo en talleres de armado y refacción de vagones, locomotoras y vías , así como de barcazas y barcos de dragado, balizamiento y carga, como alguna vez supimos tener en forma importante y que sobrevivió hasta el menemismo, quien cumpliendo expresas ordenes del FMI desmanteló la estructura productiva estatal y de empresas argentinas.

Detrás del FMI están los intereses de los grandes fondos de inversión y los bancos internacionales. Ellos son los que modelaron la Argentina desde 1956, con honrosas excepciones como fueron los gobiernos de Illia y de los Kirchner. Exigen subordinación total, eso significa que no seamos una nación soberana, ni libre e independiente como se declaró en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.

Publicado en:

https://www.elcohetealaluna.com/inconsistencia-macroeconomica/

Horacio Rovelli: "A Alberto le cuesta demostrarle a la burguesía argentina que acá está la gallina de los huevos de oro", por "Página 12" del 13-07-20

Horacio Rovelli sufrió a la burguesía nacional durante la gestión de Grinspun. 

A propósito de la nota de Alfredo Zaiat

El funcionario del ministerio de Economía durante del gobierno de Alfonsín dijo que "el Estado tiene que disciplinar a los empresarios".

Horacio Rovelli, economista que integró junto a Bernardo Grinspun el ministerio de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, dialogó con la AM750 y se refirió a la relación de Alberto Fernández con el empresariado nacional a propósito de la nota de análisis de Alfredo Zaiat  publicada el domingo.


"Hay un error en las expectativas con la burguesía argentina" sostuvo Rovelli y aseguró que los empresarios nacionales prefieren especular financieramente antes que invertir en el desarrollo productivo del país. 


"Nuestra burguesía es tonta, ni siquiera reconoce que su base de acumulación está acá. Y pierden la gallina de los huevos de oro, que está acá. Al presidente le cuesta demostrarles eso", aseveró.

Según Rovelli, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), un camino posible para revertir esa situación es "es sentarse con ellos y asegurarles que, invirtiendo en la producción, este país, como tantas veces, les va a dar rentabilidad y ganancia sin andar dependiendo de los vericuetos financieros", subrayó. 

Además, señaló que "el Estado tiene que poner las reglas del juego y disciplinar a los empresarios" y aseguró que esos mismos empresarios "quieren el negocio de la rentabilidad rápida".

ESCUCHAR EL AUDIO DE LA ENTREVISTA

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/278290-horacio-rovelli-a-alberto-le-cuesta-demostrarle-a-la-burgesi

El default no es deseable pero no es intolerable tampoco, nos dice El Bosnio

El default no es deseable pero no es intolerable tampoco. Sin un acuerdo muy satisfactorio, es un camino posible.
Un default hoy, con la gimnasia de cepo, impuesto país, DEJAI y demás experiencias, atenuaría mucho sus efectos negativos.
Los positivos ya los vimos en accion.

— El Bosnio (@elbosnio) February 16, 2020

Publicado en:
https://twitter.com/elbosnio/status/1229106649136345088?s=08

LA DEUDA COMO MODO DE DOMINACIÓN, por Horacio Rovelli (para "El Cohete a la Luna" del 02-02-20)

Una minoría privilegiada contrae deudas para beneficiarse y dejar sujeto al país a los acreedores

por  HORACIO ROVELLI 
FEB 2, 2020 



Siempre la deuda fue un condicionante y un modo de dominación. Para honrar la deuda se ceden activos y trabajo del deudor igual que si fuera una indemnización por haber perdido una guerra.

Y es así porque es una guerra interna donde una minoría privilegiada asociada al capital financiero internacional contrae deudas para beneficiarse ellos y dejar sujeto al país a los acreedores.

Lo hicieron todos los gobiernos no populares de este país, desde Rivadavia en 1824, Mitre, Roca, Juárez Celman, Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Agustín P Justo, la Revolución Libertadora, Frondizi, Onganía, la dictadura militar de 1976, la dupla Menem-Cavallo y la administración de Cambiemos, todas se endeudaron sobremanera e irresponsablemente, siendo funcionales a la dependencia con los acreedores.

Ejemplo y evidencia clara de lo que decimos: al 30 de diciembre de 2015 la deuda pública bruta era de 240.665 millones de dólares (que representaba el 53,6% del PIB), el 57,2% de la misma era intra sector público, 12% con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.) y el 30,8% de la deuda era con bancos y fondos de inversión y otros compradores de bonos públicos

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revirtió la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudan 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB estimado en 352.300 millones de dólares).

De esa suma adeudada, 155.416 millones de dólares son en divisas que, si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG, pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense. Creció sideralmente la deuda. Dentro de ella, lo que más se incrementó fue la deuda con grandes bancos y fondos de inversión internacionales que se estima en torno a los 66.000 millones de dólares. Asimismo, aumenta la proporción de la deuda tomada con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, desde un 6,4% en 2015 hasta un 20,0% del PIB en 2019, siendo el principal acreedor el FMI, del que el gobierno de Kirchner había logrado cancelar todas sus acreencias con el país en febrero de 2006 y al que, al 10 de diciembre de 2015, no se le debía un dólar.

Los grandes bancos y fondos de inversión son principalmente Black Rock (que es el mayor accionista de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local.  

