AMIA: El último tramo del juicio, por Ailín Bullentini (para "Página 12" del 04-02-19)

Retoman las audiencias por el encubrimiento del atentado a la AMIA

Familiares y sobrevivientes del atentado a la mutual judía cuestionan el proceso judicial. El jueves se reinician las audiencias y el fallo se conocería a principios de marzo.

Por Ailín Bullentini

A mediados de noviembre pasado, en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py aseguraban que la sentencia del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA iba a llegar antes de fin de año. Pero pasaron cosas y, ahora, a días de retomar el ritmo del debate con las últimas palabras de los acusados, el veredicto se espera para principios de marzo. El Tribunal Oral Federal 2 retomará las audiencias el jueves por la mañana, pero aún restan hablar más de la mitad de quienes aguardan condena, los ex funcionarios que participaron de la primera investigación judicial y aquellos que desde el poder político de turno en aquel entonces, postrimerías del primer gobierno de Carlos Menem, intentaron desviarla, y no hay certezas de quiénes harán uso de su derecho a un último descargo o de cuánto tiempo se tomarán para hacerlo. Familiares y sobrevivientes de la voladura de la sede central de la mutual judía señalan esa incertidumbre como una demostración más de la “vista gorda” que los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 2 entrenaron en los casi cuatro años de proceso. 

“No tenemos ninguna expectativa en relación con el final de este juicio”, aseguró Laura Ginsberg, referente de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), cabeza de una de las querellas del juicio, en diálogo con este diario. La última vez que se la había consultado había sostenido la misma idea basada, al igual que ahora, en que “ninguno de los acusados irá preso porque los delitos por los cuales se los está acusando son delitos individuales y excarcelables”.

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El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA comenzó en agosto de 2015 con más de una docena de ex funcionarios judiciales y del Ejecutivo menemista como acusados, empezando por el mismísimo ex presidente. Menem asistió a dos o tres audiencias a lo largo de los casi cuatro años de debate, exultante de displicencia hacia todo lo que la causa que lo señala como uno de los responsables de haber ordenado el desvío de la investigación que comenzó buscando a los asesinos que hicieron estallar una bomba en la puerta del edificio de Pasteur 633, en Once, y terminó en una pista falsa. Ninguno de los otros acusados, entre ellos el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex jefe de la inteligencia menemista Hugo Anzorreguy o el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, tomaron el proceso más en serio que el ex mandatario. 

Para Diana Wassner, en cambio, este juicio es aún “una oportunidad histórica de llevar un poco de verdad a la causa AMIA que tanta suciedad juntó a su alrededor”. Sin embargo, no es mucho más optimista que Ginsberg y, en ese sentido, apunta contra los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Parilli. 

“Tienen la posibilidad en sus manos de hacer justicia y ojalá eso ocurra. En lo que estamos todos de acuerdo es que en este juicio se ha demostrado largamente toda la serie de irregularidades y delitos que han cometido los imputados. Nadie puede decir que hay dudas. El grado de responsabilidad lo sabemos, también, pero no me parece que estos jueces estén a la altura de lo que les demanda la historia. Ojalá me equivoque”, concluyó la integrante de Memoria Activa, otra de las agrupaciones de familiares y víctimas del atentado que es querellante en el juicio. Hay una agrupación más, 18J, cuyo referente es Sergio Burstein, que querelló en el proceso de investigación que se abrió cuando el Tribunal Oral Federal 3 decidió declarar nulo todo lo vinculado con el expediente que encabezó Galeano y que tuvo a Mullen, Barbaccia y el fiscal Alberto Nisman como representantes del Ministerio Público Fiscal, y acusarlos a ellos y al resto de los imputados en el juicio actual, de encubridores.

Aquella causa intentó cerrar con la llamada “conexión local” todo lo dicho en relación a la bomba que hizo volar por los aires a la AMIA y a edificios aledaños, que mató a 85 personas y dejó heridas a más de 300: una banda de policías bonaerenses vinculados con desarmaderos de autos, Carlos Telleldín y Ana María Boragni, entre otros, eran los responsables en Argentina de haber provisto a terroristas iraníes de la camioneta Traffic en la que supuestamente se encontraba el explosivo. 

La mayoría de esos policías integran otra de las querellas en el debate que está llegando a su fin y que intenta dilucidar responsabilidades individuales de los acusados en, por un lado, la incriminación de esos policías en el atentado a través del testimonio falso de Telleldín, quien cobró 400 mil dólares de la SIDE por inventar el vínculo. Por otro, el desvío de la llamada “pista siria” que enlazaba a la familia Kanoore Edul, cercana a Menem, con el atentado. 

La AMIA cuenta con su propia querella, una acusación que jugó un papel mínimo en la investigación sobre el encubrimiento cuanto en el juicio. Otra desarrolla el Ministerio de Justicia, que protagonizó gran polémica en 2017, luego de que los abogados que hasta entonces la integraron fueran reemplazados por otros y finalmente esa parte desistiera de la acusación contra los ex fiscales. La orden la dio el ministro de Justicia, Germán Garavano. 

Para Wassner y Memoria Activa la cercanía entre las entidades de la comunidad judía –la AMIA y sobre todo la DAIA– y el gobierno de Cambiemos tienen mucho que ver con que la sentencia próxima tenga poco que ver con acercar justicia y verdad a los familiares y sobrevivientes del atentado: “Lo que sucedió con la querella del Ministerio de Justicia fue una vergüenza, una demostración total de impunidad”, evaluó.

Otra parte importante se la llevan los jueces a cargo del TOF 2, de quienes Wassner se quejó por “mostrar cada vez más inclinación por favorecer a los acusados”. “Nuestra razón de ser como agrupación y como familiares de víctimas es la lucha por la verdad y la justicia y eso es lo que siempre esperamos, lo que nos hace continuar. Pero estoy muy preocupada y muy desencantada de este tribunal. Pensé que iban a poder marcar una diferencia dentro de este Comodoro Py tan vapuleado, pero me da la sensación de que esto no va a ocurrir”, concluyó.

Las primeras audiencias de este último tramo del juicio por encubrimiento se dedicarán a oír las últimas palabras de los acusados. Hasta el momento, en las últimas audiencias de 2018 hablaron Boragni, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen y Beraja. Para las próximas “no se sabe bien quién va a hablar ni cuánto tiempo va a demorar”, señaló Ginsberg, quien espera que “la sentencia no demore más de un mes”. 

La referente de Apemia sospecha que, “tal vez el tribunal condene a (el ex juez Juan José) Galeano, que ya cuenta con una condena mezquina” en relación al juicio político al que fue sometido hace casi 15 años, “pero eso, de Justicia para los familiares y los muertos de la AMIA, no tiene nada”. 

En ese sentido, opinó que “independientemente de quiénes sean los condenados o de cuántos sean, lo que recibirán es una especie de condena moral que no alcanza porque no son delincuentes comunes” los imputados, sostuvo: “No cometieron delitos de manera individual, sino que fueron parte de una política de Estado argentino para consolidar el encubrimiento del crimen más importante de los últimos años”.

Por último, concluyó que el atentado a la AMIA “no se va a esclarecer con un juicio” ya que “el Poder Judicial no tiene herramientas para dar con la verdad”. “Este juicio que tanto se propagandizó como el verdadero juicio por la verdad se sustanció con los archivos de Estado cerrados. ¿De qué verdad se habla. Éste fue un crimen encubierto y perpetrado por el Estado que solo una comisión investigadora independiente puede llegar a esclarecer, poniendo al servicio del pueblo argentino los archivos que escondieron y esconden todos aún hoy”.

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https://www.pagina12.com.ar/172759-el-ultimo-tramo-del-juicio

Críticas a la Argentina tras asumir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Debe estar a la altura”, por "Página 12" del 30-10-19

Carlos Foradori, ex vicecanciller y actual embajador argentino ante las Naciones Unidas. 
Imagen: Télam


Amnistía Internacional advirtió sobre la situación de los derechos humanos en el país luego de su designación como vicepresidente del organismo dependiente de las Naciones Unidas. Reclamos por la política migratoria, la baja de imputabilidad y el aborto.

