Suspensión del pago de servicios: ¿Quiénes podrán dejar de pagar sin que les corten?, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 25-03-20)

La suspensión de los cortes beneficia a hogares, empresas e instituciones. 
Imagen: Guadalupe Lombardo

Las diez claves del decreto

El decreto oficial detalla los sectores alcanzados, por cuánto tiempo, cómo se van a pagar las deudas y qué pasa si un usuario o empresa no está contemplado. Dudas por los clientes prepagos.

Por Fernando Krakowiak

El gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decreto 311/20 de Emergencia Sanitaria que suspende los cortes de los servicios públicos por falta de pago a raíz de la crisis generada por el coronavirus. Lo que sigue es un detalle de los principales puntos de la norma.

1. ¿Qué servicios están incluidos en el decreto que suspende los cortes por falta de pago?

La medida alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas natural por redes, agua corriente, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable, espectro radioeléctrico y satélite.

2. ¿Qué usuarios residenciales podrán dejar de pagar?


El artículo 3 contempla a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos (33.750 pesos), inscriptos en el monotributo social, jubilados, pensionados y trabajadores que perciban una remuneración bruta menos o igual a dos salarios mínimos, monotributistas inscriptos en las categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y exentos en el pago del ABL o tributos locales de igual naturaleza. La implementación no será una tarea sencilla porque las empresas no tienen toda esa información de sus clientes. Por lo tanto, se supone que el Estado debería facilitar un listado de potenciales beneficiarios.

3. ¿La suspensión rige también para empresas y otras instituciones?

El decreto contempla también entre los beneficiados a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social, instituciones de salud públicas y privadas y entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos. En todos los casos se aclara que las empresas e instituciones deben haber sido afectadas por la crisis, según lo establezca la reglamentación.

4. ¿Por cuánto tiempo rige la suspensión del corte del servicio?

La norma establece que las empresas no podrán suspenderle ni cortarles el servicio a los usuarios por mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternativas, con vencimientos desde el 1 de marzo. En el caso de los servicios de telefonía fija o móvil, internet y televisión paga se aclara que las empresas prestatarias “quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación”. La obligación de no cortar a aquellos que no hayan pagado las tres facturas regirá por un plazo de 180 días.

5. ¿Qué pasa si un usuario o empresa no está contemplado en el decreto y no puede pagar?

El artículo 4 establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo podrá incorporar a otros beneficiarios “siempre que su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven”. “La merma en la capacidad de pago deberá ser definida y acreditada de acuerdo con lo que establezca la reglamentación”, agrega el texto.

6. ¿Tienen algún beneficio los que consumen gas en garrafa?

Los precios máximos de referencia para la comercialización de gas en garrafas, cilindros y/o granel con destino a consumo local, continuarán sin cambios durante 180 días. El problema que viene de la mano de los congelamientos de precios en este tipo de servicios es el desabastecimiento. Por eso la norma destaca que el Ministerio de Desarrollo Productivo “deberá definir los mecanismos necesarios con el fin de garantizar el adecuado abastecimiento de la demanda residencial”.

7. ¿Las empresas de gas podrán cortar el servicio en caso de que detecten alguna pérdida?

Obviamente sí, pero para evitar inconvenientes el decreto lo aclara expresamente. “En ningún caso la prohibición alcanzará a aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad”, dice el decreto. A su vez, Metrogas sacó este miércoles un comunicado donde también dejó en claro este punto.

8. ¿Qué va a pasar con los clientes de servicios prepagos?


El decreto establece en el artículo 2 que “si los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de energía eléctrica no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante el plazo previsto”. Lo mismo se establece para el sistema de servicio prepago de telefonía móvil e internet. Las empresas no tienen claro cómo van a hacer para implementar este punto. Una posibilidad podría ser acreditarles a todos los prepagos el mes próximo el mismo monto que consumieron en marzo, pero tampoco eso puede ser coercitivo porque hay clientes que pueden no necesitarlo. Por ejemplo, aquellos que usan un celular prepago por el trabajo y ahora no están pudiendo salir de su casa, probablemente no necesiten que les acrediten ningún monto porque en muchos pueden estar usando el wifi domiciliario para comunicarse.

9. ¿Cómo se van a pagar las deudas que se vayan acumulando?

Las empresas prestadoras de los servicios deberán otorgar a los usuarios “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas”, conforme a las pautas que establezcan oportunamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y los respectivos entes reguladores.

10. ¿Cómo pueden hacer para pagar aquellos que no están alcanzados por el decreto si la cuarentena sigue y las sucursales permanecen cerradas?

Todas las compañías ofrecen habitualmente a sus clientes oficinas virtuales para hacer trámites donde pueden consultar saldo, descargar sus facturas y pagar de manera electrónica. Esa modalidad de pago será la única vigente si la cuarentena se extiende.

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https://www.pagina12.com.ar/255301-suspension-del-pago-de-servicios-quienes-podran-dejar-de-pag

Todas las miradas puestas en el dólar, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 11-08-19)

El dólar cerró el viernes a 46,55 pesos en promedio. 

Luego del amplio triunfo opositor se espera la reacción del mercado

Las PASO desarmaron este domingo las operaciones y especulaciones interesadas de los últimos días y dejaron en puerta una tormenta perfecta, estimulada por el propio gobierno.

Por Fernando Krakowiak

Luego del amplio triunfo que logró el Frente de Todos, los ojos estarán puestos este lunes en los mercados para ver cómo impacta la novedad en la cotización del dólar, las acciones y los bonos. El viernes la bolsa local subió 7,8 por ciento, los papeles argentinos en Wall Street treparon hasta 11 por ciento y el riesgo país se derrumbó 4 por ciento. Los operadores se sorprendieron por la disparada en medio de una semana cargada de incertidumbre y atribuyeron la reacción a la difusión de un par de encuestas de Elypsis y BTG Pactual que daban ganador a Mauricio Macri. Con los resultados de las PASO en mano, quedó en evidencia que lo ocurrido fue una operación destinada a influir sobre las expectativas de aquellos que todavía no habían decidido su voto. Sin embargo, ahora esa jugada podría volverse en contra para el propio gobierno que deberá garantizar cierta estabilidad de aquí hasta octubre si quiere conservar alguna mínima chance electoral. En casas de cambio virtuales como Balanz o Bull Market Exchange, que operan las 24 horas, la divisa estadounidense cotizaba este domingo a la medianoche, luego de la derrota oficial, a 48,50, más de dos pesos por encima del cierre del viernes. 

La encuesta de Elypsis, consultora que tiene como cara visible al ex funcionario del PRO Eduardo Levy Yeyati, distribuyó el viernes entre un grupo de inversores una encuesta que le atribuía a Macri un triunfo por 38 a 37 a nivel nacional. Casi al mismo tiempo, circuló otra encuesta de BTG Pactual que aseguró por 46,4 a 43,9 por ciento. “Una ventaja de 2,5 para Macri es demasiado reñida para poder definir”, llevaba como título el gráfico.

BTG Pactual es un banco de inversión brasileño, resultado de la adquisición de UBS por BTG Investments, especializado en capital inversión y de riesgo. El 26 de julio ya había difundido una encuesta entre sus clientes que le daba a Macri una ventaja de 46,2 a 44,2 por ciento y el viernes amplió todavía más esa diferencia. “No es una encuesta contratada por políticos y para políticos. La contrata un banco de inversión y la difunden entre sus clientes. De ahí que mueva el dólar”, decían fuentes del mercado el 26 de julio y el viernes volvieron a repetir más o menos lo mismo para explica la baja del riesgo país y la fuerte suba de las acciones. La operación se completó con la distribución de un informe de JP Morgan fechado el 7 de agosto que decía que la carrera presidencial estaba abierta, pero Macri llegaba con mayores chances.

Esas encuestas e informes de último momento adquirieron cierta verosimilitud entre los inversores en un contexto donde la mayoría de los medios de comunicación aseguraban que la elección sería reñida y que Macri venía recuperando posiciones. Incluso un editorialista renombrado llegó a decir la semana pasada que el presidente estaba a tiro de dar una sorpresa porque supuestamente había recuperado posiciones en provincias como Jujuy, Salta, Chaco y Misiones, pese a que la incidencia electoral de cada uno de esos distritos oscila entre el 1,57 y el 2,97 por ciento del total del padrón.

