Mexico, Uruguay y Ecuador avanzan hacia la implementación de una ley de comunicaciones. Brasil aún no pudo lograrlo. Argentina como referencia
En la madrugada del 10 de octubre de 2009, el Senado argentino aprobó una Ley de Medios que echó por tierra la vieja Ley de Radiodifusión de los años de la dictadura. La nueva normativa sufrió constantes embates por parte de la prensa hegemónica, en particular del Grupo Clarín, pero tras años de lucha logró convertirse en una referencia para todos los países de la región.
Así lo sostuvo el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien consideró que la ley argentina "sentó las bases para un movimiento" en toda Latinoamérica. Sin embargo, los avances a nivel regional son mucho más escuetos que lo esperado. Sin ir más lejos, el relator especial para la Libertad de Expresión en la CIDH, Edison Lanza, aseguró que el continente tiene "un rezago en materia de legislación sobre medios", por lo que es "saludable que los países empiecen a discutir estos temas".
Y la discusión empezó: casi todos los gobiernos de la región pusieron sobre la mesa la necesidad de hablar sobre el papel del periodismo y el rol de los medios dentro de la sociedad. Casi todos incorporaron a la vida cotidiana el término “corporaciones" e impulsaron un debate abierto sobre lo que significa la libertad de expresión, la objetividad y la proclamada independencia de la prensa. Casi siempre encontraron como respuesta una virulenta agresión mediática.
En esa larga marcha, algunos gobiernos se lanzaron directamente a la tarea de democratizar el mapa mediático, con mayor o menor vehemencia. En ciertos casos, fue una oportunidad única para combatir a los oligopolios y abrir el juego a otros sectores de la población menos tradicionales dentro del mundo informativo. En otros, un buen argumento para la conformación de un conglomerado de medios "amigos", pero con diversos resultados.
El 10 de junio de 2013, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó una reforma de telecomunicaciones para actualizar el marco regulatorio de radio y televisión, estancado desde 1960. La nueva ley impone sanciones a las empresas que controlan más del 50% del mercado, algo que allí ocurre con las compañías de TV abierta, cable, telefonía móvil y fija, y el servicio de Internet.
Existen dos grupos empresariales que acaparan gran parte del negocio: América Movil, del magnate Carlos Slim, que concentra el 61,5% del rubro telecomunicaciones; y Televisa, de Emilio Azcárraga, que posee el 67% de los televidentes.
La discusión en México se da entre quienes creen que la ley es un freno al poder de los pulpos mediáticos y quienes opinan que, en realidad, se trata de un intercambio de favores. Así lo sostiene Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, quien declaró que con la normativa "Televisa recibe su acceso a la telefonía y Carlos Slim recibe su canal televisivo. No estamos de acuerdo eporque lo único que hacen es diversificar los oligopolios". Es conocido el apoyo que Televisa dio a Peña Nieto en su carrera hacia la presidencia, allá por el año 2011, publicó Tiempo Argentino.
Voces críticas también consideran que la ley se recuesta en la regulación de un servicio público mercantilizado, sin comprender que la comunicación es un derecho humano básico e inalienable. Desde el diario La Jornada aseguraron que "tal vez la carencia más grave de la iniciativa se refiera al silencio que guarda sobre los medios comunitarios y sociales a través de concesiones de uso social sin fines de lucro y a que se reserve, cuando menos, el 3% del espectro para ello".
Uruguay también tiene su ley de medios cuando el pasado 29 de diciembre fue promulgada por el ex presidente José Mujica. Estipula que ninguna persona física o jurídica podrá tener más de seis licencias de TV en todo el país, ni más de tres si una de ellas está en la ciudad de Montevideo. Además, ningún proveedor de servicio de TV podrá tener más del 25% del total de hogares abonados al cable en el país.
La intención es ampliar el reparto de la torta mediática, actualmente concentrada en un oligopolio de tres empresas nacionales que dominan la televisión abierta: grupos Romay (Canal 4), De Feo-Fontaina (Canal 10) y Cardoso-Scheck (Canal 12). Desde hace algunos años, además, existen nuevos actores de la comunicación que empezaron a ejercer competencia, sobre todo en el mercado de la televisión por cable. El Grupo Clarín, por ejemplo, ofrece ese servicio para más de 100 mil abonados a través de Cablevisión. Mediante esa red, el grupo argentino se constituyó como un actor importante dentro del mercado uruguayo. El propio Mujica había hablado sobre el tema el año pasado: "La peor amenaza –dijo– es que todavía venga alguno desde afuera y se termine apropiando de estos medios. Más clarito: yo no quiero que Clarín, O Globo o (Carlos) Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay."
Pese a su corta vida, la ley uruguaya ya fue impugnada por una decena empresas, entre ellas DirecTV. Los operadores alegaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que la nueva regulación contradice diversos artículos de la Constitución y sostienen, como en otros países de la región, que afecta la libertad de expresión. El presidente Tabaré Vázquez decidió frenar su reglamentación hasta que la SCJ se pronuncie.
La situación es aún más compleja en Ecuador. La nueva Ley de Comunicación comenzó a regir el 14 de junio de 2013 y por estos días iniciará uno de sus procesos clave: realizará el primer concurso para comenzar a distribuir frecuencias de radio y televisión. Se trata del primer reparto establecido en la ley, que además regula el ámbito de la prensa escrita, y tiene entre sus pilares la conformación de un mapa comunicacional equitativo entre medios públicos, privados y comunitarios. Al igual que en la ley argentina, cada sector deberá tener en el futuro un tercio del espacio radioeléctrico.
Sin embargo, a casi dos años de su sanción, los especialistas consultados coincidieron en que su grado de aplicación y la proliferación de grupos cuyo único fin es apoyar al gobierno de Rafael Correa. Además, el sector privado todavía mantiene el poder de fuego con el que contaba en 2010, cuando apoyó el golpe de estado contra el presidente. También hubo fuertes cuestionamientos por la inclusión de la figura del "linchamiento mediático", que permite sancionar a periodistas ante la reiteración de informaciones difundidas "con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de cualquier persona". Frank La Rue, muy elogioso de la ley argentina, advirtió que la normativa ecuatoriana "tiene elementos que afectan gravemente la libertad de prensa".
Entre los países que más reclaman una nueva ley de medios pero que menos hacen en ese sentido aparece Brasil. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff insistió en la "regulación" económica de los medios porque "en cualquier sector en que hay una concentración de la propiedad cabe una regulación sobre la base económica". Su ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini, volvió a anunciar que el gobierno va a promover una ley para desconcentrar el mapa mediático y actualizar la normativa que rige desde 1962, pergeñada por la dictadura militar. Pero, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas.
Cada vez son más los países que coinciden en la necesidad de dar una discusión sobre su estructura de medios. Una batalla que, en algunos rincones, recién empieza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario