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sábado, 13 de septiembre de 2014

SE FUE DE BOCA, por Andrea Recúpero (para “Revista Veintitrés” del 12-09-14)





El sincericidio de Mauricio Macri




Entonado por el triunfo electoral del Pro-UCR en Marcos Juárez, el alcalde porteño adelantó algunas de sus políticas económicas. Endeudamiento, un Estado pequeño y libertad de mercado a ultranza. Sus asesores salieron a aclarar.







Inflación e inseguridad. Inseguridad e inflación. Y así sucesivamente. Esa es la ecuación que intenta descifrar la oposición desde que comenzó 2014. Qué es lo que más le preocupa al electorado. Y aunque parezca lo mismo, pero dicho en distinto orden, para los asesores de campaña y las consultoras no lo es. El orden de los factores, en este caso, altera el producto. Según las mediciones que manejan los precandidatos presidenciales de cara a 2015, esas son las principales preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, a contrapelo de esa agenda, Mauricio Macri sorprendió al afirmar que si llega a la presidencia eliminará el Impuesto a las Ganancias y las retenciones. Puertas adentro del Pro, según pudo saber Veintitrés, derivaron en pases de factura y en sucesivas reuniones para decidir cómo salir a explicar lo que a simple vista fue un “sincericidio”.


Todo comenzó el domingo pasado, cuando el candidato del Pro, en alianza con la UCR y el Frente Cívico, se impuso en las elecciones municipales celebradas en Marcos Juárez, Córdoba. Animado por el resultado, que dentro del macrismo se leyó como el primer paso de una serie de triunfos que le aguardan al Pro si sabe tejer alianzas locales con el radicalismo y fuerzas provinciales y municipales, Macri metió en la campaña el tema Ganancias. Ya había hecho lo mismo con las retenciones. Palabras más o menos, el alcalde aseguró que de acceder al Sillón de Rivadavia “no va a haber más impuesto a las ganancias para los trabajadores” y que eliminará “todas las retenciones a las exportaciones”. En el caso de la soja, incluso, aclaró que rebajará las cargas “cinco puntos por año” hasta su eliminación. Dijo que la inflación es “un monstruo” y fue más allá al señalar que el impuesto al cheque “con el tiempo hay que sacarlo”. En ese mismo marco, el alcalde anticipó que “el campo es un socio de la Argentina que viene” y deslizó que le gustaría que “nos transformemos del granero del mundo al supermercado del mundo porque por ahí pasan muchísimos puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país que van a permitir poblar equilibradamente la Argentina”.


Hombres y mujeres de su entorno se agarraron en silencio la cabeza porque “no era el momento de hablar de ese tema porque falta mucho para las elecciones”, confió a esta revista una fuente macrista. “El tema Ganancias quedó dando vueltas después del paro de Moyano, pero no hacía falta meterlo ahora en el debate”, agregó. La reacción de los economistas cercanos al Pro fue algo destemplada, mientras dirigentes de peso en la estructura del partido amarillo, excepto Horacio Rodríguez Larreta, prefirieron guardar silencio sobre las revelaciones de su jefe en materia económica. En general, los economistas alineados con el Pro salieron a bancar públicamente a Macri, pero nunca explicaron con claridad de dónde saldrán los fondos para compensar los ingresos que dejará de percibir el Estado si se eliminan esos impuestos.


“En una reforma tributaria lo que hay que hacer es que el que más gane pague el impuesto. Tenemos que volver a una situación normal”, matizó el economista Carlos Melconian, uno de los espadachines de Carlos Menem y de Domingo Cavallo y, en consecuencia, uno de los ideólogos de la estatización de la deuda privada, entre otras medidas de la etapa neoliberal que culminó con la megacrisis económica de 2001. Según Melconian, lo que quiere Macri es volver a la normalidad, lo que no aclaró es a qué se refiere cuando dice “normalidad”. Por su parte, el diputado nacional y economista del Pro Federico Sturzenegger avanzó un casillero más al intentar explicar cómo se financiará el Estado en ese eventual escenario que prometió Macri. “Quizá la Argentina tendrá que cubrir ese déficit de recursos con endeudamiento”, se sinceró. Una receta conocida, cuyas consecuencias fatales llevaron al país al default.

Pero para vislumbrar las bases del modelo económico macrista no hace falta esforzarse demasiado. Los grandes trazos están a la vista de todos en la administración de la ciudad de Buenos Aires, donde el endeudamiento es un ingrediente clave y la bicicleta financiera, el otro pilar. El ideólogo es Macri y el ejecutor Néstor Grindetti, o al revés. A contrapelo de la sostenida política de desendeudamiento del gobierno nacional, el alcalde que competirá por la presidencia el año que viene incrementó alrededor de un 300 por ciento la deuda pública porteña desde que asumió al frente de la comuna. La deuda pasó de 574 millones a 1.794 millones de dólares con los intereses sujetos a las variables de esa divisa extranjera. Un dato relevante a la hora de pensar el modelo que aplicará el Pro si llega a ganar las elecciones en 2015.


