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domingo, 22 de marzo de 2015

FELETTI: "Queremos saber si hay otros bancos involucrados", entrevista de Ignacio Chausis para "Tiempo Argentino" del 22-03-15


Entrevista a Roberto Feletti


El diputado analizó el trabajo que realizará la comisión bicameral que investigará el escándalo del HSBC.


Definición - El diputado Roberto Feletti recalcó que todas las audiencias serán públicas mediante las versiones taquigráficas para transparentar la causa.
El miércoles quedará formalmente constituida la comisión bicameral que investigará las presuntas maniobras de evasión fiscal y lavado de activos atribuidos al banco HSBC a partir de su filial ubicada en Ginebra, Suiza. Se trata de un escándalo millonario que tiene bajo la lupa las cuentas sin declarar de 4040  clientes argentinos que habrían fugado, como mínimo, $ 62 mil millones que la AFIP busca repatriar. Con participación de los bloques opositores, la comisión investigadora estará encabezada por el ex viceministro de Economía y actual titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja Roberto Feletti, quien anticipó que entre las primeras medidas se convocará, tanto a los principales directivos del banco como a los clientes sospechados de fuga, estos últimos a partir del volumen operado. También aseguró que se sumarán a la órbita de investigación elementos que se desprendan de la causa por el incendio intencional de Iron Mountain, donde la entidad guardaba documentación. Y puso de relieve que uno de los objetivos será darle visibilidad al comportamiento "gravoso" para el país implementado por algunos de los sectores más concentrados del empresariado. "Lo trascendente acá es poder determinar que esto es un comportamiento sistémico, que hay que modificar la normativa cambiaria, la normativa de entidades financieras y también ponerla a disposición de la justicia", aseguró el legislador.

–¿Bajo qué supuestos o hipótesis va a trabajar la comisión?

–La idea es que se constituya el miércoles. Nosotros ahí tenemos diez días para presentar un cronograma de trabajo, el objetivo en un primer momento es trabajar sobre el relevamiento que ya hizo la AFIP sobre el HSBC, y tratar de determinar si realmente esto es parte de un comportamiento sistémico, es decir, si hay más bancos involucrados, si hay más sujetos tributarios que han evadido y han fugado divisas, que es parte de un combo habitual del empresariado argentino apoyado por la banca extranjera. En tal caso, a través de entrevistas, citaciones tanto a los organismos de control como otros banqueros, expertos y demás, enviar la información al Poder Ejecutivo, Judicial y con un informe final elevar recomendaciones para la modificación de la normativa financiera. En primer lugar, la comisión va a trabajar sobre los elementos que aporta la AFIP. Por el otro, la hipótesis de que acá el sector del empresariado económico más concentrado de este país actúa permanentemente, más allá del período económico que se atraviese –porque este era un período económico de crecimiento y tranquilidad– transformando en dólares sus ganancias, no tributando lo que debe tributar y llevándoselo al exterior. Si esta hipótesis se verifica luego como un comportamiento habitual habrá que tomar medidas de regulación. También explicarle al pueblo argentino cual es el comportamiento de los agentes económicos más importantes de este país respecto de sus compromisos de inversión y respecto del funcionamiento de la economía habitual del país.

–¿Recibieron apoyo de los otros bloques políticos?

–La comisión se integra por diez legisladores, cinco senadores, cinco diputados, de los cuales seis legisladores son del oficialismo y luego por orden de importancia de los bloques. Hasta ahora, entre los nombres que han circulado hay representantes del radicalismo y alguien del Frente Renovador. Esperamos que haya un respaldo bastante importante de todos los bloques, porque esto en realidad es un problema de Estado. Explícitamente no ha habido un apoyo de los otros bloques, sí confiamos en que integren la comisión. De hecho, la ley se aprobó con un voto dividido. 

– ¿Van a dar a conocer y citar a los titulares de las cuentas?

–Lo que vamos es hacer es determinar la totalidad de empresas y personas involucradas en la salida de capitales, establecer un cronograma de citaciones. Probablemente ese cronograma se organice por orden de magnitud de fuga y evasión. Además, las citaciones serán públicas, nosotros vamos a estar citando a estas empresas y/o personas que hayan tenido este comportamiento al Congreso de la Nación, en una comisión que va a ser pública. Así que, evidentemente, vamos a dar a conocer los nombres. Aparte, lo que queremos también como representantes del pueblo argentino es que el pueblo argentino sepa que tipo de comportamiento tienen sus agentes económicos. Quiero que sea institucional por eso prefiero no anticipar nombres, queremos que la comisión esté constituida y trabaje institucionalmente, para esto tiene una ley que la ampara. Ahora bien, nosotros queremos, sobre la base de la información que nos dé la AFIP citar a los responsables de estas maniobras. Sobre todo también para determinar si este tipo de maniobras están extendidas a otros bancos. Acá el Banco Central tiene una central de clientes por la cual nosotros podemos saber si una determinada empresa operaba con el HSBC pero también operaba con otros bancos, y entonces saber si otros bancos se producían el mismo tipo de comportamiento.

–¿Por qué no dieron a conocer aún el listado de clientes?

–En primer lugar porque está en poder de la justicia bajo secreto de sumario. Y queremos movernos estrictamente al amparo de la ley. Y esta tiene previstos una serie de mecanismos. Cuando nosotros recibamos formalmente la información de AFIP estableceremos un cronograma de trabajo y citaciones y, como decía antes, esto va a ser absolutamente público. Por otro lado, el artículo seis de la ley que crea la comisión establece claramente que no es oponible el secreto fiscal ni el secreto bancario a los temas de interés que investigará esta comisión. Además es importante… nosotros somos representantes del pueblo argentino, se crea una comisión en el Congreso de la Nación, que el pueblo sepa qué tipo de comportamiento tienen determinados agentes económicos de este país y que son gravosos para la economía del mismo.

–Entre la documentación que se destruyó en el incendio intencional del depósito de Iron Mountain en febrero de 2014 existía material de HSBC, algo que reconoció el propio banco. ¿Va a ser materia de la análisis de la comisión este hecho?

–Hay un apartado de la ley que da origen a la comisión que explícitamente faculta a la comisión a poder indagar e investigar sobre con-causales de la maniobra. En este caso concreto, la obligación que tienen las instituciones financieras de guardar activos respaldatorios de sus clientes. El término "Conozca a su Cliente" obliga a conformar legajos, obliga a tener antecedentes y los bancos deben preservarlos. Tenemos todas las facultades como para poder indagar sobre este tema, sobre este tipo de maniobras e inclusive sobre quiénes fueron los responsables de lo que pasó en Iron Mountain, una empresa de logística que debió haber cumplido con todos los recaudos para que eso no ocurra. Además, ya tuvo casos parecidos en otros lugares del mundo, lo cual lo hace más sospechoso. Este tipo de maniobras, inclusive lo podemos trasladar a los fallos del juez Thomas Griesa impidiendo que Argentina pague sus títulos que no están sometidos a la ley estadounidense, lo que desnuda es el comportamiento del capitalismo financiero global: el ocultamiento de información, el manejo discrecional de los fondos, las tensiones y vulneraciones de las normas impositivas y cambiarias de los distintos países, no sólo los emergentes sino también los países desarrollados. Es muy importante poder establecer, y poner blanco sobre negro, lo que ha ocurrido aquí porque revela comportamientos sistémicos bastante dañinos para la economía de un país y para las posibilidades de trabajo y salario de la población.




Arriba: Captura de pantalla de la página de IRON MOUNTAIN... ofrecen "destrucción segura" de información. Cumplen
–¿Serán públicas las audiencias?

–Cuando funciona la comisión de Presupuesto hay obligación de que haya taquígrafos y hay presencia de periodistas y cámaras presentes. Así que eso será decisión de los medios, cómo cubrirlo, pero habrá versión taquigráfica, por supuesto.

–En términos históricos es prácticamente nula la penalización de los delitos económicos en el país. ¿Cree que el caso de HSBC puede sentar un precedente, un antes y un después?

–Ya por lo pronto la AFIP ha colocado en poder de la justicia por infracción a la normativa tributaria los antecedentes relevados. Nosotros tenemos el optimismo de que esto sea llevado a la justicia si cabe y que se establezcan las sanciones que hay que aplicar. Insisto, por mi experiencia, por el lugar que uno ha recorrido –yo me formé en el Banco Central– estoy plenamente convencido de que estamos ante un comportamiento sistémico contra el país de vulneración de la normativa tributaria pero también de su normativa cambiaria. Entonces, frente a un contexto hoy de escasez de divisas de ataques especulativos contra la moneda del país, de reclamos de políticas de ajustes, por el otro lado hay una evasión fiscal que permitiría cerrar la brecha fiscal, hay U$S 3500 millones evadidos fuera del país. Es un tema muy trascendente para que la justicia además intervenga. 

– ¿Van a extender la investigación hacia otros bancos sospechados, como por ejemplo el UBS?

Si bien el punto de partida es el comportamiento del HSBC como banco facilitador de los clientes asociados tenemos previsto extender el relevamiento a otras instituciones financieras e inclusive revelar que  ha pasado en otras partes del mundo. En este sentido es muy importante lo que ha sucedido en el Parlamento británico, conseguir información de este tipo y poder avanzar en el más amplio espectro. Porque si no también podríamos acotarlo a un caso puntual cuando, yo insisto, lo trascendente acá es poder determinar que esto es un comportamiento sistémico, que hay que modificar la normativa cambiaria, la normativa de entidades financieras y también ponerla a disposición de la justicia.

