“Argentina está cerca del default”, reportaje de Julián Blejmar a Pierre Salama (para "Página 12" del 09-12-18)

El economista francés Pierre Salama afirmó que “En Europa no sufrimos crisis recesivas como en Latinoamérica”.
Imagen: Sandra Cartasso

09 de diciembre de 2018
REPORTAJE al economista francés Pierre Salama

Profesor emérito de la Universidad París XIII, especialista en economía latinoamericana y una de las voces más destacadas del campo heterodoxo, el economista francés Pierre Salama dialogó con Cash. Sostuvo que el plan del FMI no eliminará la debilidad argentina, sino que la profundizará. Afirmó que el Fondo ya ha fracasado en el primer acuerdo y duda de que pueda ser exitoso en el segundo. Sentenció que con la deuda existe coincidencia en que lo que falta saber es cuándo y de qué manera se efectuará la cesación de pagos.

Por Julián Blejmar

“Surrealista”. Esa es la primer definición que se le ocurre al economista francés Pierre Salama para definir tanto el encuentro del G20 como los planes para la Argentina por parte del FMI. Invitado por Clacso para el Foro Mundial del Pensamiento Crítico, Salama, profesor emérito de la Universidad Paris XIII, especialista en economía latinoamericana, y una las voces más renombradas del campo heterodoxo, resaltó ante Cash la paradoja de que el grupo de los 20 países económicamente más poderosos se den cita en uno de los más vulnerables del planeta. Además sostuvo que el plan del FMI no eliminará la debilidad argentina, sino que la profundizará, ya que “ellos mismos consideran que su plan de ajuste provocará en 2019 una crisis aún más profunda que la actual, de manera que su programa no es para evitar una crisis, que sabemos que va a llegar, sino solo para ver la posibilidad de que algo cambie en dos años”.

¿Considera que la crisis es responsabilidad del programa del FMI?


–Es importante señalar que si bien el FMI intenta aplicar una política de ajuste, ésta viene de Macri, cuyo único objetivo fue lograr el visto bueno del FMI para recibir dólares y disminuir el impacto de esta crisis. Pero es claro que el FMI no puede controlar nada, solo su búsqueda por profundizar el ajuste, lo cual va a aumentar la crisis, no disminuirla.

¿Por qué intervino el FMI?

–Lo que sucede es que este organismo está encarando el desafío que le plantea Trump, que busca desarrollar el proteccionismo y los acuerdos bilaterales prescindiendo de los organismos multilaterales, por lo que necesita resolver la crisis de Argentina, y eventualmente la de Turquía, para demostrar que el multilateralismo puede resolver los problemas. Pero ya han fracasado en el primer acuerdo con Argentina y está por verse que pasará con el segundo.

¿Es posible evitar un default o, como planteó Joseph Stiglitz, una reestructuración de la deuda argentina es inevitable?

–No solo Stiglitz, todos en el mercado financiero consideran que Argentina está cerca del default. No hay aquí ningún secreto. El tema es saber cuándo y de qué manera se efectuará. Si con una decisión unilateral, de forma brutal, o con negociaciones previas.

¿Por qué?

–Sucede que la crisis de hoy en Argentina tiene como características un déficit fiscal del 5 por ciento y uno de cuenta corriente de la misma dimensión, lo que suma un diez por ciento del PIB, una cifra enorme. A esto  se suma una deuda que el actual gobierno incrementó hasta llevarla al 80 por ciento del PIB, lo que exhibe la gravedad del cuadro e implica que posiblemente la crisis que se está incubando sea la mayor desde el estallido de la convertibilidad.

Macrismo

¿Esta crisis era evitable sin la gestión del macrismo?

–Macri tiene una gran responsabilidad por las medidas que tomó, pero tampoco recibió una buena herencia. Debo decir que no hubo un paraíso perdido. La situación era preocupante hacia el final de la gestión de Cristina. Había mucho control estatal y mucho cambio en las reglas de juego. Además la alta inflación tenía como contraparte pequeñas devaluaciones del peso, lo cual impedía una buena rentabilidad del capital. Eso fue diferente con Néstor Kirchner, y al inicio de la gestión de Cristina, donde sí se experimentó una reindustrialización, pero luego vemos que el Indec no midió bien guarismos claves y todo esto llevó a una situación muy compleja.

En Argentina la apreciación de la moneda fue utilizada como ancla antiinflacionaria ¿Podría haberse evitado esto sin provocar una aún mayor  inflación y disturbios económicos y sociales?

–Hay que tener cuidado con la regla de Taylor, ese enfoque monetarista que postula la reapreciación de la moneda y las altas tasas de interés para combatir la inflación. Vemos que algunos países como los asiáticos, sin tener apreciación de la moneda, lograron una tasa de inflación adecuada.

De todas maneras el anterior gobierno tuvo varios períodos con tasas negativas.

Existen fuertes tensiones inflacionarias

–Argentina puntualmente cuenta con un tejido industrial demasiado débil, lo cual incide en la oferta debido a las importaciones, y la devaluación impacta entonces de manera diferente que en otros países. Es cierto que acá el impulso a la inflación es más fuerte, aunque en el estallido de la convertibilidad se experimentó una superdevaluación sin una inflación que la acompañe de la misma forma, más allá de que es cierto que se experimentaba una gran recesión. Pero también podemos citar el inicio de la presidencia de Carlos Menem, que acabó con la hiperinflación de forma inmediata luego de sufrir un pico. Por eso es un asunto bien complejo, y no he visto grandes trabajos académicos sobre el tema, por ejemplo no se evaluaba si la oferta había sufrido de apreciación cambiara antes de la devaluación.

Brasil

¿Piensa que en Brasil la crisis se incubó desde antes de la llegada de Temer?

–Brasil es diferente. Su moneda se apreció aunque no por la inflación, pero el costo fue también una desindustrializacion prematura, aunque no tan grande como la de Argentina porque tiene un mayor entramado. Y eso también condujo a la reprimarización de la economía, todo lo cual fue llevando a la peor crisis brasileña desde 1930.

¿No incidió que Dilma Rousseff haya hecho un giro ortodoxo al designar al neoliberal Joaquim Levy, y que luego haya sufrido el golpe blando de la derecha, antes que el modelo económico que llevó adelante el PT?

–De hecho la campaña de Dilma era contra el neoliberalismo y luego nombra a Levy que es el segundo del Banco Bradesco. En mi opinión Lula tuvo una gran capacidad política, mucho más que Dilma, y hay que resaltar lo que se redistribuyó durante sus mandatos. Pero en su segunda presidencia la apreciación de la moneda y el proceso de desindustrialización se aceleró. La llegada de Dilma, que como se ve también tuvo su herencia, comenzó mejor en lo económico, con un intento de frenar la desindustrialización y la evolución de la tasa de cambio, pero la oposición le impidió avanzar, y la crisis de las materias primas precipitó la crisis.

Recesiones

Europa también sufre de esta creciente financiarización de la economía. ¿Cuál es la diferencia con los países latinoamericanos en sus impactos?

–En Europa no sufrimos crisis recesivas como en Latinoamérica. Nunca en los últimos tiempos se llegó a lo de Brasil, que cayó un 3,5 en 2015 y un 3,8 en 2016, con una suba muy fuerte de la pobreza y donde además los más ricos, que viven en parte de la crisis, se fortalecieron económicamente. Europa tiene muchos problemas, pero no parte de una desigualdad tan extrema, y la política social es mucho mas fuerte. De hecho, ella fue la que permitió frenar la recesión, combinado con un sistema fiscal no tan regresivo, ya que en Francia o Inglaterra, por ejemplo, el Gini antes de los impuestos, en una escala de 1 a 100, se modifica entres 12 y 15 puntos, y acá solamente 2, que es casi nada.

En la actualidad, el mundo financiero parece autonomizarse del productivo, sin embargo en las crisis se relaciona directamente. ¿Cómo explica esta aparente paradoja?

