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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Trampas y picardías oficiales alrededor de las pruebas educativas PISA, por "Página 12" del 07-12-16

Las pruebas PISA se toman internacionalmente a estudiantes de 15 años para un estudio comparativo. (Fuente: Vera Rosemberg)


La prueba PISA, que muestra una mejora educativa entre 2012-2015, fue invalidada tras gestiones del macrismo
Si da bien, lo mejor es que esté mal
El Gobierno anunció que Argentina fue excluida del ranking internacional porque hubo “fallas” en la elaboración de la muestra. Sileoni reveló que las autoridades de PISA habían avalado la metodología. La curiosa “mejora” en los resultados porteños.




Mientras el ministro de Educación, Esteban Bullrich, afirmó ayer que la Argentina fue excluida del ranking de las pruebas PISA 2015 por “fallas” técnicas en la elaboración de la muestra –aunque destacó que “no hubo animosidad” de la gestión kirchnerista–, su antecesor, Alberto Sileoni, aclaró que “no se manipularon los datos”. “Hubo menos estudiantes evaluados porque el nivel secundario en Argentina ha realizado una transformación, que modificó su estructura, algunas escuelas se fusionaron, otras dejaron de existir”, explicó el ex ministro a PáginaI12 y cuestionó el tinte político que busca darle el Gobierno a la cuestión. De todas formas, el eje de la polémica cambió y quedó en el centro de la discusión la llamativa mejora en los resultados que experimentó la Ciudad de Buenos Aires en apenas tres años: ningún país en la historia de las pruebas estandarizadas, coordinadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), logró subir 51 puntos en ese corto plazo.

Especialistas de distintos ámbitos salieron a cuestionar la confiabilidad del rendimiento escolar de CABA. “Perú, que es el país que más subió en el ranking, 76 puntos, lo pudo lograr en 12 años”, apuntó la investigadora del Conicet y secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, Silvina Gvirtz. “No hay justificación técnica para subir 50 puntos en tres años. Son resultados escandalosamente altos”, consideró Sileoni. “Hace tres años la Ciudad era un desastre y resulta que ahora dio un salto que ningún país hizo en la historia de las PISA pero la semana pasada le fue muy mal en otra evaluación”, señaló Eduardo López, secretario General de UTE y Gremial de Ctera.

Por la mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, Bullrich afirmó: “La Argentina fue excluida del ranking de países. La razón tiene que ver con fallas graves en la metodología de la confección de la muestra”. Y agregó: “Este es el país que no queremos. Ser noticia porque no hicimos las cosas bien. Trabajamos con un compromiso por la verdad y esto se parece más a ese país que no tenía compromiso con las estadísticas y la verdad, el país del Indec que publicaba la inflación que no era real, ese país venimos a cambiarlo. No creemos que se puede construir un relato, mucho menos sobre educación”, dijo Bullrich.

“La intención es instalar polémica política, no técnica”, replicó Sileoni. El ex ministro contó que a partir de trascendidos, hace unos meses “nos enteramos que habíamos mejorado, y que desde el gobierno estaban haciendo todo lo posible para que los datos no se publicaran. Por eso, envié un correo a la máxima autoridad OCDE/PISA Andreas Schleicher,  explicando la situación y me respondió aceptando nuestras explicaciones referidas a la merma de escuelas, diciéndome que no encontraba razones para no publicar los resultados, en un correo de 9 de julio de 2016”.

–¿Por qué se redujo la muestra? –le preguntó este diario.

–En los últimos años, muchas escuelas que tenían solo la secundaria básica, y muchas que solo tenían la secundaria superior se unificaron, transformándose en escuelas secundarias completas. Eso es resultado de nuestra Ley de Educación Nacional, que volvió a Primaria y Secundaria, dejando atrás los otros modelos institucionales. Ocurrió en todo el país excepto en CABA. Cuando enviamos la información a PISA, muchos estudiantes de 15 estaban en escuelas recientemente creadas, y eso datos no los teníamos. Pero sostenemos que la menor cantidad de alumnos evaluados no incide en el resultado de las pruebas.

Las escuelas propuestas para la muestra surgieron del Relevamiento anual del Año 2013, lo que también explica el cambio de estado al momento de la evaluación, dos años después. “Las escuelas que faltan son de todo el país, no es verdad que se eligieron. Y tampoco es verdad que PISA sacó a la Argentina de la prueba, solo aclara que los resultados no son comparables en función de que la muestra es menor”, indicó Sileoni.

Los resultados de Argentina se publicaron pero apartados del resto de los países. Con el siguiente texto: “En Argentina, la evaluación de PISA se llevó a cabo siguiendo los procedimientos y estándares de la OCDE. Sin embargo, hubo una disminución significativa en la proporción de 15 años de edad que fueron cubiertos por la prueba, tanto en números absolutos y relativos. Ha habido una reestructuración de las escuelas secundarias de Argentina, excepto las de la región adjudicada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es probablemente lo que ha afectado la cobertura de las escuelas elegibles en el marco muestral. Como resultado, los resultados de Argentina pueden no ser comparables a los de otros países o a los resultados para Argentina de años anteriores”.