Ese microclima de euforia alcanzó su punto máximo el viernes cuando las acciones y los bonos se recuperaron de manera prácticamente insólita. "Lo que está pasando en la bolsa es una payasada. Las encuestas optimistas no existen. Me consta de alguna de ellas. Algunas empresas están recomprando sus propias acciones. Lo único que indica esto es temor. Paren", advirtió el viernes a las 16:41 horas el economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Pablo Gerchunoff, quien nunca ocultó su preferencia por el oficialismo, pero, a diferencia de muchos de sus colegas, no estuvo dispuesto a rifar su prestigio de la mano de operaciones de vuelo bajo. “Lo que ocurrió hoy viernes puede fabricar un feo lunes con datos electorales razonablemente buenos. Si el domingo se eligiera presidente lo entendería. Pero no se elige nada. Por eso dije que paren”, agregó luego Gerchunoff.

Las PASO finalmente desarmaron este domingo de manera contundente las operaciones y especulaciones interesadas de los últimos días y dejaron en puerta una tormenta perfecta, estimulada por la propia inoperancia del gobierno y las mentiras que dejó correr. Habrá que ver ahora si esos mismos funcionarios tienen la destreza necesaria para controlar el tembladeral que se viene o terminan siendo arrastrados por un desenlace caótico.  


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https://www.pagina12.com.ar/211693-todas-las-miradas-puestas-en-el-dolar

El fantasma del default toma carrera, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 31-12-18

La gestión de Nicolás Dujovne no para de endeudar al país. 
Imagen: Joaquín Salguero

En el tercer trimestre, la deuda pública se disparó al 95,4 por ciento del PIB

Hay que retrotraerse a los años posteriores a la devaluación de 2002 para encontrar porcentajes de deuda superiores respecto del PIB. Por entonces, la devaluación vino de la mano de un default y ahora las posibilidades de un escenario similar se acrecientan.

Por Fernando Krakowiak


La secretaria de Finanzas informó ayer que en el tercer trimestre de este año la deuda pública se disparó al 95,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Hay que retrotraerse a los años posteriores a la devaluación de enero de 2002 para encontrar porcentajes de deuda superiores respecto del producto. En aquel entonces la devaluación vino de la mano de un default y ahora las posibilidades de desembocar en un escenario similar se acrecientan, situación que se refleja en los niveles de riesgo país.


Entre 1994 y 2000 la deuda pública se mantuvo por debajo del 45 por ciento del PIB. En 2001 escaló a 144.452 millones de dólares, equivalente al 53,7 por ciento del producto, y luego de la devaluación de 2002 se disparó al 147,7 por ciento del PIB. En 2003 bajó al 139,5 por ciento, en 2004 al 118,1 y recién a partir de 2005, reestructuración mediante, cayó a 80,5 por ciento. Desde entonces, la deuda siguió bajando hasta tocar un piso equivalente al 38,9 por ciento del PIB en 2011. Los años siguientes permaneció relativamente estable con un pico de 52,6 por ciento en 2015. Con la llegada del macrismo, en 2016 trepó a 53,3 por ciento, en 2017 se fue a 57,1 y este año la situación de la deuda se desmadró de la mano de la devaluación llegando a representar el 95,4 por ciento del PIB. En términos absolutos suma 307.656 millones de dólares. 


En la actualidad no solo hay preocupación entre analistas e inversores por lo que representa la deuda pública con relación al producto sino también por su composición. En 2015 la deuda en dólares equivalía al 36,3 por ciento del PIB y en el tercer trimestre de este año se porcentaje se elevó hasta el 75,4 por ciento. Además, con respecto al 31 de diciembre de 2017 la deuda intrasector público se redujo de 155.822 a 120.705 millones de dólares achicando su participación en el endeudamiento total del 48,6 al 39,2 por ciento, mientras que la deuda con el sector privado y con organismos multilaterales creció. La del sector privado pasó de 135.501 a 143.733 millones, ampliando su participación del 42,2 al 46,7 por ciento del total, mientras que el rojo con los multilaterales se disparó de 29.611 a 43.219 millones de dólares, elevando su proporción del 9,2 al 14 por ciento. También preocupa que el perfil de vencimientos, tanto de capital como de intereses, este concentrado en los próximos dos años.  

Este combo de factores, sumado a la incertidumbre generada por la elección presidencial de 2019, ha llevado a los inversores a tomar distancia de la deuda argentina, lo que puso al riesgo país por encima de los 800 puntos básicos, pese al fuerte respaldo que recibió el gobierno de Mauricio Macri por parte del Tesoro de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. 

“Si se genera un programa de crecimiento que aumente la sustentabilidad de la deuda mejorando la relación deuda-PBI y deuda-exportaciones y que baje el riesgo país, será posible un canje voluntario que extienda plazos sin un default, pero si se profundiza el ajuste, se deteriora la recaudación y el PBI sigue cayendo será difícil esquivar una reestructuración desordenada en 2020, dados los abultados vencimientos que se incrementarán por la deuda de corto plazo que tomará el Gobierno en 2019”, advirtió a PáginaI12 el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. En el contexto actual de fuertes recortes en el gasto público, el segundo escenario que plantea Vanoli pareciera ser el más factible. Por eso los inversores comienzan a ponerse a resguardo a la espera de un desenlace que muchos creen inevitable. El fantasma del default ha vuelto a resurgir con fuerza de la mano de Cambiemos. 

fkrakowiak@pagina12.com.ar

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RECALCULANDO, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 28-12-17)

El ministro de Hacienda anunció una meta inflacionaria del 15 por ciento para el 2018

Con el dólar en alza y tras la aprobación del Presupuesto 2018, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolas Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger brindaron detalles del panorama económico para el próximo año. “Hemos decidido recalibrar nuestras metas”, admitió Dujovne, luego de haber incumplido el techo de 17 por ciento fijado para este año.

Por Fernando Krakowiak

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció hoy que el gobierno decidió modificar las metas de inflación previstas hasta 2019. Luego de haber incumplido el techo de 17 por ciento fijado para este año, se decidió revisar el rango de 8 a 12 por ciento pautado para el año próximo y fijar una meta de 15 por ciento, mientras que en 2019 ya no se buscará alcanzar un rango de entre 3,5 y 6,5 de inflación sino cumplir un tope de 10 por ciento, postergando para 2020 el ideal de 5 por ciento promedio. “Tomamos la decisión de hacerlo porque en el punto de partida no teníamos la información que tenemos hoy”, aseguró Dujovne, quien comunicó la novedad en una conferencia de prensa ofrecida junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Pese al reconocimiento explícito del fracaso oficial en la lucha contra la inflación, Peña aseguró que “en 2017 se han cumplido los objetivos en materia económica” y, ante las versiones sobre crecientes internas en el equipo económico, buscó dejar un mensaje de unidad. “Queremos transmitirle a los argentinos la tranquilidad de tener un equipo de excelentes profesionales y excelentes personas”, aseguró.


El Banco Central ratificó el 26 de septiembre del año pasado el Régimen de Metas de Inflación, un diseño institucional que subordina los objetivos de crecimiento, empleo y equidad social al combate de los aumentos de precios, y que había sido anunciado por Alfonso Prat Gay en enero de 2016. “El Banco Central asume el compromiso de afrontar el objetivo para que la tasa de inflación del año próximo sea de entre el 12 y el 17 por ciento”, aseguró el titular del organismo al inicio de una conferencia de prensa que ofreció aquella tarde. Sturzenegger afirmó, asimismo, que “la principal función del Central es que se cumpla esa meta de inflación” cuya implementación calificó como “sencilla, de no mucha complejidad”. Desde entonces, el titular del Central ratificó la meta fijada en numerosas oportunidades.