Por Ailín Bullentini


Por primera vez en la historia, Argentina ejercerá la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Se trata del principal órgano de derechos humanos de esa institución internacional que el país integró en tres oportunidades años anteriores. La elección, según explicó Cancillería nacional y remarcó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue una especie de reconocimiento a la política de Estado de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, entre otros puntos. Sin embargo, desde Amnistía Internacional Argentina, advirtieron sobre “la política interna de derechos humanos”, con hincapié en la política migratoria, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. “Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, concluyó la directora del organismo, Mariela Belski. 

La noticia pasó desapercibida más allá del pavoneo con el que Avruj la celebró vía Twitter: “Una gran noticia que representa un reconocimiento y un fuerte impulso a la política de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, y al rumbo que expresó el presidente @mauriciomacri”, consideró el funcionario, avalando la lectura oficial del nombramiento del Estado en una de las cuatro vicepresidencias que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene, la que corresponde a la región a América Latina y el Caribe. El ex vicecanciller Carlos Foradori será quien represente a Argentina en ese cargo, cuya selección atribuyó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sin mayores detalles a la política de Estado de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos y el trabajo en cuestiones vinculadas a las desapariciones forzadas y del derecho a la verdad, entre otras cuestiones más burocráticas.  

Sin embargo, si se recorre los principales mojones de la gestión de Cambiemos en materia de Memoria, verdad y Justicia, la conclusión que surje indica que esa línea de trabajo no resulta una de las principales receptoras de la atención oficial. La disolución de varias agencias estatales destinadas a investigar el rol del Estado y de sus socios civiles en los crímenes de la última dictadura, el retiro de querellas de la Secretaría de Derechos Humanos en numerosos juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país y la interrupción temporaria, a fines de 2018, de los trabajos a los que se vio obligado el Equipo Argentino de Antropología Forense por falta de cumplimiento de los compromisos de financiación de parte del Gobierno son algunos de los ejemplos de este panorama. 

AI, en tanto, señaló más puntos de alarma. “Desde AI celebramos que el país ejerza la vicepresidencia del principal organismo internacional en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo nos resulta llamativa la manera en la que se difundió la noticia fronteras adentro porque entendemos que a la política de derechos humanos interna del gobierno hay que mirarla con atención, cuidadosamente”, explicó Belski en diálogo con este diario. La titular de la agencia nacional de AI consideró “necesario que no se plantee una cosa afuera del país y otra cosa adentro”. 

Para el organismo son “prioritarios” en atención de políticas de derechos humanos nacional, temas como la seguridad, los migrantes, los pueblos originarios, los niños y la interrupción voluntaria del embarazo. A través de un comunicado que emitió ayer, el organismo advirtió sobre el “doble compromiso” que implica el cargo: “por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo”.

En ese sentido, recordó su preocupación frente a los últimos anuncios del gobierno en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque y la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad que va “a contramano de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU”. También alertó sobre el “retroceso en la legislación y la política migratoria” que implica el decreto con el que el Gobierno de Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones en 2017 y mencionó las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar su sistema jurídico en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto sin riesgos. Por último, señaló como “indispensable” que el país “avance en la regularización de los territorios indígenas” con garantías al derecho a la consulta y consentimiento libre de parte de esas comunidades. 

“Argentina debe estar a altura de las circunstancias”, sostuvo Belski, “no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”. 

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LUIS ARIAS: “Fue una decisión tomada por el Ejecutivo”, entrevista de Ailin Bullentini para "Página 12" del 20-08-18

Arias sostiene que el jurado lo destituyó por “criterios judiciales”, vulnerando sus atribuciones. 
Imagen: NA

Entrevista a Luis Arias, el juez de La Plata removido por el oficialismo

“Me consideraron un juez molesto por ponerles un freno a los tarifazos, por defender el salario y el derecho a huelga de los docentes”, dice Arias, para quien “estamos ante un gobierno que exhibe un autoritarismo nunca visto en esta nueva etapa democrática”.

Por Ailín Bullentini


Luis Arias inauguró en la provincia de Buenos Aires el fuero Contencioso Administrativo, ése que, según sus palabras, “es garantía de la existencia y buen funcionamiento del estado de Derecho”. Tuvo paciencia: ganó el concurso para dirigir el juzgado número 1 de ese fuero en 1998, pero recién en 2003 pudo comenzar a trabajar en el despacho que ocupó hasta el jueves pasado, cuando el jurado que lo enjuició por hechos que él considera “criterios judiciales” lo halló responsable de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y lo destituyó. “Ésta fue una decisión tomada de antemano por el Ejecutivo”, denunció en esta entrevista con PáginaI12. El mismo planteo viene sosteniendo Arias desde que, al mando del procurador general de la provincia y ex secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, se activó el proceso político en su contra. “Como suele ocurrir con estas decisiones, primero se definen en los despachos de mayor importancia política y luego se buscan las formas y los argumentos para lograrlas”, profundizó.

–¿Por qué denuncia que su destitución es por cuestiones políticas y no por su desempeño?

–Hace mucho que me consideran un juez molesto y este Gobierno no es la excepción. Para Cambiemos fui un juez molesto por suspender tarifas, por intervenir en el conflicto docente, por pública visibilidad y por el seguimiento que mucha gente tiene de mis decisiones. Por eso me llevaron al jury, que yo creo que fue manipulado porque hay muchísimos jurys de jueces de la provincia de Buenos Aires que no avanzan, estancados; jueces con protección que incluso han cometidos graves irregularidades. Y sin embargo conmigo no solo avanzaron sino que fueron completamente animosos. Sin ir más lejos, hicimos una presentación judicial para tener las copias de los registros de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento para demostrar que mi juicio político había sido arbitrariamente manipulado frente a otros que están cajoneados y la Secretaría incumplió la orden judicial diciendo que se afectaban datos. No me dieron derecho a acceder a información que me corresponde. Esa misma petición la reiteramos ante el jurado, que tampoco nos dio la oportunidad de acceder. 

–Usted fue enjuiciado y destituido por 21 cargos de abuso de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, todos hechos que sucedieron antes de 2015. ¿Cuándo empieza el expediente? 

–Los casos son bastante anteriores a 2015, sí. Pero la animosidad real en mi contra se origina por una larga lucha que yo he tenido con la Corte de la provincia de Buenos Aires por la implementación del fuero en lo Contencioso Administrativo. Junto a otros jueces fuimos designados jueces de ese fuero en 1998 por concurso, pero estuvimos cuatro años para poder asumir. Cuatro años designados, con todos los recursos a disposición, pero la Corte se negaba sistemáticamente a tomarnos juramento porque decía que faltaba designar a los camaristas del fuero. Nosotros decíamos que la ley orgánica del fuero no lo impedía. Recién en 2003 un fallo de la Cámara de Casación Penal consideró que los ministros de la Corte y funcionarios del Poder Ejecutivo habían incurrido en responsabilidades penales por no poner en funcionamiento el fuero. Entonces, cedieron. La Corte de la provincia siempre hizo un ejercicio abusivo de sus facultades disciplinarias, tratándonos como si fuéramos sus empleados y no jueces igual que ellos. Activaba sumarios administrativos por cualquier cuestión. Esos sumarios, que ya tienen muchísimos años, fueron utilizados por el jurado que me destituyó para iniciarme el jury, pero la realidad es que es una ilegalidad. Una de las tantas que se han cometido en este proceso.

–¿Por qué enjuiciarlo por esos sumarios es una ilegalidad y qué otras encontró en el jury?