–¿Qué tiempo se tomará la comisión para elaborar el informe?

–La comisión tiene un plazo de noventa días prorrogable a otros noventa. Tenemos obligación de toda la información enviarla al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial para que califique si corresponde la tipificación de delito y también proponerle al Congreso las modificaciones a la ley vigente en materia de regulación. Esperemos llevar adelante un trabajo con la máxima colaboración, tanto del sector privado como del sector público y las distintas fuerzas políticas, porque es un tema de trascendencia para el país y sobre todo para su pueblo.

Paso a paso, las claves del caso

Escándalo: A través de un acuerdo bilateral firmado con Francia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) accedió el año pasado a información relacionada con cuentas sin declarar que clientes argentinos mantenían en la sucursal de HSBC en Ginebra, Suiza.
Evasión: La información suministrada al gobierno francés a partir de un ex empleado de HSBC, Hervé Falciani, da cuenta de la existencia de 4040 cuentas de clientes argentinos (individuos y empresas). El organismo estimó una evasión de $ 62 mil millones, como mínimo.

Denuncia: En noviembre pasado, el organismo presentó una denuncia penal por evasión fiscal y asociación ilícita a los principales directivos del banco, a quienes acusó de conformar "una plataforma ilegal con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes a evadir impuestos". Tras idas y vueltas, la denuncia quedó ratificada en el juzgado penal tributario 3, a cargo de la jueza María Verónica Straccia.

Comisión investigadora: Al margen del derrotero judicial que transite la denuncia, el Congreso aprobó en diciembre pasado la conformación de una comisión investigadora que se pondrá en marcha el próximo miércoles. Citará a directivos y clientes y se espera que en un plazo no mayor a 180 días eleve un informe con sus resultados.

Ampliación: Si bien tendrá como base la información provista por la AFIP sobre HSBC, la actividad de la comisión  se podrá extender a otras entidades, como por ejemplo UBS, donde una ex empleada de la firma –Stephanie Gibaud– reveló información valiosa sobre las maniobras de ocultación de activos.  También tendrá en cuenta el incenio intencional de Iron Mountain, donde HSBC guardaba documentación.

Publicado en:
http://tiempo.infonews.com/nota/148151/queremos-saber-si-hay-otros-bancos-involucrados

Griesa dio marcha atrás y autorizó al Citibank a pagar bonos argentinos, por Ignacio Chausis(para "INFOnews" del 22-03-15)


Hace menos de una semana el juez octogenario había rechazado esta decisión. Permitió el pago de títulos bajo jurisdicción argentina que vencen el 31 de marzo y el 30 de junio. Sienta un precedente que respalda la posición de la República frente a los fondos buitre y pone en dudas la ecuanimidad de la justicia de los Estados Unidos.

Finalmente, el juez estadounidense Thomas Griesa dio luz verde para que el Citibank cumpla con el pago de bonos emitidos bajo legislación argentina que vencen el próximo 31 de marzo, una decisión que el anciano magistrado había rechazado durante las sucesivas audiencias que tuvieron lugar las últimas semanas, en medio de los reiterados reclamos del banco. El fallo, sorprendente, teniendo en cuenta las últimas resoluciones de Griesa, se extiende además a los vencimientos que Citibank debe cumplir el 30 de junio, los cuales autoriza a efectuar "bajo determinadas condiciones".
A través de un comunicado, según consignó Tiempo Argentino, Citibank informó que recibió el viernes una notificación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la cual se le indicaba que "no impedirá" que su sucursal en Argentina "cumpla con sus obligaciones de procesamiento de pago en relación a los intereses de los bonos en dólares bajo ley Argentina, que podrán ser pagados el 31 de marzo". Tampoco impedirá que Citibank abandone el negocio de custodia de títulos en Argentina (ver nota aparte), tal como había anticipado el banco.

El viernes, la presidenta Cristina Fernández se refirió al conflicto generado con el banco estadounidense al encabezar un acto oficial en Calafate.

Si bien los vencimientos en cuestión no eran demasiado relevantes –algo más de 3 millones de dólares– la marcha atrás de Griesa sienta un precedente que respalda la posición que viene sosteniendo Argentina, esto es, que los títulos emitidos bajo legislación local escapan por completo a la jurisdicción de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según comentaron fuentes del Citibank a Tiempo Argentino, tras negarse a autorizar los vencimientos del 31 de marzo, Griesa rechazó el pasado 16 de marzo el pedido de una "stay" (medida cautelar) al considerar que no estaba justificado el pedido de la entidad financiera, lo que trababa el pago de bonos argentinos. Ante esa negativa, los abogados de Citibank reclamaron la imposición de una cautelar ante la Cámara de Apelaciones, mientras en paralelo gestionaba reuniones con Griesa para explicarle la compleja situación en que lo colocaba su fallo, esto es, que para acatarlo debía incumplir con la legislación argentina. Tras esas reuniones, el atribulado magistrado expidió la autorización en la madrugada del sábado.
"De esta forma Griesa lo que hace es adelantarse a lo que finalmente iba a dictaminar la Cámara. Esto porque en esencia la decisión del rechazo de Griesa no tenía fundamentos técnicos. ¿Por qué anteriormente autorizó los pagos y ahora no? Es decir, hay un juez que ante una misma situación toma caminos divergentes. Entonces, Griesa se anticipó, tomó una salida elegante que deja contentos a todos", señaló a Tiempo Enrique Dentice, coordinador del Centro de Investigación y Medición Económica de la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El economista destacó además la reciente designación de un veedor en el Citibank por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). "Fue una medida importante, con esta actitud está poniendo en aviso que no va a cerrar la actividad de un banco que lleva más de 100 años en el país, pero sí que va a controlar lo que hace, hizo o va a hacer, es correcto, no sólo para el Citi sino para todos los bancos", agregó.
Griesa ya había permitido en otras instancias de los fondos buitre que Citibank canalice pagos, aunque en todos los casos esa autorización se extendió "por única vez".
Según testigos que presenciaron las audiencias que se desarrollaron entre fines de febrero y marzo para decidir si permitía o no a Citibank efectuar los pagos, el magistrado se mostró sumamente confundido, solicitando que se le reiteren los argumentos una y otra vez y repreguntando sobre cuestiones que son materia de debate desde hace años. Tras una serie de reuniones en que postergó su fallo, Griesa finalmente había rechazado la solicitud de Citibank para pagar los intereses de los bonos argentinos.
Consultadas por este diario, fuentes del Ministerio de Economía se mostraron optimistas ayer por la tarde, antes que se conociera el fallo de Griesa, respecto de la decisión que tomaría finalmente el Citibank, que –en resumidas cuentas– debía optar entre dar cumplimiento a la reciente orden del juez que impedía efectuar el pago o acceder al compromiso asumido con los inversionistas bajo la legislación argentina.
Según la óptica oficial, tres factores contribuían a ese optimismo. En primer lugar el escaso volumen de los títulos bajo custodia del Citibank, algo más de 3 millones de dólares, que representan alrededor del 15% del vencimiento total que debe afrontar Argentina a fines de marzo.
A ello se suma el nivel de colaboración brindado en los últimos días, luego que se conozca la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de designar un veedor (el vicepresidente de ese organismo, David Jacoby) para garantizar el cumplimiento de pago. Y, por último, el interés de Citibank en evitar algunas de las sanciones que podrían caberle por parte de la CNV en caso de incumplimiento, entre las que se encuentra la "separación de los órganos de administración de la entidad por un plazo de 180 días hasta regularizar las deficiencias", según se desprende de la Ley de Mercados de Capitales sancionada en 2012.
En este sentido, el hecho de haber nombrado un veedor al interior de la entidad estadounidense –una facultad también presente en la nueva Ley de Mercado de Capitales pero escasamente utilizada– fue interpretado como una señal de que el gobierno utilizaría todos los instrumentos legales a mano para garantizar el pago a los acreedores.
En los últimos días el gobierno había redoblado la presión para que Citibank cumpla con el pago de los vencimientos. El miércoles último, el ministro Axel Kicillof  advirtió que el "Citibank Argentina tiene una responsabilidad de regirse por las leyes locales y si incumple, recibe por parte del Banco Central la respuesta que está estipulada en la ley, es decir, incumplir tiene consecuencias". El titular del Palacio de Hacienda precisó además que la decisión de Griesa "afecta tan sólo a los clientes de esa entidad que poseen ese tipo de títulos entregados en el marco del canje de deuda llevado a cabo en 2005 y 2010", y que "constituyen apenas el 3% del total de tenedores de Bonos Ley Argentina".
Asimismo, el viernes, la presidenta Cristina Fernández se refirió al conflicto generado con el banco estadounidense al encabezar  un acto oficial en Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde señaló que "en la Argentina se cumple con la ley de los argentinos, sea quien sea", en abierta alusión a la decisión que debía adoptar Citibank.