En ese marco, el gobierno apuesta a conseguir, según se dejó trascender tras la reunión que tuvo el Ministro Martín Guzmán con el FMI en Washington el miércoles 29, cuatro años de gracia sin pagar deuda, una quita del 50% en los intereses que devenguen y una tasa del 6% anual (500 puntos de Riesgo País) para comenzar a pagar nuevamente. Paralelamente, luego de dicha reunión el FMI informó que enviará a la Argentina una misión técnica en la semana del 10 al 14 de febrero, a los efectos de tomar conocimiento in situ de las cuentas públicas y de las prospectivas de las mismas, de la macro y del comercio exterior.

También el Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer el cronograma de los pasos a seguir en el tema deuda, que tiene como primer punto el de presentar un informe en el Congreso de la Nación denominado “Lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública” para esa misma segunda semana de febrero. Finalmente el Ministerio comunicó que la oferta de canje y/o restructuración de la deuda se le dará a conocer a los tenedores de bonos durante la segunda semana de marzo y, a partir de allí se realizarán reuniones informativas «Road show» durante 15 días, con el propósito de llegar a un acuerdo antes del martes 31 de marzo 2020.





La negociación del kirchnerismo
En los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se produjeron dos canjes de deuda, asentados por los Decretos 1735/2004 firmado por Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, y la reestructuración por Decreto 563/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Amado Boudou, disponiendo la reestructuración de la deuda del Estado Nacional y la emisión de nuevos bonos en reemplazo de los defaulteados. En ambos casos se logró con una tasa de riesgo país de 400 puntos, una extensión de plazos de 30 años y una quita del capital del 66%.

La situación era distinta, pero el objetivo era el mismo: lograr una performance que priorizase el crecimiento económico del país. Para ello se requiere del apoyo de una ley que faculte a negociar directamente a las actuales autoridades y le permita, durante las tratativas con esos grandes fondos y bancos acreedores, incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Néstor Kirchner tenía en claro dos factores fuertemente interrelacionados ente sí. Primero, que la “gallina de los huevos de oro” de la Argentina es su mercado interno. Y segundo que, para fortalecer el mercado interno, se deben pagar más y mejores salarios, no solo por una cuestión de justicia redistributiva, de justicia social, sino porque de esa manera se generaba un circuito virtuoso: más crecía la participación de los trabajadores en el producto, más se vendía y por ende se debía aumentar la producción en consecuencia.

Para Kirchner, superar la restricción externa implicaba sustituir a como dé lugar las importaciones por producción local. Por eso no le quitaba el sueño el mayor costo que ocasionaban los aumentos salariales, ni tampoco la mayor presión impositiva con lo que financió la jubilación a más de un millón y medio de trabajadores que no tenían los años de aportes gracias al menemismo y las políticas liberales anteriores y posteriores, dado que debía comprarse y vender en el mercado local la mayor parte de lo que se consume en el país.

Por eso congeló las tarifas energéticas y de transporte que atraviesan toda la economía y la sociedad y recurrió a las retenciones (Derechos de Exportación) para subsidiarlas, con la premisa que dichos subsidios no podían superar esos ingresos. Por ejemplo, en el año 2007, mediante la Resolución 10/2007 del Ministerio de Economía y Producción, se incrementó la alícuota de los Derechos de Exportación en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando en 27,5% para el grano y en 24% para los subproductos, de esa forma la recaudación total de ese año por esos derechos fue del equivalente a 3.500 millones de dólares, que fue la misma partida convertida a pesos al tipo de cambio oficial que se destinó para subsidiar la energía y al transporte.

Un informe elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, INDEC, IPC de nueve provincias y CABA y el IPC del INDEC en los precios, producido por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) de la Ciudad de Rosario-Santa Fe, sostiene que “sobre el final del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), el salario real creció un 34 por ciento y la ganancia acumulada era de 314.000 pesos por trabajador; en la primera presidencia de Cristina Fernández (2007-2011), el salario real creció un 23 por ciento por encima de la inflación y la ganancia de cada trabajador era de 173.000 en promedio; en la segunda presidencia de Cristina (la demanda interna creció hasta 2011 y no se pudo sostener) el saldo fue de 35.000 pesos, aunque fue reñida la pelea del salario con los precios; en cambio, en la presidencia de Macri el salario real se redujo un 18,4 por ciento, lo que traduce a que cada trabajador ya perdió 135.000 pesos en promedio”.

En el año 2002 una parte importante de los trabajadores percibía salarios por debajo de la línea de pobreza. El gobierno de Cambiemos nos dejó en la misma situación, según el INDEC, en noviembre de 2019 una familia necesitaba percibir un ingreso de 39.542,72 pesos para poder vivir y no ser pobre. A su vez, el Boletín de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de ese mes de noviembre de 2019 afirmaba que la mediana de los salarios del sector privado era de $ 51.162 mensual. Quiere decir que de los 6.270.300 trabajadores del sector privado, una gran parte trabajaba y percibía una remuneración que no la sacaba de la pobreza.

Peor obviamente pasa con los empleos públicos, sean nacionales, provinciales o municipales. En promedio son sensiblemente menores, desgraciadamente en muchas ocasiones eso es una forma de encubrir la desocupación.

Afirmamos que no solo es una súper explotación que un trabajador trabaje y sea pobre, que no pueda garantizarle a su familia dejar de serlo, sino que es el principal condicionante para que nuestro país vuelva a crecer.