En ese marco, el pasado 26 de junio, la Legislatura local autorizó al Ejecutivo porteño a emitir deuda por 890 millones de dólares en una nueva toma de crédito público, que según adelantó el macrismo servirá para amortizar la deuda de la ciudad. Es decir, para pagar deuda vieja con deuda nueva. Suena conocido, ¿no?


Como lo anticipó esta revista en su edición del 2 de julio pasado, el endeudamiento aprobado por la Legislatura equivale prácticamente a la mitad del stock de deuda actual de la ciudad y servirá para canjear la deuda de los Bonos Tango serie 8, con vencimiento en 2015, y serie 10, que caducan en 2017. Así, los fondos servirán para pagar en dos etapas los 890 millones emitidos en 2010. “El Pro deja una ciudad hipotecada, con vencimientos que caerán en la próxima gestión”, alertó el auditor porteño Eduardo Epszteyn.


En sintonía, el rol del Estado en cuestiones sociales se redujo en la ciudad a la mínima expresión desde que Macri está al frente del Ejecutivo local. La subejecución de partidas en áreas sensibles como Vivienda, Salud y Educación lo confirman. Además, en el ejercicio en curso, un 83 por ciento está destinado a gastos corrientes, esto es salarios y bienes de consumo. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que publicó Veintitrés el 28 de agosto pasado, tras el violento desalojo del barrio Papa Francisco, ubicado en la Comuna 8, demuestra cómo el gobierno porteño subejecuta el presupuesto asignado al área vivienda a excepción de la Corporación Buenos Aires Sur, que insumió en el primer trimestre el 63% de lo proyectado. En todos los demás ítems (ICV, traza ex AU3 y atención a los sin techo) la ejecución fluctúa entre el 14,7 y el 5,6% del presupuesto asignado. Es notable observar que respecto del programa Mejoramiento de Villas la meta era otorgar subsidio a 37 cooperativas, pero en el primer trimestre todavía no hay datos registrados en relación con los subsidios otorgados. Lo que indica que su ejecución es hasta ahora prácticamente nula.


Al endeudamiento y a la subejecución de partidas sociales hay que sumarles el aumento sideral del ABL y de la tarifa del subte que –también a contrapelo de la política económica nacional– no es otra cosa que la eliminación en los hechos de los subsidios al transporte público. Después de confrontar con el gobierno nacional por el traspaso del subte, desde que Macri se hizo cargo la tarifa no paró de aumentar. En 2012, el Pro llevó el costo del pasaje de 1,10 a 2,50 pesos (un incremento del 127% de una sola vez). Fue el aumento anual más elevado del servicio en los últimos veinte años. Luego, en 2013, la tarifa subió a 3,50 y este año a 4,50 pesos. Un total de 309 por ciento en dos años, con su consecuente impacto en la inflación. La curva ascendente del ABL tampoco se detiene, lleva aproximadamente un 1.200 por ciento de incremento desde que el ex presidente de Boca Juniors es el alcalde porteño.


Con esos antecedentes, Macri promete eliminar Ganancias y Retenciones. Desde la época del menemismo, desde aquel recordado “síganme, no los voy a defraudar”, que no había en la escena nacional un candidato que formulara en voz alta promesas de campaña de ese tenor. Entonces Carlos Menem prometía un “salariazo” para ganar las elecciones, mientras escamoteaba sus verdaderas intenciones. Les hablaba a los votantes del peronismo, pero gobernaría con y para los mercados. Con promesas falsas logró ser el elegido. Macri, con sus promesas, le habla a una franja del electorado que añora los ’90. Está prometiendo una vuelta a aquella década, sin escalas: volver al endeudamiento, al Estado pequeño y al mercado todopoderoso.


Desde el Frente para la Victoria, como era de esperar, salieron a alertar sobre el país que promete Macri. En declaraciones a Radio América, el ministro de Economía, Axel Kicillof, fue claro ante una pregunta de esta cronista sobre la promesa de eliminar Ganancias y Retenciones: “Veo un olorcito a los ’90, al menemismo, a mí me suena a eso. No dicen cuál es el plan económico, pero parece que le dicen a cada uno lo que quiere escuchar. Prometer es una cosa, pero la responsabilidad de gobernar es otra cosa, porque si no es un carnaval carioca”, respondió el titular del Palacio de Hacienda.