–Eso es un fetichismo, la idea de que no tienen relación, cuando justamente la elevada financiarización tiene como consecuencia un estancamiento de los salarios, porque las ganancias financieras se pagan mediante la extracción de plusvalía, con lo que las empresas deben aumentar la misma disminuyendo crecientemente el peso relativo de los salarios, hasta el momento en que no se logra continuar con este circuito, y sobreviene la crisis

@jblejmar

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CONTRA LA UNIÓN REGIONAL, por Julián Blejmar (para "Cash" del 24-04-16)

HISTORIA > ESTADOS UNIDOS Y EL ESTABLISHMENT BRASILEÑO


El golpe blando contra Dilma Rousseff en Brasil y el avance de la derecha en la región con el apoyo de corporaciones mediáticas y judiciales, alentadas por Estados Unidos, tienen antecedentes. Uno de ellos es el boicot al Tratado ABC.

 Por Julián Blejmar

El poder de influencia de Estados Unidos, sumada a las presiones del establishment brasileño, tuvieron como resultado la frustración del Tratado ABC (Argentina-Brasil-Chile), el primer proyecto de alianza regional sudamericana. Suscripto inicialmente en 1915 para arbitrar de forma pacífica conflictos políticos y comerciales que podían suscitarse entre estas naciones, treinta años más tarde Juan Domingo Perón intentó reflotarlo para conformar un bloque político y comercial. Así, en un artículo publicado en el diario Democracia el 20 de diciembre de 1951, sostuvo que “la Argentina sola, no tiene unidad económica. Brasil solo, tampoco. Chile solo, tampoco la tiene. Pero estos tres países unidos conforman quizá la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro, porque toda esa inmensa disponibilidad constituye su reserva”, agregando luego que, en su concepción, luego del pasaje de los feudos a los Estados-Nación, el próximo paso sería el continentalismo.

El camino de relanzamiento del ABC fue iniciado en 1947, cuando Argentina firmó con Chile un memorándum de intenciones para liberar los derechos aduaneros de determinados productos regionales o aquellos que tuvieran que atravesar el mismo territorio. Uno de los intereses de Perón, era abaratar las compras de hierro, carbón, estaño, y cobre chilenos para la incipiente industrialización. De todas formas, recién en 1953 se rubricó y oficializó el Tratado de Unión Económica Argentino Chilena, no sin antes contar con el visto bueno de Brasil. Sucedía que Perón temía el recelo que podría provocar en este país una alianza binacional, con lo que en 1952 solicitó un encuentro con el presidente brasilero Getulio Vargas para solicitarle su aprobación no sin antes aclararle que buscaría un acuerdo similar con Brasil. Tras el encuentro, sostenido en la estancia Sao Pedro de la localidad de Uruguayana, Perón no solo recibió el visto bueno, sino que incluso fue comisionado por Vargas para que comunicase a los trasandinos que desde Itamaraty se planeaba firmar un tratado de similares características.

Así, el 21 de febrero de 1953, en Santiago de Chile, medio millón de personas asistieron al desfile de más de 4000 militares, donde se oyó a la banda de la fuerza área chilena interpretar la marcha peronista, para celebrar la firma del Acta de Santiago de Chile, instancia inicial del Tratado entre Argentina y Chile. Pero increíblemente, el que debía ser el embrión de un paulatino acuerdo regional que conformaría el bloque ABC, fue también su certificado de defunción. Al día siguiente del acto, el canciller brasileño Joao Neves da Fontoura sostuvo ante todos los medios que “estaba en contra de los pactos regionales, y que ésa era la destrucción de la unanimidad panamericana”. Pocas horas más tarde, el presidente chileno Carlos Ibáñez llamó a Perón para preguntarle retóricamente “¿Qué me dice de los amigos brasileños?”.

La historiografía señala que el débil trabalhismo, sostenido por un gabinete de coalición, limitaba al extremo a Vargas, al punto de desautorizarlo en algunas de sus decisiones. De hecho, un tiempo después de aquel frustrado comienzo, Perón afirmó que Vargas le hizo llegar, por intermedio del director del diario “O’Globo” de Gerardo Rocha, un mensaje privado de disculpas, afirmando que él no pensaba como su canciller Neves, pero que tampoco tenía fuerzas políticas para desautorizarlo.

El telón de fondo eran las sospechas por parte del establishment brasileño, que dominaba el gabinete de Vargas, por supuestos impulsos hegemónicos de la Argentina y sus deseos de convertirse en líder regional. Pero no menos importante fue el temor de esta oligarquía brasileña por ver afectadas sus privilegiadas relaciones con Estados Unidos. De hecho, en 1911, el secretario de Estado norteamericano, Elihu Root, afirmó al embajador argentino en Washington Epifanio Portela que “Estados Unidos no miraría con simpatía una convención por el ABC, e intentaría evitarla por todos los medios a su alcance”, mientras que en un comunicado fechado en 1945, el embajador Spruille Braden sostuvo que se gestaba una alianza argentino-brasileña bajo “la protección de Rusia para oponerse a los Estados Unidos”.

En el citado artículo del diario Democracia, y refiriéndose al primer ABC, Perón afirmó que el mismo “sucumbió abatido por los trabajos subterráneos del imperialismo, empeñado en dividir e impedir toda unión propiciada o realizada por los ‘nativos’ de estos países, ‘poco desarrollados’ que anhela gobernar y anexar, pero con factorías de negros y mestizos”. Las palabras, en referencia al segundo ABC, terminaron siendo proféticas.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-9282-2016-04-24.html

RESERVAS EN ALZA, INFLACIÓN EN BAJA, por Julián Blejmar (para "Miradas al Sur" del 14-12-14)

El final del año transcurre entre un aumento de las reservas del Banco Central y una desaceleración de la inflación. Pronósticos opositores y expectativas futuras.

Durante la semana, las reservas del Banco Central superaron los 30.000 millones de dólares, una cifra con un amplio peso simbólico, no sólo por haber casi igualado los niveles de fines del año pasado (se ubicaron en 30.600 millones), sino también porque refutaron las predicciones de diversos especuladores financieros y sus correspondientes voceros económicos, quienes afirmaban que las reservas caerían fuertemente este año, con lo que una nueva devaluación –con su consiguiente retracción de la actividad económica, pérdida del empleo y disminución en el poder adquisitivo de los salarios– sería altamente probable en este 2014.
Fueron justamente este tipo de predicciones, ampliamente difundidas por gran parte de la prensa dominante, las que contribuyeron a la corrida cambiaria de fines del año pasado y comienzos del actual, lo cual se convirtió en una de las causas –junto al pago de importaciones y servicios de la deuda–, que produjo que en los primeros tres meses de este 2014 se perdieran cerca de 3.000 millones de dólares.
En su ocasión, la estrategia de las anteriores autoridades del Banco Central para detener la hemorragia, se alinearon con el manual ortodoxo, es decir, la aplicación de una devaluación ampliada y de subas en las tasas de interés. Así, el costo de detener la salida de divisas fue una caída de la actividad económica, un precio que el Gobierno no quiso volver a pagar y que llevó a la designación de Alejandro Vanoli, a comienzos de octubre, como nuevo titular de la autoridad monetaria.
Fue el mismo Vanoli quien brindó, el pasado miércoles, algunas claves sobre la nueva política monetaria implementada a partir de su designación, en el marco de la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado que trataba el pliego de su designación. Allí remarcó en primer lugar que en estos dos meses de gestión logró subir las reservas de 28.000 a 29.000 millones de dólares (al día siguiente se efectuaría el swap por 1.000 millones), sin aumentar significativamente el valor del dólar oficial y manteniendo las tasas de interés que abona el Banco Central para sus letras nominadas en pesos.
Luego de volver a exhibir su negativa a efectuar una devaluación ampliada, Vanoli detalló las acciones con las que su equipo obtuvo estos logros, enumerando allí los acuerdos con las exportadoras de granos, que permitieron una suba del 40% en la liquidación entre octubre y noviembre, la ejecución del swap (ver nota aparte) con China por cerca de 3.000 millones de dólares, y la absorción de pesos (para evitar que vayan al dólar) por medio de la emisión de bonos dólar-linked, es decir, atados a la cotización oficial del dólar y del aumento en las tasas de interés de los plazos fijos para ahorristas (cuyo costo debieron absorber por reglamentación los bancos), todo lo cual fue implementado junto a un mayor control sobre las operatorias ilegales del mercado financiero.
Luego, ofreció estadísticas concretas sobre los resultados de su gestión, entre los que se contaban un aumento de las reservas del 3,5 por ciento, una caída en la cotización del dólar ilegal del 17,5%, del contado con liquidación (compra de bonos en pesos para venderlo en dólares en el exterior) del 16%, y del dólar Bolsa (bonos nominados en dólares) del 15,2%, agregando que el tipo de cambio se mantenía actualmente en los niveles deseados de competitividad en relación con el dólar, el euro y el real.

