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sábado, 16 de septiembre de 2023

CFK: “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”


 Alexandria Ocasio-Cortez


 





sábado, 8 de abril de 2023

YPF alcanzó un acuerdo para evitar un juicio por 14 mil millones de dólares, por "Página 12" del 07-04-23

 


 Una herencia de la privatización de los '90

La compañía petrolera argentina llegó a un entendimiento con el Fideicomiso de Liquidación de la estadounidense Maxus. Esa empresa había sido adquirida por YPF en 1995, cuando aún no estaba en manos de la española Repsol. "Es una gran victoria para nuestro país", destacó Sergio Massa.


7 de abril de 2023


 Imagen: EFE


La petrolera estatal YPF alcanzó un acuerdo con la empresa estadounidense Maxus, a través del cual quedó liberada y absuelta de pagar un reclamo por 14 mil millones de dólares. La liquidación final, firmada en el Tribunal de Quiebras de Delaware, hará que la empresa argentina abone sólo el 2 por ciento de la cifra original de la demanda.

El acuerdo fue celebrado por las autoridades de la compañía estatal y por el gobierno nacional, porque implica que quedaron desestimadas todas las acciones iniciadas contra YPF en la Justicia estadounidense.

De todas maneras, el texto está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, según detalló el comunicado de YPF.

El acuerdo "es una gran victoria para nuestro país", resaltó el ministro de Economía, Sergio Massa. "Gran logro de YPF, un éxito de Pablo González, una gran victoria para nuestro País", subrayó y valoró la labor del presidente de la petrolera argentina, Pablo González.
De 14 mil millones a 287,5

La causa había sido abierta por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus, una empresa de petróleo y gas que había sido adquirida por YPF en 1995, pocos años antes de ser privatizada a manos de la española Repsol.

Lo que se determinó fue que el fideicomiso de liquidación creado por la empresa estadounidense, desistiría de las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.

A cambio, YPF y Repsol se comprometieron a pagar 287,5 millones de dólares cada uno, es decir un total de 575 millones de dólares; el 2 por ciento de la cifra original demandada.

“De cumplirse las condiciones, los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes”, resaltó la petrolera estatal a través de un comunicado.

El acuerdo “permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina”, añadió el texto.
La causa Maxus, una herencia de los '90

Al momento de ser adquirida por YPF, Maxus contaba con activos en Estados Unidos, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela. Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizarla por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.

En 2005, el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus por la contaminación del río Passaic con residuos químicos. Entonces, Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, adquirido por YPF, honró sus obligaciones hasta que en 2016 se presentó en concurso de acreedores y luego decretó su quiebra.

En junio de 2018 el Fideicomiso de Liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta 14 mil millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.

El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.

"Una gran noticia para nuestra empresa y para todo el país"

En un comunicado, YPF informó que, tras años de litigio y negociaciones, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación. Ambas empresas firmaron también un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental acordó renunciar a reclamos futuros que pueda tener contra ambas compañías en relación con las entidades Maxus, el río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.

En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron entendimientos con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, celebró el acuerdo y felicitó al equipo que lidera su ex vicegobernador, el santacruceño Pablo González, quien el lunes pasado había compartido con ella un acto en Río Gallegos y habló sobre el litigio que en las últimas horas quedó resuelto.

"Una gran noticia para nuestra empresa y para todo el país. Felicitaciones a todo el equipo de YPF", indicó la mandataria santacruceña en un mensaje publicado en su perfil de Twiter.

Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royon, también felicitó a Pablo González y a su equipo "por la excelente negociación llevada a cabo logrando este acuerdo".

La funcionaria explicó que "con este cierre YPF se libera no sólo de este litigio que ha obstaculizado sus negociaciones internacionales, sino que podrá reforzar el rumbo de crecimiento y generación de valor que está llevando adelante siendo un actor fundamental en el desarrollo energético nacional".


Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/538569-ypf-alcanzo-un-acuerdo-para-evitar-un-juicio-por-14-mil-mill

jueves, 6 de abril de 2023

Cristina Kirchner y una contundente explicación de la lógica de los Fondos Buitres, por "Página 12" del 06-04-23


"Obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho"

La vicepresidenta expuso que el fallo de Londres a favor de bonistas privados revela "la verdadera tragedia histórica de la Argentina: el endeudamiento financiero". Críticas a Clarín por jugar "para afuera".


6 de abril de 2023


Cristina Kirchner hizo eco de otro nuevo fallo de la justicia internacional a favor de los fondos buitres. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Londres -que determinó que el país deberá pagar 1330 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico entre 2005 y 2010- la vicepresidenta reveló la lógica de los bonistas privados para siempre quedar bien parados. "Los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias", expuso.

La vicepresidenta aclaró que "la referida sentencia no es definitiva" y que el Estado nacional apelará, el fallo "refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina: su endeudamiento financiero". De paso, hizo eco del titular de Clarín, al calificarlo de que "juega para afuera".
El hilo de tuits a lo que hizo referencia CFK

Cristina Kirchner citó un hilo de tuits publicado por el ministro de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires, Pablo López, en el que contrapuso la información de Clarín respecto del fallo del Tribunal Superior de Londres a favor de los fondos buitre Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.

Los fondos poseen alrededor del 48 por ciento de los bonos denominados Cupones PBI, emitidos entre 2005 y 2010, y demandaron daños por hasta 643 millones de euros. El reclamo señalaba que, en el año 2013, la tasa de crecimiento oficial fue de 2,96 por ciento, por debajo del 3,2 por ciento que activaba el pago, pero según los fondos estaba  mal calculada.

Pero el error de cálculo estaba señalado en la demanda respecto del año base sobre el que se calculó el crecimiento, ya que la Argentina lo modificó en 2013, de acuerdo a una recomendación de los organismos internacionales, que solicitan  que se cambie cada diez años y habían pasado ya veinte de 1993 a 2013.

"Los buitres reclaman el pago; un tribunal inglés les da la razón por una cuestión técnica; y acá Clarín, una vez más, “informa´´ de forma tendenciosa y engañosa, tomando partido por los buitres", señaló López en su hilo de tuits.

Y subrayó que "pagar hubiera sido ilógico y contrario al espíritu del instrumento, que era pagar si el país crecía de manera extraordinaria", para luego condenar: "Los que defienden este fallo son los mismos que siempre dijeron que las estadísticas se cambiaban para mostrar un crecimiento mayor. Ahora dicen que habría sido para mostrar uno menor".