La no comparabilidad de una muestra tiene varios antecedentes en ediciones anteriores de la prueba. A modo de ejemplo: Austria en los años 2000 y 2009; Reino Unido años 2000 y 2003 y Países Bajos año 2000, entre otros.

“La muestra debía ser de unos 25 mil alumnos y se mandó una de poco más de 21 mil. A PISA le pareció bien. La prueba fue tomada en septiembre y unos meses después no estábamos más en el Gobierno para dialogar y defenderla. El Gobierno macrista militó para que la bajaran”, consideró el ex ministro.

Al ser consultada por este diario, Gvirtz opinó: “En primer lugar, efectivamente, los resultados tienen alguna dificultad para la comparabilidad. Segundo, están validados porque se publicaron. Tercero, mejoramos. Cuarto, no hubo ninguna intencionalidad política de manipularlos. Quinto, hay que revisar cómo la ciudad de Buenos Aires subió tantos puntos, cuando en los resultados de las pruebas de este año de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo le fue muy mal”.

De manera individual, la ciudad de Buenos Aires mejoró 51 puntos y se ubicó en el puesto 38, por encima de los países de América latina, liderados por Chile (44). El dirigente gremial de UTE-Ctera recordó la posición crítica histórica del sindicato frente a este tipo de pruebas estandarizadas. “Son muy precarias en relación al abordaje integral que demanda una evaluación educativa”, sostuvo, pero considero que “lo que dice Bullrich” sobre las muestras que se usaron “es política del más bajo nivel”. Incluso, destacó que Schleicher, la máxima autoridad OCDE/PISA, aclaró que no se evidenció “adulteración” de los resultados nacionales. “Lo que llama la atención son los resultados de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tienen que dar explicaciones. No son creíbles”, apuntó.

La evaluación PISA (Programa Internacional para la evaluación de Estudiantes), se lleva a cabo en varios países del mundo, cada tres años, y es coordinada por la OCDE, que se encarga de esas pruebas estandarizadas, destinadas  a estudiantes de 15 años. “Argentina participó por primera vez en el año 2000. En 2006 tuvo un descenso pronunciado de sus resultados, producto de la crisis de años anteriores, una evidente mejora en 2009 silenciada por los medios, y resultados estabilizados en 2015”, señaló Sileoni. Por ejemplo, “en 2006 decrecimos 44 puntos en Lengua, que fueron recuperados en parte en 2009, con un incremento de 24”. El incremento o descenso en los resultados es frecuente en las pruebas: Finlandia en 2012, obtuvo 22 puntos menos en Matemática; Islandia (2012), -18 puntos en Ciencias, Israel (2009), +35 en Lengua, y Turquía (2009), +30 en Ciencias.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/7356-trampas-y-picardias-oficiales-alrededor-de-las-pruebas-educa

EL ASESINATO DE MILAGRO SALA, por Juan Grabois (para "Página 12" del 07-12-16)



Por: Juan Grabois *

Confieso que dudé en escribir esta nota y lo hago sólo ante lo desesperante de la situación. Joaquín Morales Sola, Carlos Pagni y Ricardo Roa me dieron el impulso final con sus columnas del domingo, lunes y martes respectivamente. Los tres usaron la imagen del martirio para describir la situación de Milagro Sala. Morales Sola, uno de los primeros en marcar las irregularidades de este proceso kafkiano, enuncia en toda su crudeza un objetivo que sin perjuicio de la diversidad de nuestras motivaciones, muchos compartimos. Frente a las maquinaciones de los que quieren ver sangre, intentamos abrir los ojos ciegos del Ingeniero Mauricio Macri, único que puede y debe “evitar que se convierta en mártir”.

El martirio -aunque no se diga explícitamente en las notas mencionadas- implica por definición la muerte. Es precisamente la muerte de Milagro Sala, ya no tengo la menor duda, lo que están buscando algunos sectores del poder, muy particularmente aunque no exclusivamente, en Jujuy. No es una metáfora ni una sugerencia: me refiero a su muerte física. Y si es un suicidio o una trifulca carcelaria, tanto mejor para ellos. En su odio ideológico, clasista, xenófobo y misógino que han demostrado con creces, la ven como un trofeo de guerra y quieren clavar su cabeza en una estaca. También tienen móviles menos pasionales. Se han metido en un lodazal jurídico cuyas repercusiones internacionales ya no pueden taparse: les sobran papeles en la prensa pero les faltan en el expediente. Por otro, si se sostiene la teoría del delito que impulsa la fiscalía, esto compromete necesariamente a unos cuantos personajes del establishment político y judicial jujeño, muchos vinculados a Gerardo Morales. Nada mejor que extinguir la acción mortis causa. “Se suicidó la india patasucia”, “se mataron entre negras”. Su microclima autorreferencial, infecto de odio, les hace creer que tienen la impunidad garantizada.