En la misma línea hicieron declaraciones los precandidatos del Frente para la Victoria Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Agustín Rossi y Aníbal Fernández. “Es muy fácil ir a cada sector y decirle lo que quiere escuchar”, coincidió el gobernador bonaerense, al tiempo que le reclamó “responsabilidad” en diálogo con radio La Red. Y acto seguido se preguntó lo que se pregunta todo el mundo: “¿Qué se va a sacar? ¿Todas las políticas sociales, la política de subsidios a los sectores que lo necesitan?”. En tanto, el ministro del Interior y Transporte dijo que “se hace difícil” creerle a Macri que eliminará impuestos, al recordar que “en la ciudad el ABL aumentó 1.200 por ciento”. El senador Aníbal Fernández, fiel a su estilo, fue más directo. Dijo que Macri “hace demagogia barata” y advirtió desde su cuenta de Twitter: “Cuidado… hay mucho farsante suelto”.


En los últimos días, Macri comenzó a verbalizar cómo sería la Argentina si el Pro llega a la Casa Rosada. Las patronales agropecuarias se frotan las manos porque al fin encontraron una oreja para los reclamos que le vienen haciendo al kirchnerismo desde 2008 junto con los empresarios que resisten la reforma a la Ley de Abastecimiento porque no quieren que el Estado controle sus márgenes de ganancia. En otro sincericidio, hace un año afirmó que hay una minoría sumamente influyente y poderosa, a la que bautizó “círculo rojo”, que pretende comandar la política nacional. Ese círculo de paladar negro, deslizó entonces, lo quiere a él en la presidencial. 





La ofensiva sobre Faunen



Desde que se lanzó el Frente Amplio Unen, el 22 de abril de este año, se habla de una posible alianza electoral con el Pro. Faunen nació como frente y al otro día sus dirigentes ya estaban desmintiendo que esa alianza pudiera concretarse. Pero la fuerza que comanda Mauricio Macri, cual gota que horada la piedra, fue trabajando en silencio para que esa unión pudiera darse, hasta que lo logró en la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, donde triunfó una alianza entre macristas y radicales que llevó como candidato a Pedro Dellarossa. Ágil de reflejos, el Pro trabajó rápidamente sobre esa victoria y una de sus espadas dentro del radicalismo, Oscar Aguad, dijo que esa alianza significaba algo que podía replicarse a nivel nacional. “Hemos sido muy criticados pero hemos demostrado que juntos podemos”, destacó Aguad al día siguiente de la elección, y confirmó que en Córdoba se logrará “un gran frente” común para derrotar al peronismo encabezado por José Manuel de la Sota. “UNEN hoy tiene cinco candidatos y ese es un problema. Para mí tiene dos candidatos muy considerados por la sociedad que son Cobos y Binner y a partir de ahí tendrían que construir una fórmula para ser un frente poderoso”, precisó. Para Aguad, el socialista Hermes Binner y el de nuevo radical Julio Cobos deben disputar las PASO con la fórmula macrista. Para el político cordobés, el ganador de esa interna será el futuro presidente.


Mientras tanto, precisamente Cobos y Binner, conformaron un frente político anti-Macri para evitar que el partido amarillo se les meta por la ventana y les cope la parada. Es que Mauricio Macri necesita imperiosamente proyectarse a nivel nacional si quiere tener chances de ser candidato serio a ganar la elección presidencial del 2015. Nada mejor que la estructura nacional del radicalismo para que el jefe de gobierno porteño pueda utilizarla de plataforma para su lanzamiento.


Pero una cosa son los números y las conveniencias, y otra las definiciones políticas. En ese terreno, tanto el Pro como los radicales tienen planteos de fondo muy diferentes respecto de la deuda externa. Por ahora, el Pro cuenta con dos aliados importantes dentro de UNEN: Oscar Aguad y Elisa Carrió. Y el partido amarillo sabe de trabajar pacientemente en busca de un objetivo. Hace muchos años, cuando Macri se propuso como presidente de Boca Juniors, ya soñaba con la jefatura de gobierno, y lo cumplió. Hoy sueña más en grande, y trabaja en pos de eso. Los radicales tendrán que decidir si coadyuvan hacia ese objetivo o, por el contrario, deciden dar la pelea con sus propias consignas históricas.

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MÁS INFORMACIÓN:

SINCERICIDIOS

¿MUY DIFERENTES A MACRI? por Francisco Balasz


domingo, 28 de julio de 2013

CANDIDATOS AL DESNUDO, por Andrea Recúpero (para "Revista Veintitrés" del 25-07-13)

El pasado que amenaza al marketing opositor


Por Andrea Recúpero
Faltazos, crisis internas, votos polémicos y parálisis parlamentaria: el incómodo balance legislativo de los candidatos anti K que aspiran a la reelección.