–Esos sumarios más algunos que tuvieron lugar pocos años atrás, como los relativos a las inundaciones de 2013 o a algunos desalojos en los que defendí a ciudadanos del avasallamiento de derechos sociales que estaba cometiendo el Estado en contra de ellos, son todas cuestiones que aluden a criterios judiciales, mis criterios judiciales. Cuestiones de competencia o la remisión de expedientes a la Receptoría General de Expedientes de la Corte. Son todos hechos que podían ser discutidos dentro del Poder Judicial, con procedimientos judiciales. Sin ir más lejos, a (el juez federal Daniel) Rafecas lo juzgaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación y no lo destituyeron por eso, justamente, porque no es posible evaluar a un juez por el contenido de sus resoluciones. Juzgarme y castigarme, como lo hicieron, por eso, no es otra cosa que avasallar la garantía con la que cuenta todo juez para poder cumplir con su trabajo. Todas cuestiones, además, prescriptas porque llevan más de cinco años de iniciadas. El jurado negó la prescripción con argumentos inverosímiles. Tenían 60 días para elaborar la acusación en mi contra, que tampoco cumplieron. Ahí también violaron la ley. Y hubo irregularidades en la designación de los miembros del jurado. 

–¿Por qué considera que la Suprema Corte no quería el fuero? 

–Yo fui una de las caras más visibles del reclamo a la Corte por la implementación del fuero. Hicimos denuncias judiciales y todo. Sin el fuero Contencioso Administrativo, era la Corte Suprema la que tenía la competencia de dirimir los expedientes de incumplimientos de derechos civiles por parte del Estado, pero los requisitos que imponía para recibir denuncias eran muy elevados. Pocos abogados estaban en condiciones de litigar ahí y, normalmente, quienes litigaban eran la patria contratista. Y la Corte lo que no quería perder era la posibilidad de negociar con el poder económico y con el poder político oficialista en la provincia. Pero la conformación de este fuero está en la Constitución de la provincia, los constituyentes de 1994 la incorporaron para que el Poder Ejecutivo no intentara eliminarla. Sin embargo, fue el Poder Judicial el que la frenó: la Corte tardó tres años en sancionar el nuevo código, un año más en hacer los concursos y otros seis en tomarnos juramento. Violaron la Constitución los jueces de la Corte con tal de no perder su negocio. En un estado republicano, sin el fuero Contencioso Administrativo no hay estado de derecho. Es el que media entre la ciudadanía y sus representantes, el que los obliga a no violar los derechos de la sociedad y a cumplirlos. Y a ningún representante le gusta que le señalen sus déficit. 

–Si los sumarios en su contra datan desde hace tiempo, ¿por qué considera que recién ahora acabaron por destituirlo?

–Porque es así como se maneja el gobierno de María Eugenia Vidal, el de Macri a nivel nacional. Es así como se maneja Cambiemos. Estamos ante un Gobierno que exhibe un autoritarismo nunca visto desde que se inauguró esta nueva etapa democrática. Que adopta decisiones y luego las lleva a cabo a como dé lugar y, si algo se llega a interponer en el camino, sea un dirigente social, un periodista, un gremialista, un juez o quien sea, se emprenden acciones para intimidarlo o removerlo directamente y disciplinar de modo que el objetivo político no se perjudique. Esto es lo que viene sucediendo desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. La prisión de Milagro Sala es un ejemplo. Lo que ha sucedido conmigo es otro ejemplo. Me consideraron un juez molesto por ponerles un freno a los tarifazos, por defender el salario y el derecho a huelga de los docentes, por insistir en el cumplimiento del derecho a la información de la ciudadanía al suspender el decreto presidencial que eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no bien asumió la Presidencia y no hicieron más que pensar cómo proceder para quitarme del medio. Cuando tuvieron cómo, me corrieron. 

–¿Qué efecto imprime su destitución en el funcionamiento del fuero Contencioso Administrativo y en la Justicia en general?

–Nada bueno. Si se fijan, cuando fueron los primeros tarifazos que aplicó este Gobierno éramos decenas de jueces los que los rechazamos. Hoy no hay ni uno. Que el poder político avasalle a la Justicia cuando le es adversa no hace más que disciplinar.

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BAIGÚN: “Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley”, entrevista de Ailin Bullentini para "Página 12" del 25-03-18

Imagen: Guadalupe Lombardo

Entrevista a Gabriela Baigún, la fiscal que pidió liberar a Zannini y D’Elía

De extensa carrera judicial, Baigún defiende su dictamen y reivindica los principios de inocencia y de igualdad ante la ley. Sostiene que no hay razones para pensar que los imputados pueden fugarse o entorpecer la investigación.

Por Ailín Bullentini


“Considerar que Carlos Zannini y Luis D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley”, concluyó la fiscal general Gabriela Baigún. En diálogo con PáginaI12, la representante del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 8, que dirigirá el juicio oral por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la promoción del memorándum de entendimiento con Irán, explicó los argumentos de su dictamen, que propició la libertad del dirigente social y del ex secretario de Legal y Técnica, detenidos hasta ayer en Ezeiza. “Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley”, remata.

–¿Cuáles son los elementos fundamentales de su dictamen? 



–El primero es que el proceso se vive en libertad salvo excepciones que hagan indispensables medidas de coerción como la detención. Por otro lado está la garantía de inocencia que plantea que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia condenatoria. Pero además existen normas procesales que regulan estrictamente la excarcelación y que determinan que todo aquel que está imputado por un delito reprimido con una pena que no sea superior a los 8 años de prisión puede ser beneficiado con la excarcelación. En este caso, y esto es lo más importante para que la gente no se confunda, el delito con el que quedó elevada a juicio de todos los imputados de la causa que investigó el memorándum de entendimiento con Irán, es el delito de encubrimiento, previsto con una pena de 1 a 6 años de prisión. El delito por el que originalmente estas personas fueron indagadas, el de traición a la patria penado con entre 10 y 25 años de cárcel, fue descartado por la Cámara. Entonces, esa pena ya no es más la que afrontan. Si afrontan una pena inferior a los 8 años de prisión, pueden salir. 

–¿Qué sucede con el peligro de fuga o de interferencia en la investigación, razones por las que se les ha dictado la prisión preventiva a Zannini y a D’Elía?

–Yo concluí que no hay razones para presumir que estando en libertad los imputados pueden eludir la acción de la justicia, es decir fugarse, o entorpecer la investigación, frustrarla. En el caso de Zannini, porque su calidad de ex funcionario no le da un poder residual parecido al poder que tenía cuando era funcionario. No puede entrar más a la Casa Rosada, ni a la Secretaría Legal y Técnica, ni acceder a documentación ni a funcionarios. También demostró arraigo, un trabajo y una residencia en Santa Cruz y familia en Argentina. Cuando fue citado a declarar no había intentado fugarse. En el caso de D’Elía, consideré que estuvo a derecho siempre. Y eso que yo fui la fiscal que lo acusó por el copamiento de una comisaría de La Boca, solicité pena de 4 años y 8 meses de cárcel. Cuando alegué no pedí su detención ya que sabía que debía quedar la sentencia firme para eso. Lo condenaron a 4, pero la sentencia fue recurrida. Cuando quede firme seré la primera en pedir su detención. Más allá de estos argumentos, hice una reflexión posterior: si en la actualidad, como pasa, los acusados que afrontan el juicio por el encubrimiento del mayor atentado en la historia argentina que por cierto aún sigue impune, pasaron todo el proceso penal en su contra y ahora el juicio en libertad, estoy hablando del ex presidente Carlos Menem, varios ex funcionarios de su gobierno y compañía, considerar que Zannini y D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley. 

–No hay razón para un trato diferenciado ante la ley. ¿Qué consecuencias acarrea violar el principio de igualdad? 