El factor inflación.

El nivel de reservas tiene una amplia relación con la cotización del dólar, la cual tiene un efecto directo (aunque no único) sobre los niveles de inflación. Por eso, no sorprende que con la devaluación operada por las anteriores autoridades del Central haya habido un escalamiento en los precios, y que –en parte–, gracias al congelamiento que mantuvo el dólar durante los últimos meses, esta inflación se haya desacelerado. 
Todos los organismos públicos y consultoras coinciden en este diagnóstico, pero difieren fuertemente en los guarismos. El más bajo fue aportado por el Indec, que dio cuenta de una inflación anual del 24,4%, una cifra extremadamente difícil de validar en la actual coyuntura de desaceleración económica, originada en la caída en el poder adquisitivo de los salarios, pese a que las paritarias promediaron un 29,7%. Por eso, tanto desde la Confederación General Trabajo (CGT), alineada con el oficialismo como desde la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron a refutar este índice. Pero al mismo tiempo, a rechazar los producidos por las consultoras privadas, muchas de ellas en manos de economistas pertenecientes a partidos políticos opositores, que dan guarismos cercanos al 40%. Para Antonio Caló, secretario general de esta CGT, “los que dicen que la inflación es del 40% son irresponsables”, mientras que el vicepresidentes de la Unión Industrial, José Urtubey afirmó que “desde ya que la inflación no es del 40%”.
Sin dudas, el caso más grosero fue el índice de inflación que difunden algunos legisladores opositores, el cual ya desde su origen tiende a confundir al público, pues fue denominado “IPC Congreso” pese a no ser representativo de esta institución, cuya mayoría parlamentaria es favorable al oficialismo. De acuerdo a este índice, la inflación anual se ubica en torno del 40,5%, un dato que provocó la reacción del ministro de Economía Axel Kicillof quien afirmó que  “quieren instalar que la inflación es del 40% con una intencionalidad política, para generar incertidumbre y ruido en la economía. El IPC Congreso es un IPC opositor”, al tiempo que reclamó precisiones sobre la metodología que utilizan para alcanzar sus cifras. La respuesta por parte de uno de los legisladores se realizó a través de un video (se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=wlQa9CcfNro&list=PLC5FD60B2DE0EEFAD) en el que explicaban que las estadísticas del Indice de Precios Nacional Urbano (IPCNu) del Indec (el cual releva 200 mil precios de bienes y servicios en 22 provincias por medio de 290 inspectores) eran “falsas” porque el precio del pan aumentó un 44% interanual en noviembre, explayándose por medio de preguntas cómo “¿Cuanto aumentó tu obra social Kicillof?”.
Así, entre un índice para el que, en los hechos, aumentó el poder adquisitivo de los salarios (en un contexto de caída del consumo) y otro que se basa en el precio del pan para dar cuenta de la evolución de miles de precios y servicios sobre diferentes tipos de consumo en todo el país, la verdadera inflación resulta una incógnita, que tampoco puede ser despejada por muchas de las consultoras privadas, las cuales además de estar mayormente en manos de políticos opositores, han fallado en muchas ocasiones durante sus proyecciones económicas (negativas) durante los pasados años de crecimiento económico.
Tema sin dudas no menor, teniendo en cuenta que los reclamos salariales que se avecinan se basarán en estos guarismos.
Una de las excepciones fue la del consultor Miguel Bein, cuyos datos fueron mayormente respaldados por la realidad. De acuerdo con este economista, actualmente se experimenta una “clara desaceleración”, pues en términos anualizados se había pasado del 67,7% de enero al 22,4% en noviembre. Sobre los guarismos totales, señaló que hasta noviembre acumulaban en once meses una suba de 29,5% y que proyectaban que terminaría el año en 32,5%.
Reservas en alzas y una inflación en descenso aparecen así como una realidad durante el presente mes de diciembre. Bien lejos de los pronósticos de gran parte de la oposición política, económica y mediática. Pero también de la calma total, frente a un 2015 en el que se avecinarán entre 8.000 y 13.000 millones de dólares sólo en servicios de la deuda.

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http://sur.infonews.com/nota/10156/reservas-en-alza-inflacion-en-baja

Los 4.040 nombres que debe investigar la Justicia, por Julian Blejmar (para "INFOnews" del 07-12-14)

La acción reguladora del Estado fue criticada durante el Foro de Convergencia Empresaria y eludida por individuos y empresas que fugaban parte de sus tenencias a Suiza.

El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación con la exención del Impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores que ganan hasta 35.000 pesos eclipsó la respuesta oficial a uno de los debates más interesantes que se suscitaron durante la semana. El mismo fue iniciado diez días atrás, durante el Foro de Convergencia Empresaria, el cual reúne desde 2013 a las Cámaras de las más grandes y en muchos casos oligopólicas empresas del país. Allí, según consignó Miradas al Sur, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y director del grupo Techint, Luis Betnaza, manifestó ante la atenta escucha de Mauricio Macri, Sergio Massa, Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Binner que “no creo que haya un debate entre el Estado y el Mercado. Creo que el Mercado le va a ganar al Estado, y el debate es cómo liberar las fuerzas del mercado para producción”, manifestando de esta forma su acuerdo conceptual con los lineamientos de la política económica neoliberal que implementaron los gobiernos de la última dictadura cívico militar (1976-1983) y de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001).

La tarea de actualizar las escalas y alícuotas, y evitar las diversas desgravaciones con las que se benefician algunos de los sectores más altos de la pirámide, continua siendo una tarea pendiente para el Gobierno.