 Publicado en:

domingo, 28 de septiembre de 2014

Los fondos buitre financian el saqueo petrolero en Malvinas, por Leandro Renou e Ignacio Chausis (para "Tiempo Argentino" del 28-09-14)

 

La trama detrás de la apropiación de los recursos naturales de la Argentina. Paul Singer, dueño de NML Elliott, invierte en la petrolera Noble Energy, que opera en las islas. En esa empresa, el fondo buitre es socio del Bank of New York Mellon (BoNY), que retiene por orden de Griesa 539 millones de dólares depositados por la Argentina. También opera el fondo BlackRock, que era el dueño de la gráfica Donnelley. Las compañías violan varias resoluciones de la ONU.

Por Leandro Renou e Ignacio Chausis

Esta semana, Noble Energy, una de las petroleras que busca crudo en Malvinas, anunció que una reevaluación del potencial de las licencias off shore en la parte sur y este de las islas arrojó resultados mejores a los esperados, con existencias de hidrocarburo presuntamente de calidad. Noble Energy (de capitales estadounidenses, con base en Houston y oficinas en Gran Bretaña) es una de las ocho petroleras, en su mayoría inglesas, en el archipiélago, y es la punta de lanza del relanzamiento de la exploración británica en el área, obligada por el dramático retroceso de las reservas de hidrocarburos en el Mar del Norte y la tensión independentista con Escocia, el propietario de las mayor parte de las licencias petroleras del Reino Unido.
En este contexto, surge otra particularidad: Noble Energy –que llegó a trabajar en las islas a principios de año asociada a la inglesa Falkland Oil and Gas– tiene un respaldo financiero de fondos buitre, que acaparan partes del accionariado de la firma. Así lo informó Tiempo Argentino.
Entre ellos, el fondo Elliott Management Corporation, buque insignia del litigio de Argentina con los holdouts.
Paradójicamente, otro de los tenedores de una porción de Noble Energy es el Bank of New York Mellon (BoNY), quien no liberó el dinero para pagarles a los bonistas que entraron a los canjes de la Argentina, justamente por la presión de Paul Singer, titular de Elliott, ante el juez de Nueva York, Thomas Griesa.
Asimismo, Singer, a través de otras razones sociales, está presente en otras compañías que controlan a firmas que operan en el archipiélago. Y en las empresas británicas que deambulan por el off shore de las islas se pueden ver además a casi todos los bancos de inversión que, en forma unilateral, decretaron el default argentino para que los mismos holdouts cobren los seguros anti-default.
Cabe destacar que en el resto de las petroleras de Malvinas también hay fondos que especularon con deudas de países en crisis, pero con diferentes niveles de participación. La situación, que se enmarca en el denominado "Juicio del Siglo" y sus efectos sobre las finanzas mundiales, muestra en realidad la raíz del problema con los fondos buitre: la injerencia que tienen en el poder económico global, en distintos sectores estratégicos, y que termina condicionando políticamente a las naciones, incluso al propio Estados Unidos.
En las últimas horas, las empresas reportaron la existencia de recurso en los pozos Loligo y Scotia que tienen gas, y Diomedea, que podría contar con crudo. Y detallaron la utilización intensiva de sísmica 3D para clarificar las perspectivas del recurso. Además, Noble Energy se asoció en junio pasado con otras firmas de las islas, para traer una plataforma de perforación que garantice las búsquedas en 2015. Esta ansia de recurso por parte de Gran Bretaña tuvo –desde el desembarco en 2008 de la mayor parte de las empresas– un problema central: el acceso al financiamiento sobre trabajos de exploración con alto riesgo. De hecho, las primeras búsquedas infructuosas hicieron que muchas empresas emprendieran la retirada. En este sentido, la toma de posiciones de fondos buitre en petroleras británicas es una apuesta a largo plazo, de sectores afectos al riesgo y al litigio.
Los lazos de los holdouts en el poder económico y en las petroleras de Malvinas son claros, alcanza con bucear en las composiciones accionarias para verlo. Noble Energy, la firma que intensificó trabajos esta semana, no sólo tiene entre sus accionistas a Elliott Management, sino también a Oz Management, otra empresa del multimillonario Paul Singer. Aparece además el fondo BlackRock, objeto de transferencia de acciones con el fondo Elliott, y que quedó en el ojo de la tormenta por ser parte de la gráfica Donnelley, investigada por el gobierno argentino por una presunta quiebra fraudulenta. Inclusive, el fondo adquirió una parte de la actual YPF. Asimismo, hay en Noble otros accionistas no buitres pero fondos de peso como Soros, JP Morgan, Goldman Sachs y hasta la angloholandesa Shell.
En retrospectiva, no es la primera vez que Singer se acerca al petróleo y a las Malvinas. Elliott Management posee cerca de un 40% de una empresa petrolera llamada Hess Corp, que en su momento fue socia de la Repsol que dominaba YPF en emprendimientos en otros países de la región, como México y Brasil. De hecho, en 2009, se denunció públicamente un intento de la ibérica de entregar sin licitación a Hess un área de Vaca Muerta. Otro dato importante para mostrar el alcance de los buitres sobre el petróleo mundial es que Singer, a través de una participación en la energética SM Energy, invierte en el yacimiento de shale Eagle Ford, el área estadounidense que se asemeja en potencial al neuquino Vaca Muerta. Asimismo, Singer a través de Noble Energy también perfora en el Golfo de México desde 2011, de la mano de Repsol.
Pero yendo aún más atrás, en 1998, Hess Corp fue la primera empresa que recibió contratos otorgados en forma unilateral por el gobierno de las Islas Malvinas. En ese momento, no hubo consentimiento argentino y la empresa incluso se negó a pagar regalías que le correspondían a Argentina. Varios años después, en 2012, el gobierno argentino emitió la Resolución 133 a través de la cual sancionó a empresas que operaban ilegalmente en Malvinas. El apercibimiento se extendería por un plazo de 20 años, al ser empresas que nunca obtuvieron habilitación para trabajar en la zona del archipiélago (violaban las disposiciones de la Ley 17.319 en materia de exploración y explotación de recursos naturales). La sanción –que es posterior a una declaración de la Organización de Naciones Unidas del año 1976– recayó sobre las firmas Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Argos Resources y Falkland Oil and Gas. Ese pelotón de empresas –algunas ya se han retirado de la zona por falta de resultados– se completa con la antes mencionada Noble Energy, Rockhopper Exploration, Diamond Drilling y BHP Billiton. Todas ellas tienen en sus filas poderosos fondos de inversiones y también fondos buitre.
En el caso de Desire Petroleum, Falkland Oil and Gas y en Borders and Southern Petroleum, también aparece el fondo BlackRock como accionista, ergo, también está la presencia del Elliott de Paul Singer. Ninguna de estas dos petroleras están autorizadas para operar en las islas. No por cuestiones del azar, Falkland compró además una participación dentro de BHP Billiton, otra de las petroleras de Malvinas vinculadas a fondos especulativos. Esta última se retiró de las exploraciones en el año 2010, justamente por falta de resultados a una aventura que cuesta miles de millones de dólares. Por otra parte, el fondo BlackRock está dentro del accionariado del fondo buitre Gramercy, que según denunciaran por entonces diputados de la oposición ante la justicia, especuló y se quedó con bonos que quedaron fuera del primer canje de deuda de 2005.
Otra de las curiosidades "buitres" en las empresas petroleras británicas de Malvinas es el caso del Bank of New York Mellon (BoNY): la entidad que inicialmente trabó pagos a bonistas argentinos reestructurados en el inicio del conflicto con los holdouts es, paradójicamente, accionista de casi todas las empresas de Paul Singer. Incluso en las petroleras SM Energy y Noble Energy. Asimismo, el BoNY está dentro de Iron Mountain, la empresa de archivos investigada en la justicia argentina por un incendio en su sede de Barracas. Allí, Singer y el fondo BlackRock también son accionistas.
Como si esto fuera poco, casi todos los bancos especulativos que están dentro de las petroleras de Malvinas y dentro del accionariado de las empresas de Paul Singer, son parte del International Swaps and Derivatives Association (ISDA): es el caso del Bank of America, Goldman Sachs y el JP Morgan. El organismo fue el que decidió unilateralmente declarar a la Argentina en default tras el fallo Griesa. Esto permitió, justamente, que fondos buitre como Elliott cobraran importantes sumas de dinero por haber apostado contra Argentina con seguros de default. «

Lobby de american task force contra vaca muerta
El grupo American Task Force Argentina (ATFA), creado por Paul Singer para hacer lobby en favor de los fondos buitre y en contra del país, difundió ayer un artículo de Bernard Weinstein, profesor de negocios de la Universidad Metodista del Sur de los Estados Unidos, que advierte que si la Argentina entra en "default técnico" podrían peligrar las inversiones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, el principal proyecto energético del país.
En su columna publicada en el Investor’s Business Daily, Weinstein, que según los fondos buitre es "un reconocido experto en el desarrollo del mercado energético a nivel mundial", sostiene que "un default nuevo reduciría sustancialmente las perspectivas para la inversión extranjera en el futuro (…) en el sector económico con el mayor potencial de crecimiento."