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/538439-cristina-kirchner-y-una-contudente-explicacion-de-la-logica-

lunes, 10 de agosto de 2020

Deuda: El éxito de Guzmán descolocó a los economistas de la City y sus medios amigos y alivió a la gente, por Alfredo Zaiat (para "Página 12" del 09-08-20)

El gobierno de Alberto Fernández empieza a reparar el desquicio financiero heredado. Uno por uno los responsables del endeudamiento macrista

El alivio para los próximos años. Los financistas de Wall Street en la administración Macri que lideraron el endeudamiento. El caso Bausili en la Oficina Anticorrupción. Gobiernos democráticos populares se hacen cargo y remedian la resaca de la deuda y del default de gobiernos autoritarios y neoliberales.

Por Alfredo Zaiat

El acuerdo con acreedores privados para dejar atrás el default de Macri ofrece el siguiente resultado:

* El alivio de pagos para los próximos cinco años suma 42.500 millones de dólares.

* La tasa de interés de los nuevos bonos será en promedio 3,07 por ciento anual, cuando la anterior era de casi 7,00.

* Los pagos de deuda en los próximos cinco años serán de sólo 4500 millones de dólares, cuando el monto original era de 30.200 millones.

* En este proceso de reestructuración se pagaron a los bancos las comisiones más bajas de la historia por emisión de deuda. La era Macri pagó de 0,14 a 0,18 por ciento, y en este acuerdo sería de 0,10 por ciento o un poco menos en el momento de cerrarse la operación global.

El éxito de la negociación liderada por el ministro Martín Guzmán ha sido tan contundente que descolocó a la legión de economistas del establishment, a la mayoría de los financistas de la city y a la prensa de derecha que apostaban al fracaso o al sometimiento del gobierno a cada una de las demandas de los acreedores.

Es una legión conocida. Es la misma que operó a favor de los fondos buitre durante el último mandato de CFK, hasta que consiguieron lo que querían con la subordinación del gobierno de Macri. Ese fue el primer paso para iniciar el más fabuloso ciclo de endeudamiento externo argentino, que culminó en default.

El equipo local proacreedores aseguraba que la estrategia oficial era equivocada, cuando se demostró en los hechos que fue acertada. Afirmaba que se perdió mucho tiempo hasta acordar, cuando el promedio mundial de este tipo de reestructuraciones es de 13 meses y este acuerdo se concretó en 7 en medio de una pandemia y una negociación compleja que tuvo que ser mantenida vía comunicación virtual.

Distribuía pronósticos de catástrofe que no se cumplieron. Despreciaba a Guzmán por ser un "académico" que vino a la Argentina a preparar una investigación universitaria o se mofaba de que era un "pasante" que estaba aprendiendo finanzas. El colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz los dejó en ridículo.

Los temibles "lobos de Wall Street" tuvieron que aceptar, finalmente, las reglas de juego de Guzmán, fanático del Lobo de La Plata (Gimnasia), rescate futbolero del último reporte de la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de CFK.




Responsables

La reacción más impactante, sin embargo, fue la de los miembros del equipo económico del gobierno de Mauricio Macri, quienes inmediatamente después del anuncio salieron a comentar el cierre de las negociaciones con los acreedores privados.

Por sentirse impunes algunos y muestra de tradicional soberbia otros, saludaron el acuerdo pero sumando advertencias o dando consejos de cómo seguir.

Uno de ellos, en cambio, preocupado por sus causas judiciales, reveló su sangre especuladora y elogió sin ningún agregado apostando a la simpatía del oficialismo. Se probó que no se necesitaron sus consejos informales en la Casa Rosada para cerrar una negociación exitosa con los acreedores.

Los miembros de los equipos económicos de Macri fueron los responsables del más impresionante ciclo de endeudamiento, por magnitud y velocidad, desquicio financiero que el gobierno de Alberto Fernández empieza a reparar con el canje de deuda .

Algunos de ellos todavía tienen que dar cuenta en Tribunales por participar en operaciones financieras sombrías durante su paso por la función pública.

Uno por uno
Mientras los especialistas de pronósticos fallidos siguen girando en falso y el dispositivo de presión del poder económico se ha activado apuntando ahora a la negociación con el FMI, resulta ilustrativo detallar quiénes fueron los principales protagonistas de ese vertiginoso endeudamiento.

Es un ejercicio saludable de memoria y un aporte para que la historia de este proceso no sea adulterada:

* Alfonso Prat-Gay: Fue el principal responsable de la entrega a los fondos buitre. Pagó todo y más de lo previsto en las demandas. No sólo rifó años de defensa de la soberanía financiera en tribunales hostiles de Nueva York, sino que esa capitulación fue también el puntapié para el inicio del costoso ciclo de endeudamiento macrista. Tiró por la borda el extraordinario apoyo a la posición argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas: nueve principios impulsados por el gobierno de CFK y consensuados con el Grupo de los 77 más China, para la reestructuración de las deudas soberanas.

* Luis Caputo: Como secretario de Finanzas lideró negociaciones opacas con los buitres, a los cuales se les abonaron el capital e intereses de los títulos que reclamaban más "algunos costos y gastos legales" no precisados. Coordinó todo el ciclo de endeudamiento macrista hasta la insólita emisión de un bono a 100 años con una tasa efectiva elevadísima de 7,9 por ciento anual. Facilitó negocios fabulosos a un grupo de bancos internacionales que embolsaron unos 610 millones de dólares con la emisión y posterior distribución de bonos en el exterior . HSBC y Deutsche Bank lideraron esas operaciones diseñadas por Caputo.

* Santiago Bausili: el subsecretario de Financiamiento y luego secretario de Finanzas, mano derecha de Caputo tiene en el subtítulo siguiente de esta nota un capítulo exclusivo. Aquí va sólo una cifra: de abril de 2016 a enero de 2018, junto con Caputo, emitió bonos en el exterior por 43.687 millones de dólares con un grupo de bancos y fondos de inversión internacionales con los cuales mantenían estrechos vínculos personales y profesionales.