“La meta inflacionaria sigue siendo de entre el 12 y 17 por ciento”, sostuvo Sturzenegger el 17 de mayo de este año cuando la mayoría de los analistas ya daba por descartado que pudiera alcanzarse el objetivo. “No vamos a cambiar la meta, porque cambiar una meta es no tener meta”, agregó ese día. Finalmente, este año arrojará una inflación cercana al 25 por ciento, lo que forzó al gobierno a revisar sus objetivos previstos para los próximos dos años.

Dujovne insistió hoy por la mañana en que el cambio de meta no es un cambio de política y al justificar la modificación se limitó a decir que es porque ahora “contamos con más información”. A su vez, aseguró que “el proceso de desinflación es realmente muy sólido”, afirmación que no se corresponde con el recálculo que se vio forzado a realizar el gobierno. “Cambiar las metas no implica aceptar que haya más inflación”, agregó el jefe de Gabinete Marcos Peña. Cuando le preguntaron a Sturzenegger por qué finalmente habían cambiado se limitó a decir que las metas las fija el Gobierno y que el Banco Central se limita a tratar de cumplirlas. “Este es un sendero alternativo”, aseguró con respecto a la nueva pauta prevista.

El equipo económico también dedicó parte de la conferencia de prensa a remarcar que este año se cumplirá la meta de reducción del déficit fiscal, al promediar un 4,1 por ciento del PIB, y se logrará una reducción del gasto público.

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https://www.pagina12.com.ar/85570-recalculando

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MÁS CLARO, ECHALE GAS, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 17-09-16)

ARANGUREN CONFIRMO QUE EL AUMENTO DEL GAS SERA DE 203 POR CIENTO Y LUEGO HABRA AJUSTES SEMESTRALES
Cruces en la audiencia pública por el tarifazo

El ministro defendió la suba de los precios del gas en la apertura del evento y luego las empresas hicieron fila para respaldarlo. Consumidores y defensores del pueblo cuestionaron la medida. Protestas en la calle.

 Por Fernando Krakowiak

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió ayer el tarifazo del gas en la apertura de la audiencia pública que la Corte Suprema le obligó a realizar. Luego de tres propuestas fallidas, el funcionario reiteró que el nuevo esquema contempla un aumento del precio del gas en boca de pozo de 1,29 a 3,42 dólares el millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos) y después esa cifra se actualizará semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019, fecha en la que solo quedarían en pie los subsidios de la tarifa social. Si bien todavía no se conocen los cuadros tarifarios, Aranguren insistió en que a partir de octubre los hogares recibirán facturas con aumentos promedio de 203 por ciento y en abril, justo antes del invierno, se sumará otro ajuste. El gobierno organizó la lista de oradores de la audiencia de modo tal que luego del ministro fue el turno de los representantes empresarios que hicieron fila para respaldar el incremento. Las críticas dentro del recinto estuvieron a cargo de asociaciones de consumidores y defensores del pueblo, quienes se quejaron por la falta de información oficial sobre los costos empresarios y advirtieron que los cambios introducidos por el gobierno para intentar dosificar el tarifazo no solucionan los problemas. Por lo tanto, las quejas volverán cuando empiecen a llegar las facturas. En las puertas de la Usina del Arte, donde se realizó el evento, hubo protestas de organizaciones sociales y partidos de izquierda. La audiencia continúa hoy desde las 9 y podría extenderse hasta mañana.

El gobierno montó un amplio operativo de seguridad en las cercanías de la Usina para evitar incidentes. Incluso ordenó suspender todos los partidos de fútbol del ascenso que debían jugarse en la Ciudad de Buenos Aires para disponer de más personal policial. Dentro del recinto, también se buscó garantizar una jornada tranquila prohibiéndoles el ingreso a algunos usuarios que se habían anotado en el Enargas o al menos no incluyéndolos en la lista de oradores. De hecho, por la mañana una mujer protestó a los gritos en la sala porque no estaban dejando ingresar a compañeros suyos al evento, pese a que adentro sobraban los asientos vacíos. Por su parte, el diputado provincial de San Luis, Juan Larrea, integrante del bloque del Frente para la Victoria, se quejó porque lo habían dejado al margen del listado de expositores. “Esto es una farsa”, gritó. El moderador de la audiencia, Javier Corcuera, buscó calmarlo y fue aplaudido por la platea, la cual antes había despedido al ministro Aranguren también con un aplauso, dejando entrever cierta simpatía por el oficialismo. Conflictos similares se registraron en las sedes de Córdoba, Salta, Rosario y Neuquén (ver páginas 6 y 7).

En la Usina del Arte, el inicio de la audiencia estaba previsto para las 9 horas, pero se demoró media hora por un corte de luz que afectó al área de acreditaciones. Una vez solucionado, Aranguren expuso los lineamientos generales de su propuesta con la ayuda del Powerpoint que el Ministerio de Energía ya había incorporado al expediente de la audiencia para que pudiera ser consultado por los interesados. “Estamos proponiendo una reducción gradual y previsible de los subsidios”, aseguró el ministro. Ese es el punto clave del anuncio, pues para las petroleras en esta primera etapa no habrá diferencias respecto de su situación actual.

Según los datos suministrados por el gobierno, las petroleras están percibiendo este año 4,72 dólares por millón de BTU en promedio y ese ingreso no variará. La diferencia es que hasta ahora los usuarios pagan sólo 1,29 dólares de ese total y una vez aprobada la nueva propuesta pagarán 3,42 dólares, con la consiguiente reducción del subsidio que aporta el Estado nacional, el cual pasará a cubrir solo la diferencia entre los 3,42 dólares que abona el usuario y los 4,72 dólares que seguirán recibiendo las petroleras. Ese no es el único subsidio que desembolsa el Estado. Además cubre la diferencia entre el costo de importación y lo que pagan los usuarios por el gas importado que consumen, que en la actualidad representa el 26 por ciento del total de la demanda nacional. El precio de la energía importada es en promedio sustancialmente mayor a esos 4,72 dólares que percibe el productor local. Por ese motivo, Aranguren planteó que los precios para los productores locales seguirán subiendo cada seis meses hasta llegar a 6,78 dólares por millón de BTU en octubre de 2019. De ese modo, busca generar los incentivos suficientes para que la producción local reemplace a la importación. Ese horizonte de precios creciente es el punto clave que seduce a las petroleras. Además, las entusiasma la promesa de que el aumento que van a percibir en los próximos tres años no se financiará con subsidios sino con un tarifazo mayor para el usuario, pues están convencidas que el negocio es más sustentable si no hay subsidios de por medio. Por eso ayer los representantes de las empresas se sacaron chispas en la audiencia para ver quien respaldaba con más énfasis el sendero trazado por el ministro e incluso alguno se atrevió a pedir todavía más.

La lista de los que elogiaron el tarifazo incluyó a Fernando Giliberti (YPF); Hernán Silva (Total Austral), Rubén De Muria (Transportadora Gas del Sur), Guillermo Cánovas (Transportadora Gas del Norte); José Luis Fernández (Metrogas) y Daniel Rivadulla (Ecogas), entre otros. Más allá de los matices, todos coincidieron en la necesidad de reducir los subsidios e incrementar los precios para incentivar las inversiones. Por ejemplo, Hernán Silva, de Total, fue uno de los más explícitos en este sentido. “Es posible en la Argentina reemplazar la importación de GNL por gas argentino. Pensamos que podemos hacer eso de manera competitiva. No con precios que sean superiores a los que hoy está pagando el país para importar GNL. El precio que necesitamos es el precio de paridad de importación de GNL”, aseguró. Es importante aclarar que el precio de GNL que este año está pagando Argentina promedia los 6,65 por millón de BTU por la baja del precio que registró el crudo. Sin embargo, el año pasado se pagó por ese combustible 11,54 dólares por millón de BTU. Por lo tanto, si se ata el precio de los productores a la paridad de importación lo que hoy son 6,6 dólares el año próximo podría volver a ser 11,50 dólares.

