El traspaso de mando entre el Presidente y la vice debe formalizarse de manera explícita, y aún defendiendo que ese cambio de mando es automático, la validez de la sesión no debería peligrar, aseguran los expertos
13 de diciembre de 2024
Edgardo Kueider busca aferrarse a la senaduría que ayer le arrebató el pleno de la Cámara en una sesión cuya legitimidad ahora es vista de cerca por un presunto enredo en el cambio de funciones entre Victoria Villarruel y Javier Milei, cuando el presidente viajaba rumbo a Italia.
El contrapunto se agiganta por la tensión latente, cada vez más explícita, que anida en el interior del Ejecutivo. “La sesión es inválida. Se podría hacer nuevamente, porque dados los números está claro que todos queremos a Kueider afuera”, dictaminó el presidente Javier Milei desde Italia, en diálogo con El Observador.
Sin embargo, los constitucionalistas que se refirieron a la controversia y los que ha consultado LA NACION, ven muy remota la posibilidad de que los cuestionamientos que apuntan a erosionar la legitimidad de la sesión prosperen.
En primer lugar, porque, más allá de los avisos que se hayan cruzado, el traspaso de mando debe formalizarse con escribano y entre Villarruel y Milei eso no se habría ejecutado antes de la sesión, de manera que no hubo lugar a una simultaneidad de funciones por parte de la Vicepresidenta.
Y, a su vez, esgrimen los expertos, si ese enroque institucional se diera de manera automática, tampoco surge con claridad cómo podría darse vuelta la remoción del senador.
“Aún si hubiera ocurrido que la vice estuvo efectivamente en ejercicio del poder ejecutivo, creo que el planteo de nulidad no sería procedente porque, en el derecho, no existe la nulidad por la nulidad misma”, explica el constitucionalista Pedro Caminos. “Es decir, Kueider tendría que probar de qué manera la presencia de la vice en la sesión condujo indefectiblemente a su destitución”, precisa.
Con el fin de retener los fueros parlamentarios, presumiblemente, el ahora exsenador presentó un amparo en la Justicia que recayó en el juzgado Contencioso Administrativo número 6. En diálogo con LA NACION, el entrerriano también se quejó de que la Cámara no le otorgó un espacio para realizar un descargo antes de decidir su suerte.
“Parecería que, por la abultada mayoría que decidió la expulsión, su presencia [la de Villarruel] no tuvo relevancia, de manera tal que no veo el agravio”, agrega, en alusión a los 60 votos que destituyeron a Kueider. Y deja flotando una pregunta: “¿De verdad desde el entorno del Presidente estarán dispuestos a aceptar que la vice quede a cargo del poder ejecutivo cada vez que Milei viaja o sale de la capital?”, desliza Caminos.
Su colega, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se expresó al respecto en redes sociales y descartó. “La vicepresidenta Victoria Villarruel en ningún momento asumió formalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo, y por ende, nunca estuvo en una situación de simultaneidad de cargos”.
Coincide con Caminos en que el exsenador deberá precisar el agravio. “El único afectado que podría impugnar judicialmente la sesión sería Edgardo Kueider, que a la vez, tendría que demostrar el perjuicio directo e inmediato que esto le ocasionó, debido a que no es viable la nulidad por la nulidad misma”, explica.
Felix Lonigro también sostiene que no existe tal cosa como el traspaso automático, pero que de igual modo, si Villarruel hubiese estado al frente del Ejecutivo mientras dirigía la sesión se hubiese constituido una irregularidad que no habría hecho mella en la remoción de Kueider. “Dicha irregularidad [de haberse cometido] no invalida la expulsión de Kueider, ya que esa decisión fue tomada por los senadores y no por Villarruel, que no puede votar”, sostuvo. “Si hubiera tenido que hacerlo para desempatar, sería diferente”, matizó.
Por su parte, ante la consulta de LA NACION, el constitucionalista cordobés Antonio María Hernández, le quitó peso jurídico a la trastienda, subrayó los presuntos intereses detrás del ida y vuelta al que se ahora se refirió el Presidente en diálogo y defendió el accionar del Senado. “No le veo mayor asidero. Veo solamente la intencionalidad política. Por otra parte la nulidad solamente la puede declarar un juez. Es muy difícil que un juez lo haga. Se podría sostener que son atribuciones propias de un cuerpo y que cada poder interpreta y aplica por sí mismo la constitución de tal manera que esta es la zona propia de competencia en este caso del Senado”, afirmó.
“Es muy claro, muy preciso, de corrupción absolutamente comprobado con un senador detenido en otro país con hechos muy claros, ya aprobados. El Senado perfectamente pudo hacer uso de esta competencia y resolver lo que correspondía a la expulsión ”, agregó.
Por Federico González del Solar
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