José Ubeira aseguró que:"Todos los días tenemos golpes de Estado económicos, mediáticos, judiciales"

 

El Destape

AloCarla

Creado por Eldestape

17 de enero, 2023 

En Alocarla por El Destape Radio, José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a las novedades sobre la recusación a la jueza Capuchetti y sobre esto dijo: “Con respecto a la segunda recusación todavía no tenemos novedades”. “Calculo que los primeros días de febrero llegarán”. “apuntamos a una serie de irregularidades que comprometen la investigación”. “Claramente no hay ninguna voluntad investigativa”. “Ahora aparece esta información que la jueza cobraba un estipendio de la ciudad de Buenos aires, que no es ni más ni menos que el mismo ministro del cual sospechamos la previa del atentado”. “En algún momento determinado todo esto va a explotar”. "Creemos que la terminal de todo esto es el ala más radicalizada del PRO", en referencia al atentado. "Hay una punta investigativa que vale la pena explorar". 

“Necesitamos un juez que tenga ganas de investigar y en Comodoro Py es más difícil que encontrar un hombre justo”. "El presidente por fin movió la lapicera e inició el juicio político". "El juicio político no es jurídico ni judicial, es político. Entiendo que los medios de prueba han podido ser cooptados de forma irregular" pero eso podría valer como objeción en un proceso judicial, no político. "Este es un juicio político (contra la Corte), la sociedad es la que juzga". 

“No hay que preocuparse por lo que va a ocurrir, hay que preocuparse por lo que podemos hacer”. "Lo que hay que hacer es exponerlos y, después, que la gente saque las conclusiones que quiera". “Después no hay que quejarse del país que tenemos”. “No me preocupa lo que hacen los demás sino lo que puedo hacer día a día”. “Es un escándalo que la jueza reciba un estipendio de la CABA”. “Desde el punto de vista de la credibilidad todo se fue al caño”. “Ya Rendo, Casey y los demás cuando vienen de Lago Escondido, les dicen: Quédense tranquilos muchachos que si algo llega a pasar el Consejo de la Magistratura lo tenemos paralizado”

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https://ar.radiocut.fm/audiocut/jose-ubeira-aseguro-todos-dias-tenemos-golpes-estado-economicos-mediaticos-judiciales/

Cortes de luz: ya es oficial el pedido para que se le quite la concesión a Edesur, por Carla Pelliza (para "El Destape" del 22-07-20)

El Defensor del Pueblo bonaerense formalizó la petición y argumentó que la empresa no está en condiciones de prestar el servicio.

Por
Carla Pelliza


Cortes de luz: ya es oficial el pedido para que se le quite la concesión a Edesur

Como anticipó El Destape, la Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que se le quite la concesión a la empresa Edesur por los constantes cortes de luz en distintos municipios del conurbano. La presentación se formalizó esta mañana ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) al considerar que la distribuidora “no se encuentra en condiciones de prestar el servicio”, análisis hecho en función a los reclamos recibidos, las obras que la compañía no realizo y las multas que recibió en los últimos años.

El titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, argumentó que las instancias de diálogo con la empresa ya fueron agotadas dado que se intentaron mediaciones con los municipios afectados, se promovieron acciones judiciales, reuniones en la sede del organismo que preside y se aplicaron multas, por lo que consideró que la empresa “no cumple con la prestación adecuada del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad”. Por eso, le solicitó “a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión oportunamente otorgada verificando las causales objetivas” expuestas y las nuevas que puedan incorporarse. Una situación que exigieron sea “evaluada de manera urgente” para constatar si corresponde, teniendo en cuenta los antecedentes.

Los reclamos ante el organismo defensor de los ciudadanos bonaerenses crecieron un 70% durante los meses de cuarentena, según reflejó el documento. La situación excepcional vivida por la pandemia del coronavirus llevó a pasar jornadas enteras en hogares que no cuentan, por el mal suministro, con un servicio básico para acceder a la salud, educación, trabajo, calefacción y esparcimiento. Problemas que se originaron, sostuvo Lorenzino, en la falta de inversión por parte de Edesur, que tuvo ganancias multimillonarias sólo en 2019, producto de los tarifazos macristas.

Fuente: Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires

De hecho, se destacó que la compañía argumentó en varias audiencias públicas que los aumentos en las tarifas estarían destinados a obras. Para ello, presentó “planes de inversión que no tienen luego correlato en la realidad, a pesar que las tarifas sí se vieron efectivamente incrementadas”, lo que afectó a la economía de los usuarios.

Por eso, la Defensoría le solicitó al ENRE que arbitre todos los medios a su alcance para constatar esta situación y sancionar a la compañía con la máxima de las penas, que es la revocación del contrato dado que su prestación se encuentra dentro de los servicios esenciales y que el Estado tiene el deber de garantizar su prestación y accesibilidad mediante los organismos de control estipulados, sobre todo en una situación de monopolio como la que se detenta en esta ocasión.

El organismo manifestó haber recibido numerosas denuncias de usuarios por las deficiencias en la prestación del servicio, cortes reiterados en el suministro eléctrico, falta de inversiones suficientes para la adecuada prestación del servicio atento la creciente demanda, aumento desproporcionado e irrazonable de tarifas, medición incorrecta del consumo, falta de acceso a la tarifa social, falta de capacidad de pago aun siendo beneficiarios de tarifa social, falta de capacidad de pago aun siendo destinatarios de tarifa para entidades de bien público, cuestiones relacionadas con usuarios electro dependientes, entre otras.