Sin ir más lejos, el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, correligionario de Gerardo Morales, a la sazón dos veces presidente del Colegio de Arquitectos de Jujuy, durante 8 años aprobó las certificaciones de las viviendas por las que se imputa a Sala.

El ex auditor general de la nación, el radical Leandro Despouy, nunca denunció penalmente a Sala. Si existieron los delitos que le endilgan a Milagro, Despouy sería imputable de incumplimiento de los deberes de funcionario y encumbramiento. Lo mismo podría decirse del ex gobernador Eduardo Fellner y sus funcionarios, sobre cuyo rol se mantiene un cauto silencio. Todos ellos, que ejercieron el poder institucional durante los años del supuesto estado paralelo y siguen en cargos públicos, gozan tranquilos de su libertad. Todos ellos saben que en las causas contra Sala hay mucho ruido y pocas nueces. Es hora de que lo digan abiertamente.

La respuesta local a la creciente presión internacional para que cese la arbitraria detención de Sala ha sido un incremento del hostigamiento hacia la víctima que apunta a desestabilizarla psicológicamente induciendo sentimientos de indefensión, desamparo, ansiedad, angustia, aislamiento, abandono, culpa y frustración.

Ya en julio, el fiscal Diego Cusel removió a la Licenciada Laura Aguirre, psicóloga asignada oficialmente con quien Sala había establecido un excelente vínculo terapéutico, con el patético argumento de que, conforme al jefe del servicio penitenciario Victor Morales, la licenciada “fortalecía” a la interna. Aguirre fue sumariada, amenazada y remplazada por facultativos del poder judicial que parecieran actuar en el sentido contrario e intentar debilitarla deliberadamente. Lo mismo ocurrió con todo el personal que estableciera algún vínculo de empatía o neutralidad con Sala: fue removido y sustituido por personas hostiles a Milagro. Se llegó al extremo de remplazar a la directora la Unidad Carcelaria Nº 3 de Mujeres por el Subalcaide Omar Arce, un hombre de manifiesta enemistad con Sala, para que coordinase el “verdugueo” constante que sufre la interna. Existe, asimismo, un hostigamiento evidente contra los defensores de Milagro Sala. Los doctores Paz, Ruarte y Alvarez han recibido denuncias, amenazas y atentados en el ejercicio de su profesión. Incluso la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, una académica de respetada trayectoria en el campo de los derechos humanos (con quien co-patrocino a Sala en la querella por privación ilegítima de libertad que va haciendo lentamente su camino a la Corte Suprema), ha sido denunciada por “usurpación de títulos y honores” por el muy neutral tribunal oral federal de Jujuy, acusación irrisoria cuyo único objeto era amedrentarla.

Se ha inducido también a los familiares de los integrantes de la Tupac Amaru imputados a reprocharle a Milagro en público y privado la situación de sus seres queridos. Tanto más graves son las “presiones físicas y psicológicas” que sufrieron algunos de los denunciantes, testigos e imputados y no precisamente de Milagro Sala como repite el fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, otro correligionario de Morales. El caso de Mabel Balconte es tal vez el más grave. Horas antes de la ampliatoria de su declaración, la subieron a un auto, la amenazaron con detener a un hijo por una causa de abuso sexual que estaba cajoneada, le exigieron cambiar los abogados y desde luego su declaración para que incriminara a Milagro Sala, Andrés Larroque y Máximo Kirchner. El 15 de enero de una extraña noche, en plena feria judicial, un grupo de cooperativistas presenta una denuncia pero la fiscal subrogante Montiel consideró que sus dichos no alcanzaban para detener a Sala. Dejó ese expediente para después y avanzó con el árbol envenenado: la famosa causa de sedición que finalmente llevó a Sala tras las rejas. Cinco días después, como por arte de magia y frente a la endeblez de los fundamentos de la detención, los denunciantes nocturnos cambiaron radicalmente su declaración y, poco después, Montiel fue ascendida a fiscal de cámara. Hermoso. La investigación sobre el caso Balconte tramita lentamente en el juzgado de Servini de Cubria. Los falsos testimonios, también denunciados, duerme el sueño de los justos en los tribunales jujeños mientras se fijó, en el marco de esta estrategia de desestabilización psicológica, el primer juicio express para el 15 de diciembre que -insinúan con brutal insistencia- será un escenario de humillación y escarnio en el que harán desfilar para el show mediático a la coya maldita que “TV Führer” ya condenó.  Un empujoncito más hacia el abismo.

