"MACRI NOS IGUALA CON UNA PATOTA", por Diego Martínez (para "Página 12" del 08-07-16)

LOS TRABAJADORES DE TIEMPO ARGENTINO REPUDIARON DICHOS DE MACRI

Tras el ataque al diario, el Presidente había dicho que “está mal cualquier tipo de usurpación”. Los trabajadores rechazaron esa expresión, consideraron que los estigmatiza y le aclararon a Macri que son custodios legales del edificio.

 Por Diego Martínez

Los trabajadores de Tiempo Argentino repudiaron las declaraciones del presidente Mauricio Macri desde Berlín sobre el ataque de veinte encapuchados que en la madrugada del domingo ingresaron al edificio donde funcionan el diario y Radio América, golpearon a las personas que lo custodiaban y destruyeron la redacción ante la pasividad de la Policía Federal. “Está mal cualquier tipo de usurpación”, dijo Macri ante la consulta de un periodista. “Rechazamos las expresiones del Presidente al diario La Nación en las que nos califica como ‘usurpadores’, nos estigmatiza en nuestro rol de trabajadores y nos iguala con una patota que recuerda el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar”, explicaron en un comunicado los integrantes de la cooperativa Por Más Tiempo. Además, le informaron al Presidente que son custodios del edificio por una resolución del Ministerio de Trabajo, que ningún funcionario de las áreas de Seguridad y Justicia del gobierno nacional se comunicó para conocer lo ocurrido y le pidieron una audiencia para desasnarlo.

Mientras la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional contra los policías que no actuaron cuando se cometían los delitos quedó radicada en el juzgado a cargo de Omar Peralta, en la causa por usurpación y daños a cargo de la cuestionada fiscal Verónica Andrade, no se presentó ninguno de los catorce miembros de la patota identificados (al menos otros seis huyeron por los techos con el visto bueno de la policía) y la fiscal pidió que “se los traslade por la fuerza”. A siete que dieron domicilios en Capital los convocó para el martes. A cinco que informaron domicilios en Gran Buenos Aires y al jefe de la patota, Juan Carlos Blander, dueño de la empresa de seguridad Control Star Service, que dio un domicilio de Formosa, los citó para el lejano 11 de agosto. Incluyó en el listado a otro imputado del que no aportó un solo dato.

Las chances de encontrarlos son bajas porque las direcciones que dieron podrían ser falsas. “El procedimiento exige constatar domicilios y ficharlos, pero la policía hizo una especie de constatación rápida por sistema informático con los DNI que dieron, ya que muchos dijeron no tenerlo encima”, explicó la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi. En el acta que firmaron imputados, víctimas y denunciantes, el subcomisario Carlos Aparicio hizo constar que la fiscal Andrade ordenó chequear los domicilios por teléfono y que en un caso fue imposible por la negativa del imputado a dar su número, a pesar de lo cual fue liberado.

El lunes se realizará la audiencia para dirimir la competencia de la causa en el juzgado a cargo de María Julia Correa. Verdú argumenta que los delitos exceden a la Justicia porteña ya que no sólo hubo usurpación y daño. “El daño es calificado por la destrucción de las redes informáticas y todas las conexiones de la redacción. Hubo lesiones calificadas al trabajador con discapacidad al que reventaron a golpes y arrastraron por la escalera. Hubo amenazas no sólo con los tres trabajadores a los que sacaron del edificio sino también de Mariano Martínez Rojas cuando advirtió ‘les voy a cortar las piernas a todos’. Y también se cometieron los delitos de interrupción de comunicaciones y del funcionamiento normal de un medio de comunicación. El epicentro de los delitos fue la red interna de la redacción y la comunicación exterior, por eso lo primero que rompieron fue el servidor del diario y se robaron el disco rígido, arrancaron setenta zócalos de conexión de red, y en la radio intentaron desmantelar y llevarse el control central que permite transmitir. Es evidente que como tomaron control de la planta transmisora querían llevarlo para transmitir desde otro lado e impedir que la radio emita por Internet”, explicó. “Este ataque es la segunda etapa de lo que comenzó con el ataque a la planta transmisora, por lo que vamos a pedir la conexidad con esa causa federal”, adelantó Verdú.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303687-2016-07-08.html

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Un archivo que el PRO hizo desaparecer

Las nuevas autoridades dependientes del ministro Germán Garavano eliminaron el trabajo de más de tres años de investigaciones sobre violencia institucional, de género, lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa humanidad.