–Yo no pienso violar el principio de igualdad ante la ley. No voy a opinar sobre lo que hicieron los demás funcionarios judiciales. Actúo como actué durante toda mi carrera judicial como fiscal, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Si los demás violan la ley, actúan en una misma situación de diferente forma frente a personas de diferentes partidos políticos, raza o religión el problema está en los otros. Hoy pueden ser partidarios del gobierno de turno pero, ¿y si mañana les toca juzgar a integrantes de ese gobierno? Por supuesto que no corresponde actuar de esa forma y entonces esa es la diferencia entre un funcionario independiente y uno que no lo es. Aquel que es independiente actúa y se pronuncia ante una situación igual de la misma manera sin importar a quién tenga enfrente como acusado. Sería terrorífico que sea de otra forma, de ahí la necesidad de jueces y fiscales independientes y de que el Estado los garantice. Aseguro que el día que se confirme la pena de D’Elía en la causa por el copamiento de la comisaría pediré su detención como vengo pidiendo hace años la del ex titular del PAMI Víctor Alderete, cuya pena de 3 años y 6 meses de prisión está firme pero se resisten a efectuarla. Fui desde 1995 hasta 2007 fiscal de juicio de San Isidro y renuncié por tener diferencias sustanciales con la forma en la que venía trabajando el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, que terminó luego en juicio político. Durante los siguientes tres años y a pesar de haber ganado los concursos para la fiscalía general en Capital, no me nombraban así que me quedé sin trabajo por no querer trabajar con alguien que era deshonesto.

–¿Cuáles son las consecuencias de aplicar mal las prisiones preventivas?

–Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley. La ley es clara y establece condiciones precisas. 

–Se ha descalificado su dictamen bajo la “acusación” de que usted integra Justicia Legítima. ¿Lo entiende como una presión?

–Parto por asegurar algo: no pertenezco a Justicia Legítima ni nunca lo hice, pero conozco a gente que sí lo ha hecho. Partir del prejuicio de que un funcionario judicial, por pertenecer a Justicia Legítima, va a juzgar de manera diferente a determinado funcionario o ex funcionario es un horror. Muchos profesionales que integraron Justicia Legítima merecen mi total respeto. Si los medios de comunicación se basan en esa clase de prejuicios es mal informar a la población. Es cierto que uno sabe que cuando resuelve de determinada manera sobre determinados temas va a salir en tal o cual medio. Los que trabajamos en la justicia lo sabemos. Ahora, si uno ve esa clase de tratamientos como una presión, no puede mantenerse en la labor diaria de fiscal.


Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/103807-aplicar-mal-la-prision-preventiva-es-violar-la-ley


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BARADEL: “El conflicto sigue”, entrevista de Ailin Bullentini para "Página 12" del 09-04-17

 (Imagen: DyN)

Entrevista a Roberto Baradel

El titular del Suteba advirtió que los docentes seguirán con su lucha por un salario digno. Dijo que “el gobierno tiene la llave para destrabar el conflicto” si acata los fallos que lo obligan a convocar a la paritaria y devolver los descuentos por los paros.


Por Ailín Bullentini

“Este gobierno maltrata, acusa, amenaza y dice que dialoga pero no dialoga”, advirtió el titular de Suteba, Roberto Baradel, en relación a la postura oficial respecto del conflicto docente, que cumple mañana su quinta semana, sumó 15 paros y varias movilizaciones multitudinarias. Lejos de llegar a su fin, “el conflicto sigue”, apuntó, ya que las autoridades “aún no hicieron una oferta mejoradora”: “Hoy el gobierno tiene la palabra, la llave para destrabar el conflicto”, determinó en diálogo con este diario. 

–¿Levantaron la huelga?

–De ninguna manera. Teníamos votada la huelga hasta el paro general del 6 (de abril), no teníamos más medidas de fuerza votadas todavía. Así que con los fallos de la Justicia que obligan al gobierno nacional a llamar a paritarias y al provincial a devolver los montos descontados, decidimos reclamar a la gobernadora un diálogo sin condicionamientos y que cumplan con los fallos para concluir este conflicto. Quedó claro en nuestro comunicado (difundido el viernes) que continúa la lucha en reclamo de un salario digno.

–En ese comunicado advierten que alternarán medidas de fuerza de acción directa con otras. ¿Encontraron en la falta de clases un límite al reclamo vía paro?

–La consulta que realizamos a los docentes de la provincia de Buenos Aires indagó sobre la cómo seguir el conflicto, pero no sobre si el conflicto debía seguir o no. Los docentes optaron no por el paro por tiempo indeterminado, sino por una alternancia entre medidas de acción gremial, como clases públicas, clases abiertas con padres y madres, marchas de antorchas o abrazos a las escuelas, y paros o medidas de fuerza cuando sean necesarios. No creo que el mes de conflicto haya revelado un límite, sino un cambio de etapa. El conflicto sigue, sólo cambia de etapa a partir del paro general del día 6 el conflicto, pero a la lucha le vamos a seguir dando continuidad hasta que encontremos una respuesta a nuestros reclamos. Fue muy importante el tiempo transcurrido: un mes de movilizaciones masivas y contundentes, con medidas de fuerza muy fuertes que lograron algunos objetivos. Entendemos que ahora es tiempo de pensar y desarrollar medidas que articulen con la comunidad, que la involucre, pero siempre para reclamarle al Gobierno un diálogo sin condicionamientos para llegar a una solución para este conflicto. 

–¿Cómo entienden la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal a dialogar con la condición de no parar hasta fin de año?

–Le dijimos que no, que no le daremos un cheque en blanco al gobierno. Quieren condicionar el diálogo y eso no lo aceptamos. La de hacer medidas de fuerza es una decisión que nos reservamos los trabajadores, es nuestro derecho constitucional. De ninguna manera aceptaremos ese condicionamiento ni ningún otro que implique una rendición de los trabajadores. Vamos a seguir defendiendo a la escuela pública de calidad y reclamando por un aumento en el presupuesto educativo. Pero la intención de este gobierno es clara: quiere bajar salarios, entonces maltrata, acusa, amenaza y dice que dialoga pero no dialoga. Aún no hicieron una oferta mejoradora. Y hoy tiene la palabra, la llave para destrabar el conflicto. Tienen los recursos y, además, dos fallos judiciales que deben cumplir. Si ellos cumplen adecuadamente con esos fallos, comenzaremos el camino hacia la resolución del conflicto.

–El Gobierno recusará a la jueza Dora Temis, que fue quien ordenó abrir la paritaria nacional por integrar Justicia Legítima. Y desde el gobierno provincial adujeron errores administrativos en los descuentos.
–El hecho de que recusen a la jueza da la pauta de que este es un Gobierno elegido democráticamente pero con comportamientos dictatoriales. Es un gobierno elegido democráticamente pero está tomando un viraje autoritario. Avanza sobre otros poderes del Estado. Cuando los jueces fallan conforme a derecho pero en contra de sus planes, ellos piden juicio político. El quite de personería gremial, como pidieron a Suteba, es de gobierno autoritario. no había pasado nunca en democracia, solo en dictadura. El Gobierno nacional es el que debe establecer el piso salarial. Es el cumplimiento del artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, que entre otras cosas, dice que se tiene que convocar a los gremios docentes con representación nacional para fijar un piso salarial nacional y eso este año el Gobierno no lo hizo. En cuanto a los descuentos, también están equivocados. Primero: no se trató de ningún error administrativo, es una irregularidad que cometieron, una ilegalidad, porque pidieron información a los establecimientos por un circuito que no es el normal y habitual, la entrega de contralores por parte de las escuelas. Segundo: tienen que devolver todos los descuentos.

–Dijo que el mes de medidas de fuerza cumplió algunos objetivos. ¿Cuáles?

–Si no hubiéramos sostenido con tanta fuerza nuestra postura, en la provincia hubieran sacado una ley de emergencia educativa que hubiera suspendido el Estatuto Docente, que la tenían en estudio, y hubieran aplicado un aumento por decreto. Ninguna de las dos cosas le fue posible hacer al gobierno por la continuidad de la lucha que llevamos a cabo los docentes.

–¿Por qué considera que el gobierno mantiene una posición intransigente?