Ante estos datos, el Defensor interpretó que existe “una flagrante vulneración de los derechos” de los usuarios a causa del a deficiente prestación del servicio, los constantes cortes, los crecientes reclamos, las multas impuestas, “la afectación de los intereses económicos de los usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años” y la falta de cumplimiento de los planes de inversión.


Esa situación se plasmó en las multas recibidas por Edesur, que llegaron a ser 5.2 veces superiores a las de la otra prestadora, Edenor, por la mala calidad del servicio técnico (frecuencia y duración de las interrupciones de suministro), producto técnico (nivel y perturbaciones de tensión) y servicio comercial (tiempos de respuesta para conectar nuevos usuarios, restablecer el suministro suspendido, emitir la facturación, atender reclamos), durante marzo y agosto de 2019. En base a los datos del ENRE, si se cuentan "todas las interrupciones registradas, la empresa Edesur, supera sus respectivos umbrales, con una frecuencia media 4,10 veces y una duración total de 17 horas. Estos valores resultan intolerables, especialmente luego de los desproporcionados e irrazonables aumentos tarifarios verificados en los últimos cuatro años".

Elaboración de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en base a datos del ENRE

Los intendentes del AMBA se reunieron ayer con el gobernador Axel Kicillof. La agenda fue amplia pero los cortes de luz fueron uno de los temas centrales. El reclamo creció con el correr de las semanas y derivó en la intervención de la más alta política. Intendentes, mandatario provincial y el órgano de control nacional arbitraron para poder llegar a una solución. Se constituyeron mesas técncias tripartitas para presentar un plan a trabajar junto con la empresa, según las necesidades de cada municipio. Desde la compañía, en tanto, argumentaron “un estrés extraordinario” en la red producto del aumento del consumo en lugares y horarios diferentes a los habituales. Todo eso pese a que las fábricas y comercios dejaron de operar de forma regular.

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https://www.eldestapeweb.com/politica/cortes-de-luz/cortes-de-luz-ya-es-oficial-el-pedido-para-que-se-le-quite-la-concesion-a-edesur-202072212430?utm_medium=Notificacion&utm_source=Direct&fbclid=IwAR0iIr4xoqugfHfPG4lyuy4jX2gWaVPyQg3Jh90jvpT5YGpMLS-EdAryTog&__twitter_impression=true&s=09

Gerentes macristas se robaron celulares, computadoras y autos de la Dirección Nacional de Vialidad, por Carla Pelliza (para "El Destape" del 23-01-20)

Fueron desafectados, pero se quedaron con materiales de trabajo del organismo nacional y dejaron cuantiosas multas de tránsito impagas.

Por
Carla Pelliza

Amigos de los escándalos, gerentes macristas fueron desafectados de la Dirección Nacional de Vialidad pero se llevaron varios bienes correspondientes a ese organismo, entre los que están discos rígidos, celulares, computadoras e incluso autos. Además, utilizaron los vehículos oficiales para uso personal, algo no permitido por la legislación, y acumulan cuantiosas deudas por infracciones de tránsito.

Formalmente, quienes se desempeñaron como directivos del PRO durante la última gestión, fueron desafectados del organismo a partir del 1 de enero del corriente año. Sin embargo, lejos de tomárselo con agrado, enviaron cartas documento denunciando que no pudieron entrar a la Dirección que depende de Obras Públicas y quieren ser indemnizados.

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Según pudo saber El Destape, los exfuncionarios se quedaron con varios de los bienes correspondientes a Vialidad y el organismo busca su restitución. Todos ellos percibieron, hasta diciembre, sueldos superiores a los $155.000, los más altos llegaron a casi $250.000, y aún así decidieron dejar en sus manos "souvenirs".

Puntualmente, según se detalla en el sistema de gestión del Estado, Roger Botto, quien se desempeñó como coordinador General de Licitaciones y Contrataciones con un sueldo de $220.946, tiene en su poder un disco rígido externo de 2TB. Él se desempeñó como gerente del Grupo Abertis, socio de Ausol, la sociedad concesionaria de la autopista Panamericana. Incluso fue director suplente de esta empresa investigada por la Justicia por sus negociados con Cambiemos.

Guillermo Fernández Vidal, quien se retiró de las oficinas de Vialidad dejándolas bajo llave, se quedó con un celular marca Samsung, una notebook Dell y un auto Ford Focus. Este hombre ocupó el cargo de coordinador de Procesos y Actos Administrativos con un ingreso de $172776.08 a diciembre de 2019.


La Justicia ordenó que el Gobierno informe sobre contratos de Vialidad
Similar es el caso de Ricardo Stoddart, quien fuera jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos con un sueldo de $245796.38, que se llevó dos celulares Samsung Galaxy S6. Este funcionario fue socio en el estudio jurídico Marval, O'Farrel & Mayral, que representó a Ausol en la renegociación de la concesión de la autopista.