La primera voz oficial que expresó su discrepancia con estos conceptos fue la de la ministra de Industria, Débora Georgi, quien al inaugurar las disertaciones de la 20ª Conferencia Industrial Argentina de la UIA en el Hotel Sheraton de Pilar manifestó estar “profundamente en desacuerdo con quienes reclaman más mercado y menos Estado”, ya que “la fuerza libre de mercado beneficia sólo al que tiene más poder, y los mercados perfectos sólo existen en los libros”. Durante la misma Conferencia, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que “no hay ningún país emergente que haya tenido un proceso espontáneo de industrialización sin una participación determinante del Estado”, pero dando cuenta incluso de que en todas las ocasiones el Estado estuvo presente, ya que durante la dictadura cívico militar existió un Estado “ajustador, excluyente, y muy activo”, que produjo “muchas leyes y muchas reformas que tendieron a destruir a la industria nacional, pues la desindustrialización fue una política de Estado”. En este sentido, resaltó el crecimiento de la industria a raíz de las medidas económicas llevadas adelante durante el ciclo kirchnerista, y en relación con el presente año afirmó que “el problema es el sector automotor, que coloca más de la mitad de su producción en el extranjero, particularmente en Brasil, y si Brasil no compra, no se venden autos, ni sus industrias derivadas como plástico, caucho, etcétera”. De hecho, afirmó que “si se quita el sector automotor, el desempeño de la actividad manufacturera evidencia una suba del 1,4%”, lo cual, agregó, se podía observar en el balance de las 38 principales empresas que cotizaron en Bolsa durante el tercer trimestre de este año, y en relación con 2013.
Durante el cierre del Conferencia, la Presidenta Cristina Kirchner, amplió los datos sobre el crecimiento industrial y de consumo durante el ciclo económico iniciado en 2003, remarcando la importancia que para ello tuvo la acción estatal, ya que, afirmó, “los mercados perfectos existen sólo en los libros. Hoy, ni siquiera existen en los libros. Los principales economistas del mundo abogan por la idea de que el mercado es muy imperfecto y que necesita necesariamente de la intervención estatal para su regulación y para su control”. E incluso criticó las posiciones contradictorias de alguno de los grandes grupos económicos que solicitan protección ante las dificultades pero rechazan la regulación cuando se fortalecen, señalando que “el Estado tiene que estar siempre, porque siempre convino que estuviera el Estado. Y si uno ve la serie histórica de la Argentina, cuando mayor articulación hubo entre Estado y mercado, existió un mayor crecimiento. Pero tuvo que haber un Estado fuerte”.
Otras dificultades. La oposición de muchos de los grandes grupos a ser regulados por el Estado –junto a sus respectivas maniobras instrumentadas a tal efecto– son sólo una de las variadas dificultades que encuentra el Gobierno para desarrollar su política económica. Otra que tuvo repercusión durante la semana tuvo que ver con las denuncias sobre fuga ilegal de divisas por parte de poderosos actores económicos. La denuncia, aportada por el italiano Hervé Falciani, ex funcionario del área de sistemas de la filial suiza del Banco HSBC, y girada a la Argentina por el gobierno de Francia tras el acuerdo por la deuda del Club de París, tenía para su capítulo argentino el caso de 4.040 personas y empresas vinculadas a operatorias ilegales de lavado de dinero por un total de 3.000 millones de dólares. La información motivó una denuncia de la AFIP sobre la posible existencia de una plataforma facilitadora para la evasión, conformada por apoderados, abogados, licenciados en Economía y contadores, quienes facilitaban estructuras que permitían ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza, para de esta forma evadir el pago de sus impuestos en el país. También produjo la creación, por parte de diputados oficialistas, de una comisión especial en el Congreso que trabajará durante 90 días para evaluar la información que actualmente se encuentra en poder de la AFIP.
De todas formas, los 3.000 millones en cuestión son en rigor una cifra mínima, pues de acuerdo con Jorge Gaggero, investigador de Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-ar) y miembro del Plan Fénix y la organización Tax Justice, durante las últimas cuatro décadas se fugaron del país cerca de 400.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente sólo el 1% está declarado.
De hecho, de acuerdo con el ex funcionario del banco JP Morgan Hernán Arbizu, el HSBC es sólo uno de los bancos que fugan divisas de nuestro país, pues “menos el Credicoop, cualquiera tiene una oficina de banca privada” que se dedica a “abrir cuentas en el exterior sin declararlas en el país”, mencionando en ese sentido los nombres del BBVA, Citibank, Crédit Suisse, UBS, Barclays y Merrill Lynch.
Sin ganancias en Ganancias. Las maniobras de elusión a la regulación pública y de fuga de capitales que realizan estos grupos económicos implican, además de una menor recaudación tributaria, un menor atesoramiento de divisas en el país, y es por eso que tienen también vinculación con la cotización del dólar y con la inflación. Entre las nocivas consecuencias de este último fenómeno, se contaron el carácter en parte regresivo (proporcionalmente se le quita más a quienes menos tienen) que adquirió un impuesto progresivo (proporcionalmente se les quita más a quienes más tienen) como lo es el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría para los salarios que se encuentran por encima de los 15.000 pesos, es decir para el 10% de la fuerza laboral argentina. Sucede que la inflación y las correspondientes actualizaciones salariales, junto a una falta de corrección acorde por parte del Gobierno, produjo diversas inequidades en la aplicación de este tributo, ya que al no actualizarse las alícuotas (las cuotas que paga cada categoría, y que datan de 2001), más de los mitad de los trabajadores comenzaron a tributar tasas de imposición más elevadas (van desde el 9% al 35%).
En rigor, la aplicación de este tributo sigue resultando progresivo, pues grava a los empleados con mayores ingresos, por lo que las demandas de gran parte de sindicatos y partidos opositores no tienen que ver con su eliminación sino con su modificación. (Las excepciones fueron los diputados del conglomerado Faunen Hermes Binner y Victoria Donda, quienes afirmaron, respectivamente, que “el producto del trabajo no debe ser alcanzado por el Impuesto a las Ganancias” y que “el salario no es ganancia y el impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores es una injusticia. Es completamente indignante que se les obligue a pagar el impuesto”).
El hecho de que el Impuesto a las Ganancias sea un impuesto progresivo fue también el principal argumento del Gobierno para defender su aplicación. De hecho, desde Presidencia difundieron que lo recaudado por este tributo se destina mayormente a gasto social y de desarrollo, pues en un 20% se orienta a la Anses, en un 46% a las provincias, y en un 34% al Tesoro. Pero además, sostuvieron que su incidencia en los salarios resulta baja en términos mundiales, pues la participación de este impuesto en la recaudación total representa en la Argentina el 1,5%, mientras que en otros países sube significativamente, pues es del 2,4 en Brasil, del 8,6 en Chile, del 10,2 en Perú, y del 13,5 en Uruguay, en tanto que los países europeos pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”), tienen todos ellos cargas aún mayores para sus trabajadores mejor pagos.
Con todo, frente a la reiteración de críticas y amenazas de paro, el Gobierno buscó subsanar su falta de acción en la actualización mediante el anuncio de la exención en el medio aguinaldo para los salarios menores de 35.000 pesos, lo cual dejó fuera de tributación del medio aguinaldo al 80% de los trabajadores que aplican para este impuesto. Una “solución” que, más allá de cuestiones políticas, en lo económico dista de serlo, por representar un costo fiscal derivado de beneficiar a algunas de las personas con mayores ingresos de la Argentina. La tarea de actualizar las escalas y alícuotas, y evitar las diversas desgravaciones con las que se benefician algunos de los sectores más altos de la pirámide, continua siendo una tarea pendiente para el Gobierno.

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http://www.infonews.com/2014/12/07/economia-175872-los-4040-nombres-que-debe-investigar-la-justicia.php

Las dos visiones K de la política economía, por Julián Blejmar (para "INFOnews" del 30-11-14)

 Arriba: Krugman y Kicillof, dos economistas con K

Durante la semana, el Premio Nobel Paul Krugman y el ministro Axel Kicillof expusieron diferentes visiones sobre la política económica heterodoxa aplicada en nuestro país. La discusión por el Impuesto a las Ganancias remite también a dos visiones sobre el rol del Estado. Brasil y Argentina, con caminos diferentes.

 

 

El paro de tres horas desa­rrollado el jueves por los gremios del transporte en reclamo por una rebaja al Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, se sumó a las demandas que, contra este mismo impuesto, realizaron los bancarios, un sector de los petroleros, los pilotos de Aerolíneas Argentinas, la CTA opositora y el gremio de Camioneros, que amenazó además con un paro de 24 o 48 horas si el Gobierno no modificaba este tributo.
Según consignó Miradas al Sur, en rigor, las críticas al impuesto provienen de prácticamente la totalidad del arco laboral, pero mientras que unos discuten su forma, otros cuestionan su fondo. Entre los primeros, se encuentran quienes plantean errores en su aplicación, pero no su imposición ni la necesidad por parte del Estado de seguir contando con estos recursos, provenientes de los trabajadores mejores pagos de la Argentina, es decir el 10% del total de toda la fuerza laboral. Aquí se encuentran las centrales sindicales alineadas con el gobierno, quienes plantean, en el caso de la CTA, una modificación en las alícuotas (las cuotas relativas a cada una de las distintas categorías) debido a la desactualización de las mismas a causa de la inflación y suba salarial, o la CGT, que reclamó puntualmente que el medio aguinaldo de diciembre quede exento de Ganancias.

Lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.

En cambio, desde otros espacios sindicales, políticos y mediáticos enfrentados al Gobierno, se sostiene que se trata de un “impuesto al trabajo” y que “el salario no es ganancia”, una descripción que intenta rechazar su aplicación lisa y llana, ocultando incluso que se trata de un impuesto extendido en los países desarrollados, bajo el nombre de “Impuesto a los Ingresos”. Se trata, en muchos de estos casos, de un reclamo que tiene como telón de fondo la concepción de que el Estado debe tener la menor incidencia posible en la economía, tal como lo sostuvieron los gobiernos de la dictadura cívico militar (1976-1983) y de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001).
Una dirección opuesta, de hecho, a la que tiene la política económica del actual gobierno, que por medio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posibilidad de modificar este tributo, sosteniendo que “el Gobierno ha hecho el esfuerzo, pero todo no se puede y es necesario que lo comprendan los trabajadores”.
En efecto, en la medida que se profundizó la desaceleración económica y la caída en el nivel de empleo e ingresos, el Gobierno apeló a la continuidad de su política económica heterodoxa para incrementar la presencia del Estado en la economía. No es casualidad en este sentido que no se advierta una disminución en la presión impositiva, que de acuerdo a cifras del Indec y la AFIP fue del 29% sobre el PBI en 2013, es decir algo por debajo del promedio del 34,6% de la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”) para ese mismo año.
A esta recaudación impositiva se sumaron los aportes de la Anses y el Banco Central, así como la emisión de bonos públicos del Tesoro por cerca de 20.000 millones de pesos, en un año donde, además, el Ejecutivo emitió diversos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizaron en más de 200.000 millones de pesos de gasto por encima del Presupuesto.
Todo ello con el objetivo de fortalecer el gasto del Estado para revertir la desaceleración económica, provocada por diversas causas entre las que se cuentan la devaluación de enero –que redujo el poder adquisitivo de los salarios y encareció los insumos industriales–, el accionar del tándem conformado por la Justicia norteamericana y los fondos buitre contra nuestro país, y el complejo panorama externo, en donde los principales socios comerciales de la Argentina (Europa, China y Brasil) redujeron su crecimiento, produciéndose además una caída en los precios internacionales de las materias primas (la soja, el principal producto de exportación argentino descendió de su pico de 600 dólares la tonelada a menos de 400 en la actualidad). De hecho, de acuerdo con el Indec, la balanza comercial (diferencia entre ventas y compras al mundo) se redujo en un 14,5% en relación con el año pasado, aunque manteniendo su saldo positivo (6.151 millones de dólares). Puntualmente, en octubre descendió un 39,2% con respecto a igual mes del año anterior, y su superávit fue de sólo 361 millones de dólares.
Diferentes respuestas. La opción del Gobierno por mantener políticas heterodoxas de mayor gasto público (aunque por el momento sin endeudar al país con el exterior) tuvo en la semana una llamativa oposición. Se trató del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien juntó a otro Premio Nobel, el también norteamericano Joseph Stiglitz, defendió ampliamente las políticas económicas implementadas por el gobierno durante los últimos años.
Invitado al Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Argentina, y poco antes de recibir un título de Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, señaló que “Argentina tiene el problema del déficit, que es demasiado grande, y sería un país menos vulnerable si su política fiscal estuviera mejor controlada”. Incluso, señaló que “es bueno preocuparse por la justicia social, por la desigualdad, por el estado de los trabajadores, por el destino de los pobres. Pero debe hacerse de una manera muy realista. (…) El problema es que se mantuvo la heterodoxia durante demasiado tiempo. (…) A veces uno tiene que ser algo ortodoxo. (…) El país necesita reducir el nivel de gasto público y la emisión de dinero para controlar la inflación”.
La de Krugman significó en este sentido una voz inédita, porque al igual que gran parte de la oposición política económica y mediática reclama un ajuste, aunque a diferencia de la misma defendió durante los últimos años la fuerte presencia del Estado para lograr el crecimiento de la economía, el empleo, los ingresos, y la justicia social.
De alguna forma, fue el ministro de Economía Axel Kicillof quien le respondió a Krugman, durante una exposición en la 62ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) celebrada el pasado martes donde señaló que “aunque las políticas públicas heterodoxas no le gusten a los mercados, obliguen los bancos a prestarle a sector productivo porque no tiene esa vocación, o no les den rentabilidad, o digan que va a generar más incertidumbre, la economía no puede perder la estabilidad en términos de la capacidad de creación, generación y sostenibildad de empleo, aún en momentos de enorme adversidad de la economía internacional”. Kicillof planteó además que durante su presencia en la cumbre de los países más industrializados del mundo, el G20, muchos de los mandatarios y funcionarios allí presentes cuestionaban las recetas planteadas para salir de la crisis económica global producida hace cinco años, por lo que por primera vez se hablaba de estimular la demanda privada, remarcando que “Keynes dice que los Estados deben entrar en déficit fiscal para generar mayor oferta. El Estado tiene que ser el que movilice los recursos para que la actividad económica siga funcionando, que es lo mejor que puede pasar para el futuro”, agregando además que “el protagonismo de los Estados, que promueven inversiones y ponen a girar de nuevo la rueda del ahorro” era uno de los principales elementos que iba a sacar al mundo de la recesión, concluyendo para nuestro país que “si no está cubierto el frente interno, la inclusión social cubierta, no hay actividad económica”.
Tanto Krugman como Kicillof presentan argumentos consistentes, y es por ello que resulta interesante observar el comportamiento económico de otros países de la región que optaron por caminos más cercanos a la ortodoxia económica. Posiblemente, Brasil sea un caso paradigmático. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff confirmó su giro conservador y nombró como ministro de Economía a Joaquim Levy, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y directivo del banco Bradesco, lo cual fue festejado por los mercados brasileros, cuya Bolsa de San Pablo subió cinco puntos.
En rigor, lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.

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http://www.infonews.com/2014/11/30/economia-174714-las-dos-visiones-k-de-la-politica-economia.php

Las entidades financieras en la mira, por Julián Blejmar (para "INFOnews" del 05-10-14)

 

El Gobierno dispuso una nueva gestión que, se presume, buscará detectar y sancionar diversos actos ilegales que practican estas entidades.

