Por Luis Bruschtein
Cuando parecía que el año terminaba con la pirotecnia colorida de un supermartes de vacunas y ampliación de derechos, el Poder Judicial metió el buscapié con el rechazo de la domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou. Quedó claro que no se trata solamente del juego de la democracia, sino también de las rémoras de autoritarismo que fue acumulando el país en el transcurso de su historia.
El sofocante 2020 termina con esa imagen contrapuesta que ilustra el país de los argentinos: Ampliación de derechos y salud pública por un lado. Y por el otro, la inusitada decisión de un juez que tanto por el momento en que la decide como por el contexto de la causa que involucra, aparece como la ejecución pública de un acto disciplinador y de advertencia para los que festejan.
Las dos situaciones, tan opuestas en sus significados también se alinean en el plano político entre oficialismo y oposición. Durante el gobierno anterior, cuando el macrismo era gobierno y esa polarización era al revés, esas dos situaciones también los identificaban.
La IVE pudo aprobarse ahora y fue rechazada durante el macrismo; el gobierno macrista dejó que vencieran miles de dosis de vacunas y el de Alberto Fernández hizo que la Argentina fuera uno de los primeros países del planeta en comenzar la vacunación contra la epidemia.
Cuando perdió la votación por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) un sector del macrismo advirtió que judicializará el tema. Fue una forma de decir: “somos minoría en el Congreso y la sociedad, pero controlamos el Poder Judicial”. Al día siguiente, horas antes del comienzo de la feria judicial, salió la revocatoria a la domiciliaria de Boudou. El juez Daniel Obligado había pedido informes antes de tomar una decisión, pero por la fuerte campaña mediática lo hizo antes de que le llegaran los informes que había pedido.
El vicepresidente Boudou es una figura emblemática por todos los factores que rodean su detención. Fue el funcionario kirchnerista que terminó con el negociado multimillonario de las AFJP, en el que estaban involucrados también los grandes medios hegemónicos. Con esa medida evitó que fueran estafados millones de jubilados y, al rescatar las jubilaciones desde el Estado, permitió la creación de la Asignación Universal por Hijo.
Influenciada por los intereses que afectó Boudou, la oposición puso precio a su cabeza y comenzó una persecución judicial demoledora. Llegó a acumular 20 denuncias por temas insólitos, como la tenencia de autos de alta gama que en realidad nunca tuvo, por enriquecimiento ilícito que nunca se demostró, por una declaración de viáticos en el Senado cuando era vicepresidente y otra igual de absurda por la transferencia de un auto usado de los años '90 cuyo valor era el de una motoneta. Lo que importaba era armar ruido judicial para crear el clima de una condena mediática que luego se verificara en los tribunales, como sucedió.
Fue condenado en la causa Ciccone por la declaración de un solo testigo, Alejandro Vandenbroele, cuya declaración le fue retribuida con el equivalente de más de cinco millones de pesos actuales por el Programa de Testigos Protegidos. Gracias a su declaración, Vandenbroele es ahora feliz propietario de un hotel posada en el centro turístico de Chacras de Coria, en Mendoza.
Boudou apeló su condena ante la Corte. Es un ex vicepresidente que muestra esa colección de denuncias como prueba de la persecución de la que fue víctima. Su juicio implica un conflicto institucional complejo, pero la Corte confirmó la sentencia en tiempo récord sin molestarse siquiera en fundamentar su decisión.
Cuando el gobierno está negociando duramente con el FMI por la deuda, con los grandes laboratorios por las vacunas, con las grandes fortunas por su aporte extraordinario, con las corporaciones mediáticas por el plan básico universal obligatorio para telefonía, internet y TV paga, el ensañamiento judicial con Boudou constituye una amenaza para los funcionarios que intervienen en esas negociaciones.
Mientras en el Poder Judicial se producen estas situaciones que se anotan en la columna del Debe, en la política se producían otras que se inscriben en el Haber. El martes confluyó la resolución de tres temas centrales: El comienzo de la vacunación contra la covid-19 y la aprobación del IVE y del nuevo índice para actualizar las jubilaciones.
Un sector de la oposición y los medios hegemónicos trataron de ocultar la importancia de que la Argentina estuviera entre los primeros países que comenzaron a vacunar. Como se ha dicho, la Sputnik V tiene aprobación de emergencia de organismos internacionales y locales.
Ninguna vacuna terminó el tiempo estipulado para la fase tres, pero las que aprobaron de emergencia fue porque ya tenían resultados que prueban su efectividad y la inexistencia de consecuencias negativas. La fase 3 de la Sputnik termina en mayo y la de Pfizer en julio. La llegada de la vacuna aparece como un salvavidas frente al retroceso en la responsabilidad social para mantener las precauciones sanitarias. La responsabilidad política busca subsanar en este caso la baja responsabilidad social.
Que Argentina haya empezado a vacunar y ya tenga asegurada la provisión de vacunas de diferentes fuentes constituye una muestra de la inserción internacional estratégica del país con el gobierno de Alberto Fernández. Es un hecho concreto, más allá de los discursos macristas, que en dos años de gobierno se habían quedado aislados, sin fuentes de crédito y tuvieron que rogarle a Donald Trump para que afloje el bolsillo del FMI.
En contraste con un mundo desesperado por conseguir las vacunas, el programa de vacunación en el país tiene un horizonte completo hasta mediados del año que empieza.
La legalización del aborto que decidió este martes el Senado implica también la resolución de un problema grave de salud pública, como lo encaró el gobierno. Con esta decisión bajará la cantidad de mujeres que mueren por año en abortos clandestinos. También tiene una inmensa carga simbólica porque significa un paso en la deconstrucción de un soporte del sistema de jerarquías y desigualdades patriarcales que constituyen un lastre del pasado.
El gobierno cumplió de esa manera con una promesa de la campaña electoral y al mismo tiempo se esforzó para no convertir esta problemática en un factor de división. Eligió instalar el tema en el campo de la salud pública y evitó el religioso. Y al mismo tiempo dejó en libertad a sus legisladores, algunos de los cuales votaron en contra. El 64 por ciento de los senadores del Frente para la Victoria votó a favor. Y el 40 por ciento de los de Juntos por el Cambio, también.
En este caso la voluntad política no se hubiera concretado si no se hubiera apoyado en una inmensa movilización de mujeres. Hubo un reclamo en la calle que fue tomado y elaborado desde la representación política.
El tercer elemento fue la aprobación, también el martes, de la fórmula para actualizar a las jubilaciones. La nueva ecuación reemplazará a la que impuso el gobierno de Mauricio Macri, atada a la inflación. La fórmula está compuesta por un índice de aumentos salariales y por el aumento de la recaudación de la Anses, que son valores que incluyen a la inflación pero que además permiten que la jubilación crezca progresivamente más allá de la pauta inflacionaria.
Estos procesos de la política se dieron en el marco de una pandemia que hizo replegar a la sociedad, limitó la socialización, esparció el temor o la irresponsabilidad y frenó los motores de la economía. Aún así, la política pudo funcionar. Fue una forma buena de terminar un año malo.
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