En la lista de funcionarios M desafectados de Vialidad y que no devolvieron bienes están Martín Pourrain, exasesor Legal Técnico Administrativo con ingresos de $158834.69, se llevó un Ipad, otro teléfono y dos notebooks y Mariano López, que tiene en su poder un disco rígido externo, un celular, una notebook y un teléfono Ip. Este último supo ser coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que fue de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. 

También figuran Alejandro Bissio, que se llevó otro aparato de telefonía móvil y un disco duro de 1TB, y Alejandro Mon, que dejó el organismo sin devolver un Samsung Galaxy S8.

Según denunciaron desde Vialidad Nacional, las gerencias aumentaron considerablemente durante el macrismo al pasar de ser 49 en 2015 a 134 el año pasado. Los puestos, sin embargo, fueron ocupados por jerárquicos que hicieron sus carreras en empresas que fueron contratistas del Estado. 


Infracciones M
Si bien la legislación vigente deja en claro que los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Vialidad no pueden utilizar los vehículos oficiales para uso particular, los gerentes PRO lo hicieron y dejaron cuantiosas deudas en concepto de infracciones de tránsito por más de $600.000.

Los autos del organismo deben estar destinados a la inspección de obras, control de pesos y dimensiones, supervisión de convenios, entre otros asuntos oficiales, pero los gerentes M los utilizaron para trasladarse a sus domicilios particulares y como medio de movilidad para los feriados, fines de semana e incluso vacaciones.

Ya se investiga quiénes hicieron uso de estos vehículos de alta gama y, si se toman sólo 13 casos, el perjuicio al Estado podría ser superior a los $40.000.000 en un período de dos años. 

Según la documentación a la que accedió El Destape, la Dirección Nacional reconoció una suma mensual de $156529.45 por cada auto puesto a disposición del organismo. Este monto, mensual, arroja un total anual de $1.920.000, o sea unos $3.840.000 por cada funcionario en dos años. La multiplicación es sencilla y el costo al Estado podría superar ampliamente los cuarenta millones de pesos en 24 meses. El titular de Vialidad durante ese lapso de tiempo fue Javier Iguacel.

Pero no sólo hicieron uso de los autos oficiales para uso personal, sino que también cometieron infracciones de tránsito y dejaron una deuda importante. Los funcionarios M implicados son también quienes se quedaron con varios de los bienes del organismo. Pourrain, por ejemplo, tiene al menos tres multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires y otras dos en la provincia. Ambas jurisdicciones suman una deuda de $23008.98. Las contravenciones fueron en horario de trabajo pero también se pudo constatar que utilizó el vehículo para viajar a la costa Atlántica en 2017.


Stoddart, que ingresó en diciembre de 2015, acumula cuatro multas impagas en la Ciudad y 14 en la provincia - algunas sobre traslados durante el fin de semana - por un total acumulado de $120403. Jorge Del Pup, quien ingresó en 2016 y se desempeñó como gerente Ejecutivo de Administración de Finanzas, responsable del pago de certificados de obras, utilizó uno de los autos que las empresas contratistas ponen al servicio de la Dirección, con al menos siete multas no canceladas en CABA y otras tres en PBA - también durante fines de semana - por un monto de $64018.47. 

El nombre de Roger Botto también se repite en este apartado ya que, desde 2016, utilizó uno de los vehículos oficiales para uso personal y acumula la deuda más baja de todas, por $2140 correspondiente al 22 de septiembre del año pasado a una hora poco razonable, las 03:12 de la madrugada.

La investigación incluye a quien fuera gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones, ingresado en 2017, Cristie Newbery, con multas por $5796.50. Silvia Rodríguez, por su parte, designada como gerente Ejecutiva de Recursos Humanos, acumula dos infracciones por $4280 y, además de pedir una millonaria indemnización pese a tener tres años en el organismo, elude su cancelación.

El gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Lucas Logaldo, también tuvo el beneficio de utilizar autos oficiales en beneficio propio, entre ellos el de una de las empresas contratistas. Con viajes e infracciones también durante varios fines de semana, contabiliza una deuda acumulada de $168030.

Dentro de la investigación está el uso que Eduardo Plasencia, gerente de Planeamiento, hizo de los vehículos, uno de ellos también de una contratista de Vialidad, con infracciones que sumaron una deuda de $13910. Similar es el caso de Sergio Morilla, quien se desempeñó en Sistemas, con un monto no pago por $40990, la mayoría en plena jornada laboral pero también durante sábados y domingos. Finalmente, quien estuvo en Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Federico Schaer, acumuló multas por $168030.

En total, son más de $600.000 en concepto de infracciones no canceladas que pesan sobre los vehículos oficiales y que se registraron tanto en días laborales como francos. Este monto se suma al indicado para el costo fijo mensual de cada uno de los autos usados por la Dirección Nacional de Vialidad.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/nota/gerentes-macristas-se-llevaron-celulares-computadoras-y-autos-de-la-direccion-nacional-de-vialidad-202012317430

Caso Ciccone: las razones por las que Amado Boudou podría salir de la cárcel, por Carla Pelliza (para "El Destape Web" del 15-01-20)

Raúl Zaffaroni expuso arbitrariedades y contradicciones de la condena, mientras que Julio Maier apuntó a la figura de arrepentido.

por Carla Pelliza


Las arbitrariedades de la resolución judicial por la que Amado Boudou quedó detenido en la causa Ciccone, las contradicciones en los argumentos, la afectación de la estricta legalidad y el hecho de que el exvicepresidente no tenía competencias sobre la decisión de la AFIP de brindar un plan de pagos para la empresa Calcográfica son algunos de los pasajes de la presentación realizada por el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, que se presentó como Amicus Curiae, al igual que el magistrado jubilado Julio Maier, que puso el foco en las declaraciones del arrepentido Alejandro Vanderbroele, clave para esta investigación, según pudo saber El Destape. Ahora, el máximo Tribunal deberá decidir qué hacer con estos argumentos, aunque no tiene fecha para expedirse.