* Federico Sturzenegger: presidente del Banco Central, y su segundo, Lucas "Metas de inflación 2018: 10% (+ - 2)" Llach, fueron los responsables de alimentar la más fabulosa bomba de deuda interna: las Lebac. Fue el instrumento financiero para una obscena bicicleta aprovechada por inversores locales e internacionales. El volumen de esa deuda de cortísimo plazo superó el billón de pesos, llegando a representar el equivalente a 48.000 millones de dólares. Hasta octubre de 2018 (después empezaron a ser reemplazadas por Leliq), en 33 meses de gestión macrista en el Banco Central, se abonaron intereses de Lebac por 455.859 millones de pesos, monto que al tipo de cambio de cada vencimiento, representaron 25.323 millones de dólares.

* Nicolás Dujovne: el ministro de Economía que corrió desesperado a abrazarse con el FMI tiene en su haber un doble record negativo. La primera marca es el incumplimiento del primer acuerdo, rubricado en junio de 2018 por 50 mil millones de dólares, apenas a los tres meses. Después cerró otro por una suma todavía más elevada: 57 mil millones de dólares, que también fue un fiasco. La segunda marca es haber pactado el monto de préstamo más grande de la historia entregado por el Fondo a un solo país. Parte de ese crédito fue utilizado para financiar la fuga de capitales, violando de esa manera el estatuto del Fondo. Dilapidó 44 mil millones reincorporando al FMI en la economía argentina, lo que constituye una pesadísima herencia de condicionalidades por muchos años.

* Guido Sandleris: presidente del Banco Central cambió la Bomba Lebac por la Bomba Leliq. Deuda de cortísimo plazo, en este caso sólo para los bancos, que también superó el billón de pesos y fue equivalente a casi toda la base monetaria. Llegó a pagar una tasa delirante del 86 por ciento anual por colocaciones a 7 días. Se desembolsaron unos 650 mil millones de pesos de intereses de Leliq .

* Gustavo Cañonero: vicepresidente del Banco Central durante la gestión Caputo y la siguiente de Sandleris. Fue socio de Templeton, uno de los principales fondos acreedores, con la firma SBS. Trabajó con Caputo en el Deutsche Bank.

* Hernán Lacunza: el último ministro de Economía de Macri cerró el ciclo de endeudamiento con la declaración insólita de un default de la deuda en pesos, que denominó "reperfilamiento". El 28 de agosto de 2019 reconoció que no podía cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas. Fue un default inédito porque tuvo la particularidad de que fue de la deuda emitida por el mismo gobierno. Las anteriores cesaciones de pagos fueron por deudas heredadas de administraciones anteriores. Fue un default excepcional también porque ese incumplimiento fue con deuda nominada en pesos, o sea en la moneda que emite el país.

Conflicto de intereses
Como se prometió arriba, el capítulo especial de esta historia es Santiago Bausili, porque es representativo del abierto conflicto de intereses y operaciones financieras opacas que significó el desembarco en el Estado de un grupo de ejecutivos del sistema ligado a las finanzas internacionales.

Un reciente informe de la Oficina Anticorrupción presentado en el juzgado Federal 7, en el expediente "Singer Paul y otros s/traición con sometimiento y otros", es una ilustrativa guía. Existe una resolución firme que determinó la violación de la Ley de Ética Pública de Bausili porque intervino en actuaciones vinculadas a su ex empleador Deutsche Bank:

* Debió abstenerse de mantener reuniones con directivos del Deutsche Bank, que fue una de las entidades designadas como colocadora de deuda.

* Se investigó su relación con el Deutsche antes, durante y después de la colocación de bonos.

* Fue denunciado por continuar recibiendo "emolumentos" del Deutsche.

* Fue denunciado por participar en el canje de deuda donde se contrató al Deutsche para la colocación de bonos.

El informe precisa que Bausili gestionó asuntos "sumamente sensibles para los intereses de la Nación, enormemente onerosos para las arcas públicas y significativamente importantes para la confianza en las instituciones". Durante ese tiempo la OA de Laura Alonso no hizo nada para observarlo, y recién lo hizo cuando Bausili estaba en los últimos días de gestión pública.

Zorro en el gallinero

El informe de la OA a cargo de Félix Crous detalla:

* El decreto presidencial designa a Bausili cuando todavía seguía siendo ejecutivo del Deutsche. Él alegó que la relación había finalizado informalmente por haber tomado vacaciones antes del decreto que lo nombrara. Este descargo no incluyó el emoticón del rostro guiñando el ojo. 

* Bausili reconoció que se había reunido en Nueva York con inversores en bonos argentinos, abogados, el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina, agrupación de bonistas italianos (fondos buitres), antes de asumir el cargo, en el marco de un equipo de trabajo convocado por Luis Caputo.

* Se debía abstenerse de reunirse con el Deutsche. Pero lo hizo en cinco oportunidades según consta cada una de las fechas de esos encuentros, entre abril de 2016 y agosto de 2017.

* En el expediente hay correos electrónicos de Bausili con el Deutsche Bank entregando información (contactos y cuentas bancarios) de diferentes bonistas del acuerdo con los buitres.

* Participó como funcionario público en la contratación del Deutsche como agente colocador de la deuda.

* Como funcionario siguió cobrando del Deutsche: acciones y dinero que, según Bausili, quedaban pendientes de pago por su trabajo en el banco.

* Esos compromisos no fueron formalizados en su acuerdo de desvinculación formal en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) del Ministerio de Trabajo. Sólo figura un monto de 6.175.478 pesos como "diferencias indemnización por Antigüedad".


* En 2016 adquirió bonos de deuda mientras era funcionario. "Sus decisiones políticas podían influir en la cotización de esos bonos. Estaba en mejor posición de contar con información privilegiada para decidir sobre su cartera y mejorar el beneficio económico personal", apunta el informe. Según su declaración jurada, compró 9.979.902 pesos de Bonar 24.

En síntesis, "Santiago Bausili infringió la Ley de Ética Pública, pero además mantuvo una relación económica con la entidad bancaria", concluye el informe de la OA.

Wall Street en la Casa Rosada
El gobierno de Macri fue hegemonizado por la fracción del poder económico de las finanzas globales. Una legión de por lo menos 27 financistas ocuparon diferentes cargos estratégicos en la estructura del Estado, y la mayoría había trabajado en Wall Street.

Financistas del JP Moran, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Citi, Deutsche, Chase, Barclays, Merrill Lynch se instalaron en dependencias públicas.

Estuvieron en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Anses, Unidad de Información Financiera, YPF, Banco Nación y hasta en el Ministerio de Desarrollo Social.

La administración Macri entregó de ese modo el manejo de varios organismos estatales al mundo de las finanzas internacionales. Wall Street se instaló de ese modo en la Casa Rosada como no lo había hecho en ningún otro gobierno.