Ayer, para despejar cualquier duda de que el lobby de un grupete de abogaditos exóticos de la ONU, un puñado de ONGs, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un rosario bendecido, un primer ministro y un par de premios Nobel de la Paz no va a doblegar la férrea conducción del Gran Hermano Morales, el juez radical Pullen Llermanos -hombre violento, prejuicioso y adepto a las armas de fuego- dictó una sobreabundante prisión preventiva de Sala en una imputación digna de un tratado de derecho penal mágico: la instigación de una tentativa de homicidio en la que la incrimina el instigado, Paes, co-autor prófugo de dicha tentativa, quien fue… ¡sobreseído del hecho por el mismo juez! No se privaron del despliegue de fuerzas especiales y encapuchados con armas largas para trasladar a una mujer esposada. Otro oportuno empujón.

A este cuadro terrorífico se suma lo que tal vez sea el mayor elemento desestabilizante: la desesperanza que se refuerza con cada declaración que baja desde la Casa Rosada avalando lo que sucede en Jujuy. No puedo imaginar la angustia de Sala al ver desde la caja, ñata contra el vidrio, a los organismos de derechos humanos caminando hacia ella con la libertad en la mano y, acto seguido, que aparezca el Presidente de la Nación para taclearlos de atrás. La semana pasada, frente a las resoluciones de instituciones del sistema internacional de protección de los derechos humanos del que Argentina forma parte, nuestro jefe de estado realizó declaraciones cuya gravedad pasó llamativamente desapercibida para los defensores del orden republicano y la institucionalidad. Justificó la detención arbitraria de Milagros Sala de la peor manera posible: con las encuestas. “Las últimas declaraciones del Presidente avalan lo que está ocurriendo en Jujuy” afirmó al día siguiente el ministro de justicia de dicha provincia. Luego, las segundas líneas comenzaron con los ya gastados argumentos conspirativos y patrioteros, casi un eco del “somos derechos y humanos”, para descalificar la respuesta unánime de la comunidad internacional en todo su espectro ideológico.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia política de corto plazo, es probable que el presidente tenga razón. Aun cuando la conciencia del carácter arbitrario de su detención comienza a crecer en la sociedad argentina, la percepción general sobre Milagro sigue siendo mala y es posible que tanto Morales como Macri hayan facturado políticamente su arbitraria detención, incluso que algún consultor de imagen se haya congratulado por semejante éxito publicitario. Populismo puro y duro que lejos de justificar la situación, la agrava. Otros actores de la política que confunden la verdad con las encuestas como Sergio Massa se unen al corro del prejuicio. Lo que tal vez Macri no quiera ver es que como jefe de un Estado conminado por el orden público internacional, suya es la responsabilidad y el resto juega gratis: en sus manos está la vida y la libertad de Sala. La engreída lógica de realpolitik que, como confesó Ernesto Sanz, llevó a Sala tras las rejas, también puede llevarla a la tumba. Tal vez entre la élite de una provincia feudalizada y un país embrutecido resulte simpático alardear de un pragmatismo viciado de ilegalidad, abusos y autoritarismo, carente de toda ética o sentido de justicia. No será así frente a la historia ni la comunidad internacional. 

Llega fin de año: son momentos de balances y decisiones tanto para los que gozan el poder como para los desamparados. Se acerca navidad y a menudo olvidamos que bajo la estrella de belén no sólo caminaban los Reyes Magos sino los asesinos enviados por Herodes. Los que queremos a Milagro no la queremos mártir. Queremos una noche de paz, no de muerte. La queremos libre.

* Abogado. Integrante del Secretariado Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Miembro Consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/7377-el-asesinato-de-milagro-sala

Un amparo y más denuncias por el decreto de Macri que beneficia a familiares, por "Página 12" del 06-12-16

Diputados del FpV-PJ y Libres del Sur presentaron denuncias contra Macri, Peña y Prat Gay


Los diputados del bloque FpV-PJ Luis Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti presentaron un recurso de amparo para suspender el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, que modifica en "aspectos esenciales" la ley de "sinceramiento fiscal" y abre la puerta para que los familiares de funcionarios públicos puedan blanquear fondos no declarados. Por su parte, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda junto a los legisladores de su bloque presentaron una nueva denuncia penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

La denuncia de los diputados del FpV-PJ es parte de una demanda colectiva patrocinada por Mariano Lovelli como representante de la Asociación  de Abogados por la Justicia Social para solicitar la nulidad de los artículos del decreto firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que favorecen el blanqueo a los familiares de funcionarios, y un pedido cautelar, "hasta tanto se dicte sentencia de fondo", para que "la administración pública se abstenga de implementar las modificaciones establecidas".