En un escrito de 18 páginas, Zaffaroni dio una clase de derecho penal y puntualizó varias faltas en un debido proceso judicial. El exjuez recordó que la Corte Suprema estableció que los magistrados tienen que fundamentar las decisiones que toman, así como las que excluyen, por lo que le pone límite a la discrecionalidad del juez a la hora de definir sobre los destinos de la persona juzgada. Por lo tanto, se desprende de este razonamiento que el fallo tiene que ser una derivación razonada del derecho vigente, relacionado con los hechos y circunstancias que hayan sido comprobados en la causa.

Lejos de ello, la sentencia por la que se condenó a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión, tiene “graves defectos en la valoración de la prueba que la invalidan”, según la doctrina del máximo tribunal en materia de arbitrariedad. Lo mismo ocurrió con la “fundamentación y de razonamiento” que llevan a una reducción de las cualidades positivas del proceso. Zaffaroni detalló que “los magistrados seleccionaron e interpretaron arbitrariamente los hechos y, además, omitieron analizar los elementos del tipo objetivo y subjetivo de una de las calificaciones endilgadas”.


Pero, además de estos defectos, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 4, ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, “llega con contradicciones” a sostener como probado un contexto para, después, afirmar que conforme a ese mismo contexto la conducta sería típica. En base a ello, y tras un extenso análisis, el exjuez de la Corte consideró que la decisión “no cumple acabadamente con las exigencias de fundamentación que impone el ceremonial y deviene arbitraria”, por lo “que corresponde su invalidación”.

Zaffaroni, quien solicitó que se lo acepte como Amicus Curiae, aseguró que la sentencia afecta el principio de estricta legalidad (ya que todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas).

No sólo se afecta en la sentencia el principio de estricta legalidad y máxima taxatividad legal e interpretativa, sostuvo, sino también de valoración de la prueba y puede poner en riesgo al Estado argentino por tratarse de un caso que implica la privación de la libertad del exvicepresidente.

Incompetencias

Esta grave fata del Tribunal y la Cámara se complementa con la falta de competencia funcional que tenía Boudou en otorgarle un plan de facilidad de pagos a Ciccone Calcográfica, como se le atribuye. La conducta que se le apunta al exvicepresidente consiste en rehabilitar y recuperar la empresa mediante injerencias indebidas ante la AFIP para lograr que levantase la quiebra declarada por la Justicia, le diera un plan de facilidades de pagos, interrupir una licitación pública con la Sociedad del Estado Casa de la Moneda para  contratar a la ex empresa Ciccone Calcográfica S.A. para la impresión de billetes. Por este hecho, el 3 de octubre de 2018 se estableció la condena citada más una multa de $90.000, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

Zaffaroni explicó, detalladamente, que para ver si Boudou estuvo involucrado en el entramado denunciado es necesario saber si la decisión de la AFIP formaba parte de las competencias del exvicepresidente, porque “la negociación incompatible constituye un delito especial propio que sólo puede cometer el funcionario público que tenga competencia en el contrato o negocio en el que intervenga, puesto que no alcanza con la sola condición de funcionario público”, según consta en la presentación a la que tuvo acceso El Destape. O sea, no basta con ser funcionario para ser quien cometió el delito, es necesario tener injerencia sobre la decisión administrativa, en este caso, de AFIP.

Para desentramar este hilo, el magistrado recordó que la AFIP administra su patrimonio, organiza al mismo tiempo que reglamenta su funcionamiento interno, en aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal ya que se trata de una entidad descentralizada y autárquica. Por eso, se preguntó: “¿Tenía Boudou competencia funcional en el acto mediante el cual la AFIP dispuso el plan de facilidades de pago otorgado a la entonces Ciccone Calcográfica S.A.?”. La respuesta sorprenderá.

Zaffaroni detalló, en reiteradas ocasiones, que la Administración Federal de Ingresos Públicos es la única que tiene competencias para otorgar las facilidades de pago, por lo que el Ministerio de Economía (en ese entonces encabezado por Boudou) “no tiene facultades siquiera para resolver un recurso jerárquico interpuesto ante la AFIP, sino que en ese caso la competencia corresponde al Tribunal Fiscal de la Nación y a la justicia contencioso administrativa”. Lo mismo con un dictamen de esa cartera a favor de otorgar el plan de regularización de la deuda porque “la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aunque orgánicamente se encuentre bajo la órbita del Ministerio de Economía, funcionalmente responde al cuerpo de abogados del estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación”.

Por eso, remarcó que la ley de Ética Pública sostiene que “es incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Cosa que no ocurrió en el caso de Boudou.

La figura del arrepentido

Julio Maier, jubilado como juez nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, también se presentó como Amicus Curiae e hizo especial hincapié en la figura del arrepentido y cómo este proceso implica una desigualdad entre el acusador y el acusado que quiere recuperar su libertad o tener un mejor trato durante su detención.

Maier definió esta práctica como “’negocios’ sobre la pena (que) no sólo intervienen en la liquidación de las garantías procesales penales defensivas, sino que son realizados en un marco de absoluta desigualdad entre el acusador y el acusado, o entre los tribunales que juzgan y el acusado”. Una desigualdad que está gobernada “por la oportunidad y el valor del “negocio” para los negociantes”.

Por eso, manifestó que esta regla “altera la libertad de defensa que los principios generales del juzgamiento reservan al imputado, conminándolo a confesar —y quizás de deshonrar a otros— bajo la promesa de un trato más benévolo”, ya sea sobre la condena o en un mejor trato durante el procedimiento judicial. Similar a lo que reveló El Destape con el caso del Programa de Protección de Testigos e Imputados, utilizado para armar causas a cambio de beneficios.


Respecto al caso en cuestión, sin dar nombres, recordó que casi al final del juicio “uno de los acusados, como método para “arreglar su vida”, decide confesar por precio y esa confesión —que desconozco si es favorable o desfavorable al recurrente— se negocia ante la fiscalía y el juez de la instrucción, pero repercute en el juicio público, pues allí también el confesante —precisamente— declara y confiesa acerca de los acontecimientos que en ese juicio se valoran”.

El juez analizó, según su criterio, que el tribunal debe anular su sentencia – así como la confirmación de Casación – “y ordenar un nuevo juicio ante un tribunal integrado por otros jueces que deberá sustanciar el ofrecimiento de prueba de la defensa sobre el hecho nuevo producido, antes de dictar sentencia”.

A esto se suma que la condena no tiene sentencia firme, ya que hay más instancias de apelación, por lo que se considera que se trata de una prisión preventiva. Si bien la Corte no tiene fecha para expedirse, la defensa aguardará hasta marzo, la vuelta de la feria judicial, para ver los pasos a seguir sobre la causa Ciccone.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/nota/caso-ciccone-las-razones-por-las-que-amado-boudou-podria-salir-de-la-carcel-202011419430/amp?__twitter_impression=true

TESTIGOS TRUCHOS: MARTÍNEZ ROJAS REVELÓ QUE LE ORDENARON DECIR QUE CRISTINA KIRCHNER "ERA LA JEFA DE LAS CAUSAS" DE LAS QUE ÉL ES PARTE , por "Reporte24" del 05-08-19

Escrito por  Reporte 24 
05 AGOSTO 2019 

EN DIÁLOGO CON EL DESTAPE, ASEGURÓ QUE LE PIDIERON DECLARAR CONTRA LA EX PRESIDENTA A CAMBIO DE BENEFICIOS QUE LE QUITARON LUEGO DE QUE AMENAZARA CON REVELAR EL ENTRAMADO.


Carla Pelliza//El empresario Mariano Martínez Rojas, detenido por lavado de dinero y la causa conocida como "la mafia de los contenedores", es uno de los testigos truchos del Gobierno de Mauricio Macri. Según reveló en una entrevista exclusiva con El Destape, le ordenaron implicar a Cristina Kirchner en las investigaciones de las que él era parte y le guionaron las declaraciones. Después de definir no seguir más la letra ordenada por el oficialismo, quedó sin ninguno de los beneficios otorgados y pasó de estar en una quinta con pileta a un "agujero" en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, según definió.

Martínez Rojas fue quien se mostró como el salvador de Tiempo Argentino y Radio América, después del vaciamiento del Grupo 23, pero no terminó más que en fraude con una patota contra los trabajadores. Encerrado en Marcos Paz, habló con este medio y reveló que, detenido en Estados Unidos (en 2017), comenzó negociaciones con el Gobierno de nuestro país para retornar: "Supuestamente volvía a Argentina, me ponía como arrepentido, empezaba a hablar un par de cosas, me iban a tener guardado unos meses y después me devolvían. Pero cuando llego no había arreglo".

Consultado por ese "arreglo", el empresario reveló: "Me sientan y me dicen '¿querés ir a tu casa? vas a empezar a colaborar con nosotros'. Obvio que yo en pos de ir a mi casa y dejar de estar preso, les digo "bueno, ¿qué quieren?" y me dicen 'vas a empezar con esta lista de nombres, vas a empezar a decir ésto, ésto y ésto y los que no conocés - porque había mucha gente que no tengo contacto ni conocimiento -, nosotros te vamos a contar'".



Según manifestó, en esa historia tenía que implicar a Cristina Kirchner e indicar que ella "era parte de todo el armado, partícipe y jefa de las causas que me arman a mí: todo lo que es manejo de giros al exterior, contenedores. Entonces me empiezan a indicar a quién tengo que nombrar". El empresario aseguró que quien le indicó ésto fue "(Francisco) Lagos, director del Programa de Testigos Protegidos, (Juan) Rebollo (operacional del Programa)" y que se juntó "en dos oportunidades con (el ministro de Justicia, Germán) Garavano".

Básicamente, según lo que expresó en exclusiva a El Destape, le exigieron que declarara contra funcionarios kirchneristas y que involucrara a la propia Cristina en las causas en las que él era parte. A lo que, en un primer momento, accedió.