El problema, hoy
Es obvio que en la Argentina el grado de dolarización torna imposible resolver el problema. Si los trabajadores perciben pesos y compran sus productos en pesos y si se deprecia o devalúa nuestra moneda, dada la posibilidad que tienen los grandes formadores de precios de trasladar esa depreciación a sus productos, se impacta directamente sobre el salario. A su vez, la disminución del salario impacta en el nivel de actividad al reducir la demanda agregada interna.

Paralelamente, por la misma suba de precios de los empresarios, se debe corregir periódicamente el tipo de cambio para frenar las importaciones que sustituyen nuestra producción local, con lo que se ingresa en un circuito perverso de suba de dólar y de los precios.

El dilema es que ya tenemos un tipo de cambio alto que incluso se mejora con el gravamen del 30% llamado Impuesto PAIS (Impuesto a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social), pero el salario ha quedado muy atrasado, midiéndolo en dólares o en lo que sea.

De allí que el gobierno proponga un Acuerdo Social para poner las cosas en su lugar, que un trabajador trabaje y perciba una remuneración digna que le permita vivir a su familia y a él, por un lado y, que se revisen los márgenes de ganancia del macrismo, sobre todo del último tramo en que grandes formadores de precios (pensemos en los mercados de los lácteos, del aceite, del azúcar, de la yerba mate, de la harina, del arroz, de los artículos de limpieza, del cemento, del acero, del aluminio, donde hay un solo gran productor o a lo sumo dos) conformaron un “colchón” o margen de beneficio confiscador de recursos de la sociedad. También en el acuerdo se debe incluir a los grandes supermercados y centros de venta y a las entidades financieras con sus altas tasas de interés.

Por otra parte, en el caso de los alimentos, incluso de la soja cuya producción ha sustituido áreas que producían alimentos para el mercado interno, los grandes productores, acopiadores y comercializadores presionan sobre el valor de la divisa por sus exportaciones, cuando los productores nacionales no son fijadores de precios en el mercado mundial, por más que le den más pesos por cada dólar que exportan. Con ello no aumentan sus ventas ni modifican el precio final.

El ingeniero agrónomo Luis Larrosa sostiene que está definida la poligonal (Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil) donde asentar el negocio agrícola-financiero. Nuestros países fueron seleccionados para concretar una integración vertical de semillas, insumos (glifosato mediante), maquinarias y venta final, donde impera la concentración de negocios. La agricultura industrial y financiera se impone a las prácticas conservacionistas del ambiente. La «manipulación» genética en esta actividad —como en la vida en sociedad— no encuentra límites éticos, abriendo finales inciertos y desconocidos.

Solo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena de producción de agronegocios en todo el mundo. Cinco grandes comerciantes controlan la importación y exportación de productos agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Ceval, Cargill, Cofco y Dreyfus Company. Juntas representan hoy el 75% del mercado mundial de productos agrícolas.

A esos grandes acopiadores y comercializadores se le suman grandes vendedores de semillas y los más grandes proveedores de insecticidas, fertilizantes y otros productos químicos, seguramente contaminantes.

También podemos extender el mismo proceso a la minería y a las petroleras y otras actividades que son esencialmente, y por definición, agresivas contra la naturaleza y el medio ambiente.

Son necesarios y se deben producir pero no a cualquier costo económico y social. Debe haber un fuerte control estatal y de organismos populares (los autoconvocados de San Carlos en Mendoza son un digno ejemplo), pero la necesidad de afrontar el pago de la deuda externa y el hecho de que los exportadores nombrados estén en un lugar estratégico para la obtención de divisas, no debe hacer perder el eje y el objetivo. La Argentina debe crecer para todos, es esa la base y punto de partida de nuestro verdadero desarrollo.

No podemos repetir la triste historia de los Rivadavia, de los Mitre y de todos los conservadores que los siguieron, al servicio de Inglaterra y de su banca acreedora, mientras propiciaban la ley de vagancia para obligar a trabajar a los gauchos por la comida en 1815. En 1899, a pedido de la Unión Industrial Argentina, el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de expulsión de extranjeros.

Se debe negociar la deuda, pero se debe tener presente que la Teoría del Desarrollo sostiene que la producción incorpora y combina el conocimiento técnico y su impacto social, impulsando el crecimiento económico con ampliación del consumo, que se basa en una relación positiva de poder adquisitivo de la población y mayor producción, elevando la productividad. Esa relación óptima de crecimiento económico se llama Desarrollo, y si ese desarrollo se logra respetando y preservando el medio ambiente, se trata de un Desarrollo Sustentable.

El maestro Celso Furtado escribió: “Cuando la capacidad creativa del hombre se aplica al descubrimiento de sus potencialidades y al empeño de enriquecer el universo, se produce lo que llamamos Desarrollo. El Desarrollo solo aparece cuando la acumulación conduce a la creación de valores que se esparcen en la colectividad.  La Teoría del Desarrollo alude a dos procesos de creatividad. El primero tiene que ver con la técnica, con el empeño del hombre por dotarse de instrumentos, por ampliar su capacidad de acción. El segundo se refiere al significado de la actividad humana, a los valores con los que el hombre enriquece su patrimonio existencial” [1].