Fue tan impactante este desembarco que sorprendió a los propios protagonistas del mercado financiero internacional, que lo festejaron pero también les generaba intriga el experimento.

Pasado esos cuatro años esas dudas tienen certezas. Fue un desastre en términos de bienestar general y, a la vez, una fuente de negocios fabulosos para el mundo de las finanzas.

Tan impresionante fueron las ganancias iniciales que el frenesí especulativo culminó como toda burbuja especulativa, en este caso con la deuda argentina: explotó, generó fuertes quebrantos y, finalmente, el default.

Nunca más

El vicepresidente segundo del Banco Central, Jorge Carrera, fue contundente en su cuenta de Twitter: "Los que incendiaron el bosque nos explican cómo apagar un incendio".

Guzmán fue el bombero del desquicio que dejaron los financistas de Macri. Impuso las condiciones conceptuales para una reestructuración de deuda soberana. Y lo hizo teniendo enfrente a Larry Fink, quien hoy es el hombre de las finanzas más poderoso del mundo, uno de los dueños de BlackRock, el principal fondo de administración de carteras del mercado global con más de 7 billones de activos.

En la historia económica argentina los endeudadores seriales han sido gobiernos autoritarios, de facto, neoliberales, mientras que los que resolvieron crisis de deuda con default y además han cumplido con los compromisos fueron los gobiernos democráticos populares.

En esta oportunidad le tocó esa tarea a la administración liderada por Alberto Fernández y ya comenzó a reparar el desastre financiero que dejó el fiasco del tercer ciclo neoliberal de las últimas cuatro décadas.

Fernández no tiene vocación política de apuntar a la herencia recibida pero resultaría útil abrir un espacio de debate sobre cuál debería ser la sanción social a la impunidad y desvergüenza de quienes lideraron ese endeudamiento.

Se trata de definir qué grado de responsabilidad y cuál el costo que deberían asumir los protagonistas de este brutal ciclo de endeudamiento.

La traumática historia argentina con la deuda permite abrir la posibilidad de avanzar con leyes o incluso una disposición constitucional para precisar responsabilidades políticas y personales y límites en la emisión de deuda.

Sería el camino para cumplir con el mensaje que Alberto Fernández ofreció en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso , el primero de marzo pasado:

"Nunca más a un endeudamiento insostenible.

Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas y de espaldas al pueblo.

Nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan dejando tierra arrasada a su paso".

azaiat@pagina12.com.ar">azaiat@pagina12.com.ar


Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/283880-deuda-el-exito-de-guzman-descoloco-a-los-economistas-de-la-c

sábado, 25 de julio de 2020

Las offshore locales que Macri nos legó, por Raúl Dellatorre (para "Página 12" del 24-07-20)


Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia de la Nación 
Imagen: Télam

Intentan bloquear la regulación de las "sociedades por acciones simplificadas"

Con la justificación del "apoyo al capital emprendedor", el macrismo creó una herramienta societaria que fue utilizada para el lavado y otros delitos económicos. Los estudios jurídicos corporativos se resisten a los controles.

Por Raúl Dellatorre

Los intentos de regular el accionar de las denominadas sociedades por acciones simplificadas, creadas por una ley del macrismo de 2017 como una modalidad de "sociedades off shore locales", está chocando contra la fuerte resistencia de grupos corporativos que se expresan, principalmente, a través de los principales estudios jurídicos que accionan en el fuero comercial. El proyecto de ley de regulación del régimen de las SAS, presentado por el Frente de Todos, tiene media sanción del Senado desde junio. Pero cuando estaría ya pronto a entrar a su tratamiento en comisiones en Diputados, un nuevo embate de los lobbies antireglamentación busca bloquear su avance. 



La ley 27349, sancionada en abril de 2017, crea un nuevo tipo de sociedad, las SAS, caracterizadas por la simplificación de su constitución. Fue impulsada por Cambiemos y denominada "ley de apoyo al capital emprendedor". Sin embargo, en estos tres años se comprobó que, en general, no son "emprendedores" quienes están detrás de estas sociedades, sino actividades irregulares que se aprovechan de la opacidad y escasos requisitos de constitución, "como instrumento apto para concretar cualquier tipo de delitos, como la evasión impositiva, la fuga de capitales, el peculado y hasta el tráfico de estupefacientes". 

Esta última caraterización es del director de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJN), Ricardo Nissen, quien desde el mes de marzo de este año ha dispuesto una serie de normas reglamentarias a las SAS, a través de resoluciones generales de carácter obligatorio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta postura de fiscalización por parte del Estado despertó todo tipo de reacciones, y en particular de grandes estudios jurídicos locales vinculados en general a grandes empresas nacionales e internacionales, y no a "pequeños emprendedores".

Dicha contradicción se puso aun más de manifiesto con el amparo judicial contra las resoluciones reglamentarias de la IGJN por la denominada Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA). La entidad, que hizo su aparición pública con esta denuncia el 15 de mayo, asumió la representación de tres sociedades por acciones simplificadas (SAS), con el concurso de ocho abogados más otros 16 que firman en adhesión.

Desde su puesta en vigencia, la ley de creación de las SAS produjo la constitución de 11.191 sociedades de este tipo. Pero a partir que la IGJN empezó a ejercer controles y procedimientos sobre casos sospechosos, además de dictar normas de reglamentación, no se inscribió ninguna más. 

No es casualidad, opinan varios especialistas, que las mismas hayan hecho su aparición en el universo societario argentino, una vez difundidos públicamente los escándalos de los “Panama Papers” en 2016 y “Paradise Papers” en 2017. La ley 27349 de “apoyo al capital emprendedor” incorporó una nueva sociedad, utilizable por cualquiera, muy similar a las sociedades off shore, pero de validación local.

El Senado le dio media sanción  a la ley de reforma del régimen de las SAS el último 11 de junio. Al defender el proyecto, el senador Oscar Parrilli denunció que "el macrismo presentó la ley diciendo que era en apoyo al capital de los emprendedores, pero cuando se revisa la acción de más de 11 mil SAS creadas bajo este régimen, se ve que se utilizaron como instrumento para comprar propiedades de ocho millones, diez millones, otras de 500 mil dólares, además de otras SAS que tenían algunos funcionarios para estafar al Estado. Ahora, resulta que cuestionan a la Inspección de Justicia porque investiga la relación de unas 40 SAS con operaciones de lavado de dinero". 