La denuncia sostiene que el decreto firmado por el gobierno nacional "asimila regímenes tributarios disímiles, legislando el Poder Ejecutivo en materia tributaria, violando así todo principio de legalidad", al considerar que introduce modificaciones "aspectos esenciales" de la norma aprobada por el Congreso e incumpliendo el artículo 99 de la Constitución Nacional, sobre el que se basa jurídicamente decreto.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y diputada de Libres del Sur presentaron una denuncia penal ante el juez federal Lijo, por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos contra Macri, Peña y Prat Gay, al considerar que el decreto es inconstitucional y contradice explícitamente la ley aprobada en el Congreso.

“Esperamos que el Juez Lijo de lugar a la denuncia, ordene la derogación del decreto e investigue las razones por las que se dictó. Los argentinos honestos estamos cansados de escuchar discursos que plantean una falsa moral y una ética mentirosa que solo se aplica para las campañas electorales y los adversarios políticos", sostuvo Donda.

El viernes pasado, el bloque del FpV-PJ presentó una denuncia penal bajo los mismo argumentos, que fue elaborado por la diputada María Emilia Soria (FpV-PJ), vicepresidenta de la comisión de Justicia.

“No tenía sentido esperar. Pasó lo mismo con el decreto presidencial que modificó la ley sobre extranjerización de tierras y no hubo fiscal ni juez que actuara de oficio. Esperamos que con la denuncia se movilicen”, sostuvo Soria.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/7277-un-amparo-y-mas-denuncias-por-el-decreto-de-macri-que-benefi

martes, 6 de diciembre de 2016

Legalización del lobby farmacéutico, por "Página 12" del 06-12-16



(Foto de Ocaña: DyN)

La Legislatura porteña aprobó una ley que busca hacer públicos los “beneficios o premios” que los laboratorios dan a los médicos para que receten sus productos.



Era un secreto a voces. O no tan secreto. La relación entre las empresas farmacéuticas, proveedores de insumos sanitarios y médicos siempre estuvo teñida de un manto de sospecha. Viajes, congresos, regalos suntuosos o directamente pagos en efectivo son las vías que muchas veces emplean las compañías para que el profesional “aconseje” la ingesta de tal o cual medicamento por sobre otra marca.Esta práctica fue objeto de un proyecto impulsado por la legisladora y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, y aprobada por la Legislatura porteña, que busca darle vía libre a las dádivas a cambio de su publicidad sin prever ninguna sanción.

Así, la ley establece que "los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que otorguen bienes, servicios, beneficios o premios a los médicos" de la Ciudad, deberán informarlo al Ministerio de Salud.

En su artículo 2, se enumeran las modalidades habitualmente empleadas por las empresas cuyos beneficiarios son los médicos: “Pagos en efectivo, pagos por honorarios profesionales, pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional, pagos destinados a solventar gastos de viajes, entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración económica".

En la fundamentación del proyecto, Ocaña –y sus compañeros del bloque Confianza Pública, Diego García de García Vilas y Marcelo Depierro- asegura que se trata de “prácticas espurias” y que, mediante esta ley, los pacientes podrán “conocer si el médico prescriptor obra por voluntad propia, o posee algún interés o ventaja en recetar o prescribir algún medicamento o práctica médica en particular”. 

Para el sindicato de visitadores médicos, en cambio, la Legislatura “blanqueó las prácticas corruptas de la industria farmacéutica”. “Con la excusa de que ya existen estas acciones, en lugar de tomar decisiones drásticas para su prohibición, las blanquearon”, expresó su el secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), Ricardo Peidro.

A partir de ahora, las empresas deberán informar –cuestión que los visitadores médicos ponen en duda que se cumpla-- al Ministerio de Salud el nombre y especialidad del médico, en qué consiste el beneficio, y la fecha en la que se otorgó y a través de qué medio --transferencia, aporte o regalo--. Sin embargo, no se contempla ninguna sanción para quienes no cumplan este requisito.

Según declaró García de García Vilas a la agencia Télam, “lo que queremos es que a partir de ahora (el paciente) tenga acceso a la página del Ministerio, que debe estar actualizada y dar la información correspondiente, consulte cómo trabaja su médico y decida si quiere recibir los medicamentos o tratamientos que le receta”.

Otro de los argumentos de la bancada de Ocaña está basado en que habrá una “reducción de costos”. Así lo explicó García de García de Vilas: "A veces se indican tratamientos costosos por el incentivo que los profesionales reciben de los laboratorios, por lo que al haber un control sobre lo que se receta se estará cuidando en definitiva lo que se gasta en salud, porque cuando se malgasta en un paciente necesariamente se le restringen derechos a otro”.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/7269-legalizacion-del-lobby-farmaceutico

La oposición "concertó" que solo se pagará ganancias a partir de 44.000 pesos brutos, por "Página 12" del 06-12-16


Las mineras y la especulación financiera pagarán nuevos tributos. El aguinaldo, las horas extras y los bonos por productividad quedan exentos del impuesto, que sí pagarán los nuevos jueces.