Para los ciudadanos con experiencia en las urnas, las elecciones legislativas de octubre pueden ser un déjà-vu. Con un peronismo atomizado, para muchos son otra recreación de la interna justicialista. Esta vez focalizada en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral capaz de inclinar el resultado de cualquier elección. Para otros, la ocasión de reafirmar el rumbo en la siempre difícil cita electoral de medio término, en la que un grupo siempre vota con la idea de equilibrar poder. En ese contexto, la oposición también emerge como más de lo mismo. Con un discurso muy parecido al que blandió en 2009 para presentarse como alternativa al kirchnerismo tras la batalla por la 125, en el que se repiten las palabras “caos”, “defensa de las instituciones”, “seguridad”, “corrupción” y “límites”, la escasez de propuestas se disimula con estas y otras abstracciones políticamente correctas. Pero no se trata sólo de una mera recurrencia de consignas, también es evidente la repetición indefinida de nombres: Alfonsín, Carrió, De Narváez, Solanas, Amadeo, Michetti, Solá son apenas un puñado de las decenas de apellidos conocidos que aparecen hace años en las listas opositoras. Bajo la consigna común de “hay que ponerle un freno al Gobierno” y con la firme determinación de retener sus bancas, los principales referentes opositores disputarán en octubre otro mandato legislativo.
“La historia vuelve a repetirse con las mismas consignas, los mismos candidatos y los mismos intereses”, denuncia un informe elaborado por la Secretaría Parlamentaria del Bloque Frente para la Victoria (FPV). El trabajo, titulado “La mentira opositora”, releva la tarea realizada en el Congreso nacional por la oposición durante 2010 y 2011, cuando se constituyó el llamado Grupo A y era mayoría. El informe denuncia las reiteradas inasistencias a sesiones clave de varios jefes opositores y las dificultades que tuvieron para consensuar una agenda común. Veintitrés accedió al relevamiento completo que detalla, además, el trabajo de algunas comisiones presididas por la oposición durante ese período.

De la lectura del informe surgen varios datos de interés. En primer lugar, que cuando la oposición controló la Cámara de Diputados y sus comisiones más importantes, los 142 legisladores opositores de las bancadas asociadas en el Grupo A (UCR, Peronismo Federal, Coalición Cívica, Pro, Partido Socialista, GEN, Proyecto Sur, Frente Cívico-Córdoba, Libres del Sur, Córdoba Federal, Corriente de Pensamiento Federal, Unidad Federal y otros siete monobloques) sólo fueron capaces de unirse para rechazar el Presupuesto y para aprobar el 82% móvil, el 18 de agosto de 2010. De las 39 sesiones del bienio en cuestión, la oposición reunió el quórum sólo en ocho, cuando tenía el número para alcanzarlo siempre. En este punto, es interesante el análisis que hace el oficialismo de tal imposibilidad, al subrayar que “la oposición fracasó en su afán de controlar al Gobierno desde el Congreso, ya que ese cuerpo deliberativo debe trabajar para respetar la voluntad de las mayorías y nunca jamás para limitarla”.

La resolución 125, anunciada el 11 de marzo de 2008, fue el disparador del conflicto con las patronales del campo y de las entidades agropecuarias más importantes del país. Es sabido que ese conflicto, promovido principalmente por el Grupo Clarín que amplificó los alcances de la protesta hasta la exasperación y que derivó en cortes de ruta y desabastecimiento de productos en los principales centros urbanos, fue la piedra angular que unió a la oposición contra el gobierno nacional. Es más, se convirtió en eje de campaña de las elecciones legislativas de 2009, en las que se impuso Francisco de Narváez en territorio bonaerense, relegando al segundo puesto al ex presidente Néstor Kirchner.

Pero ese resultado se licuó. El ímpetu ganador no logró plasmarse en resultados puertas adentro del Congreso. El segundo dato relevante que surge del informe de la Secretaría Parlamentaria del FPV es que las leyes más importantes del período 2010-2011, cuando el Grupo A era “la nueva mayoría”, fueron sancionadas por el bloque oficialista y sus aliados, en minoría. Entre ellas, Ley de Matrimonio Igualitario e Infanticidio (ambas con la abstención de Elisa Carrió), Ley de Trabajo Domiciliario, Ley de Lavado de Activos-UIF, Ley de Medicina Prepaga (Michetti se abstuvo), Ley de Promoción del Software, Tabaco, Imprescriptibilidad Acción Penal en Delitos contra la Integridad Sexual del Menor, Derecho a la Identidad de Género y Muerte Digna. El resto de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo fueron aprobados en el llamado a sesiones extraordinarias de diciembre de 2011, con la nueva composición de la Cámara: Ley de Tierras, Trabajo Agrario, Ley Penal Tributaria.