Frente a la carencia absoluta de controles, Nissen llevó "a la IGJN a asumir la intervención activa en el control de la constitución de las SAS y su funcionamiento, dados sus notorios abusos", según explicó. La curiosa acción de amparo contra la IGJN pide que se declare la "nulidad e inconstitucionalidad" de siete resoluciones generales dictadas entre marzo y mayo de este año referidas al funcionamiento de las SAS.


Esta original demanda de amparo, en la cual ninguna de las tres SAS supuestamente perjudicadas invocó lesión alguna en sus derechos, se formuló cuando todos los plazos administrativos y judiciales estaban suspendidos y en el marco de una Feria Judicial Extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema en virtud de la pandemia del COVID 19.

Además, pese a que se planteó contra resoluciones de un organismo federal (la IGJN depende del Ministerio de Justicia), fue presentada ante el fuero comercial, recayendo en manos de la jueza subrogante Paula Hualde. Una magistrada que tiene antecedentes de fallos mayoritariamente favorables a los intereses defendidos por los grandes estudios jurídicos de las corporaciones, recordada además porque fue la que ordenó el desalojo del Hotel Bauen, cuando el dueño original se había fugado y los trabajadores habían formado una cooperativa para volver a operarlo. No son pocos los que sospechan de una mano invisible que guió el destino de la causa, también denominado "forum shopping".

La comisión de Legislación General de la Cámara baja, que encabeza Cecilia Moreau, intentará tratarlo la semana próxima. Por afuera de los ámbitos legislativos, y quizás también adentro, un poderoso lobby trata de impedirlo. 

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/280498-las-offshore-locales-que-macri-nos-lego?__twitter_impression=true&s=09

INFORMACIÓN RELACIONADA:
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-suspende-por-180-dias-el-mecanismo-que-permitia-crear-online-una-empresa-en-24-horas-20200228-0049.html

https://www.pagina12.com.ar/245227-ricardo-nissen-vamos-a-volver-a-prohibir-la-inscripcion-de-s


https://www.argentina.gob.ar/constituir-una-sociedad-por-acciones-simplificada-sas

jueves, 9 de julio de 2020

"Sorpresas te da la vida", Cristina Kirchner cruzó a Infobae y elogió a La Nación , por "Página 12" del 08-07-20

Imagen: Prensa Senado

Por cómo comunicaron el fallo a favor de los fondos buitres 

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un tuit contrastando la editorialización que se hizo en La Nación e Infobae sobre la noticia de que la jueza de Nueva York Loreta Preska falló esta tarde a favor de un grupo de fondos buitre. "Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad", señaló la mandataria al valorar que el diario centenario se ajusto en su título al inicio del conflicto y no a una negociación puntual, por la que Infobae eligió cargar la responsabilidad contra "la gestión kirchnerista". 

El fallo de la jueza del distrito sur de Nueva York, que reemplazó a Thomas Griesa tras su muerte, obligará a la Argentina a pagar 224,2 millones de dólares a los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments por bonos defaulteados en el breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. 

Los bonos habían sido emitidos en 1997 y 2001, pero los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments los compraron en 2014, cuando la Argentina ya había pasado por el default de 2001 y las renegociaciónes de deuda privada de 2005 y 2010, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esas negociaciones se había acordado con el 93% de los bonistas, mientras que el 7% decidió seguir el camino legal ante la falta de las luego creadas Cláusulas de Acción Colectiva. 




Con ese conflicto legal en marcha, los fondos Attestor Master Value y Trinity Investments recompraron los bonos para esperar la sentencia que llega recién hoy y les permitirá cobrar 224,2 millones de dólares por bonos que compraron a bajo precio. La nota de Infobae se tomó de la decisión política de no acordar con el 7% de fondos buitre para titular apuntando a "la gestión kirchnerista". 

Sin embargo, en la nota de La Nación que destacó la ex presidenta, se señala cómo esta deuda atravesó todos los gobiernos desde 2001, incluso la gestión de Mauricio Macri, en 2016, cuando con aval del Congreso avanzó en el pago de parte de los fondos reclamados por los hodlouts y avalados por el juez Griesa. En esa ocasión tampoco se cerró la demanda de estos dos fondos buitre.    






El fallo de la jueza Preska --que también lleva adelante una demanda por la estatización de YPF durante la gestión de la ex presidenta -- se conoce cuando el gobierno nacional presentó su última oferta a los acreedoras internacionales de bonos emitidos tanto en las negociaciones de 2005 como las de 2016, ambas con Cláusulas de Acción Colectiva para evitar una nueva batalla legal contra los buitres. 

Para que esta nueva reestructuración sea exitosa, y no haya lugar a nuevas demandas, deberá alcanzarse un umbral de participación del 75 por ciento en los bonos del 2005 y del 66 por ciento en los títulos emitidos a partir de 2016 .   

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miércoles, 1 de julio de 2020

Un grupo de acreedores aceptó informalmente la última oferta, por "Página 12" del 01-07-20


BlackRock es el fondo de inversión acreedores que ante cada avance del gobierno corre el arco de la negociación.

BlackRock se resiste y pide una negociación directa

Gramercy, Fintech, Greylock y Oaktree informaron al Palacio de Hacienda que aceptarán la nueva propuesta. En cambio, el fondo BlackRock a cargo de Larry Fink tiene la voz cantante entre los inversores que se engloban en el grupo de Ad Hoc y Exchange. Son los que tienen la postura más agresiva.


La negociación de la deuda no terminan de destrabarse debido a las dificultades para alcanzar un acuerdo con uno de los principales acreedores: el gestor de inversiones global BlackRock. Este fondo no acepta parte de las cláusulas contractuales del canje y pretende un valor de recupero unos puntos por encima de lo que ofreció el equipo económico esta semana.

El Gobierno envió a los bonistas una nueva propuesta este lunes con un valor de recupero de 53 por ciento. Lo hizo a través del banco UBS. Distintos acreedores como Gramercy, Fintech, Greylock y Oaktree informaron al Palacio de Hacienda que aceptarán la propuesta. Son inversores que estas últimas semanas mostraron buena predisposición para cerrar el acuerdo.

El principal problema es que no tienen la representación necesaria para garantizar que la reestructuración sea exitosa. Conseguirlo requiere convencer a los acreedores que forman parte del comité ACC. Estos inversores no tienen posición definida y están a la espera de las decisiones de BlackRock para terminar de aceptar el ingreso al canje.