Atahualpa Yupanqui cerró la canción La preguntita con esta frase: “Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa’que otro viva mejor”.

Publicado en:
https://www.elcohetealaluna.com/la-deuda-como-modo-de-dominacion/

EL CAMINO ELEGIDO, por Horacio Rovelli (para "El Camino a la Luna" del 16-02-20)

Entre el reperfilamiento y el default

por  HORACIO ROVELLI 
FEB 16, 2020 



El gobierno de Macri se endeudó irresponsablemente. El 9 de diciembre de 2015, último día de gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública bruta alcanzaba el 52,6% del PIB, de los cuales, solamente alrededor de un 9% del PIB era con bancos y fondos de inversión y conformaba un total del 16,5%  del PIB con el resto del sector privado, un 6,4% del PIB con organismos internacionales de créditos, tipo Banco Mundial, BID, CAF, etc. y la mayor parte era intra sector público (el 29,7% del PIB)

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces. El 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudaban 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB que se estima en 352.300 millones de dólares) y modificó drásticamente su composición donde, al deberle más de 44.000 millones de dólares al FMI, los organismos internacionales pasan a tener acreencias por el 21,4% del PIB en 2019 y, la deuda en poder del sector privado el 38,9% del PIB. Que se agrava por los vencimientos que se superponen este año 2020 y los próximos.

En ese marco de exigencia y magnitud de vencimientos de la deuda, el gobierno nacional apuesta a que el conjunto de los acreedores acepte un plan de pago que permita un sendero de crecimiento del PIB y de las exportaciones. El ministro Martín Guzmán sostuvo el miércoles 12 en la Cámara de Diputados que las exportaciones (que en el año 2019 fueron por 65.115 millones de dólares) deben crecer a una tasa del 4,5 al 5% anual y el PIB en torno al 2% anual.

Para ello deberían diversificarse las ventas externas y sin nombrarlas se refirió a Vaca Muerta, a la minería y a darle mayor valor agregado a las exportaciones agrícolas.

De esa manera, dijo, se generan una macroeconomía consistente que debe ser apoyada por el acuerdo de precios y salarios coordinados por el Estado nacional y una política fiscal que debe tender a equilibrar sus cuentas, en un escenario que denominó “alcanzable y realista”, que implica alcanzar el equilibrio fiscal primario (antes del pago de los servicios de la deuda) para 2022 y un superávit entre el 0,6% y 0,8% del PBI (unos 2.600 a 2.800 millones de dólares) en 2023, cuando el total del gasto público nacional (que es en pesos) sea el equivalente a 85.000 millones de dólares (un 24% del PIB).

También concedió otro escenario, en el que se podría alcanzar el equilibrio fiscal primario, con una economía en recuperación, en 2023 un superávit fiscal primario del1% y en 2024 de 1,2% del PIB.

Recordemos que en 2019, según la Secretaría de Hacienda de la Nación, los intereses de la deuda ascendían a $ 724.285,3 millones de pesos que eran el 3,33% del PIB y a la vez representaban el 18,13% del presupuesto de la administración nacional. Por ende el gobierno está proponiendo suspender el pago de los intereses y del capital adeudado por lo menos por tres años (hasta equilibrar el superávit primario que es antes de pagar los servicios de la deuda), y utilizar esos recursos para apuntalar la inversión pública, mejorar las jubilaciones y pensiones y estimular el mercado interno.

Por eso el ministro Guzmán no dio detalles de la oferta oficial. Sí anticipó la necesidad de “una reestructuración de deuda profunda», que causará » frustración por parte de los bonistas». En otras palabras, dejó entrever que, además de un amplio período de gracia, el gobierno buscará un fuerte recorte en los cupones de intereses y una quita de capital. También adelantó que no habrá un mejor tratamiento para la deuda bajo ley Nueva York que la local, porque «cuidar a la ley argentina es fundamental para el desarrollo del mercado de capitales doméstico».

Los fondos de inversión

El lunes 27 de enero vencieron los Bonos BP 21 de deuda externa de la provincia de Buenos Aires, por un valor total de 249.975.000 dólares, que tenían un plazo de 10 días corridos para no incurrir en default, que se cumplía el miércoles 5 de febrero. El martes 4 de febrero la provincia pagó la totalidad del vencimiento más los intereses, suma que debe detraer de sus escasos recursos de la provincia y que implica un menor gasto en obra pública y en las prestaciones de salud, educación, asistencia social. Esto se debió a que el Fondo Fidelity no le permitió hacer valer la “cláusula de acción colectiva” que dice que si el 75% de los acreedores aceptan deben aceptar todo el resto. En directa o indirecta, Fidelity poseía más del 25%, lo cual equivale la capacidad de bloqueo.

Al aproximarse el final del gobierno de Macri, muchos inversores trataron de salir de las posiciones argentinas, pero los principales acreedores de la Administración Nacional y de algunas provincias, como Fidelity, compraron esos bonos a precios muy por debajo de su valor nominal. Esto explica que, pese a las fuertes órdenes de venta en los mercados internacionales, no derrapara tanto su valor.

Por supuesto que en el ínterin ganaron fortunas, por ejemplo, el BONAR 2020 que vence el 8 de octubre, paga una renta fija del 8% anual en dólares. La lámina dice 100 y la compraron a menos de 45 dólares, por lo que obtuvieron, hasta hoy, una renta de más del 17% anual en dólares

Ese es el verdadero estado de situación y esos acreedores tienen un solo fin, maximizar sus ganancias a como dé lugar.