En ese derrotero, contó: "Me sientan a hacer un careo con una persona que supuestamente era la mano derecha de (Guillermo) Moreno. Yo no tenía ni idea de quién era. El señor se llamaba Fabián Quiroga y me dicen 'ahora vamos a ver a esta persona'" y le mostraron una fotocopia. "Éste es fulano de tal, vas a decir que lo conocés de tal lugar, que hacía tal operación y que él es la mano derecha y operador de Moreno como de su esposa con el tema de las DJAI", manifestó que le ordenaron.

Ante esta situación, siempre en boca del empresario detenido, él manifestó no conocer a esa persona pero le retrucaron que "no importa eso, vos decí que lo conocés de tal lugar. Si no, se va a cortar todo ésto".

¿Qué es "todo ésto? Hasta ese entonces, Martínez Rojas estaba "en una quinta, estaba preso, dentro del Programa (de Protección de Testigos), en una quinta con pileta". De no seguir el guión, "no iba a tener más esos beneficios y me iban a mandar a un agujero".

Martínez Rojas describió que "el Programa (de Protección de Testigos) es Patricia Bullrich, es Garavano. Está todo manejado y orquestado y después se direccionan las denuncias a través de (Carlos) Stornelli". Según sostuvo en la entrevista telefónica con El Destape, el mecanismo aplicado a él funcionó del siguiente modo: "Te llevan a las reuniones con la Oficina Anticorrupción y te dicen 'vamos a hacer esta denuncia, la cual la vas a presentar vos, la vas a escribir a mano y la vas a presentar como querellante'. Ejemplo, de Cristina Kirchner, de Aníbal Fernández, de Moreno. Todas mentiras. Y me dicen 'nos las vas a dar a nosotros, va a quedar en la Oficina Anticorrupción. Nosotros vamos a abrir otra investigación y otra denuncia y va a recaer en el juzgado de (Claudio) Bonadio'".

Después de meses de promesas de beneficios, relató que llamó a Comodoro Py y amenazó con denunciar "cómo está armada la causa, todos los testigos falsos, los papeles, todo. Y el dinero que se llevó cada uno". Y agregó: "Dije que iba a explotar todo, que iba a decir cómo fueron armadas las causas. Que las armé, no las armé yo, que las armaron ellos pero me las pasaron a mi para armarlas". Ante esta situación, narró que a las dos horas lo fue a buscar el Servicio Penitenciario a la quinta en la que vivía, en Lobos: "Me meten en una camioneta y me traen a Marcos Paz, al buzón donde estoy ahora. Un buzón es una celda con el tamaño de un baño, con un pozo, un colchón, encerrado. Sin televisión, sin radio, sin nada y no ves la luz del día".


El empresario resaltó que pasó "de ser el testigo más protegido de Argentina, con cuatro autos a todos lados, con un equipo de seguridad de ocho o diez personas, a estar en Ezeiza en un pabellón común colectivo, con presos comunes" que lo "han cagado a palos, robado y torturado".

Incluso, relató una serie de torturas psicológicas como el hecho de no darle su medicación para un tumor en la garganta que tiene o la aparición de una soga (en forma de horca): "La soga en el escritorio empezó cuando llegué, me la dejaron en Gendarmería".

Al igual que los otros testigos protegidos que están en Marcos Paz, como contó Ibar Pérez Corradi, detenido por narcotráfico, está en huelga de hambre porque la comida que les manda el Programa no es apta. "No son condiciones humanas para nadie", dijo y describió que están todos "en un pasillo de diez metros".

Según su relato, Martínez Rojas es el híbrido de Leonardo Fariña y Pérez Corradi. Tuvo los beneficios por seguir un guión y se los sacaron cuando decidió abandonarlo.

Publicado en:
http://www.reporte24.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=7951:testigos-truchos-martinez-rojas-revelo-que-le-ordenaron-decir-que-cristina-kirchner-era-la-jefa-de-las-causas-de-las-que-el-es-parte&Itemid=226

Las pruebas de la manipulación en los sorteos de causas judiciales, por Ari Lijalad y Carla Pelliza (para "El Destape Web" del 31-03-19)

El Destape accedió a un informe reservado de la Auditoría General de la Nación que revela cómo se puede poner jueces a dedo a cargo de determinadas causas judiciales. El caso del juez Bonadio, que tiene más de 10 procesos contra CFK, en la mira.

Por: Ari Lijalad
Por: Carla Pelliza

El sistema de sorteos de causas judiciales es vulnerable, no tiene controles y se puede manipular para que determinadas causas queden en manos de jueces y fiscales serviciales. Esto surge de un informe reservado que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), al que accedió El Destape, que deja al descubierto un elemento clave de las operaciones mediático-judiciales: la elección a dedo de jueces.

El informe reservado revela que los sorteos de causas judiciales pueden ser manipulados, que no hay registro de quienes ingresan al sistema de asignación de causas, que no se respetan criterios de seguridad para crear usuarios y contraseñas, que se pueden eliminar rastros de manipulación de las causas, que no hay revisiones periódicas del sistema, que se pueden sortear causas varias veces hasta que de con el juzgado deseado, que hay un botón para elegir el juez para una causa, que los datos no se transmiten de forma segura e incluso que el sistema funciona mal en determinados horarios. En definitiva, que el sistema de sorteo de causas judiciales es un juguete a medida de quien lo maneje.