 Por Diego Martínez

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano decidió eliminar de la web a su cargo más de diez mil investigaciones periodísticas y notas de prensa publicadas por Infojus Noticias, portal que en los últimos tres años dedicó amplias coberturas a temas como violencia institucional, violencia de género, lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa humanidad. Entre los contenidos que la gestión Cambiemos decidió invisibilizar a los lectores aparecen temas sensibles para el presidente Mauricio Macri como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, el incendio del depósito de documentos de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas o la relación de la familia de la primera dama con talleres de costura clandestinos. Los trabajadores de Infojus expresaron su “preocupación por la desaparición de miles de notas”, advirtieron que la decisión se tomó “en un contexto de vaciamiento de la agencia” –que ya despidió a 12 de sus 44 trabajadores– y que consultaron pero no obtuvieron ninguna explicación de las actuales autoridades. La nueva directora del portal, Sabrina Santopinto, se negó anoche a responder preguntas de Página/12 y derivó la consulta a una empleada que nunca atendió el teléfono.

La noticia sobre las notas desaparecidas comenzó a circular el miércoles a la noche, a medida que lo advertían redactores, editores y lectores de Infojus Noticias, portal que en base a un trabajo riguroso se convirtió en sitio “de consulta permanente en el ámbito periodístico y judicial”, como recordó ayer el comunicado de la asamblea. Sobre un total de 15 mil artículos publicados desde 2013 y relevados en diciembre por los trabajadores, ayer se podía acceder sólo a “un diez por ciento”, calcularon. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico. Descubrimos que se ‘borraron’ coberturas enteras sobre temas de violencia institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de dinero, narcotráfico, y muchas otras áreas en las que Infojus Noticias era referente”, informaron.

El criterio para las desapariciones, que el Gobierno hasta el momento no explicitó, tampoco es del todo claro para los trabajadores de prensa. “En temas como lesa humanidad parecen ser cuidadosos porque saben que es sensible”, sugirieron. En el sitio sobreviven notas sobre la ESMA o el Plan Cóndor pero llamativamente borraron algunas con datos sobre la aparición de Ignacio Guido Carlotto, el nieto recuperado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, o sobre los abogados que luchan a favor de la impunidad de represores, informaron.

Entre las desaparecidas había notas sobre el despido de delegados de Shell y fallos judiciales que intimaban al entonces presidente de la empresa Juan José Aranguren, ahora titular del Ministerio de Energía y Minería. “El presidente de Shell tiene 24 horas para reincorporar a una delegada despedida”, era uno de los títulos que ya no están. También fue borrada una serie de artículos (salvo el último) sobre una maniobra para cobrar ilegalmente bonos de la dictadura y estafar al Estado nacional que denunció la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en la que está imputado el escribano Nicanor Moreno Crotto, a quien Macri designó coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete, tal como informó Página/12. Entre los títulos que ayer a la tarde habían sido bajados figuran “Cómo hacía el HSBC para ocultar la ruta del dinero”, “El HSBC, un banco en la mira de la Justicia por lavado de dinero”, “A un año de la represión en el Borda: 10 imágenes para no olvidar”, “Escuchas ilegales: rechazan el pedido de sobreseimiento de Mauricio Macri”, “Clarín lidera la lista de empresas argentinas en el HSBC de Suiza” y varias notas sobre los bomberos muertos en Iron Mountain o las pruebas de que el incendio fue intencional.

El vaciamiento de Infojus y la reducción del trabajo de los periodistas habían comenzado diciembre con el pedido de renuncia al periodista Cristian Alarcón, creador y director del portal. Las caras visibles del gobierno de Macri fueron Santopinto (vocera de Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital y ex concejero de la magistratura), Pablo Altclass (ex asesor del empresario de medios Daniel Hadad) y Soledad Lladó, quienes prometieron ante los trabajadores que no habría despidos. El 30 de diciembre, sin embargo, echaron a la subdirectora y al jefe de redacción, y la semana pasada a otros diez redactores, editores, fotógrafos y editores de video, a quienes bloquearon los usuarios de sus computadoras a modo de notificación.