El jueves 13 de febrero vencían los Bonos Dual (AF 20) por 105.000 millones de pesos, que se habían constituido mayoritariamente en dólares (y se ajustaban en pesos y en dólares, y el dólar creció un 300% de $ 20,20 a $ 63 por unidad), pero se pagan en moneda nacional. El 3 de febrero renovaron solo el 10% del capital. El 10 de febrero el gobierno debió declarar desierta la colocación de bonos del Tesoro con los que intentaba juntar dinero fresco para hacer frente a los 95.000 millones de pesos restantes del vencimiento del bono dual AF20. Por lo tanto, el martes 11 de febrero el gobierno nacional decidió pasar el vencimiento del capital al 30 de septiembre de 2020. Obviamente al día siguiente descendió en un 30% ese título que se paga en pesos, cuando esos bonos estaban a un 80% de la paridad. (Recordemos que  la paridad de los que están en dólares es el 45% o menos.)

El Ministerio de Economía y después el ministro en la sesión de la Cámara de Diputados, dijeron que el Bono Dual es un caso atípico de la deuda en pesos y que los dos grandes fondos tenedores (Black Rock y Templeton) pretendían que se los canjeara por otros títulos similares (ajustados en pesos o por valor dólar, el mayor de los dos) y en menos plazo. De habérselo pagado en su totalidad en pesos, si el bonista no renovaba (le reconocen un valor de $ 63 por dólar) y quería comprar dólares debía pagar el Impuesto PAIS (del 30%), con lo cual el precio era de $ 82) con lo que el Estado cobra el impuesto y el bonista gana menos.

La decisión del gobierno es una jugada de riesgo. Por un lado se demuestra lo que dice el comunicado del Ministerio de Economía: que no están dispuestos a dejarse chantajear por los fondos, en este caso Black Rock y Templeton, pero, por otro lado, se está perjudicando a los bonos en pesos en general por el temor de que no se paguen en tiempo y forma en el futuro inmediato. De allí que el gobierno insista en que es un caso especial.

Guzmán dijo en la sesión de Diputados que el stock de dólares es escaso, se están utilizando reservas internacionales de libre disponibilidad del BCRA, pero que dada la magnitud de la deuda y de los vencimientos, esto no puede seguir haciéndose por mucho tiempo más.

El miércoles 12, el Ministerio de Economía adjudicó 6.400 millones de pesos en dos tramos de Letras del Tesoro con tasa Badlar (titulo Lebad), en una licitación que contó con baja participación de inversores privados y en la que se obtuvo bastante menos de los 10.000 millones de pesos que se esperaba recaudar (Básicamente lo compraron la ANSES y los bancos públicos).


Cómo sigue

El gobierno está jugado a plantear una reestructuración de la deuda para poder asumir compromisos en el tiempo que se puedan cumplir. Y los grandes fondos de inversión han decidido tratar de cobrar lo máximo posible, a como dé lugar.

En la resolución de esa problemática se debate nuestro presente y nuestro futuro.

Si no se le paga en tiempo y forma a los acreedores es obvio que el valor del título público va a descender. Esto lo hace apetecible a fondos especulativos (que en mayor o menor sentido lo son todos), que incluso pueden no haberle prestado nunca a la Argentina. Si con los bonos que adquieran en los mercados internacionales llegan al 25% de las acreencias, con jurisdicción extranjera, revivirán la historia del juez Thomas Griesa y el negarse a tratar el “caso argentino” de la Corte Suprema de los EEUU.

No haber pagado o “reperfilado” los títulos en pesos agrava el cuadro, con lo que el dólar pasa a ser una moneda codiciada y se van a ir desarmando posiciones en pesos para pasarse a la divisa norteamericana, vía el CCL (Contado Con Liqui) que es la venta de títulos públicos y privados en los mercados internacionales. Así se generan dos fenómenos, por un lado la fuga de capitales y por otra parte, la extranjerización y el aumento de la especulación incluso sobre activos de empresas argentinas, que se venden a precio vil, cuando el que los compra sabe que esa empresa vale mucho más. La inconmensurable deuda externa y la depreciación de nuestra moneda tornan muy barato el patrimonio de empresas privadas y públicas argentinas, favoreciendo su extranjerización. Los trascendidos periodísticos dicen que el grupo “Los Grobo”, que tras la devaluación del dólar en 2018 presenta fuertes pérdidas en sus balances, pide un reperfilamiento de su deuda. Lo mismo ocurre con otras grandes empresas que se endeudaron en divisas pensando que el gobierno de Cambiemos iba a atrasar el tipo de cambio y durar al menos dos períodos.

También se suma al pedido de reperfilamiento de la deuda de la Unión Industrial Argentina a través de su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista que representaba a los industriales en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) durante la dictadura militar, todos elementos que van configurando un cuadro cada vez más complejo.

Eso sí, quiénes fugaron 88.371 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos y qué se hizo con la deuda tomada por el macrismo, es un secreto no revelado.

Debe acordarse con el conjunto de los acreedores y con los poseedores claves de cada título, misión que le cabe a los bancos colocadores de deuda que se debe contratar para posibilitar la reestructuración  y negociar en los términos que planteó el ministro Guzmán, primero el país, su gente, los que no participaron de la deuda y de la fuga.