La sequía de inglaterra los empujó
La producción de gas del Reino Unido se ubicaba en 1980 algo por encima de los 1300 billones de pies cúbicos; alcanzó en el año 2000 un pico máximo superior a los 1700 billones y luego experimentó un derrumbe muy fuerte pasando a casi 1300 billones en 2010 y los años posteriores.
Un volumen similar al de hace más 30 años pero con niveles de demanda gasífera muy por encima de los década del '80.
Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), algo similar ocurrió con la producción de petróleo. Había 1,6 millones de barriles diarios en 1980 y hoy están por debajo del millón.
Por el lado de las reservas, también se observan caídas que terminan explicando la apuesta a Malvinas, que según muchos especialistas contó con el lobby del propio gobierno británico para que las petroleras de Malvinas consigan fondos líquidos. En 1980, las reservas de gas eran de 25 trillones de pies cúbicos, mientras que hoy han caído hasta los 8 trillones. Y en materia petrolera ostentaban 15 billones de barriles, cifra que hoy se instaló en casi 3 billones de barriles.
Al igual que la Argentina en el año 1998, el Reino Unido alcanzó su peak oil (pico máximo de producción) en el año 2000. La sequía petrolera forzó a Inglaterra a apoyar la aventura empresaria en Malvinas, otra de las guerras silenciosas o encubiertas del petróleo a lo largo y a lo ancho del mundo. Ante la caída de la producción de las reservas del Reino Unido, los británicos primero respaldaron la invasión estadounidense a Medio Oriente; y luego apuntaron cañones al archipiélago. Hoy, sin resultados concretos, el Reino Unido empezó a importar crudo desde Noruega, ante el derrumbe de las existencias en el Mar del Norte, fuente de la que obtienen el 98% del crudo y gas totales.
Ante semejante escenario, una serie de fondos especulativos europeos se sumaron al respaldo de la búsqueda en Malvinas, por temor a que el problema energético británico termine impactando en todo el continente. Con el plus del cierre de las ventas de gas ruso a Europa. Por caso, Lansdowne Partners, uno de los más poderosos hedge funds de Europa tiene un 13% en Borders and Southern Petroleum. El fondo posee además acciones del JP Morgan Chase, banco que está dentro del accionariado de Noble Energy, vinculada a Paul Singer.
En la misma línea, Crispin Odey, dueño de Odey Asset Management, uno de los grupos más poderosos de Europa tiene varios pies en Rockhopper.
Asimismo, Blackfish Capital, subsidiaria del banco Havilland y compró una participación del 20% en Falkland Island Holding.
Este fondo adquirió participación en los primeros desarrollos petroleros en las islas Malvinas. Lo mismo ocurre con Rab Special Situations, que posee más del 10% de Falklands Oil and Gas. Y que tiene el 28% de su portfolio invertido en la compañía.

Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/09/28/politica-164476-los-fondos-buitre-financian-el-saqueo-petrolero-en-malvinas-fondos-buitre.php

jueves, 28 de agosto de 2014

PIERRE SALAMA: "El gobierno de EE UU es prisionero de las finanzas", por Ignacio Chausis (para "Tiempo Argentino" del 24-08-14)

PIERRE SALAMA ANALIZA EL CONFLICTO CON LOS BUITRES


El economista francés elogia la decisión de modificar el cambio de sede de pago para esquivar las trabas del juez Griesa.

Solución - "Ante esta situación sería recomendable una reunión entre gobiernos para resolver el problema", indica Salama.
Reconocido como uno de los más importantes investigadores europeos sobre la realidad económica y social latinoamericana, el economista francés Pierre Salama sostiene desde hace tiempo la tesis de que todas las decisiones de la justicia americana encierran el objetivo de "castigar" a Argentina por haber llevado a cabo lo que denomina "un tratamiento no ortodoxo de la gestión de su deuda".
 
–La apertura de un nuevo canal de pago para los acreedores que entraron al canje, ¿puede ayudar a destrabar el conflicto?
–Me parece una buena iniciativa para esquivar los obstáculos jurídicos erigidos por el tribunal norteamericano. El proyecto permite, en efecto, que sea la jurisdicción argentina en lugar de la americana la que pueda aplicarse en caso de conflicto. Este intento provoca la furia de los fondos buitre, especialmente de Aurelius Capital, que no dudó en calificar a los funcionarios argentinos de "bandidos". El proyecto permitirá ganar tiempo para el tratamiento de la deuda no reestructurada y con ello promover una solución política, tomada a nivel de los Estados, y no por un tribunal extranjero.
–¿Cuál es su análisis acerca de las últimas decisiones judiciales en torno a la disputa de Argentina con los fondos buitre?
–Los gobiernos de los países desarrollados oscilan entre dos actitudes. Una de ellas es la condena a la decisión de Griesa ya que temen una reacción violenta, esto es, el contagio a otras reestructuraciones de deuda como la de Grecia, otorgando la posibilidad de que los acreedores exijan el pago de sus préstamos a su valor nominal, una jurisprudencia a favor de la supremacía de la decisión judicial por sobre la soberanía del Estado que hoy está en debate con la propuesta de un tratado entre Estados Unidos, Canadá y Europa que otorga a los tribunales de arbitraje la posibilidad de ir en contra de las decisiones de los Estados soberanos y que es rechazada por países como Alemania y Francia. La otra posición (a la decisión de Griesa) es de apoyo, ya que se trata de castigar a un país, Argentina, que se atrevió a imponer un canje de títulos de deuda por bonos con un valor nominal reducido. Esta es la razón que explica que durante un muy largo tiempo los bancos hayan ignorado voluntariamente el éxito económico de la Argentina, que no hablen de ello o bien que hayan presagiado un futuro catastrófico para el país cada año después de 2003 o incluso que una agencia francesa de gestión y garantía de préstamos comerciales –Coface– haya colocado "científicamente" una calificación de riesgo país a la Argentina extremadamente pobre, semejante a la de Ucrania por ejemplo, incluso durante los años de auge. Es este balanceo lo que explica la aparente parálisis de los gobiernos de los países desarrollados. 
–Usted propone una salida política, a nivel de los Estados.
–Ante esta situación, sería acertada la realización de reuniones intergubernamentales para apoderarse de este problema antes que dejarle el campo libre a un tribunal, sino sería despreciar la soberanía de los Estados. Los fondos buitre, y Griesa detrás, se burlan del futuro y de las consecuencias que el pago de la deuda argentina podría tener sobre la economía argentina y la de muchos otros países, por no hablar de sus efectos sobre los ingresos de la gran mayoría de la gente de estos países. Para ellos todo está permitido siempre que la rentabilidad inmediata se maximice. El tribunal usa además sus medios de represalia para obligar a los grandes bancos a seguir sus decisiones y a participar de esta relación de fuerza contra el gobierno argentino. 
–En ámbitos internacionales como Naciones Unidas, el G-77 + China, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur, e incluso economistas como el premio Nobel Joseph Stiglitz apoyaron la posición argentina. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos no respaldó al país, a contramano incluso del FMI?
–Creo que Estados Unidos y su gobierno son "prisioneros" de las finanzas, aun cuando haya habido algunas señales de que el presidente Barack Obama sería reacio a una decisión del tipo de Griesa. El juego deviene complejo. China (que es la Rusia de hoy, pero más marginal) se beneficia de esta decisión, y de la actitud de los países avanzados para ganar posiciones en América Latina. La creación de un banco de los países del BRICS, los intentos de ampliar la utilización de otras monedas en lugar del dólar para las transacciones internacionales son elementos que a largo plazo vuelven a poner en cuestión la supremacía del sistema bancario y financiera norteamericano. Desde este punto de vista, la falsa neutralidad del gobierno norteamericano a la decisión del tribunal es probable que debilite a largo plazo su presencia en América Latina. 
–Entre los economistas no hay consenso a la hora de calificar o no el escenario actual como default. El gobierno argumenta que no corresponde ya que, a diferencia de 2001, el país cuenta hoy con capacidad para hacer frente a los vencimientos de su deuda. ¿Cuál es su opinión?
–Las palabras están cargadas de simbolismo. El gobierno tiene la posibilidad de pagar la deuda reestructurada y los U$S 1500 millones en deuda que no entró al canje. Bueno… casi. Porque sus reservas internacionales están en fuerte baja, con un alto costo en importaciones de petróleo, las exportaciones de soja conocen desde julio una fuerte baja en su desempeño, las exportaciones hacia Brasil se debilitan y, por último, el saldo positivo de la balanza comercial se reduce a su mínima expresión y, cada vez más reducido, no es más capaz de financiar como ayer los servicios de la deuda y la fuga de capitales. A eso se agrega la recesión económica. Esta es también la razón que explica los acuerdos con Repsol, con el Club de París, para reintegrarse a los mercados financieros internacionales y pedir prestado nuevamente a tasas razonables. Pero ese no es el problema esencial. Si la Argentina paga su deuda no reestructurada y se alinea con la decisión del tribunal, entonces ya no son 1500 millones de dólares que deberá pagar, sino mucho más puesto que 55% de su deuda reestructurada (en manos de acreedores privados) en 2005 y 2010 depende de legislación extranjera. La cláusula ciertamente establece un plazo hasta el 31 de diciembre después del cual no puede haber un efecto contagio, pero esta cláusula puede dar lugar a acciones legales. También, más allá del simbolismo político que transmiten las palabras (default parcial, ya que el servicio de la deuda reestructurada continuaría haciéndose bajo las condiciones establecidas), si la Argentina cede entonces sí estará claramente en default. 
–En Francia, el regulador bursátil sancionó con 16 millones de euros a dos fondos de inversión de Paul Singer por operar con información privilegiada. Acá se comenzó a investigar si detrás de la declaración de cesación de pagos por parte del ISDA se esconde la tenencia de seguros contra default. 
–No soy abogado, sin embargo, la impresión de que hay un conflicto de intereses parece real. Pero no creo de todos modos que este asunto pueda ser tratado solamente desde un nivel jurídico. Si no recuerdo mal, una decisión de un tribunal estadounidense a favor de Ecuador ha sido anulada por otro tribunal, actuando contra Ecuador. Más interesante aún es la información publicada por The Guardian en Gran Bretaña acerca de que una decisión de un tribunal ha sido bloqueada por decisión del entonces presidente George Bush. 
La clave, más allá de esta batalla legal ciertamente útil, es el problema político a nivel estatal.  «