Luego de las empresas y las cámaras sectoriales fue el turno de los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores, que en la mayoría de los casos cuestionaron la propuesta oficial. “No es razonable que el precio del gas producido en el país incorpore en su estructura de costos valores correspondientes al flete y transporte, propios del gas importado”, aseguró Héctor Polino, integrante de Consumidores Libres. “Lamentamos que no esté expuesta la estructura de costos ni de gas en boca de pozo, ni de transportistas ni distribuidoras”, agregó la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso. Sergio Proceli, presidente de Consumidores Argentinos, fue otro de los que expresó su disidencia. “No hay ningún análisis del impacto que tiene semejante tarifazo en un servicio público esencial. En un contexto económico con recesión, desempleo e inflación no hay referencia a las consecuencias que puede generar en la economía y tampoco se analizó si el consumidor va a poder pagar”, agregó . Los contrapuntos siguieron durante todo el día y al cierre de esta edición ya habían expuesto 90 de los 373 inscriptos. En el Ministerio informaron que interrumpirían a la medianoche para retomar hoy a partir de las 9 de la mañana.
fkrakowiak@pagina12.com.ar

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309633-2016-09-17.html

ALTA PRESIÓN, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 14-08-16)

EL GOBIERNO PRESIONA A LOS MIEMBROS DE LA CORTE PARA QUE LES DEN LUZ VERDE A LAS SUBAS

Todo vale para que se avale el tarifazo

La intención oficial es que se autorice el ajuste sin que se exija la realización de audiencias públicas, porque eso evitaría su aplicación retroactiva. Para disciplinar voluntades, amenazan hasta con desempolvar viejas denuncias por corrupción.

 Por Fernando Krakowiak

El presidente Mauricio Macri ordenó a funcionarios y operadores políticos presionar a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia para forzarlos a avalar el tarifazo de manera retroactiva. Algunos supremos le dejaron en claro al Ejecutivo informalmente hace varios días que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de aplicar un ajuste sin antes haber convocado a audiencias públicas. Eso significa que Macri podría aumentar las tarifas el porcentaje que considere necesario, pero después de realizar las audiencias. Por lo tanto, los nuevos precios entrarían en vigencia desde ese momento y no de manera retroactiva. Sin embargo, el presidente se niega a aceptar esa posibilidad y ordenó hacer todo lo que haga falta para que los jueces cambien de opinión. Lo sorprendente es que el oficialismo no busca rebatir la posición de la Corte con argumentos jurídicos sino con una inédita presión política que incluye la amenaza de abrir el camino a viejas denuncias en contra de los magistrados.

La Cámara Federal de La Plata confirmó el jueves 4 de agosto que el tarifazo seguiría suspendido hasta que la Corte dicte un fallo sobre el tema. Desde el máximo tribunal dejaron trascender que la solución tenía que ser política. Fue una manera elegante de dejarle en claro al gobierno que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de aplicar un aumento en los términos en que se lo estaban pidiendo. Mauricio Macri y varios de sus funcionarios se reunieron ese mismo jueves y evaluaron distintas alternativas hasta que se impuso la idea de realizar una “audiencia informativa ad hoc” para tratar de salvar el tarifazo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue el encargado de defender la propuesta públicamente el lunes, pero los argumentos fueron muy precarios porque el ministro dejó en claro que no estaban dispuestos a respetar los plazos que establece el reglamento de audiencias ni a garantizar el acceso previo a toda la información que se requiere para participar de un encuentro de esas características. Además, confirmó que el objetivo de esa audiencia era convalidar el tarifazo con carácter retroactivo. Las críticas se multiplicaron rápidamente y en el gobierno se dieron cuenta de que ese simulacro no serviría para cumplir su objetivo. Por lo tanto, apenas cuatro días después decidieron descartar la convocatoria y redoblar la presión sobre los magistrados para forzarlos a rever su posición.

Desde el Gobierno se afirma que la presión consiste en sumar apoyos políticos para mostrarle a la Corte Suprema el creciente respaldo que tiene el tarifazo. El pedido a los gobernadores para que reivindiquen la necesidad de ajustar los precios de luz y gas y la convocatoria a los ex secretarios de energía para negociar un Acuerdo Federal Energético forma parte de esa curiosa estrategia que suma argumentos económicos y políticos como si la resolución del tema estuviera en el Congreso en lugar de en Tribunales. Sin embargo, esa es sólo la cara visible de la jugada. La presión a los jueces supremos también incluye una serie de insinuaciones sobre cómo se les podría complicar su futuro si deciden ir en contra de la voluntad presidencial.

A Elena Highton de Nolasco le transmitieron que si su deseo es continuar en el máximo tribunal lo mejor que podría hacer es avalar el tarifazo. El viernes incluso esa amenaza oficial salió publicada en el diario Clarín, aunque planteada de manera inversa para cuidar las formas: “Highton de Nolasco no transmitió demasiado (sobre cuál será su voto), pero en la cima de la Casa Rosada revelaban que la jueza les hizo saber que tiene intenciones de quedarse cinco años más en el puesto, lo que alimentó las especulaciones de que podría votar a favor”, dice el artículo, como si votar en contra pudiera poner en riesgo esa continuidad.

Lo que la magistrada decida votar sobre el tema tarifas no debería condicionar su futuro, pero en los hechos el gobierno deja traslucir que eso puede ocurrir. Para convencerla de esa causalidad, en la Casa Rosada se encargan de recordar que hace apenas tres meses Highton fue denunciada penalmente por haber nombrado en una secretaría judicial de la Corte a su hija Elena Cristina Nolasco Highton. La denuncia fue presentada el 9 de mayo por el abogado Patricio Kingston y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, justamente a cargo del juez Claudio Bonadio. “Elenita”, como se la conoce en Tribunales, donde durante diez años se desempeñó como secretaria letrada de la vocalía de Lorenzetti, asumió en diciembre al frente de la flamante “Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema”.

La Corte evaluó en su momento que al no tener dependencia funcional directa de la madre, no estaba comprendida en la prohibición de nombramiento de parientes. Y cerca de la jueza ahora lo recuerdan con fastidio por las acusaciones. Sin tomarlo en cuenta, en la denuncia se asegura que mientras estuvo bajo las órdenes de Lorenzetti no había incompatibilidad, pero ahora, “por ser secretaria judicial de la Corte, depende funcionalmente en forma directa del pleno del tribunal”, el que incluye a su propia madre. El texto plantea además que el Decreto-Ley 1285/58 estableció la prohibición de que los jueces nombren a parientes directos como secretarios o prosecretarios, también contemplado en el Reglamento de Justicia Nacional. Con ese argumento, la acusación contra Highton no se privó de calificaciones ofensivas que ahora son subrayadas en los despachos oficiales. “El nombramiento de Elena Nolasco Highton (…) constituye un acto de corrupción bajo la forma conocida como ‘nepotismo’, y debe ser investigado y sancionado”, concluye el texto, en el que no sólo se denuncia a Highton de Nolasco sino también a Ricardo Lorenzetti y a Juan Carlos Maqueda. En base a ello, en el Gobierno se esperanzan con que ese expediente podría servir para incomodar a tres de los cuatro miembros de la Corte.

A Lorenzetti, además, desde el Gobierno lo presionan con la posibilidad de soltarle la correa definitivamente a Elisa Carrió para que vaya detrás de él. La diputada de la alianza Cambiemos hace tiempo que tiene en la mira al presidente del máximo tribunal, a quien llegó a definir como “el capomafia de Rafaela”. En enero lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y omisiones en su declaración jurada y en la del secretario General de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, otro santafecino que antes fue contador del propio Lorenzetti. Si bien el juez federal Sebastián Ramos desestimó la existencia de delito en marzo, la legisladora no se dio por vencida y a fines de mayo aseguró que está redactando el pedido de juicio político “por mal desempeño y/o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” y que lo presentará en la Cámara de Diputados.