Hay un Plan B. Defaultear toda la deuda y que esperen para cobrar, pero también nosotros atenernos a las consecuencias, que son fundamentalmente la presión a la corrida cambiaria y el cese de inversiones presentes y futuras del exterior “occidental y judeo-cristiano” y el riesgo, siempre presente, de que el Departamento de Estado de los EE.UU. nos incluya en el “eje del mal”

Mientras tanto Mauricio Macri y sus ministros de Hacienda y presidentes del BCRA están de vacaciones, como si no tuvieran ninguna culpa del país que dejaron.

Publicado en:
https://www.elcohetealaluna.com/el-camino-elegido-2/

LA VERDADERA DISCUSIÓN, por Horacio Rovelli (para "Miradas al Sur" del 14-12-14)

Horacio Rovelli. Economista - Profesor UBA

 El modelo kirchnerista original crecía en base al mercado interno (con trabajo y producción nacional) y se financiaba con el superávit comercial, a la vez que los dos canjes de deudas realizados en el año 2005 y 2010 lograron hacer que disminuyera considerablemente el capital adeudado y estirar los plazos, con lo cual los servicios de la deuda (pago de los vencimientos de capital y de los intereses) representaban solo el 1,3% del PIB en el año 2012, cuando era por año de tres veces y media más en el período 1980-2001.
La mejora del perfil de deuda y las ventas al exterior donde prevalecen los acuerdos con China, demás países miembros del Brics y en la Unasur, logró frenar la restricción externa que implica para la producción en general y la industria en particular, dependiente de insumos y de energía importada, restricción que fatídicamente tiene su ciclo que se preveía pero que fue desencadenándose en forma más violenta ante la suba del precio del petróleo y el fin del dólar “barato” tras la crisis del año 2009.
Esto es, no se desconocen las leyes económicas, pero al seguir “tirando” de la demanda se infería que los empresarios al encontrarse con un mercado sostenido iban a incrementar la inversión, cosa que no sucedió con las empresas de mayor facturación y de los principales rubros. 
En ese marco, la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. del 16 de junio de 2014 rechazando tratar el caso argentino y convalidando de ese modo las dos sentencias adversas y a favor de los fondos NML Elliot, Aurelius y otros, fue como el detonante ante un gobierno que había perdido la posibilidad de sucederse a sí mismo.