"Defender la soberanía" 
“Argentina está siendo castigada por haber elegido un tratamiento no ortodoxo de la administración de su deuda. Esta decisión pone en apuros a muchas economías desarrolladas. Aceptar la decisión de este tribunal es precipitar la crisis en Argentina, hacer que una gran mayoría de los argentinos atraviese una política de austeridad insostenible, es aceptar que una decisión de un tribunal pueda prevalecer sobre la soberanía de los Estados, es, finalmente, acrecentar el riesgo de desafiar las decisiones adoptadas para reestructurar la deuda de Griesa y la de otros países", asegura Salama. Y agrega: "Sea lo que sea que pensemos respecto de la política Cristina Fernández –yo personalmente he sido bastante crítico– creo que ante este desafío a través de un tribunal extranjero, la posición debe ser clara: el rechazo a esta imposición poniendo por adelante la soberanía nacional y la ciudadanía política."

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lunes, 11 de agosto de 2014

Bonistas locales y extranjeros intimaron al Bank of New York, por Ignacio Chausis (para "INFOnews" del 11-08-14)


Por ignacio chausis

Buscan que el banco estadounidense, que actúa como intermediario en el pago a los acreedores, libere los fondos girados por Argentina a fines de junio y que mantiene bloqueados desde entonces como consecuencia de las sucesivas decisiones del juez Thomas Griesa.




Un grupo de tenedores de bonos reestructurados intimó al Bank of New York Mellon (BoNY) para que libere en un plazo de 48 horas el pago de los títulos Discount que el gobierno efectuó el 27 de junio pasado, pero que la entidad mantiene bloqueados desde entonces como consecuencia de la orden del juez Thomas Griesa, en el marco de la disputa con los fondos buitre.
Según Tiempo Argentino, se trata de bonistas que entraron al canje de deuda de 2010 y que tienen en su poder títulos Discount nominados en euros con vencimiento en 2033, sujetos a las leyes y tribunales del Reino Unido. Entre los demandantes hay inversionistas argentinos –sociedades de bolsa, personas físicas y empresas– y fondos de inversión extranjeros.
La intimación de los bonistas se conoció apenas horas después de que el Ministerio de Economía publicara un extenso aviso legal en medios internacionales y locales señalando que el Estado cumplió en tiempo y forma con el pago de sus vencimientos y que la Corte del Distrito Sur de Nueva York no tiene jurisdicción sobre los bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.

El miércoles pasado, el juez Thomas Griesa ratificó que los fondos destinados a pagar a los bonistas que entraron al canje deberán seguir retenidos por el BoNY en su cuenta del Banco Central.
 La solicitada también recuerda que, ante la imposibilidad de cobrar sus acreencias, los bonistas pueden hacer valer sus derechos en la justicia, ya que los fondos depositados por el país en la cuenta del Bank of New York Mellon "son patrimonio exclusivo de su propiedad exclusiva".
Desde el 27 de junio, esa entidad –en su rol de intermediaria financiera– mantiene congelados 539 millones de dólares destinados a los tenedores de títulos Discount. De hecho, la imposibilidad de materializar ese vencimiento llevó a que el 31 de julio una comisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados dictaminara la cesación de pagos y –en consecuencia– la activación de los seguros contra default, si bien luego puso un manto de dudas sobre esa decisión.
El argumento central de la intimación, de acuerdo al texto de la carta documento a la cual tuvo acceso este diario, hace hincapié en el "principio de territorialidad" bajo el cual la sentencia dictada por el anciano magistrado "carece de cualquier tipo de validez y ejecutabilidad en el territorio argentino".
"The Bank of New York Mellon, como titular de una cuenta bancaria ubicada en el territorio de la República Argentina, particularmente en el Banco Central, y destinada al pago de los títulos, sólo puede obedecer sentencias judiciales emanadas de los tribunales de la República Argentina, no pudiendo, de manera alguna, obedecer un fallo extranjero, y por lo tanto no existe ningún motivo judicial para la retención por parte de BNY Mellon de los fondos transferidos por Argentina al pago de los títulos (regidos por la ley y jurisdicción de Gran Bretaña) y cuyo procedimiento de pago se ejecuta sin tener ningún punto de conexión con los Estados Unidos", dice el texto de la carta documento enviada al banco estadounidense.
De acuerdo al grupo de bonistas, la retención de los fondos es "absolutamente indebida e infundada", por lo que los pagos deberían cumplimentarse normalmente "en virtud del Contrato de Fideicomiso". Además, aseguran que el cumplimiento de la orden judicial de Griesa, sin solicitar previamente la intervención de un juez nacional, "no sólo soslaya las normas internacionales que rigen el sistema de cooperación internacional sino también el derecho interno".
La carta documento fue enviada el 8 de agosto, razón por la cual en principio el plazo de 48 horas hábiles vence a las 0 horas del miércoles.
El miércoles pasado, el juez Thomas Griesa ratificó que los fondos destinados a pagar a los bonistas que entraron al canje deberán seguir retenidos por el BoNY en su cuenta del Banco Central. De acuerdo a la decisión de Griesa, el banco no podrá realizar ni permitir ninguna transferencia de los fondos a menos que eso sea ordenado por el tribunal. La obtención de ese paraguas legal abre un intríngulis jurídico, ya que los bonistas reclaman la falta de competencia del juez en territorio argentino y en el de Gran Bretaña, cuya legislación es la que rige a la emisión ahora en litigio.
En esa misma decisión, Griesa ratificó al "Special Master" Daniel Pollack como mediador designado, luego de que las autoridades argentinas cuestionaran en duros términos su parcialidad a favor de NML.
En los últimos días distintos grupos de bonistas pidieron a Griesa liberar los pagos congelados en el BoNY. En este sentido, el abogado Christopher Clark, en representación del grupo denominado Euro Bondholders, reiteró al magistrado el pedido de liberar los depósitos ya que "carece de autoridad" para librar al BoNY de responsabilidad de reclamos que ni siquiera se rigen por leyes estadounidenses.
La cifra. 539 millones de dólares son los fondos girados por Argentina y que nunca llegaron a manos de los bonistas como consecuencia del fallo del juez Thomas Griesa.

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http://www.infonews.com/2014/08/11/economia-157174-bonistas-locales-y-extranjeros-intimaron-al-bank-of-new-york.php


jueves, 31 de julio de 2014

James Henry: "El fallo de Griesa es una completa locura", ENTREVISTA de Ignacio Chausis para "Tiempo Argentino" del 31-07-14







El experto estadounidense, , cuestiona con dureza la postura de la Justicia y el Ejecutivo de su país



