🚨 Hay alerta roja en Tierra del Fuego y alerta naranja en Chubut y Santa Cruz por el frío. En toda la región patagónica las rutas están gravemente afectadas por las nevadas. Los gobernadores reclaman ayuda de la Casa Rosada, pero Milei anda de paseo por España. Mucha bronca… pic.twitter.com/0YmpynE4zN
— César Biondini (@BiondiniCesar) June 21, 2024
Primera represalia de China contra Milei: paralizó la obra de las represas y echan a todos los trabajadores
Por Luciana Glezer
13/03/2024
La historia de las represas de Santa Cruz fue tortuosa. Se trata de la obra más importante que tiene China fuera de su territorio, presupuestada inicialmente en USD 4.700 millones.
La obra arrancó en 2013 impulsada por Cristina Kirchner. Con el cambio de gobierno, Mauricio Macri la puso en pausa con enormes costos en intereses y punitorios. Durante el mandato de Alberto, volvió a operar a un ritmo lento, con el financiamiento mínimo para el sostenimiento del proyecto, mientras se negociaba la actualización de los contratos.
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Ahora, el gobierno de Javier Milei tensó la situación hacia un punto del cual parece no haber retorno, con insultos directos a la potencia asiática y coqueteos con Taiwan. La administración libertaria por ignorancia o decisión pisó así un cable de alto voltaje geopolítico.
Caputo en emergencia: Milei confirmó que no le compra los cazas a China y podrían cortar el swap
La respuesta tardó, pero llegó. La firma china Gezhouba que tiene a cargo la construcción de las dos represas de Santa Cruz abandonó el país, hartos de esperar que el gobierno de Milei firme los contratos necesarios para continuar con la obra.
La administración libertaria, por ignorancia o decisión, pisó un cable de alto voltaje geopolítico cuando coqueteó con Taiwan.
Gezhouba es socia de la UTE local, conformada por Eiling (Ex Electroingenieria) e Hidrocuyo. La salida de la firma china incluyó el regreso a su país de los ingenieros, operarios y directivos que estaban en el país. Este martes, el consorcio finalmente anunció la paralización total de la obra con el despido de 1800 trabajadores, con el lenguaje siempre protocolar y positivo de la diplomacia china.
Semanas atrás los representantes de las tres empresas mantuvieron una reunión con las autoridades de Enarsa, con un saldo amargo. La conclusión compartida es que el gobierno nacional canceló las conversaciones a primer nivel del Estado. La estrategia de los libertarios es frenar todos los avances en terceras líneas encargadas de dilatar los asuntos.
Según pudo reconstruir LPO a partir del relato de referentes políticos locales con fuertes lazos con el gigante asiático, la decisión es el primer paso de una serie de durísimas represalias que el gobierno de Xi Jinping no descarta ejecutar.
"El posicionamiento geopolítico de Milei se agrava a los ojos de China ante la posibilidad que Donald Trump recupere la presidencia de Estados Unidos. Su alineamiento total con el republicano no es un tema menor para Xi Jinping", explicó a LPO un diplomático que conoce de adentro el régimen comunista.
En este contexto Xi Jinping tiene una carta brava: el incumplimiento del contrato por la obra de las represas contiene una cláusula cruzada con el swap pendiente de pago y el proyecto de modernización del Belgrano Cargas, que también cuenta con financiamiento del gigante asiático. Se trata de créditos vínculados que podrían caerse.
Si China decide ejecutar esos créditos el país podría enfrentar deudas por más de USD 30.000 milones de dólares (USD 18.000 del swap, USD 4700 de las represas represas y los costos punitorios que alcanzan también al Belgrano Cargas estimados en poco menos de USD 10.000 millones). Para dimensionar, el número equivale al doble de lo que dice necesitar Luis Toto Caputo para dolarizar toda la economía.
El posicionamiento geopolítico de Milei se agrava a los ojos de China ante la posibilidad que Donald Trump recupere la presidencia de Estados Unidos. Su alineamiento total con el republicano no es un tema menor para Xi Jinping.
China es el segundo socio comercial de la Argentina, muy pegadito a Brasil. El intercambio entre ambos países alcanzo los USD 13.000 millones en el 2023 y se distribuye de manera bastante federal. Las compras asiáticas representan -por ejemplo- el 45,4% de las exportaciones de Catamarca, el 22,1% de las de Entre Ríos y el 20% de las de La Pampa.