Sin embargo, y esto es lo notable, no pasó como en otros finales de ciclo en que el derrape cambiario y el barajar y dar de nuevo beneficiaba al capital más concentrado en perjuicio del grueso de la población, comprando por la mitad lo que vale el doble, y no pasó porque entran a terciar el ingreso de capitales del exterior (reflejado en el valor de las acciones y en la compra de empresas locales, como es el caso de Telecom Argentina) que consideran que los activos argentinos medidos en moneda dura son baratos con respecto a empresas similares de la región y del mundo, y los acuerdos comerciales y financieros con China en primer lugar y con los países que conforman los Brics en segundo término.
La inversión en la represa Cepernic-Kirchner, en los FFCC, la asociación con empresas locales en la exploración y explotación de petróleo, la compra sostenida de granos, más el swaps de US$ 11.000 millones con la República Popular China, que es comprar al tipo de cambio oficial 6 yuanes (1 dólar) por $ 8,60, más los convenios de inversión y comercio con los otros Brics (por ejemplo el financiamiento ruso a la Represa de Chihuido) demostraron palpablemente que existe “otro mundo” dentro del sistema económico internacional que no responde a los mandatos de la Justicia norteamericana.
Ese otro mundo hace a su vez que capitales principalmente norteamericanos, como son el banco JP Morgan y los fondos de inversión Goldman Sachs, Fintech (de David Martínez), Quantum (de George Soros) y otros, compren activos, títulos públicos y acciones argentinas, más allá de que en la última semana descendieron los valores bursátiles por un contexto externo de dólar alto y baja del precio del petróleo, y en el plano interno al frenarse las operaciones de contado contra “liqui” que consiste en comprar dichos valores en el país y venderlos en divisas en los mercados en que cotizan en el extranjero.
La economía argentina goza de buena salud, tanto por la capacidad real y potencial de su mano de obra, como de los recursos naturales con que cuenta (la tierra más fértil del mundo, agua, petróleo y gas en piedras), como la de poder abastecer un mercado creciente como lo son los de los llamados países emergentes, por ende las tareas a realizar son la de sanear las cuentas públicas, fundamentalmente en lo que respecta al endeudamiento en general y la demanda de los houldouts que son los fondos buitre y otros que quedaron fuera de los dos canjes de deudas de los años 2005 y 2010 en particular, y acordar con los empresarios planes reales de inversión y generación de puestos de trabajo con metas físicas a cumplir.
Lo que se está discutiendo es cómo se van a constituir los costos de producción, esto es cómo se garantiza que en moneda dura se puedan amalgamar las ventajas naturales que tenemos, la remuneración a los distintos tipos de trabajo, y los márgenes de ganancias, para que nuestros productos sean competitivos en nuestro mercado interno y en el exterior, y esa amalgama solo se puede hacer si el nivel de inversión es el necesario.
La clave fundamental, el “quid de la cuestión”, consiste en cumplir con las condiciones de eficiencia y productividad pero garantizando el poder adquisitivo de la población base del consumo nacional, para ello se requiere de mayor dotación de capital, que no nace espontáneamente de una clase empresaria como la que opera en nuestro país que busca renta de muy corto plazo, sino con un plan sistemático, integral que parta de un análisis de lo que puede desarrollar la Argentina para sustituir importaciones y apuntalar las exportaciones pero que contemple la creación de mayor valor agregado (trabajo y trabajo especializado) para que el beneficio sea para todos.
Exige que el Estado en nombre de todos trace un mapa de potenciales productivos y comerciales del país, que infiera quienes se benefician y a costa de qué, pero que obligue a las partes cumplir con lo acordado, los empresarios a “hundir los fierros”, asumir riesgos, contemplar el mediano y largo plazo; los trabajadores a capacitarse para afrontar el desafío de una sociedad más abierta, donde los países asiáticos han tomado una delantera considerable en inversión, en conocimiento y en dedicación laboral.
Mal o bien el kirchnerismo ha logrado pergeñar un modelo de acumulación y distribución que permitió crecer todos estos años, incorporar trabajadores y aumentar las remuneraciones al trabajo, pero no pudo evitar la persistente fuga de capitales, aunque al finalizar su gobierno logra aunar las tareas de investigación, seguimiento y control por parte de los organismos públicos (AFIP, BCRA, CNV, Procelac, UIF), pero paralelamente cedió un eslabón y con ello la confianza que es difícil de recuperar.
Esto es, la contradicción principal es que los que defienden el trabajo y la producción del país buscan que la mayor eficiencia y productividad sea por inversión en capital (máquinas, herramientas, equipos, etc.), mientras que los empresarios buscan a través de la devaluación de nuestra moneda, abaratar en divisas el trabajo y la producción nacional.
Mientras la primera implica conversión de la ganancia en inversión, asumir riesgos y generar mejores puestos de trabajo, la segunda instancia persigue ganar más por reducir los costos por menores salarios en dólares.
Para ello el estado debe estimular (desgravaciones impositivas, créditos de los bancos oficiales, reducción de encajes a los bancos que presten a los sectores da desarrollar, avales, etc.) a la industria y dentro de ella a las que realicen innovaciones técnicas y profesionalicen su mano de obra, garantizando más trabajo y mejor pago. Y aumentar los impuestos a los sectores primarios (extractivos y agropecuarios).
El planteo “eficientista” que proponen los empresarios, tanto los nucleados en el Foro de la Concertación Empresaria (UIA; Mesa de Enlace; IDEA; ABA: Asociación de Bancos Argentinos, que nuclea a los bancos extranjeros que operan en nuestro país; Cámara de Empresas Mineras; etc.) como en la AEA: Asociación Empresaria Argentina, presidida por Jaime Campos acompañado por Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José G. Cartellone (Cartellone Construcciones Civiles), Alfredo Coto (Supermercado Coto), Enrique Pescarmona (Impsa), Cristiano Rattazzi (Fiat), Miguel Acevedo (Aceitera Gral. Deheza), y Alberto Grimoldi (Zapatos y carteras Grimoldi), entre otros representantes de lo más graneado de los grandes empresarios que operan en el país, y esa propuesta “eficientista” no es otra cosa que el camino ya trillado y recontra comprobado de transferencia de recursos los asalariados al gran capital en base a abrir la economía, reducir los aranceles y devaluar, para que nuestros costos internos sean semejantes a los de los países del este asiático, que tienen otras estructuras de costos, otro valor para los productos de primera necesidad y otra historia. Siempre se generó una fuerte y rápida ganancia para el gran capital con abrir la economía y hacerla competir de igual a igual con el resto del mundo, cuando los países más productivos primero fortalecieron su industria, su producción y recién allí (con años y años de protección por parte de sus Estados) se largaron a competir.
Es obvio que los candidatos invitados por estos agrupamientos empresarios y auspiciados por ellos a la máxima administración del país van a ejecutar la baja de las defensas del mercado interno para reducir los costos en base al deterioro de los salarios, en lugar de tomar el camino más pensado y necesario de reconocer las complejidades e interrelaciones económicas, pero construyendo a partir del trabajo y la producción argentinos.

Publicado en:

http://sur.infonews.com/nota/10155/la-verdadera-discusion

CÓMO SALIR DEL LABERINTO, por Horacio Rovelli (para "Miradas al Sur" del 08-06-14)

