Por Eduardo Anguita
En días intensísimos de ofensivas mediáticas, políticas y
judiciales cruzadas por la aplicación de la ley de medios, el Gobierno obtuvo
un avance trascendente para ordenar y transparentar los mecanismos de
designación de jueces, no sólo del que debe decidir sobre la constitucionalidad
o no de los artículos 45 y 161. La virulencia expresada en los titulares de los
medios del Grupo Clarín y otros afines parece mostrar preocupación antes que
esa confianza según la cual “el 7 de diciembre no debe pasar nada”. Los
escenarios posibles sobre lo que puede suceder a partir de ese día, sin
embargo, son todavía diversos y cambiantes. Mientras se libra la batalla
judicial, el Gobierno y el Congreso avanzaron también en la
institucionalización de espacios relacionados con la implementación y control
de la ley. La oposición designó a sus representantes en el Afsca y en RTA. Un
perdedor llamativo dentro de la interna radical fue Oscar Aguad, quien había
apostado a Silvana Giudici. La sobreactuación opositora de Aguad parece tener
razones de peso: aislado dentro de su bloque, necesita protección mediática
para blindarse en “la causa de los 60 millones de dólares”, como se la conoce
en Corrientes.
Ver al respecto :
- El desafío de construir justicia (Por Gabriel Bencivengo )
- Aguad necesita cámaras (Por Demián Verduga)
- Una mirada sobre las falsas razones del grupo (Por Roberto J. Boico. Abogado constitucionalista)
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