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Este documento, hasta hoy desconocido en su totalidad, completa la opaca caracterización que existe sobre las adulteraciones diarias que ocurren en el Poder Judicial. Cuando se presenta una denuncia, sobretodo en Comodoro Py, ya nadie pregunta qué pasó sino a que juez le tocó. Con este dato ya se sabe el final. Este informe reservado de la AGN, que El Destape revela en exclusiva, completa la imagen: no hay casualidades, sino que de acuerdo al denunciado es posible direccionar el sorteo para que le toque a un juez en particular.

El caso paradigmático es el del juez Claudio Bonadio, que concentra más de 10 causas contra CFK y cada vez que hay una denuncia contra la ex presidenta es ficha puesta. El bolillero de Py tiene en el despacho de Bonadio un Juzgado en lo Cristina donde la acumulación de expedientes contra CFK no se explica de otra forma que con la manipulación de los sorteos de causas. El documento que hoy publica El Destape aporta el modus operandi para llegar a esta situación.

Pero no se trata solo de CFK, sino de un sistema en el cuál nadie está exento de que se digite el destino de la causa judicial en la está involucrado. Jueces a dedo significa sentencias y operaciones mediáticas y electorales a medida.

Sorteos truchos

Este informe reservado nace de un convenio entre el Consejo de la Magistratura y la AGN, firmado el 20 de diciembre de 2016. El objetivo fue un “Análisis del Sistema de Gestión Judicial, con especial hincapié en el procedimiento de sorteo de causas”. El informe, al que accedió El Destape, aclara que es reservado. Las conclusiones a las que llega indican porqué nunca se dió a conocer su contenido.

La AGN evaluó dos cuestiones. Una, el sistema de gestión judicial en general; dos, como se sortean las causas. Sobre lo segundo, el informe aclara algo central: que la Corte Suprema no habilitó información clave para que la auditoría fuera completa sobre el Módulo de Asignación de Causas. En especial, revela que “la falta de acceso adecuado al código fuente del Módulo de Asignación de Causas del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 impide emitir opinión sobre su funcionamiento y la calidad de los algoritmos, y sobre la exactitud y confiablidad del algoritmo utilizado para la asignación de causas”. El código fuente es, en criollo, el ADN del sistema, el que determina su funcionamiento.

El informe da cuenta de la discrecionalidad con la que operan los Administradores del sistema de asignación de causas judiciales. “El perfil administrador de oficina de asignación se encuentra habilitado a realizar acciones sensibles (como inhibir una serie de juzgados a la hora de realizar el sorteo, o reasignar una causa a otro juzgado, entre otras posibilidades ...), sin que el sistema le exija asentar adecuadamente la aprobación de instancias superiores”, dice el documento.

El informe es claro: este descontrol sobre los administradores impide asegurar que no se manipule la asignación de las causas. Dice: “La inexistencia de medidas que restrinjan o permitan controlar adecuadamente la operación del perfil administrador de oficina de asignación impide asegurar que no se realicen acciones inapropiadas en la asignación de causas”.

La AGN aseguró que “se pudo comprobar que el módulo de asignación de causas cuenta con una serie de funcionalidades sensibles en el sentido de que su utilización inapropiada puede sesgar el resultado de una asignación”. Entre esas maniobras para meter mano en los sorteos de las causas figuran, en forma textual:

- Existe un botón de “Ingreso Diferido”, que se podría utilizar para asignar una causa a un juzgado en particular sin realizar sorteo por sistema

- Se verificó la existencia de la opción de “inhibir oficinas” por rubro, lo que permite sesgar el resultado de un sorteo (...) La misma opción está disponible en caso de reasignación de causas.

- El sistema permite asignar más de una bolilla por oficina de tal manera que cada oficina siga participando del próximo sorteo aun habiendo salido sorteada recientemente.

- Al pie de la pantalla de configuración de sorteo, se encuentra la lista de juzgados habilitados para el rubro. Es posible eliminar la lista y cargar un único juzgado. De este modo se puede asignar la causa a un juzgado en particular sin necesidad de inhibir al resto.

- Es posible resortear una causa un número indeterminado de veces sin que el sistema exija autorización de instancias superiores y sin que esta acción genere una alarma de auditoría.

Este punteo son simplemente algunos de los problemas que detectó la auditoria, que agregó que no hay “controles y autorizaciones sistematizadas, Logs de auditoría robustos, procedimientos de revisión periódicos ni alarmas activas ante eventos críticos”. En síntesis, un descontrol.

“Durante las tareas de campo, el perfil de administrador de oficina de asignación podía acceder a información crítica, como la cantidad de causas asignadas a cada juzgado, con el riesgo de que pudiera prever o aproximar el resultado del próximo sorteo”, agrega el informe.

Usuario y contraseña

Otro punto clave que refleja este informe reservado involucra la creación de usuarios del sistema. La AGN informó que no hay registro de usuarios, que hay perfiles duplicados en el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema con acceso al sistema y que todo esto atenta contra la seguridad y la confidencialidad de la información.