–Nos amenazan, nos acusan de ser los únicos responsables de la decadencia de la educación pública y también de resolver este problema. Nada es más alejado de la realidad; no dicen que no modificaron prácticamente la oferta paupérrima que hicieron al comienzo. Eligieron la confrontación porque quieren doblegar nuestra lucha, no quieren solucionar el conflicto. Por eso el título de Clarín (NdR: ayer ese matutino tituló en su tapa “Triunfo de Vidal: los docentes levantaron el paro”) está planteado en términos de guerra. En realidad, no ganó nadie, sino que fue derrotada la política. Si un gobierno no puede anticipar un conflicto, sentarse con los actores de ese conflicto y resolverlo para que haya más y mejor educación y que los chicos tengan clase. Si no es capaz de hacer eso, lo que pierde definitivamente es la política que lleva a cabo ese gobierno. Deberían repensar su posición. ¿Por qué considero que no abandonan esta posición? Por que quieren generar una crisis fuerte en la escuela pública para mercantilizarla, privatizar determinados segmentos de ella y por el otro lado, intentan mostrar que son capaces de doblegar a un sector tan importante como el docente, disciplinarlo, para poder después avanzar sobre el resto de los trabajadores.

–¿Es posible que cierto sector de la sociedad coincida con las acusaciones y la posición del gobierno?

–Pero no es mayoritario. Ya hay circulando resultados de encuestas realizadas a la comunidad educativa que reflejan que apoya a los docentes. Cuando le preguntaron sobre el reclamo docente, según esas encuestas, dijeron que sí, que es justo. Cuando le preguntaron quién tiene que resolverlo, dijeron que el gobierno. Así que el apoyo de los papás lo hemos sentido en toda la provincia. La comunidad fue muy comprensiva y respetuosa y considerada con el conflicto. Nos ha apoyado. Casualmente es una de las cosas que más le está preocupando al Gobierno de (María Eugenia) Vidal, que la comunidad educativa nos apoya.

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https://www.pagina12.com.ar/30753-el-conflicto-sigue

ARGENTINA MARCHA ATRÁS: Retroceso en Derechos Humanos, por Aillin Bullentini (para "Página 12" del 21-03-17)

Duras críticas al Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. 
“En Jujuy no rige la Constitución” –aseguró el titular del CELS, Horacio Verbitsky–; “el Gobierno quiere ser juez y parte”. Los funcionarios de la CIDH reclamaron por el decreto migratorio de Macri

El Gobierno tuvo que dar explicaciones ante la CIDH por la represión en Jujuy y la política migratoria
Flojos de argumentos para justificar sus políticas
Los relatores del organismo internacional se preocuparon por la situación de Jujuy. Hubo audiencia de oficio por migración.
Claudio Avruj no dio los mismos argumentos efectistas sobre migración y delito que el Gobierno levanta en el plano interno.
Por Ailín Bullentini

El Estado argentino tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para justificar decisiones y medidas por las que fueron denunciados y que ponen en peligro los derechos de las personas. Y a los ojos de referentes de organizaciones sociales y sindicales que participaron en las audiencias, falló. Ante la denuncia  sobre la intensificación de la persecución y criminalización del derecho a la protesta por parte del gobierno jujeño  de Gerardo Morales, representantes del Gobierno plantearon casos de “ejercicio abusivo” de ese derecho y reconocieron, incluso, que iniciaron procesos judiciales contra personas por protestar. “Eso tiene un efecto intimidatorio sobre el conjunto, como lo tiene la prisión arbitraria de Milagro Sala, es lo que vinimos a denunciar y lo que quedó en evidencia”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de las denunciantes. Luego, la comitiva oficial tuvo que responder por qué el Gobierno modificó por decreto de necesidad y urgencia la Ley nacional de migraciones. “Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo”, evaluó Diego Morales, director del área de Litigio del CELS. 

Represión en Jujuy


Por Ailín Bullentini

Así se llamó la primera de las audiencias que tuvo lugar temprano en la mañana de ayer, en la sede central de la CIDH en Washington. Allí, ante el titular del organismo internacional, Francisco Eguiguren, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, debieron afrontar las denuncias sobre la utilización en esa provincia de “procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, realizadas tiempo atrás por el CELS, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y los sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy y de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea de la Esperanza).

Belissa Guerrero Rivas, de la Oficina Regional de AI, inauguró la audiencia contextualizando la situación en Jujuy como “diseñada y articulada para responder a los conflictos sociales a través de la represión y la criminalización como medida de disciplinamiento”. Rafael Vargas, de Soeail, y Oscar Nuttini, de Soea, ejemplificaron con lo que sufrieron en carne propia: ahogo económico a las organizaciones, persecución judicial a sus referentes y represión policial comandada desde las empresas (ver aparte). Elena Chaves, de Andhes, remarcó las vulneraciones del derecho a la protesta social que habilita el Código Contravencional jujeño y culminó la introducción Verbitsky. “Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional”, advirtió.


La exposición de Miranda giró en torno de las acciones que permite y limita ese código que rige la vida cotidiana en Jujuy. En ese sentido, resaltó que el código “no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión”, pero lo contrapuso a un “ejercicio abusivo de derecho”, y  justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como “un sitio al centro de la Ciudad”.

Los relatores de la CIDH Paulo Vanucci, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Edison Lanza se mostraron preocupados por la vigencia de la libertad de asociación en Jujuy. Lanza destacó que la protesta no puede convertirse en un enunciado teórico: “Estamos todos de acuerdo en que la libertad es fundamental, pero si este Código contravencional puede convertir en ilegal la ocupación de un espacio público, genera problemas”, postuló y recordó el corte del puente de Gualeguaychú durante más de dos años. Solicitó información sobre la disolución de asociaciones que estaban vinculadas a la protesta. Por último, remarcó que desde el punto de vista de los estándares internacionales las protestas no se transforman automáticamente en ilegales por el hecho de que haya un corte de ruta o de calle.
 
Preocupación de oficio

La segunda audiencia en la que el comportamiento del Gobierno de Cambiemos fue puesto bajo la lupa tuvo lugar cerca del mediodía y fue impulsada por la propia comisión. El comisionado a cargo de la relatoría sobre derechos de los migrantes de la CIDH, Enrique Gil Botero, la solicitó a propósito del DNU número 70/2017 con el que el Ejecutivo modificó la Ley nacional de Migraciones restringiendo los derechos de las personas extranjeras que buscan en el país un lugar donde establecerse. “La CIDH fue un actor fundamental en la elaboración de esa ley, que colocó a Argentina como modelo regional de política migratoria alineada al respeto de los derechos humanos, por eso vio con preocupación la aplicación de ese decreto que significa un retroceso en ese aspecto, preocupación que el Estado argentino no supo justificar”, explicó Diego Morales en diálogo con este diario (ver aparte).

Al comenzar la audiencia, Eguiguren –que estuvo acompañado del vicepresidente, James Caballero– advirtió que la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve. Morales insistió en que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”. La integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”, mientras que Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, advirtió que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”.

La comitiva oficial, integrada por Avruj y el director nacional de Migraciones, Horacio García, insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”. Avruj deambuló por la “riqueza” de las olas migratorias que recibió el país a lo largo de su historia y que por eso se lo conoce como “un mosaico de culturas”. Sin embargo, defendió el control sobre esa población: “La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”, insistió.

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INFORMACIÓN RELACIONADA:


Rafael Vargas, delegado de Ledesma
“Nos persiguen”


Diego Morales, CELS
“No pudieron responder”

Los organismos de derechos humanos se movilizaron ayer a la Plaza de Mayo, por Ailin Bullentini (para "Página 12" del 11-12-16)

Miles de personas pasaron ayer por la tarde por la Plaza de Mayo con la consigna “Seguimos resistiendo”. (Fuente: Carolina Camps)

Por la memoria y la resistencia al neoliberalismo
“Nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas”, advirtieron los organismos, que denunciaron también “la banalización de la memoria”. Además, reclamaron la libertad de Milagro Sala.


Por: Ailín Bullentini

Durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri el movimiento de derechos humanos se unió con fuerza detrás de dos acciones que no le son desconocidas: la resistencia y la lucha. Ayer, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, que coincidió en esta ocasión con la llegada de Cambiemos al poder, llenó la Plaza de Mayo en una jornada combinó la demanda de memoria, verdad y justicia y el reclamo por la continuidad de las políticas de derechos humanos con el rechazo al ajuste. “Nos sostienen razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización y, hoy como ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia siguen guiando nuestros pasos”, resumieron en un documento consensuado por los 14 organismos que convocaron a la movilización.