Un párrafo aparte merecen las bancas vacías de varios legisladores que formaron parte del Grupo A y que hoy son precandidatos opositores para las legislativas de octubre. En 2010, se convocó 87 veces a sesionar, se logró el quórum en 18 citas y se votaron 86 leyes. Eduardo Amadeo (Compromiso Federal) faltó al 46,51% de las votaciones de ese año. Ricardo Alfonsín (UCR) lo siguió de cerca, con el 45,35% de faltazos. Pino Solanas y Elisa Carrió disputaron cabeza a cabeza el tercer lugar. Los nuevos socios del menú de centroizquierda pegaron el faltazo al 43% de las votaciones durante el período 2010. Francisco de Narváez (Frente Peronista), al 38,37%. Margarita Stolbizer (GEN), al 33,72%. Ricardo Gil Lavedra (UCR) faltó al 20,93% de las votaciones y Gabriela Michetti (Pro), al 12,79%. Todos estos dirigentes ya se anotaron para buscar una nueva oportunidad en el Congreso. De ser estudiantes, varios se hubieran quedado libres por faltas.

En 2011, el comportamiento fue similar y en algunos casos hasta se agudizó. De las 12 sesiones convocadas, se logró quórum en 8 y se aprobaron 92 normas. De Narváez faltó al 83,7% de las votaciones y Carrió, al 82,61%, encabezando el ranking de ausentismo. Para hilar fino, Carrió no votó 76 de las 92 normas aprobadas. Entre ellas, Ley de Trabajo Domiciliario, Modificación de Ley de Concursos y Quiebras, Lavado de Activos, Medicina Prepaga, Resarcimiento Económico Víctimas Atentado a la Embajada de Israel, Tabaco, Derecho a la Identidad de Género, Muerte Digna, Fertilización Asistida, Pasta de Celulosa (declaración de Interés Público), Ley Penal Tributaria, Ley de Trabajo Agrario y Régimen de Protección Nacional de Tierras. Esta última norma merece un párrafo aparte.

El martes pasado, durante la presentación del primer informe sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, la presidenta Cristina Fernández les pasó factura a los referentes de la oposición por agitar fantasmas y vaticinar el apocalipsis. Sin nombrarla, cuestionó las “predicciones” de Carrió, quien –tiempo atrás– denunciaba que los extranjeros “ahora vienen por la tierra y el agua” al país. CFK celebró que “afortunadamente estas catástrofes no ocurrieron” y recordó las numerosas referencias en los medios de comunicación a las declaraciones de “una diputada” que advertía sobre el avance de los inversores extranjeros sobre la propiedad de la tierra y después no asistió a la votación de la Ley de Tierras. En ese sentido, la Presidenta denunció que “cuando tienen que sentarse en la banca a votar, están hablando por todos lados pero no están sentados”. Tampoco asistieron a esa votación De Narváez, Michetti, Solanas y Amadeo, entre otros diputados que buscan su reelección parlamentaria.

Para completar el registro de asistencia, en 2011 Michetti estuvo ausente en 44 votaciones (47,83%), Solanas faltó a 39 (42,39%) y Stolbizer estuvo ausente en 11 (11,96%). Gil Lavedra mejoró su desempeño, ya que sólo faltó una vez. Por ejemplo, Carrió, Pino y Michetti faltaron cuando se sancionó el Régimen de Trabajo Agrario y la Ley Penal Tributaria. También se ausentaron durante el tratamiento en el recinto de la Ley de Trabajo Domiciliario, que tampoco votaron De Narváez y Stolbizer. Carrió, Pino, De Narváez y Michetti tampoco votaron la Ley de Muerte Digna.

En los últimos días, la Presidenta estuvo haciendo foco en la labor parlamentaria de la oposición. Un tema que será eje de la campaña del FPV, según pudo saber esta revista, de acá a octubre. En 2010, cuando el Grupo A dominaba el Parlamento afirmaba que “se puede ser minoría parlamentaria y mayoría en la sociedad, y en el futuro, ganar elecciones”. De hecho, sus palabras encontraron eco en el Congreso, ya que en ese período el oficialismo logró aprobar un importante conjunto de leyes aun siendo minoría, tal como intenta consignar esta crónica. Más tarde, en octubre de 2011, CFK fue reelegida para un segundo mandato con el 54% de los votos.

Desde 2011, el FPV es mayoría en ambas cámaras y, según las proyecciones electorales, esa composición se mantendrá parecida después de los comicios de octubre. Como la oposición renueva en la Cámara baja las bancas obtenidas en 2009, es la que más arriesga. Como hace cuatro años el oficialismo obtuvo malos resultados (31% total país), renueva menos bancas en este turno. De los 126 diputados kirchneristas (sin contar los aliados), 86 seguirán siguen hasta el 2015 y sólo 40 renuevan sus bancas. Por lo tanto, aun cuando el FPV obtenga resultados similares, estaría en condiciones de retener lo que pone en juego y hasta sumar algún asiento en Diputados. La oposición, en cambio, enfrentará más dificultades. Sobre todo el radicalismo y sus aliados y el denarvaísmo, que hicieron la gran diferencia hace cuatro años, al calor del conflicto con el campo. El panorama en el Senado es similar. En conclusión, no hay chances para la oposición de recrear aquel Parlamento dominado por el Grupo A. Salvo la repetición de nombres.
 