Tras horas de debate, fuera y dentro del recinto de la Cámara baja, "la mayoría de la oposición", integrada por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, Libres el Sur y el Partido Socialista, acordó consensuar un único proyecto de reforma del impuesto a las ganancias, y convino en aprobar una suba del mínimo no imponible a 44.000 pesos mensuales para los trabajadores casados, con dos hijos, lejos de los 25.600 pesos que proponía el proyecto del oficialismo, que durante la campaña había anunciado que eliminaría lisa y llanamente el impuesto. Para los solteros, el mínimo será de 33.500 pesos, y las jubilaciones, excepto las de privilegio, quedarían exentas por completo del gravamen.

El encargado de brindar precisiones sobre la iniciativa, que según sus mentores supera con holgura los 129 votos necesarios para ser aprobada, fue el ex ministro de Economía y actual diputado del FpV, Axel Kicillof, quien aclaró que las nuevas escalas se actualizarán anualmente para que solo pague el 10 por ciento de los trabajadores que más gana. Aunque "los nuevos jueces" estarán alcanzados por el tributo, los empleados judiciales no lo pagarán.

Kicillof señaló, además, que también estarán alcanzados los plazos fijos de más de un millón de pesos, las Lebacs, las apuestas on line y las máquinas tragamonedas. Asimismo, se reestablecerán las retenciones al sector minero.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/7280-la-oposicion-concerto-que-los-casados-pagaran-ganancias-a-pa

El caso Milagro Sala, por Edgardo Mocca (para "Página 12" del 04-12-16)



(Foto: Bernardino Avila)

Por: Edgardo Mocca

¿Por qué el gobierno de Macri parece dispuesto a pagar cualquier costo político por mantener el encarcelamiento de Milagro Sala? Una primera objeción a la propia pregunta podría ser que el supuesto costo político no sea tal, o, lo que es un equivalente, que no sea considerado como tal por el Gobierno. Es muy probable que cierto sentido de impunidad exista en el Gobierno, a partir de la complacencia –o por lo menos indulgencia– con que los medios de comunicación concentrados, la corporación judicial, los grandes grupos económicos, buena parte de los autodefinidos “políticos opositores” y hasta algunos dirigentes sindicales y sociales lo han tratado hasta ahora. Puede abonar esa impresión el hecho de que se insinúa un período crítico para las instituciones supranacionales en el contexto de un gobierno de Estados Unidos eventualmente distanciado de la corrección política en materia de derechos humanos. Difícilmente, sin embargo, esa conjunción de acostumbramiento al buen trato de ciertos factores de poder interno y la previsión de un giro político internacional pueda explicar en plenitud la conducta de Macri. Porque el peso de esos argumentos no puede pensarse separado de la importancia que el Gobierno le dé a la cuestión. Si no fuera una suerte de razón de Estado de cierto sector político –no solamente del Gobierno– la prisión de una dirigente social provincial, no ameritaría ni siquiera el daño de una señal adversa proveniente de ese “mundo” al que se dice que estamos regresando.

Milagro Sala está presa porque se ha decidido que el recurso a la arbitrariedad y la violencia sea considerado por la sociedad argentina como un recurso más a favor de lo que es claramente el objetivo principal de la actual gestión: el de construir un orden político consistente y perdurable para la “nueva Argentina” con que sueñan las clases dominantes. Cuando hablan de la reconstrucción institucional del país están pensando en anular la vida política colectiva que transcurra fuera de las instituciones formales; la utopía neoliberal es una sociedad callada y quieta que solamente se expresa en la política a través de sus representantes legalmente establecidos. Todo lo que transcurra fuera de las murallas institucionales tiene que ser estigmatizado, invisibilizado y, si es necesario, reprimido, incluso más allá de la ley. Morales Solá dijo en La Nación pocos días después de su asunción, el 13 de diciembre del año pasado, que Macri “lidera una administración que no tiene derecho al error, como etapa histórica. Un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo.” Para el bloque dominante, el deseo de éxito del Gobierno tiene una clave excluyente: la clausura de cualquier horizonte “populista”. Nada se dice sobre las formas que ese objetivo histórico pueda exigir, no hay independencia judicial, legalidad, veracidad en la comunicación, derechos individuales y sociales que puedan entenderse como valores superiores al propio objetivo.

