En un tiempo, el término “operación mediática” podía
referirse a una transmisión en directo desde el quirófano. En esta época ya no
quedan inocentes en relación con los medios. No por eso no deja de sorprender
que la utilización de este recurso ya impregne todos los estamentos de la
sociedad, en especial el judicial. En estos tiempos, los abogados han tenido
que aprender técnicas de venta y de oratoria y también de utilización de los
medios. En un juicio siempre es importante tener a los medios de su lado. Esta
“impregnación mediática” de todas las actividades habla también del inmenso
poder que van adquiriendo los medios en estas sociedades.
Una demostración impecable de operación mediática fue la del
juez Ricardo Recondo, representante de la corporación judicial en el Consejo de
la Magistratura.
Claro que en este caso el gran interesado era el propio
cartel mediático y el juez allí era un mero intermediario. La estrategia fue
lanzar una gran cortina de humo con el respaldo de toda la corporación de
grandes medios, tanto del Grupo Clarín como de La Nación, para denunciar una
supuesta operación para manipular la designación del juez que deberá dictaminar
sobre la legitimidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o
sea el artículo de desmonopolización.
Como el tero, que pone en un lado el huevo y pega el grito
en otro, mientras el procedimiento normal era denunciado como amañado, Recondo
ponía en funcionamiento un mecanismo forzado para apartar al Consejo de la Magistratura y así
designar él mismo con otro juez, al magistrado que deberá decidir si se vuelve
a dar marcha atrás la aplicación de una ley que fue sancionada por el Congreso.
Recondo fue la estrella de los programas periodísticos de TN
y Canal 13. Hubo editoriales en Clarín y La Nación que ponían a este operador judicial en el
rango de héroe justiciero y lo que en realidad estaba haciendo era crear
condiciones favorables para que el Grupo Clarín no desmonopolice. De todos los
programas a los que asistió, ninguno llamó aunque sea por teléfono a los
delegados de la otra parte, por lo menos para hacer el famoso juego de las dos
campanas. No podían hacerlo porque la operación requería poner el énfasis
fuertemente en la descalificación del procedimiento normal. El procedimiento
normal era la elección por concurso de la terna de jueces que aspiraban a
ocupar el juzgado federal en lo Civil y Comercial número uno, que está vacante
desde hace tres años.
La regulación que contiene el artículo 161 no es diferente
de otras normas antimonopólicas que intentan limitar posiciones de mercado
dominantes o hegemónicas. Su aplicación en el ámbito de la información es aún
más necesaria. El poder de un monopolio mediático es mucho mayor que el de un
monopolio en cualquier otra esfera. Una demostración fue la forma en que se le
inventaron declaraciones al jefe del grupo Techint. Paolo Rocca salió a
desmentir a Clarín recién después de que la Presidenta saliera
duramente a responderle. Ese poder se expresa también en el ámbito judicial.
El juez Edmundo Carbone había hecho parte de su trayectoria
durante la dictadura y sobrevivió en la carrera gracias a que fue incluido por
el presidente Raúl Alfonsín en los pliegos que elevó al Congreso para que sean
ratificados. En ese momento, cuando todavía no existía el Consejo de la Magistratura, el
operador del radicalismo entre los jueces –la mayoría de ellos, obviamente, de
la dictadura– era Ricardo Recondo, el subsecretario de Justicia de Alfonsín.
Muchos jueces le deben sus nombramientos.
Edmundo Carbone, a cargo del juzgado número uno, había
solicitado la jubilación en noviembre del 2009. En diciembre de ese año dio
lugar a la cautelar de Clarín contra el artículo 161 e inmediatamente se acogió
a la jubilación y el juzgado quedó acéfalo. La medida de Carbone incluía otra
inquietud histórica de ese grupo al rechazar el artículo que permitía a las
cooperativas operar señales de cable. Carbone era un juez con antecedentes
reaccionarios no solamente por su trayectoria durante la dictadura. Fue el que
prohibió la exhibición de la película La última tentación de Cristo, de Martín
Scorsese. Cuando dio lugar a la cautelar, se respaldó en una declaración
curiosa, al asegurar que “no estaba demostrada la posición dominante de
Clarín”. Algún poder debe tener para que Carbone le haya concedido todo lo que
el poderoso grupo le reclamó.