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martes, 25 de junio de 2013

JUSTICIA ILEGÍTIMA, por Andrea Recupero y Adrián Murano (para "Revista Veintitrés" del 19-06-13)

 

Arriba: Así parecen verse a sí mismos. El fallo de la Corte hace una encendida defensa de la  REPRESENTACIÓN ESTAMENTAL, principio político medieval abandonado a partir de la Revolución Francesa (1789). Pequeño atraso de 234  años...

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Intenciones y efectos de un fallo polémico




Por Andrea Recúpero

La Corte Suprema dictó la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura. Defensa corporativa, impacto electoral y el peligroso antecedente de una sublevación institucional.



Fue voto cantado. En línea con los presagios mediáticos, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los cambios en el Consejo de la Magistratura aprobados en el Parlamento. Con este fallo, el supremo tribunal no sólo frenó la elección popular de consejeros sino que exhibió su potestad para torcer la voluntad de los otros poderes del Estado. Una sublevación institucional que, en otros tiempos, habría animado los cuarteles. Sin actores militares en el horizonte, la cuestión no se torna menos grave: cuestionar o limitar la voluntad popular es, en definitiva, un golpe a la democracia.
Desde que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso la reforma judicial, con el propósito de democratizar ese poder del Estado, la iniciativa cosechó el rechazo tanto de la familia judicial como de los principales referentes de la oposición, que presentaron una avalancha de amparos para frenar la elección de consejeros populares y la remoción por mayoría simple de los jueces. “Fue una clara reacción corporativa” para evitar cambios profundos en el organismo que elige a los magistrados, comentó una fuente con despacho en la Casa Rosada, al reflexionar sobre la última movida de alto impacto de la Corte.

El martes, al cierre de esta edición, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, que modifica la composición del Consejo de la Magistratura, y del decreto 577/13, que convoca a la elección de consejeros. El fallo, que cayó muy mal en la Casa Rosada, lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (voto mayoritario), Enrique Petracchi y Carmen Argibay (voto recurrente) y Raúl Zaffaroni (en disidencia), en la causa “Rizzo, Jorge Gabriel”, que llegó al máximo tribunal vía per saltum. Los jueces dejaron así “sin efecto” la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la Magistratura de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico. Sin embargo, aclararon que lo resuelto no afecta al resto del proceso electoral, es decir, no frena la convocatoria a internas (agosto) ni los comicios legislativos previstos para octubre.

El fallo de la Corte Suprema caracteriza la reforma del Consejo de la Magistratura como un intento de desconocer la división de poderes al impulsar elecciones populares de consejeros y la mayoría simple para la elección y remoción de jueces. En los fundamentos, los magistrados afirmaron que “no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”. Además, aseguraron que “la ley resulta inconstitucional porque rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos, compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral”.

La Corte Suprema “desconoce la voluntad popular expresada en el Congreso de la Nación”, sentenció el ministro de Justicia, Julio Alak, apenas se conoció la decisión de los jueces de frenar los cambios en la composición y elección de los miembros de la Magistratura. “Los jueces, los abogados y los académicos seguirán eligiéndose entre sí, y por sí mismos, para acceder a un cargo de funcionario público”, destacó el ministro y advirtió que “en el dilema sufragio universal o voto calificado, se optó por el voto calificado”. Alak recordó que en la Convención Constituyente de 1994, durante la cual se creó el Consejo de la Magistratura, el diputado Jorge de la Rúa advirtió que como “no hubo acuerdo para incorporar al texto constitucional la cantidad de integrantes ni el método de elección de los consejeros, se delegó esa facultad al Congreso de la Nación”. Por eso, en cumplimiento de aquel mandato, el Congreso votó una ley “absolutamente constitucional y profundamente progresista para elegir democráticamente a las autoridades del Consejo de la Magistratura, pero lamentablemente no se podrá aplicar porque las corporaciones de jueces y abogados seguirán eligiendo a estos funcionarios públicos, en una intermediación que no respeta la soberanía popular”. En ese marco, la Corte declaró “inconstitucional” la reforma.