El Presidente tiene muy clara esa voz de orden del establishment. No lo contraría más que en la estricta medida en que las formas no debiliten gravemente los efectos beneficiosos de la maquinaria de manipulación comunicativa que el propio Gobierno puso en marcha y controla. Por eso recurrentemente aparecen chisporroteos grotescos como los comentarios de Lanata acusando al Gobierno por el hecho de que Cristina no sea detenida: sencillamente significa que cada uno cumple su función en una lógica común, la prensa crea climas violentos y el Gobierno los administra. La brújula del Gobierno son las operaciones multimediáticas que promueve y los efectos que éstas producen, permanentemente registradas por los focus groups y los sondeos de opinión. Es el gobierno de la opinión pública. Hasta ahora ha sido muy exitoso: el lento pero sostenido retroceso de la simpatía con el Gobierno tiene una medida escasa si se lo compara con la gravedad del retroceso social que se generó en el país en estos pocos meses. Paradójicamente las dificultades económicas crecientes que sufre la inmensa mayoría de los argentinos, disminuyen el peso relativo de la burla sistemática y el ataque a las instituciones, que tiene en los estrados judiciales su imagen más patética. Y en el terreno de lo económico, no se ha escuchado en casi un año de gobierno otro argumento que no sea la atribución del desastre a la bomba de tiempo que el anterior gobierno dejó activada. ¡Cómo sería la magnitud de la crisis que se incubaba si solamente para evitarla se descarga el brutal ataque al bolsillo popular que estamos viviendo!

Milagro Sala está presa porque lo suyo no se encierra ni se agota en el “reclamo social”. No pudo ser en ningún momento de una lucha prolongada e intensa absorbida a la condición de “mediadora de intereses”. Fue, eso sí, amiga del Estado en el tiempo y en la medida en que era administrado en el plano nacional bajo la lógica de la inclusión y el empoderamiento de los movimientos populares. Nunca negoció su obsesión por la dignidad de los más vulnerables con los dueños de la provincia de Jujuy; si lo hubiera hecho, hoy sería un ejemplo de dirigente social pragmática y eficaz y no una delincuente populista. Es necesario estar muy atentos a la dialéctica del palo y la zanahoria que ejecuta el Gobierno. Ciertamente no se puede actuar bajo la lógica de la indiferencia a los dolores de las personas que más sufren este saqueo ni sobre la base de la esperanza de que su intensidad despierte las conciencias populares; eso sería un vanguardismo estéril, puro palabrerío. Pero la idea de crecer políticamente sobre la base exclusiva de la construcción de una red de mediación entre el Gobierno y los sectores populares es muy peligrosa. Porque entraña la ilusión de la inocencia del poder o el designio resignado de adaptarse a un inevitable largo invierno neoliberal. Estar muy atentos significa también no degradar los debates políticos sobre estas cuestiones a intercambios de descalificaciones personales: eso es otro objetivo de la derecha, el de acentuar las vanidades de grupo o individuales y convertirlas en muros contra los procesos de unidad, necesariamente complejos y contradictorios.

La prisión de Milagro Sala se ha ido convirtiendo en un caso testigo. Un caso, además, que podría ir mutando de bandera de un amplio frente social a la condición de un punto clave del reagrupamiento político en el país. El Gobierno está colocándose fuera de la incipiente legalidad internacional en materia de derechos humanos, lo que no puede separarse de otras circunstancias, por ejemplo la escasa discreción de las trapisondas judiciales entre gobierno, medios de comunicación y lo más corrupto de la corporación judicial en la persecución a Cristina Kirchner. De modo que la dirigente jujeña está situada en el límite imaginario que separa la legalidad democrática –siempre relativa, contradictoria y marcada por los privilegios sociales– del puro y duro autoritarismo en la Argentina. Es posible que se esté convirtiendo en un test para el liberalismo democrático. Nos hemos acostumbrado últimamente a la existencia de un liberalismo democrático –que a veces incluso dice ser de izquierda– que justificó el encono contra los gobiernos kirchneristas, exclusivamente fundado en lo que consideraba ataques contra las instituciones. El diagnóstico generalizado en este segmento ideológico es que, para avanzar, el país debe revalorizar a las instituciones contra lo que se entiende es una historia popular que las desprecia. Está claro que detrás de esa idea hay un poderoso armazón ideológico dirigido a ocultar la carne de las instituciones, el hecho de que son portadoras de relaciones de fuerza y de dominio en la sociedad. Pero aún así, no deberíamos ignorar que en muchos momentos de nuestra historia la cuestión de los derechos individuales contra los atropellos y la violencia del poder adquirió una enorme potencia política en sí misma, involucrando a amplios sectores sociales y culturales no necesariamente identificados con proyectos de transformación social en una dirección igualitaria. De alguna forma, la idea de un frente ciudadano, de una nueva mayoría en la Argentina puede ir incorporando la cuestión del Estado de derecho como un punto importante de su agenda. No es menor, en este sentido, la importancia del decreto sancionado en estos días por Macri suprimiendo por esa insólita vía la vigencia de la letra de una ley de blanqueo recientemente aprobada; una decisión que por más de una razón debería ser llamada y recordada como el “decreto Macri”. Es el modo de ejercicio del poder lo que parece estar en cuestión.

