A partir de la visita de Ricardo Lorenzetti a la muestra 40 años de periodismo argentino, promovida por Luis Majul.
Hace unos días, el juez Ricardo Lorenzetti visitó la muestra
40 años de periodismo argentino. Allí, el titular de la Corte Suprema se
dejó fotografiar sonriente por su equipo de prensa junto al promotor de
esa caricatura del periodismo criollo en formato museo, Luis Majul. Al
día de hoy no hay registro público de una visita del ministro de la
Corte a la ex ESMA, ni a la carpa villera, ni a la marcha de las Madres
de Plaza de Mayo. Una lástima, que no invalida el soberano derecho de un
juez a elegir dónde mostrarse públicamente.
Decir "su equipo de prensa" es literal: el Centro de Información Judicial (CIJ) es en verdad un portal al servicio exclusivo del juez de Rafaela. En su home pueden encontrarse sin mayor dificultad la "carta abierta" del juez Bonadio a la flamante presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez (la primera mujer en presidir el órgano), en la que el magistrado federal le recuerda en tono imperativo, más propio de una madriguera que de un portal institucional, que "usted en mi despacho habló". También se leen las declaraciones de la Asociación de Magistrados, el gremio de los jueces, respecto de la "independencia judicial" y contra el "avasallamiento K", y hasta los llamados a medidas de fuerza del sindicato que conduce Julio Piumato, en rechazo al "ajuste" (sic) en la justicia, como si la Corte, que la administra, no tuviera ninguna responsabilidad. Naturalmente, de Justicia Legítima sólo se encuentra el texto fundacional del movimiento, suscripto en 2012, cuando todavía estaba en plena formación. De sus múltiples declaraciones posteriores, nada.
Todo cierra
Las definiciones políticas que Lorenzetti evita hacer mediante su parca y monocorde oratoria, las afirman sin sutilezas las entidades corporativas que protagonizan el sistema judicial. Y sus fotos.
El sitio de noticias de la Corte fue creado en mayo de 2006. El menemista Nicolás Reyes era todavía el administrador general del Poder Judicial; hoy es el rafaelino (como Lorenzetti) Héctor Marchi. La página web nació como órgano político del Tribunal, que Lorenzetti hegemoniza desde entonces. Fue el producto de la Primera Conferencia Nacional de Jueces, reunión anual de magistrados, que oficia como asamblea inorgánica, no vinculante, pero sintomática de los objetivos estratégicos del Partido Judicial: generalmente, conseguir más dinero y manejar discrecionalmente el presupuesto.
Desde luego, es la derecha la que siempre politizó sutilmente el Poder Judicial, no Alejandra Gils Carbó. De ahí que el renovado ataque conservador a la procuradora por "la línea generalizada de politización del Ministerio Público", no sólo sea una flagrante contradicción (justamente, el Ministerio Público tiene la función de defender la legalidad según el interés general, intervenir jurídicamente en función de esos intereses colectivos y mayoritarios, para lo cual debe actuar en forma independiente y autónoma del Poder Judicial), sino, además, un planteo político.
Para la derecha, que la procuradora defina una política criminal que no persiga a los pobres, sino el lavado de dinero, la criminalidad económica, la violencia de género, la trata de personas, los delitos de lesa humanidad cometidos por personal militar y también por civiles (empresarios, ponele), y procure el acceso a la justicia de los segmentos más vulnerables de la estructura social, es "politizar el Ministerio Público".
A propósito, la Asociación de Fiscales y Funcionarios (AFFUN), que emitió una declaración política contra la procuradora, afirma en su estatuto que sus objetivos son defender y afirmar la integridad profesional garantizada por la Constitución al Ministerio Público Fiscal y afianzar su dimensión institucional en el servicio de justicia. Precisamente, nunca jamás la dimensión institucional y la integridad profesional de los fiscales se vieron tan afianzadas como a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que tiene tan preocupados a muchos jueces, y sobre el cual la AFFUN aún no se pronunció. Raro. Desde luego, la omisión de la entidad que preside el fiscal Carlos Donoso Castex también es política. Tan política como oponerse a la Ley de Ingreso Democrático, el pago de ganancias como cualquier asalariado y la democratización de la justicia.
Así, este ateneo de fiscales actúa como una corporación dentro de la gran corporación, nucleada hace más de 80 años en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, histórico gremio de los Señorías.
Por si los editores del CIJ lo olvidan, esa asociación, que colorea con sus declaraciones políticas el perfil técnico que Lorenzetti disimula en su sitio de prensa, nació en 1928 y fue testigo privilegiada (y muda) de la tristemente célebre Acordada del máximo tribunal en 1930, que convalidó el primer golpe de Estado argentino. A partir de 1976, en tanto, esa misma mutual de jueces, no sólo no cuestionó el golpe, ni alzó su potente voz institucional para denunciar el genocidio, sino que pactó con la Corte de la dictadura la compra de un edificio en la calle Lavalle, donde aún hoy funciona la asociación.
Es patológica la relación entre jueces y política. Histérica. Cuando fue tiempo de dictaduras, o de gobiernos civiles funcionales al interés del poder económico, la mayoría de los jueces mantuvo una posición distante y prescindente. Dejó al vulgo el barro de la política, mientras ellos, los magistrados, sólo hablaban a través de sus sentencias, protegidos por los delicados cristales desde donde contemplan el mundo, al sol de sus privilegios de casta: no pago del impuesto a las ganancias, un 82% móvil de jubilación, y cargos vitalicios. Cuando hubo genocidio por balas, hambre y desempleo en la Argentina, la asociación profesional de los jueces se refugió en sus demandas corporativas (la intangibilidad de los salarios, la compra de la sede social, la gestión de créditos para sus afiliados), pero no asumió para sí su deber como último garante del interés general, en momentos que la sociedad democrática y el estado de derecho estaban siendo sitiados.
Se entiende: la derecha judicial piensa igual que aquellos que respondieron "no jodan con Perón" cada vez que fue tensionada hacia la izquierda la identidad ideológica del peronismo. Para los Ricardo Sáenz, Marijuan y Donoso Castex, es "no jodan con la Justicia". Cualquier parecido entre Recondo y Julio Bárbaro es más que una asociación libre.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2015/01/08/politica-180253-el-partido-judicial-quiere-ficcion.php
Decir "su equipo de prensa" es literal: el Centro de Información Judicial (CIJ) es en verdad un portal al servicio exclusivo del juez de Rafaela. En su home pueden encontrarse sin mayor dificultad la "carta abierta" del juez Bonadio a la flamante presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez (la primera mujer en presidir el órgano), en la que el magistrado federal le recuerda en tono imperativo, más propio de una madriguera que de un portal institucional, que "usted en mi despacho habló". También se leen las declaraciones de la Asociación de Magistrados, el gremio de los jueces, respecto de la "independencia judicial" y contra el "avasallamiento K", y hasta los llamados a medidas de fuerza del sindicato que conduce Julio Piumato, en rechazo al "ajuste" (sic) en la justicia, como si la Corte, que la administra, no tuviera ninguna responsabilidad. Naturalmente, de Justicia Legítima sólo se encuentra el texto fundacional del movimiento, suscripto en 2012, cuando todavía estaba en plena formación. De sus múltiples declaraciones posteriores, nada.
Las definiciones políticas que Lorenzetti evita hacer mediante su parca y monocorde oratoria, las afirman sin sutilezas las entidades corporativas que protagonizan el sistema judicial. Y sus fotos.
El sitio de noticias de la Corte fue creado en mayo de 2006. El menemista Nicolás Reyes era todavía el administrador general del Poder Judicial; hoy es el rafaelino (como Lorenzetti) Héctor Marchi. La página web nació como órgano político del Tribunal, que Lorenzetti hegemoniza desde entonces. Fue el producto de la Primera Conferencia Nacional de Jueces, reunión anual de magistrados, que oficia como asamblea inorgánica, no vinculante, pero sintomática de los objetivos estratégicos del Partido Judicial: generalmente, conseguir más dinero y manejar discrecionalmente el presupuesto.
Desde luego, es la derecha la que siempre politizó sutilmente el Poder Judicial, no Alejandra Gils Carbó. De ahí que el renovado ataque conservador a la procuradora por "la línea generalizada de politización del Ministerio Público", no sólo sea una flagrante contradicción (justamente, el Ministerio Público tiene la función de defender la legalidad según el interés general, intervenir jurídicamente en función de esos intereses colectivos y mayoritarios, para lo cual debe actuar en forma independiente y autónoma del Poder Judicial), sino, además, un planteo político.
Para la derecha, que la procuradora defina una política criminal que no persiga a los pobres, sino el lavado de dinero, la criminalidad económica, la violencia de género, la trata de personas, los delitos de lesa humanidad cometidos por personal militar y también por civiles (empresarios, ponele), y procure el acceso a la justicia de los segmentos más vulnerables de la estructura social, es "politizar el Ministerio Público".
A propósito, la Asociación de Fiscales y Funcionarios (AFFUN), que emitió una declaración política contra la procuradora, afirma en su estatuto que sus objetivos son defender y afirmar la integridad profesional garantizada por la Constitución al Ministerio Público Fiscal y afianzar su dimensión institucional en el servicio de justicia. Precisamente, nunca jamás la dimensión institucional y la integridad profesional de los fiscales se vieron tan afianzadas como a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que tiene tan preocupados a muchos jueces, y sobre el cual la AFFUN aún no se pronunció. Raro. Desde luego, la omisión de la entidad que preside el fiscal Carlos Donoso Castex también es política. Tan política como oponerse a la Ley de Ingreso Democrático, el pago de ganancias como cualquier asalariado y la democratización de la justicia.
Así, este ateneo de fiscales actúa como una corporación dentro de la gran corporación, nucleada hace más de 80 años en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, histórico gremio de los Señorías.
Por si los editores del CIJ lo olvidan, esa asociación, que colorea con sus declaraciones políticas el perfil técnico que Lorenzetti disimula en su sitio de prensa, nació en 1928 y fue testigo privilegiada (y muda) de la tristemente célebre Acordada del máximo tribunal en 1930, que convalidó el primer golpe de Estado argentino. A partir de 1976, en tanto, esa misma mutual de jueces, no sólo no cuestionó el golpe, ni alzó su potente voz institucional para denunciar el genocidio, sino que pactó con la Corte de la dictadura la compra de un edificio en la calle Lavalle, donde aún hoy funciona la asociación.
Es patológica la relación entre jueces y política. Histérica. Cuando fue tiempo de dictaduras, o de gobiernos civiles funcionales al interés del poder económico, la mayoría de los jueces mantuvo una posición distante y prescindente. Dejó al vulgo el barro de la política, mientras ellos, los magistrados, sólo hablaban a través de sus sentencias, protegidos por los delicados cristales desde donde contemplan el mundo, al sol de sus privilegios de casta: no pago del impuesto a las ganancias, un 82% móvil de jubilación, y cargos vitalicios. Cuando hubo genocidio por balas, hambre y desempleo en la Argentina, la asociación profesional de los jueces se refugió en sus demandas corporativas (la intangibilidad de los salarios, la compra de la sede social, la gestión de créditos para sus afiliados), pero no asumió para sí su deber como último garante del interés general, en momentos que la sociedad democrática y el estado de derecho estaban siendo sitiados.
Se entiende: la derecha judicial piensa igual que aquellos que respondieron "no jodan con Perón" cada vez que fue tensionada hacia la izquierda la identidad ideológica del peronismo. Para los Ricardo Sáenz, Marijuan y Donoso Castex, es "no jodan con la Justicia". Cualquier parecido entre Recondo y Julio Bárbaro es más que una asociación libre.
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http://www.infonews.com/2015/01/08/politica-180253-el-partido-judicial-quiere-ficcion.php
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