A pocos llama la atención que las fuerzas de choque de los
grupos ultra-católicos jamás hagan
escraches a quienes pueden acceder a la interrupción del embarazo gracias a sus
abultadas billeteras. Tampoco que se dediquen a celebrar misas en las
clínicas privadas que se ocupan de realizar estas intervenciones de manera
clandestina. Lo que pasa que es más fácil y menos “conflictivo” re-victimizar a
una muchacha pobre que a alguien de clase media alta y con doble apellido. Y esto no es una solicitud para que
redoblen sus esfuerzos en su persecución ideológica. Al contrario, es una invitación para que dejen de hacerlo. No
tienen ningún derecho a emprender esta caza
de brujas para imponer su moral por
encima de la ley, olvidando el respeto por el otro y cualquier forma de
comprensión de los dramas ajenos. Aunque la Corte Suprema de
Justicia realizó en marzo de este año una interpretación un tanto forzada del
artículo 86 del Código Penal, sentó jurisprudencia para evitar la
judicialización del acceso a los abortos no punibles. Pero ciertos sectores están habituados a pisotear las leyes cuando no
satisfacen sus intereses, antojos y ambiciones. En los últimos días hubo mucho
de eso. Y lo seguirá habiendo. Lo importante es que todos los ciudadanos –que
no abarca a todos los habitantes del país- comprendamos
que la única manera de construir el país soñado es a partir del fortalecimiento
de la legalidad y las instituciones en beneficio de las mayorías.
El famoso artículo 86 del Código Penal fue redactado hace
casi cien años. De ahí el vocabulario un tanto desactualizado que utiliza. Allí
dice que “el aborto practicado por un
médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se
ha hecho con el fin de evitar un peligro
para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios”. Aunque en su primer inciso no hay inconvenientes de
interpretación, a principios de año se frenó esa práctica en una joven que, al
cursar el tercer mes, es diagnosticada con cáncer. No podía someterse al
tratamiento porque, al estar embarazada,
corría peligro la vida del feto. Si
continuaba con la gestación, el cáncer se podría expandir y provocar la muerte
de la muchacha. El único medio para curar la enfermedad era practicar un
aborto. Un recurso de amparo presentado por uno de esos grupos de acérrimos
moralistas impidió la intervención, lo que provocó la muerte de la joven… y
también del feto. Eso que estas
agrupaciones se llaman Pro Vida. ¿O será que hay que desconfiar de algunas
cosas que comiencen con PRO?
El segundo inciso de este artículo tampoco presenta
dificultades en su exégesis: “si el
embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una
mujer idiota o demente”. La
Corte interpretó el final de esta línea como una enumeración:
“…sobre una mujer, idiota o demente”, es
decir, tres sustantivos, cuando en realidad, sólo hay un sustantivo con dos
adjetivos. Aunque suene muy lingüístico este análisis, el fallo del Supremo
Tribunal parece despejar incertidumbre y poner fin a criterios dispares en la
lectura de ese inciso, aunque en realidad, está
creando una norma nueva, pero provisoria. Y endeble, pero sirve para reforzar un pedido del Presidente de la Corte.
Ricardo Lorenzetti,
aclaró, en aquellos días de marzo, que la decisión del Máximo Tribunal no
legaliza o despenaliza el aborto, porque “ese
tema está en el Congreso Nacional”. Para terminar con estos problemas, son
los Diputados y Senadores de la
Nación los que tienen que tomar cartas en el asunto, asumir
que están legislando para todos y no para los seguidores de un culto y
debatir todos los proyectos que descansan en los archivos. La
Corte Suprema de
Justicia no puede estar corrigiendo los “errores”
de la Política.
Y algo de eso ocurre con el culebrón en el Consejo de la Magistratura. Como
algunos de sus miembros cambiaron de idea y el proceso de selección y
evaluación de los candidatos que ellos avalaron y que llevó más de dos años,
ahora está “viciado”, los juzgados
que no tienen titulares deben cubrirse con suplentes que van rotando semana a
semana. Y quien elige a los subrogantes
es también miembro del Consejo: Ricardo Recondo. Mientras designa suplentes
a dedo, bloquea la designación de nuevos jueces a través del procedimiento
constitucional. Un juez que actúa contra
el funcionamiento del sistema previsto por la Constitución Nacional.
Solo no, porque tiene un cómplice: el senador Oscar Aguad, otro de los miembros
del Consejo. Extraño, porque hasta hace unos meses -o menos- había firmado un acta de consentimiento con
la lista de los postulantes. Algo hizo que cambie de idea. El 7D, tal vez. Como este nudo no lo
puede desatar la Política,
ya están pidiendo a la Corte
que intervenga. Ya tiene bastante con desanudar los de la Justicia, que todavía cuenta con muchos exponentes
nombrados durante la
Dictadura y actúan en consecuencia, con eterno agradecimiento.
Tanto hacia quienes los nombraron como a quienes hoy continúan reivindicándola.
Y extrañándola, ya que estamos.
En estos días, la
Corte también tuvo que desenredar el conflicto en la CABA por un caso de aborto no
punible. Conflicto ocasionado por
actores que parecían perfectamente coordinados, como ya se relató en el Apunte anterior. Con la proximidad del
7D, también tendrá ocasión de frenar todos los recursos a que apele el Grupo
Clarín para evitar la desinversión. Que no serán todos legales, por supuesto. También recurrirán a estrategias no punibles, como la permanente distorsión informativa, la mentira y la
construcción del escándalo en todos los temas; la intención de sembrar desazón, miedo y desconfianza en sus
manipulados lectores; la patológica obsesión por presentarse como víctimas
de persecución de un inexistente gobierno autoritario. En fin, lo de todos los
días. Pero también tiene capacidad operativa para generar conflictos a partir
de rumores y contactos. Por supuesto que
este accionar jamás ha sido cuestionado por parte de algunos exponentes de la
oposición política. Al contrario, la senadora Norma Morandini, por ejemplo,
señala que “hay dos concepciones sobre la
comunicación: una considera que es el Estado el que distribuye la palabra y la
libertad; mientras que nosotros creemos que hay que constituir una cultura
democrática de libertad de expresión, cuyo único límite es la responsabilidad”.
Responsabilidad entendida como la
posibilidad de hacer todo a su alcance para lograr fines mezquinos.
Por eso resultó
interesante que el miércoles, al cumplirse tres años de la sanción de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, La
Presidenta dirigiera un discurso por Cadena Nacional. No se difundió el acto completo, lo que
puede considerarse como un error, porque los dos cortos proyectados y la
presentación de Martín Sabbatella hubieran completado la información de la que
carece gran parte del público. CFK manifestó que la llamada ley de medios “no fue un proyecto del Poder Ejecutivo, no
fue un proyecto de ningún legislador, fue una construcción colectiva” y a
eso le debe la “fuerza” y la “inserción” que tiene en la sociedad. Porque esta ley distribuye la palabra en
serio. Y lo que se ha hecho a partir de ella, con la incorporación de
nuevos productores de contenidos en todo el país, con los nuevos medios otorgados
a cooperativas, pueblos originarios, universidades y municipalidades, entre
otras medidas, es democratizar la palabra. En sentido contrario a lo que afirma
la senadora Morandini, con esta ley el
Estado es quién garantiza la distribución de la palabra y la libertad que tanto
le preocupa, como debe ser y no, como ella pretende, que la palabra esté en
manos de los que la acaparan en su propio beneficio. La libertad y todo lo que ella abraza es responsabilidad del Estado y
no un privilegio del mercado. Porque de esto último ya hemos padecido
bastante.
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