En el Gobierno buscan que esa espada de Damocles lleve al presidente del máximo tribunal a validar el tarifazo sin necesidad de que haya audiencias. De hecho, así se lo habría manifestado el presidente Mauricio Macri en una serie de reuniones reservadas que mantuvieron en las últimas semanas. La última tuvo lugar el martes 12 de julio en la Casa Rosada, encuentro que fue confirmado por el gobierno, aunque los voceros habituales del oficialismo se negaron a dar detalles sobre lo que se conversó en esa cita. La apuesta del oficialismo es que Lorenzetti haga valer como jurisprudencia el fallo Soldano dictado por la Corte el 15 de julio de 2014, donde se convalidó que no es necesario hacer audiencia pública para el cobro de cargos específicos destinados a obras de infraestructura porque, aun cuando pudieran tener naturaleza tarifaria, no remuneran la prestación del servicio sino justamente obras de infraestructura. La intención es que el tribunal recurra a ese andamiaje jurídico, de dudosa aplicación en este caso, para autorizar la suba del precio del gas en boca de pozo y de la energía eléctrica en generación sin que haya necesidad de audiencias, porque la ley no expresa “de modo taxativo” que haya que convocarlas, aunque la suba de precios termine impactando en la tarifa del usuario.

Más dudas genera en el Ejecutivo la posición que tomará el juez Horacio Rosatti, quien habría planteado algunos reparos jurídicos, lo que rápidamente llevó a que el Gobierno lo tildara de “duro” solo por manifestar su inquietud. En su caso no puede haber carpetazos dando vueltas. Por un lado, porque para el propio Gobierno sería difícil justificar una denuncia ya que el juez asumió en junio por sugerencia del Ejecutivo y al defender su pliego en el Senado el bloque oficialista se encargó de asegurar y reasegurar su honestidad. Por otro lado, más allá de lo que termine votando Rosatti, en el PRO están confiados en poder obtener un resultado favorable a partir de lo que decidan los otros magistrados.

Por último, aseguran que tienen un as en la manga si es que la Corte no resuelve el jueves próximo porque termina habiendo un empate. El juez Carlos Rosenkrantz ya fue nombrado miembro del máximo tribunal, pero todavía no asumió. Inicialmente estaba previsto que lo haga el lunes 29 de agosto, fecha del fallecimiento del jurista y filósofo Carlos Nino, uno de sus referentes, pero el viernes por la mañana trascendió que podría llegar a jurar el martes con el objetivo de que el jueves vote a favor de los aumentos, lo que hubiera constituido una movida política inédita y escandalosa. Finalmente, esa operación quedó desactivada, pero asumirá una semana antes, el lunes 22. Desde el oficialismo, ya se dejó trascender que el quinto supremo, quien el viernes apareció por el Palacio de Tribunales, se estuvo interiorizando sobre el tema tarifas y en caso de ser necesario votaría en línea con el gobierno.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

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PIDEN QUE SE CUMPLA EL FRENO AL TARIFAZO, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 08-08-16)

LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES RECLAMAN QUE LAS EMPRESAS REFACTUREN SIN AUMENTO

La multisectorial intimará hoy a los entes reguladores para que hagan cumplir la orden judicial que anuló las subas. El Gobierno teme un fallo en contra de la Corte y evalúa convocar a audiencias públicas, aunque serían “no oficiales”.

 Por Fernando Krakowiak

La multisectorial contra el tarifazo integrada por cooperativas, sindicatos, clubes de barrio y asociaciones de defensa del consumidor se presentará hoy en los entes reguladores de la luz y el gas para exigir que se les ordene a las empresas refacturar con los valores previos al aumento. La Cámara Federal de La Plata anuló hace un mes el incremento del gas en todo el país y de la luz en la provincia de Buenos Aires, pero el Gobierno vino demorando el cumplimiento del fallo con la expectativa de que fuera dejado en suspenso hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Pese a los esfuerzos de los operadores oficiales, los fallos no sólo siguen firmes sino que en el caso de la luz la suspensión se nacionalizó. Por lo tanto, el margen para seguir incumpliendo la orden judicial es cada vez más estrecho. El viernes jugaron una última ficha al presentar un recurso en queja ante la Corte Suprema, pero en tribunales el pedido lo único que generó fue cierto asombro ya que consideran que la salida del conflicto debe ser política. Algunos funcionarios del gobierno ya comenzaron a darse cuenta de que acelerar contra el paredón no es la mejor estrategia y el fin de semana dejaron trascender que finalmente podrían convocar a audiencias públicas sin tener que esperar a que la Corte se los ordene, pero hablan de “audiencias no oficiales”, lo que en tribunales hace sospechar de una nueva estrategia destinada a eludir el cumplimiento de la ley.

El sábado la multisectorial contra el tarifazo reunió a unas 200 personas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí se resolvió intimar al Enargas y al Enre para que cumplan con el fallo judicial.

 “El gobierno les debe ordenar a las empresas que refacturen con el viejo cuadro tarifario y además vamos a exigir que se les envíe una nota de crédito en la boleta a los que ya pagaron con aumento. También queremos que las distribuidoras incluyan una leyenda que informe que la facturación se realiza en cumplimiento de lo resuelto por la justicia”, aseguró a Página/12 Claudio Boada, titular de Unión de Usuarios y Consumidores. 

La intimación es porque la única reacción del gobierno luego del fallo de la Cámara Federal fue pedirles a las distribuidoras que dejen de enviar las boletas, mientras esperaban que el tarifazo se destrabe, pero eso no ocurrió y siguen sin cumplir con la ley. “Edenor incluso está mandando cartas en San Miguel y José C Paz donde amenaza con cortar el servicio por falta de pago, pese a que el tarifazo en la provincia está suspendido hace un mes”, agregó Boada.

El Gobierno hasta ahora se negó a ordenar que se refacture sin aumento porque consideran que sería un reconocimiento de que el tarifazo fracasó. La estrategia oficial en todo momento fue tratar de que la Justicia habilitara la suba mientras la Corte resolvía la cuestión de fondo, pues consideraban que era una manera de convertir al tarifazo en un hecho consumado. Sin embargo, hace un mes que el oficialismo no para de acumular derrotas en los tribunales. Por lo tanto, puertas adentro del macrismo ya hay quienes presionan para rectificar el rumbo. La convocatoria a audiencias públicas sería la manera más elegante para tratar de superar el conflicto, aunque el problema es que el ajuste que se debata en esa instancia no podría ser retroactivo.

El freno judicial al tarifazo fue justamente por la falta de audiencias públicas, pero en todo momento el gobierno argumentó que no hacía falta realizarlas porque ya se habían hecho a mediados de la década pasada. En el caso del gas, el Ministerio de Energía argumentó en la Justicia que el tarifazo no era consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada en 2003 y que aún no concluyó porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”. Incluso cuando las asociaciones de consumidores cuestionaron los años que habían pasado desde que se realizaron las audiencias, los abogados del Ministerio de Energía respondieron que “el argumento utilizado para ordenar la realización de una nueva audiencia pública (los años transcurridos desde la celebración de la audiencia anterior), son afirmaciones dogmáticas que no consideran ninguna de las circunstancias especiales del caso tratado”. Ese argumento fue desestimado por la Cámara Federal de La Plata y los más perspicaces dentro del gobierno empezaron a sospechar que también será rechazado por la Corte Suprema, aunque algún magistrado les haya prometido algo diferente. Por lo tanto, ahora el gobierno podría retroceder y finalmente convocar a la audiencia pública. Así lo dejaron trascender fuentes gubernamentales en las últimas horas, pero aclararon que sería una audiencia “no oficial”. “Es simbólico, pero sirve para demostrar que realmente estamos escuchando a todos los sectores”, aclararon. En tribunales, en cambio, creen que si ese cambio es sólo “simbólico” es difícil que sirva para resolver el problema.

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ESCAPE DE GAS, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 08-07-16)

LA CAMARA FEDERAL DE LA PLATA DECLARO NULAS LAS RESOLUCIONES QUE FIJARON LOS AUMENTOS

Freno al tarifazo del gas en todo el país

Los magistrados justificaron su decisión por la falta de audiencias públicas previas a las subas. También frenaron el ajuste de la luz, pero sólo en Provincia. El Gobierno apuesta a la Corte Suprema.