Si la tensión escala al cobro de las deudas se podría sumar la decisión de dejar de comprarle al país soja y carnes. De hecho, luego d elos cruces con el gobierno de Milei, China decidió privilegiar al Brasil de Lula en la apertura de su mercado a los pollos.
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El abogado de un exfuncionario cuestionó duramente la acusación formulada por Luciani y Mola
En defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, el abogado Luis Alonso Martínez explicó que la gran mayoría de las obras (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades.
Por Raúl Kollmann
7 de septiembre de 2022
Un defensor oficial, Luis Alonso Martínez, hizo un enorme esfuerzo este martes por no denostar demasiado a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Esquivó los epítetos porque unos y otros son funcionarios públicos de estructuras que son como parientes. Aún así, en su defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito 23 de Vialidad Nacional, el distrito de Santa Cruz, el abogado acusó a los fiscales de usar pruebas falsas, de ignorar lo que dijeron los testigos en el juicio y de tergiversar los hechos.
Causa Vialidad: un alegato que demolió la acusación de los fiscales Luciani y Mola
Un ministro de la Corte Suprema de Santa Fe destrozó todo lo actuado en la Causa Vialidad
Pocas veces se vio que un funcionario le pegara tan duro a otros funcionarios, casi pares. La base de su alegato es que las licitaciones las hizo la Provincia de Santa Cruz, también las adjudicaciones y el control de las obras y que su misión, como delegado de Vialidad Nacional, era enviar la documentación a Buenos Aires y hacer una mínima supervisión. “Ese papel lo cumplió Collareda, como quedó demostrado por la auditoría que ordenó la administración ya en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Esa auditoría concluyó que ‘no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse’. Es decir, Collareda, lo que tenía que hacer, lo hizo", remató Martínez.
El defensor oficial recurrió a lo que corresponde: lo que dijeron los testigos a lo largo de tres años, incluyendo los convocados por la fiscalía. Collareda era el titular del distrito 23 y tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas —o sea, no sólo la construcción—, los talleres, el mantenimiento de los equipos, la relación con intendentes y la administración del poco personal que tenía Vialidad en Santa Cruz. Del total de las 51 obras cuestionadas, 47 directamente las hizo Vialidad Provincial. En sólo cuatro casos las constructoras trabajaron bajo la órbita de Vialidad Nacional. Para supervisar todo —argumentó el defensor— sólo había tres inspectores. “Por esa razón, las obras las hizo Vialidad Provincial. No había ninguna estructura nacional para la construcción de las rutas. Todo se hizo por convenio. Santa Cruz licitaba, adjudicaba, controlaba y yo recibía la documentación”, explicó Martínez.
Por lo tanto, Collareda no participó en la redacción de los pliegos ni en ponerle valor a las obras ni en resolver sobre plazos ni en realizar el control ni en certificar lo hecho ni en que se pagaran los tramos o las obras que se iban terminando. Su tarea —que ni siquiera estaba bien especificada— consistía en recibir la documentación de Vialidad Provincial y remitirla a Vialidad en Buenos Aires. “¿Cómo pudo haber Collareda perjudicado al erario público con esas tareas?”, se preguntó Martínez.
El defensor fue repitiendo numerosos testimonios según los cuales Collareda no tenía ningún favoritismo con Lázaro Báez, que no había relación personal y que el trato a su gestor era como el trato a los demás gestores de las constructoras. En 2013 se hizo una auditoría de cómo funcionaban los distritos. Se hizo respecto de Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Chaco y Formosa. La conclusión fue que había cosas por mejorar, pero que todas las delegaciones hacían el mismo trabajo y que hubiera sido bueno que tuvieran más personal para supervisar mejor las obras. Pero no se trató de cuestionamientos de fondo y, sobre todo, no fueron cuestionamientos a Vialidad en los distritos, sino al centro, en Buenos Aires.
También fue impactante la lectura del testimonio de Leandro García, que fue titular de Vialidad Nacional en Tierra del Fuego, y el macrismo lo designó como interventor en Vialidad Nacional de Santa Cruz. García declaró que “no vio nada anómalo. Todo era como en el resto de los distritos”.
Pero lo decisivo fue la auditoría hecha en 2016, ordenada por el macrismo, que fue categórica en sus conclusiones. En lo central, afirma que “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que nos fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento”.
“Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad. El pedido de 6 años de la Fiscalía es un ensañamiento contra mi asistido. Es escandaloso e inaceptable”, dijo el abogado. En base a los testimonios y las auditorías, Martínez pidió la absolución de Collareda tras casi tres horas de alegato. Tal vez su intervención quedó algo debilitada porque planteó que, en caso de una condena, la misma sea a una pena baja y en suspenso, porque el pedido de los fiscales —6 años de prisión— carecía de todo fundamento. Pero es posible que esos pedidos sean una especie de costumbre de los defensores oficiales, una forma de no aplastar tanto a lo fiscales. Todos funcionarios públicos, al fin.
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Alegatos de los fiscales por la obra pública en Santa Cruz.
Este lunes vuelve el juicio armado por el macrismo que puede terminar siendo clave para proscribir a la expresidenta. Más allá de lo rebuscado de la acusación y la falta de pruebas, Cristina Kirchner considera que "la condena ya está escrita" por el partido judicial.
Por Raúl Kollmann
30 de julio de 2022
Con el fin de la feria, este lunes a las 8.30 está convocada la primera de las nueve audiencias en que los fiscales formularán la acusación contra Cristina Kirchner y otros 13 imputados en la causa por las rutas de Santa Cruz. A la vicepresidenta no se la nombró nunca en los tres años que lleva el juicio, por lo cual habrá que ver cómo se la arreglan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para achacarle los delitos de jefa de una asociación ilícita y fraude al estado. En los tres años tampoco hubo una pericia o testigo que dijera cuál o cuánto fue el perjuicio para el Estado y, por el contrario, está claro que en el único chequeo que se hizo de las obras, ordenado por el propio macrismo, se constató que las rutas estaban bien construidas y que no se pagó nada que no tuviera su certificado de obra. En la audiencia de este lunes los imputados estarán por zoom y la defensa de CFK confirmó que la exmandataria dará el presente.
El centro de la causa que llaman Vialidad es que Lázaro Báez ganó las licitaciones de 51 de las 81 rutas que se construyeron en Santa Cruz. Por lo tanto, la acusación es que el constructor fue favorecido principalmente por Cristina y el ministro Julio De Vido, al que tampoco nombraron nunca en las audiencias, pese a que las licitaciones, la adjudicación y el control de las obras las hizo la Provincia de Santa Cruz. Por el juicio pasaron algunos de los empresarios de la Cámara de la Construcción, adversarios de Báez que declararon que las licitaciones fueron normales y que el santacruceño tenía ventaja porque contaba con el personal y la maquinaria allí en la misma provincia. Otros empresarios tenían costos mayores por lo que significa transportar y mantener a los trabajadores y las maquinarias a 2.800 kilómetros de su lugar de actividad habitual. El mismo fenómeno de concentración de obras se dio en buena parte de las provincias.
De todas maneras, Luciani y Mola ya le hicieron saber a los diarios alineados con el macrismo que formalizarán la acusación. Todo indica que su punto de partida será que Néstor y Cristina Kirchner trasladaron a los funcionarios de Santa Cruz a la Nación y esos funcionarios fueron los que beneficiaron a Báez. Es obvio que un presidente no sólo tiene el derecho sino la obligación de designar funcionarios, lo que no le adjudica ninguna responsabilidad porque desde el punto de vista penal, la responsabilidad es personal. Más de una vez, Comodoro Py equiparó la estructura gubernamental a una asociación ilícita, como argumento de persecución política, pero en los tres años de audiencia --que Página/12 siguió todos los lunes y miércoles-- no hubo un solo testigo que dijera que CFK dio alguna instrucción o firmó algo relacionado con las rutas de Santa Cruz. Es más, todas las obras fueron votadas por el Congreso Nacional en los presupuestos nacionales.
Las pericias
Es seguro que los fiscales utilizarán el grotesco ocurrido con las pericias. En la vergonzosa investigación inicial del expediente a cargo del juez Julián Ercolini, que junto con el fallecido Claudio Bonadio fueron las puntas de lanza de la persecución, nunca se hizo una pericia. Por eso los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andres Basso, tuvieron que ordenar pericias sobre sólo cinco de las 51 obras supuestamente irregulares. Los dos peritos oficiales Eloy Bona --el que twiteaba contra Cristina-- y Roberto Panizza, sostuvieron que hubo sobreprecios, pero hicieron agua en las audiencias. Es que basaron sus cálculos en la comparación con otras obras no comparables o en los datos de la revista El Constructor, que calcula valores en base a obras chicas de la Provincia de Buenos Aires, no de Santa Cruz.