Parece haber ido acortándose la vida útil de la fórmula de la “pesada herencia”, aunque los comunicadores del macrismo se obstinen en no reconocerlo. El conurbano bonaerense, abarrotado de gendarmes, parece haberse convertido en una hipótesis de conflicto bélico. Seguramente el grupo publicitario gubernamental se prepara para presentar como un éxito rutilante el hecho de que las fiestas pasen en un marco de paz social: no será la pobreza cero pero algo es algo. Habrá que ver cómo se despliega la estrategia preelectoral del macrismo que, en ninguna de sus variantes, podrá excluir la necesidad de “poner plata en la calle” para que su publicidad pueda contar con algo diferente a la necesidad de la lucha contra una crisis que nunca existió. Pero difícilmente se desdibuje el esquema con el que el Gobierno quiere enfrentar la protesta social, el de la dialéctica entre una mediación pacífica y sin protestas o, en su defecto, los garrotes y la cárcel. Mientras tanto, se acerca la Navidad y Milagro sigue presa. Los argentinos que queremos vivir en un Estado de derecho tendríamos que tener, más allá de nuestras posiciones políticas, algo en común para decir y   hacer al respecto.


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ADJOVI: “La única respuesta es la liberación”, por "Página 12" del 06-12-16

 “La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa”, señaló Adjovi.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU visitará el país el año próximo

Roland Adjovi, titular del organismo, confirmó que vendrán a la Argentina pero advirtió que la invitación es independiente de la situación de Milagro Sala, que debe ser liberada. La visita no se limitaría al caso de la dirigente social jujeña.



El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas aceptó la invitación del gobierno argentino de visitar el país aunque su titular, Roland Adjovi, advirtió que la invitación “no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación” de Milagro Sala.

Aunque no existen fechas confirmadas aún, la visita del organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llegaría a Argentina en mayo, según deslizaron fuentes del organismo a la agencia AFP. “En principio sería una visita de seguimiento, pero como hace mucho que la primera visita tuvo lugar (en 2003), una visita completa sería lo más apropiado”, apuntó Adjovi en diálogo con ese medio, ante el que aseguró que, si bien el gobierno de Mauricio Macri elevó la invitación luego de la resolución que el Grupo de Trabajo elaboró a propósito de la detención de Sala y del resto de los militantes de la organización jujeña Tupac Amaru, en prisión preventiva desde enero pasado, su llegada al país “no puede estar exclusivamente ligada al caso Milagro Sala”.

Adjovi reclamó al gobierno nacional una respuesta a la resolución número 31 que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que dirige emitió a fines de octubre y que exigía la liberación inmediata de la dirigente social jujeña. “El Gobierno invitó al Grupo pero eso no puede constituir una respuesta. La única respuesta satisfactoria es la liberación”, apuntó y cuestionó los argumentos planteados por el presidente Mauricio Macri. “El gobierno federal tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones”, señaló Adjovi.

La última vez que Macri fue consultado sobre la detención de Sala fue durante el “retiro espiritual” de Gabinete. En el encuentro que comenzó el viernes en Chapadmalal, el Presidente justificó la detención de la referente social jujeña desde el parecer colectivo: “A muchos argentinos nos pareció que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala”, dijo durante el retiro espiritual. Un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había sumado al reclamo de la ONU y del titular de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y urgió al gobierno nacional a promover las medidas necesarias para la liberación de Sala.

“Resistirse a cumplir con estos reclamos ubica a la Argentina en un estado de excepción”, remarcó María Elena Naddeo, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, durante un encuentro que realizó junto a otros referentes de ese espacio con la prensa internacional. “Milagro Sala es una secuestrada del aparato estatal de Jujuy y del Estado nacional”, denunció su colega Eduardo Tavani, miembro de la coordinación general del Comité que por estos días recorre embajadas de distintos países para recoger “solidaridad” en torno del reclamo de una Navidad sin presos políticos. “Han expresado preocupación por el hecho de que Argentina, que hasta ahora ha sido una referencia en Derechos Humanos, se está convirtiendo en un país que violenta principios constitucionales y del sistema universal, que incumple resoluciones de organismos especializados”, puntualizó la ex legisladora.

“La campaña de (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales contra Milagro Sala, el odio personal y de clase de Morales, están llevando al Gobierno y a la Argentina a figurar en un lugar en el que no estaba desde 1979, como país que viola los derechos humanos”, lamentó el abogado Marcelo Parrilli. El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, calificó de “pobre”  el argumento del Gobierno. “La cabeza del Estado dice que no importa lo que dicen los organismos internacionales –alertó–. Pasa por arriba la presunción de inocencia y del debido proceso. Los organismos internacionales no dicen que no se investigue a Milagro Sala, sino que tiene que estar libre”.

A través de un comunicado, la Asociación Civil Justicia Legítima manifestó su “profunda preocupación por la eventual responsabilidad del Estado argentino en un caso emblemático, debido a la insuficiente información sobre el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales exigidos para la justificación de la prisión preventiva”.

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