Arriba : Una extraña forma de entender la libertad de prensa. Juicio penal a periodistas por sus opiniones...
"La única libertad de expresión que está en riesgo en la Argentina es la de los periodistas que no aceptamos subordinarnos a los dictados de una empresa monopólica."
Como a los
accionistas del Grupo Clarín S.A. no les gusta lo que opino, le pidieron a un
juez que me meta preso (causa 12383/2012, Juzgado Federal 9, radicada el jueves
22), junto a un grupo de colegas y funcionarios que tampoco dicen lo que ellos
quieren que se diga.
Lo hicieron a través
de un escrito que lleva las firmas del apoderado de la empresa monopólica, José
María Sáenz Valiente (ver recuadro aparte); el letrado patrocinante de
Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa por la apropiación
ilegal de Papel Prensa, Hugo Wortman Jofre; y Alejandro Pérez Chada, el abogado
del multiprocesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
El Grupo Clarín S.A.
entiende que su derecho a la libertad de expresión es superior al que me asiste
a mí para expresar lo que pienso en un país libre y democrático, y exige que se
me aplique una mordaza judicial en el marco del Derecho Penal, nada menos. La intención
es clara: producir en los periodistas que no repiten lo que Magnetto quiere
escuchar el temor a la represalia y silenciar así la crítica como parte de una
estrategia general de blindaje a su patrimonio excedido, que deberá adecuar a la Ley de Medios de la democracia
antes del 7D.
Este episodio
demuestra que la única libertad de expresión que está en riesgo en la Argentina es la de los
periodistas que no aceptamos subordinarnos a los dictados de una empresa
monopólica que, cuando tuvo en sus manos la custodia de esa misma libertad de
expresión de la que se dice ahora cínicamente garante, ocultó el genocidio
sangriento de Videla & Cía, sin que se haya conocido hasta el presente
autocrítica alguna de parte de sus directivos.
Son los mismos que
se reunían con el general represor Bartolomé Gallino, a cargo de la confección
de los interrogatorios que luego se perpetraban contra los integrantes de la
familia Graiver, para despojarlos de las acciones de Papel Prensa para quedarse
con el monopolio de la fabricación del papel para diarios, piedra basal de su
posterior multimedio monopólico.
Fue así que
aumentaron sideralmente su rentabilidad, su patrimonio y su participación
abusiva en el mercado gráfico: asfixiando a los medios más chicos, haciéndolos
quebrar financieramente, destruyendo empleo en el gremio de prensa y ejerciendo
el más crudo control de contenidos sobre cualquier emprendimiento disidente que
no se prestara a ser satélite de sus intereses económicos y políticos.
Participaron de este modo militante de la perversa idea de que suprimiendo al
otro se solucionaban todos los males.
Cuando se quiera
mensurar el tamaño de la censura periodística que aplicó el Grupo Clarín S.A. a
la sociedad argentina en aquella época trágica, basta con ir hasta cualquier
hemeroteca, pedir las ediciones de los siete años que duró la dictadura
cívico-militar y cotejarlas con la "Carta Abierta a la Junta Militar"
que escribió Rodolfo Walsh antes de ser detenido y desaparecido por los mismos
depravados que gozaban viendo cómo Lidia Graiver se retorcía en el camastro de
tortura para robarle su empresa y entregársela al Grupo Clarín S.A., en
sociedad con La Nación S.A.
Mientras los cuerpos
de miles de desaparecidos eran arrojados de los aviones al Río de la Plata, Eduardo Van der Kooy,
editorialista actual del diario Clarín, era distinguido por Videla como “joven
periodista brillante” y Joaquín Morales Solá se desempeñaba como panoramista
político de un país donde había exceso de horror y nada de política, sólo
intrigas entre las Tres Armas, con un baño de sangre de argentinos como telón
de fondo. No se recuerda una sola nota de ellos, por aquel tiempo, explicando
de dónde venían esos cuerpos comidos por los peces que aparecían hinchados en
las costas uruguayas y argentinas. Con la honrosa excepción de algunas notas de
Oscar Raúl Cardoso y María Elena Walsh, el diario de Clarín S.A. –y qué decir
de La Nación S.A.–
se convirtió en un gran naturalizador del terrorismo de Estado y sus secuelas
en la vida cotidiana, que continúan hasta hoy. Faltan recuperar todavía 400
nietos de las garras de sus apropiadores.
Ese grupo
empresarial ahora le exige a un juez que me calle utilizando el Código Penal
como garrote. Avanzamos mucho, por suerte. Si esto hubiera ocurrido 36 años
atrás, les hubiera resultado mucho más sencillo y hasta menos costoso.