Es importante recordar que la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura y el método de elección de esos representantes no están establecidos en la Constitución. Su reglamentación constituye, por lo tanto, una cuestión de política legislativa. Alak subrayó que se trata de una cuestión que “no puede ser suplantada por la voluntad del juez”, y denunció que “lamentablemente, una vez más, la Justicia ha reemplazado la voluntad del legislador, y todos sabemos que los jueces no deben gobernar”. En ese sentido, el ministro puntualizó que la Corte ha interpretado sólo el artículo 114 de la Constitución, sin tener en cuenta el espíritu republicano y democrático de la Carta Magna, y en especial de los artículos 1, 16, 37 y 38 y los artículos 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

“El fallo me sorprendió de manera negativa porque la Corte no puede erigirse en corrector tardío de la voluntad popular que se ejerce en el marco del debate parlamentario”, afirmó en diálogo con Veintitrés el constitucionalista Roberto Boico. En ese sentido, el especialista destacó que “los jueces le deben obediencia a la ley y no pueden, porque no les gusta el sistema, leer en forma aislada la Constitución”, al tiempo que cuestionó las declaraciones de miembros del Poder Judicial y de algunos dirigentes denunciando la supuesta “politización” del Consejo de la Magistratura al permitir la elección popular de sus miembros. “El Consejo de la Magistratura es, en sí, un órgano político”, afirmó, y añadió que “la denostación de lo político es una autocontradicción”.

En línea con Boico, el abogado Eduardo Barcesat calificó de “lamentable” el fallo de la Corte Suprema “porque el Poder Judicial es el único que intervino en el debate de esta ley, mandó sus observaciones y objeciones y no tocó para nada el punto de la representación a través del voto popular. Sin embargo, luego, cuando logró que todas sus observaciones se incorporaran en la norma, quiebra la doctrina llamada ‘del acto propio’, que señala que si te comportaste de una forma determinada hay que seguir en esa línea”. El constitucionalista fue más allá, al definir como “paradojal y artero” el comportamiento de los jueces. En cuanto a las motivaciones, Barcesat opinó que los magistrados, encabezados por Lorenzetti, declararon inconstitucional la reforma “para favorecer la corporación, para que los jueces no se sientan para nada disminuidos y para garantizar el sentimiento de impunidad, porque un Consejo de la Magistratura que no funciona es la mejor garantía para poder seguir haciendo y deshaciendo a gusto”.

Ante este panorama, la pregunta que surge espontánea es si existe alguna instancia de apelación al fallo de la Corte. Consultado sobre este punto, Barcesat fue rotundo y señaló que “no hay ninguna instancia revisora, no hay organismo que pueda intervenir”. Incluso, sobre la posibilidad de recurrir a algún organismo internacional, el constitucionalista explicó a esta revista que “sólo se puede recurrir a ellos en casos de violaciones a los derechos humanos de personas físicas”, como ocurrió en Honduras, cuando fue depuesto el presidente Manuel Zelaya. “En este caso, la única alternativa es una reforma constitucional. Lo plantea el propio fallo de la Corte en sus fundamentos en contra de la ley 26.855”, explicó Barcesat. Según el experto, esa sugerencia en los fundamentos es “un reto”, un desafío al gobierno nacional: “Reformen la Constitución si quieren”, están diciendo los jueces.

Fuentes cercanas a la Corte confiaron a Veintitrés que “durante las deliberaciones primó el hermetismo” y que los jueces “actuaron con sigilo” para que no se filtrara su posición crítica antes de lo previsto. Si bien hasta último momento persistieron dos posiciones en torno de la reforma, al final prevaleció la más dura, liderada por el nonagenario Carlos Fayt, quien venía haciendo hincapié en las violaciones al artículo 114 de la Constitución e impulsaba una declaración contundente de inconstitucionalidad, contra una posición más suave y en consonancia con el razonamiento de la jueza federal María Servini de Cubría. Incluso, horas antes del fallo, fuentes judiciales habían deslizado la posibilidad de que la Corte fallara a favor de la elección popular de los intelectuales que, de acuerdo con la norma, debían ser elegidos como consejeros. Una semana antes de la declaración de inconstitucionalidad de la Corte, el fallo de Servini de Cubría había llevado calma a Comodoro Py, donde la mayoría celebró la decisión de la jueza porque vio en la reforma un intento de “disciplinamiento” de los funcionarios judiciales al abrir paso a la elección popular y a su remoción por mayoría simple.

Con el fallo, se actualizaron los reclamos constantes de la Presidenta hacia los jueces y la denuncia constante de corporativismo. De manera inusual, la Justicia actuó con gran celeridad y reaccionó en bloque cuando los intereses del sector se vieron amenazados por las decisiones de los otros dos poderes del Estado. “Queremos independencia para el Poder Judicial de los grandes poderes concentrados económicos, de afuera y de adentro”, exhortó CFK en uno de los pasajes más duros de su discurso, días atrás, al defender la reforma judicial en Río Gallegos. Y agregó: “A aquel que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial le notifico que, más que contrapoder del poder popular, es delegado de otros poderes, que no sabemos, pero imaginamos cuáles son”. En línea con la Casa Rosada y a favor de la reforma, la procuradora Alejandra Gils Carbó emitió el lunes un dictamen favorable a los cambios en el órgano que elige y remueve a los jueces. La ley 26.855 es adecuada para “desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado”. A pesar de la recomendación, al día siguiente, la Corte dejó sin efecto la reforma.