Miradas al Sur. Año 7. Edición número 316. Domingo 8 de Junio de 2014

Por 

Horacio Rovelli

contratapa@miradasalsur.com

Simón Bolívar el Libertador, el vencedor de Junín, de Carabobo, el que en 100 batallas expulsó a los españoles de gran parte de América del Sur, el más vencido y el más vencedor de todos los generales de la historia del continente, el que recorrió a caballo y en mula 90.000 kilómetros en su lucha independentista, muy enfermo, perseguido por la oligarquía criolla de la Gran Colombia, refugiado en la casa de un amigo en una quinta en las afueras de Santa Marta, se dijo. “¿Y ahora, cómo salgo de este laberinto?”, antes de fallecer en diciembre de 1830.
Salvando las distancias y deseando que el final no sea el del Libertador, como dijo de él José Martí, “lo que no ha hecho Bolívar no está hecho todavía”, el gobierno de los Kirchner ha sido en la Argentina el que más estímulos generó a favor de la producción y del trabajo en los últimos 30 años, sin embargo, el sector que debía impulsar la industria y el comercio, la construcción y la minería, el campo y la ciudad, que gozó de créditos a tasas menores que la inflación, de desgravaciones impositivas, de promociones industriales, de protección arancelaria y paraarancelaria, como la oligarquía de la Gran Colombia, se agarró de los beneficios y no sólo no cumplió ni cumple con ningunas de las obligaciones, sino que pretende derrocar al Gobierno mediante lo que eufemísticamente se llama “golpe de mercado”, así como la oligarquía criolla atentó varias veces contra la vida del Libertador y lo relegó a morir huyendo, quién en su delirio por la fiebre de la tuberculosis sus últimas palabras fueron “José, José, vámonos que de aquí nos echan”, llamando a su lugarteniente José Marcial de Sucre al que esa misma oligarquía había emboscado y asesinado seis meses antes.
Según estimaciones del Indec, los activos de residentes argentinos (viven en nuestro país y es riqueza generada en nuestro país) en el exterior alcanzan a US$ 217.000 millones, refrendado, por ejemplo, por la revista Forbes del año 2013, que cuenta entre las 2.000 personas más ricas del mundo a varios argentinos, entre ellos Carlos y Alejandro Bulgheroni, dueños de la petrolera Bridas y Panamerican Energy, con US$ 5.880 millones, Paolo Rocca con US$ 3.400 millones, Gregorio Pérez Companc y familia con US$ 2.800 millones, Eduardo Eurnekian dueño de la Corporación América (administradora de aeropuertos en la Argentina) con US$ 1.900 millones, Alberto Roemmers con US$ 1.350 millones, María Inés de la Fuente (heredera de Amalia Lacroze de Fortabat) y su familia con US$ 1.260 millones, entre otros. O basta leer la lista de los que compraron dólares en los últimos años, publicada en el libro Economía a contra mano, del periodista Alfredo Zaiat.
Pero no decimos todos, pero sí en su inmensa mayoría pretenden valorizar esos capitales en el exterior para comprar activos nacionales por menos de la mitad cuando vale más del doble. Por eso impulsan la suba del dólar paralelo o “blue” como le gusta denominarlo, apropiándose indebidamente del trabajo y de la producción nacional, por eso propagan con su actitud especulativa y en sus medios de comunicación que no se iba a acordar con el Club de París, o que el 12 de junio la Corte va a fallar en contra de los intereses de nuestro país, obligando a pagarle en efectivo e inmediatamente los US$ 1.330 millones que reclaman los fondos NML y Elliot, sabiendo que en ese caso se dispara la cláusula RUFO que obliga a darles igual trato a los bonistas que participaron en los canjes de deuda de los años 2005 y 2010, y con ello el “default” de nuestro país.
Para ellos, cuando peor nos va, más redituable se les hacen los dólares que fugaron al exterior. Recordemos cómo celebraban el embargo de la Fragata Libertad en Ghana, de igual forma celebrarían el embargo de las cuentas argentinas.
Pero eso no va a pasar, no sólo porque no tiene asidero jurídico, sino porque no tiene asidero económico. La propuesta de canje de deuda de la Argentina fue amplia y podían haber participado los “fondos buitre” pero no quisieron, y en vez de atenerse a las consecuencias pretendían utilizar su influencia en el Juzgado Nº 2 de Manhattan.
Y no tiene asidero económico porque tras la devaluación de enero de este año, los activos argentinos y el trabajo nacional son baratos en dólares comparándolos internacionalmente. Cualquier empresa argentina es un 30% más barata que su homónima en Brasil, Chile o México, y la tasa de ganancia en promedio que se obtiene es mayor. Eso explica por qué fondos del exterior compran títulos y acciones del país, con lo que ingresan dólares que aumentan la oferta. Y explica también por qué Louis Dreyfus, Cargill, Nidera, o Bunge Cerval venden en el mercado interno el dólar de la soja a $ 5,30 ($8,16 de la cotización oficial del tipo de cambio, menos el 35% de los derechos de exportación –retenciones– que cobra el Estado argentino).
Entonces si esas empresas internacionales comercializadoras de granos que facturan en el mundo más de lo que produce la Argentina por año aceptan vender sus dólares a $ 5,30 pesos, que el blue esté en torno de los $ 11 o más, sólo le sirve a la economía en negro, no registrada, y por ende la AFIP debería buscarla y aplicarle la ley penal cambiaria y tributaria
Por supuesto que la situación generada no es gratis, no está exenta de riesgos, se refleja en caída del consumo y por ende de la producción y del trabajo, en no poder bajar la tasa de interés para que los ahorros líquidos no se pasen a comprar dólares, en fin en 18 meses duros, en que los especuladores tratarán por todos los medios y las formas de que el Gobierno derrape, que el dólar suba a precios astronómicos, perjudicando el presente y el futuro de la población, que tampoco la tiene fácil, pero que debe, una vez más, aprender de sus fracasos y tener en claro quién es quién en nuestro país, y así como Simón Bolívar en su “Carta de Jamaica” denuncia las “...barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana; y jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades”, debemos desenmascarar a los enemigos del pueblo.

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