 Por Fernando Krakowiak

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata le puso freno ayer al tarifazo del gas en todo el país al declarar nulas las resoluciones 28 y 31 que fijaron los aumentos. Los magistrados César Álvarez, Olga Ángela Calitri y Leopoldo Schiffrin consideraron procedentes las apelaciones del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y de Consumidores Argentinos, que habían planteado la obligatoriedad de realizar audiencias públicas antes de aplicar cualquier ajuste de tarifas. Los mismos camaristas hicieron lugar además a una apelación presentada por un grupo de legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria y suspendieron por noventa días el aumento en la tarifa de la luz eléctrica, aunque en este caso sólo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dejando afuera incluso a los clientes de Edesur y Edenor. “Daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados”, aseguró el Ministerio de Energía a través de un comunicado. La expectativa oficial es que sea la Corte Suprema la que le de luz verde al tarifazo en la reunión de acuerdos que mantendrá el próximo martes.

En respuesta a los fallos de ayer, lo primero que hará el gobierno será presentar un recurso extraordinario ante la Cámara solicitando que el tema pase a la Corte y si se lo rechazan insistirá con un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal para que tome el tema. Más allá de esta estrategia, el gobierno ya presentó un pedido de per saltum ante la Corte porque son numerosos los jueces que vienen frenando aumentos en distintas provincias y localidades (ver aparte). El objetivo oficial es que los supremos avalen el tarifazo y apuesta a que los dos nuevos miembros designados por el ejecutivo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, tercien a su favor, junto con el siempre dispuesto Ricardo Lorenzetti.

Los fallos de ayer de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dejan en claro que el gobierno no la tiene fácil, pues los argumentos que utilizó para justificar la no convocatoria a audiencias públicas antes de aplicar el tarifazo vienen siendo duramente cuestionados. En el caso del gas, los camaristas hicieron lugar a dos apelaciones presentadas por Cepis y Consumidores Argentinos. Ambas entidades argumentaron que es necesario realizar audiencias públicas, como garantía de participación ciudadana, antes de concretar cualquier tipo de ajuste. El Ministerio de Energía retrucó, en cambio, que la audiencia pública no es obligatoria para la entrada en vigencia de la resolución 28 que fijó un nuevo precio de gas en boca de pozo porque la producción de gas natural no configura un servicio público y su precio está sujeto a las leyes del mercado, mientras que en el caso de la readecuación tarifaria contemplada en la resolución 31 supuestamente tampoco haría falta la audiencia porque no es una Revisión Tarifaria Integral sino una “adecuación transitoria” que forma parte de una renegociación contractual iniciada hace más de diez años, para la cual ya se realizó audiencia pública en 2004.

En su fallo, el juez Álvarez rechazó el argumento oficial de que la audiencia pública ya fue hecha, pero hace 12 años. “Dicha afirmación no resiste análisis como justificativo de la ausencia de celebración de audiencia pública previa al dictado de las resoluciones 31/2016 y 28/2016, medidas que conllevan una implicancia económica directa sobre las tarifas del servicio público de gas natural, toda vez que no se puede tener por satisfecha la obligación fundamental del Estado, respecto de los usuarios y consumidores, de brindar las herramientas de participación y protección de los derechos constitucionales de incidencia colectiva, a través de audiencias públicas celebradas años atrás”, remarcó el magistrado. “Máxime, cuando las circunstancias sociales y económicas eran disímiles a las actuales en el momento del dictado de las resoluciones que se impugnan”, agregó.

A raíz de ello, el camarista le ordenó al Estado Nacional convocar a una audiencia para posibilitar la participación ciudadana y aseguró que “las citadas resoluciones devienen nulas por no haber sido precedido su dictado de las audiencias públicas”. En lo que refiere al alcance del fallo, el juez Álvarez afirma que “ningún inconveniente existe en adoptar un criterio de amplitud con respecto a la pauta territorial”. A su vez, la jueza Calitri, que junto con Schiffrin adhirió a los argumentos de Álvarez, resolvió “acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondan”, por lo que varios analistas interpretaron que el alcance del fallo es nacional.

En el caso de la luz eléctrica, los mismos magistrados dictaron ayer otro fallo donde también cuestionan el tarifazo debido a la falta de audiencia pública, aunque, a diferencia de lo decidido para el gas, no anularon las resoluciones sino que las suspendieron por tres meses. Otra diferencia clave es que en este segundo fallo aclararon expresamente que su vigencia se limita “al territorio de la provincia de Buenos Aires”. Incluso quedaron al margen de la resolución, los partidos del conurbano atendidos por Edenor y Edesur, ya que ambos operadores están bajo jurisdicción federal.

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A LA VELOCIDAD DE LA LUZ , por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 01-02-16)

Sin gradualismo en las tarifas de la luz

LOS NUEVOS CUADROS TARIFARIOS CONTEMPLAN AJUSTES SUPERIORES AL 700 POR CIENTO EN LA MAYORIA DE LAS CATEGORIAS

Los hogares que consuman hasta 300 kwh por bimestre deberán afrontar subas cercanas al 540 por ciento con impuestos incluidos, pero en el resto de las categorías domiciliarias con consumos de hasta 1000 kwh el tarifazo será superior al 700 por ciento.

 Por Fernando Krakowiak

El Gobierno difundió ayer los nuevos cuadros tarifarios que desde hoy rigen para los usuarios de Edenor y Edesur. Los aumentos son aún mayores al ejemplo que puso el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el viernes pasado al anunciar el ajuste. Los hogares que consuman hasta 300 kwh por bimestre deberán afrontar subas cercanas al 540 por ciento con impuestos incluidos, pero en el resto de las categorías domiciliarias con consumos de hasta 1000 kwh el tarifazo será superior al 700 por ciento. Lo llamativo es que los hogares que consuman más de 1000 kwh por bimestre se verán “beneficiados” con un menor aumento porcentual, pues en ese caso el ajuste no llega al 500 por ciento. Todos estos porcentajes serán menores para los que ahorren entre un 10 y 20 por ciento de energía con respecto al mismo período de 2015 y para aquellos hogares vulnerables que accedan a la tarifa social, pues en ese caso se les bonificará el consumo de hasta 150 kwh, exclusivamente en lo que refiere al costo de generación de la electricidad.

Un usuario residencial de Edesur en la Ciudad de Buenos Aires con un consumo bimestral menor a los 300 kwh pagaba hasta ahora una tarifa que incluía un cargo fijo de 4,44 pesos y un cargo variable de 0,082 pesos x kwh. Si su consumo en el bimestre pasado fue, por ejemplo, de 250 kwh, pagó 4,44 pesos de cargo fijo y 20,5 pesos de cargo variable (250x0,082). A los 24,94 pesos que sumó el costo del servicio eléctrico, le tuvo que agregar una carga impositiva de 6,95 pesos correspondiente a un 21 por ciento de IVA, un 6,3 por ciento de contribución municipal y un 0,6 por ciento del Fondo de Santa Cruz. De ese modo, el total a pagar en el bimestre fue de 31,89 pesos. A partir de hoy, el cargo fijo trepa a 15,94 pesos y el cargo variable a 0,577 pesos por kwh. Por lo tanto, si el usuario vuelve a consumir 250 kwh tendrá que pagar 15,94 de cargo fijo y 144,25 pesos de cargo variable, lo que arroja un subtotal por consumo eléctrico de 160,2 pesos, a lo que se le agregan 44,66 pesos de carga impositiva. A partir de esos ajustes, el usuario que pagó 31,89 pesos ahora pagará 204,86 pesos, un 542,3 por ciento más.

En el caso de un usuario residencial con un consumo bimestral de entre 301 y 650 kwh, lo que se conoce como R2, el cargo fijo trepó de 16,20 a 60,14 pesos y el cargo variable de 0,043 a 0,459 pesos por kwh. Por lo tanto, si en el último bimestre consumió 550 kwh pagó 16,20 pesos de cargo fijo y 23,65 pesos de cargo variable, a lo que se le debe agregar 7,71 pesos de carga impositiva, totalizando una factura de 47,56 pesos. Ahora, en cambio, con el mismo consumo pagará 60,14 pesos de cargo fijo, 252,4 pesos de cargo variable y 87 pesos de impuestos, lo que arroja una tarifa de 399,6 pesos, un 740 por ciento más.