Considerado uno de los mayores especialistas en materia de combate al lavado de activos, el economista James Henry es una de las caras visibles de la Tax Justice Network, ONG presente en varios países que aboga activamente por la transparencia en el sistema financiero y que en 2012 dio a conocer un informe donde, entre otros aspectos, establecía que los argentinos mantenían activos por U$S 400 mil millones en paraísos fiscales. En su reciente paso por Buenos Aires habló con Tiempo Argentino sobre el conflicto judicial con los fondos buitre que puso al país al borde del default, criticó que la administración de Barack Obama –a diferencia de la mayoría de los ámbitos internacionales– no haya respaldado la posición argentina.
–¿Qué análisis hace de la situación actual con los fondos buitre?
–Es una completa locura que un juez diga: "Para pagarle a tus acreedores, primero debes entrar en default." El gran problema es que el mundo no ha resuelto este asunto que ha estado dando vueltas hace ya un largo tiempo: el hecho de que los países no pueden caer en bancarrota, a diferencia de los individuos privados. Cuando los militares llegaron al poder en 1976, la deuda externa era de U$S 8000 millones, y la hicieron volar por los aires, hasta llegar a los 48 mil millones en 1983. Sabemos que la mayor parte de esa plata fue malgastada. Para el momento que Alfonsín dejó el poder la deuda era de U$S 60 mil millones, diez años después, cuando Menem dejó su presidencia, ya era de U$S 120 mil millones. Luego vino el Megacanje, "el gran fiasco". Cavallo hizo ese acuerdo con los americanos para llevarla a 144 mil millones. Muchos de los bonos que han comprado los buitres son bonos provenientes de ese megacanje, por el que hoy hay mucha gente que está siendo investigada. Hay causas pendientes en Argentina contra Cavallo, Mulford y otras personas respecto a estos préstamos ruinosos. Estos fondos buitre les compraron esos bonos a sus dueños con una tasa de interés muy alta por U$S 48 millones, eso es todo lo que gastaron. Hoy reclaman al menos 1,6 billones si se incluyen los intereses desde 2012, el momento del fallo del juez Thomas Griesa. Este es sólo un ejemplo, los fondos buitres en realidad han estado en este negocio desde los ochenta. Además de Argentina, hicieron el mismo ardid en países como Panamá, Zambia, Perú. Y obtuvieron resoluciones favorables en una de las jurisdicciones más ‘pro’ Wall Street, el Distrito Sur. Básicamente, el mundo no ha establecido ningún tipo de mecanismo para reestructuraciones de deuda soberana.
–¿Cuál es la opinión corriente en Estados Unidos sobre la pelea con los fondos buitres?
–La mayoría de los estadounidenses no tiene conocimiento de esto. Sí hay un par de senadores claves en el Senado de los Estados Unidos que son extremadamente conservadores, hablo de gente como Marc Rubio, de Florida, que seguramente están apoyando a los fondos buitres. Me ha decepcionado que la administración Obama no haya influido en este conflicto a través de una opinión más enérgica, principalmente teniendo en cuenta el daño que esto le hace a las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, es algo realmente increíble. China estuvo aquí la última semana, también lo hizo Putin, todos los países del BRICS se han reunido y todos respaldan la posición de Argentina en esto. Los mejores economistas alrededor del mundo, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, se han manifestado a favor de Argentina. Cada economista académico que echa una mirada al asunto se da cuenta de que es una absoluta locura enviar a todo un país a un default de 144 mil millones o tal vez incluso 500 mil millones dependiendo de cómo contabilices la deuda hacia delante. Si la tasas como lo hacen algunos tenedores de bonos tienes una astronómica apreciación de la deuda. O sea, todo aquel que mira esto desde un punto de vista económico, de las relaciones exteriores estadounidenses, desde la seguridad nacional se da cuenta de lo ridículo de la decisión de un juez que está fuera de foco. Pero lo cierto es que los jueces en Estados Unidos tienen un enorme poder para interpretar la ley, especialmente bajo esta Corte Suprema. En este caso, la Corte básicamente dijo: "Este es un caso de las leyes de Nueva York." Entonces, aquí estamos. Ni siquiera es un caso de las leyes de Estados Unidos, tiene que ver solamente con las leyes de Nueva York interpretadas por un juez federal de una manera sumamente dudosa.
–Tras el juicio del siglo que tuvo a Argentina como protagonista, ¿puede finalmente establecerse un mecanismo para reestructuración de deudas soberanas?
–Sí, pero hay que tener en cuenta que el gobierno estadounidense no sólo no respalda a la Argentina, sino que ni siquiera presentó un "amicus" con este argumento, incluso se opuso a que el FMI presentara un "amicus" ante la Corte Suprema, lo que considero absolutamente indignante, el gobierno estadounidense oponiéndose a una presentación del FMI ante la Corte Suprema. Entonces tenemos a este juez de 84 años, que pertenece a la línea dura conservadora, haciendo una muy bizarra interpretación de la ley del Estado de Nueva York, ni siquiera de la ley Federal.
–¿Cuál es la razón por la cual Obama no respaldó la posición argentina?
–Bueno, Obama no se ha mostrado demasiado duro con Wall Street. Basta ver los muy livianos procedimientos que se le siguieron a un par de grandes bancos que solamente pagaron multas considerables, cuando en realidad se trata de bancos que estuvieron profundamente implicados en el fraude de créditos hipotecarios que dio origen a la crisis financiera que le costó a la economía mundial billones de dólares. Lo que quiero decir es que esta administración no se ha enfrentado a los bancos a pesar de la gran cantidad de oportunidades que tuvo para comportarse de manera más dura. El poder de la industria bancaria en Estados Unidos nunca fue más grande: los cuatro principales bancos tienen una participación de mercado mayor que hace diez años. Ningún banquero va a la cárcel por su comportamiento. JP Morgan tenía aquí en Argentina operaciones de banca privada, tal como tienen la mayoría de los grandes bancos, para ayudar a sacar dinero.
–¿Se refiere al caso que denunció el ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu?
–Sí. En Estados Unidos, básicamente, en las acusaciones contra algunos de los bancos suizos como Credit Suisse o UBS tuvimos lo que se denominan "soplones" o informantes que destapan la olla. Por ejemplo, en el caso de UBS tuvimos un ex banquero cuya función básicamente era sacar dinero de latinoamericanos de Estados Unidos a Suiza. Pero aparentemente cuando Hernán Arbizu empezó a hablar aquí la embajada estadounidense se quejó de este tipo. "No queremos saber nada de él", dijeron. En los Estados Unidos, cuando aparece un informante se le pagan cientos de millones de dólares por la información de tal forma que el gobierno puede luego ir por los evasores. Aquí, el Gobierno de Estados Unidos se opuso a Arbizu, ¿Por qué? Porque se trataba de un banco americano, esa es la calve, no una entidad europea, no era el UBS, no era el Crédit Suisse.
–¿Puede Nueva York dejar de ser la jurisdicción preferida para los países?
–Creo que la mayoría de los países van a ser muy reacios a someterse voluntariamente a la jurisdicción de la Corte de Nueva York nunca más. Sienta un muy mal precedente para Wall Street como centro financiero.
–¿Cuál es la conexión con los paraísos fiscales?
NML tiene sus bases en las Islas Caimán, ese es otro de los elementos absurdos: ni siquiera sabemos quiénes son esos inversores, quien sabe, incluso tal vez haya inversores argentinos. Argentina no conoce a sus propios tenedores de bonos, sus identidades. La razón de que esta situación exista es que no pueden pagarles directamente, sino que lo tienen que hacer a través de bancos de Wall Street. Por eso está el Bank of New York en el medio, y el Citibank, y otro par de bancos encargados de la distribución. Porque Argentina no conoce la identidad de los propietarios de sus bonos y eso tiene que ver con la evasión impositiva.

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 http://www.infonews.com/2014/07/31/economia-155758-el-fallo-de-griesa-es-una-completa-locura-fondos-buitre.php

domingo, 5 de enero de 2014

Costa: "Hay una apropiación de la renta que penaliza a los más débiles", por Ignacio Chausis (para "Tiempo Argentino" del 05-01-14)


          

 

El secretario de Comercio Interior ratificó que el objetivo de la canasta es establecer parámetros de referencia para los consumidores y que se buscará llevar el convenio hasta el eslabón inicial que conforman los productores.


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Cuál es el problema cuando hay formadores de precios y ciertas condiciones para poder apropiarse de renta? Que los precios suben cuando hay un aumento de costos y después no bajan. Con esta política también vamos a lograr que cuando los costos bajan, los precios también bajen. Porque la ganancia de productividad, o el menor costo del productor tiene que ir necesariamente al bolsillo del trabajador argentino y no al bolsillo de un empresario que se queda con una renta extraordinaria", asegura Augusto Costa, secretario de Comercio Interior y uno de los principales artífices del acuerdo de precios que el gobierno lanzó oficialmente el viernes y que desde mañana estará vigente en grandes supermercados del ámbito porteño y el Gran Buenos Aires.
 
Durante una entrevista con periodistas de diversos medios en el Palacio de Hacienda, el funcionario ratificó que la canasta con 100 tipos de productos busca establecer parámetros que les den herramientas a los consumidores para evitar "que nadie se quede con el excedente que no le corresponde", y que fueron los propios empresarios –proveedores y supermercadistas– quienes solicitaron formalizar por escrito el compromiso asumido. Destaca una y otra vez que no se trata de un congelamiento de precios –una de las principales diferencias con el acuerdo de su antecesor Guillermo Moreno, además de la cantidad de productos acordados– y asegura que existe una campaña de desinformación desde diferentes medios "que apuntan a decir que nada de lo que se hace sirve, porque en el fondo no están pensando en los intereses de todos los argentinos". En lo que sigue, un decálogo de las definiciones del propio Costa sobre el acuerdo de precios. 
 
Paritarias y traslado de subas salariales a precios. "Por supuesto que tiene que haber recomposiciones salariales a partir de las paritarias, lo que se va a analizar es la medida en la cual ese mayor costo efectivamente se traduce en mayores costos de los supermercados y de las cadenas proveedoras, es decir, cuánto es el componente salarial en costos, evaluar si dadas las rentabilidades que tienen, el traslado ese se tiene que validar o no, y trabajar justamente en una distribución de la renta entre los diferentes actores que sea consistente con los objetivos de la política nacional. Todos los factores de costos de las empresas y supermercados van a estar en la mesa en el momento de la revisión, pero el análisis va a tener que ver con cuánto es el impacto efectivo de la variación del costo o de la variable y cuánto es razonable trasladar. Esa sería la idea."
 
Diagnóstico sobre el comportamiento de los precios. "Hay que tener en cuenta de dónde venimos y arrancamos, una economía que en el último cuarto del siglo XX se concentró en muchos sectores de una manera realmente alarmante. En la estructura productiva argentina, la realidad es que existe la posibilidad de apropiarse de excedente económico por poder de mercado. Entonces, tenemos la política macro que apunta a una dirección, y la lógica empresarial maximizadora de beneficios que pone ciertos límites a esa mayor equidad o justicia distributiva en la distribución de la renta. Desde ese punto de vista, identificamos a lo largo de algunas cadenas de valor que existe una apropiación efectivamente de la renta que penaliza a los actores más débiles –ya sean consumidores o pequeños productores–. Con las distintas políticas que llevamos adelante en el Ministerio de Economía y con los otros ministerios apuntamos a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no le toca. Este es un objetivo central de la política general, y en lo que toca a la Secretaría de Comercio, el objetivo con esta canasta es atacar un problema que se deriva de la estructura de mercado oligopólica y también en los grandes proveedores y el retail, que tiene que ver con la pérdida de referencia de los consumidores de parámetros sobre precios relativos y precios de determinados productos de consumo diario.
 