Fondos duros

El fondo BlackRock a cargo de Larry Fink tiene la voz cantante entre los inversores que se engloban en el grupo de Ad Hoc y Exchange. Son los que tienen la postura más agresiva. Su diferencia con el Gobierno no es monetaria sino que pretenden conseguir cambios en la letra chica de los contratos. Buscan recibir bonos con cláusulas similares a las de 2005.

En un mensaje al mercado aseguraron que la comunicación con los negociadores de la Argentina se encuentra cortada. Están presionando en el límite para conseguir las últimas mejoras sobre la propuesta final del Gobierno. En un comunicado de última hora, los grupos Ad Hoc y Exchange señalaron que no había “ningún compromiso significativo” entre ellos y el gobierno del país desde el 17 de junio.

Se trata de detalles que exceden lo estrictamente económico. Ningún analista considera que lograr mejorar dos o tres puntos el valor de recupero final del canje sea una cifra significativa para BlackRock. Los capitales que maneja este fondo equivalen a un monto que es al menos 10 veces el Producto Interno Bruto de la Argentina.


Próximos pasos

El Gobierno a pesar de estas tensiones tiene entre sus cartas presentar la propuesta final ante la SEC en los próximos días. Entre los funcionarios dejaron trascender que 53 puntos de valor de recupero es lo máximo que se otorgará y se menciona que no habrá un retroceso en materia legal: es decir entregando cláusulas similares a las de 2005.

En este último punto el equipo económico cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional y de la asociación internacional de mercado de capitales. Fueron estos organismos los que propusieron la letra chica de los contratos que ahora la Argentina está utilizando en el armado de la enmienda del canje (y la emisión de los nuevos bonos).

La falta de definiciones con la deuda y la disputa abierta con BlackRock provocó impacto en los activos argentinos. En las bolsas de Nueva York las empresas locales registraron caídas de hasta el 6 por ciento. Se destacaron las bajas de los bancos y de las empresas energéticas.
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Los bonos mientras tanto perdieron hasta un 2 por ciento. Se destacaron las caídas de los títulos de mediano plazo como el Bonar 2024. El riesgo país terminó la jornada en 2494 puntos y marcó una suba de 8 unidades respecto del lunes.


Bonistas locales

El próximo paso del equipo económico –más allá de lo que ocurra con los bonistas internacionales- es reestructurar la deuda bajo ley local. El Ministro de Economía prometió a los bonistas argentinos un trato idéntico al ofrecido a los inversores globales.

Esta negociación con los inversores locales será importante para normalizar el mercado de deuda local tanto en moneda extranjera como en pesos. Desde diciembre pasado el Ministerio de Economía tiene entre sus principales estrategias conseguir reorganizar las colocaciones de títulos públicos tras el colapso generado en el macrismo.

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jueves, 21 de mayo de 2020

Canje de deuda: El fondo más beligerante ahora acepta negociar , por Cristian Carrillo (para "Página 12" del 21-05-20)


"Estamos proponiendo aceptar mayores pérdidas", aseguró BlackRock- 
Imagen: EFE

ROCK ALREDEDOR DEL RELOJ BlackRock aconsejó a otros bonistas acercarse a la propuesta oficial



En grupo inversor que más bonos detenta en la reestructuración de la deuda hizo un giro que alimenta expectativas favorables a un acuerdo con el Gobierno.

Por Cristian Carrillo

El fondo de inversión BlackRock propuso a los otros integrantes de su comité de acreedores que acepten una quita mayor para llegar a un acuerdo con la Argentina. No es un consejo menor, viniendo del fondo más grande de Wall Street, cabeza del Grupo Ad Hoc, que reúne a los principales inversores con tenencias de deuda argentina y, por si fuese poco, el que presentó desde el principio la postura más beligerante . Un representante de este fondo fue quien, en negociación virtual con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, les espetó que podía esperar la llegada de un próximo gobierno con una visión más afín a los deseos del mercado.   


"Hay un acercamiento", se limitan a decir desde Economía , mientras todo indica que este viernes se comunicará oficialmente una extensión de la negociación hasta llegar a un acuerdo definitivo. En el mercado, donde pisa fuerte el lobby de estos fondos, lo estiman para fin de mes. No hay fecha cierta. La negociación podría extenderse todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando haya signos de un entendimiento y acercamiento entre las partes. 

En términos técnicos, este viernes finaliza la prórroga automática de un mes para abonar los 503 millones de dólares en intereses de bonos Globales, tras lo cual estas series entrarían en default. Los acreedores piden que se pague este viernes como gesto de buena fe, pero desde el equipo de Guzmán explican que esos bonos, que son parte del menú canjeable, están ya en proceso de reestructuración. Se le informará a la Comisión de Valores estadounidense de los avances de la negociación y podrían conseguirse unos diez días más de plazo.

“BlackRock está proponiendo a un grupo clave de acreedores que acepten mayores pérdida en la reestructuración, frente a un potencial default de la deuda soberana a fines de esta semana”, consignaron este jueves el diario Wall Street Journal y la agencia Reuters.

"Un default no le sirve a ninguna de las partes", había señalado Guzmán en más de una oportunidad. Mientras algunos analistas y medios agitan el fantasma del default, el cual virtualmente existe desde el primer reperfilamiento macrista, las expresiones del ministro parecían solo una estrategia de marketing sobre su propuesta, la cual recogió un nivel de respaldo de la comunidad intenracional inédito. BlackRock dejó en evidencia ahora que un default no le conviene a nadie, ni siquiera a este gigante de Wall Street, y por eso busca, en el contexto de una crisis económica global producto de la pandemia, tratar de cerrar un acuerdo que le implique el menor costo para sus clientes.


Llevar toda la deuda a una cesación de pagos repercutiría más en sus carteras que aceptar ganar un poco menos, como les propuso el equipo negociador argentino. Blackrock se había adelantado a la presentación oficial con una oferta que fue descartada de plano porque no daba alivio a la Argentina. "Fue sólo una reprogramación de los pagos de intereses equivalente a una reducción de la deuda de 8 por ciento (al valor presente)", informó Guzmán. No incluía reducción del capital ni del pago de intereses. 

Blackrock luego se sumó a la presentación del Grupo Ad Hoc, junto a otros dos clubes de acreedores, las cuales el Gobierno consideró más razonables, aunque aún lejos de la expectativa de sustentabilidad. Ahora es Blackrock el que le pide a los integrantes de su grupo ganar un poco menos. 