La perito de las defensas Adriana Alperovich, en cambio, planteó que no hubo sobreprecios y que las obras se hicieron dentro de los valores de las licitaciones: Alperovich calculó ítem por ítem los costos en Santa Cruz en el momento en que se construyeron las rutas. La improvisación de este expediente impidió, por ejemplo, que se convocara a más peritos que actuaran como árbitros de las distintas metodologías usadas por los tres especialistas. Lo cierto es que en la única auditoría real que se hizo, la ordenada por el macrismo, se concluyó que las obras estaban bien hechas, que entre lo construido y lo pagado apenas había un 0.01 por ciento de diferencia y que los atrasos en las obras eran similares a los de otros distritos.
Los fiscales van a utilizar a su favor una asombrosa decisión que tomo el TOF 2: que se pueden utilizar pruebas de otros expedientes. Por ejemplo, los “arrepentidos” de la causa cuadernos o algún testimonio de Hotesur-Los Sauces o del caso denominado La ruta del dinero. Es obvio que las defensas alegarán que no tuvieron ningún control sobre esas pruebas o testimonios. O sea, que los fiscales pretenderán usar si un “arrepentido” del expediente Cuadernos dijo que pagó o cobró una coima para lograr un beneficio en las obras de Santa Cruz. Será una fuerte polémica, aunque en general esos arrepentidos o los testimonios fueron contra José López --el que tiró los millones de dólares en el convento-- o un secretario de los Kirchner ya fallecido, Daniel Muñoz, que apareció con sociedades que se encontraron en la investigación conocida como Panamá Papers, cuentas en las Islas Vírgenes y propiedades en Estados Unidos.
Todo indica que el juicio de las rutas de Santa Cruz no terminará este año. Los fiscales se tomarán tres semanas, pero luego vendrán las catorce defensas, lo que llevará una cantidad enorme de tiempo. El expediente es clave para todo el proceso de persecución a CFK porque una parte importante de las causas se fueron cayendo “por inexistencia de delito”. La alianza judicial-mediática-política apuesta a una condena y ya se sabe cómo ha jugado Comodoro Py en los últimos años, con la Corte Suprema ahora cada vez más agresiva y hegemónica. Raúl Eugenio Zaffaroni ya ha dado a entender que este es el expediente que usarán para intentar proscribir a la vicepresidenta.
Ya usaron la justicia para proscribir a Lula en Brasil y a Rafael Correa en Ecuador, por lo que no faltan quienes sostienen que ese es el modelo que aplicarán en la Argentina.
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El empresario fue citado como testigo y dio precisiones técnicas que demuelen la acusación. Afirmó que las redeterminaciones de precios son habituales y que las empresas que tienen localización en una zona del país tienen ventajas comparativas. También brindó un dato que complica la polémica pericia que se hizo en este caso.
El empresario Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, prestó declaración testimonial este martes en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz y derribó la acusación que entre otros apunta contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una de las tantas causas de persecución judicial que se armaron, por impulso de funcionarios macristas, contra la actual vicepresidenta.
El arquitecto y primo del expresidente fue convocado a instancias de las defensas de CFK y de Lázaro Báez. En una declaración de una hora, Calcaterra dio detalles de aspectos técnicos y demolió la acusación. Dijo que:
La redeterminación de precios es normal, habitual, y no sirve para generar sobreprecios. Por el contrario, perjudica al contratista porque el índice que se toma para las redeterminaciones –surge de una fórmula- nunca refleja el precio real. "Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios. Es ir ajustando los precios a la realidad", indicó el empresario. También señaló que es habitual la ampliación de los plazos de obras. "Hay millones de variantes por las cuales se extienden los plazos de las obras. Y es muy normal. No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado", añadió.
Las empresas que tienen localización en una zona del país tienen ventajas comparativas respecto a otras y por eso pueden ganar más licitaciones. "Tienen muchas ventajas competitivas", especificó. Tal fue el caso de Austral Construcciones en Santa Cruz. Según indicó Calcaterra esas ventajas se dan por cuestiones de transporte, de conocimientos de la zona, por tener el obrador, los mecánicos, los equipos y los proveedores en el área. Enumeró diversos elementos que benefician a quien es “local”.