Los diputados radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín, y sus ahora aliados del GEN, Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, celebraron la acordada de la Corte contra la reforma del Consejo de la Magistratura aprobada por el Congreso. Para Gil Lavedra, el fallo “es mucho más” que la declaración de la inconstitucionalidad ya que, con ello, “la Corte acaba de fallar a favor de la república, de la democracia, de los derechos de todos los argentinos y de la Constitución”. Por su parte, el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, consideró que “la Corte actuó con honestidad e independencia de criterio” y dejó “sin efecto un nuevo intento de avasallar la Justicia”.

“Los que se sienten defraudados por el fallo de la Corte, que anula la representación popular, deben votar de modo tal que el próximo Congreso pueda llevar adelante una reforma constitucional”, recomendó Barcesat. Es paradójico, pero la solución, una vez más, puede surgir de las urnas. 
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La disidencia de Zaffaroni

Raúl Eugenio Zaffaroni firmó y argumentó su fallo en disidencia con doble autoridad: ser ministro de la Corte y haber sido convencional en la Asamblea Constituyente de 1994, cuando se alumbró el Consejo de la Magistratura que las leyes vetadas pretendían organizar. Zaffaroni, entonces, sabe de lo que habla cuando en su fallo sostiene que “la reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura”, como ocurrió con el Consejo, cuyos “defectos de estructuración se advirtieron en el propio seno de la asamblea reformadora, tanto en la discusión en comisión como en el pleno y, por desgracia, sus consecuencias se verificaron ampliamente con el correr de los años”.
En el texto de su voto disidente, Zaffaroni explicó: “Una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas. A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General (N. de R.: Alejandra Gils Carbó), con las consecuentes dificultades de orden institucional, en particular la imposibilidad de designación de jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo y que hacen que una buena parte de la magistratura federal se halle a cargo de jueces subrogantes”.

Esta parálisis fue una de las razones que motivó la ley vetada por la Corte, sobre la cual Zaffaroni observó: “Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista. Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones personales –que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época–, considerando el texto tal como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta”.
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Pelotazo en contra

Por Adrián Murano

Qué golazo metió la Corte. El Gobierno, derrotado y humillado por una jugada rápida, fulminante, que se cocinó con dos pases cortos, fue a buscarla al fondo de la red. Celebran la oposición –que viene de perder varios partidos por goleada–, la patria tuitera –pródiga para las chicanas– y los medios tradicionales, como Clarín y La Nación, que gustan evaluar la política con la lógica deportiva de vencedores y vencidos. Incluso habrá oficialistas que, víctimas del mismo razonamiento, sufrirán el fallo de la Corte con la desazón de los hinchas del Rojo que por primera vez en su historia se ven caer a la B. Se entiende la euforia, claro, pero cuidado con lastimar la garganta. ¿O acaso creen que el partido terminó?
Cualquiera que haya vivido en la Argentina o sus alrededores en los últimos diez años sabe que el kirchnerismo considera a la terquedad una virtud. Y tiene razones para creerlo. Fue la terca decisión política de Néstor y Cristina Kirchner la que gestó una reestructuración de deuda récord, la que anuló las leyes del perdón, la que amplió derechos como nunca antes y alumbró –también– la elogiada Corte que esta semana salió del closet político como cabeza de una corporación que se resiste a cambiar. Con esos antecedentes, es difícil imaginar al impetuoso kirchnerismo arriando banderas y partiendo cabizbajo de la popular. En política ninguna derrota es definitiva.

Si deja pasar rápido la espuma emotiva y se concentra en la táctica de salón, el kirchnerismo advertirá que la Corte dejó en sus manos la llave para abrir un debate tabú: la reforma constitucional. La propia Corte, en su fallo, advierte que una reforma del Consejo podría realizarse por esa vía, empujando un debate que esparce urticaria entre la oposición. La Presidenta, es cierto, ha dicho que no tiene vocación reformista, pero si la Corte lo pide…

Esta revista planteó hace meses la necesidad de encarar en serio un debate que esquive la trampa electoralista: el fantasma de la re-re es agitado por las corporaciones que se niegan a perder privilegios consagrados en la Constitución, un texto que, lejos de ser sacrosanto, debería acompañar los cambios sociales al ritmo que ocurren, no cuando se le ocurre a la elite de juristas que custodia la Carta Magna como si fuera de su propiedad. Es probable que los artificios electorales conspiren contra una discusión seria. Pero, como lo advierte el juez Raúl Zaffaroni, tarde o temprano ese debate debería ocurrir.
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