A su vez, encontró una serie de cuestiones críticas en el proceso de administración de las cuentas, entre ellas, textualmente:

- El procedimiento para solicitar un alta de usuario consiste en el envío de un mail genérico de los juzgados –en vez de recurrirse a la utilización de un formulario estándar aprobado–, y la identidad del beneficiario no es validada exhaustivamente.

- La asignación inicial de contraseñas o su blanqueo es realizada en forma manual por los administradores del módulo, lo que eventualmente permite asumir el perfil de cualquiera de los usuarios y operar en su nombre sin ser detectados.

- El módulo de gestión de usuarios carece de pistas de auditoría que registren las acciones realizadas por los administradores. Esto permite, por ejemplo, crear un usuario o modificar una contraseña, sin dejar rastro de ello.

- No se aplican políticas de contraseña segura (como el uso obligatorio de una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos), lo que las hace vulnerables a ataques de fuerza bruta.

- El módulo de gestión de usuarios permite eliminar cuentas. Una vez eliminadas, no queda registro de su actividad en el sistema.

En resumen, un cambalache en el cuál se crean usuarios sin control e incluso se puede eliminarlos y con eso borrar cualquier pista sobre manipulaciones del sistema. Todo esto, afirma el informe, “deja abiertas innumerables posibilidades de errores o actividades maliciosas, como la fuga de información crítica o la manipulación de procesos”. Manipulación de procesos significa, por ejemplo, elegir a un juez a dedo.

“La ausencia de condiciones para asegurar una correcta administración de usuarios permite la eventual realización de acciones maliciosas sobre el Sistema de Gestión Judicial sin dejar rastros o dejando pistas inciertas”, asegura el informe reservado.

Un dato clave del informe es que la falta de controles “ dificulta la detección de operaciones inapropiadas en el proceso de asignación de causas” en el pasado. O sea, todo está hecho no solo para que se pueda manipular sino para que sea difícil de descubrir esa manipulación. “Estas particularidades generan que una eventual búsqueda de eventos críticos se torne sumamente compleja y probablemente ineficaz”, resume.

El informe también señala que el bolillero de los jueces tendría que ser revisado periódicamente pero que esto no se cumple, que el diseño del sistema “tampoco evita la generación de causas gemelas mediante la leve modificación de datos en los actores” e incluso que “la funcionalidad de asignación de causas del SGJ presenta bajo rendimiento e indisponibilidad del servicio en determinados horarios”.

Un colador

El informe reservado de la AGN que hoy publica El Destape no solo da cuenta de la manipulación de los sorteos sino también de falencias del Sistema de Gestión Judicial en general.

En varios puntos reitera la falta de información que hay sobre el sistema y las dificultades para obtener bases de datos que están en poder de la Corte Suprema. Al igual que en los sorteos, el informe señala que no hay registro efectivo de quien entra al sistema, que no hay garantías sobre las bases de datos, que no hay controles, que la información sensible no está protegida y que se “permite el acceso a información sensible por parte de personal no autorizado”. El informe alerta que no hay copias de respaldo o back up de la información que está guardada en los servidores que maneja el Poder Judicial y que no existe un plan de contingencia frente a desastres.

Respecto a la seguridad del sistema de gestión judicial, la auditoría encontró graves deficiencias en la seguridad. “Se detectaron vulnerabilidades (puertos abiertos en los firewalls sin que existan servicios o aplicaciones activas que los utilicen) que podrían explotarse para el establecimiento de una “puerta trasera” permanente (acceso oculto persistente)”, dice el documento.

El antecedente Nisman

El caso de la investigación por la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman resume estas manipulaciones. En realidad, es uno de los pocos casos en los que quedaron a la vista, ya que vale recalcar que uno de los puntos centrales del informe reservado de la AGN es que el propio sistema, por la falta de revisiones y auditorías, no permite revisar maniobras anteriores.

En 2016, las presiones conjuntas del Gobierno de Mauricio Macri, el Grupo Clarín y un grupo de fiscales (comandados para esta operación por Ricardo Saenz) lograron que la causa pasara des fuero ordinario al federal. Todo pese a que todo en el expediente indicaba que la muerte de Nisman no fue un asesinato. En ese momento, el 12 de abril de 2016, comenzaron las apuestas en el mundo judicial para ver a qué dupla juez-fiscal le tocaría la causa. La del juez Julián Ercolini y Eduardo Taiano fue la más mencionada, pero el sorteo se la dio al juez Sebastián Casanello. Los beatificadores de Nisman no podían permitirlo y el sistema de sorteo de causas se colgó.

A partir de ahí, el escándalo. Según consta en la denuncia que presentó la funcionaria a cargo del sorteo, Susana Echevarría, la máquina se colgó y pasaron 2 horas y 23 min entre el sorteo inicial y que pudieron ingresar al sistema a verificarlo. Hicieron el sorteo de nuevo y le tocó a quien tenía la pole position en las apuestas: el juez Ercolini.

Después de esto, el propio Martín Doctrina Irurzun dijo que esto tenía que investigarse y mandó a sorteo la denuncia por esta irregularidad. Le volvió a tocar a Casanello, que se excusó. Finalmente, recayó en lo de Ercolini. O sea, el mismo que se quedó con la causa por la muerte de Nisman con un sorteo irregular quedó a cargo de investigar ese sorteo irregular. La magia de Py.

Publicado en:
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