“Venimos a esta Plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria”, puntualizó el texto en el que trabajaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico (MEDH), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La unidad se vio reflejada en la lectura colectiva del documento, que también fijó posición frente a las “políticas represivas” del gobierno de Macri. Un referente de cada organismo estuvo a cargo de un fragmento.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida mandaron abrazos desde Medellín y España, donde se encuentran ambas respectivamente. “Esta fecha es especial, pero más este año, cuando los derechos humanos de los argentinos fueron violados permanentemente. Una vez más en nuestra querida plaza les demostramos a los responsables que no les será fácil y que el pueblo unido jamás será vencido”, escribió Almeida.

La convocatoria, construida en torno de la consigna “Seguimos resistiendo”, hizo pie fuerte en los reclamos por la continuidad de los juicios contra los genocidas y por que “se reactiven y profundicen las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, políticas “que los organismos habíamos reclamado durante décadas y que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, plantearon los organismos.

Graciela Daleo, sobreviviente de la ex ESMA, se encontró con Alejandro Garfagnini en el medio de la plaza, de casualidad. Charlaban de Milagro Sala, la dirigente social jujeña detenida desde hace casi 11 meses, mientras La Bersuit, banda que cerró la jornada, probaba sonido y aún ingresaban algunas organizaciones políticas. “Atravesamos un momento de resistencia a esta ofensiva del neoliberalismo que tiene la tremenda dimensión latinoamericana y mundial”, reconoció Daleo. “Fue un año muy duro para el pueblo argentino. Después de 30 años y de ser ejemplo mundial, tenemos presos políticos, tenemos extrema pobreza y exclusión, desocupados, cierre de fábricas. Como mínimo hay que estar en la calle ante una involución de estas características”, reflexionó Garfagnini.

Algo de eso denunció el texto con el que los organismos cerraron la jornada: “En un año de Gobierno de Macri, nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas, con un Estado que genera beneficios para pocos y deja de garantizar y proteger los derechos de todos y todas”, postularon frente al micrófono.

Entre los shows de Peteco Carabajal y La Franela, los actores Paola Barrientos y Conrado Geiger leyeron en homenaje al revolucionario cubano fallecido hace algunos días fragmentos de los poemas “Fidel tendrá siempre todo el tiempo” y “Fidel”. Entre las canciones de La Franela y Ariel Prat, compartieron la carta que envió Sala desde el penal de Alto Comedero, donde sigue encerrada (ver aparte).

El reclamo de liberación de la dirigente social jujeña fue otro de los ejes del documento consensuado. Para Paloma, “acalorada, pero contenta de estar” en la Plaza de Mayo, “defender lo conquistado” se trata de “defender la justicia social, de medidas que no atraviesen a los sectores más sufridos y los hagan sufrir más”. En ese sentido, “la intransigencia de este gobierno en temas como la libertad a Milagro” la sorprende, pero no la alarma: “Acá estamos. Sin reclamo constante, nos pasan por encima.” 

Los organismos también denunciaron un “aumento de la violencia institucional” y a los medios de comunicación que “justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes”. Exigieron la aparición con vida de Jorge Julio López y también la restitución de la identidad a más de 300 jóvenes apropiados. Lucía aplaudió como pudo la lectura. Tenía a su beba en brazos. Tiene treintaitantos y habló de resistencia como “un legado”, el del “camino demostrado” que emprendieron los organismos de derechos humanos “para que los dirigentes los escuchen”. “Nosotros, el pueblo, tenemos que aprender de ellos. A reclamar y a resistir”, opinó.

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“La autopsia confirmó que no fue suicidio”, por Ailin Bullentini (para "Página 12" del 08-12-16)

El penal de Gorriti, en Jujuy, donde anteayer fue asesinado Nelson Cardozo.
(Foto: Gentileza El Tribuno)
 La sospechosa muerte de un joven preso en Jujuy, sobrino de un dirigente ligado a Milagro Sala

Los peritos forenses indicaron que Nelson Cardozo murió por golpes y, según el abogado de la víctima, luego se intentó “simular su suicidio”. Fueron imputados el subdirector y siete agentes del Servicio Penitenciario de la provincia gobernada por Gerardo Morales.



Por: Ailín Bullentini

El sobrino de Alberto Cardozo, uno de los presos políticos vinculados a la Tupac Amaru, no se suicidó en la celda en la que estaba encerrado,  como había informado el Servicio Penitenciario de Jujuy. Según confirmó la autopsia realizada ayer, el joven murió producto de golpes recibidos en el pecho y en la cabeza. Quienes lo asesinaron intentaron “simular su suicidio”, reconstruyó el abogado de la víctima. Por el hecho, fueron imputados el subdirector del Servicio Penitenciario local, Ramón Ruiz, y los siete oficiales penitenciarios que estaban a cargo del pabellón 3 del penal de Gorriti, donde sucedieron los hechos.

“La autopsia finalmente confirmó que no fue suicidio lo de Nelson (Cardozo), sino que lo suicidaron”, dijo Segundo Soria, quien defendió al joven mientras estuvo preso y que ahora permanece “atento al procedimiento” que el Poder Judicial y la policía jujeña realizan en torno a su muerte.

El informe oficial, realizado por el médico forense del Poder Judicial jujeño Guillermo Robles Ávalos, concluyó que Cardozo falleció producto de golpes recibidos “en el cuerpo y la cabeza”, detalló Soria. Y agregó más datos: “Los golpes que tiene en el cuello, que son marcas, fueron realizados post mortem, es decir que quisieron disimular el asesinato y hacerlo pasar como que se había ahorcado”.

La confirmación del análisis forense, encargado por el fiscal de Investigaciones Nº 6 de Jujuy, Gustavo Araya –el juez de Control es Isidoro Cruz–, “destierra por completo la versión sobre suicidio que quiso ser instalada de parte del Servicio Penitenciario”, opinó el abogado.

Tras recibir el informe, el fiscal ordenó el secuestro de documentación del penal y redireccionó su investigación hacia la figura del homicidio y “avanza para saber los motivos”, informaron desde su entorno. La línea apunta a una interna entre presos para “saldar deudas por el homicidio por el que estaba detenido” Cardozo, deslizaron las fuentes judiciales ante consultas de PáginaI12. Descartaron por el momento contar con elementos que confirmaran los rumores que circulaban ayer: que Cardozo había sido asesinado por negarse a denunciar a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala.

Araya imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público al subdirector del Servicio Penitenciario de Jujuy y a los siete oficiales que estaban a cargo del pabellón 3, en donde Cardozo fue hallado muerto. No descarta sumar luego la figura de encubrimiento, pero “por el momento no hay pruebas. Sí ha quedado claro que han sido completamente incompetentes y negligentes en sus funciones”, agregaron las fuentes judiciales.  Ayer estuvieron detenidos hasta las 20, cuando el fiscal decidió liberarlos.

Fueron dos actitudes de los funcionarios penitenciarios las que cuestionó Araya. La primera fue la demora en darle aviso a la Justicia. El joven fue hallado muerto a media mañana –ayer se supo que falleció a las 8–, pero Ruiz recién advirtió al Poder Judicial a las 15 del martes. La otra es la certeza con la que comunicaron el suicidio. “A mí no me consta que sea un suicidio, hay que esperar a realizar la autopsia y determinar las verdaderas causas del fallecimiento de esta persona”, había informado el martes el fiscal en una conferencia de prensa. Su olfato no falló.

Nelson Cardozo tenía 21 años y desde enero pasado estaba preso condenado por homicidio calificado, delito que había confesado. En la mañana del martes fue hallado muerto en la celda que ocupaba. Tenía heridas visibles en su cuello. En pocas horas, el penal implosionó en un motín con el que los internos reclamaron mejoras en las condiciones de encierro y en los tratos a los familiares y amigos que acuden a visitarlos. Ayer sumaron sus denuncias un conjunto de mujeres detenidas en el penal de Alto Comedero, en donde permanece detenida Milagro Sala (ver aparte). El personal penitenciario de la UP Nº 1 reprimió la protesta y varios presos resultaron heridos. También atacó a los familiares que acudieron a la puerta del penal.