Desabastecimiento y otros ardides. "Primero, hay un compromiso voluntario de los empresarios, proveedores y supermercadistas, de cumplir con el acuerdo. La canasta que estamos monitoreando a partir del lanzamiento de los 100 tipos de productos y 194 precios se basa en un análisis reciente de la evolución de los precios, de un análisis de los costos, y por lo tanto para nosotros son precios de abastecimiento. Son precios donde el proveedor y el supermercado obtienen rentabilidades que le justifican que ese producto esté en góndola. No es un precio donde incentive la estafa, maniobras abusivas. Ahora, eso no implica que no puedan darse maniobras como las que se vienen denunciando. Un primer esquema de monitoreo va a ser el relacionado con esta comunicación y alerta temprana permanente de supermercados, proveedores y Secretaría de Comercio, en que cuando un proveedor, por un motivo justificado, no pueda entregar, sale un alerta; cuando un supermercado, por algún motivo justificado, no puede poner el producto en góndola, alerta. Nosotros evaluamos si ese motivo es coherente o no, y en caso que sea válido vamos a generar las condiciones para que se restablezca el abastecimiento rápidamente. Si es injustificado, se sanciona. Vamos a tener inspectores de la Secretaría de Comercio realizando relevamientos permanentes. Después está la posibilidad que van a tener los consumidores de denunciar o de alertar sobre faltantes o incumplimientos en los precios."
 
Efecto "disciplinador" de la canasta. "Vamos a mantener las pautas de variación de precios para el resto de los productos. Justamente lo que hay que evitar es que, como en la canasta aparecen márgenes menores con respecto a otros productos, después aumenten márgenes para compensar. La política de monitoreo permanente de todos los precios de la economía va a continuar. Se van a trabajar pautas para todos los productos, no sólo de la canasta. La canasta, yo confío, va a tener un efecto económico muy importante porque va a permitir darle referencia a los consumidores, que no van a validar precios de otros productos que no tengan relación con los de la canasta de referencia, estoy convencido de eso. Sólo pueden validarse precios que no tienen que ver con la realidad económica cuando uno no tiene referencias."
 
Acuerdo por escrito y formalizado. "Inicialmente fue un reclamo de los propios actores, que pedían formalidad, o sea, cuando nos empezamos a juntar el principal reclamo era : 'si nos vamos a poner de acuerdo en esto, hagámoslo formalmente'. Es una buena señal que si diferentes actores de la cadena de valor se comprometen a que se formalice y que ellos mismos pidan la formalización. Porque el Estado, con sus objetivos de política no va a dudar en llevar adelante las medidas y las políticas que correspondan, pero justamente en este caso apostamos a que sea un compromiso asumido por los propios actores."
 
Una visión "integral" de la cadena de valor. Nuestro objetivo es ir cada vez más atrás en los eslabones. Entonces, en algunos sectores tenemos un análisis de cómo se distribuyen los márgenes y de lo que paga el consumidor, cuánto se queda cada eslabón. En algunos casos nos parece razonable, en otros hay que trabajar para una redistribución de la renta. Es una política progresiva que se va a ir desplegando. No nos podemos proponer en un mes llegar hasta el tambero. Es una política que se va a ir desarrollando y que pretende avanzar en una cadena de valor junto con la identificación de los limitantes para la competitividad global de la economía y de cada una de las cadenas. Porque estamos hablando de guita, de cómo se distribuye. Te da la posibilidad de meterte al interior de las cadenas para discutir márgenes.
 
El objetivo es profundizar el alcance geográfico
 
El secretario de Comercio Interior dedicó parte de la entrevista a refutar una de las críticas que despertó el acuerdo en relación al carácter acotado de su implementación original, ya que en principio estará vigente sólo en grandes supermercados de Capital y el Gran Buenos Aires.
 
El objetivo de la canasta es establecer parámetros de referencia para los consumidores.

Al respecto confirmó que la aspiración es que durante el corriente mes se incorporen las cadenas regionales y los supermercados chinos. "Cuando hablamos de cadenas regionales o cadenas de supermercado de origen asiático en el medio hay un distribuidor mayorista que tiene su propio margen de rentabilidad, que tiene su propio poder de negociación con los supermercados, con los proveedores. Entonces ahí tenemos que destrabar una situación. Hay más jugadores con nuevos intereses. Entonces, no es que el gobierno se olvida del interior. Es que tiene particularidades llegar al interior justamente por estos actores que aparecen o por estos costos de logística, que por otra parte son obvios y hoy existen", señaló. De todos modos, destacó el avance que implica tener ya conformada una canasta para el AMBA. "Que haya una canasta para Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también sirve para el interior del país porque uno puede desde cualquier lugar de Argentina establecer cierta correspondencia entre lo que le quiere cobrar el supermercado local y lo que le cobran en Buenos Aires y puede interpretar si esto es disparatado o no", concluyó el funcionario.
 
Economista en la palestra
 
Cuando apenas transcurrió algo más de un mes de la salida de Guillermo Moreno, la entrada en vigencia del nuevo acuerdo de precios puso en primer plano la figura de Augusto Costa, el elegido por por el ministro de Economía Axel Kicillof para ocupar la Secretaría de Comercio Interior. Economista de profesión, fue director estatal en distintas compañías y ocupó el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería antes de desembarcar en Economía.
 
Los medios y la confusión deliberada
 
Augusto Costa cargó contra ciertas interpretaciones de los medios que, a su entender, buscan generar "confusión" entre los consumidores. "Así como se vienen denunciando maniobras de empresas y supermercados que violan el espíritu de la política de administración de precios vigente, también algunos medios o analistas con intereses muy concretos ajenos al de la mayoría de los argentinos vienen instalando o generando un discurso que busca confundir a la gente y evitar que la política pueda transmitirse de la manera que corresponde", asegura.
 
Según argumenta el funcionario, algunos medios tratan de imponer la idea de que el gobierno "viene unilateralmente a imponer precios que van a quedar congelados y que rápidamente van a generar situaciones de desabastecimiento o atraso de precios, es decir, instalar que esto es un congelamiento. Eso no es ingenuo, no es naif, sino que es una voluntad explícita de que se confunda la política con un congelamiento, cuando se trata de una política flexible, de revisión periódica, con precios que van a tender cada vez más a reflejar las condiciones de costos con rentabilidades normales a lo largo de la cadena. Esa es la política."
 
Costa también afirmó que algo parecido sucedió apenas se dio a conocer la conformación de la canasta. "Ya instalaron que es un congelamiento, que los acuerdos de precios no funcionan y eso está en todas las páginas de los diarios. Pero en la siguiente pagina te ponen: El Gobierno establece una canasta con muchos productos, con pocos, con lo cual ahora es la canasta, no el acuerdo de precios, ni el congelamiento. Las contradicciones aparecen en el mismo medio, en la misma edición, y diferentes analistas dicen que no funciona el acuerdo de precios y otro que la canasta está mal porque no hay productos de la canasta básica. Es decir, si los ponemos funcionaría. Ese berenjenal de contradicciones es justamente pensado y comunicado para evitar que la política funcione", criticó el reemplazante de Guillermo Moreno. 
 
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domingo, 19 de mayo de 2013

El FBI presionó para frenar la causa por lavado de dinero contra Clarín, por Leandro Renou e Ignacio Chausis (para “Tiempo Argentino” del 19-05-13)






En exclusiva, uno de los documentos que muestra el lobby de la embajada y el FBI para que no avance el principal caso de lavado de dinero del país


En 2009, un año después de que Hernán Arbizu se autoincriminara por fugar dinero del Grupo y otras 469 firmas, la embajada pidió datos de la causa directamente al juez Torres, sin autorización de Cancillería ni de Justicia. 
 