Pero, mejor, vayamos
a los hechos. ¿Qué es lo que se me imputa? Haber asistido como invitado al
programa 6,7,8 el 4 de octubre, a analizar la sublevación de gendarmes y
prefectos, cuando esa misma tarde Chiche Gelblung, en Radio Mitre, del Grupo
Clarín S.A., había sacado por radio a Aldo Rico en apoyo de la revuelta. Copio
textual mis dichos, por los que se me inicia la demanda: "¿Qué creo yo,
digamos, de lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de
desestabilización. Cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las
fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz
de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones
que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice: ‘¿en qué país
estamos?’ Y, la verdad, me parece que esto forma parte de una estrategia de
incendio en la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el
Grupo Clarín S.A., de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien
con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la
sociedad argentina, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina,
pero también provoca, quizás, que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Cuando uno
ve un uniforme haciendo lo que no es su función específica, a cualquier
argentino se le eriza la piel…"
Asociar desde Radio
Mitre al ex carapintada Aldo Rico, el que se alzó contra la democracia en
tiempos de Raúl Alfonsín, con la insubordinación de gendarmes y prefectos, una
vez que la situación salarial esgrimida ya había sido solucionada, permite
pensar que la intención del Grupo Clarín S.A. fue la de fogonear
insistentemente desde sus múltiples licencias excedidas algún tipo de desenlace
del conflicto por vías no institucionales, y eso obedece a una estrategia de
incendio de la calle, sin lugar a dudas, para desestabilizar a la autoridad
democráticamente elegida. Además, no fue un movilero inexperto el que
casualmente sacó a Rico al aire para que se solidarizara con los amotinados:
fue "Chiche" Gelblung, director de la revista Gente durante la
dictadura, que acaba de cerrar un acuerdo con el Grupo Clarín S.A. para hacer
cinco horas de programa matutino y dos al regreso por Radio Mitre en 2013, por
lo cual es evidente que los accionistas de la empresa comparten criterio
editorial y viceversa con el propio Gelblung. Eso puede decir mucho o poco
sobre el asunto en cuestión. Al fin de cuentas, son mis opiniones. Pero las
mías no están manchadas con sangre.
La consultora de
medios Grupo Identidad hizo un trabajo mucho más fino sobre lo ocurrido. Se
publicó el 13 de noviembre en Tiempo Argentino. Dice así: "De acuerdo con
un estudio de tratamiento mediático sobre noticias policiales aparecidas en TV
abierta y de cable en los primeros días de octubre pasado –es decir, mientras
se desarrollaba la protesta de gendarmes y prefectos–, el promedio de noticias
emitidas creció de las 180 que se computan en un mes estándar hasta alcanzar
las 323, con picos de 600 en los días de mayor intensidad. De las 3232 noticias
policiales publicadas del 1 al 10 de octubre, 1420 fueron acaparadas por los
reclamos de las dos fuerzas de seguridad antes mencionadas. Esto significa que
logró una concentración del 44 por ciento. La señal TN, del Grupo Clarín,
lideró el ranking con 728 registros." Y concluye: "Sin dudas, se
erigió así como el principal canal emisor del conflicto. A esto se suma que la
señal transmitió en vivo, durante tres jornadas, la protesta de gendarmes y prefectos
desde los edificios Guardacostas y Centinela a través de la web." Por esta
razón, el estudio se pregunta si en esos diez días "disminuyó el delito en
la Capital Federal
o disminuyó su construcción y representación en los medios audiovisuales, privilegiando
un tema de neto corte político". También se marcó que, hacia el interior
de los medios analizados, "el conflicto adquirió un status de ‘crisis
institucional’ y la protesta se derramó a los programas políticos como ningún
otro tema en estos cincos meses".
De las 75 horas de
aire dedicadas a cubrir hechos policiales, "el 45 por ciento (34 horas)
fueron para el pedido de gendarmes y prefectos". Y en cuanto a la
cobertura dada por las señales de cable: "TN casi duplica en registros a
los cuatro canales que le siguen, muy parejos entre sí: C5N, A24, Crónica TV y
Canal 26" (todos ellos, tan privados como TN). Sobre las señales de aire,
si bien hubo mayor paridad, el Grupo Clarín también fue líder: "Canal 13
tuvo 250 registros; Telefe 223 y Canal 9 202. Por su parte, Canal 7 estuvo
penúltimo, con 122 registros." Finaliza el estudio de Grupo Identidad:
"Haciendo el corte por tipo de tema, la protesta ganó la pantalla con una
proporción de 6 a
1 en relación al segundo tópico en relevancia, el caso del testigo Alfonso
Severo."