Los despidos fueron justificados y publicitados ampliamente desde el diario Clarín, que presentó a Infojus Noticias como “una agencia de difusión K con más de 200 empleados” y planteó una insólita comparación con los “20 empleados” del Centro de Información Judicial (CIJ), el portal de propaganda del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que se limita a cargar fallos y resoluciones judiciales. La Comisión Gremial Interna y la asamblea de trabajadores de Clarín tomaron distancia de la operación al sacarse una foto en la redacción, solidarizándose con los despedidos de Infojus.

“Lo que persiguen es el desmantelamiento de un proyecto periodístico, de un medio que no puede hacer periodismo con las noticias que el Estado produce. No puede informar sobre la ilegalidad con que el nuevo gobierno procede al tomar grandes decisiones con el instrumento preferido del presidente”, advirtió entonces Alarcón al solidarizarse con sus ex compañeros que se declaraban en estado de asamblea y exigían la reincorporación de los despedidos. El periodista apuntó que desde el 10 de diciembre era evidente el vaciamiento de contenidos y la conversión en un portal para dar comunicados oficiales de Garavano, agregó que en su gestión “Infojus Noticias se negó a ser una agencia oficial, un portal K, un órgano de propaganda”, y destacó con dolor que las visitas de lectores se habían reducido de 322 mil en noviembre a poco más de 120 mil en enero.

Santopinto se negó a explicar ayer por qué y con qué criterio decidieron desaparecer notas de prensa. Tampoco quiso hablar sobre su promesa incumplida de que no habría despidos y ni siquiera sobre su valoración del portal. Sugirió hablar con Lladó, que nunca respondió. “Exigimos a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que investiguen qué pasó y vuelvan a poner online todo ese material”, plantearon ayer los trabajadores (sobrevivientes) de Infojus Noticias.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291854-2016-02-05.html

DEL TRABAJO A LA CALLE, por Diego Martínez (para "Página 12" del 29-01-16)

DESPIDIERON A 140 TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DE FABRICACIONES MILITARES

El PRO y la fábrica de producir despidos

La nómina de cesanteados deja en claro la decisión de vaciar el organismo que, entre otras cosas, produce vagones y radares.
 Por Diego Martínez

La revolución de la alegría llegó a Fabricaciones Militares: 140 trabajadores sobre más de 300 que se desempeñaban en la sede central del barrio de Belgrano se desayunaron ayer con una lista en manos de personal de seguridad de la que surgía quién entraba y quién no. El detalle de las áreas barridas de cuajo y la nómina de cesanteados sin evaluación de idoneidad dejan en claro la decisión de vaciar el organismo descentralizado del Ministerio de Defensa que en los últimos años volcó su capacidad a la producción de vagones o de radares para proteger las fronteras. “La orden es continuar haciendo sólo balas, porque esperamos una demanda creciente”, advirtió con cinismo un miembro de la nueva dirección a uno de los despedidos. La lista incluye ingenieros mecánicos, químicos e industriales, contadores, economistas y otros profesionales que coordinaban proyectos. Los trabajadores cortaron parcialmente la avenida Cabildo y votaron un paro de 48 horas que también se cumplirá en las cinco plantas del interior del país, donde peligran miles de puestos de trabajo. Dirigentes de ATE Capital se reunieron con el interventor Héctor Lostri, con quien volverán a encontrarse hoy. También ayer hubo despidos en el Banco Central y en la secretaría de Comercio, en tanto en Enarsa trece trabajadores del área operativa fueron informados de sus despidos por empleados de seguridad. Los trabajadores de Jefatura de Gabinete se mantienen en estado de alerta y hoy harán una asamblea en el edificio de Belgrano y Roca.

“Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorías”, había anunciado el ministro de Defensa, Julio Martínez. “Se está avanzando en áreas de FF.MM., Tandanor (y) algunos arsenales”, agregó.

“Habíamos tenido reuniones con las autoridades y estábamos en estado de alerta porque al igual que en la mayoría de los organismos públicos nos obligaron a firmar contratos por tres meses”, recordó Mariano Murad, miembro de la Junta Interna de ATE. Otro dato llamativo era la multiplicación del personal de seguridad desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri.

Ayer a las siete, cuando se disponían a entrar, los empleados se encontraron con sus tarjetas de ingreso inhabilitadas y se toparon con un patrullero, dos camionetas de infantería y treinta agentes de la Policía Federal frente al edificio de Cabildo 65. Los delegados no pudieron acceder a la lista de cesanteados pero calcularon que el número ronda los 140, en su mayoría con contratos anuales y entre dos y siete años de antigüedad. A media mañana, muchos de los que habían ingresado se sumaron a la primera asamblea. Otros, por miedo, se quedaron en sus lugares de trabajo. La asamblea resolvió exigir explicaciones a las nuevas autoridades, cuya cara visible es Lostri, un arquitecto que figura como aportante a la campaña de Macri y que se nombró interventor a sí mismo luego de ser designado secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa. “Lostri no estaba en el edifico y nos recibió su hermano, Darío Lostri, que no tiene ningún cargo formal: esto se maneja como una empresa familiar”, graficó a Página/12 el delegado Murad. La explicación del gran hermano fue simplemente que acataban órdenes de Defensa. “Lo único concreto que dijo fue que las personas de la lista estaban despedidas sin causa”, contó Murad. Por esas horas comenzaban a llegar los telegramas a los domicilios.

Ante la respuesta de quien de hecho habló en nombre del gobierno nacional, más trabajadores se sumaron a los despedidos, que en asamblea resolvieron pedir una reunión urgente con Lostri, cortar varios carriles de avenida Cabildo e iniciar un paro de 48 horas. La misma medida adoptaron los trabajadores de las plantas de Azul, Villa María, Río Tercero, Fray Luis Beltrán y San Juan. “A un mes de tomar la conducción de la DGFM sin que informen cuál es el destino que quieren darle a Fabricaciones Militares, con sus cinco unidades productivas, de un día para otro destruyen con esta medida áreas enteras de trabajo, dejando con un futuro incierto al conjunto de nuestra empresa”, informó al mediodía la Junta Interna de ATE. A las 15.30 se concretó la reunión con Lostri. Al los delegados de la Junta Interna se sumaron el secretario general y gremial de ATE Capital, Daniel Catalano y Luciano Fernández. La reunión terminó “sin avances” y se resolvió un cuarto intermedio hasta hoy a las 15, informó Murad. Desde el mediodía seguirá la vigilia en la sede central de FFMM y también el paro de las plantas del interior. “En solidaridad y en defensa propia”, apuntó Murad, que calculó unos 3000 puestos de trabajo directos y unos diez mil indirectos en las cinco localidades mencionadas.

Las cesantías dejaron en claro la decisión de vaciar FF.MM. al dejar sin personal áreas completas como Planeamiento y Control de Gestión, la dirección de Producción (que coordinaba las cinco fábricas), Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (garantizaba la salubridad de la producción, imprescindible tratándose de químicos y explosivos), Comunicaciones y RRII, Inversiones (ejecutaba proyectos para recuperar capacidades y actualizar equipos) o Calidad (responsable de actualizar normativas y garantizar la calidad). “La nueva dirección confirmó que no le interesa ningún proyecto relacionado con el desarrollo nacional y la producción local”, relató a Página/12 el licenciado en economía Martín Harraca, hasta ayer jefe de la Unidad de Planeamiento y Control de Gestión, quien enumeró algunas de las explicaciones recibidas: “es mejor comprar radares que desarrollarlos”, “los vagones son antieconómicos”, “las plantas nuevas son un costo hundido que nunca se va a recuperar”. “Todas definiciones que marcan claramente que no les interesa que FF.MM. se desarrolle e interacciones con el ámbito civil”, concluyó.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291386-2016-01-29.html


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