La precaria convivencia que el gobierno sostuvo durante los últimos años con el sector financiero pareció haber llegado a un punto muerto entre el pasado martes y miércoles. El duro discurso de la presidenta Cristina Kirchner contra diversas entidades financieras dejó en claro que pocos resultados le dio al Gobierno haber intentado tender puentes con este sector al designar, en noviembre del año pasado para el Banco Central, a una conducción cercana a la banca, algo que había sido celebrado por gran parte del arco económico, político, y mediático opositor. En su lugar, el Gobierno dispuso una nueva gestión que, se presume, buscará detectar y sancionar diversos actos ilegales que practican estas entidades, antes que efectuar una política de seducción para contar con su respaldo.
En rigor, el gobierno de Cristina Kirchner ya había confrontado con el mundo financiero, al nacionalizar las AFJPs e intervenir posteriormente en la institución con la que contaban para vetar y conducir las políticas económicas de los distintos gobiernos, el Banco Central. En 2010, fue designada presidente Mercedes Marco del Pont, finalizando así las gestiones de funcionarios que habían estado vinculados al sector financiero internacional concentrado y que actualmente activan políticamente en partidos opositores como el Frente Renovador y en el conglomerado Faunen. Dos años más tarde, entró en vigencia la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la cual le confería autonomía del sector financiero privado para permitirle integrarse a la política económica, sumando así a su rol como garante de la estabilidad monetaria otras variables de la economía real, como los niveles de producción, actividad económica y empleo.
Las turbulencias financieras de fines del año pasado, dieron paso al componente pragmático del Gobierno, que buscó para ese tiempo a una dirección más cercana a los bancos, la cual sostuvo hasta el pasado martes, denunciando su falta de capacidad para regular la operatoria ilegal del dólar paralelo (fuente de presiones devaluatorias) y difundir información privilegiada que algunos bancos usaron en su beneficio y en desmedro de la situación macroeconómica.
Por cierto, la gestión de Juan Carlos Fábrega no fue una repetición de las previas a Marcó del Pont: por un lado, Fábrega no había trabajado para el sector financiero internacional concentrado, sino que había hecho su carrera en el Banco Nación, y el Banco Central al que llegó ya estaba regulado por el Gobierno. Pero las últimas tensiones cambiaras debido a las subas en la cotización de los dólares por fuera del "mercado libre y único de cambios" (cuevas, Bolsa y "contado con liquidación") que ampliaron su brecha hasta en más de un 80% con el oficial, llevó a que el Gobierno decidiera la finalización de su etapa de acercamiento al sector financiero. De hecho, durante el discurso que el pasado martes dio en la Casa Rosada, la Presidenta dio cuenta de falta de controles por parte del Banco Central sobre las dos entidades que realizan casi el 60% de la operatoria "del contado con liquidación" (la operatoria de compra en pesos de bonos en dólares es igualmente legal), de información privilegiada a cinco bancos privados, que vendieron sus dólares pocos días antes del dictado de una normativa que los obligaba a desprenderse de parte de los mismos (cuyo efecto, de haberse cumplido, debería haber sido la disminución de su cotización), de alertar a las cuevas sobre inspecciones próximas que el mismo Banco Central debía realizarles, y de dejar "dormir" 80.000 expedientes de posibles violaciones de la ley penal cambiaria.
Todas estas maniobras repercutieron simultáneamente en el aumento de las diferentes cotizaciones del dólar, y en la amenaza latente que esta situación provoca al Gobierno. Su reverso fue el desempeño del sector financiero: de acuerdo al Indec, uno de los rubros que mayor crecimiento tuvo durante el segundo trimestre del año fue el de la intermediación financiera, con un 11,7% de aumento en sus actividades, mientras que de acuerdo a informes del Banco Central, los bancos llegaron a obtener casi 30.000 millones de pesos de rentabilidad, con ganancias que crecieron en un 117% en los primeros siete meses del año (contra una inflación para ese lapso cercana al 30%), mientras que el retorno sobre sus activos se ubicó en un 4,7%, "muy por arriba de los registros de la década".
Para dejar en clara la nueva estrategia frente al sector financiero concentrado, la Presidenta dispuso en reemplazo de Fábrega a Alejandro Vanoli, quien revestía como titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuyo objetivo es justamente velar por la transparencia de los mercados de títulos, y que tuvo una activa participación en la Ley de Mercado de Capitales sancionada en el año pasado, que ampliaba las facultades regulatorias de la CNV y otras intervenciones públicas. Con una carrera en el sector público y una orientación heterodoxa que lo llevó a integrase al Plan Fénix de la UBA, aumentan las expectativas de que el gobierno intensifique su lucha contra los sectores concentrados que presionan por una fuerte devaluación.
La economía real. La escalada del dólar paralelo fue en rigor consecuencia de algunos errores del Gobierno en el manejo del sistema cambiario y de su política energética e industrial, así como de otras derivadas del comportamiento de los actores concentrados de la economía, como parte del sector financiero, el exportador (el complejo exportador de granos retiene cosechas por 10.000 millones de dólares), y el importador (que aceleró sus importaciones por encima de sus estimaciones de venta), todo lo cual fue potenciado por la incertidumbre que sembró el tándem formado por los buitres y la Justicia norteamericana, que esta semana declaró al país en desacato. Pero difícilmente pueda dar cuenta de una marcha económica en la que existen grandes disparidades, aunque lejanas al clima de descontrol que plantea el mercado cambiario. Sucede que de acuerdo al Indec la economía prácticamente no ha crecido, pero tampoco caído: durante este segundo trimestre su crecimiento fue nulo, y solo subió en un 0,3% en el primero, siempre con relación al 2013. E incluso, al desagregar los datos, se advierten importantes matices. Por caso, el sector que frena el crecimiento es el industrial, que tuvo su decimotercer mes de caída consecutiva y acumula una baja del 2,8% de lo que va del año, aunque esto responde en gran medida a la caída de la producción automotriz, pero no así a otros segmentos, como la industria alimentaria, que subió en lo que va del año un 1,8%, o la textil, que aumentó un 3,7%. El resultado es un nivel de actividad económica similar al de 2010, un año considerado como favorable por todos los analistas económicos. Asimismo, y en relación con la producción de autos, existen dos datos fundamentales: por un lado, la caída en la demanda de casi un 40% desde el Brasil (país en el que se colocan el 86% de las exportaciones automotrices), y por el otro, que el nivel de producción se encuentra igualmente en valores muy elevados, ya que según la Asociación de Concesionarios de Automotores hasta septiembre se patentaron más de 560 mil vehículos, lo cual sitúa al presente año como el mayor después de 2013, en el que se batió el record histórico de 957 mil autos patentados.
También la recaudación tributaria exhibe el sostenimiento del consumo en niveles altos. Esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) difundió que los ingresos tributarios crecieron 37,5 por ciento en septiembre y 34,6 en lo que va del año, es decir en niveles similares a los de la inflación. El hecho de que el IVA (impuesto sobre el consumo) y el de la seguridad social (referido al mercado laboral) hayan sido dos de los que más crecieron, exhiben que consumo y empleo se mantienen en niveles similares a las interesantes cifras de años anteriores, dato que coincide con el recientemente aportado por el Ministerio de Trabajo, que señalaba que no se verificaba destrucción de empleo aunque sí una falta de creación de nuevos puestos de trabajo.
Fricción y roces. Así las cosas, queda en evidencia que las fuertes turbulencias financieras no responden de forma lineal a la situación de la economía real, que reviste una situación compleja pero no descontrolada. Por eso, la designación de Vanoli buscará que el Banco Central intensifique sus acciones de complementaridad con la política económica, antes que responder al sector financiero, lo que traducido significa evitar una fuerte devaluación y sostener bajas tasas intereses, complementando esto con una mayor vigilancia y control a la banca concentrada, que a través de las diversas cotizaciones del dólar pugnará por contrarrestar estas medidas.
Y es que acabado para el Gobierno el tiempo de la precaria convivencia –en donde los bancos no hicieron más que responder a su misión, que no es otra que maximizar su rentabilidad–, parece iniciarse una etapa de fricción con este sector, bajo una estrategia que sepultó definitivamente la idea de complementarse con los intereses del capital financieros.

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BUITRES: El factor “resto del mundo”, por Julián Blejmar (para "INFOnews" del 29-06-14)

La última medida tomada por el juez norteamericano que arbitra en la disputa con los fondos buitre, parece sugerir que la Justicia norteamericana también teme el costo que podría significarle obligar a nuestro país a claudicar frente a ellos.