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sábado, 16 de mayo de 2020

El dólar en la batalla por la deuda, por Martín Cufré (para "Página 12" del 16-05-20)

Imagen: NA

El Gobierno tiene armas para pasar a la ofensiva

El Gobierno contesta a las presiones por la reestructuración de la deuda con medidas de control sobre el sector financiero y el comercio exterior. La situación extraordinaria de la cuarentena y el derrumbe estrepitoso de las ventas le abren oportunidades al Gobierno para actuar con otra lógica.

Por David Cufré


La respuesta del Gobierno ante la escalada del dólar de esta semana fue una sucesión de medidas para poner límites al sector financiero y al comercio exterior. El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP reforzaron las defensas del Estado en un escenario desafiante, porque se viven instancias cruciales de la negociación de la deuda y por los enormes desequilibrios que provoca la paralización de la economía a causa del coronavirus. La acción del Estado debe lidiar con ambos asuntos mayúsculos al mismo tiempo, con los acreedores metiendo presión en el mercado cambiario y el Banco Central obligado a emitir para paliar la crisis.

Grandes fondos de inversión que llegaron masivamente con el macrismo y son actores principales en la negociación de la deuda operaron en el segmento de contado con liquidación para empujar hacia arriba la cotización de los dólares financieros. Vienen agitando la suba para forzar al Gobierno a firmar aunque sea un mal acuerdo antes de arriesgarse a un escenario de desestabilización cambiaria, con su consecuente estampida inflacionaria, en medio de la pandemia. La jugada encuentra acompañamiento mediático, con el dólar blue a 138 pesos como estandarte, frente a los 96 pesos de un mes atrás.

Alberto Fernández y Martín Guzmán repiten que están dispuestos a escuchar contrapropuestas, pero en los términos de sustentabilidad de pago que estableció la oferta oficial. Es una estrategia que empezó a gestarse el 26 de agosto del año pasado, cuando el entonces candidato a presidente del Frente de Todos le dijo al delegado del FMI, Alejandro Werner, que la Argentina no pagaría la deuda a cualquier costo, y que para poder hacer esos pasivos sustentables, el país primero debía recuperar la capacidad de crecer. Esa definición fue la que ganó en las urnas por el voto popular y es la que reúne al día de hoy las mayores adhesiones en la opinión pública.

En términos políticos, los acreedores vienen perdiendo por amplio margen contra el Gobierno. Existe un acuerdo inédito entre oficialismo y oposición en respaldo a la oferta de reestructuración del Poder Ejecutivo. También se ha producido la virtual confesión del FMI del fracaso de las políticas de endeudamiento que acompañó durante la gestión de Mauricio Macri. Figuras centrales del pensamiento económico mundial avalan la oferta argentina. La crisis global por la pandemia refuerza los planteos de primero cuidar la salud de la población y después ver qué se hace con las deudas, como indicó el papa Francisco.

Esa acumulación política intenta ser minimizada por los acreedores con los movimientos del dólar. Sin embargo, al Gobierno le da margen para avanzar con más fuerza sobre los actores económicos y financieros que especulan o tratan de sacar un beneficio de la situación. Es lo que se vio esta semana con las medidas que adoptaron el BCRA, la CNV y la AFIP, con regulaciones para aumentar la tasa de interés de los plazos fijos en pesos, reducir la cartera en dólares de los Fondos Comunes de Inversión, acelerar la liquidación de divisas y combatir maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones.

El Estado tiene para desplegar controles y normas sobre el mercado financiero y cambiario todavía más potentes. No es cierto que esté indefenso para enfrentar una eventual situación de default, en caso de no llegar a un entendimiento con los acreedores. Frente a la emergencia, se ha visto reiteradas veces, se genera espacio para avanzar con medidas que en otras circunstancias no parecen posibles. Le ocurrió al propio Macri, que terminó declarando el default sobre una porción de la deuda en pesos –lo que el entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, llamó el “reperfilamiento”- y poniendo un cepo de 200 dólares para el atesoramiento de divisas.

A diferencia de ese momento, las presiones cambiarias hoy no se producen de manera directa sobre el dólar oficial, que el Gobierno sostiene sin mayores inconvenientes, lo cual resulta clave en materia de precios. Es claro que la brecha con el contado con liquidación, el MEP y el blue genera comportamientos defensivos y especulativos de empresarios e inversores, como la retención de las cosechas o los aumentos de precios “preventivos”, por la expectativa de devaluación. Frente a ello el Gobierno deberá encontrar las soluciones en el instrumental heterodoxo, como el que empezó a desplegar para frenar la inflación.


El aumento del Indice de Precios al Consumidor de abril del 1,5 por ciento mostró en parte el resultado de la política de precios máximos y el congelamiento de tarifas y combustibles, resistida en otros momentos por sectores del poder económico y que ahora resultan indispensables. La situación extraordinaria de la cuarentena y el derrumbe estrepitoso de las ventas le abren oportunidades al Gobierno para actuar con otra lógica.

Un nuevo sondeo nacional de la consultora Analogías lo refleja en distintos planos. El 86,4 por ciento se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado intervenga directamente en los supermercados para garantizar los precios máximos. El 85,2 por ciento dijo el Gobierno debe actuar con más fuerza para enfrentar la crisis económica por la pandemia. El 75 por ciento apoya un aporte extraordinario de las diez mil personas más ricas de la Argentina. Incluso el 63,7 por ciento opinó a favor de estatizar las distribuidoras de luz y gas para garantizar el acceso a esos servicios, aunque no sea un tema que hoy forme parte del debate público.

Los escenarios social y político también son elementos centrales en la negociación con los acreedores. Asumir el apuro de un acuerdo de reestructuración de la deuda a cualquier precio solo juega a favor de los bonistas.


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lunes, 11 de mayo de 2020

La pandemia y el default, por Claudio Scaletta (para "El Destape Web" del 10-05-20)



La deadline de cierre del canje de deuda no fue el pasado viernes 8 a las 18 horas. Ello es así aunque en el Ministerio de Economía se haya vivido el primer clima de fracaso frente a los bajos números de adhesión de los acreedores del exterior, un porcentaje que estuvo por encima del 15 por ciento y por debajo del 20 cuando el peor escenario hablaba del 40.