Explicó que los contratos CREMA, de reparación y mantenimiento, no se pueden comparar con una obra nueva, donde el precio es muy superior. "Son dos cosas diferentes. Una es una obra pública nueva, donde debe hacer de cero un proyecto; y otro es reparar y mantener sobre una traza ya existente. Los equipos, la ingeniería y los equipos son distintos", explicó Calcaterra. "Los costos también", agregó. El perito Eloy Bona realizó la pericia de este caso basado en 3 obras -que no se hizo en instrucción- tomando como base de comparación, entre otros, los contratos CREMA. El otro punto de comparación fueron los valores publicados en la revista El Constructor. “Esa revista no es una referencia para la construcción en general tal como lo afirmaron los testigos pero además toma valores de la región centro que no tienen relación con los de Santa Cruz. Compararon peras con manzanas para que les diera la diferencia más amplia posible”, añadió el abogado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva.
También indicó que licitó en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a Austral Construcciones S.A y lo hizo en una obra grande, nacional, la de las represas en Santa Cruz, y no resultó adjudicatario. "Era una obra que la lideraba una empresa china y después cuatro o cinco o seis empresas nacionales. Era un consorcio muy grande. Perdimos la licitación", afirmó.
En diálogo con El Destape, el abogado Villanueva aseguró que la declaración de Calcaterra “confirma la teoría del caso que tiene esta defensa: lo que se señaló como ‘irregular’ en el caso de Lázaro es ‘La norma’ en los contratos de obra pública. Hay ampliación de plazos por problemas legales; falta de presupuesto de la administración; falta de insumos; cortes de ruta; problemas de liberación de traza, etc”. “Y en las redeterminaciones de precios por la inflación, el contratista siempre pierde, sobre todo, si redeterminó con precios del Indec periodo 2003-2015 porque siempre corrió de atrás”, añadió.
Durante su presentación, el primo de Macri señaló que licitó por obras públicas por unos “20 o 30 años”. Lo hizo a través de las empresas IECSA y Crearurban, donde dijo que era accionista. “Ya las vendí”, remarcó quien es imputado colaborador en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos.
También aclaró que nunca licitó en Santa Cruz, que ni siquiera estaba inscripto en el registro de proveedores de la provincia, por lo que no podría opinar sobre las licitaciones que se le critican a Lázaro. Pero ahondó en cuestiones técnicas que son importantes para el caso.
El caso
Tras la caída de las causas Memorándum con Irán, Dólar Futuro y Qunita, ahora el foco de la oposición está puesto en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz. Se trata de un caso que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, que está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación.
Iguacel hizo su presentación en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio funcionario al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio intervienen el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio. Lo que se suma a las irregularidades que alimentaron el caso.
¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán, que se cerró recientemente por “inexistencia de delito”, porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos en este caso. En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión.
El devenir de este juicio es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.
El juicio es extenso y restan declarar otros empresarios, como Eduardo Eurnekián, cuya audiencia se reprogramó para el próximo 1º de noviembre. Otro empresario que prestó testimonio en este juicio, Juan Chediak, dijo que como expresidente de la Cámara de la Construcción nunca recibió una denuncia por irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz. "No hemos recibido de nuestros asociados, menos cuando fui presidente y anteriormente tampoco, alguna denuncia ni información alguna respecto de irregularidades en la provincia de Santa Cruz", había declarado.
También están convocados como testigos los exjefes de gabinete de CFK. Por eso se espera que declaren el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos exjefes de ministros y como tales responsables de la ejecución del presupuesto. El próximo 26 de octubre continuará el juicio. Entre las testigos citadas para aquella jornada se cuenta la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.
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Los convocados por la fiscalía demuelen las imputaciones
La ingeniera María RE llegó a decir que “2016 es un año que recordaré siempre. Me persiguieron y a todos nos pusieron un cartel que decía inútiles, ineficientes, corruptos". Si naufraga este juicio "Madre" para las acusaciones contra Cristina Kirchner, será difícil que prosperen causas como Hotesur y Los Sauces, entre otras.
Por Raúl Kollmann
El juicio de la obra vial en Santa Cruz sigue de naufragio en naufragio, con el agregado de que los que naufragan y hunden las acusaciones son los testigos convocados por la fiscalía.
El juicio de la obra vial en Santa Cruz sigue de naufragio en naufragio, con el agregado de que los que naufragan y hunden las acusaciones son los testigos convocados por la fiscalía.
