La cobertura que los medios hegemónicos han realizado de las
elecciones en Venezuela podría ser el ejemplo perfecto para reflexionar acerca
de esta interesante categoría que Ignacio Ramonet bautizó: “censura democrática”.
A diferencia de la censura clásica que proviene del aparato estatal, la censura
democrática tiene la particularidad de realizarse en el marco de sociedades
liberales occidentales donde se goza plenamente de derechos civiles y políticos
y donde los medios se encuentran mayoritariamente en manos privadas. Pero
además, a diferencia de la primera, ésta ya no actúa a través de recortes u
obturaciones sino que se caracteriza por funcionar a través del “exceso” de
información, una suerte de “bombardeo” constante de estímulos presuntamente
informativos que acaban ocultando la verdadera y sustantiva información. Dicho
de otro modo, que existan más canales de noticias no garantiza per se
que el ciudadano esté mejor informado. Porque se trata de una cantidad que no
genera diversidad sino superposición.
Volviendo al ejemplo, especialmente el Grupo Clarín,
rápidamente cambió el eje de la noticia: así, apenas algunas horas después del
aplastante triunfo de Chávez, la noticia era “que Lanata había sido retenido”
en el Aeropuerto. Y así, lo verdaderamente relevante pasó a un segundo plano.
Ya no importaba que Chávez hubiese ganado con el 54% su elección número 14 (de
las 15 en las que participó) y que la oposición haya convalidado el triunfo sin
denuncia alguna de fraude como varios medios de derecha buscaron instalar. Lo
importante era que un periodista había estado demorado aunque ni siquiera tanto
como para perder su vuelo.
Ahora bien, ¿se puede inferir algo más de este
episodio o se está frente a un caso emblemático pero, al fin de cuentas, uno
más, de censura democrática? Lamentablemente creo que el ejemplo puede ser de
suma utilidad para explicitar una estrategia discursiva que es capaz de tener
efectos políticos profundos. Me refiero a que cuando Lanata llega a Buenos
Aires y denuncia que lo que le sucedió en Venezuela es lo mismo que le pasó a
los 30000 desaparecidos en Argentina, está dando excelentes argumentos para
justificar una destitución basada en una distinción clásica entre legitimidad
de origen y legitimidad de ejercicio. Dicho de otra manera, los gobiernos
democráticos que han sido seleccionados por la mayoría de su pueblo, tienen, en
esa decisión, una legitimidad de origen que no es otra cosa que haber sido
elegidos por la voluntad popular. Sin embargo, puede darse que un gobierno con
origen legítimo devenga en una dictadura y, por ejemplo, persiga opositores o
se decrete Presidente Vitalicio. Si así fuese, este representante elegido
democráticamente perdería legitimidad por el modo en que ha ejercido su cargo.
En esta línea, no casualmente, en su nota del último
martes 9/10/12 en La Nación,
Morales Solá, refiriéndose a Chávez y a CFK, afirmó que “ambos pierden en el
ejercicio la legitimidad que tuvieron de origen”. De aquí a justificar que
independientemente de que hayan sido elegidos democráticamente, el ejercicio
que han hecho del poder estos gobiernos bien justifica su destitución, no hay,
ni siquiera, un paso.
Parece bastante claro, entonces, que cancelada la
hipótesis de golpes militares a la vieja usanza y en un contexto de gobiernos
populares con amplio apoyo, la única posibilidad de la derecha latinoamericana
es apuntar a formas de golpes institucionales que ayudados por el sentido común
instalado por los medios y una gran maquinaria repetidora, pongan en tela de
juicio ya no la legitimidad de origen sino la legitimidad de ejercicio. Así,
caído el modelo Capriles que buscaba derrotar al “populismo” desde las urnas,
el modelo a seguir y que permanece siempre como deseo latente, es el de la vergonzosa
puesta en escena que en Paraguay, basados en artículos periodísticos como bien
lo indica el líbelo acusatorio contra Fernando Lugo, permitió un irregular
juicio político que revistió de presunta institucionalidad lo que no fue otra
cosa que un golpe de Estado, modelo siglo XXI.
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