La decisión del juez norteamericano Thomas Griesa de sugerirle al Bank of New YorK Mellow que devuelva los 539 millones de dólares que la Argentina había depositado para el pago de la deuda a los bonistas que entraron en el canje, fue la primera de la Justicia estadounidense en no favorecer claramente las peticiones de los fondos buitre, que reclamaban el embargo de estos fondos para cobrar sin descuento parte de los bonos de la deuda argentina en su poder. Hasta el momento, la institución judicial norteamericana había fallado en contra de la Argentina en dos oportunidades, a lo que se agregó la decisión de la Corte Suprema de no tomar la apelación argentina. Concretamente, estos fallos representaban la amenaza de embargar los fondos destinados al pago de la deuda con los acreedores que habían aceptado un descuento en sus acreencias (el 92,4% del total) para pagarles compulsivamente a los buitres. Por eso, la decisión de Griesa, si bien mantiene en pie la posibilidad de que la Argentina entre en cesación de pagos (de no levantarse esta última medida de “devolución de fondos” no se podrá abonar a los bonistas reestructurados), exhibió también que la Justicia norteamericana parece tener reparos a alinearse de forma unilateral con los buitres. Al parecer, el respaldo que en este tema tuvo nuestro país de parte de países y organismos tan diversos como Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela y Uruguay, así como el G-77 + China, el FMI, la Unasur, el Mercosur, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), además de medios de comunicación y economistas de todos los arcos ideológicos, demostraría que el costo de una salida del conflicto no negociada, será alto no sólo para nuestro país y las finanzas mundiales, sino también para la propia Justicia norteamericana. “Sería deseable, si es posible llegar a un arreglo”, afirmó de hecho Griesa luego de firmar su resolución, ratificando esta última hipótesis. Sucede que además, una posible cesación de pagos, con todos los perjuicios que ello significa no solo para la Argentina sino para el mundo (el 30 de julio es la fecha tope para que los bonistas reestructurados reciban su pago), se convertiría en la primera que no obedecería a razones económicas sino judiciales.

Importantes pasos. La renegociación de la deuda externa fue otra de las exitosas políticas que el gobierno puede exhibir en sus once años de gestión. La herencia recibida, parecía hacerla inmanejable: en 2003 la misma equivalía al 150% del lo producido por el país en forma anual (PBI), mientras que en la actualidad representa el 40% del PBI, lo cual la sitúa muy por debajo de la de muchos países centrales. Pero además, de ese monto adeudado, la mayor parte es deuda intersector público, lo que significa que está expresada mayormente en moneda nacional y que puede además negociarse en función de los intereses nacionales, y no del de los acreedores privados. De hecho, la deuda mantenida con estos últimos solo representa una cifra cercana al 10% del PBI. Así, en dialogo con este medio a fines del años pasado, el prestigioso economista Aldo Ferrer afirmó que “el país ha logrado una conquista fenomenal que es desendeudarse, lo cual es fundamental porque nadie nos viene a decir qué es lo que tenemos que hacer, ya no estamos subordinados al Fondo Monetario ni a lo que dicen los banqueros y acreedores”. Para alcanzar este logro, el gobierno propuso a los acreedores de la deuda –que desde 2001 no recibían pagos ya que la Argentina había declarado el default–, un canje de bonos (en 2005 y 2010) en el que se efectuaba un descuento del 65%, aunque junto con un “cupón PBI” que la Argentina pagaría anualmente en caso de crecer por encima del 3%. El 92,4% de los acreedores aceptó estos descuentos para poder volver a cobrar, y gracias a que el Cupón PBI se abonó en la mayor parte de los años, el descuento que habían aceptado se redujo del inicial estimado 65% a un 40% real. Paralelamente, en 2006 canceló la totalidad de la deuda con el FMI (al que a diferencia de los acreedores privados, nunca se le había dejado de pagar), para finalmente normalizar otros asuntos pendientes con acreedores privados. El año pasado llegó a un arreglo con algunas empresas privadas extranjeras de servicios públicos –que obtuvieron fallos favorables de los tribunales económicos del Banco Mundial–, en condiciones favorables, ya que la indemnización de 500 millones de dólares no fue en dinero efectivo sino en bonos –lo que implica en los hechos una quita de los montos reclamados–, junto al compromiso de las empresas de reinvertir en el país parte de estos capitales. También fue ventajoso para la Argentina el acuerdo obtenido con Repsol por la nacionalización en 2012 del 51% de las acciones de YPF a comienzos de este año, pues se abonó la mitad (cerca de 6.000 millones de dólares) de lo demandado por la petrolera española. En tanto, el acuerdo por la deuda que también se mantenía con países nucleados en el Club de Paris, pareció ser la primera de todas estas negociaciones donde nuestro país no obtuvo una clara ventaja, ya que los “beneficios” fueron repartidos: si bien se acordó una muy baja tasa de interés para los pagos, a cinco años de plazo, y con un esquema ampliamente flexible, se reconoció el monto de deuda que reclamaban los acreedores (9.700 millones de dólares), diferente al del establecido por el propio gobierno (5.912 millones).
Trastrabilleo final. Hasta el momento, el litigio con los buitres parece ser el primero en el que el gobierno no puede exhibir capacidades estratégicas, sino todo lo contrario, más allá de que la última carta jugada (el depósito a los bonistas que entraron al canje) parece haberle dado un respiro. La falta de plan para el caso de que la justicia norteamericana fallara a favor de estos fondos –tal como efectivamente sucedió– quedó expuesta en esta contradicción: El miércoles 18 de junio el ministerio de Economía emitió un comunicado de prensa en el que señaló que, a raíz de la decisión de la Justicia norteamericana de levantar la medida de no innovar (stay) en el litigio con los buitres, nuestro país no depositaría el pago a los acreedores que entraron en el canje (pago que la justicia norteamericana amenazaba con embargar) debido a que “las órdenes del pari passu (tratamiento igualitario para los acreedores) le impedían a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados”, una semana más tarde, el jueves pasado, anunció que sí había depositado 539 de los 832 millones de dólares por el pago de la deuda (capital e intereses) en las cuentas del Bank of New York Mellow, y que “cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una actitud violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional”. Es decir, una estrategia opuesta a la de la semana anterior, que evidenciaba la falta de un plan estudiado. Un déficit mayor si se hubiera tenido en cuenta en que institución recaía la decisión final sobre el litigio con los buitres: la Suprema Corte norteamericana. Hace dos años, el periodista Horacio Verbitsky citó un ensayo de 1996 del jurista Roberto Gargarella, en el que se hacía referencia al origen del poder de la Justicia en Estados Unidos. De acuerdo a Gargarella “existían minorías que debían ser especialmente protegidas”, en referencia a “uno, y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios de la sociedad: el grupo de los acreedores, o grandes propietarios. Claramente, además, no se estaba hablando de un grupo sin poder efectivo, sino del núcleo de los más favorecidos de la sociedad”, lo cual motivó un diseño del poder judicial tendiente a que sus resoluciones fueran “completamente independientes de las decisiones a las que pudiese llegarse a través del debate público”.
Ni el paso del tiempo, ni elementos tan centrales como la vida de las personas, parece haber modificado las resoluciones de la Corte norteamericana. Por caso, a mediados de 2008, declaró anticonstitucional una ley vigente desde hacía treinta años en Washington, que prohibía tener armas de fuego. En un país donde más de 30.000 personas mueren anualmente por heridas de bala, la Corte se basó en una Constitución redactada más de dos siglos atrás, que según los especialistas permitía la portación de armas para reasegurar la independencia de Gran Bretaña.
La falta de previsión frente a un posible fallo adverso de la Justicia norteamericana, no invalida de todas formas las acciones previas del gobierno en relación con el litigio con los buitres. Un acuerdo previo con estos especuladores, como ahora reclama gran parte de la oposición, habría derribado la clausula RUFO de Derechos Sobre Futuras Ofertas, que implicaba que el 92,4% de los bonistas que aceptó el descuento de la deuda podría demandar a nuestro país si se ofrecían mejores condiciones de pago para el 7,6% restante.

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LA APUESTA POR LA TERCERA OPCIÓN, por Julián Blejman (para "Miradas al Sur" del 23-03-14)

Miradas al Sur. Año 7. Edición número 305. Domingo 23 de Marzo de 2014

Por 

Julián Blejmar

politica@miradasalsur.com

La compleja combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas que está impulsando el Gobierno, exhibe una delicada apuesta en materia económica, cuyo final está aún abierto.

