Las elecciones tucumanas de la semana pasada y las decisiones
judiciales posteriores ingresan a la nómina del grotesco en la historia
política argentina. Eso se produce pese a la “riqueza” de nuestra
historia política, que ha soportado décadas de fraude electoral
desembozado y generalizado (en el Régimen Oligárquico y la Década
Infame), proscripciones a los partidos políticos mayoritarios (a los
radicales en los años ’30, a los peronistas en los años ’50, ‘60 y ’70),
golpes de estado que se hacían en nombre de la “Libertad”, la
“Constitución” y la “República”, e incluso una Reforma Constitucional,
la de 1957, decidida por un dictador militar, con el partido mayoritario
proscripto, y el segundo partido retirándose de la “Convención
Constituyente” tan precariamente convocada. Sin embargo, en esta rica
historia nunca, pero nunca, se habían repetido unas elecciones. Algo
realmente novedoso.
Los hechos vistos en Tucumán no resultaron
demasiado extraordinarios. Algunas actas mal completadas, por picardía o
ignorancia. Una decena de urnas quemadas (aparentemente por
simpatizantes de los mismos denunciantes) en localidades pequeñas.
Denuncias de “clientelismo” con prácticas que no son novedosas, y que se
pueden ver en cualquier provincia, realizadas por los más diversos
partidos políticos. De un total de más de 3600 urnas, las denuncias
alcanzaban a apenas una docena.
El candidato perdedor (por casi
12%) grita fraude. Consigue un amparo. Se presenta a una Cámara en lo
Contencioso administrativo –que no tiene jurisdicción sobre el caso-. Y
aquí empieza lo más jugoso: la Cámara se arroga competencia declarando
inconstitucional una ley que se la negaba. Aplica esa decisión hacia
atrás, toma el caso, y decide anular las elecciones y ordenar se
realicen de nuevo… Las pruebas son notas periodísticas. Ni a Kafka ni a
García Márquez se les ocurrió algo así.
El gobernador saliente,
José Alperovich, declara que es imposible realizar elecciones antes de
su partida, el 29 de octubre, y que la ley de acefalía provincial no
prevé una situación tan grotesca. Diversos dirigentes políticos y
juristas comienzan a analizar si corresponde o no una intervención
federal para evitar que la provincia quede acéfala. Todo esto mientras
se comienza una apelación ante instancias superiores: la Suprema Corte
Provincial, cuya decisión podrá a su vez ser apelada ante la Suprema
Corte Nacional. No parece un trámite demasiado rápido.
Diversos
juristas han opinado sobre el fallo. El más duro ha sido Eduardo
Barcesat quien señaló que la decisión “es aberrante y arrasa el
principio de deber de obediencia de la Constitución Nacional, por lo
tanto es una conducta sediciosa que alguien se invista de autoridad
electoral cuando no tiene atribuciones”, agregando “Es un fallo que
trasciende los límites del lenguaje normativo. Se desconoce en forma
flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un
tribunal incompetente”.
El jurista santafesino Domingo Rondina
opinó a su vez : “Los jueces no pueden meterse en lo que la ley no les
permite”, mientras que para Diego Barovero se trata de una situación de
“prevaricato judicial”.
El periodista (y abogado) Mario Wainfeld,
de Página 12, agrega inteligentemente que si la elección se anula, como
señala el fallo, por la presencia de prácticas clientelìsticas, parece
difícil que este problema se pueda resolver de aquí a uno, diez o cien
meses, por lo que en la provincia de Tucumán, siguiendo la lógica del
fallo, no podría votarse nunca más…
Para advertir lo grotesco de
la situación, quizás lo mejor sea proyectarlo a las próximas elecciones
nacionales del 25 de octubre. Imaginemos que esa instancia un candidato
presidencial obtiene el 41% de los votos, frente a un perdedor con el
29% -que es más o menos lo que hoy dan las encuestas-. Imaginemos que el
candidato perdedor comenzara a gritar “fraude”, y lograra como en
Tucumán un amparo de uno de esos jueces de birome ágil que vienen
pululando en estos años. Luego podría encontrarse algún juez con una
creatividad similar a la de los colegas tucumanos, poco importa que sea
del fuero comercial, civil, penal o contencioso administrativo –mientras
tenga chapa sirve- que anule las elecciones y exija un “replay”. A unos
40 días del 10 de diciembre, sería materialmente imposible resolver el
berenjenal político-judicial y convocar elecciones. Se llegaría al 10 de
diciembre, a la finalización del mandato de Cristina Fernández, sin
tener un reemplazante en condiciones de asumir. Tampoco podría
reemplazarla el presidente provisional del Senado, hoy Gerardo Zamora,
porque todos los cargos de Presidente y vicepresidente de las cámaras
legislativas cesarían ese mismo diez de diciembre. Eso no sería lo peor:
tampoco podrían asumir los nuevos gobernadores e intendentes recién
elegidos, los nuevos diputados y senadores. El poder ejecutivo quedaría
acéfalo en su nivel nacional y en muchas Provincias y Municipios. El
Congreso quedaría mutilado, con sólo los representantes elegidos en
2013, sin autoridades parlamentarias, y sin saber como se integran las
comisiones.
Para colmo de males, la Corte Suprema también se
encuentra en una situación cuando menos atípica. Integrada según la ley
por cinco jueces, tiene cuatro desde diciembre ante la renuncia de Raúl
Zaffaroni, que alcanzó la edad de jubilarse para un magistrado (75).
Debía elegirse un reemplazante, por dos tercios de los votos del Senado,
pero el Senador radical por Jujuy Gerardo Morales declaró el año pasado
que la oposición se había puesto de acuerdo en no elegir un sucesor
hasta 2016 –incluso firmaron un documento-. Los reclamos judiciales del
oficialismo no tuvieron eco, y el Presidente de la Corte, Ricado
Lorenzetti, declaró en diversos medios y varias veces que la corte
funciona “perfectamente” con 4 miembros. Entre los 4 miembros se cuenta
Carlos S. Fayt, de 97 años y medio, que fue protagonista de un
escandalete cuando firmó desde su casa la re-re-reelección de Lorenzetti
como Presidente de la Corte, realizada con premura ocho meses antes de
la fecha habitual.
Fayt, acerca de cuya salud física y mental se
han hecho muchas conjeturas en los últimos meses, y que ha salido poco
de su casa en el último año, ha presentado su renuncia a partir del 11
de diciembre de 2015. Le ha sido aceptada.
En definitiva, el 11 de
diciembre podemos encontrarnos sin Presidente, sin la mitad de los
Gobernadores, sin la mitad de los legisladores de ambas Cámaras, sin
autoridades o comisiones parlamentarias, con la falta de una multitud de
intendentes, y con una Corte Suprema a la que le faltarán 2 de sus 5
miembros presidida por un magistrado reelegido de una manera realmente
extravagante.
Sería un escenario de caos institucional, al que
esperamos que no se llegue. En una situación de este tipo ha puesto a la
provincia de Tucumán el reciente fallo, con la única salvedad de que el
poder judicial de dicha provincia tiene una composición normal. Lo
grotesco de la situación muestra a las claras lo absurdo del fallo.
La
democracia es el gobierno del pueblo, que elige a sus representantes a
través del voto. Habría que avisarles a nuestros jueces…
Adrián Corbella
18 de septiembre de 2015
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