A mediados del año 2008, y después de haber realizado una serie de estafas con dinero a sus propios clientes, Hernán Arbizu, el ex banquero arrepentido del JP Morgan, se instaló en la Argentina y, acechado por sus propias conductas, se autoincriminó ante la justicia nacional por haber fugado y lavado dinero de 469 grandes empresas y personas físicas de la Argentina. Presentó nombres, números de cuenta y montos en dinero de grandes corporaciones como el Grupo Clarín y sus directores, los dueños de Edenor, Ledesma, el Grupo Constantini y Bunge. 
Hoy, casi cinco años después y a pesar de la existencia de un material testimonial único para un caso de lavado en todo el mundo, la justicia no ha tenido casi ningún avance concreto en la investigación, excepto el pedido reciente de información del juez federal Sergio Torres –quien lleva adelante la causa– a organismos tributarios a nivel local y sus pares en Suiza y otros paraísos fiscales. El planteo de Torres a las autoridades suizas se dio luego de reiterados pedidos de información a funcionarios estadounidenses que, casualmente, nunca fueron respondidos. 
Pero las cosas, ciertamente, pocas veces ocurren por azar. Un documento al que tuvo acceso Tiempo Argentino, y que es parte del expediente de la causa, muestra que un año después de la autodenuncia de Arbizu, Estados Unidos presionó fuerte y en forma directa al magistrado Torres para tener acceso a información del caso, evadiendo todos los protocolos y acuerdos internacionales de cooperación entre Washington y la Argentina, y yendo directamente a operar sobre el juez. 
Fuentes de la investigación deducen que se hizo con el objetivo de lograr extraditar a Arbizu para juzgarlo en los Estados Unidos, parando la causa en la Argentina –que atañe a intereses de enormes corporaciones del país– y de esa manera callar al ex banquero para que deje de verter en los medios de comunicación información que perjudica directamente a un banco investigado en todo el mundo por especular con activos financieros. Como se verá en esta edición, las autoridades nacionales, como el titular de la UIF, José Sbatella, vienen hace tiempo desconfiando de irrupciones sospechosas de distintos sectores para detener la causa (ver pág. 4-5). 
LAS PRUEBAS. El 29 de abril de 2009, llegó a manos de Torres un escrito de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, firmado por la agregada jurídica del Federal Bureau of Investigation (FBI), Beth D. Mc Conn. No ingresó por mesa de entradas del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 12, sino casi en forma directa al despacho del juez. 
Bajo el título de "Cooperación con respecto al caso de HERNÁN ESTEBAN ARBIZU", la nota blanquea que "nos gustaría pedirle la siguiente colaboración con nuestras investigaciones del FBI en Nueva York" y agrega que "es de nuestro conocimiento a través de los Dres. Slupski e Iglesias y de la Policía Federal que el sujeto ARBIZU dio una autodenuncia supuestamente admitiendo estar involucrado con fraudes en el Paraguay y en los Estados Unidos". La primera parte refiere a dos causas diferentes que pesan sobre Arbizu en los Estados Unidos, y el segundo párrafo ya muestra irregularidades de proceso: por un lado, la agregada del FBI reconoce que, antes de escribir la carta a Torres, ya había tenido contacto informal con los secretarios de sus propio juzgado (Slupski y Diego Iglesias) y con agentes de la Policía Federal, quienes le habían pasado la información de la causa y la autodenuncia de Arbizu. Y que también le habrían relatado que "el caso abierto a raíz de esa denuncia fue archivado aquí en Buenos Aires por falta de jurisdicción pero que está siendo apelado". Esta parte del texto devela que Estados Unidos sabía ya en 2009 del cajonamiento de la causa de lavado más grande en la historia del país y de las gestiones que estaba haciendo la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante.
Y lo de hablar de la causa "más grande del país" no es simbólico: si se confirman las sospechas sobre presunto lavado de activos por parte del empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez, se estaría hablando –según uno de los arrepentidos de ese caso– de unos 55 millones de euros fugados al exterior; mientras que si cada uno de los 469 denunciados por Arbizu hubiese fugado $ 1 millón de dólares (fue en realidad mucho más), la causa tendría más de U$S 500 millones que, según el ex Morgan, son en más de un 90% dinero en negro. 
Siguiendo con la carta a Torres,  las intervenciones viciadas de irregularidad de los Estados Unidos en los procesos en Argentina son más importantes hacia el final de la nota que recibió el juez. En el último párrafo se especifica que "nos gustaría también saber si fuese posible obtener una copia de esa Auto-Denuncia del Sr. Arbizu, siempre y cuando esto no pueda perjudicar cualquier proceso legal en andamiento". Distintos abogados especialistas en Derecho Internacional explicaron a este diario que rigen entre la Argentina y los Estados Unidos distintos acuerdos de cooperación en materia penal que, básicamente, preservan la independencia en las decisiones de cada país, pero abren herramientas para que se salden casos delictivos que, por un interés u otro, atañan a esos dos estados. Por un lado, rige actualmente el tratado 25.126, que remite a los procesos de extradición de presuntos delincuentes, y que especifica que cualquier pedido para juzgar a Arbizu o cualquier otro sospechoso en otro país debe pasar por la Cancillería argentina. El segundo tratado vigente es el 24.034, que data del año 1991, y tiene que ver con la facilitación de documentación, datos y precisiones sobre personas sospechadas. Justamente, la nota enviada por el FBI directamente al juez viola estos dos convenios, es decir, evita el protocolo de los estados con una intención claramente sospechosa e injustificada. El acuerdo 24.034 dice que para ubicar a una persona en el país y tener datos de ella o de una causa de la misma, Estados Unidos debería, a través de su Attorney General, solicitar los datos al Ministerio de Justicia de la Nación. "Y si la autoridad central del Estado requerido deniega la asistencia, dará a conocer" esa decisión a su contraparte norteamericana. En pocas palabras, Estados Unidos se saltó las instancias tanto de Cancillería como de Justicia, para pedirle datos en forma directa a Torres, sin siquiera además la Embajada de Estados Unidos ser imputada en la causa. 
Según pudo saber Tiempo, cuando el juez recibió la carta, envío un oficio a la Cancillería e incluyó, en forma automática, el documento a la causa. Desde el entorno de abogados de Arbizu suponen que la nota se adjuntó "para tratar de darle transparencia a la causa". Cabe recordar que, al momento de enviada la nota, y actualmente, el fiscal de la causa es Guillermo Marijuan, el mismo de la causa Báez, que inició pesquisas de oficio, a diferencia de su proceder con la megacausa Arbizu. 
La nota no es el único indicio de presiones de los Estados Unidos. En 2012, Tiempo reflejó una denuncia del propio Arbizu contra dos funcionarios del FBI que, amparados por la embajada, intentaron meterse en la causa para lograr llevárselo del país. El ex Morgan les apuntó directamente a los agregados jurídicos del FBI William Godoy y Frank Oliva, que con total impunidad se presentaron ante Torres para informarle al magistrado la existencia de una orden de detención contra Arbizu. Supuestamente, la orden era falsa ya que el nombre del juez autorizante de la extradición no coincidía con el nombre del magistrado que llevaba la causa en los Estados Unidos. En este contexto, el letrado patrocinante de Arbizu, Pablo Argibay Molina, pidió que la Corte Suprema investigue las intromisiones, sobre todo por ser violatorias de los acuerdos bilaterales entre ambos países. De todas maneras, no es la primera vez que el FBI interviene en el país sin autorización de las autoridades nacionales. Lo había hecho en 2011 en Córdoba, investigando paralelamente un caso de presunta pedofilia, en el que aparecía, curiosamente, la misma agregada jurídica del FBI que en el caso de la nota a Torres (ver aparte). 
Arbizu es, sin dudas, un reo, él se reconoce como tal ante cualquier tribunal, y debe ser juzgado con la misma vara que el resto de aquellos que fueron por él incriminados. Ahora bien, el proceso de extradición del ex Morgan responde a intereses políticos y económicos de peso. Cuando Arbizu llegó a la Argentina en 2008, en plena explosión de la crisis de las hipotecas subprime, él ya sabía de ese estallido hacía por lo menos dos años. En 2007, el Morgan le había bajado línea para que busque clientes en la región sudamericana, aprovechando los efectos de la crisis. Es decir, Arbizu –como el resto de sus compañeros del banco, incluido el ex Morgan y hoy diputado Alfonso Prat Gay– conocía la quiebra de los bancos Bearn Sterns y Lehman Brothers antes de que ocurrieran y no lo develaron. 
En pocas palabras, Arbizu sabía cómo especulaba con dinero ajeno esa entidad, que ahora lo cerca para que no devele semejante estructura operativa. Y a la par están las 469 empresas y personas de la Argentina, entre ellas Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda, el agro nacional y los ricos dueños de countries y negocios inmobiliarios, que apuestan al congelamiento de una megacausa que, de prosperar, será un hito en la lucha contra el lavado y la evasión en toda la región. «


La multiplicación de las denuncias
Los casos de denuncias e investigaciones sobre el JP Morgan se multiplican a nivel mundial, al igual que las prácticas de sus ejecutivos. 
Ina Drew, ex jefa de inversiones del banco, indicó en marzo al Senado estadounidense que había sido víctima del ocultamiento de información por parte de sus subordinados y justificó así su participación en la pérdida de 6200 millones de dólares. La audiencia en la que la ex ejecutiva intentó despegarse de la investigación, se realizó un día después que el Senado difundiera un reporte de 300 páginas sobre las pérdidas del banco. 
El senador demócrata Carl Levin, jefe del subcomité que coordina la investigación, cuestionó a los ejecutivos por no haber reportado las pérdidas y por la insuficiencia de los controles de riesgo para limitarlas. "JP Morgan apostó al riesgo, escondió pérdidas, ignoró límites, manipuló modelos y desinformó al público", dijo Levin. 
El propio ex jefe financiero de la entidad, Doug Braunestin, ocupa hoy la vicepresidencia del banco y dijo que el CEO Jamie Dimon ordenó a los empleados ocultar información a los reguladores por una supuesta preocupación por la confidencialidad de los datos. 
Además, en mayo se sumó otro caso más de investigación sobre la espalda del JP Morgan. El gobierno de los EE UU acusó a la entidad financiera de manipular el mercado energético. The New York Times informó que uno de los más altos ejecutivos dio "declaraciones falsas y engañosas" bajo juramento, y además dio a conocer detalles de las acciones contra el grupo por la forma en la que recauda la deuda de las tarjetas de crédito. Los fiscales estadounidenses también indagan sobre las alertas que existieron sobre Bernard Madoff, el inversor que estafó por más de U$S 17 millones. 

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