Desde un comienzo, y al margen de los ajustes que requiere la política económica, nosotros nos hemos ubicado exactamente en el centro de estas dos corrientes: es decir, la tercera opción. Entre la recesión que provocaría una drástica política de equilibrio presupuestario, que equivaldría a un aumento de la desocupación y una caída del salario real, y la actitud casi despreocupada por las consecuencias del desequilibrio monetario, optamos por esa salida intermedia.” Así se refirió, cuatro décadas atrás, quien revistió como ministro de Economía durante la tercera presidencia de Perón, el líder de los empresarios nacionales José Ber Gelbard.
Aquella “tercera opción”, ampliamente criticada en su momento por el capital concentrado y gran parte del arco político y mediático opositor, que presionaban por un fuerte ajuste sobre la clase trabajadora, es la que –en sus diferentes tiempos y contextos–, parece perseguir el actual gobierno frente a la delicada coyuntura actual.
En relación a las medidas macroeconómicas, la importante devaluación de enero, cercana al 20% y que sin dudas afectó los ingresos de los asalariados, se detuvo a partir del mes pasado en una cifra menor a la que buscaban los sectores concentrados del capital, quienes ya están anunciando (y posiblemente actuando) sobre la necesidad de aplicar nuevas correcciones. El encarecimiento del crédito para frenar la cotización del dólar y la inflación, que está afectando el desempeño de la actividad económica, no implicó sin embargo que la especulación financiera sea la opción económica más rentable. Mientras que el acercamiento a los mercados internacionales de crédito, en un contexto de muy baja deuda externa debido a la política de desendeudamiento, no se tradujo por el momento en amplios créditos internacionales a tasas descomunales, tal como sucedió durante el régimen de convertibilidad. Paralelamente, se han implementado subas a las jubilaciones y un nuevo beneficio para jóvenes que no estudian ni trabajan.
En la misma apuesta. Durante la semana que pasó, se continuó la apuesta por esta “tercera opción”: el Banco Central avanzó sobre la tenencia de dólares en poder de los bancos, mientras que se profundizaron las regulaciones del programa de control de precios. Pero estas medidas, se combinaron con las limitaciones que el Gobierno intenta imponer a las subas salariales, que tienen como caso testigo la negociación con los mal pagos gremios docentes, que por las “dilaciones” en la negociación anunciaron una marcha nacional para el miércoles 26, así como por el mayor acercamiento a los mercados internacionales de crédito.
De hecho, la tesis de un “ajuste a medias”, referida a diversas variables de la política económica, fue sostenida el pasado martes en una columna del diario La Nación titulada, justamente, “Los males de hacer un ajuste sólo a medias”, en la que se criticaba que las medidas de ajuste fueran sólo parciales, por el hecho de que en este camino muchos de los actuales problemas volverían a surgir, y con mayor crudeza.
La compleja combinación por la que ha optado el Gobierno, es en efecto parte de una delicada apuesta por no modificar de forma radical sus políticas de defensa del ingreso real del sector laboral –que según el Informe de Coyuntura 15 del Centro Cifra de la CTA difundido a comienzos de este mes, desde 2003 a esta parte aumentaron en un 63% en el caso de los trabajadores registrados y de 56% en los no registrados–, pero no profundizar, al mismo tiempo, diversas inconsistencias surgidas durante los últimos tiempos, producto tanto de sus propios errores como de la presión de los sectores concentrados del capital y de gran parte del arco político y mediático opositor.
El ministro de Economía ya había señalado algo al respecto, al afirmar que “la heterodoxia la tiene más complicada que la ortodoxia, porque no hay un recetario sino simplemente la realidad, los problemas concretos, e ideas claras sobre qué es lo que hay que defender. La gente, el pueblo, los trabajadores, que son los que están indefensos”. El panorama es aún más complejo, si se toma en cuenta también las declaraciones que poco tiempo atrás brindó a este medio el economista Ricardo Aronskind, quien sostiene que el actual gobierno enfrenta a un sector “que está buscando protagonizar un 2001 al revés, es decir, que ese movimiento popular que desplazó a esta derecha, sufra una conmoción que permita sacar al kirchnerismo del poder, tal como sucedió con Raúl Alfonsín, con un sector privado que saca y retiene los dólares en el momento adecuado”.
La búsqueda por evitar este escenario, pero sin efectuar tampoco un giro de 180 grados en su política de ingresos, parece tener como resultado este complejo equilibrio por parte del Gobierno, en el que se combinan las mencionadas medidas de corte ortodoxo, llevadas adelante fundamentalmente desde el Banco Central, con otras de corte heterodoxo. Hasta el momento, y en línea con las mismas, se puede ver un resultado dispar: a nivel financiero, el Gobierno logró estabilizar el valor del dólar, bajar el paralelo, mantener las reservas del Banco Central, mientras que la inflación oficial del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC-NU) de febrero, aunque alta (3,4%), fue menor a la difundida por diversas consultoras privadas de dirigentes del arco político opositor y de un sector de la oposición parlamentaria (denominada IPC-“Congreso”, pese a no ser representativa de la totalidad de esta institución), las cuales la ubicaban entre el 4 y 5%. En relación con la economía real, hasta el mes de enero, última medición oficial de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, el nivel de empleo se mantenía en el mismo nivel que en diciembre del año pasado, e incluso un 0,6% por encima de igual mes del año anterior, aunque los ingresos reales de los trabajadores han sufrido un importante recorte, a diferencia de los años previos de la gestión kirchnerista. En relación al comercio exterior, en febrero mantuvo su superávit, aunque el mismo se redujo casi 10 veces (44 millones contra 521) en relación a igual mes de 2013, mientras.
Por eso, el desenlace de esta delicada “tercera opción”, al igual que en otros aspectos de las ciencias sociales y humanas, está claramente abierto. “Los técnicos saben todo, pero nada más que eso”, frase adjudicada al escritor francés André Malraux, bien se puede aplicar aquí a aquellos economistas, políticos o periodistas que por estas horas se desesperan por revelar el final.
Panorama económico
Profundizando acciones
Con la excepción de la negociación salarial con los gremios docentes nacionales, cuya falta de avances provocó una convocatoria de marcha para el próximo miércoles 26, el Gobierno continuó profundizando las acciones de política económica que viene desarrollando en los últimos meses. Así, la semana pasada se realizaron nuevos anuncios en relación al programa de control de precios, los cuales tienen que ver con la adhesión al programa Precios Cuidados por parte de empresas mayoristas y distribuidoras y con declaraciones del secretario de Comercio Augusto Costa afirmando que por el momento se rechazarían pedido de aumentos en este programa. También, se informó que todas las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras con una facturación superior a los 183 millones de pesos anuales, deberán informar mensualmente sus precios, con el objetivo de poder intervenir adecuadamente en el caso de denuncias por aumentos desproporcionados, y se llegó además a un acuerdo con las cámaras molineras y productoras de pan para lograr una disminución del 14% en el precio del pan durante los próximos 60 días.
Mientras, con el objetivo de continuar estable el valor del dólar y contener la inflación, el Banco Central anunció una nueva normativa de intervención que obliga a los bancos a desprenderse de los dólares que habían transferido a sus sociedades vinculadas para evitar cumplir de forma íntegra una anterior normativa de limitación de tenencias de divisa extranjera.
El Gobierno también pudo avanzar en la oficialización del pago por la nacionalización de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol, al firmarse el dictamen en el Senado que avala el acuerdo entre el Estado y la empresa por la compensación en bonos a un valor de mercado de 5.000 millones de dólares. Justamente en relación a la política energética, la empresa petrolera Total, una de las cinco mayores a nivel mundial, anunció nuevos proyectos de inversiones en Tierra del Fuego y Neuquén, y una posible asociación con YPF.
A nivel externo, a la positiva respuesta de la semana pasado por parte del Club de París –entidad que agrupa a cerca de 20 naciones acreedoras de deuda pública– para iniciar negociaciones a partir del 26 de mayo por la deuda que el Estado Nacional mantiene desde 2001 –actualmente cercana a los 10.000 millones de dólares–, se sumó el respaldo del gobierno francés hacia nuestro país en las futuras negociaciones, como así también a la postura que se sostiene ante la Corte Suprema norteamericana por el litigio con los fondos buitre por el 7% de la deuda en cesación de pagos desde 2001.

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