El juicio de la obra vial en Santa Cruz sigue de naufragio en naufragio, con el agregado de que los que naufragan y hunden las acusaciones son los testigos convocados por la fiscalía. Los tres testigos que declararon este martes fueron tres goles en contra de la propia acusación. Y así viene sucediendo semana tras semana. Este martes, David Baamondez, Fernando Clavel y la ingeniera María Re demolieron las imputaciones. Explicaron, por ejemplo, que las redeterminaciones de precios de las obras por inflación se hacían por un decreto dictado por Eduardo Duhalde que aplicaba automáticamente una fórmula polinómica. El macrismo, cuando llegó al poder, no sólo mantuvo los criterios del decreto, sino que las hizo más favorables a las empresas constructoras y en contra del Estado. Mientras que antes se podía pedir un reajuste cuando el Indec sumaba más de 10 por ciento el índice de aumento de precios, con el macrismo el derecho al reajuste se permitió con aumentos de sólo el cinco por ciento. Eso disparó las redeterminaciones y los costos del estado.
En la audiencia de este martes, el empleado de carrera de Vialidad, Baamondez, contó que era uno de los encargados de las redeterminaciones de precios de las obras hasta diciembre de 2015. Cuando llegó la gestión macrista de Javier Iguacel lo empezaron a perseguir y lo pusieron en la operación de radio, que otrora se utilizaba para comunicarse con quienes estaban en las distintas obras. Sin embargo, la tecnología reemplazó las radios por los celulares y entonces aquello significó confinarlo en una habitación de dos metros por dos metros.
Pero más allá de la persecución política, lo significativo fue que Baamondez explicó cómo se hacían las redeterminaciones de los costos de las obras cuando el Indec señalaba aumentos de precios de más del diez por ciento. El ex empleado contó que no intervenían sólo funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, sino auditores, inspectores, integrantes de Vialidad Nacional en Buenos Aires y de la Sindicatura General de la Nación.
En la época en que el titular de Vialidad fue Nelson Periotti sólo se hacían, en promedio, tres redeterminaciones por año, pero el volumen era enorme: se dedicaba a esos reajustes el 30 por ciento del presupuesto. Cuando llegó el macrismo, de la mano de Guillermo Dietrich e Iguacel, se cambió el decreto de Duhalde, el 1295, y se permitieron las redeterminaciones con sólo el cinco por ciento de aumento en los precios. O sea, un cambio a favor de las empresas constructoras. Eso llevó a que las redeterminaciones fueran casi permanentes, a veces diez por año y el gasto del estado se duplicó.
El segundo testigo, también de la fiscalía, fue Fernando Clavel, que igualmente se ocupaba de las redeterminaciones. Clavel contó exactamente lo mismo que Baamondez, o sea que el proceso no tenía margen de manipulación porque la fórmula polinómica salía directamente del decreto de Duhalde. Todos reflejaron el clima de terror que se vivió a partir de la irrupción de Iguacel, quien sin tener todavía la designación, llegó a Río Gallegos en un patrullero, acompañado de policías de civil. Baamondez incluso se quebró y lloró recordando el temor, la angustia ante los rumores que hicieron circular de que sería despedido de inmediato y se quedaba sin sustento para mantener a su familia.
Finalmente declaró María Re. La ingeniera demolió dos de las acusaciones planteadas por la fiscalía. La primera es la referida al atraso en las obras, supuestamente de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. “No conozco obras, ni una sola, que no tenga atrasos, postergaciones, prórrogas. Pero eso ocurre con todas las empresas en todo el país y en especial en la Patagonia. Si a una máquina se le rompe un tornillo, un solo tornillo, no hay forma de reemplazo. Hay que buscarlo en Buenos Aires. Y la máquina queda parada. Pero, además, en esos años hubo huelgas de petroleros y otros conflictos laborales, que no dejaban trabajar a las empresas. No se podía llegar a las obras”. La ingeniera Re explicó que ella no supervisó ninguna obra de Austral, sino de otras empresas, pero que en todas pasaba lo mismo. En segundo lugar, la profesional demolió también la acusación de que Austral no tenía un director técnico en cada obra. “Ocurría con todas las empresas. No había ningún problema. Había un director técnico que era responsable de dos o tres obras. Era lo habitual”, dijo Re.
Al final, la ingeniera recreó el clima de terror. “2016 es un año que recordaré siempre. Me persiguieron y a todos nos pusieron un cartel que decía inútiles, ineficientes, corruptos. Ese año en el que llegó la intervención no me lo olvido más”, concluyó.
El saldo, como en las jornadas anteriores, es que la fiscalía convoca testigos que van a respaldar las acusaciones y terminan respaldando todos y cada uno de los argumentos de las defensas.
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