El radicalismo no se animó a votar la ley de medios, junto
con los legisladores del PRO y de la Coalición Cívica.
Estos diputados perdieron la votación democrática en el recinto frente a votos
del oficialismo y de muchas otras fuerzas provinciales y de centroizquierda.
Ahora, dos miembros del radicalismo, Recondo y el diputado Oscar Aguad, más
otro del PRO, el representante de los abogados Alejandro Fargosi, son los
operadores en el Consejo de la
Magistratura para frenar de cualquier manera lo que fue
aprobado en forma democrática en el Congreso. El PRO y el radicalismo perdieron
la votación parlamentaria cuando se opusieron a la ley de medios y no es
democrático pretender ahora frenarla con operaciones mediáticas y judiciales.
Recondo, un destacado operador en la época en que los jueces
eran repartidos entre los partidos políticos, antes de la existencia del
Consejo de la
Magistratura, basa todo su discurso público y mediático en
las supuestas presiones del oficialismo sobre los magistrados. No hace tanto
puso el grito en el cielo cuando una representante del oficialismo planteó
flexibilizar el procedimiento para la designación de jueces. Y ahora hizo una
campaña por todo lo contrario, o sea denigró ese procedimiento como una
maniobra oficialista. No se puede ser tan contradictorio y al mismo tiempo
mantener alguna seriedad ante la opinión pública, a menos que se tenga todo el
respaldo de los grandes medios.
El procedimiento para designar jueces naturales en los
juzgados vacantes es a través de concursos públicos de los cuales son elegidos
los tres mejor calificados. Esa terna es elevada por la Magistratura al Poder
Ejecutivo para que elija a uno de ellos. A su vez el Poder Ejecutivo debe
presentar a su elegido al Senado que puede aprobar o no la designación. Después
de tres años de tramiteríos y mucha discusión y cruce de acusaciones se había
llegado a la conformación de las ternas. Es un procedimiento que tiende a minimizar
la injerencia externa. El más democrático que se ha encontrado hasta ahora.
Pero no se puede ser democrático según la conveniencia. Recondo se lanzó a una
campaña mediática cuando percibió que los intereses del Grupo Clarín entraban
en un territorio que no podía controlar. La excusa de que opera contra la ley
de medios y no a favor de Clarín no tiene sentido porque ambas afirmaciones
significan lo mismo. La excusa de que la ley de medios no es democrática o que
el Gobierno la quiere usar en su disputa con los grupos mediáticos hegemónicos
es mucho menos democrática que cualquier objeción que se le haga a la norma.
Esa ley fue aprobada por el Congreso porque es un requerimiento de la sociedad
–ésa es la esencia de la democracia– y lo que hay que hacer es aplicarla,
afecte a quien afecte, sean oficialistas u opositores.
Finalmente Recondo dejó de lado el procedimiento
democrático, y como también es vicepresidente de la Cámara Civil y
Comercial, se reunió con su colega presidente de esa Cámara, Martín Farrell, y
entre los dos designaron a un juez jubilado, Raúl Tettamanti, como juez
subrogante del juzgado que se hará cargo de una causa tan delicada. El
representante de la corporación de los jueces ante la Magistratura pisoteó
así los procedimientos democráticos.
Recondo pontifica sobre un tema importante y necesario como
la independencia de los poderes y alude a las presiones del Ejecutivo. Pero
nunca se refiere a las presiones mediáticas, económicas, corporativas o
sectoriales que sufren los jueces. De todas ellas la más poderosa es la de los
medios, incluso más que la del Estado. Recondo asegura que los jueces no se
atreven a juzgar a las autoridades de Gobierno porque ponen en riesgo sus
carreras. Pero una campaña mediática puede pulverizar la carrera de jueces
verdaderamente independientes que no acatan las reglas de juego de los grandes
medios. Recondo es un gran opositor al gobierno. Según su teorema, su carrera
debería estar por el piso y sin embargo no le va tan mal. Pero además, Recondo
tiene el respaldo de la corporación mediática. Si se quiere, en ese debate en la Magistratura se
cruzaron lanzas entre el poder del oficialismo y el de los medios concentrados
–que no son instituciones democráticas sino grandes empresas– representados por
Recondo. Finalmente la designación de Tettamanti por Recondo da una idea justa
de cuál es el poder más peligroso.
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