¿Por qué no pensar
que el Grupo Clarín S.A. construyó desde el conflicto salarial una situación de
estrépito y desgobierno para hostigar mediáticamente a las autoridades
democráticas, lo cual es un hecho grave y merece ser dicho para que las
audiencias no sean cautivas de estrategias que no las tienen en cuenta como
sujetos del derecho a la comunicación sino como base de maniobra de sus
operaciones políticas?
Decirlo para mí es
una obligación profesional. Parte del compromiso que asumí hace más de 20 años
cuando me dediqué al periodismo y callarme no está en mis planes.
Al Grupo Clarín S.A.
le molestan mis opiniones sobre los sucesos de octubre. Pero mucho más que un
grupo de periodistas-trabajadores de prensa hayamos fundado Tiempo Argentino en
2010, donde publicamos lo que ellos jamás hubiesen publicado. Expandimos el
horizonte de opinión de nuestra democracia. Enriquecimos el debate público.
Contribuimos a la pluralidad de voces. Estamos orgullosos de hacerlo todos los
días.
Somos hijos de las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Colegas en el tiempo de Walsh, Haroldo
Conti, Paco Urondo y los otros 100 periodistas devorados por el genocidio.
Queremos un país
mejor para nuestros hijos y lo vamos a hacer.
No es con la
estigmatización mediática, el apriete judicial o directamente la cárcel que los
intolerantes nos van a silenciar.
Ni lo sueñen.
* Director fundador
de Tiempo Argentino
Una tanqueta judicial de más de 60 abogados y un martínez de hoz
Una tanqueta judicial de más de 60 abogados y un martínez de hoz
José María Sáenz Valiente es el titular del bufete de abogados del Grupo Clarín S.A., con oficinas en Puerto Madero. Sus socios o empleados integran como apoderados o directores todas las empresas del monopolio, además de litigar en distintos fueros por los intereses patrimoniales de esas mismas firmas, bajo la supervisión atenta de Jorge Rendo, el operador judicial de Héctor Magnetto. En total, son 65 abogados, una verdadera tanqueta jurídica. Sus nombres: Jorge de la María Martínez de Hoz, José María Sánez Valiente (h), María Lucila Romero, Eduardo Alberto Lohidoy, Martín Ríos, Mariano Castaños, Carla Andrea Milanese, Nathalia Conci, Milagros Paez, Diego Gabriel Sigal, Carolina Tiscornia, Sofía Sívori, Luis María Novillo Linares, Eduardo María Sáenz Valiente, Damián Cassino, Matías Fredriks, Mariela Schlikerman, Nicolás Novoa, Rafael Pizarro, Gustavo A. Kraus, Hernán Frosone, Federico García,Rodrigo Miguel, Lucas Cinto Corteaux, Andrés Enrique Torres, Cristina Carolina Carro, Vanesa Claudia Rodríguez, Ezequiel Nicolás Signorali, Juan Pablo Chidichimo, Leonardo José Tezanos Pinto Balbiani, Bárbara Blaiotta Herrá, Pablo César Casey, Juan Sebastián Delmar, Lucrecia María Delfina Moreira, Diego Deveraux, Claudia Irene Ostergaard, Paula del Campo, Martín Guillermo Ríos, José María Méndez Acosta, Alicia Eugenia Sánchez, Julieta Ana Filippetti, Mariángeles Davide, María Cecilia Irigoyen, Eugenia Prieri Belmonte, Maximiliano Palermo, Carlos María del Campillo, Bruno Carlos Sizano, Bernardo Agustín Donada, Agustín Matías Legón Marienhoof, Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz, Juan Harilaos, Eduardo Gabriel Cavallo, Alejandro Carrió, Federico Agustín Black, Adela Alicia Eugenia Sánchez Avelino, Marcelo Alejandro Martikian, Mariano Castaños Zemborain, Rodrigo Sebastián Miguel y Paula del Campo. A los que se suman, según las circunstancias, Wortman Jofre y Pérez Chada. Acá están muchos de los fabricantes de cautelares que impiden, entre otras cosas, la aplicación integral de la Ley de Medios, y algunos de los que habitualmente comparten viajes al exterior con funcionarios judiciales y políticos donde hablan de temas de interés común. El listado no es un misterio, aunque nunca se haya publicado. Está disponible en Google y en cada uno de los juzgados donde litigan y dejan las actas constitutivas de las sociedades que los emplean.
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