Para el usuario residencial de la categoría R3, que consume entre 651 y 800 kwh, el cargo fijo trepó de 18,83 a 71,68 pesos y el variable de 0,046 a 0,479 pesos. Frente a un consumo hipotético de 750 kwh, un hogar pagaba 53,33 pesos de energía por bimestre entre cargos fijo y variable más 14,86 pesos de impuestos, lo que sumaba 68,20 pesos en total. Ahora, ese hogar pagará 430,93 pesos de consumo eléctrico más 120,21 pesos de impuestos. Por lo tanto, su factura será de 551,14 pesos, un 708,1 por ciento más.

En la franja de hogares que consumen de 801 a 900 kwh bimestrales, el cargo fijo subió de 20,11 a 78,76 pesos y el cargo variable de 0,048 a 0,492 pesos. Por lo tanto, si una familia consume 850 kwh por bimestre, antes pagaba 60,91 pesos entre cargo fijo y variable, más 16,98 pesos de impuestos, lo que totalizaba 77,89 pesos, mientras que ahora pagará 496,96 pesos de energía y 138,68 pesos de impuestos. De este modo, su factura va a trepar de 77,89 a 635,65 pesos, un 731 por ciento. A su vez, para las casas de familia que consumen de 901 a 1000 kwh bimestrales, el cargo fijo pasó de 20,35 a 84,3 pesos y el variable de 0,048 a 0,502 pesos. Si una familia consume 950 kwh por bimestre, antes pagaba 84,3 pesos entre energía e impuestos y ahora pagará 717,8 pesos, un 751,5 por ciento.

Un dato llamativo es que el aumento para la categoría que consume entre 1001 y 1200 kwh bimestrales es menor a las otras. En ese segmento, el cargo fijo subió de 25,48 a 133,32 pesos y el cargo variable de 0,101 a 0,589 pesos. Un hogar que gasta 1100 kwh por bimestre, antes pagaba 136,58 pesos entre cargo fijo y variable, más 38,1 pesos de impuestos, lo que sumaba 174,69 pesos. Ahora, pagará 781,2 pesos de energía y 217,9 pesos de impuestos. Su factura pasará así de 174,7 a 999,1 pesos, un 471,8 por ciento, un aumento porcentual más bajo que el registrado en el resto de las franjas. Lo mismo ocurre con los consumos superiores a 1200, englobados en la categoría R7. Un consumo de 1300 kwh por bimestre antes pagaba 209,9 entre energía e impuestos y ahora pagará 1214 pesos, un 478,3 por ciento más.

Para intentar disimular el ajuste, las empresas distribuidoras empezarán a cobrarle al usuario por mes. Además, la nueva normativa contempla descuentos en el costo de la energía para quienes reduzcan su consumo entre 10 y 20 por ciento en términos interanuales. No obstante, si se compara el mismo consumo en un mismo período la suba alcanza una magnitud inédita que sólo podrán sortearla, de manera parcial y con mucho esfuerzo, los hogares vulnerables que accedan a la tarifa social.

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El país atendido por sus propios dueños, por Fernando Krakowiak (para "Página 12" del 03-01-16)

MACRI DESIGNO COMO FUNCIONARIOS A DECENAS DE EJECUTIVOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL PAIS

En apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas.

 Por Fernando Krakowiak

En apenas veinte días, decenas de ejecutivos de las principales empresas del país desembarcaron en los ministerios y secretarías del Estado nacional, pero ya no para llevar adelante sus actividades habituales de lobby sino para hacerse cargo de la gestión pública. El presidente Mauricio Macri designó como integrantes de su gobierno a ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas. Algunos de los flamantes funcionarios trabajaron en esas multinacionales hasta hace pocos días y otros consolidaron su carrera profesional allí y luego pasaron a desempeñarse en otras organizaciones, de donde ahora fueron reclutados por “cazadores de talentos”, como Egon Zehnder y Stigol & Moore. La mayoría no tiene experiencia en la administración pública, pero se sintieron interpelados por un gobierno que se presenta como amigo de los mercados y reivindica la supuesta eficiencia del sector privado como modelo a seguir. Página/12 detalla quienes son los principales ejecutivos que decidieron pasar del otro lado del mostrador. La lista es apenas una muestra de lo que viene porque el libro de pases sigue abierto.

- Jefatura de Gabinete. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, designó como secretario de Coordinación de Políticas Públicas a Gustavo Lopetegui, CEO de la Aerolínea chilena Lan desde 2009 y fundador de la desaparecida cadena de supermercados Eki. También se sumó Mario Quintana como secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Este economista dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Tortugas Open Mall, entre otras firmas. Quintana llevó como subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo a Natalia Zang, ex directora de Finanzas de Farmacity, quien también fue vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold. Como subsecretario de Relaciones Institucionales de la secretaría de Asuntos Estratégicos asumió Matías García Oliver, ex director de Asuntos Públicos de Directv. Otro que se ubicó en la jefatura de Gabinete fue Rosendo Grobocopatel, hijo de Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo, quien es uno de los flamantes asesores de Marcos Peña.

- Ministerio de Energía y Minería. El ministerio está encabezado por Juan José Aranguren, quien dejó su cargo de presidente de Shell el pasado 30 de junio luego de haberse desempeñado 37 años en la petrolera angloholandesa. Además, a su equipo se sumaron otros ejecutivos que venían desempeñándose en las petroleras a las cuales ahora deberán regular. El secretario de Recursos Hidrocarburíferos es José Luis Sureda, quien desde 1999 se desempeñó como vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE), la firma que controlan los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni en sociedad con los chinos de Cnooc. Como secretario de Planeamiento Estratégico asumió Daniel Redondo, un ingeniero químico que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Exxon Mobil, en las filiales de Argentina y El Salvador, donde llegó a ser CEO y presidente de la subsidiaria Esso Standard, y en cargos regionales con responsabilidad sobre América latina y el Caribe. También se sumó Sebastián Kind como subsecretario de Energías Renovables, un ingeniero mecánico que trabajó como especialista en energía eólica en British Petroleum, fue jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de la firma ítalo-argentina Aires Renewables SA. A su vez, al frente de la Subsecretaría de Refinación y Comercialización está Pablo Popik, un ingeniero químico recibido en el ITBA que trabajó un año en Repsol-YPF entre 1998 y 1999 y luego pasó a Exxon donde desempeñó diversos cargos en Argentina, Sudamérica e incluso Estados Unidos hasta septiembre de 2012. Los últimos tres años estuvo en la petrolera Axion. La petrolera estatal Enarsa, creada por Néstor Kirchner, está conducida ahora por Hugo Balboa, quien hasta el mes pasado era director del proyecto de expansión de Axion y antes ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

En los entes reguladores del sector energético, también desembarcaron gerentes del sector privado. Macri eligió como presidente de Enargas a David José Tezanos, presidente de Metrogas y director de Gas de YPF, un técnico eléctrico, que anteriormente trabajó en Wintershall Energía, Total Austral y TGS. En la presidencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estará Juan Garade, un contador público socio en Management Consultants, quien antes de sumarse a esa consultora trabajó casi once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998). A su vez, como director del ENRE irá Ricardo Sericano, quien trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto de 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

- Petrolera YPF. La petrolera YPF renovó su directorio y una de las principales incorporaciones fue la de Miguel Ángel Gutiérrez. Este ejecutivo se desempeñó entre 1980 y 2001 en el banco estadounidense JP Morgan donde llegó a ser director general de Mercados Emergentes Globales. Fue CEO de Telefónica de Argentina entre noviembre de 2001 y junio de 2003, fecha en la que pasó a desempeñarse como Consejero Delegado de Telefónica Internacional. De marzo 2005 a Noviembre 2011 fue Consejero y miembro del Comité de Auditoría de Telefónica Sao Paulo (Telesp). En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Telefónica para Latinoamérica, y Consejero y Presidente del Comité de Auditoría y Control de la española Abertis Infraestructuras, entre otras empresas. También es socio fundador de The Rohatyn Group, un fondo de inversión para mercados emergentes creado en Estados Unidos en 2003. Otro de los directores que se incorporó a YPF es Carlos Felices, quien ya había trabajado en la compañía como CEO financiero entre 1994 y 2002, cuando la empresa estaba controlada por la española Repsol. Entre julio de 2002 y abril de 2008 trabajó en Telecom Argentina donde llegó a ser presidente y CEO. Una vez que abandonó la firma controlada por los italianos fue vice chairman de Centro de Estudios Financieros hasta mayo de 2012, mientras que los últimos años se desempeñó como gerente general de President Energy (ex President Petroleum), una firma británica dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en Sudamérica.