Nelson Cardozo era sobrino de Alberto “Beto” Cardozo, que integra junto a Sala el grupo de presos políticos en la provincia gobernada por Gerardo Morales. El hombre, referente de la agrupación Tekuré –integra junto a la Tupac la Red de Organizaciones Barriales– cumple prisión preventiva por intento de homicidio en el mismo penal en donde su sobrino fue asesinado y en el marco de la causa que se convirtió, anteayer, en la nueva acusación contra Sala. El juez Pablo Pullen Llermanos lo mandó a detener a mediados de este año por un hecho que Alberto Cardozo había denunciado, en 2007, cuando dos hombres lo atacaron a balazos. Uno de esos hombres, Jorge Paes, estuvo encerrado hasta hace algunos días: fue sobreseído tras implicar a Sala en los hechos. Pullen Llermanos la procesó anteayer como coautora del homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria de Cardozo. En ese ir y venir, Cardozo denunció que él también recibió presiones para inculpar a Sala en diversos delitos a cambio de su libertad.
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MILAGRO EN LA ONU, por Ailin Bullentini (para "Página 12" del 29-10-16)

NACIONES UNIDAS CALIFICO DE “ARBITRARIA” LA DETENCION DE LA DIRIGENTE SOCIAL
“Hay que liberar de inmediato a Milagro Sala”... 
El gobierno contestó que tiene SEIS MESES para contestar (un arresto arbitrario) ... ... ...

La resolución fue tomada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y ya fue comunicada a la Cancillería. Reclama también una “reparación” y una “investigación sobre la violación a los derechos”.

 Por Ailín Bullentini

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamó al Gobierno “liberar de inmediato” a Milagro Sala, cuya privación de la libertad consideró “arbitraria”. Entre otros argumentos, el organismo internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades nacionales de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la dirigente de la organización social Tupac Amaru, que permanece encarcelada en Jujuy desde enero pasado, y acusó al Gobierno de entregar “argumentos dogmáticos”, en lugar de pruebas, para justificar su encierro. El organismo de la ONU, además, ordenó a las autoridades nacionales que concedan una “reparación adecuada” a Sala y que se inicie “una investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de encierro.

“La importancia de esta resolución no puede ser exagerada: es fundamental”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales que, junto a Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el equipo de defensores de Sala, radicó la denuncia que originó la respuesta conocida ayer. “Desde el momento en que es posible privar de su libertad a una persona en forma arbitraria, sin ninguna causa justificada, y a pesar de los fueros que tiene como parlamentaria del Parlasur, todos estamos en peligro”, continuó el periodista en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede porteña del CELS, de la que participaron también el director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier y Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de abogados defensores de Sala.

“Creemos y creímos siempre en la fuerza de las razones, de la verdad, de la Justicia. Lo que dice la resolución forma parte de los planteos que presentamos ante el Poder Judicial de Jujuy, que esta defensa considera adepto y disciplinado al poder político del gobernador Gerardo Morales”. Esto, afirmó “demuestra que Milagro Sala tiene una detención arbitraria y que por eso es una presa política”.

Los abogados y los organismos de derechos humanos denunciaron al Estado argentino ante la ONU por el caso de Sala en febrero pasado. La dirigente había sido denunciada penalmente por la fiscalía el 15 de diciembre por los supuestos ilícitos de instigación a cometer delitos y sedición por participar de un acampe frente al edificio de la Gobernación jujeña. El 16 de enero de este año fue detenida y, aunque dos semanas después recibió la excarcelación en esa causa, el Poder Judicial jujeño activó una seguidilla de investigaciones con las que la mantuvo en prisión. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del organismo internacional admitió la denuncia, solicitó informes al gobierno nacional y, en agosto pasado, definió una postura que finalmente fue comunicada el jueves al país. Además, señaló que “informará” al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre esta resolución, que no será debatida allí ni en ninguna otra instancia, sino que ya fue notificada al estado argentino.

El organismo internacional considera que la privación de la libertad de Sala es “arbitraria” ya que “se da como resultado del ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Menciona específicamente los artículos de esas declaraciones relacionados con la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación. En ese sentido, apuntó a la detención de Sala por acampar frente a la Gobernación provincial y recordó “la obligación que tienen los Estados de impedir que se lleven a cabo detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas y particularmente que no abusen de procedimientos penales en estos contextos”.

“El grupo llega a la conclusión de que la detención es arbitraria en función de que el Estado no pudo demostrar que estaba justificada”, señaló Chillier en la conferencia de prensa de ayer. En el documento, el organismo internacional plantea al respecto que “no fue convencido” de que los elementos legales para determinar que la prisión preventiva de Sala “se cumplieron conforme a la normativa aplicable”.

“Pareciera que uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la detención se basa en la gravedad del delito y no en las circunstancias personales de la persona sospechosa, particularmente del riesgo de fuga o de que pueda afectar pruebas”, continúa la resolución, en referencia a la prolongada prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru.

El grupo de trabajo señala que “pudo constatar” que a Sala “se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica por diferentes medios”. Además, acusa al Gobierno nacional de haber presentado “argumentos dogmáticos” que impidieron “que se pudiera constatar que se trató de una medida razonable”. También advierte que “fue convencido del uso indebido de la figura de la orden de la detención para privar de la libertad así como también de acusaciones consecutivas por el mismo poder judicial”.

“Pareciera que las acciones legales y procesales se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en diciembre (de 2015)”, apunta el informe, en el que se destaca la acción de jueces y fiscales que estaban de feria y que “iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia”. Por último, hace hincapié en la “inobservancia” del desafuero como condición previa para privar de la libertad a una legisladora. Sala es diputada del Parlasur.

“Ahora le toca al Estado Argentino cumplir”, consideró Verbitsky, quien señaló que la resolución de la ONU es “similar” a lo que el organismo internacional determinó en el caso de la detención de Leopoldo López, opositor al gobierno de Venezuela. “El Gobierno de Venezuela no ha respondido. Le toca ahora al Presidente Mauricio Macri responder. Después de meses de declaraciones en contra de Venezuela le toca a él demostrar que su conducta es distinta –continuó–. Después de meses de hablar del regreso de Argentina al mundo, le toca demostrar que ese regreso no es sólo para endeudarse sino también para responder ante organismos con los que el país tiene obligaciones.”

A diferencia de lo que aseguró el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj (ver aparte), tanto el titular del CELS como la abogada de Sala remarcaron que la resolución del Grupo de Trabajo “no es una opinión, sino un requerimiento”. Y esperan que, tal como lo solicita la misiva, El Gobierno a través de Cancillería responda “a la brevedad” cómo y cuándo dejará en libertad a Sala, si va a indemnizarla o resarcirla de algún modo, y cómo, y si va a iniciar una investigación sobre la violación a sus derechos. El lunes, el CELS presentará una carta a la Cancillería consultando sobre todo esto.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312977-2016-10-29.html

“Decididos a no dar un paso atrás”, por Ailín Bullentini (por "Página 12" del 02-09-16)

Arriba: “Este es un pueblo que va a cruzar el Puente Pueyrredón las veces que sea necesario”, dijo Ferraresi.

EN AVELLANEDA CONFLUYERON LAS COLUMNAS DEL SUR Y UNA MAREA CRUZO EL PUENTE PUEYRREDON

Los trabajador@s, cada uno con sus palabras, coincidieron ayer en ponerle un límite al Gobierno, porque “si nos siguen empujando vamos a terminar cayendo todos a la pobreza, no tenemos más resto”.