Probablemente la fecha tope tampoco será el próximo 22 de mayo. Ese día terminarán los 30 de gracia del vencimiento no pagado el 22 de abril y es agitado por las voces a sueldo de los acreedores como el inicio del default real. Sin embargo, todavía restará la posibilidad legal de solicitar una prórroga. Pero la realidad es que los argumentos se terminaron y sólo quedan las relaciones de poder real, las espaldas de cada una de las partes. 

A ello debe sumarse otra dimensión que la mayoría de los economistas no terminan de incorporar: la deuda dejó de ser el principal problema de la economía local. La razón es simple. La caída del PIB será este año y por ahora, de más del 7 por ciento. Se trata de una nueva gran recesión que en la economía local tiene un colateral positivo, aunque no virtuoso: reduce la necesidad de dólares. Así como cuando la economía crece las importaciones se expanden mucho más rápido que las exportaciones dando lugar a la restricción externa, lo mismo ocurre a la inversa, cuando la economía se frena las importaciones se desploman y aumenta el saldo comercial. El dato es especialmente importante en un escenario de potencial default.

Entre los acreedores privados que rechazaron la oferta de pago argentina se encuentran los principales fondos de inversión del mundo, firmas que manejan carteras similares al producto de regiones enteras del planeta, trillones de dólares, y que en su puja con Argentina trabajaron cartelizados. Entre ellos se destacan Black Rock, Fidelity, PIMCO, Northern Trust, Alliance Bernstein, Ashmore y Prudential. Se trata de la elite de los grandes capitales financieros que se sienten dueños del planeta y que en la negociación no dudaron en dar muestras de ese poder, desde sugerir que podían cambiar al ministro, reemplazar al Staff del FMI o esperar un cambio de gobierno. Ya lo hicieron al final del gobierno de CFK y cosecharon con el macrismo. Existen pocas herencias más nefastas para la refinanciación de las deudas soberanas que el pago a los buitres de 2016.  

Desde el lado del mostrador del gobierno se insistió siempre en la voluntad expresa de no caer en un default abierto. El presidente lo repite cada vez que puede y al ministro de Economía Martín Guzmán le toca poner la cara para defender “la oferta sustentable”. Pero las posiciones de las partes quedaron muy lejos. Los acreedores pretenden capitalizar los intereses del plazo de gracia, acortarlos, y reducir la quita. En pocas palabras, lo que ofrecen es seguir pateando hacia adelante la pelota de la deuda. En el mejor de los casos ello provocaría que la bola de nieve deje de crecer a la misma velocidad por un tiempo, pero sin dejar de rodar. La propuesta argentina es una pequeña quita de capital y regresar a tasas de interés razonables a fin de que los pagos se adapten a la capacidad de generación de divisas de la economía, pero los fondos insisten en profundizar el ajuste hasta “que duela”, como lo reconoció uno de los negociadores, y pagos iniciales con fondos del FMI. A esto se refieren los analistas a sueldo de los acreedores cuando escriben que el país debe mostrar “un plan económico consistente”, nada menos que al disparate de ajustar hasta en tiempos de pandemia.

Este fin de semana el gobierno aceptó que su oferta de pago no es inflexible, pero también se dejó trascender que “no nos vamos a dejar torcer el brazo”. Entre los integrantes del más alto nivel del Ejecutivo existe consenso en que si bien un default no es deseable, la cesación de pagos resulta preferible a un mal acuerdo. La posibilidad de no acordar está sobre la mesa, aunque hasta el último minuto se intentará evitarla. Lo que resta entonces es el juego de las relaciones de poder entre las partes y las previsiones que pueden hacerse a partir de ellas. A favor de Argentina cuenta que hoy no necesita financiarse en los mercados internacionales, que ya están cerrados, al tiempo que la recesión agudizada por la pandemia dejará un saldo excedente de dólares.

La pandemia y el default

Los grandes fondos amenazan replicar las acciones que ya llevaron adelante los buitres en el pasado: iniciar acciones legales en Nueva York, impulsar campañas de desprestigio de la actual administración en conjunto con el aparato mediático local y, lo más palpable, intentarán desestabilizar la economía local. La forma de hacerlo es tan conocida como repetida: disparar la cotización de los distintos dólares no oficiales, desde el blue al dólar bolsa. Si el gobierno no tuviese dólares excedentes del comercio exterior la tarea de evitar una corrida que termine en una fuerte devaluación sería imposible, pero con dólares excedentes la situación cambia. No obstante, para frenar una corrida será necesario un fuerte replanteo regulatorio. En los mercados paralelos hoy se mueven apenas entre 50 y 100 millones de dólares diarios, con un promedio más cercano a los 50. Eso quiere decir que alcanza con que el Banco Central opere el 10 por ciento de ese valor para manejar el dólar bolsa (CCL y MEP) que son los “paralelos” que se pueden regular, pues el llamado blue es más difícil de intervenir.

Debe insistirse en que el problema no es la existencia de bolseros malísimos, banqueros avaros o especuladores que apuestan contra la moneda local. Se trata de un problema técnico de regulación, señales e intervención adecuada. Quien compra dólares lo hace como refugio de valor. Si la tasa real de interés de las inversiones en pesos son negativas, es lógico que cualquier actor económico demande dólares. Y si el Banco Central no interviene o lo hace mal también cabe esperar que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no tenga techo. Si eso sucede se profundizan las expectativas de devaluación y luego se produce la devaluación misma, lo que significa inflación, recorte de ingresos, caída de la demanda y más recesión. 

La síntesis provisoria es que los malos resultados del canje de deuda que formalmente cerró el viernes, más la distancia entre lo que pretenden los acreedores y la oferta del gobierno, pone sobre la mesa la posibilidad cierta de un default abierto en tanto al Ejecutivo no aceptará patear hacia adelante la pelota de la deuda. A ello se suma que el panorama recesivo provocado por la pandemia vuelve imposible cualquier idea de compromiso de ajuste fiscal. Si este escenario de default se produce, el principal problema no será el cierre de los mercados de crédito, pues eso ya sucede, sino las presiones sobre el tipo de cambio. En contrapartida, la recesión supone una oferta excedente de dólares. Si bien caerán las exportaciones por la contracción de la demanda mundial, las importaciones lo harán todavía más generando un saldo comercial. Las dos tareas centrales del gobierno serán entonces seguir muy de cerca la liquidación de exportaciones, es decir la provisión de dólares, y la intervención eficaz en los mercados de divisas paralelos para evitar una corrida, lo que supondrá un cambio de actitud en el BCRA.

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