- Ministerio de Hacienda y Finanzas. Si bien hace más de diez años que se dedica a la política, el nuevo ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hizo sus primeras armas en el sistema financiero como director del banco estadounidense JP Morgan, donde trabajó con Luis Caputo, a quien ahora designó secretario de Finanzas. Caputo trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego se incorporó a Deutsche Bank, donde estuvo hasta abril de 2008, llegando a ser presidente del banco en la Argentina. En los últimos años se venía desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis. Al frente de la Comisión Nacional de Valores, una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Finanzas, Prat Gay designó a Marcos Ayerra, otro hombre del mercado financiero. Si bien en los últimos años trabajó como director de Desa- rrollo Corporativo del grupo Biosidus, una firma argentina que produce biofármacos, el antecedente clave que lo catapultó al organismo regulador del mercado de capitales fue haber sido vicepresidente del Departamento de finanzas corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan. Ayerra trabajó once años en el Chase, entre 1987 y 1998. Otra de las incorporaciones clave de la CNV es la de Rocío Balestra, una abogada que trabajó 14 años y medio en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. Balestra también se de- sempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling, que ahora podría ser contratado por Argentina para negociar con los buitres.

- Banco Central. Es otro de los organismos que reclutó varios ejecutivos del sector privado. Demian Reidel es uno de los nuevos directores de la entidad. Es un físico recibido en el Instituto Balseiro, con un master en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en Harvard. Comenzó su carrera profesional en el sector financiero en septiembre de 1998 en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. En marzo de 2001 pasó a Goldman Sachs, donde estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes. Fue cofundador de QFR, compañía de manejo de activos financieros basada en Nueva York, donde se desempeñó entre abril de 2007 y septiembre de 2012. Otro de los nuevos directores es Horacio Tomás Liendo (nieto), un abogado que inició su carrera en el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, dedicado a defender a grandes empresas. Desde julio de 2007 trabajaba como responsable del departamento legal del banco Industrial and Commercial Bank of China. Como gerente general del Central asumió Mario Flores Vidal, quien se desempeñó como director para Sudamérica y como Head de M&A para América Latina en la agencia Thomson Reuters. El último de los refuerzos provenientes del sector privado fue Agustín Collazo, flamante subgerente de operaciones del banco, un licenciado en Economía egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, con un MBA en la Universidad de Chicago, que se venía desempeñando como director gerente en la administración de derivados de índices accionarios internacionales de Morgan Stanley, New York.

- Banco Nación. El nuevo presidente de la entidad, Carlos Melconian, decidió convocar a varios profesionales del sector financiero. Uno de los ejecutivos más conocidos que se sumó al directorio es Luis Ribaya, quien venía desempeñándose como director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico. En las empresas vinculadas al grupo también sobresalen los hombres de la city. Al frente de Nación Servicios quedó Alejandro Nigro, un ejecutivo que comenzó su carrera en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión. Como director en la misma firma se incorporó Alejandro Cavallero, quien fue vicepresidente de Citibank entre 1987 y 2000 y gerente de canales alternativos del HSBC entre 2000 y 2002. En los últimos seis años trabajó como CEO de la firma Guía Local LLC. El presidente de Nación Seguros es Juan Horacio Sarquis, un economista recibido en la UCA que hizo toda su carrera en el Banco Galicia, donde desde 2009 se venía desempeñando como gerente de Banca Minorista. El Banco Nación también incorporó a Jorge Lawson, quien, si bien se venía desempeñando como ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de Córdoba, es un reconocido lobbysta del Grupo Arcor.

- Ministerio de Transporte. El ministro Guillermo Dietrich, hijo del dueño de una importante concesionaria de autos del mismo nombre, también incorporó a varios ejecutivos del sector privado. En Aerolíneas Argentinas asumirá Isela Constantini, ex CEO de General Motors. A su vez, el PRO contrató a Egon Zehnder, la multinacional “cazadora de talentos” dirigida en el país por Marcelo “Grillo” Grimoldi, para seleccionar otros cuadros gerenciales de la firma. En Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las aerolíneas, pusieron a Mario Agustín Dell’Acqua, ex director de Proyectos de Techint. A su vez, Marcelo Orfila, gerente general de Grupo Monarca entre 2011 y 2014, director de Aeropuertos Argentina 2000 entre 2000 y 2007 y gerente general de Alpargatas entre 1994 y 1997, asumió al frente de Operadora Ferroviaria, la sociedad estatal que gestiona los trenes urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, los servicios regionales y de larga distancia. Orfila puso como vicepresidente a Diego Kyburg, quien durante los últimos dos años fue gerente de operaciones de Biomac y antes de desempeñó en Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía. A cargo de la sociedad Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) quedó Guillermo Fiad, un ingeniero de Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

- Otros organismos. La canciller Susana Malcorra viene de trabajar como jefa de Gabinete de la Organización para las Naciones Unidas, pero tiene una larga trayectoria en el sector corporativo como gerente de IBM y Telecom. El caso de Francisco Cabrera es similar, no es una flamante incorporación del sector privado porque se venía desempeñando como ministro de Desa- rrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero el nuevo ministro de Producción transitó la mayor parte de su vida profesional en el Grupo HSBC. Además, trabajó en Hewlett-Packard, en Máxima AFJP y en el diario La Nación. Como secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, virtual viceministro del área que conduce Carolina Stanley, asumió Gabriel Castelli, un economista ex director de Loma Negra, HSBC y Farmacity, que también fue director nacional de Caritas. La secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo quedó a cargo de Miguel Angel Punte, ex jefe de Recursos Humanos de Techint. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que administra los recursos previsionales, Macri puso a Luis María Blaquier, un economista egresado de la UCA que trabajó 13 años como director Ejecutivo de Goldman Sachs. También fue director de Transportadora Gas del Sur, Arcor, Ledesma, empresa propiedad de su tío Carlos Blaquier, y Grupo Clarín, donde se venía desempeñando cuando lo convocaron. Al frente de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del flamante Ministerio de Modernización quedó Guillermo Baistrocchi, ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, quien también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales designaron a Alejandro Cacetta, quien entre 2001 y 2006 fue gerente de negocios y finanzas de la división cine y publicidad de la productora Pol-ka y desde 2009 ocupa el mismo cargo en Patagonik Film Group, cuyos accionistas son Disney, Artear (Grupo Clarín) y Cinecolor. Como Director Nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat asumirá Guillermo Casanova, ex director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca-Cola-Femsa. También postularon a María Eugenia Talerico como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Talerico fue integrante el estudio Fernández Alonso y Becar Varela & Richards entre 2006 y 2012. Desde entonces trabaja como profesional independiente en temas de lavado y fue la encargada de defender al banco HSBC justamente ante la UIF, organismo que combate el lavado de activos.

El listado de ejecutivos se replica aguas abajo porque la mayoría comenzó a traer gente de su confianza, también proveniente del sector privado. Además, todavía resta completar puestos clave en varios organismos como, por ejemplo, el flamante Ente Nacional de Comunicaciones anunciado el miércoles. El desembarco de gerentes en semejante magnitud es un fenómeno novedoso, al menos desde la vuelta de la democracia, y de impacto incierto en términos de gestión. Habrá que dejar pasar un tiempo para ver qué resulta de este nuevo Estado atendido, ya sin intermediarios, por las principales empresas del país.


fkrakowiak@pagina12.com.ar


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