 Por Ailín Bullentini

El techo que la autopista 25 de Mayo les pone a los últimos 50 metros de la bajada del Puente Pueyrredón en territorio porteño funcionó ayer de caja de resonancia para la columna sur de la Marcha Federal, que pisó la ciudad de Buenos Aires al retumbe de “oooohhhh, vamos a volveeeer”. “¿Cuánto hacía que no pisábamos el puente?¡Qué lindo, mirá todas las banderas que hay!”, invitó Mirta, pechera de la CTA, cartelito identificatorio de “Patagonia cordillera”, a su colega Lucía, con mismas identificaciones. Llegaron desde Río Negro para “reclamar por los despidos, los tarifazos y decirle a (el presidente Mauricio) Macri, y a los golpistas de Brasil y a los de Venezuela que no van a poder, que vamos a volver”.

El partido bonaerense de Avellaneda fue, desde ayer a la madrugada, uno de los puntos de concentración finales de la marcha federal que las dos CTA organizaron con la mirada puesta en aquella primera edición de la multitudinaria movilización que en julio de 1994 metió 50 mil personas de todo el país en la Plaza de Mayo. Aquellos eran tiempos de pleno neoliberalismo, de Asamblea Constituyente habilitante de la reelección de Carlos Menem y entreguista de los recursos naturales del país. “Estos son tiempos de decirle a la clase gobernante que no puede empujarnos más porque nos vamos a terminar cayendo todos a la pobreza, que no tenemos más resto”, comparó Miguel, que llegó a Avellaneda desde el interior de la provincia junto con un grupo de “compañeros militantes” de la CTA. Juntos calentaron sus panzas con unos mates ayer por la mañana, sentados en la vereda de Mitre y Sarmiento. A sus espaldas, en la Plaza Alsina, esperaban que arranquen los discursos en el escenario, humilde pero suficiente para albergar a los secretarios generales de las diferentes delegaciones de la central de trabajadores que liderarían la caminata de siete kilómetros por el Puente Pueyrredón hasta la Plaza de Mayo. Todavía no eran las 10. De los micros desde Mar del Plata, Córdoba y La Pampa comenzaban a bajar trabajadores sobre la principal avenida del partido.

En Plaza Alsina, la concentración creció a medida que avanzaba la mañana. Cerca del mediodía, los referentes de la CTA de cada distrito confluyeron en la columna sur y sobre el escenario estuvieron listos para arengar en el último tramo de la movilización. Francisco y Carlos, curas en la opción por los pobres de Avellaneda, bendijeron un pan antes de comenzar la caminata. “Aquí solo hay pueblo reclamando por sus derechos”, destacaron. Recordaron al obispo Angelelli, al padre Carlos Cajade y a Alberto Morlachetti, de la organización social Pelota de Trapo –dos grandes figuras de aquella marcha federal de 1994 y de las marchas de los Chicos del Pueblo, organizadas por la CTA en los primeros 2000–, también al papa Francisco y finalmente recalcaron que “tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, pan sin trabajo es humillación, trabajo sin pan es explotación. Este es un gobierno de ricos para ricos que despide con las manos vacías”.

El anfitrión de la partida hacia Plaza de Mayo e intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, consideró que la marcha federal “le pondrá un freno al avance neoliberal” del gobierno de Cambiemos. Lo aplaudieron todas las banderas, que ya para entonces eran muchas: múltiples delegaciones de la CTA, Suteba, CTEP, CNCT, La Cámpora, Patria Grande, Nuevo Encuentro. Y, con fuerza, los estudiantes de la Universidad Arturo Jauretche, una de las más nuevas de la provincia. Además de las banderas, portaron carteles de afiches azules que exigían boleto estudiantil y comparaban al presidente con un felino: “Macri gato”.

“Este es un pueblo que no se resigna, que se organiza, que va a cruzar el Puente Pueyrredón las veces que sea necesario”, advirtió el intendente, antes de dar la bienvenida a los trabajadores de la Patagonia y Cuyo.

Adriana, docente universitaria de San Carlos de Bariloche, partió el miércoles desde Río Negro en micros de la CTA. Hicieron primera noche en Neuquén y segunda en La Pampa. La caravana “Patagonia Cordillera” cosechó 10 micros colmados de trabajadores con pecheras, banderas y batucadas. “Estamos más unidos y organizados que antes, lo que necesitamos para dar la batalla que nos presenta este gobierno”, destacó.

–¿Por qué se batalla?

–En defensa de todos los derechos conquistados, en defensa de Milagro Sala, para pedir por su liberación, en defensa de los salarios, en defensa de la escuela pública para nuestros pibes, en defensa de una patria libre y soberana y una América Latina igual.

“Acá estamos”, insistió Adriana, “decididos a no dar ni un paso atrás”.

“Tenemos la historia en el hombro”, coincidía, entonces, Ferrarresi desde el escenario. El siguiente dirigente en hablar fue Tomás Montenegro, secretario de la CTA de Chubut. “Venimos a visibilizar lo que nos pasa en la Patagonia, a defender las tierras que les quieren entregar a los empresarios, a defender a los dirigentes que son estigmatizados, a defender a YPF”, gritó casi afónico. “Patagonia de pieeeeeee, patagonia de pieee”, le devolvieron los suyos. Chubut fue la punta de lanza de la caravana “Patagonia Costa”, que recorrió las ciudades a orillas del mar hasta confluir en mar del Plata y, desde allí, directo a Avellaneda. Más de 30 micros. En uno de ellos llegó Ariel. Es cordobés, pero hace un par de años que vive en Mar del Plata y desde allí se subió a la caravana costera. “Es necesario decirle a estos tipos en la calle que ya basta”, destacó. “Estos tipos” son “los gobernantes, no solo Macri , o quizá ni siquiera Macri: la patria financiera, los que se quieren llevar siempre todo, los que quieren imponer las reglas, históricamente siempre fueron los mismos e históricamente nosotros acá vamos a estar”, evaluó.

–Hay mucha gente hoy, diez cuadras de gente. ¿Alcanza?

–Impresiona la cantidad de gente y a mí me pone contento, pero no alcanza. Sigue habiendo una parte de la sociedad que no participa, que no se siente par de los trabajadores. Son los que compran dólares, recuerdo que cuando volvieron a permitir comprar dólares en los bancos, me los cruzaba. Tenían las camperas todas rotas, pero se desesperaban por comprar dólares. ¿Cómo le hablás a esa gente?

Montenegro, al igual que Jorge Molina, su colega de Río Negro, insistió en “la importancia del campo popular”: “Es hora de que los dirigentes trabajemos con generosidad y a pesar de las diferencias para que desde ahí nazca un proyecto de país”, apuntó.

Roberto Baradel, dirigente docente bonaerense y secretario general de la CTA de esa provincia, fue el último en hablar antes de la que la marcha enfilara para el puente Pueyrredón. Antes lo hicieron Pedro Wasiejko, el intendente de Ensenada, Mario Secco, y Cristian Miño, de la CNCT. Baradel recordó los doce años de gobiernos kirchneristas. “No fueron en vano, pero para que gobiernos así fueran posibles tuvo que haber organizaciones y trabajadores que resistieron dictaduras y neoliberalismo como estamos resistiendo ahora”, explicó. “El pueblo unido jamás será vencido”, remató. Los manifestantes le pusieron melodía y aplausos a ésa y a otras consignas, como “pueblo que lucha, gobierno que no escucha” o “Macri basura vos sos la dictadura”.

Los discursos terminaron y de inmediato los trabajadores se encolumnaron para empezar la caminata, que avanzó fluida y sin interrupciones hacia la ciudad de Buenos Aires. Algunos vecinos regalaron dedos en V y revoleos de mano. Algunos conductores, bocinazos de adherencia. Dos horas y media les llevó a las diez cuadras de manifestantes cruzar el Puente Pueyrredón. En San Juan y 9 de Julio la Madre de Plaza de Mayo Carmen “Tota” Guede se sumó a la cabecera, que aún seguía prometiendo “Vamos a volveeeer” con el que hizo su ingreso triunfal a territorio porteño. Avanzaron por esa arteria principal hasta Belgrano y, de allí, tomaron la Diagonal Sur en recta final hasta la Plaza, ya rebosante de banderas y bombos.

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